Este es un artículo de opinión de Inés M. Pousadela, directora de Investigación y Análisis de Civicus, la alianza mundial para la participación ciudadana.
MONTEVIDEO – En agosto del año pasado, una niña de un mes de edad murió desangrada en Gambia tras ser sometida a una mutilación genital femenina (MGF), una práctica que es ilegal en el país desde 2015.
La MGF es una violación de los derechos humanos, independientemente de los argumentos basados en la fe o la tradición que se esgriman en su defensa, pero ahora se está solicitando al Tribunal Supremo de Gambia que derogue la prohibición vigente en el país.
Este es el segundo intento en dos años de volver a legalizar la MGF.
La sociedad civil lo impidió la primera vez. Cuando en 2024 llegó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para derogar la prohibición, la Red contra la Violencia de Género llevó a supervivientes a testificar, presionó a los legisladores, emitió programas de radio y obtuvo un dictamen de la Universidad Al Azhar de El Cairo en el que se afirmaba que la MGF no es obligatoria según el islam.
El proyecto de ley se rechazó en julio de 2024.
La lucha que se libra actualmente en Gambia pone de manifiesto lo frágiles que son los avances en el reconocimiento de los derechos. La mutilación genital femenina está en retroceso en la mayoría de los países donde se practica, fruto de décadas de campañas llevadas a cabo por supervivientes y organizaciones comunitarias.
Pero mantener esa posición se está volviendo más difícil, a medida que se agota la financiación que respalda esas campañas y un movimiento antiderechos resurgente trabaja para presentar la mutilación genital femenina como una práctica tradicional objeto de ataques extranjeros.
Una práctica en retroceso
Más de 230 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad han sido sometidas a la mutilación genital femenina, y cada año se suman otros cuatro millones.
Pero la tendencia ha cambiado. Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de 2024 reveló que la mitad de la disminución de la prevalencia en los últimos 30 años se ha producido en la última década y que las tasas entre las adolescentes se han reducido a la mitad o han disminuido en más de 30 puntos porcentuales en países como Etiopía, Kenia y Sierra Leona.
Las actitudes también han cambiado. Alrededor de 400 millones de personas en los países donde se practica, dos tercios de la población, afirman ahora que quieren que la mutilación genital femenina se acabe.
Ese cambio tiene un origen claro. El Programa Conjunto dirigido por Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) constató que las reducciones más pronunciadas se producen allí donde se apoya a las comunidades para que deliberen y, a continuación, se comprometan, de forma pública y colectiva, a abandonar la práctica.
La ONU canaliza la financiación y se encarga de la coordinación, pero los diálogos, las declaraciones y la labor de persuasión puerta a puerta son obra de activistas comunitarios, organizaciones nacionales y redes de supervivientes.
Gracias a estos esfuerzos de la sociedad civil, solo en 2025, más de 7,5 millones de personas participaron en diálogos comunitarios y más de 190 000 líderes religiosos y figuras influyentes de la comunidad denunciaron públicamente la mutilación genital femenina.
Las herramientas que funcionan
Allí donde los activistas se han centrado en las justificaciones religiosas que sustentan la mutilación genital femenina, se han obtenido resultados.
En 2025, eruditos islámicos de Yibuti, Eritrea y Somalia emitieron un dictamen conjunto en el que afirmaban que nada en la fe exige la mutilación genital femenina. Los procedimientos judiciales han demostrado ser otra herramienta poderosa.
En julio de 2025, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental declaró que Sierra Leona había incumplido sus obligaciones internacionales al no tipificar como delito la mutilación genital femenina, y señaló que, cuando se inflige intencionadamente, la práctica alcanza el umbral de la tortura.
En la India, el Tribunal Supremo ha iniciado un proceso para determinar si la ablación practicada en la comunidad dawoodi bohra debe dejar de gozar de protección constitucional como práctica religiosa esencial.
Y en junio de este año, Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en prohibir la mutilación genital femenina, impulsado por las mujeres indígenas emberá que luchaban contra una práctica llevada a cabo en su propia comunidad.
La prohibición es ahora la norma y no la excepción, y Yibuti y Guinea incorporaron la prohibición a sus constituciones en 2025.
Pero las leyes por sí solas no cambian necesariamente lo que ocurre sobre el terreno, y su aplicación sigue siendo deficiente.
Las detenciones y los procesos judiciales aumentaron considerablemente en 2025, pero aun así solo hubo 711 casos judiciales relacionados con la mutilación genital femenina en todo el año.
En Gambia, la multa impuesta a las primeras personas condenadas por practicar la mutilación fue pagada por un imán prominente, un acto que contribuyó a impulsar la campaña para derogar la prohibición.
La retirada de financiación al movimiento
Las tácticas que impulsaron tres décadas de avances se están viendo ahora privadas de financiación, y los recortes presupuestarios afectan con mayor dureza a los grupos de base y liderados por supervivientes, que son los más eficaces pero que siempre se enfrentan a las mayores dificultades para obtener apoyo.
La financiación del Programa Conjunto se redujo de 29,6 millones de dólares en 2024 a 16,3 millones en 2025.
El desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) supuso la eliminación de la mayor fuente individual de financiación de la sociedad civil a nivel mundial, y la ayuda exterior total de Estados Unidos se redujo a la mitad en un año.
El Reino Unido, que en su día fue el mayor financiador de la prevención de la mutilación genital femenina, está reduciendo gradualmente su programa insignia sin ofrecer ningún sustituto, para poder destinar más fondos a armamento.
Desde el punto de vista económico, esto no tiene sentido, ya que cada dólar invertido en prevención genera un rendimiento diez veces mayor.
El Programa Conjunto estima que el tratamiento de las consecuencias para la salud de la mutilación genital femenina cuesta actualmente 1400 millones de dólares al año.
Sin embargo, la política está desempeñando un papel importante.
En los países del Norte global, los cambios políticos están impulsando la retirada de la ayuda, y los partidos de extrema derecha invocan la mutilación genital femenina para estigmatizar a las comunidades migrantes, al tiempo que se oponen a las políticas de justicia de género que marcarían la diferencia.
En los países donde se practica, la prohibición se presenta cada vez más como una imposición extranjera sobre la cultura y la fe. Lo que une a estos argumentos es un mismo juego de manos que trata la MGF como una cuestión de identidad cultural en lugar de como una violación de los derechos humanos fundamentales.
La eliminación para 2030, el objetivo que los Estados fijaron cuando acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, ya está fuera de alcance. Pero las pruebas sobre lo que funciona no se discuten, y apuntan hacia las comunidades y los movimientos de base.
La cuestión es si los gobiernos que afirman valorar los derechos humanos seguirán apoyando a quienes logran avances, o dejarán que una generación de niñas pague el precio de este retroceso.
Inés M. Pousadela es directora de Investigación y Análisis de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil. También es profesora de Política Comparada en la Universidad ORT de Uruguay.
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