2/15/2020

Hasta volvernos a ver



María Teresa Priego

Llega una llamada. Un mensaje que se escucha justo antes de que la realidad se convierta en una nebulosa. Mauricio ya no está. Son unas cuantas palabras pronunciadas del otro lado de la línea. Dos, tres palabras y se impone el silencio. Nunca más nos va a narrar sus aventuras de infancia en una casa llena de hermanos. Su amor por su hermanita preferida a la que siempre protegió. Nunca más se va a echar su cámara al hombro. Nunca más va a hablar –con su voz vibrante– del cine de Truffaut o de Visconti. Nunca más va a escribir un guion, ni a dirigir una obra de teatro. Ni a cocinar esas pastas deliciosas, ni a levantar su copa de vino tinto para brindar. Era un francófilo desatado, brindamos por París tantas veces. “¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que más extrañas?” Nunca más dirá ese diminutivo que inventó para su esposa. Esa manera en que la llamaba sólo él. “Yoryia”.
Qué tremendas pueden ser las palabras. Flotan irreales. Su imagen ocupa la casa. Lo miro alejarse, así como caminaba: bamboleándose un poco como para mantener el equilibrio. “Se equilibra entre el sueño y la realidad”, le dije alguna vez a Yoryia. “Es que tiene su cabecita en las nubes”, me dijo ella. Sí, como suele suceder con los artistas. Sabíamos que estaba enfermo. Pero la esperanza es como una hiedra que se aferra. Se aferra y florece contra toda racionalidad. Él también estaba lleno de esperanzas. Hace dieciséis años venció al cáncer. Emergió del túnel oscuro de los tratamientos, las idas y venidas de emergencia al hospital. El miedo. El dolor físico. El dolor moral. Entonces me dijo: “Yoryia me salvó la vida”. Derrotó el cáncer y escribió un libro. ¿Por qué no podía lograrlo una vez más? En aquella primera traición del cuerpo encontró –junto a sus hermanos– una forma de espiritualidad que lo llenaba de fuerza.
En los últimos años regresó con Yoryia, vivían como si nunca hubieran estado separados. Quizá de alguna manera, más allá de las geografías, nunca estuvieron separados. Fue tan particular esa vida juntos y esa vida separados y de nuevo juntos, que, en realidad, fue un acompañamiento que duró 25 años. Regresó a vivir a los trópicos. Con ella. Amaba Tabasco y su montón de verde y su montón de agua. Esos últimos días que pasamos juntos, iban todas las tardes al Tour de cine francés. Cineasta y cinéfilo. Los visitaba en su casa. Nos reuníamos en una terraza para conversar. Él tomaba café, Yoryia agua y yo una margarita. Conversamos mucho del pasado. Mi padre se estaba muriendo, Mauricio nos acompañaba. Fueron tardes larguísimas y memoriosas. Me quedo con la sensación de tanto que había aun por conversar. Es inevitable. Ese dolor. El de todo lo no dicho. Lo que ya no supimos. Lo que no nos dijo.
No alcanzaron a tener su casita en la playa de Miramar. Ni a regresar a la ciudad en donde se conocieron. Ni a visitar de nuevo Campeche, en donde se juraron que ésta segunda vez, sí se quedaban pegaditos, para siempre. La última imagen que Mauricio envió a sus amigos por WhatsApp: plantitas silvestres y más allá, el sol que surge detrás de las montañas. Un día que comienza. Miro la foto de su boda en un jardín frente a la Laguna de las Ilusiones. En Tabasco. Están tan felices. Ese amor de Yoryia por Mauricio. Ese amor que la sostuvo cada día desde que lo conoció. Esa manera en la que pronunciaba su nombre: “Mauricito”. En aquellos años de su separación, alguna vez le dije a ella que parecía un personaje del siglo XIX suspirando por su amado. “Es mi mejor amigo. Vamos a volver a estar juntos. Nunca ninguno de los dos va a encontrar un amigo más íntimo, más amado. Es que no pasa dos veces en la vida, ¿me entiendes?” Y estaba en lo cierto.
Me dijo por teléfono: “cuida a Yoryia. Cuídala mucho”. “La vas a cuidar tú”. Y ahora amaneció ese segundo día en el que ya no está. Cierro los ojos y paseamos a la orilla de la laguna de las ilusiones, felices con nuestras paletas de coco. Cierro los ojos y Mauricio llega a la escuela primaria de mi hijo mayor, con su documental del Día de los Muertos para exhibirlo ante los niños. Llegaron cargados de bolsas con juguetes y dulces mexicanos. Fue –para la escuela– “La gran fiesta mexicana”. Las/los niñas/os a la salida – on sus estrellitas doradas en la frente– corrían a mostrarle sus juguetes a sus mamás y a sus papás. “Le Méxique, le Méxique”. Y narraban la película de las calaveras y las flores y la música y las/los niñas/os mexicanas/os. Mauricio los miraba tan conmovido. “Este es el regalo de hacer cine”, me dijo. “Estas caritas emocionadas, este sentir que hay un mensaje y les llegó”. Cuántas películas quedaban por hacer. Cuánto futuro por vivir. Cuánto futuro.
Hasta volvernos a ver, Mauricio. Tú estabas seguro de que ese día existe. Acá no caben los olvidos.


Hasta 16 años de cárcel a funcionarios que filtren fotos de cuerpos femeninos

Justicia para Ingrid

Se intervendrán teléfonos de presuntos responsables de divulgar retratos de Ingrid

Ante la conmoción, indignación y enojo que generó la publicación de imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entregó al Congreso capitalino una iniciativa de reforma al Código Penal que sanciona hasta con 16 años de cárcel a funcionarios de corporaciones policiacas que graben o fotografíen y transmitan o comercialicen imágenes de un crimen que contengan cuerpos de mujeres, niñas o adolescentes.
La fiscal Ernestina Godoy Ramos, al entregar la iniciativa a la presidenta de la mesa directiva del legislativo local, Isabela Rosales Herrera, de Morena, hizo además un atento llamado a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad y no hacer negocio con el dolor de las víctimas.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) instó en un pronunciamiento a aplicar una sanción inmediata a los responsables de difundir las imágenes y pidió la colaboración de la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la investigación.

Objeto de consumo
La vida de las mujeres no puede ser un botín ni la extrema violencia hacia ellas un objeto de consumo, señaló el organismo que preside Nashieli Ramírez, y agregó que frente al documentado y reiterado patrón de filtración de imágenes y la falta de interés en desmontar los incentivos que generan el consumo de la violencia feminicida, la CDHCM reconoce la indignación generalizada y advierte sobre el peligro que representa para las mujeres la tolerancia institucional y social a tales actos de violencia.
Godoy, en entrevista luego de entregar la iniciativa al Congreso, señaló que los probables responsables (seis policías, seis peritos e integrantes del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas) continúan declarando y se solicitó a un juez de control intervenir sus teléfonos de manera legal.
En cuanto a la iniciativa –primera con que la fiscalía capitalina ejerce su facultad de organismo constitucional autónomo para proponer reformas al Congreso local– añade el artículo 293 quater al apartado de delitos contra el adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos.
El artículo señala que al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o compare imágenes, audios o videos o documentos del lugar de los hechos, o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley señala como delito se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de 500 a mil unidades de medida y actualización, esto es, de 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.
La pena se incrementará hasta en una tercera parte cuando contenga imágenes de cadáveres, hasta una mitad cuando los cuerpos sean de mujeres, niñas o adolescentes y cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna institución policía se incrementarán hasta en otra mitad.

