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Ladies Home Journal / Especialistas advierten que la idealización de
los roles tradicionales coincide con discursos que cuestionan derechos
políticos de las mujeres.-El auge del movimiento tradwife dejó de ser solo una estética en TikTok.
El movimiento tradwife,
que promueve un estilo de vida basado en los roles tradicionales de
género, volvió al centro del debate público después de que en Estados
Unidos y México surgieran propuestas y comentarios que cuestionan la
participación política de las mujeres. Especialistas advierten que, aunque
elegir dedicarse al hogar es una decisión legítima, el problema aparece
cuando ese modelo se presenta como el único deseable y coincide con discursos que ponen en duda derechos conquistados por las mujeres.
En Estados Unidos, Erika Kirk, directora ejecutiva de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, defendió recientemente la idea de instaurar un «voto por hogar»,
es decir, que una sola persona —el jefe de familia— represente
políticamente a todos los integrantes de una familia. La propuesta fue
respaldada por figuras del movimiento tradwife, como la influencer Savanna Faith Stone.
La discusión también llegó a México. En un podcast, una abogada afirmó que «no todos deberían votar» y
días después un joven político e influencer planteó la posibilidad de
establecer un solo voto por familia. Aunque no mencionó de forma
explícita que las mujeres dejaran de votar, el escenario descrito
colocaba a un hombre como quien ejercería ese derecho político.
La
discusión ocurre cuando apenas han transcurrido 71 años desde que las
mujeres mexicanas ejercieron por primera vez su derecho al voto, una
conquista que transformó la participación política femenina en el país.
¿Qué son las tradwives y por qué generan debate?
Antes de aparecer en los discursos políticos, el fenómenotradwife (una mujer que promueve o adopta el estilo de vida de «esposa tradicional»)se
popularizó como una tendencia en redes sociales. Influencers de
distintos países muestran una vida centrada en el hogar, el cuidado de
la familia y la dependencia económica del hombre como proveedor
principal. Sus videos, que acumulan millones de reproducciones, muestran
cocinas impecables, pan recién horneado, vestidos de lino y una
aparente tranquilidad doméstica.
Su éxito no es casual. En un
contexto donde muchas mujeres enfrentan dobles jornadas laborales,
trabajo doméstico y de cuidados, además de preocupaciones económicas,
ese contenido proyecta una vida con menos estrés y más tiempo
disponible, una realidad que para muchas resulta aspiracional.
Sin embargo, detrás de esa estética existe un debate más amplio sobre quién decide cómo deben vivir las mujeres.
La carga de cuidados sigue recayendo en las mujeres
Las cifras muestran que la desigualdad en el trabajo doméstico y de cuidados continúa siendo una realidad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024, las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario no remunerado, mientras que los hombres destinan 18.2 horas.
Además, la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares
señala que esta labor representa un valor económico superior a ocho
billones de pesos al año y que las mujeres aportan el 72.6 por ciento de ese trabajo.
En
este contexto, especialistas consideran que el atractivo del fenómeno
tradwife responde también al desgaste que viven millones de mujeres al
sostener, simultáneamente, el empleo remunerado y las tareas de cuidado.
El problema no es elegir, sino perder opciones
Para Lizeth Mejorada, portavoz de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, el debate no debe centrarse en cuestionar el estilo de vida de quienes deciden dedicarse al hogar.
«El
punto no es criticar el estilo de vida que una mujer elige. Toda mujer
debe tener la libertad de construir el proyecto de vida que la haga
feliz. El problema aparece cuando se manipula a las audiencias para
idealizar un estilo de vida que, en el fondo, esconde la pérdida de
derechos», sostiene.
Añade que la verdadera
libertad consiste en que existan múltiples formas de construir un
proyecto de vida y que ninguna sea presentada como la única manera
correcta de ser mujer.
La contradicción detrás de las influencers tradwife
Desde la perspectiva de Mujeres Vivas, Mujeres Libres
hay una contraducción en el fenómeno: muchas de las creadoras de
contenido que promueven la dependencia económica de las mujeres han
construido carreras altamente rentables gracias a las redes sociales.
Monetizan
videos, administran empresas, negocian contratos y toman decisiones
sobre sus propios ingresos, mientras presentan como ideal un modelo en
el que otras mujeres dependan económicamente de sus parejas.
Desde
esta perspectiva, el debate deja de ser una discusión sobre cocinar,
cuidar o desarrollar una carrera profesional y se traslada a una
pregunta más profunda: ¿qué condiciones permiten que una mujer pueda elegir libremente su proyecto de vida?
Estudiar, votar, abrir una cuenta bancaria, adquirir una vivienda o
salir de una relación sin pedir autorización son derechos que costaron
décadas de lucha y que, advierten las especialistas, no están
garantizados para siempre.
Redes sociales, política y derechos
Las especialistas coinciden en que un video en TikTok no
modifica por sí mismo una ley, pero sí influye en la manera en que las
personas entienden aquello que consideran normal, deseable o posible.
Por ello, consideran relevante analizar cómo ciertos discursos en redes
sociales pueden trasladarse posteriormente al ámbito político.
Angie Contreras, vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres,
sostiene que ser madre, dedicarse al hogar, desarrollar una carrera
profesional o combinar distintos proyectos de vida son decisiones
igualmente válidas, siempre que puedan ejercerse en libertad y sin que
el Estado privilegie unas opciones sobre otras.
¿Desde cuándo pueden votar las mujeres en México?
El reconocimiento del sufragio femenino en México llegó el 17 de octubre de 1953,
cuando se reformó el artículo 34 de la Constitución para reconocer a
las mujeres como ciudadanas con plenos derechos políticos. Sin embargo,
fue hasta el 3 de julio de 1955 cuando las mexicanas
acudieron por primera vez a las urnas en una elección federal para
elegir a las y los integrantes de la XLIII Legislatura. Este 2026 se
cumplen 73 años del reconocimiento constitucional del sufragio femenino y 71 años de su primer ejercicio en una elección federal,
un hito que abrió el camino para la participación política de las
mujeres y, décadas después, para la construcción del principio de
paridad en México.
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Cimac / Inspirada en el caso de una mujer indígena que se defendió de
su agresor, la Ley Petrona transforma la forma en que se investigan y
juzgan casos de mujeres acusadas de homicidio contra sus parejas.-La aprobación de la Ley Petrona marcó un precedente en Chiapas al incorporar la perspectiva de género en la legítima defensa.
La Ley Petrona, aprobada en Chiapas para reconocer la legítima defensa con perspectiva de género, permitió recientemente la liberación de 17 mujeres
acusadas de homicidio contra sus parejas, luego de que las autoridades
concluyeran que actuaron para proteger su vida frente a contextos de
violencia.
La reforma, considerada un precedente en materia de acceso a la justicia para las mujeres,
busca evitar que quienes sobreviven a agresiones o intento de
feminicidio sean criminalizadas sin que las autoridades analicen el
contexto de violencia en el que ocurrieron los hechos.
Las
liberaciones fueron resultado del trabajo de una Comisión
Interinstitucional con Enfoque Humanista, integrada por autoridades del
Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y otras instituciones,
que revisó de manera individual más de 80 expedientes de mujeres
privadas de la libertad.
Tras el análisis, se determinó que en los
17 casos existían elementos que evidenciaban que las investigaciones
originales no incorporaron una perspectiva de género ni analizaron los contextos de violencia que enfrentaban las mujeres.
¿Qué es la Ley Petrona?
La llamada Ley Petrona es una reforma al Código Penal del Estado de Chiapas, aprobada por el Congreso local en abril de 2026, que establece la presunción de legítima defensa con perspectiva de género.
