Por
Manu Ureste y Nayeli Roldán
El combate a la violencia de género es “poco eficaz” y carece de una
estrategia de prevención, a pesar de que el Gobierno Federal invirtió en
2019 casi 80 millones de pesos en frenar un fenómeno que afecta a 7 de
cada 10 mujeres en México.
Así lo señaló la Secretaría de la Función Pública (SFP) en una
auditoría de cumplimiento que realizó a la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), que presentó ayer jueves en
un informe de fiscalización.
La Función Pública expuso que en 2019 la Conavim transfirió 79
millones 700 mil pesos a los gobiernos estatales para la atención, en 49
centros de justicia para las mujeres, de 142 mil mujeres que han
sufrido violencia de género, mediante asistencia legal, psicológica,
médica y de alojamiento.
Sin embargo, la SFP señaló que “se desconocen los avances” en la
prevención del fenómeno, “debido a que (la Conavim) carece de una
estrategia que permita focalizar los subsidios en la causa-raíz del
problema y en la forma de medir los avances para alcanzar una solución”.
Lo anterior, recalcó Función Pública, a pesar de que la Conavim había
suscrito hasta 2018 un total de 19 convenios con los estados para el
combate a la violencia contra las mujeres.
“La actuación de los centros de justicia es de atención reactiva y
paliativa, con escasa incidencia en la prevención del fenómeno”, subrayó
la Función Pública.
“Por tanto, la SFP determinó que la política de combate a la
violencia de género ha resultado poco eficaz para reducir este fenómeno
que aqueja a 7 de cada 10 mujeres”.
En su informe, la Secretaría propuso que la Conavim gestione ante la
Secretaría de Gobernación “una reforma de su marco jurídico” para dejar
de ser un órgano que solo reacciona ante la violencia de género y no la
previene.
El objetivo de la reforma sería, apuntó la SFP, que la Conavim
transite a constituirse “en una autoridad facultada para establecer una
coordinación efectiva con los tres órdenes de gobierno”, e implemente
estrategias “con un enfoque transversal que permita mejores resultados”.
Cabe recordar que, en el inicio de 2019, en febrero, surgió una
fuerte polémica luego de que el Centro Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva suspendiera por instrucciones del Gobierno
Federal la convocatoria para que los refugios de la sociedad civil que
atienden a mujeres violentadas accedieran a 346 millones de pesos
aprobados en el Presupuesto.
El argumento que se dio en aquel entonces para no asignar subsidios a
estos refugios fue “acatar cabalmente” la decisión de López Obrador de
no transferir recursos públicos a las organizaciones de la sociedad
civil.
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