Periódico La Jornada

La furia de las mujeres

Editorial La Jornada
▲ Colectivos feministas marcharon ayer en varios puntos de la Ciudad de México y protestaron frente a algunos medios de comunicación, en repudio a la publicación de imágenes del asesinato de Ingrid Escamilla, perpetrado por su pareja el domingo pasado, y en exigencia de que las autoridades atiendan el problema. La fiscalía capitalina entregó al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal que sancionará hasta con 16 años de cárcel a los servidores públicos que filtren imágenes de escenas de crímenes de mujeres, niñas o adolescentes. Durante las protestas, agentes accionaron extintores por lanzamiento de gases (imagen).


Las mujeres de la Ciudad de México realizaron ayer una jornada de protesta para exigir que se ponga fin a la violencia de género. Con actos que iniciaron desde la mañana y se extendieron por el centro capitalino bajo un chubasco por la tarde, miles de mujeres hicieron patente su rabia ante todas las formas de agresión y discriminación que padecen en sus vidas cotidianas, en particular por el alarmante crecimiento del más extremo de estos ataques: el feminicidio, así como por el manejo amarillista de ese flagelo por algunos medios de comunicación.

Se trata de un reclamo plenamente fundado. Desde hace varias semanas, en este espacio se ha reiterado que existe un deterioro inocultable en la situación de inseguridad que enfrentan las mujeres de todo el país: con 976 episodios, 2019 ha sido el año con más feminicidios desde que se inició el registro de estos crímenes en 2015, cuando se tomó nota de 411. El incremento de 137 por ciento en apenas cuatro años maquilla realidades incluso más atroces, como la de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde los feminicidios se quintuplicaron de 2017 a 2018.

Las cifras son apenas un elemento del contexto en el que se ha gestado la rabia mostrada por las mujeres ayer y en anteriores expresiones de protesta. Entre muchos otros factores que contribuyen a la exasperación de los colectivos feministas y sus simpatizantes, deben señalarse la indolencia de las autoridades de todos los ámbitos y todos los niveles ante los casos de violencia suscitados en la esfera de sus competencias, y la consecuente impunidad con que se salda la mayoría de los actos de agresión machista, así como la insensibilidad y la falta de empatía con que amplios sectores de la sociedad responden ante las denuncias, una de cuyas manifestaciones más graves es la deficiente cobertura por los medios de comunicación que hacen de la violencia un espectáculo.

Ante tal escenario, se han cuestionado los métodos de lucha desplegados durante las protestas. Hay quienes los consideran inadecuados, cuando no abiertamente repudiables, porque generan animadversión a una causa justa y alejan a posibles participantes. Tales desacuerdos de ninguna forma deben poner en duda la exigencia de justicia y la urgencia de sus reclamos.

Por último, es claro que dichos métodos son un enorme ¡ya basta! ante una realidad intolerable, y que la mejor manera de poner fin a formas de protesta consideradas poco deseables consiste en acabar con las agresiones que obligan a las mujeres a hacerse escuchar.


Turistas biológicas y turismo de reproducción



Turistas biológicas

En una columna publicada en NYTimes titulada “mi gestante americana”, Lesly Tai cuenta cómo conoció a “Qiqi”, en 2015, cuando negociaron el precio de sus óvulos (su valor se disparó cuando le dijo que había asistido a Stanford). En ese momento, Qiqi, que es China, era una emprendedora de “hoteles de maternidad” en California, dentro del negocio reproductivo clandestino. Hoteles” preparados para albergar a mujeres extranjeras embarazadas, “turistas biológicas” las llaman, con el fin de dar a luz en EEUU y beneficiarse de la ciudadanía estadounidense.
El negocio clandestino de “hoteles de maternidad” para “turistas biológicas” se le quedaba corto a Qiqi, y decidió entrar de lleno en la industria fructífera de los vientres de alquiler como intermediaria, el negocio es el negocio, también para clientes chinos que buscan no solo tener bebés, sino alquilar a gestantes estadounidenses, o sudamericanas, “más fuertes, grandes y adecuadas que las orientales, para dar a luz”.
Resida en Nueva York, en California… durante 90 días y disfrute de nuestras vistas y deleites,  ya le buscamos nosotros una mujer vulnerable que ponga en peligro su salud, fertilidad, incluso su vida, para darle un precioso hijo que cumpla con todos los controles de calidad, listo para retirarlo de su madre inmediatamente después del nacimiento. O: “Importe su propia ‘gestante’ desde cualquier lugar del mundo, y nosotros le brindaremos el mejor servicio en nuestros hoteles, clínicas y hospitales de fertilidad de primera clase, para que pueda llevarse a su hijo soñado a casa”.
Un viaje de ensueño
Si es una persona ocupada nosotros podemos ocuparnos de todo. ¿Cuántos viajes debo hacer al país de destino en la gestación subrogada? Sólo es imprescindible realizar un viaje: para recoger a vuestro hijo o hija de primera calidad. Nosotros nos encargamos de todo lo demás. El material genético puede transportarse congelado a cualquier lugar del mundo.
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– Pero nosotros no podemos a aportar material genético.
– Entonces no se preocupen, disponemos de catálogos de donantes y de “gestantes” que colmarán todas sus necesidades.