Su principal objetivo es que las autoridades consideren, desde el inicio de las investigaciones, si una mujer
actuó para proteger su vida, su integridad física o sexual, o la de sus
hijas e hijos frente a una agresión o una tentativa de feminicidio.
Con
esta modificación legal se busca evitar que las mujeres sobrevivientes
de violencia sean procesadas o condenadas sin que previamente se
analicen las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
La
reforma representa un cambio en la forma de investigar y juzgar estos
casos, al priorizar el contexto de violencia y las desigualdades
estructurales que enfrentan las mujeres.
¿Qué establece la Ley Petrona?
Reconoce la legítima defensa con perspectiva de género.
Obliga
a que las autoridades analicen el contexto de violencia que enfrentaba
la mujer antes de determinar su responsabilidad penal.
Busca evitar la criminalización de mujeres que actuaron para proteger su vida o la de sus hijas e hijos.
Fortalece la incorporación de la perspectiva de género en la procuración e impartición de justicia en Chiapas.
El
4 de abril de 2026, Petrona fue detenida tras causar la muerte de su
esposo con un cuchillo dentro de su vivienda. Sin embargo, durante la
investigación, la Fiscalía General del Estado acreditó que la mujer
vivía un contexto de violencia familiar constante.
Las
indagatorias señalaron que el día de los hechos su pareja la golpeaba y
amenazaba con matarla. Además, la mujer presentaba lesiones físicas y
afectaciones psicológicas derivadas de las agresiones.
La Fiscalía
concluyó que Petrona —quien además tenía dos meses de embarazo— actuó
en legítima defensa para proteger su vida y la de sus hijos, por lo que
fue puesta en libertad apenas dos días después de su detención.
El
caso evidenció la necesidad de modificar el marco legal para impedir
que otras mujeres fueran criminalizadas por defenderse de sus agresores.
¿Por qué fueron liberadas 17 mujeres?
La aplicación de la Ley Petrona permitió revisar decenas de expedientes de mujeres encarceladas por homicidio contra sus parejas.
De acuerdo con las autoridades estatales, el estado procesal de las beneficiarias era diverso:
algunas aún enfrentaban procesos penales, otras se encontraban en etapa
de juicio y algunas ya habían recibido sentencias condenatorias.
Tras
la evaluación jurídica se concluyó que en estos casos no se habían
investigado adecuadamente los antecedentes de violencia de género, por
lo que se emitieron dictámenes favorables para su liberación conforme al
nuevo marco legal.
Las constancias de libertad fueron entregadas el pasad 9 de julio, durante el acto «Justicia con humanismo: mujeres en libertad», encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el magistrado presidente del Poder Judicial de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén.
Una reforma para evitar la criminalización de mujeres sobrevivientes
Autoridades del Poder Judicial señalaron que la reforma fortalece la incorporación de la perspectiva de género en la impartición de justicia y permite comprender las condiciones de vulnerabilidad en las que muchas mujeres enfrentan situaciones de violencia extrema.
Además
de recuperar su libertad, las beneficiarias recibirán acompañamiento
institucional para facilitar su reinserción social y acceder a programas
que impulsen su autonomía económica.
En México, las mujeres
representan una minoría de la población penitenciaria, pero enfrentan
mayores rezagos en el acceso a la justicia. De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatales 2025 del INEGI, 46.3% de las mujeres privadas de la libertad permanecían sin sentencia
al cierre de 2024, una proporción superior a la de los hombres (35.7%).
Esto significa que casi una de cada dos mujeres encarceladas aún no
había recibido una resolución judicial definitiva, mientras muchas
permanecen bajo prisión preventiva.
Este es
un artículo de opinión de Inés M. Pousadela, directora de Investigación y
Análisis de Civicus, la alianza mundial para la participación
ciudadana.
Activistas
contra la mutilación genital femenina protestan frente a la Asamblea
Nacional en Banjul, en Gambia, el 18 de marzo de 2024, mientras los
legisladores debatían un proyecto de ley que buscaba levantar la
prohibición de la mutilación genital femenina, que finalmente fracaso
gracias al rechazo popular. Imagen: Muhamadou Bittaye / AFP.-Inés M. Pousadela
MONTEVIDEO – En agosto del año pasado, una niña de un mes de
edad murió desangrada en Gambia tras ser sometida a una mutilación
genital femenina (MGF), una práctica que es ilegal en el país desde
2015.
La MGF es una violación de los derechos humanos, independientemente
de los argumentos basados en la fe o la tradición que se esgriman en su
defensa, pero ahora se está solicitando al Tribunal Supremo de Gambia
que derogue la prohibición vigente en el país.
Este es el segundo intento en dos años de volver a legalizar la MGF.
La sociedad civil lo impidió la primera vez. Cuando en 2024 llegó a
la Asamblea Nacional un proyecto de ley para derogar la prohibición, la
Red contra la Violencia de Género llevó a supervivientes a testificar,
presionó a los legisladores, emitió programas de radio y obtuvo un
dictamen de la Universidad Al Azhar de El Cairo en el que se afirmaba
que la MGF no es obligatoria según el islam.
El proyecto de ley se rechazó en julio de 2024.
La lucha que se libra actualmente en Gambia pone de manifiesto lo
frágiles que son los avances en el reconocimiento de los derechos. La
mutilación genital femenina está en retroceso en la mayoría de los
países donde se practica, fruto de décadas de campañas llevadas a cabo
por supervivientes y organizaciones comunitarias.
Pero mantener esa posición se está volviendo más difícil, a medida
que se agota la financiación que respalda esas campañas y un movimiento
antiderechos resurgente trabaja para presentar la mutilación genital
femenina como una práctica tradicional objeto de ataques extranjeros.
Una práctica en retroceso
Más de 230 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad han
sido sometidas a la mutilación genital femenina, y cada año se suman
otros cuatro millones.
Pero la tendencia ha cambiado. Un informe del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) de 2024 reveló que la mitad de la
disminución de la prevalencia en los últimos 30 años se ha producido en
la última década y que las tasas entre las adolescentes se han reducido a
la mitad o han disminuido en más de 30 puntos porcentuales en países
como Etiopía, Kenia y Sierra Leona.
La autora, Inés M. Pousadela
Las actitudes también han cambiado. Alrededor de 400 millones de
personas en los países donde se practica, dos tercios de la población,
afirman ahora que quieren que la mutilación genital femenina se acabe.
Ese cambio tiene un origen claro. El Programa Conjunto dirigido por
Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) constató
que las reducciones más pronunciadas se producen allí donde se apoya a
las comunidades para que deliberen y, a continuación, se comprometan, de
forma pública y colectiva, a abandonar la práctica.
La ONU canaliza la financiación y se encarga de la coordinación, pero
los diálogos, las declaraciones y la labor de persuasión puerta a
puerta son obra de activistas comunitarios, organizaciones nacionales y
redes de supervivientes.
Gracias a estos esfuerzos de la sociedad civil, solo en 2025, más de
7,5 millones de personas participaron en diálogos comunitarios y más de
190 000 líderes religiosos y figuras influyentes de la comunidad
denunciaron públicamente la mutilación genital femenina.
Las herramientas que funcionan
Allí donde los activistas se han centrado en las justificaciones
religiosas que sustentan la mutilación genital femenina, se han obtenido
resultados.
En 2025, eruditos islámicos de Yibuti, Eritrea y Somalia emitieron un
dictamen conjunto en el que afirmaban que nada en la fe exige la
mutilación genital femenina. Los procedimientos judiciales han
demostrado ser otra herramienta poderosa.
En julio de 2025, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica
de los Estados de África Occidental declaró que Sierra Leona había
incumplido sus obligaciones internacionales al no tipificar como delito
la mutilación genital femenina, y señaló que, cuando se inflige
intencionadamente, la práctica alcanza el umbral de la tortura.
En la India, el Tribunal Supremo ha iniciado un proceso para
determinar si la ablación practicada en la comunidad dawoodi bohra debe
dejar de gozar de protección constitucional como práctica religiosa
esencial.
Y en junio de este año, Colombia se convirtió en el primer país de
América Latina en prohibir la mutilación genital femenina, impulsado por
las mujeres indígenas emberá que luchaban contra una práctica llevada a
cabo en su propia comunidad.
La prohibición es ahora la norma y no la excepción, y Yibuti y Guinea incorporaron la prohibición a sus constituciones en 2025.
Pero las leyes por sí solas no cambian necesariamente lo que ocurre sobre el terreno, y su aplicación sigue siendo deficiente.
Las detenciones y los procesos judiciales aumentaron
considerablemente en 2025, pero aun así solo hubo 711 casos judiciales
relacionados con la mutilación genital femenina en todo el año.
En Gambia, la multa impuesta a las primeras personas condenadas por
practicar la mutilación fue pagada por un imán prominente, un acto que
contribuyó a impulsar la campaña para derogar la prohibición.
La retirada de financiación al movimiento
Las tácticas que impulsaron tres décadas de avances se están viendo
ahora privadas de financiación, y los recortes presupuestarios afectan
con mayor dureza a los grupos de base y liderados por supervivientes,
que son los más eficaces pero que siempre se enfrentan a las mayores
dificultades para obtener apoyo.
La financiación del Programa Conjunto se redujo de 29,6 millones de dólares en 2024 a 16,3 millones en 2025.
El desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) supuso la eliminación de la
mayor fuente individual de financiación de la sociedad civil a nivel
mundial, y la ayuda exterior total de Estados Unidos se redujo a la
mitad en un año.
El Reino Unido, que en su día fue el mayor financiador de la
prevención de la mutilación genital femenina, está reduciendo
gradualmente su programa insignia sin ofrecer ningún sustituto, para
poder destinar más fondos a armamento.
Desde el punto de vista económico, esto no tiene sentido, ya que cada
dólar invertido en prevención genera un rendimiento diez veces mayor.
El Programa Conjunto estima que el tratamiento de las consecuencias
para la salud de la mutilación genital femenina cuesta actualmente 1400
millones de dólares al año.
Sin embargo, la política está desempeñando un papel importante.
En los países del Norte global, los cambios políticos están
impulsando la retirada de la ayuda, y los partidos de extrema derecha
invocan la mutilación genital femenina para estigmatizar a las
comunidades migrantes, al tiempo que se oponen a las políticas de
justicia de género que marcarían la diferencia.
En los países donde se practica, la prohibición se presenta cada vez
más como una imposición extranjera sobre la cultura y la fe. Lo que une a
estos argumentos es un mismo juego de manos que trata la MGF como una
cuestión de identidad cultural en lugar de como una violación de los
derechos humanos fundamentales.
La eliminación para 2030, el objetivo que los Estados fijaron cuando
acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, ya está
fuera de alcance. Pero las pruebas sobre lo que funciona no se discuten,
y apuntan hacia las comunidades y los movimientos de base.
La cuestión es si los gobiernos que afirman valorar los derechos
humanos seguirán apoyando a quienes logran avances, o dejarán que una
generación de niñas pague el precio de este retroceso.
Inés M. Pousadela es directora de
Investigación y Análisis de Civicus, codirectora y redactora de Civicus
Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil.
También es profesora de Política Comparada en la Universidad ORT de
Uruguay.
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Gobierno de México/ Su pensamiento, plasmado en novelas, ensayos,
poesía y periodismo, anticipó debates que hoy siguen presentes en la
agenda feminista.-El 7 de agosto de 1974 falleció en Tel Aviv, Israel, la escritora, diplomática y académica Rosario Castellanos, considerada una de las intelectuales más importantes del siglo XX en México y una de las precursoras del pensamiento feminista en el país. Cinco décadas después, sus reflexiones sobre
la condición de las mujeres, la discriminación y el racismo estructural
continúan dialogando con las luchas por la igualdad y los derechos
humanos.
Nacida el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de
México y criada en Comitán, Chiapas, Castellanos desarrolló una obra
literaria profundamente marcada por las desigualdades sociales que
presenció desde su infancia. Esa experiencia dio origen a una producción
que colocó en el centro a las mujeres y a los pueblos indígenas,
cuestionando las estructuras de poder que históricamente los han
marginado.
Una escritora, diplomática y académica que transformó la literatura mexicana
Rosario Castellanos estudió Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde presentó en 1950 la tesis ¿Existe una cultura femenina?,
un trabajo que planteó preguntas sobre la exclusión de las mujeres de
los espacios de creación intelectual y que hoy es considerado un
antecedente del pensamiento feminista mexicano.
A lo largo de su trayectoria cultivó la novela, el cuento, la poesía, el ensayo, el teatro y el periodismo. Entre sus obras más representativas se encuentranBalún Canán,Oficio de tinieblas, Ciudad Real, Mujer que sabe latín…, Álbum de familia, Poesía no eres tú y El eterno femenino, textos en los que abordó la desigualdad de género, el racismo, la identidad, la maternidad y las relaciones de poder.
Además
de su labor literaria, trabajó en el entonces Instituto Nacional
Indigenista, donde impulsó proyectos culturales dirigidos a comunidades
indígenas, y fue profesora en la UNAM y en universidades de México y
Estados Unidos. En 1971 fue nombrada embajadora de México en Israel,
cargo que desempeñó hasta su muerte, ocurrida de manera accidental el 7
de agosto de 1974. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas
Ilustres.
Aunque Rosario Castellanos escribió antes de que el feminismo adquiriera la presencia pública que tiene hoy en México,
su obra cuestionó de manera frontal los roles impuestos a las mujeres y
la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
En ensayos como Mujer que sabe latín…
y en buena parte de su producción periodística denunció la exclusión
femenina de los espacios académicos, culturales y políticos, además de
reflexionar sobre la maternidad, el matrimonio, el trabajo doméstico y
las limitaciones impuestas por una sociedad patriarcal.
La escritora también fue una de las primeras intelectuales mexicanas en vincular la discriminación de género con otras formas de exclusión,
particularmente el racismo y la opresión que enfrentaban los pueblos
indígenas. Esa mirada interseccional convirtió su obra en un referente
para comprender cómo distintas formas de desigualdad pueden coexistir y
reforzarse mutuamente.
Más
de medio siglo después de su muerte, especialistas y universidades
coinciden en que las preguntas planteadas por Rosario Castellanos
conservan una notable actualidad.
Las
brechas salariales, la distribución desigual del trabajo de cuidados,
la violencia contra las mujeres y la persistencia de estereotipos de
género continúan formando parte de la agenda pública en México.
En ese contexto, sus ensayos y novelas siguen siendo leídos como
herramientas para analizar las raíces culturales de esas desigualdades.
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) la define como una pionera en la defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, mientras que la UNAM destaca que su obra abrió un espacio para cuestionar las estructuras sociales que limitaban la participación femenina en la vida pública.
Su
legado trasciende la literatura. Rosario Castellanos continúa siendo
una referencia para generaciones de escritoras, investigadoras y
defensoras de los derechos de las mujeres, que encuentran en sus textos
una crítica vigente al machismo, la discriminación y las múltiples
formas de exclusión.
A 52 años de su fallecimiento, su voz
permanece como una invitación a pensar una sociedad más igualitaria,
donde las mujeres puedan ejercer plenamente su libertad y donde las
diferencias no sean motivo de subordinación, sino de reconocimiento y
justicia.