Estos “hoteles de maternidad” se encuentran en numerosos países donde se trasladan a mujeres embarazadas en su último trimestre con el fin de beneficiar a los compradores a través de un probable fraude de ley. Claro que a diferencia de las fábricas o granjas de bebés de países pobres, estas son factorías modernas, de lujo, incluso son piscina.
El mercado de la maternidad subrogada en Ucrania es dos tercios ilegal según Sergey Antonov. Las autoridades ucranianas descubrieron más de 1.000 casos irregulares de vientres de alquiler en la Unión Europea. Es un ‘salvaje este’ cercano, de los vientres de alquiler, inmerso en un conflicto armado, al que acuden familias a hacer turismo reproductivo low cost, a un precio muy competitivo.
No tendría nada de particular practicar el llamado “turismo de alto riesgo” salvo por la particularidad de que en este caso, los “turistas” no se juegan la vida, sino que son las mujeres ucranianas, muchas de ellas viudas y con hijos, o con maridos en se encuentran luchando en la frontera, las que ponen en riesgo su vida por sobrevivir, por llevar algo para sus casas, para mantener a sus otros hijos, las que malviven en un país débil, con graves problemas de corrupción, pobreza y al borde de bancarrota.
Podría parecer que dramatizamos, pero la realidad va mucho más allá de la ficción. A los dos meses de firmar con la agencia española, unos clientes españoles hicieron su primer viaje. Por aquellas fechas, las noticias que llegaban a través de los medios era que Rusia seguía avanzando por el país y que se había anexionado Crimea.
Manifestantes queman hogueras y se enfrentan a policías antidisturbios. Parlamento en Kiev (Ucrania), 16 enero 2018. EFE/ Stepan Franko
Pasaron miedo y preocupación como relatan personalmente en la web de Malas Madres: “la gente por la calle se les veía con tristeza, pues sus hijos, hermanos, amigos o simplemente conocidos estaban unos kilómetros más al este en pleno conflicto bélico y muriendo por su país.
Ellos se habían gastado los ahorros de su vida y todo lo demás pasaba a segundo plano. Cuando volvieron a España, reconocieron que las sensaciones era raras porque “habíamos dejado un país en guerra para llegar a la comodidad del nuestro“.*
Esclavas sin cadenas
Sigamos “nuestro viaje” por distintas experiencias turístico-reproductivas. En 2019 la policía de Nigeria liberó a 19 mujeres y niñas (entre 15 y 28 años, embarazadas y 4 niños víctimas de trata de seres humanos en varias propiedades ubicadas en Lagos. Los bebés varones se vendían a 1.100€, las niñas a unos 800€.
La pobreza y la demanda de países como China, alimentan el negocio de vientres de alquiler ilegal de Camboya, y otros países colindantes, y el llamado crossborder, es decir, mujeres trasladadas de un país a otro. Y el asunto no solo se limita al tráfico de mujeres y bebés, sino también al tráfico de embriones. Una cultura de la muerte disfrazada como una práctica que da vida.
En la zona asiática, las madres gestantes se han convertido en un negocio transfronterizo a consecuencia de los cambios de legislación de algunos países. Las medidas drásticas contra los vientres de alquiler en Camboya, Tailandia, Nepal e India han llevado a la aparición de operaciones complejas que ponen a las mujeres pobres y a sus criaturas, en un gran riesgo. La falta de regulación internacional que prohiba esta práctica, implica el fraude de ley, la explotación y la trata transnacional. Además, ser reclutador es muy tentador, pueden llegar a ganar una comisión por “mujer captada y bebé nacido y entregado” de cinco veces el salario anual de un trabajador de la confección, suficiente incluso para construirse una nueva casa. De la propia investigación de la antropóloga Sheela Saravanan, se saca como conclusión que el 49% de que las mujeres son convencidas para ser madres de alquiler a través del trabajo de campo de agentes intermediarios, de clínicas, médicos y enfermeras y el 42%, obligadas por sus maridos.
El asunto de los embriones daría para otra columna. En Estados Unidos, cientos de embriones congelados en los tanques de almacenamiento son abandonados en un limbo por sus propietarios. Las clínicas de fertilidad se enfrentan al dilema (creciente) de quién debería asumir su propiedad y qué hacer con ellos. Todo ello mientras se estimula la donación de gametos para los vientres de alquiler. Las razones por las cuales los pacientes eligen abandonar sus embriones congelados varían, pero una de las principales es la económica, las tarifas de almacenamiento generalmente oscilan entre 500 y 1.000$ al año, y puede ser más caro dependiendo de la clínica.
Un dilema que está causando preocupación entre los bioeticistas, abogados, grupos religiosos y la comunidad médica. El dilema polaco es distinto, el gobierno ha dado orden de retiener indefinidamente los embriones de mujeres lesbianas hasta que no encuentren “un hombre” que se haga cargo.
El fraude de ley
Europa tiene mucho que ver en este negocio, con la compra y venta de niños, del que se alimentan clientes de todos los países, incluido España, por lo atractivo de sus precios y la facilidad para sortear la ley. En Grecia, un país que tiene legalizada esta práctica, fue desmantelada una red de tráfico de óvulos, adopción ilegal y blanqueo de vientres de alquiler que actuaba desde 2016. La banda criminal traficaba con gametos, mujeres y bebés. El origen de las mujeres traficadas: Rumanía, Georgia y Rusia. El coste era muy atractivo, recién nacidos por 25.000 y 28.000€.
En Bulgaria (y Grecia), ya en 2011 se denunciaba la corrupción que hacía crecer el tráfico de bebés.  En julio de 2009, una abogada presentó una demanda ante la justicia y solicitó tener acceso a los documentos de las instituciones públicas. Un bebé costaba entonces entre 15.000 a 25.000€. La madre, cobraba 3.000€, viajaba a Alemania a dar a luz en un hospital, donde el comprador reclamaba la paternidad de la criatura y ella renunciaba a sus derechos sobre el bebé. Irrevocable, bajo amenaza de agresionesYa entonces explicaban que recuperar a niños vendidos era muy complicado porque son adoptados legalmente. Es innegable la contribución de los países en desarrollo en fomentar esta nueva forma de trata.
Ejemplos existen tantos como necesidades:
Contratar a una “gestante” ucraniana para todos los modelos de la familia” que desean comprar un hijo, si su país lo prohibe. Realizar la fecundación con donación de óvulos y la transferencia en una clínica de Chipre (lado griego), la mujer contratada volvería a Ucrania para llevar el embarazo hasta el mes siete. Después viajaría a la República Checa para quedarse hasta el parto y dar a luz. Si la pareja es heterosexual, entonces el nacimiento se puede realizar en Ucrania, con una reducción de 4.000 dólares.
O bien otra alternativa a menor coste sería realizar la fecundación de una “gestante” ucraniana con donante de óvulos y transferencia en una clínica de Chipre del Norte (lado turco), que luego volvería a Ucrania para el embarazo hasta el mes siete y dar a luz, pero si es pareja gay, la embarazada puede entonces “viajar a República Checa, a Praga, para quedarse allí hasta el parto, ya que en Ucrania tienen vetado el mercado las parejas homosexuales.
Kenia por ejemplo, que carece de legislación que permita o prohiba los vientres de alquiler, se ha convertido en otro punto de acceso low cost para occidentales, además de la explotación y trata de mujeres para vientres de alquiler, la desigualdad y el estigma, permiten prácticas como el “nyumba mboke”, una costumbre que autoriza uniones concertadas de “madre de intención” con “madre sustituta”, a pesar de que el matrimonio homosexual está criminalizado. Mujeres infértiles abandonadas por sus maridos, viudas, que para tener hijos a toda costa, y cumplir con las expectativas sociales, esclavizan a otras mujeres más jóvenes y fértiles. A veces es el mismo padre es el que obliga a casar a su hija adolescente con una mujer que necesita hijos. El matrimonio concertado entre mujeres es culturalmente aceptado para evitar la deshonra de la comunidad. 
El turismo reproductivo y el sur global
Fraude de ley aprovechando la diferencia de criterios éticos y legales, en países que lo prohiben, lo ignoran o lo permiten en según qué condiciones.
El caso canadiense demuestra claras contradicciones entre la legislación y la política que se promulga para prohibir la llamada gestación subrogada comercial dentro del país, ya que sanciona implícitamente la maternidad subrogada comercial, mientras que por otro lado concede la provisión directa de ciudadanía a los niños nacidos de tales arreglos en el extranjero.
Las bases éticas de la prohibición de Canadá radican en “la explotación reproductiva de las madres y las criaturas que impiden la igualdad de género”, toda vez que se violan esas mismas bases, al aceptar a los niños nacidos por vientre de alquiler transnacional, como ciudadanos.
Y nosotras nos preguntamos, ¿”La igualdad de género” no afecta a las madres y las criaturas del sur global? ¿Sólo a las canadienses?. Por lo tanto, los “discursos éticos” son de aplicación solo a las ciudadanas canadienses dentro de la geografía canadiense. Lo que en sí mismo es una contradicción y una hipocresía como se analiza en este documento de Science & Medicine Transnational surrogacy: Canada’s contradictions“.
Mientras, los lobbys, presionan a las altas instituciones, a La Haya, al Tribunal de Derechos Humanos, a la ONU, a los gobiernos, con el fin de que se regule una industria que en cualquiera de sus versiones, es una terrible forma de trata y mercantilización humana.
En 2020, la comunidad mundial celebrará el vigésimo quinto aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Y el sexagésimo cuarto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 9 al 20 de marzo de 2020.  #CSW64 / Beijing+25. Es imprescindible alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de cara a la Agenda 2030, y trabajar en los mecanismos para alcanzar una igualdad real y para el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, en el mundo. Consideramos imprescindible que se aborde urgentemente y se trabaje en convenciones internacionales para que  la llamada maternidad subrogada se analice desde una perspectiva global y sea abolida. Se creen políticas de reconciliación social y económica y se luche para que las mujeres no sean consideradas mercancías, por falta de recursos.
No puede existir ninguna sociedad realmente democrática mientras se siga permitiendo cualquier forma de explotación de nuestros cuerpos. Tenemos desde España una oportunidad magnífica de liderar el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria, en especial en la lucha contra toda forma de explotación de las mujeres. Sería una apuesta importante que nuestro Presidente Pedro Sánchez se comprometiera a organizar en Nueva York, una acción paralela contra la práctica de los vientres de alquiler en el CSW64. Una petición que se hace desde el colectivo de asociaciones nacionales e internacionales que aglutina la Coalición Internacional por la Abolición de la Gestatión por Sustitución. 
En nombre de la igualdad y de la dignidad de todos los seres humanos, hacemos un llamamiento a actuar con firmeza para abolir esta práctica a nivel internacional, promoviendo para ello la convocatoria y la puesta en marcha de una convención internacional para la abolición de la gestación por sustitución.”  CIAMS
Decía Cortázar que la humanidad empezaría verdaderamente a merecer su nombre el día en que hubiera cesado la explotación del ser humano, por el ser humano.
Teresa Domínguez
“No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas”