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UNICEF/Naftalin / Las parteras comunitarias se han convertido en un
recurso esencial para prevenir muertes maternas y proteger la salud de
madres y recién nacidos.-Mujeres
embarazadas enfrentan el riesgo de dar a luz sin atención médica debido
a la violencia y el colapso del sistema sanitario en el país.
Entre
enero y mayo de este año, los enfrentamientos en el estado de Nilo Azul
provocaron el desplazamiento de decenas de miles de personas,
principalmente mujeres y niñas. Muchas de ellas viven ahora en
asentamientos temporales donde los servicios médicos son escasos o
inexistentes.
Ante este escenario, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) desplegó y equipó a 15 parteras para atender a las mujeres embarazadas en las comunidades más afectadas.
Una de ellas es Sa’aida, quien también fue desplazada por la guerra en
2024 y actualmente trabaja en una clínica móvil instalada en el
campamento Al Karama 3, en Ad-Damazin.
La partera relató que
algunas mujeres llegaron a dar a luz durante el trayecto hacia los
campamentos, por lo que fue necesario brindar atención de emergencia con
los pocos recursos disponibles.
«Algunas
mujeres dieron a luz en el camino», explicó Sa’aida al UNFPA. Sin
atención especializada, una hemorragia obstétrica o un parto complicado
pueden provocar la muerte tanto de la madre como del recién nacido.
Atención cercana que salva vidas
Para muchas mujeres desplazadas, la presencia de una partera dentro del campamento representa la única posibilidad de recibir atención médica durante el embarazo.
Somaya,
una de las pacientes atendidas por Sa’aida, explicó que al llegar al
campamento no tenía dinero ni sabía dónde acudir para recibir atención.
«Sin ella habría sufrido muchísimo. No tenemos dinero y no sabemos adónde ir ni cómo acceder a los servicios de salud aquí», relató. La mujer aseguró que contar con una partera en el campamento les ha brindado una sensación de seguridad.
Otra de las profesionales desplegadas por el UNFPA es Safya, quien mantiene un registro de las mujeres embarazadas y realiza visitas domiciliarias cuando alguna deja de acudir a sus controles prenatales.
Su
trabajo permitió identificar oportunamente que Al Radyyia, madre de
once hijos, enfrentaba un parto de alto riesgo. Gracias a esa valoración
fue trasladada al hospital materno de Ad-Damazin, donde dio a luz sin
complicaciones.
Después del nacimiento, Safya continuó visitándola
cada dos días para supervisar la recuperación de la madre y el estado
de salud del bebé.
«Ella realmente me salvó la vida y estoy profundamente agradecida por la atención y el apoyo que me brindó«, expresó Al Radyyia.
Más allá del parto
Las parteras no solo acompañan los nacimientos. También brindan
consultas prenatales, orientación sobre planificación familiar,
atención posnatal, distribuyen medicamentos esenciales, detectan
complicaciones obstétricas y ofrecen apoyo a mujeres sobrevivientes de
violencia de género.
Sin embargo, desarrollar esta labor
en medio del conflicto implica enormes desafíos. Durante la temporada de
lluvias, muchas comunidades quedan aisladas y trasladar a una paciente
al hospital puede tomar horas, mientras numerosos centros de salud
permanecen cerrados debido a la violencia.
Para responder a estas
necesidades, el UNFPA mantiene clínicas móviles y espacios seguros en
distintas regiones del país, aunque algunos servicios han tenido que
suspenderse por falta de financiamiento.
140 partos seguros en tres semanas
Los resultados muestran el impacto de esta estrategia comunitaria.
Durante las primeras tres semanas del despliegue, las 15 parteras asistieron 140 partos seguros y dieron seguimiento a más de 700 mujeres embarazadas.
Además, con apoyo del Gobierno de Noruega, el organismo internacional capacita a otras 60 parteras que serán enviadas a los estados de Nilo Blanco y Kordofán del Norte para ampliar la cobertura de salud materna en zonas afectadas por el conflicto.
El programa también financia
traslados para cesáreas, entrega apoyos económicos para partos
complicados y cuenta con una sala de aislamiento destinada a mujeres
embarazadas con hepatitis E, enfermedad que representa un riesgo adicional debido al deterioro de las condiciones sanitarias.
La falta de recursos amenaza la atención
Pese a los avances, el UNFPA advirtió que la continuidad de estos servicios depende del financiamiento internacional.
Para 2026, el organismo solicitó 129.2 millones de dólares destinados a garantizar servicios de salud sexual y reproductiva y atender la violencia de género en Sudán. Hasta agosto únicamente había recibido alrededor de un tercio de los recursos requeridos.
En
un país donde la guerra ha provocado el colapso de buena parte del
sistema sanitario, la capacitación y despliegue de parteras representa
una de las intervenciones más eficaces para proteger el derecho de las
mujeres a una maternidad segura y prevenir muertes evitables durante el
embarazo, el parto y el posparto.
FOTOCIMAC: César Martínez López-La publicación de la Ley del Sistema Público de Cuidados
marca el inicio de su implementación en la Ciudad de México. El
ordenamiento reconoce el cuidado como un derecho humano y establece un
plazo de 90 días para instalar la Junta de Cuidados.
A poco más de un mes de haber sido aprobada por unanimidad en el Congreso de la Ciudad de México, el Gobierno capitalino promulgó este jueves 2 de julio la Ley del Sistema Público de Cuidados,
con lo que inicia formalmente el proceso para su implementación y la
creación de los órganos responsables de coordinar la política pública de
cuidados en la capital.
La ley había sido aprobada el pasado 26 de mayo con 64 votos a favor,
pero su publicación en la Gaceta Oficial permanecía pendiente,
situación que había sido cuestionada por especialistas y legisladores
debido a que retrasaba el inicio de los plazos establecidos para su
aplicación.
Con su promulgación, comienza a correr el plazo de 90 días para instalar la Junta de Cuidados,
órgano rector encargado de coordinar, supervisar y dar seguimiento a la
implementación del Sistema Público de Cuidados en la Ciudad de México.
¿Qué establece la Ley del Sistema Público de Cuidados?
La nueva legislación reconoce que los cuidados constituyen un derecho humano
y que garantizar este derecho es una responsabilidad compartida entre
el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado.
El objetivo es construir un Sistema Público de Cuidados que
articule programas, servicios e infraestructura para atender tanto a
las personas que requieren apoyo permanente como a quienes realizan
labores de cuidado, muchas de ellas de manera no remunerada.
La
ley también busca disminuir las desigualdades estructurales derivadas de
la distribución desigual de estas tareas, que históricamente han
recaído de forma desproporcionada sobre las mujeres.
Con
la aprobación de la Ley del Sistema Público de Cuidados impulsada por
la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, la Ciudad de México fortalece una
política pública histórica en favor del bienestar y la igualdad.
Una respuesta a una deuda histórica con las mujeres
En México, el trabajo de cuidados continúa siendo realizado principalmente por mujeres, quienes dedican varias horas más que los hombres a estas actividades, lo que limita sus oportunidades de acceso al empleo, educación, ingresos y participación política.
En
ese contexto, la legislación pretende avanzar hacia un modelo de
corresponsabilidad social que redistribuya estas tareas y fortalezca la
participación del Estado mediante servicios públicos especializados.
El dictamen aprobado por el Congreso fue resultado de la iniciativa presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, así como de ocho propuestas impulsadas por legisladoras y legisladores de distintas fuerzas políticas.
Durante
el proceso legislativo también se incorporaron planteamientos de
organizaciones civiles, colectivos feministas, personas cuidadoras,
especialistas y ciudadanía que participaron en audiencias públicas.
Principales cambios que contempla la ley
Entre los aspectos más relevantes del nuevo ordenamiento destacan:
El reconocimiento del cuidado como un derecho humano.
La creación del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México.
El establecimiento de apoyos y servicios para personas cuidadoras.
La promoción de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las tareas de cuidado.
El fortalecimiento de la atención para niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad.
El impulso de infraestructura y servicios especializados.
El reconocimiento del valor económico y social del trabajo de cuidados.
Con la publicación de la ley, el Gobierno capitalino deberá avanzar en la instalación de la Junta de Cuidados
y en la puesta en marcha de las acciones necesarias para hacer
operativa una política pública que busca transformar la organización
social de los cuidados en la Ciudad de México.
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CIMAC / Los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias han
reabierto el debate sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y
el derecho de la ciudadanía a recibir información de calidad. La discusión también implica analizar cómo fortalecer el derecho de las mujeres a recibir información libre de violencia.
La consulta pública de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, impulsados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), abrió un debate que rebasa el ámbito regulatorio: ¿Cómo
garantizar el derecho de las audiencias a recibir información de
calidad sin comprometer la libertad de expresión y la independencia de
los medios de comunicación?
Designación de una persona defensora de las audiencias.
Mecanismos accesibles para recibir quejas.
Diferenciación entre información, opinión y publicidad.
Protección reforzada para niñas, niños y adolescentes.
Posibilidad de que la CRT intervenga cuando un medio incumpla sus obligaciones administrativas.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
sostiene que estas medidas buscan proteger el derecho de las
audiencias, distintos sectores han expresado preocupación por el alcance
de algunas disposiciones relacionadas con la veracidad de la
información y la posibilidad de que la autoridad intervenga en casos de
incumplimiento.
El equilibrio entre dos derechos fundamentales
Lejos de ser derechos opuestos, tanto la libertad de expresión como los derechos de las audiencias forman parte del marco de derechos humanos reconocido por la Constitución mexicana y por instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Mientras
la libertad de expresión protege el trabajo periodístico, la
circulación de ideas y el derecho de las personas a informar y ser
informadas sin censura previa, los derechos de las audiencias buscan
garantizar que quienes consumen contenidos reciban información
claramente identificada, sin publicidad disfrazada, con mecanismos de
defensa cuando se vulneren sus derechos y con especial protección para
niñas, niños y adolescentes.
Los estándares internacionales en materia de derechos humanos establecen que la protección de las audiencias y la libertad de expresión no son derechos contrapuestos, sino complementarios.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha
sostenido que los Estados pueden adoptar medidas para garantizar el
pluralismo informativo y proteger los derechos de las audiencias,
siempre que cualquier regulación sea clara, persiga un fin legítimo y no
se convierta en un mecanismo de censura directa o indirecta sobre los
contenidos periodísticos o las líneas editoriales.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein
informa que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abre consulta
pública sobre lineamientos generales para la protección de derechos de
las audiencias.
Diversas organizaciones vinculadas a la libertad de expresión como CIMAC, Artículo 19
y representantes de medios de comunicación han advertido que algunos
conceptos incluidos en el proyecto, como la obligación de evitar
información «falsa» o «descontextualizada», podrían generar incertidumbre jurídica si no se definen con precisión.
Desde esa perspectiva, consideran que una regulación ambigua podría incentivar mecanismos de autocensura o interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad administrativa.
Por
el contrario, el Gobierno federal ha rechazado que exista intención de
censurar a los medios de comunicación y sostiene que las obligaciones se
limitan a aspectos administrativos relacionados con la protección de
las audiencias y el cumplimiento de códigos de ética.
Un debate que también involucra los derechos de las mujeres
Para
organizaciones que trabajan por la igualdad de género, la discusión
también implica analizar cómo fortalecer el derecho de las mujeres a
recibir información libre de violencia, discriminación y estereotipos
sin afectar la independencia periodística.
La cobertura mediática influye en la forma en que se representan las violencias contra las mujeres, casos de feminicidio, los derechos sexuales y reproductivos y la participación política de las mujeres.
En ese sentido, los derechos de las audiencias también pueden
entenderse como herramientas para exigir contenidos respetuosos de los
derechos humanos y de la igualdad sustantiva.
Sin embargo, la
protección de esos derechos debe construirse bajo estándares que
garanticen plenamente la libertad de expresión, la pluralidad
informativa y la autonomía de los medios, evitando cualquier forma de
censura directa o indirecta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ONU Mujeres han advertido que los medios de comunicación desempeñan un papel central en la prevención de la violencia de género, al tiempo que han llamado a promover una cobertura libre de estereotipos sexistas, discriminación y revictimización. Ambos organismos han señalado que las políticas públicas deben fortalecer el acceso de las mujeres a información plural y con perspectiva de derechos humanos sin imponer restricciones desproporcionadas al ejercicio del periodismo ni afectar la libertad de expresión.
La consulta pública continúa
El
proyecto permanecerá en consulta pública para recibir observaciones de
personas, organizaciones, académicas, medios de comunicación y
especialistas antes de la emisión de la versión definitiva de los
lineamientos.
El resultado de este proceso marcará el rumbo de la
nueva regulación sobre derechos de las audiencias en México y pondrá a
prueba el desafío de armonizar dos principios fundamentales en una
sociedad democrática: el derecho de las personas a recibir información de calidad y el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
En
el siguiente link cualquier ciudadano mexicano, puede emitir su opinión
sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de
las Audiencias: https://portal.crt.gob.mx/ConsultaPublica/Detalle/15
Foto:
Canva/ Miles de mujeres migrantes que trabajan como empleadas
domésticas en Arabia Saudita continúan enfrentando explotación laboral.-La
organización advierte que las reformas impulsadas por Arabia Saudita no
han protegido a las mujeres migrantes, quienes continúan sometidas a
explotación laboral, violencia de género e impunidad.
Las trabajadoras domésticas filipinas que migran a Arabia Saudita continúan enfrentando graves violaciones a sus derechos humanos, entre ellas explotación laboral, confinamiento, violencia física y agresiones sexuales, denunció Amnistía Internacional
en un nuevo informe que evidencia que las reformas emprendidas por el
gobierno saudí han sido insuficientes para proteger a las mujeres
migrantes.
El documento, titulado «Once We Step in Their Homes, We Are No Longer Human» (Cuando entramos a sus casas dejamos de ser humanas), recoge los testimonios de mujeres filipinas en Arabia Saudita entre 2023 y 2026, quienes relataron haber vivido condiciones de trabajo degradantes y, en algunos casos,violencia sexualpor parte de sus empleadores.
La
investigación muestra que, una vez dentro de los hogares donde
laboraban, muchas mujeres quedaron completamente bajo el control de sus
empleadores, quienes decidían sobre sus horarios, alimentación, descanso e incluso sobre la posibilidad de abandonar la vivienda.
Jornadas extenuantes, encierro y violencia sexual
Las entrevistadas describieron jornadas laborales de hasta 16 o más horas diarias, ausencia de días de descanso, privación de alimentos, confiscación de pasaportes y teléfonos celulares, además de restricciones para comunicarse con sus familias o salir de la vivienda.
Varias
mujeres denunciaron haber sido víctimas de agresiones sexuales o de
constantes situaciones de acoso por parte de sus empleadores, mientras
que otras señalaron haber sufrido violencia física, insultos y humillaciones.
Una
de las sobrevivientes relató que, al intentar regresar a Filipinas, fue
sometida a una revisión corporal invasiva para demostrar que no había
tomado pertenencias de la familia empleadora.