Por un periodismo de paz para las mujeres


CIMACFoto: César Martínez López
El feminicidio indignante de Ingrid Escamilla, se multiplicó ante una falta de reflexión y de ética en el actuar de medios de comunicación, y la corrupción de las autoridades.
Por ello hay que detenernos, volver a llamar a la reflexión, para romper la normalización que hemos hecho de esto desde hace años, y que hoy tiene una fisura hecha por las ciudadanas quienes exigen un trato digno y respetuoso para las víctimas.
Me pregunto qué pasaría si cualquiera de quienes leen estas líneas abriera un periódico, consultara en línea su versión digital o visitara alguna red social y se encontrara con la noticia que su hermana, prima, tía, sobrina o hija, es decir, que una mujer de su familia, cercana a ella, querida por ella, fue asesinada.
Imaginemos el impacto, si además, encuentra imágenes del cuerpo postmortem, lastimado profundamente, si sobre éste se generan memes y supuestos chistes sobre ella y la forma en que la mataron, si se le cuestiona por lo que hizo o por lo que no hizo, por su vestimenta, su edad, su físico, sus formas de divertirse, los horarios y un largo etcétera. ¿Qué dolor les quedaría? ¿qué sensación quedaría para ustedes y su familia, sus amigos, su entorno?
Periodísticamente hablando, cuando se coloca como noticia el parte policial del crimen, la imagen del feminicidio tomada por una autoridad corrupta, los prejuicios sexistas ¿dónde queda la investigación, la profundidad, el interés público, la responsabilidad social, la ética periodística?
Como dice Kapuscinski, cuando en periodismo se transmiten los prejuicios se aleja de la realidad.
Y puede parecer que es intrascendente pensar, problematizar sobre esto porque finalmente lo hemos visto, lo hemos vivido durante cientos de años a tal grado que parece normal, aunque nada de esto lo sea.
Se ha enseñado en el periodismo tradicional que la violencia contra las mujeres se aborda como “un parte de guerra”, donde las víctimas son las mujeres y los vencedores los agresores.
Como dice Svetlana Alexiévich, periodista bielorusa, en su maravilloso libro la “Guerra no tiene rostro de Mujer”, se narra a partir del poder desplegado, traducido en número de bajas, en el tipo de armas usadas, en la dimensión del daño ocasionado.
Narrarlo así deshumaniza la tragedia, tal cual se hace en el abordaje del feminicidio. El trato al feminicidio de Ingrid Escamilla deshumanizó a la víctima y se concentró en la dimensión del daño ocasionado, en el tipo de arma usada. Como un parte de guerra que oculta el horror, que insensibiliza al resto de la población, que normaliza los daños, que justifica la violencia y al violento. Y con el detalle de la narración escabrosa, se construye pedagogía de la crueldad hacia las mujeres.
La vida de las mujeres debe ser tratada desde la paz de los Derechos Humanos. Es necesario que los medios dejen de dar partes de guerra y que construyan un periodismo de paz, que respeten la dignidad de las mujeres, que hablen desde la humanidad y sus derechos.
Que se exija el rigor periodístico que ponga luz en los mecanismos sociales, políticos, económicos y culturales, que reproducen y alimentan el odio hacia las mujeres. Que detenga el regodeo de las mujeres víctimas y la disculpa a los agresores. Que interpele al poder masculino y la inoperancia del Estado.
Este mundo tiene demasiado dolor y horror para que desde el periodismo se siga alimentando.
El periodismo de paz para las mujeres implica garantizar los controles necesarios para que dentro de la cadena de la producción informativa, desde quien reportea, quien decide qué se cubre y cómo, hasta donde se toman las decisiones de la jerarquía informativa, compartan el mismo principio: el respeto de la dignidad de las mujeres.
Por justicia social y porque la sociedad está cambiando, si los medios quieren superar su crisis, necesitan transformar su mundo.