De acuerdo con Amnistía Internacional,
estos abusos ocurren en un contexto donde las trabajadoras domésticas
permanecen prácticamente invisibles para las autoridades debido a que
desarrollan su labor dentro de domicilios particulares, lo que dificulta
la supervisión y el acceso a mecanismos de denuncia.
Un
nuevo informe de Amnistía Internacional documenta que trabajadoras
domésticas filipinas continúan enfrentando jornadas extenuantes,
explotación laboral, restricciones a su libertad, trato degradante y, en
algunos casos, violencia sexual en Arabia Saudí.
La organización…
— Amnistía Int. México (@amnistiamexico) July 9, 2026
El sistema kafala mantiene a las trabajadoras en situación de vulnerabilidad
La organización atribuye buena parte de estas violaciones al sistema kafala,
un modelo de patrocinio laboral que continúa otorgando a los
empleadores un amplio control sobre la situación migratoria de las
personas trabajadoras.
Aunque Arabia Saudita ha implementado algunas reformas laborales en los últimos años, Amnistía señala que las trabajadoras domésticas
han quedado excluidas de muchas de estas modificaciones y siguen
enfrentando obstáculos para cambiar de empleo o abandonar el país sin
autorización de sus empleadores.
La confiscación de documentos de
identidad, el desconocimiento del idioma y el aislamiento incrementan la
dependencia hacia quienes las contratan y dificultan escapar de
situaciones de violencia.
Mujeres migrantes enfrentan una violencia marcada por género y origen
El
informe subraya que la mayoría de las personas empleadas en el trabajo
doméstico en Arabia Saudita son mujeres migrantes provenientes de Asia y África, quienes enfrentan formas múltiples de discriminación por razón de género, nacionalidad, condición migratoria y ocupación.
Amnistía
Internacional sostiene que estas violencias no son hechos aislados,
sino consecuencia de un sistema laboral que facilita la explotación y
favorece la impunidad cuando ocurren abusos dentro de los hogares
privados.
La organización recuerda que en 2025 documentó patrones similares de violencia contra trabajadoras domésticas provenientes de Kenia,
lo que evidencia que las afectaciones alcanzan a mujeres de distintas
nacionalidades que migran en busca de mejores oportunidades económicas.
Amnistía exige desmantelar el sistema de patrocinio
Frente a este panorama, Amnistía Internacional pidió al gobierno saudí investigar todas las denuncias de abuso, incluidas las agresiones sexuales, sancionar a los responsables y garantizar mecanismos efectivos de protección para las trabajadoras domésticas migrantes.
Asimismo, llamó a desmantelar por completo el sistema kafala,
incorporar plenamente a las trabajadoras domésticas a la legislación
laboral y garantizar que puedan cambiar de empleo o abandonar el país
sin depender de la autorización de sus empleadores.
La
organización advirtió que migrar para trabajar no debería significar
renunciar a los derechos humanos ni convertirse en una apuesta donde la
seguridad y la vida de miles de mujeres queden sujetas a la voluntad de
quienes las contratan.
Foto:
Canva / La planta Clitoria ternatea, recibió ese nombre porque la forma
central de su flor recuerda a la estructura de una vulva y clítoris.Mientras
86% de los hombres reportó haber alcanzado un orgasmo en su último
encuentro heterosexual, sólo 62% de las mujeres dijo lo mismo.
Hablar del orgasmo femenino también es hablar de educación sexual, autonomía corporal y derechos.
Aunque durante las últimas décadas se ha avanzado en el conocimiento
sobre la sexualidad de las mujeres, persisten desigualdades en la manera
en que se viven y se entienden las relaciones sexuales.
Una de ellas es la llamada “brecha del orgasmo” u “orgasm gap”, término utilizado para describir la diferencia en la frecuencia con la que hombres y mujeres alcanzan el orgasmo, particularmente durante encuentros heterosexuales.
Un estudio publicado en Gender & Society encontró que 86 por ciento de los hombres que tuvieron un encuentro sexual heterosexual reportaron haber alcanzado un orgasmo, frente a 62 por ciento de las mujeres. La diferencia fue de 24 puntos porcentuales.
La
investigación no apunta a que exista una incapacidad biológica de las
mujeres para alcanzar el orgasmo. Por el contrario, distintos estudios
han relacionado esta brecha con las prácticas sexuales, las expectativas de género y la importancia que se concede a la estimulación del clítoris.
El orgasmo femenino y una sexualidad centrada en la penetración
Para Carolina Roldán, sexóloga y educadora de la sexualidad entrevistada por CIMAC Noticias, uno de los conceptos necesarios para comprender esta desigualdad es el coitocentrismo,
es decir, colocar la penetración como el centro de las relaciones
sexuales y asumir que constituye la principal o única forma de obtener
placer.
“Las
personas van a la vida real, empiezan a tener sus prácticas sexuales y
esta es una consecuencia: no saber que existe un órgano por el cual
puedes obtener mucho placer”, explicó.
La especialista destacó que el clítoris ha sido históricamente poco estudiado y explicado, pese a que se trata de un órgano cuya función principal está relacionada con el placer sexual.
La evidencia científica también muestra la relevancia de la estimulación del clítoris. Una investigación citada en estudios recientes señala que
96 por ciento de las mujeres consultadas identificó la estimulación del
clítoris, sola o combinada con penetración vaginal, como su vía más
confiable para alcanzar el orgasmo; sólo 4 por ciento señaló la penetración vaginal por sí sola.
Esto
ayuda a entender por qué colocar la penetración como el centro de la
experiencia sexual puede dejar fuera prácticas que muchas mujeres
consideran necesarias para alcanzar el orgasmo.
El clítoris: un órgano que la ciencia también tardó en conocer
La
invisibilización del clítoris no sólo ocurrió en las conversaciones
cotidianas. Su anatomía también permaneció durante mucho tiempo ausente o
incompleta en los materiales de educación y formación médica.
Carolina Roldán recordó que, aunque el clítoris había sido descrito desde siglos atrás, el conocimiento sobre su anatomía completa avanzó mucho más recientemente.
La ciencia continúa ampliando ese conocimiento. En 2022, investigadores de Oregon Health & Science University realizaron el primer recuento conocido de fibras nerviosas del clítoris humano y estimaron que su nervio dorsal contiene más de 10 mil fibras nerviosas, una cifra superior a la estimación de 8 mil que se había popularizado anteriormente.
Para
la especialista, que el conocimiento científico sobre el placer
femenino haya sido históricamente limitado también refleja la manera en
que se ha construido el estudio de la sexualidad.
“Muchas
cosas que están relacionadas al placer han sido silenciadas o poco
observadas y también, y sobre todo, hablando del placer femenino”,
señaló.
La falta de educación sexual también afecta el placer
La brecha del orgasmo no comienza necesariamente en la vida sexual adulta. También puede relacionarse con la falta de información sobre el cuerpo, la anatomía y el funcionamiento de la sexualidad.
Para la sexóloga Carolina, crecer sin información adecuada puede generar desinformación y expectativas alejadas de la realidad.
Películas,
series y otros contenidos suelen representar encuentros sexuales en los
que el orgasmo aparece como algo automático, inmediato y prácticamente
inevitable. Sin embargo, la experiencia sexual real es mucho más
diversa.
“Eso
que vimos en las películas de nada más me volteas a ver y ya se me cae
la ropa y ya estoy de lo más excitada y con muchos orgasmos, pues es
falso”, explicó.
La consecuencia de esta falta de información puede ir más allá de no alcanzar un orgasmo. También puede generar frustración, inseguridad o afectar la autoestima cuando las mujeres sienten que su experiencia sexual no coincide con los modelos que han aprendido.
“Las personas informadas toman mejores decisiones”, resumió la especialista.
Hablar del orgasmo femenino también es hablar de derechos
Reducir la conversación sobre el orgasmo a una cuestión de “placer” puede invisibilizar una dimensión más amplia: el derecho de las mujeres a conocer su cuerpo y tomar decisiones informadas sobre su sexualidad.
La entrevistada explicó que hablar de placer implica hablar también de consentimiento, deseo, libertad y autoconocimiento.
“Es que el placer es salud”, afirmó.
Desde
esta perspectiva, el orgasmo no debe convertirse en una nueva
obligación para las mujeres ni en una medida para determinar si una
relación sexual fue exitosa. La sexualidad puede vivirse de distintas
maneras y no todas las experiencias tienen que terminar en un orgasmo.
La
cuestión central es que cada persona pueda decidir sobre su propio
cuerpo a partir de información científica y sin estar condicionada por expectativas de género.
“Si
tú tienes una información, partes desde ahí, puedes escoger, a lo mejor
quieres una experiencia de una forma o de otra y todas son válidas”,
señaló.
Autoconocimiento para vivir una sexualidad libre
En el marco del mes dedicado a visibilizar el orgasmo femenino, Carolina Roldán recomendó comenzar por el autoconocimiento corporal, sin convertir el orgasmo en una meta obligatoria.
Explorar
el propio cuerpo permite identificar qué resulta agradable y qué no,
reconocer sensaciones y construir una relación más informada con la
propia sexualidad.
La especialista recomendó hacerlo de manera
gradual y desde el cuidado personal, por ejemplo, explorando la vulva y
observando las propias sensaciones. También destacó la importancia de
utilizar productos adecuados para el cuerpo cuando sean necesarios y de
mantener una buena higiene.
El objetivo, explicó, no es reproducir
una determinada experiencia sexual, sino que cada mujer pueda conocer
su cuerpo y decidir qué quiere y qué no quiere hacer.
La
propuesta de ley contra el feminicidio, impulsada por la presidenta
Sheinbaum y, que aplicará en todo el país, propone hasta 70 años de
cárcel contra los responsables de este delito y crea un registro de
víctimas en la orfandad; sin embargo, no toma en cuenta las advertencias
de especialistas sobre la falta de recursos, perspectiva punitivista y
exclusión de algunas diversidades.
La
iniciativa sostiene que la violencia feminicida es de las violaciones
más graves a los derechos humanos de las mujeres. Foto: Cuartoscuro
12 min de lectura
La propuesta de Ley contra el feminicidio que envió al Congreso la presidenta Claudia Sheinbaum
establece más de medio siglo de cárcel para quienes resulten
responsables de este delito en todo el país e impide el acceso a
beneficios preliberacionales. La
iniciativa propone penas de 50 a 70 años de cárcel a quien prive de la
vida a una mujer por razones de género, además de establecer una multa
económica.
También prohíbe cualquier reducción de la condena, por lo que las personas sentenciadas no tendrán derecho a libertad anticipada,
acuerdos reparatorios, amnistías ni indultos. Asimismo, impide que se
utilicen argumentos como la “emoción violenta”, el honor, la ira, las
costumbres o creencias para justificar la agresión y buscar atenuar la
pena.
La responsabilidad del agresor no se extinguirá, sin importar cuánto tiempo pase, ya que es imprescriptible.
Como lo que establezca esta nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio será
aplicable en todo el país, los congresos locales tendrán un año, a
partir de la aprobación y publicación del documento en el Diario Oficial de la Federación, para modificar sus legislaciones locales y empatarlas con la norma nacional.
La iniciativa propone que cualquier muerte violenta de una mujer en México sea investigada como feminicidio. Foto: Cuartoscuro
Agravantes y pérdida de derechos
De acuerdo con el artículo 17 de la
propuesta, los años de prisión se incrementarán hasta en una mitad
adicional si se presentan agravantes. Por ejemplo, si la víctima es niña, adolescente, persona con discapacidad o si está embarazada;
si cuando se comete el delito las hijas o familiares están presentes;
si la persona agresora es un servidor público; o si hubo actos de
crueldad, mutilación o ataques con ácido.
Esto podría implicar un cambio sustancial en casos como el de Ángela Louise Birkenback, quien presuntamente fue asesinada por su concubino en el complejo turístico Limoncito Hills, en Nayarit. De acuerdo con lo documentado por Animal Político, en este caso autoridades locales han favorecido al imputado y a su familia, quienes han tratado de quedarse con el patrimonio de la víctima, así como la custodia de sus hijos.
A los chicos, incluso se les impuso un esquema de convivencia con su
padre, procesado y privado de la libertad por el feminicidio.
Otra de las agravantes que contempla
la nueva legislación propuesta, que puede incrementar los años de
cárcel, es que la persona agresora sea servidora pública. Como sanción
adicional, la ley hace explícito que además de ser destituida,
permanecerá inhabilitada para ocupar cargos públicos hasta por el tiempo
equivalente que esté en prisión, y ese lapso contará a partir de que
haya cumplido su condena y esté en libertad.
Registro de menores en orfandad por feminicidio
Una de las novedades de la iniciativa es la creación de una herramienta oficial enfocada en las víctimas indirectas: el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio,
para identificar a quienes perdieron a su madre a causa de este delito y
asegurar que reciban protección. Esta base estará bajo la
responsabilidad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF).
El propósito, según la propuesta, es
visibilizar a las y los menores afectados, articular la intervención del
Estado y dar un seguimiento a su situación social y jurídica. Busca
garantizar que estas víctimas tengan acceso prioritario a programas
sociales, atención médica y otros apoyos.
Con el registro se podría saber sus
datos básicos de identificación, los hechos del delito, quién y cómo se
le cuida, su acceso a derechos, el registro de las intervenciones
realizadas por las instituciones, una evaluación de riesgo y un plan para la restitución de sus derechos.
En máximo 180 días hábiles a partir
de que la ley entre en vigor, deberán publicarse los lineamientos de
operación del registro y su creación no deberá exceder otros 360 días
naturales.
Una de las propuestas, homologar el delito en las 32 entidades del país. Foto: Cuartoscuro
Mismos criterios de investigación
La homologación que establece la ley
implica que haya lineamientos obligatorios para las autoridades
encargadas de investigar estos crímenes en todo el país.
El artículo 21 ordena que toda muerte
violenta de una mujer deberá investigarse como feminicidio y con
perspectiva de género, sin prejuicios ni estereotipos. Para ello, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que expedir un Protocolo Nacional Homologado para la Investigación del Delito de Feminicidio.
El Ministerio Público deberá iniciar
la investigación de forma inmediata; identificar a la víctima mediante
pruebas científicas; rastrear si existía violencia previa en su contra,
más allá de las denuncias; revisar ingresos a hospitales por lesiones,
atenciones en servicios de emergencia y ministerios públicos; preservar
la escena del crimen y solicitar videos de cámaras de vigilancia
públicas y privadas. También debe solicitar autopsias rigurosas y dictámenes en genética, química, fotografía, psicología y trabajo social.
Los peritos deben hacer una
inspección profunda tanto del lugar del hallazgo como de zonas aledañas.
La nueva ley otorga al Ministerio Público la facultad de solicitar
información a empresas telefónicas o dar seguimiento a personas
sospechosas hasta por seis meses.
El protocolo también contempla que la
primera autoridad en llegar al lugar del delito debe resguardar a las
hijas o hijos de la víctima y que, si son entrevistadas, se garantice su
privacidad y contención emocional con especialistas.
Recibe Ley que determina sus funciones en SeMujeres
La iniciativa presidencial llegó al
Senado cuatro meses después de su anuncio. El documento fue turnado a
las Comisiones de Justicia y Equidad de Género de esa Cámara para que
pueda ser votado a partir de septiembre, cuando inicie el periodo
ordinario.