“Desorden social” y sus interpretaciones

En lugar de conocer posibles soluciones a problemáticas sociales con el reciente cambio de autoridades en el Ejecutivo y Legislativo en Guatemala, se informa de iniciativas encaminadas a limitar el respeto a derechos fundamentales como son los Estados de Prevención decretados en las últimas semanas, supuestamente como medida para combatir a la delincuencia.
Otra medida es incentivar el uso de armas mediante la ampliación del concepto de legítima defensa, con ello se puede violentar derechos como la presunción de inocencia y la inviolabilidad de vivienda. Una más es la modificación de un ordenamiento legal para tipificar de terroristas a pandilleros, lo que puede favorecer el hacinamiento en los centros de detención y criminalizar movimientos sociales bajo el supuesto que sus acciones transgreden la paz social.
Estas iniciativas gubernamentales podrían tener un contrapeso en el Congreso de la República, pero las bancadas mayoritarias se distinguen por sus planteamientos derechistas, por avalar medidas autoritarias y algunos de sus representantes ya manifestaron su apoyo a tales propuestas. El otro contrapeso sería la movilización ciudadana, pero se encuentra en pausa si se trata de reaccionar a las posturas de Alejandro Giammattei, quien asumió la presidencia el pasado 14 de enero.
Entonces, a partir de estos espacios es posible opinar sobre las repercusiones que puede tener la tipificación de terroristas a quienes provoquen “desorden social”, ya que ese término puede ser interpretado con diferentes enfoques y -por tanto- hacerlo manipulable, como igual lo son los supuestos de “transgredir la paz social o el orden público” como dice la Iniciativa de Ley 5692, presentada por el jefe del Ejecutivo.
En Guatemala, es especialmente peligroso incluir en un ordenamiento jurídico que la pertenencia a un grupo territorial es un crimen, ya que existen representantes empresariales, políticos y funcionarios públicos que sobresalen por sus posturas racistas o patriarcales y con frecuencia califican las protestas sociales como “desorden público”. Cabe destacar que el derecho a la libertad de asociación establece la prerrogativa de pertenecer a cualquier grupo.
Si el propósito es aplicar mayor severidad en las sentencias a “pandilleros”, tiene que ser porque se demuestren los ilícitos cometidos, nunca por formar parte de una pandilla. Es así que los empresarios o políticos que hoy están privados de libertad ha sido por los actos de corrupción cometidos, nunca por su pertenencia a cualquier asociación empresarial o partidaria.
En un país donde las instituciones del Estado están dominadas por funcionarios que reproducen la ideología conservadora, por ejemplo, al apoyar la restricción de los Derechos Humanos, al desdibujar las exigencias sociales relativas a la corrupción y la impunidad, al exaltar sus creencias religiosas para sustentar consignas punitivas y antifeministas, es necesario promover el debate de la iniciativa de ley referida.
Mientras tanto, cabe destacar que a través de varias investigaciones se ha demostrado que el aumento de penas -incluso la condena a muerte- nunca ha sido disuasivo para disminuir la criminalidad, que extorsiones y asesinatos son planificados en los centros de detención, que grupos del crimen organizado se mantienen agrupados en prisión y con vínculos estrechos con personas libres: funcionarios públicos, políticos corruptos, jóvenes empobrecidos, hombres y mujeres amenazadas.

La sexualización de las niñas, el origen de la violencia Primera de dos partes

CIMACFoto: César Martínez López
La sexualización temprana de las niñas en México inicia a partir de su primera menstruación, ese es probablemente el momento en el que da comienzo ese “contínuun” de violencia que se relaciona con el odio que la sociedad ejerce hacia las mujeres a lo largo de la vida de éstas y que está marcado por etapas de violencia familiar y comunitaria, hasta culminar en muchos casos, con la violencia feminicida.
Ese desprecio por la vida de las niñas es esa incapacidad política, institucional y de muchas personas especialistas para entender la urgencia que la violencia contra las mujeres entraña en México, suficiente como para exigir un tipo penal de feminicidio, suficiente para que nosotras, las defensoras, las feministas, las punitivas, exijamos prisión preventiva en muchos de los casos de violencia sexual y feminicida.
Suficiente para que nos haga preguntarnos ¿dónde subyace la causa de esa violencia en una sociedad que transita entre lo bipolar del amor a la madre al punto de divinizarla con la virgen? pero al mismo tiempo despreciar a las mujeres, a sus cuerpos; solo es posible entenderla si miramos un poco en los contextos sociales, en las costumbres y prácticas que han normalizado esa violencia.
Muchas de las violencias que se ejercen contra las mujeres tienen su origen en el núcleo familiar, es imposible no abordar ese tema, es imposible no hablar de la violencia sexual que muchas viven en su ámbito familiar y comunitario, y que esta violencia tiene una estrecha relación con la idea del imaginario colectivo en un gran sector de la población, principalmente en el ámbito rural, de que al menstruar las niñas ya son mujeres.
En algunas comunidades rurales e indígenas, se entremezcla esa visión de que las niñas se hacen mujeres cuando tienen su primer sangrado y esto es suficiente para que dejen de ser vistas como niñas y empiecen a ser vistas como mujeres. Y con ello viene todo el odio, el desprecio que conlleva la sexualización.
Y cuando hablo de sexualización no me refiero a ese proceso que inicia como un juego en las niñas en el ámbito urbano, cuando las visten como pequeñas mujeres, con corpiños y colores llamativos, con maquillaje o incluso cuando se les inscribe a concursos de belleza o se las pone a bailar música con alto contenido sexual.
La sexualización de las niñas tiene distintos matices dependiendo del lugar en el que viven y su contexto familiar y comunitario, así mientras para algunas es la ropa que llevan puesta, para otras pequeñas es el que a partir de su sexo se “piense” en ellas como monedas de cambio, pero también como cargas: una boca más que alimentar, improductiva, desvalorizada y cuyo único valor radica en lo que la familia pueda obtener a partir de su condición de “mujer”.
Aunque suene grotesco, lo que sucede en el ámbito rural y en muchas comunidades incluso en las grandes ciudades, es que se establece una desvalorización de las niñas porque son cargas a las que se debe alimentar, mantener y que ocupan un espacio; está relacionado con destinar la mejor comida a los varones, el espacio en la casa, y las niñas heredan todo usado o se las relega a espacios menos cómodos. Incluso en algunas comunidades se sabe de niñas que duermen fuera de la casa y la familia está a la espera de que ya “se case y se vaya”, esto las hace vulnerables a la trata, la explotación sexual, a matrimonios serviles, a la esclavitud sexual a manos de hombres adultos a los que son entregadas para que la familia se libre de su manutención.
Pero esa visión es alentada por la idea de que las niñas al menstruar se convierten en mujeres que “compiten” con la madre, en una idea perversa de que las mujeres compiten entre sí y que representan esa “manzana” podrida que todo lo pueden corromper, desde la relación de la madre con un hombre que no sea el padre, hasta ser sujetas de la violencia sexual de hermanos, padres, tíos o padrinos, incluso de los amigos de la familia, en la que ellas serán vistas como las responsables, “las provocadoras”.
Suena increíble, pero el desinterés que viven las niñas en sus hogares tiene muchas veces ese origen la violencia que la propia madre ejerce sobre ellas por este sistema social-patriarcal le ha dicho que su hija es su competencia, por esa idea de que “ya está suficientemente grande” y que ya es mujer, y que no se entienda su sexualidad como la etapa de una niña que está creciendo, sino como el salto de la noche a la mañana de ser niña a ser una adulta sexualizada.
Ese es el inicio del ciclo de la violencia que se convierte en el caldo de cultivo que las ubica en contextos de riesgo, y que se relacionan con la violencia de pareja, la trata y el feminicidio.

Ingrid Escamilla: la fiscalía filtra fotos, la prensa las publica. Ambas, impunes


José Ignacio De Alba y María Fernanda Ruiz
La fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Pública alimentan el negocio de la nota roja. A pesar de haber diversas recomendaciones de derechos humanos, siguen filtrando. Y los medios, continúan publicando. Ninguna sufre consecuencias
Texto: José Ignacio De Alba y María Ruiz
Fotos: Duilio Rodríguez
La fotografía del último feminicidio. Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja. El individuo  mutiló el cadáver de forma abominable. La fotografía en primer plano de lo que queda del cadáver. Y está en la portada de dos diarios. Uno de ellos, el diario Pásala,  publicó la fotografía de Ingrid desollada con el título “La Culpa la Tuvo Cupido”, en alusión al himno feminista de Las Tesis. En la misma portada se exhibe una mujer en bikini. 
Imágenes abiertas a todo público -entre ellos niños– desde los puestos de periódico, en redes sociales, en google. 
“Muchas veces las filtraciones vienen del propio personal de la Procuraduría”, explica Sayuri Herrera, abogada especialista en feminicidios. “A veces, son los encargados de la carpeta, a veces los peritos que tuvieron acceso o los policías de investigación que pueden acceder a ellas. En ocasiones, se filtra la información a partir de contactos e incluso se vende”.
¿Pueden los medios de comunicación ser acusados por esta decisión editorial? 
“Por lo menos, si ameritaría una demanda por daño moral”, advierte por su parte Verónica Bérber. “Podría proceder por hacer este tipo de filtraciones contra la dignidad de Ingrid tanto como víctima,  como con la familia”. 
Eso por lo que hace a medios de comunicación,  “pero además las responsabilidades administrativas e incluso penales en que incurrieron los servidores públicos, tanto fiscalía como policía.”

¿Qué ganan al publicar sangre?

En el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, en el que se capturó al presunto feminicida, la abogada Verónica Bérber menciona el único fin de publicar tanto las fotografías como el video de la declaración es alimentar el morbo.
“La filtración de estas imágenes, que eran absolutamente innecesarias y morbosas, de ninguna manera abonan al esclarecimiento de los hechos. Es únicamente morbo, alimentar el morbo de la sociedad. La filtración del video del supuesto feminicida no tiene ninguna validez legal para el proceso. Ni fue asesorado por un defensor ni estuvo presente su defensor, por ende, no tiene ningún valor probatorio. Fue para alimentar el morbo social, solamente para eso.”
Verónica Bérber
Pie de foto: “  Las portadas de la chica que asesinaron eran horribles, pero es lo que estos periódicos traen y pues si se venden ni modo, de eso vivimos nosotros también”, comentó  Don José, quien lleva 37 años en la venta de periódicos en un puesto de la colonia Escandón, en la Ciudad de México. Foto: Duilio Rodríguez

La filtración de las confesiones

A pesar del que el crimen sucedió el 9 de febrero por la noche, en las redes sociales se pudo percibir la indignación por el feminicidio después de las publicaciones. Al mismo tiempo se difundió un video donde un policía de la Ciudad de México interroga al detenido dentro de una patrulla y antes de llegar al Ministerio Público –hecho que podría armar a la defensa del acusado-. 

Práctica antigua, administración nueva

Desde administraciones atrás, un rasgo característico de la fiscalía capitalina ha sido la filtración a la prensa. 
Por ejemplo, un de los casos más conocidos fue el del multihomicidio de la Narvarte. En julio de 2015, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Vera y el periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril fueron asesinados.
En ese entonces, muchos medios publicaron fotos y versiones de la escena del multihumicidio. Incluso el diario Metro (perteneciente a Grupo Reforma) difundió el nombre de un testigo clave de la investigación. El diario La Razón publicó diversas versiones de los hechos, todas falsas. Entre ellas, que los asesinatos sucedieron mientras había una fiesta y que los perpetradores y las víctimas se conocían. Acusando así a las víctimas de su propio asesinato.   
Organizaciones como Artículo 19 señalaron que las la fiscalía capitalina pretendía desviar la atención con información con las filtraciones a la prensa. En 2017 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación (4/2017).
Ese mismo año, Lesvy Berlín Rivera Osorio, una joven de 22 años, fue asesinada por su novio en Ciudad Universitaria. De nuevo, hubo filtraciones, revictimización. Y por supuesto, hubo protestas.
También sobre este caso la Comisiòn emitió una recomendaciòn (1/2018).

CDHDF recomendó castigar filtraciones

La comisión recomendó que “se aperturen investigaciones relativas a responsabilidades administrativas y/o penales de personas servidoras públicas por la filtración de información”. 
La fiscalía aceptó la recomendación, pero sigue sin  controlar la filtración de fotografías y de información a la prensa de crímenes cometidos en la capital mexicana.

Se acumulan escándalos… y recomendaciones

Uno de los casos más alarmantes es el señalado en la recomendación 09/2019 donde se señala a la Secretaría de Seguridad Pública y a la fiscalía capitalina como responsables de violar los derechos de 57 mujeres víctimas de la violencia entre los años 2016 y 2019 por parte de las autoridades. En al menos 20 de esos casos hubo filtraciones a la prensa. 
De las 23 recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México durante el 2019, 18 tienen como destinataria a la policía de la Ciudad de México y a la fiscalía local. En varios de los casos el organismo señala la “falta de diligencia y  aplicación de perspectiva de genero”, además del “enfoque diferenciado en los casos de crímenes contra mujeres”, “hostigamiento laboral” y “filtración de información en casos de feminicidio”.

Impunidad es garantía de continuidad

La abogada Verónica Bérber, integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, explica que mientras no haya sanciones las filtraciones seguirán:
“Este tipo de casos no deben quedar impunes. Debe mandarse un mensaje a estas autoridades que incurren en este tipo de acciones de que son totalmente sancionables y reprochables”.
Verónica Bérber
La defensora  añade que la capacitación a los funcionarios públicos es esencial, tanto al primer respondiente como al propio Ministerio Público encargado de la investigación. La capacitación debe llegar a todo el aparato de justicia.

En 2019, la fiscalía otra vez

Durante agosto del 2019 una serie de manifestaciones estallaron en la Ciudad de México. En distintos casos, dos adolescentes denunciaron violación por parte de policías. Las autoridades, de nuevo, filtraron sus datos a la prensa. Una de las demandas tras este caso fue parar las filtraciones por parte de funcionarios públicos a medios. En esas fechas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum se comprometió a sancionarlas.
“El tema es la falta de cumplimiento en los compromisos. Ese es el meollo. No es que no se haya planteado la problemática, más bien es la falta de cumplimiento por parte de las autoridades”, responde la abogada Bérber, especialista en derechos humanos. 

Tenemos que hablar de la prensa

Ante el tratamiento mediático que se da, la abogada Verónica Bérber cree importante que se visibilice este fenómeno. Que sí, es necesario señalar que los feminicidios se cometen con una saña mucho mayor a la que podría cometerse cualquier privación de la vida de un hombre. Pero que las filtraciones son absolutamente innecesarias y denigrantes por lo que pueden emprenderse acciones legales en contra de quienes vulneraron así a Ingrid Escamilla y a su familia. 
“La prensa debe tener esa ética profesional de saber qué no publicar y cuándo no publicarlo y lo saben perfectamente. No es algo que estemos cayendo en una novedad, muy por el contrario, lo hacen con todo el dolo del mundo porque no ha habido consecuencias” declara la abogada.
Lo que viene, explica la integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, es que se haga una investigación seria para proceder a la sanción. Y resalta la importancia de esta consecuencia:
“La sanción manda un mensaje a la sociedad y a las autoridades de que estas conductas no van a ser toleradas. Al final la fiscalía está mandando un mensaje totalmente contrario a lo que se busca, es decir vamos a privilegiar el mensaje político que es: verdad y justicia. “

No más MachiNews

En un comunicado, la colectiva de Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) hizo un llamado a la Fiscalía de la Ciudad de México a investigar, lo más pronto posible, cómo se permitieron las filtraciones de Ingrid Escamilla. 
Además condenaron la publicación de fotografías en los medios ¡Pásala! y La Prensa del feminicidio de Ingrid Escamilla: 
“Colegas, ¡ya basta! dejen de usar nuestros cuerpos desnudos, sexualizados y/o mutilados para sus contenidos.”