Laura Itzel Castillo,
quien será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres y hoy es
presidenta del Senado, informó sobre la recepción del documento.
Cuestionada sobre la propuesta, la legisladora destacó el endurecimiento
de las penas y las agravantes que contempla; sin embargo, evitó
pronunciarse sobre si se puede mejorar y argumentó que aún la tendrán
que revisar.
La nueva ley tiene implicaciones directas sobre la tarea que tendrá Laura Itzel Castillo en la Secretaría de las Mujeres.
Deberá definir, coordinar y elaborar la implementación de la política
pública contra la violencia feminicida. También tendrá la facultad de
formular, actualizar y promover el cumplimiento del Programa Integral
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las
Mujeres.
Además, deberá colaborar con la FGR y
las fiscalías locales para capacitar al personal ministerial, pericial y
policial respecto de la atención a víctimas, perspectiva de género,
derechos humanos y técnicas de investigación.
También apoyará en la elaboración de
los perfiles y requisitos que deberán cumplir los servidores públicos
que trabajen en las unidades o fiscalías especializadas. En coordinación
con el DIF y otras dependencias, trabajará en la implementación y operación del Registro Nacional de Orfandad
e integrará un grupo con la FGR, el INEGI y el Secretariado Ejecutivo
para tener información que permita evaluar y mejorar las políticas
públicas de prevención, atención y acceso a la justicia.
La
presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo,
informó que la Consejería Jurídica de la Presidencia le hizo llegar la
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de
Feminicidio. Foto: Cuartoscuro
Más penas sin más presupuesto: persisten cuestionamientos de organizaciones
La falta de presupuestos específicos,
la perspectiva punitivista, la operación de las fiscalías y la ausencia
de inclusión a las diversidades son algunos de los cuestionamientos que
las organizaciones Balance, México Unido contra la Delincuencia y Equis Justicia hicieron en un análisis a la iniciativa de Ley contra el Feminicidio, con base en una versión previa que estuvo brevemente en el sitio del Congreso.
Al comparar aquella versión con la
entregada este miércoles al Senado, ninguna de las consideraciones
señaladas por las agrupaciones fue tomada en cuenta. Entre las principales críticas que plantean está el carácter punitivo de la norma,
que propone elevar penas que se incrementan en una mitad adicional
cuando la víctima sea niña, adolescente o persona mayor; viva con
discapacidad; esté embarazada; sus hijos estén presentes, pertenezca a
grupos vulnerados, entre otras circunstancias.
Sumado a ello, los artículos 12 y 13
suprimen cualquier margen de negociación procesal, acuerdo reparatorio,
procedimiento abreviado o beneficios preliberacionales. Esa rigidez, de
acuerdo con las organizaciones, lejos de garantizar justicia, despoja al
sistema de herramientas de flexibilidad y termina por perjudicar a las
víctimas.
Mediante esas disposiciones, el Estado anula la posibilidad de la justicia restaurativa y obliga a que todos los casos se desahoguen en juicios orales,
lo que para muchas víctimas puede prolongar el camino hacia la
reparación del daño, así como el tiempo que se someten al desgaste
emocional y dinámicas de revictimización sistemática.
Para las activistas, la obsesión con
aumentar los años de cárcel ignora las demandas más apremiantes de las
víctimas directas e indirectas. Además, durante décadas, muchas reformas
punitivas no han logrado disminuir índices delictivos ni apuntan a la
prevención, sino a una lógica de exclusión y neutralización del presunto
agresor que debilita las herramientas orientadas a cambiar las causas
estructurales y asegurar la no repetición.
Otros dos planteamientos centrales
que la iniciativa oficial sigue sin resolver son la sobrecarga de
ministerios públicos y servicios forenses en el país, así como el
presupuesto necesario para eficientar la investigación y hacer cumplir
la ley.
La iniciativa ya formalizada señala
en sus artículos transitorios que las erogaciones que se generen con la
entrada en vigor del decreto se harán con cargo al presupuesto aprobado a
las instancias responsables, “por lo que no incrementarán su
presupuesto regularizable y no se autorizarán recursos adicionales para
el presente ejercicio fiscal”.
La sobrecarga a ministerios públicos en precariedad
Por otro lado, en su artículo 25
contempla un modelo de investigación exhaustiva, que responsabiliza a
los ministerios públicos de realizar procedimientos periciales y
técnicos exhaustivos, así como cotejo de perfiles genéticos y forenses.
Las organizaciones apuntan que estos de por sí operan bajo condiciones
de extrema precariedad, y no se contemplan fondos financieros
adicionales, lo que conducirá a la parálisis de procesos o a la
simulación.
Además, crear fiscalías
especializadas en feminicidio en todos los estados, a lo que obliga el
artículo 33, sin un presupuesto asignado, implicará el riesgo de desmantelar o debilitar otras unidades de investigación
ya consolidadas para transferirles personal de manera improvisada, lo
que podría multiplicar las deficiencias institucionales ya existentes.
En esto coincidió, entrevistada en el Senado de la República, la senadora priista Carolina Viggiano,
quien aseguró que revisará la iniciativa y hará comentarios, pero
considera que se requiere plantear soluciones de fondo para este y otros
delitos, además de volver operativos a los ministerios públicos y a la
justicia local.
“Tú le puedes poner 100 años o 70
años, pero si nunca logras investigar, ni siquiera sentenciarlo, lo que
le pongas simplemente es propaganda. El problema está en la impunidad, en una investigación correcta,
en que tengamos la tecnología adecuada, policías investigadores y
perspectiva de género, la justicia como debería ser. Las leyes, si no
resuelves el problema real, de fondo, simplemente lo agudizan”, comentó.
Los femineidad serán sentenciados a 50 y los 70 años de prisión. Foto: Cuartoscuro
Sin mención a la diversidad y a los transfeminicidios
Otro señalamiento de las
organizaciones, aún no resuelto, es el riesgo de que la ley opere como
un mecanismo de punición identitaria, pues castigar con penas mayores
los feminicidios cometidos contra poblaciones vulnerables podría derivar
en castigos desproporcionados sustentados solo en una condición étnica,
sin análisis del contexto. Por otro lado, no hay ninguna mención a las mujeres de la diversidad sexual ni a los transfeminicidios.
En la comparativa realizada por Animal Político
entre la propuesta previa —descargada y analizada por las
organizaciones— y la definitiva, si bien no se hizo ningún ajuste en lo
tocante a los cuestionamientos de Balance, México Unido contra la
Delincuencia y Equis Justicia, sí se suprimieron dos artículos que
abordaban aspectos diversos.
El numerado antes como 12, que
estipulaba que las personas morales podrían ser imputadas y procesadas
por su participación en la comisión del delito de feminicidio o en su
tentativa, quedó fuera. Para las víctimas indirectas e infancias en orfandad
se enunciaban medidas de protección especial que incluían la garantía
de seguridad social y atención médica, lo que fue sustituido por “acceso
prioritario a servicios integrales de salud”.
Mientras la versión preliminar estipulaba que el IMSS, el ISSSTE y sus homólogos estatales tenían la obligación de garantizar el derecho a la seguridad social
de las víctimas sobrevivientes, en la versión definitiva el artículo se
eliminó para establecer que “tendrán acceso prioritario a los programas
sociales que otorgan los gobiernos federales, de las entidades
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México”.
Como parte del análisis, las
organizaciones han pedido que el periodo entre la presentación de la
iniciativa y su votación sirva para abrir un periodo adecuado de
análisis y observaciones para que el Poder Legislativo tome en cuenta la
perspectiva de la sociedad civil y no se pierdan oportunidades de
incidencia.