El mensaje no es inocente

Para las PUM la manera en la que los medios abordar la violencia de género es relevante porque contribuye al entendimiento y al posicionamiento de la sociedad respecto del problema, y también a la creación de respuestas y soluciones:
“Si, por ejemplo, los medios fallan en nombrar correctamente el fenómeno, es decir, usan los términos “crimen pasional” o “problema doméstico” en lugar de feminicidio, entonces contribuyen a la errónea percepción de que un feminicidio es un problema individual en lugar de social, y a la creencia de que la violencia contra la mujer no es un delito grave y que las mujeres son culpables o parcialmente responsables de lo que les pase, por eso es tan importante la perspectiva de género”. 
PUM
PUM ve en los medios de comunicación actores principales para la creación de una realidad a través de la producción de noticias. Estas noticias tienen un peso en la percepción social del crimen y la violencia, en los actores involucrados en dichos delitos (víctimas y victimarios) y en las posibles soluciones a los problemas, ya sea el presionar o no por una respuesta o solución.
“En el caso de la violencia contra la mujer y el feminicidio, los medios de comunicación ayuda a perpetuar la violencia de género porque genera discursos misóginos o (son) una plataforma para difundir esos discursos. El poder de los medios es tal que no sólo influye en la opinión pública, sino que decide qué problemas sociales existen y cuáles no”.
En cuanto a la perspectiva de género, PUM menciona que en la mayoría de los medios no existe y por ende legitimizan las prácticas discriminatorias en contra de la mujer al adoptar una visión exclusivamente masculina: 
“Para los medios, los hombres que son agresivos, dominantes y abusan de sus parejas hacen simplemente lo que se espera de ellos. Mientras que las mujeres que no encajan en el estereotipo de mujer buena y sumisa son consideradas responsables de su propio abuso. Esto, a pesar de que la llamada violencia de pareja es un problema de salud reconocido, y a pesar de que el feminicidio es una causa persistente de muerte para las mujeres”.
-¿Por qué siguen existiendo estas prácticas de vender la violencia y reírse de ella?
“La mayoría de los periódicos que informan sobre casos de feminicidios lo hacen en sus secciones policiales. En dichas secciones, los productos que se publican son los llamados artículos de nota roja. Los artículos de nota roja se centran en eventos en los que hay violencia implícita, pero que son inusuales o rompen con el código moral de la sociedad o las leyes. Por tanto, esta sección está llena de artículos de eventos como siniestros, accidentes, crímenes como robos, violaciones y asesinatos. La nota roja es problemática porque su objetivo es impresionar y entretener, no informar. No es el género periodístico correcto para cubrir feminicidios, y nunca tendrá cabida para la perspectiva de género. La razón por la que la nota roja funciona para los medios es porque la información es vista como mercancía en lugar de como un bien público, y explotar la crueldad es particularmente rentable, responden”.

Conavim y el Inmujeres también reaccionan

Por su parte la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) publicó un comunicado en contra de las publicaciones de las filtraciones en los medios.
El Instituto Nacional de las Mujeres hizo un llamado a “generar contenidos y coberturas informativas éticas y responsables” y exhortó a la prensa a trabajar con rigor y profesionalismo.
En su comunicado, el Instituto recordó a los medios de comunicación que deben aplicar los compromisos asumidos en el Convenio por la Igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación (firmado en 2016 por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión). Así como el Pacto de Medios de Comunicación y Plataformas Digitales en México para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas.
Por último convocaron a construir una estrategia para analizar y reformular sanciones a los medios. “Cuando en el ejercicio mediático atente atente contra los derechos, la dignidad y la integridad de las personas, especialmente de las mujeres y las niñas”.
Recalcaron que estas medidas no atentan contra la libertad de expresión. Por el contrario, son acciones que “pretenden garantizar la protección jurídica de las víctimas y sus derechos humanos.”
Fue educado en escuelas católicas hasta que se volvió ateo. Es huraño y trotamundos. Estudió periodismo y nunca se graduó. Suele tener más fe en las viejas narrativas que en las nuevas. Le gusta escribir historias.
Foránea siempre, lo suyo es lo audiovisual y el periodismo es la vía por donde conoce y cuestiona al mundo.

Va la despenalización del aborto



SEMlac

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó una "opinión favorable" para el dictamen que despenaliza el aborto, ya que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de Interrupción legal del embarazo y salud sexual reproductiva. 

Presentada por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa adiciona la fracción V Bis al artículo 3; el párrafo cuarto al artículo 10 Bis; el capítulo VI Bis "De la Interrupción Legal del Embarazo" y el artículo 71 Bis de la Ley General de Salud, para que la Secretaria de Salud reconozca y garantice el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la Interrupción Legal del Embarazo. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud a fin de continuar con su análisis. 

Las y los diputados iniciadores consideran imprescindible asegurar y garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sin opugnar la libertad de conciencia. 

Por ello, proponen conciliar ambos derechos, asegurando que las instituciones de salud garanticen la existencia de personal que no oponga la objeción de conciencia para realizar los procedimientos de interrupción legal del embarazo a las mujeres que así lo soliciten. 

Las y los legisladores del grupo parlamentario de Morena consideran que todo ello coadyuvará decididamente a garantizar un acceso efectivo de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos, así como a la no discriminación. 

Sobre la importancia de la despenalización del aborto en la protección amplia de los derechos de las mujeres, las y los diputados iniciadores señalan que, conforme a la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, es importante considerar que de abril de 2007 a julio de 2019 se realizaron 214.165 interrupciones legales de embarazo a mujeres procedentes de todos los estados de la República, incluyendo a extranjeras. 

En la Iniciativa se establece que la Secretaría de Salud por medio de personal capacitado para tales efectos, deberá proceder a la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas y en aquellos otros supuestos permitidos por la ley, en condiciones de calidad, cuando la mujer interesada así lo solicite. 

Para tales efectos, a solicitud de la interesada, la Secretaría de Salud proporcionará servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna. 

Asimismo, se establece que el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta Ley. 

Las instituciones públicas de atención médica deberán contar en todo momento con personal no objetor de conciencia para los procedimientos médicos que deben garantizar. 

Antecedentes, Ciudad de México y Oaxaca 

Esta iniciativa toma como base la propuesta de reforma constitucional presentada con anterioridad por el diputado Porfirio Muñoz Ledo en el punto al derecho a la sexualidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía reproductiva, y es donde se cimienta la necesidad de generar ejercicios democráticos de parlamento abierto a través de foros nacionales en dicha materia.

Los foros de parlamento abierto se realizaron en 22 ciudades de 20 estados de la República con la participación de académicas, de personas de la función pública y sociedad civil organizada, quienes tienen la experticia en la generación de políticas públicas para garantizar los derechos que permitan alcanzar la igualdad sustantiva. 

La iniciativa fue presentada por el Grupo Parlamentario de Morena el 31 de octubre de 2019 y se turnó, en ese entonces, a la Comisión de Salud para dictamen y a la Comisión de Igualdad de Género para opinión. 

Con fines de incluir todas las voces, consideraron la iniciativa ciudadana "Con proyecto de decreto para la reforma del Código Penal Federal sobre el aborto, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Salud, para despenalizar y legalizar el aborto en nuestro país" que fue canalizada por la organización de mujeres Rosas Rojas. 

Esta iniciativa se presentó de manera pública a mujeres feministas independientes y a los miles de mujeres que se han movilizado en todo el país. 

Igualmente, manifiestan que la iniciativa objeto de opinión ha retomado elementos del debate normativo que se dio en torno a la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, así como de la reforma recién aprobada en la materia en el Código Penal para el estado de Oaxaca. 

En las consideraciones se destacó que la desigualdad económica es un factor determinante en la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues en condiciones económicas favorables y contextos privilegiados ellas logran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que las que están en condiciones económicas precarias, contextos hostiles y lugares de difícil acceso sufren una doble o hasta triple discriminación entre ser mujer, ser jóvenes, ser indígenas y ser pobres. 

Y que el reconocimiento jurídico de los derechos sexuales y reproductivos plenos de las mujeres constituye acto de justicia social, que forma las bases para que en todo el territorio mexicano se consolide el acceso universal y seguro a la interrupción legal del embarazo. 

Es necesario realizar una reforma integral en materia de salud sexual, con la finalidad de lograr una armonía entre las legislaciones y evitar una "antinomia" jurídica. 

Como resultado de las diversas propuestas razonadas de los Parlamentos Abiertos se concluyó que, para alcanzar de manera efectiva en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, bajo una perspectiva de género, se debe: Garantizar y hacer justiciable la interrupción legal del embarazo conforme a los protocolos internacionales en la materia, estableciendo un ejercicio de derecho comparado respecto de las formas y especificaciones de practicar la interrupción del embarazo en los países que ya tienen consolidada dicha práctica de salud pública. 

Garantizar cuando en el legítimo uso de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, cuando lo soliciten voluntariamente ante la sanidad pública, podrán ser intervenidas con el objeto de no volver a procrear. 

Garantizar y hacer justiciable la autonomía reproductiva de las mujeres quienes, en el legítimo uso de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a través de políticas públicas de la más alta calidad en materia de salud, contando en todo momento con el asesoramiento, acompañamiento y finalización de los diversos tratamientos que esta legislación señale, conforme a las políticas de inclusión social. 

Se reconoció que existe un rezago a nivel nacional en la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, así como a contar con información clara y oportuna. 

Por ello, es necesario transformar la concepción que ve a las mujeres como sujetos de tutela, para ser sujetos de derechos capaces de exigir y ejercer derechos y libertades sobre nuestro cuerpo. 

Considerar el embarazo adolescente como un grave problema de salud pública, y es obligatorio dar cumplimiento a la recomendación 31 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), consistente en la creación, aplicación y evaluación de protocolos y políticas públicas para proteger y garantizar los derechos reproductivos de las mujeres. 

A pesar de que en muchos códigos penales se prevén causales excluyentes del delito en casos de violación, el personal médico, en muchas ocasiones, prefiere evadir la práctica, lo cual significa una violación de los derechos de las mujeres a la salud, la integridad física, psicológica y sexual y los derechos y libertades reproductivas. 

Para lograr la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se necesita también reeducar, sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos con perspectiva de género respecto a la protección, respeto y garantía de los derechos de las mujeres.

Tipo penal feminicidio

El 1 de febrero de 2020 en el paquete de reformas en materia de justicia penal que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se incluía una propuesta para eliminar el tipo penal de feminicidio.
El martes 4 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que señaló que no se busca eliminar el delito, pero que sí existe la intención de modificar el tipo penal en un Código Penal Nacional.
Aunque la FGR busca considerar el feminicidio como un agravante del homicidio cuando se trata del asesinato de una mujer, esta intención ya fue analizada y rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2014 (resolución del amparo directo en revisión 5267/2014) cuando declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 126 del Código Penal del estado de Chihuahua, sobre homicidio cometido por razones de género.
Este delito que en 2011 comenzó a introducirse en las leyes de los estados, referido en el artículo 325 del Código Penal Nacional especifica que la conducta delictiva se sanciona con 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El Código Penal Federal señala que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género con los siguientes supuestos:
  1. La víctima presente signos de violencia sexual
  2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;  
  3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 
  4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 
  5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 
  6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; 
  7. El cuerpo de la víctima sea expuesto, exhibido, depositado o arrojado en un lugar público, y  
Se agregaría:
  • Se acredite la existencia de una manifestación volitiva de odio, o intención de odio.
Como señala Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, existen discrepancias normativas en la tipificación del feminicidio en los estados, y resistencias para investigar como feminicidio tal como lo marca el estándar de la sentencia de la SCJN como sucedió en el caso de Mariana Lima Buendía, en el Estado de México, el cual fue investigado en un inicio como suicidio y posteriormente la SCJN ordenó que se reabriera y se investigara como feminicidio.
La propuesta, por supuesto causó la indignación del movimiento feminista.
El concepto que Marcela Lagarde definió claramente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que creó en 2007, cuando fue diputada federal: “es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus Derechos Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.
La especialista Lucía Melgar escribió para Cimacnoticias “El desarrollo del concepto “femicide”, por las teóricas feministas Russel y Caputi, y el de “feminicidio”… es un trabajo intelectual útil que ha permitido distinguir, hacer visible y explicar la violencia machista que se desata contra la vida y el cuerpo de las mujeres en un tipo de asesinato particular. “
La tipificación responde a los resolutivos de la sentencia de Campo Algodonero dictada contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y alude a la impunidad en que suele quedar este crimen; que conlleva responsabilidad del Estado negligente y omiso, dada la tolerancia hacia la violencia contra las mujeres.
En 2018, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el órgano de personas expertas independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, reconoció como un avance en materia las reformas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar el feminicidio y se manifestó con preocupación por “la persistencia de los patrones de uso generalizado de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas en México,… especialmente los feminicidios”;
Así, recomendó (recomendación general 35/2017) vele por que se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, normalice los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el Estado parte y garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio.
Hablar de feminicidio no solo visibiliza no solo las condiciones en que están siendo asesinadas las mujeres, dimensiona la construcción de género sobre la que se comete la violencia contra las mujeres, identifica la particularidad de los agresores, reconoce la responsabilidad del Estado y señala la tolerancia social y naturalización de la violencia.
La propuesta del fiscal es una burla para el movimiento feminista en defensa del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres desde los diferentes frentes.
Es negar la justicia para Lesvy Berlín Rivera Osorio en la Ciudad de México, Emma Gabriela Molina Canto en Yucatán y Alicia Díaz González en Nuevo León, Mariana Lima Buendía en Estado de México y todas las víctimas en cada colonia de todo el país.
Frente a las 35 mil 588 víctimas, durante 2019, de la cuales 34 mil fueron por homicidios dolosos y mil seis por crímenes de feminicidio, la postura de Gertz Manero, evidencia la falta de sensibilidad, la ausencia de perspectiva de género y cómo los asesinatos de 10 mujeres diarias en México no son una prioridad para las autoridades.
Por si fuese poco, intentar eliminarlo invisibiliza la profundidad estructural de la violencia contra las mujeres. Niega que se requieren cambios de fondo para prevenir la violencia, garantizar la no repetición, justicia para las víctimas y sus familias y erradicar la violencia.

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta