8/15/2026

Alexandria Ocasio-Cortez no descarta buscar la Presidencia de EU en 2028

 

La congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez no descarta postularse por el Partido Demócrata a la Presidencia de Estados Unidos en 2028 o buscar un escaño en el Senado. Además, planteó la importancia de sostener conversaciones con las mujeres de su país sobre sus derechos reproductivos y sobre lo que enfrentan cuando deciden competir por un cargo político o incluso por un empleo.

En una entrevista con la cadena de televisión ABC, transmitida el fin de semana, la congresista del ala izquierda del Partido Demócrata afirmó que sí contempla buscar la Presidencia de Estados Unidos, en caso de obtener la nominación de su partido.

De concretarse, Ocasio-Cortez sería la tercera mujer demócrata en competir por la Presidencia de Estados Unidos. Antes de ella, Hillary Clinton buscó convertirse en la primera mujer presidenta del país en las elecciones de 2016, pero perdió frente al republicano Donald Trump.

Posteriormente, la entonces vicepresidenta Kamala Harris se convirtió en la segunda mujer demócrata en competir por la Presidencia, en las elecciones de 2024, en las que también fue derrotada por Trump.

Ocasio-Cortez habla sobre los derechos reproductivos de las mujeres

Sin embargo, no sólo la posibilidad de que Ocasio-Cortez busque la Presidencia de Estados Unidos en 2028 o un escaño en el Senado generó atención sobre todo en medios de comunicación.

También causó revuelo su decisión de congelar sus óvulos mientras define cuál será su siguiente movimiento político, una decisión que ha sido criticada por sectores del movimiento republicano MAGA.

A través de su cuenta de Instagram, Ocasio-Cortez expuso su derecho a decidir y habló sobre su deseo de mantener el control sobre su vida personal y reproductiva mientras toma decisiones sobre su futuro político.

La televisora pública PBS retomó la entrevista que Ocasio-Cortez concedió al programa This Week, de ABC, y destacó que la joven política demócrata busca normalizar las conversaciones sobre lo que las mujeres enfrentan tanto en su vida profesional como personal, especialmente frente a políticas de la administración de Donald Trump que considera desfavorables para las mujeres.

“En este ambiente político, donde la administración está negando el cuidado reproductivo a las mujeres en todo el territorio, desde el derecho a abortar hasta el de tener un embarazo saludable, pienso que es importante para nosotras, como líderes, tener esta conversación”, argumentó la política demócrata.

Derecho a decidir en la administración de Trump

La administración de Donald Trump se ha opuesto a los derechos relacionados con el aborto. En 2022, la Suprema Corte de Estados Unidos, con una mayoría de jueces conservadores, revirtió el precedente establecido por Roe v. Wade, que durante décadas había protegido constitucionalmente el derecho al aborto.

Además, en 2025 Trump firmó una orden ejecutiva relacionada con la reducción de costos de la fertilización in vitro.

Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, ha impulsado desde 2022 una propuesta legislativa de su partido para codificar en una ley federal el derecho al aborto, en respuesta a la decisión de la Suprema Corte que anuló las protecciones establecidas por Roe v. Wade.

Mujeres en política: el escrutinio sobre la maternidad

Como parte de su conversación, la congresista destacó que las mujeres en la política —como ocurre también en otros ámbitos profesionales— enfrentan diferentes estándares de escrutinio cuando se habla de su estado civil, su edad o sus decisiones familiares.

Ocasio-Cortez cuestionó que a los hombres que ocupan una oficina pública, se postulan a un cargo político o incluso buscan un empleo no se les hagan las mismas preguntas sobre su vida familiar.

“¿Este hombre está en las elecciones para un cargo? ¿Qué edad tiene? Oh, bueno, ¿quiere empezar a formar una familia?”, planteó la congresista al ejemplificar las preguntas que suelen hacerse sobre las mujeres.

La demócrata también agradeció a quienes participaron en una encuesta de la Universidad de Nuevo Hampshire sobre las primarias presidenciales demócratas, en la que apareció en primer lugar con 22 por ciento de las preferencias.

En ese ejercicio, Ocasio-Cortez fue seguida por el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg, con 21 por ciento, y el gobernador de California, Gavin Newsom, con 15 por ciento.

Por ahora, Alexandria Ocasio-Cortez no ha confirmado una candidatura presidencial para 2028, pero sus declaraciones colocan su posible futuro político y los derechos reproductivos de las mujeres en el centro de la conversación rumbo a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Mujeres migrantes y jornadas de 24 horas: ONU alerta sobre explotación laboral en Nueva York

 Escrito por Georgina Monroy Vázquez 

Las jornadas laborales de 24 horas que realizan trabajadoras dedicadas al cuidado de personas mayores y con discapacidad en Nueva York, Estados Unidos podrían constituir una forma de explotación laboral y presentar indicadores de trabajo forzoso, advirtieron expertos independientes de Naciones Unidas.

El señalamiento ocurre mientras continúa el debate legislativo en la ciudad de Nueva York para prohibir este tipo de turnos y después de que trabajadoras del hogar, en su mayoría mujeres migrantes, realizaran una huelga de hambre para exigir mejores condiciones laborales.

De acuerdo con la información recibida por los expertos de la ONU, el gobierno participa en el financiamiento y administración de un sistema que permite que trabajadoras de cuidados sean asignadas a jornadas de 24 horas en domicilios particulares.

La situación afecta principalmente a mujeres migrantes, un grupo que enfrenta mayores riesgos de precarización y abuso laboral.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró en abril de 2026 una comunicación sobre las denuncias relacionadas con este sistema, señalando su impacto desproporcionado sobre mujeres, especialmente mujeres migrantes.

Jornadas de 24 horas y posibles indicadores de trabajo forzoso

Los expertos expresaron su preocupación por las condiciones en las que las trabajadoras deben prestar sus servicios, debido a que las jornadas prolongadas pueden implicar falta de descanso, agotamiento físico y mental y una afectación grave de sus derechos laborales.

Según la información analizada por Naciones Unidas, algunas trabajadoras permanecen durante 24 horas en los domicilios de las personas a quienes cuidan y deben atender necesidades como preparar alimentos, ayudar con la alimentación, apoyar en traslados y asistir a personas con movilidad limitada.

En determinados casos, las trabajadoras deben permanecer despiertas para vigilar de manera continua a las personas bajo su cuidado.

Los expertos señalaron que estas condiciones pueden coincidir con varios indicadores de trabajo forzoso identificados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La comunicación de Naciones Unidas también recoge denuncias sobre las consecuencias que estas jornadas tienen para la salud de las trabajadoras, entre ellas agotamiento físico, privación del sueño y afectaciones musculoesqueléticas y de salud mental.

El problema no se limita a la duración de los turnos. Para los expertos, también existe una dimensión de género y migración: la concentración de mujeres migrantes en el trabajo de cuidados refleja la persistente infravaloración de estas labores y las desigualdades que enfrentan en el mercado laboral.

El trabajo de cuidados, sostenido por mujeres migrantes

La situación en Nueva York evidencia una problemática que atraviesa a los trabajos de cuidados: labores indispensables para la vida cotidiana que históricamente han sido realizadas de manera desproporcionada por mujeres y que suelen estar precarizadas.

La ONU advirtió que esta combinación de desigualdad de género, condición migratoria y precariedad laboral puede aumentar el riesgo de explotación.

Los expertos subrayaron que las trabajadoras del hogar y de cuidados deben contar con condiciones laborales justas, seguras y favorables, además de descanso adecuado, remuneración justa, protección de sus derechos y mecanismos efectivos para denunciar abusos.

Trabajadoras realizaron una huelga de hambre

Las advertencias de Naciones Unidas se producen después de que trabajadoras de cuidados en Nueva York intensificaran sus protestas contra las jornadas de 24 horas.

En abril, 15 trabajadoras, principalmente mujeres migrantes y de mayor edad, realizaron una huelga de hambre frente al Ayuntamiento de Nueva York para exigir que el Concejo Municipal llevara a votación una iniciativa para terminar con las jornadas de 24 horas. La protesta concluyó después de que la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, se comprometiera a impulsar el proyecto.

Sin embargo, el debate legislativo continuó sin que la iniciativa llegara a una votación definitiva. En julio, trabajadoras y organizaciones volvieron a protestar para exigir que el Concejo Municipal actuara.

El proyecto, conocido como No More 24 Act, busca terminar con las jornadas de 24 horas y sustituirlas por turnos más cortos. Una de las versiones de la iniciativa plantea dividir las jornadas en dos turnos de 12 horas.

La discusión también ha generado un debate sobre cómo garantizar simultáneamente los derechos laborales de quienes realizan los cuidados y la atención continua que necesitan las personas mayores y con discapacidad.

La ONU pide eliminar o reformar el sistema

Ante esta situación, los expertos independientes solicitaron información al gobierno estadounidense sobre las medidas adoptadas para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras, garantizar mecanismos efectivos de reparación y reformar o eliminar el sistema de jornadas de 24 horas.

Sin embargo, denunciaron que hasta ahora no han recibido respuesta.

Los relatores pidieron que, mientras continúan las discusiones legislativas en Nueva York, las autoridades tengan en cuenta las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y garanticen la dignidad, seguridad y bienestar de las trabajadoras de cuidados y sus familias.

El caso vuelve a colocar en el centro del debate una pregunta que atraviesa los sistemas de cuidados: ¿quién cuida a quienes cuidan?

Violencia vicaria en México: 9 de cada 10 mujeres denuncian violencia institucional

 

La violencia vicaria no termina cuando una relación de pareja concluye. De acuerdo con la Encuesta Nacional a Víctimas de Violencia Vicaria 2026, esta forma de violencia puede prolongarse durante años mediante la instrumentalización de hijas e hijos, procesos judiciales, amenazas, afectaciones económicas y violencia institucional.

El estudio, elaborado por el Frente Nacional contra Violencia Vicaria (FNCVV A.C.), recoge las experiencias de 3,141 mujeres que actualmente enfrentan violencia vicaria. El levantamiento fue voluntario y se realizó mediante una plataforma digital entre el 20 de mayo y el 15 de junio de 2025.

Entre los principales hallazgos destaca que 90.76% de las participantes reportó haber sufrido violencia institucional, mientras que 97% señaló que sus hijas e hijos fueron utilizados como mecanismo para causarles daño.

Hijas e hijos son utilizados como mecanismo de violencia

La encuesta señala que 97% de las mujeres participantes reportó que sus hijas e hijos fueron utilizados como instrumento para causarles daño.

La amenaza de perderles también aparece como una constante: 86.75% de las mujeres fue amenazada con que les quitarían a sus hijas e hijos, mientras que 64.66% experimentó efectivamente esa separación.

La afectación no concluye necesariamente cuando existe una resolución judicial. El estudio señala que 60.1% de las mujeres indicó que el régimen de visitas y convivencias no se cumple o casi nunca se cumple, lo que prolonga la separación y los efectos de la violencia vicaria.

Entre niñas, niños y adolescentes, la violencia también tiene consecuencias emocionales. La encuesta reporta que 37.96% de las mujeres señaló que sus hijas e hijos presentan afectaciones físicas, psicológicas o del desarrollo que requieren atención especializada.

La ansiedad, la depresión y el estrés postraumático aparecen entre las principales afectaciones emocionales reportadas en niñas, niños y adolescentes.

La violencia vicaria se prolonga durante años

Los resultados muestran que la violencia vicaria puede convertirse en un proceso prolongado de litigios y desgaste.

88.36% de las mujeres lleva más de un año litigando, mientras que 39.36% permanece en procesos legales desde hace más de cinco años.

Además, 87.95% enfrenta dos o más procesos legales y más de la mitad de las participantes enfrenta cuatro o más procedimientos simultáneamente. El estudio señala también que 49.3% de los juicios familiares fue iniciado por el agresor.

En el perfil jurídico, la encuesta reporta que 95% de las mujeres enfrenta al menos un proceso familiar, mientras que siete de cada diez enfrentan también procesos penales relacionados con el contexto de violencia.

La carga judicial también se refleja en la representación legal: más de una tercera parte de las participantes ha tenido cuatro o más abogados o despachos, mientras que casi tres de cada cuatro mujeres enfrentan dos o más procesos judiciales.

Nueve de cada 10 mujeres reportan violencia institucional

Uno de los datos centrales de la encuesta es la presencia de violencia institucional durante los procesos que enfrentan las mujeres.

El 90.76% de las participantes afirmó haber sufrido violencia institucional. Además, 38.18% reportó al menos una negativa institucional relacionada con sus hijas e hijos.

La falta de medidas de protección también aparece como un obstáculo. 60.95% de las víctimas no ha recibido medidas de protección, mientras que 21.5% señaló haberlas tramitado sin éxito.

A esto se suma que solo 18.78% de las mujeres manifestó haber podido denunciar específicamente la violencia vicaria, lo que, de acuerdo con el estudio, evidencia barreras para su reconocimiento jurídico y para acceder a mecanismos especializados de protección.

Litigar también empobrece a las mujeres

La violencia vicaria tiene además un fuerte impacto económico.

La encuesta señala que 77% de las víctimas no cuenta con recursos económicos suficientes para afrontar procesos legales, mientras que 37.75% no genera ingresos propios. Además, 63.8% vive con menos de 8 mil pesos mensuales o sin ingreso alguno.

El costo de los litigios también afecta directamente su actividad laboral. 92.1% reportó que su actividad económica se vio afectada, 88.9% tuvo que reducir sus horas de trabajo y 79.6% perdió empleo, clientes o ingresos. Para 70%, su situación laboral empeoró mucho a causa de los procesos legales.

El endeudamiento es otro de los efectos: 91.2% de las participantes se endeudó para sostener los procesos, mientras que 80.3% ha estado en riesgo de perder patrimonio o endeudarse. Además, 69% reportó problemas para acceder a créditos o servicios financieros.

El gasto acumulado en procesos jurídicos también alcanza cantidades importantes. El estudio señala que más de la mitad de las mujeres ha destinado más de 50 mil pesos a procesos legales, una de cada tres ha invertido más de 100 mil pesos y casi 13% supera los 300 mil pesos.

La violencia vicaria también afecta la salud

Los efectos alcanzan la salud física y emocional de las mujeres y sus hijas e hijos.

La encuesta reporta que 29.7% de las mujeres presenta alguna enfermedad física o psicológica, enfermedad crónica o trauma que requiere atención urgente. En el caso de sus hijas e hijos, el porcentaje asciende a 38.1%.

Entre las principales afectaciones identificadas en el estudio se encuentran problemas de salud mental y emocional, condiciones físicas o enfermedades crónicas, alteraciones del neurodesarrollo y discapacidad intelectual, así como violencia o abuso sexual.

La salud mental aparece como la principal afectación: 30.37% del total de mujeres reportó ansiedad, depresión, estrés postraumático, trauma, atención psicológica u otras afectaciones emocionales.

Una violencia sostenida por redes familiares y sociales

El estudio también identifica que los agresores no necesariamente actúan de manera aislada.

Las mujeres participantes señalaron como principales redes de apoyo de los agresores a sus madres, con 83.48%; hermanos y hermanas, con 76.74%; y otros familiares, con 58.48%.

Además, aproximadamente la mitad de las participantes identificó apoyo del padre del agresor (52.61%), una nueva pareja (52.39%), amistades (49.57%) e incluso autoridades (49.13%).

¿Qué propone la encuesta frente a la violencia vicaria?

Ante los resultados, el Frente Nacional contra Violencia Vicaria plantea seis líneas de acción:

  • Reconocimiento y detección temprana.
  • Protección inmediata del vínculo materno-filial.
  • Justicia especializada y expedita.
  • Atención integral para niñas, niños y adolescentes.
  • Erradicación de la violencia institucional.
  • Protección económica para las víctimas.

La encuesta concluye que la violencia vicaria no debe entenderse como un conflicto de pareja o una disputa aislada por la custodia, sino como un sistema de control que puede prolongarse después de la separación mediante amenazas, separación materno-filial, procesos judiciales, incumplimiento de resoluciones, violencia institucional y desigualdad económica.

Para el Frente Nacional contra Violencia Vicaria, los resultados muestran que no se trata de casos aislados, sino de una realidad que afecta a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Resistencia femenina a la brutalidad machista

 Entre incredulidad e indignación social

Fuentes: Rebelión

Una sórdida historia de repetidas violaciones sexuales sacude la opinión pública suiza, reactualiza el “caso Pélicot” y devela un escándalo con repercusiones sociales y políticas.

En el pequeño municipio de Untersiggenthal, en el norte de Suiza, sus ocho mil habitantes todavía no acaban de entender la tragedia vivida entre las paredes de una de sus viviendas más conocidas. Tampoco esconden su asombro ante la movilización comunitaria que lograron convocar en la que participaron unos cuatrocientos vecinos el 27 de julio, en su mayoría mujeres de todas las edades, para gritar su solidaridad con las víctimas de gravísimos abusos sexuales. Salir a la calle con pancartas y banderolas no es algo común en esa tranquila comunidad de menos de 8.000 habitantes en un cantón conocido por su visión tradicional y la hegemonía política conservadora.

Pocos días antes de esa movilización y como si se hubieran puesto de acuerdo, uno de los periódicos suizos más prestigiosos y la fiscalía cantonal rescataron del secreto procesal e informaron sobre una investigación que había comenzado casi tres años antes. Una doble página del Tages-Anzeiger conmovió a la población de Untersiggenthal con las entrevistas con dos mujeres que habían padecido sistemáticos abusos sexuales a manos de un vecino muy respetado y miembro del Parlamento Cantonal desde hacía varios años. Por su parte, la Fiscalía del cantón de Argovia solicitó formalmente que se lo condenara a cadena perpetua. Detenido preventivamente desde setiembre de 2023, el acusado también sería responsable de otros delitos, incluyendo intentos de asesinato, violaciones agravadas y repetidos actos sexuales con menores.

En pocas horas, Untersiggenthal dejó de ser el tranquilo pueblo que había sido hasta ese momento al acaparar la atención mediática nacional. La sociedad suiza trata de comprender lo que por el momento parece incomprensible porque supera el marco de un “hecho jurídico diverso” para convertirse en una suerte de intersección de profundos problemas sociales. Sórdidos sucesos que desnudan la amarga realidad de una enfermiza y acallada brutalidad doméstica, machismo desenfrenado y profundos sentimientos xenofóbicos, así como el cinismo y la doble moral del acusado, Patrick Frei, que al momento de los hechos era diputado cantonal del ultraderechista Partido Popular Suizo (PPS).

Acusado

Sin revelar la identidad de las víctimas, el Tages-Anzeiger publicó el escalofriante testimonio de la pareja de Frei y el de la hija de la acusadora, aun adolescente. Una tercera víctima, identificada como la exesposa de Frei, fue violada por él unas ciento cuarenta veces durante su matrimonio de trece años hasta 2021.

La criminalidad de Frei saltó a la luz una noche de septiembre de 2023 cuando su nueva pareja lo sorprendió in fraganti violando a su hija, entonces de tan solo quince años, en su dormitorio adyacente en la misma casa. De inmediato la mujer llamó a la policía. Al ser descubierto, Frei intentó inutilizar el disco duro de su computadora con incontables grabaciones de sus reiteradas violaciones, pero sin lograrlo.

Según el expediente judicial, el acusado drogaba a sus víctimas con altas dosis de éxtasis líquido (ácido gammahidroxibutírico, o GHB) para incapacitarlas. Las mismas estuvieron en algunas situaciones muy cerca de la muerte por asfixia, de allí que la fiscalía también lo acusa por intentos múltiples de asesinato. Las filmaciones del caso Frei también alimentaron varios darknets, redes oscuras codificadas de internet que esconden todo tipo de agresiones sexuales y pedofilia, entre otros crímenes. Hasta la fecha, Frei ha negado los cargos.

Un drama que reavivó otro muy reciente

Una de las consignas de la movilización local el 27 de julio “Que la vergüenza cambie de lado”, es decir que no paralice a las víctimas, sino que desenmascare a los violadores acusados, trajo a la memoria el sonado caso “Pélicot” en Mazan, una comuna tan pequeña como Untersiggenthal, pero no en Suiza, sino en el sureste de la Francia vecina. Durante nueve años, entre 2011 y 2020, Dominique Pélicot, un respetado vecino local, padre y abuelo ejemplar, drogó sistemáticamente a su esposa Gisèle con fuertes dosis de medicamentos para que adicionalmente otros hombres la violaran sexualmente, mientras permanecía inconsciente y él filmaba esas brutalidades. Unos cincuenta hombres, en su mayoría de la región, participaron en más de noventa de esas violaciones macabras.

Gisèle Pélicot quiso que el juicio contra su exesposo, hoy de casi sesenta años, fuera público, enarbolando así el derecho a la palabra antes que callar por cualquier vergüenza autoimpuesta. La vergüenza no era suya, alegó Pélicot, sino de los violadores, y quiso que esos hombres la vivieran en carne propia cuando sus crímenes salieran a la luz.

Numerosas organizaciones de derechos humanos, feministas y de las diversidades expresaron su solidaridad y el proceso muy pronto atrajo la atención del país y de la prensa europea. Dominique Pélicot fue condenado a veinte años de prisión y otros cuarenta y nueve imputados recibieron diferentes sentencias. En febrero, Gisèle Pélicot publicó Y la alegría de vivir, un relato autobiográfico muy emotivo, algo así como una catarsis literaria de gran valor pedagógico para estimular a otras eventuales víctimas de situaciones semejantes a tomar la palabra y denunciarlas.

Brutalidades “domésticas”

De más en más salen a la luz pública escándalos en diversos países europeos de violaciones perpetradas a partir de someter químicamente a las víctimas en el espacio familiar, en la vida cotidiana.

Como lo recordaba un artículo publicado el lunes 3 de agosto en el cotidiano suizo Le Courrier, a principios de este año Inglaterra fue sacudida por un caso muy similar al de Mazan. Philippe Young, un concejal de la ciudad de inglesa de Swindon, fue acusado de haber drogado y abusado de su esposa, Joanne Young, entre 2010 y 2024. Cinco hombres más, a quienes invitó para violar a su esposa inconsciente, comparecieron a su lado.

A mediados de julio, un ciudadano de Berlín, Alemania, de 68 años fue acusado de haber drogado, violado y filmado a decenas de mujeres, videos luego encontrados en aplicaciones y redes sociales. El hombre estaría implicado en 22 violaciones y habría causado lesiones corporales graves, declaró la Fiscalía de Berlín en un comunicado.

Como señala el artículo, una investigación reciente de la TV estadounidense CNN sobre lo que ha llamado «la academia de la violación» rebeló las prácticas de hombres casados, a los que se podría considerar “hombres comunes de Estados Unidos, Inglaterra, Polonia y África Occidental, entre otros” quienes en grupos de la mensajería cifrada Telegram, “intercambiaban [con miles de usuarios] consejos para drogar a sus esposas o compañeras sentimentales con el fin de abusar de ellas.
Algunos filmaban sus hazañas para compartirlas, en particular en el sitio motherless.com, alojado en los Países Bajos, cerrado temporalmente después de las revelaciones de la cadena estadounidense.

Por su parte en Francia, en febrero de 2026, diez hombres fueron imputados en la ciudad de Lille en el marco de un caso de criminalidad infantil. Entre otros hechos participado un año antes en una orgía que incluyó la violación de un niño de 5 años, hijo de uno de ellos. El niño había recibido la droga sintética. Los criminales fueron acusados por violación y agresiones sexuales bajo sumisión química con actos de tortura o barbarie. Uno de los organizadores de la fiesta se suicidó en junio de 2025.

Suiza, de la incredulidad a la indignación

Las recientes revelaciones del caso Frei en Untersiggenthal anticipan un proceso jurídico muy mediatizado y lo que ya ha comenzado a convertirse en  epicentro de un acalorado debate en la sociedad suiza. De hecho, ya se está debatiendo si los medios de prensa debían o no difundir la identidad del acusado. Algunos lo han hecho, argumentando que se trata de una personalidad política y que, en consecuencia, este caso es de interés público. Otros prefirieron hablar de “Patrick F.”, o simplemente de “el hombre de Argovia”, por consideración hacia sus hijos.

Por su parte, la activa movilización de mujeres ha contribuido y seguirá contribuyendo al debate. Convocada por un grupo de mujeres del Partido Socialista (PS), el principal de la izquierda parlamentaria suiza, esta movilización creció gracias a la adhesión espontánea de otras mujeres probablemente de diferentes identidades políticas. Pero todas ellas con un sentimiento y un propósito común: solidarizarse con la expareja de Frei y su hija cuando advirtieron que las autoridades locales no las habían sostenido financieramente como era debido y además las habían amenazado con “deportarlas”. De nacionalidad polaca, Iwona L. conoció a Frei durante una vacación en España. Después de un tiempo, ella y su hija Paula L. vinieron a vivir con él a Suiza. A efectos de las formalidades administrativas, Iwona L. firmó un contrato de servicio como encargada de las tareas domésticas, aunque en la realidad era su compañera sentimental.

Hasta el momento en que el Tages-Anzeiger reveló el drama de ambas mujeres, las autoridades municipales no las sostuvieron económica, moral, ni psicológicamente como era de esperarse. Por otra parte, las amenazaron injustamente con expulsarlas del país alegando que Iwona L. había firmado un contrato laboral ficticio. Sin embargo, por el solo hecho de ser polacas y, en consecuencia, ciudadanas de un país miembro de la Unión Europea, cuentan con derechos migratorios para permanecer en Suiza. Este trato casi agresivo de parte de algunos funcionarios permitió entrever la influencia política de Frei aun desde su situación de detención. Miembro del Parlamento Cantonal desde agosto de 2021, Frei además integraba su poderosa Comisión de Justicia y había ocupado previamente un cargo político en su propio municipio.

El cinismo y la hipocresía de Frei, así como de otros personajes de la política local, quedo aún más en evidencia cuando el Tages-Anzeiger reveló que el acusado había militado activamente contra los extranjeros “delincuentes” y los “pedófilos” durante importantes debates y votaciones que se realizaron a nivel nacional los últimos años.

El impacto de esta movilización solidaria en Untersiggenthal ha sido notable. No solo creó conciencia con respecto a la brutalidad de los crímenes del caso. Además, puso en evidencia la insensibilidad oficial inicial para con esas víctimas de violencia doméstica y la manera como las estigmatizaron. Y logró que en las últimas horas el gobierno local normalizara la ayuda de asistencia social para ambas, y con beneficios retroactivos. Iwona L. y su hija Paula participaron en la movilización del 27 de julio y agradecieron esas muestras de solidaridad.

Como sucedió en Francia hace más de un año en el “caso Pélicot”, la sórdida historia suiza de Untersiggenthal también parece encarrilarse hacia un final donde se impone la justicia. A pesar de las disculpas de parte de las autoridades municipales y cantonales, la pregunta casi generalizada es ¿hasta cuándo se seguirá demonizando a las víctimas de estos delitos y mucho más si las mismas son extranjeras? Una vez más la respuesta favorable vino de la calle, de la movilización social y, en especial, de la solidaridad feminista y de las diversidades. Pero para que la misma sea posible, el arranque de cualquier respuesta colectiva fue la propia resistencia de las víctimas, que se rebelaron contra la estigmatización, tomaron la palabra e hicieron cambiar la vergüenza de lado.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Las mujeres marcaron la historia de la ONU; ahora buscan dirigirla

 

En ese contexto se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde entonces, nueve hombres han ocupado la Secretaría General: Trygve Lie (Noruega), 1946-1952; Dag Hammarskjöld (Suecia), 1953-1961; U Thant (Birmania), 1961-1971; Kurt Waldheim (Austria), 1972-1981; Javier Pérez de Cuéllar (Perú), 1982-1991; Butros Butros-Ghali (Egipto), 1992-1996; Kofi Annan (Ghana), 1997-2006; Ban Ki-moon (Corea del Sur), 2007-2016; y António Guterres (Portugal), 2017 a la fecha.

Un año después de su creación, en 1946, se crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) y dos años más tarde, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuya redacción participaron mujeres como Eleanor Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos, delegada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y presidenta del comité de redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Participaron también Hansa Mehta de la India, a quien se le atribuye el mérito de cambiar la frase “Todos los hombres nacen libres e iguales” a “Todos los seres humanos nacen libres e iguales” en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Minerva Bernardino, diplomática de República Dominicana, quien junto a la brasileña Bertha Lutz y la uruguaya Isabel de Vidal, defendieron la no discriminación basada en la diferencia sexual en la Declaración. Así como la francesa Marie-Hélène Lefaucheux, por quienes el artículo 2 señala: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo…”.

Begum Shaista Ikramullah, de Pakistán, quien defendió los valores de libertad, igualdad y libre elección en la Declaración, así como la igualdad de derechos en el matrimonio. La danesa Bodil Begtrup quien defendió que la Declaración debería refiriese a “toda persona”, en lugar de “todos los hombres”.

Evdokia Uralova, de la República Socialista Soviética de Bielorrusia quien defendió con firmeza la igualdad de salario para las mujeres. Lakshmi Menon quien abogó por la mención de “la igualdad de derechos de hombres y mujeres” en el preámbulo.

Y la mexicana, Amalia González Caballero de Castillo Ledón, fundadora y presidenta del Club Internacional de Mujeres y delegada ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer durante la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Su participación no solo favoreció un cambio de redacción de la Declaración para garantizar que las mujeres fuesen nombradas si no la conciencia y reconocimiento de las mujeres como ciudadanas del mundo y sujetas de derechos.

Tras 80 años, el panorama global no es sencillo. Justo ahora el mundo está envuelto en guerras que se llevan a cabo de manera simultánea como Ucrania y Rusia, el genocidio en Palestina, la guerra civil en Sudán y otros conflictos en África, entre otros, con la siempre presente bandera estadounidense en ellos. Así como las tensiones políticas tras el arribo de gobiernos conservadores en América Latina y otros continentes que nos encaminan una reconfiguración geopolítica.

En un contexto en el que Naciones Unidas se encuentra deslegitimada debido a su limitada acción frente a los conflictos y una reorganización derivada de recortes presupuestales, cuatro mujeres latinoamericanas y dos hombres se postulan para ocupar la secretaría general de la ONU. América Latina no tiene una candidatura como región, tiene cinco.

  • Michelle Bachelet: política chilena, presidenta de su país en dos ocasiones como integrante del Partido Socialista.
  • María Fernanda Espinosa: política ecuatoriana destacada en temas de seguridad quien fue presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el período 2018-2019 (cuarta mujer y la primera de América Latina y el Caribe en ocupar este cargo).
  • Rebeca Grynspan: ex vicepresidenta de Costa Rica, , actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
  • Carolyn Rodrigues-Birkett: actual representante permanente de Guyana en la ONU, ex directora de la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Ginebra.

El pasado 3 de agosto, se llevó a cabo el Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas, un encuentro realizado en Montevideo, Uruguay en su calidad de Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en el que participaron cinco candidaturas de América Latina y el Caribe a la Secretaría General de la ONU. Primera vez en la historia que se realiza un debate de este tipo convocado por la región.

Participaron de manera presencial María Fernanda Espinosa, nominada por Antigua y Barbuda; y Rebeca Grynspan, nominada por Costa Rica. A distancia participó Carolyn Rodrigues-Birkett de Guyana.

Debido a complicaciones de salud, Bachelet nominada por Brasil y México; no pudo participar, en su lugar envío una carta en la que expresó que se trata de una oportunidad histórica para que una mujer latinoamericana ocupe la secretaria. En su visión Naciones Unidas debe ser una institución cercana a las personas que actúe con independencia, imparcialidad, criterio y valentía. Frente a presiones e intereses internacionales, debe escuchar, no ser instrumento de nadie, construir acuerdos con base en la Carta magna y actuar con firmeza.

El quinto diplomático argentino Rafael Mariano Grossi, director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, envío un video recordó la presencia del ex secretario general de Naciones Unidas peruano Javier Pérez de Cuéllar en conflictos armados. El sexto candidato es Macky Sall, expresidente de la República de Senegal.

En sus intervenciones, María Fernanda Espinosa dejó clara su visión de prevención de conflictos. Experta en seguridad encabeza una plataforma de reestructura de naciones unidas para actuar frente a los conflictos armados, la fragilidad institucional y crisis financiera recuperando el rol original de la Naciones Unidas para prevenir conflictos, construir la paz y proteger a las personas.

Su propuesta incluye acompañar a los países que sufren los impactos de las guerras no solo en términos de costos y de seguridad alimentaria y reconoció que América Latina es la región más rica en biodiversidad pero la que presenta mayor desigualdad y una de las más violentas.

Propuso la creación de una alerta temprana y acción temprana para priorizar la presencia de Naciones Unidas donde están los conflictos y el sufrimiento humano.

Espinosa defendió el derecho internacional como no opcional, sino como el horizonte y brújula de los Estados, también se comprometió a potenciar la presencia de los países en desarrollo en el sistema universal.

Por su parte, Rebeca Grynspan destacó su visión de paz. Para ella, la creación de Naciones Unidas fue reconocer que la destrucción del mundo debía cesar y debía establecerse un gran acuerdo global basado en reglas y confianza.

Grynspan destacó la visión de paz de América Latina “somos una región sin armas nucleares, de resolución a través de la paz y no con conflictos armados, conocemos la violencia y atenderla debe ser una prioridad”.

Destaco que la reforma en Naciones Unidas implica no solo la no duplicación de funciones, sino en devolver esperanza y confianza en la implementación de soluciones. En un contexto de nuevos actores y nuevos instrumentos para la guerra se requiere recuperar el comercio para evitar crisis alimentaria en el mundo. Naciones Unidas debe tener la capacidad de hablar con todos los actores para la mediación y diplomacia y reconstruir la confianza.

“La transición justa requiere que el sistema internacional resuelva necesidades, un sistema financiero internacional para transiciones energética y digital».

También se comprometió a incluir a las juventudes en la estructura de naciones unidas para sumar su talento.

Carolyn Rodrigues-Birkett reconoció que los países de primera línea de nuestra región se enfrentan a los graves impactos del cambio climático; por ello, su proyecto busca fortalecer el multilateralismo, superar las divisiones y garantizar que las Naciones Unidas goce de la confianza que el mundo desea ver.

Rodrigues señaló que, aunque las candidaturas vienen de esta región, y a pesar de que América Latina y el Caribe han defendido con firmeza un sistema multilateral más representativo, eficaz y basado en normas, ésta es una petición que escuchamos provenir de todas las regiones del mundo: que el desarrollo que llegue a los sectores más vulnerables.

Su propuesta es que el personal y los recursos del sistema de las Naciones Unidas se destinen a atender las necesidades de los Estados miembros y proporcionarles información pertinente para analizar y responder las amenazas contra la paz y la seguridad mundiales.

Aseguró que como Secretaria General trabajará para poner fin a los conflictos y prevenirlos, dialogar tanto con las partes en conflicto como con aquellos que tienen influencia sobre ellas y colaborar con las organizaciones regionales para que se respeten los derechos humanos en todas las operaciones de las Naciones Unidas con base en tres pilares: paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos.

Rodrígues señaló la importancia de buscar se cumplan los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París para proteger a las personas y al planeta mientras alcanzamos nuestras aspiraciones de desarrollo y fomentamos la creatividad y la innovación tecnológica.

En su moderación, la periodista mexicana Carmen Aristegui fue clara: “¿Qué tipo de liderazgo necesita Naciones Unidas para recuperar confianza, construir consensos y ejercer la autoridad moral para defender los principios de la Carta? ¿Qué puede aportar nuestra región a la ONU?”.

En la construcción del sistema de Naciones Unidas, las mujeres marcaron la diferencia y garantizaron la inclusión de las mujeres en la Carta Magna. Por eso, en esta elección es tan importante que quien ocupe la próxima Secretaría no solo deberá promover la paz, el desarrollo y la justicia, y consolidar el multilateralismo; debe mirar a las mujeres en la escena mundial y actuar para consolidar el desarrollo y la protección de ellas.

“Ley Fátima Quintana”: buscan tipificar el feminicidio infantil con penas de hasta 80 años

 

El feminicidio infantil podría convertirse en un delito específico en México y alcanzar penas de hasta 80 años de prisión, de acuerdo con una iniciativa impulsada por el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que plantea reformar el Código Penal Federal, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de Víctimas.

La propuesta, denominada “Ley Fátima Quintana”, busca establecer una pena de entre 60 y 80 años de prisión, además de una multa de mil a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), para quien prive de la vida, por razones de género, a una mujer menor de 18 años.

La iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados y turnada a comisiones para su análisis. El registro legislativo consultado mantiene la propuesta dentro de los asuntos relacionados con la tipificación del feminicidio infantil.

¿Qué propone la “Ley Fátima Quintana”?

La propuesta plantea incorporar al Código Penal Federal el concepto de feminicidio infantil, entendido como el asesinato de una mujer menor de 18 años por razones de género.

Para determinar si existen razones de género, se aplicaría lo establecido actualmente en el artículo 325 del Código Penal Federal.

Además de elevar la sanción, el proyecto contempla que el delito sea imprescriptible, tanto en lo relacionado con la acción penal como con la pena.

Esto significa que el paso del tiempo no impediría que las autoridades investiguen y sancionen el feminicidio infantil.

La propuesta también establece que las personas condenadas por este delito no puedan acceder a beneficios como:

  • Reducción de pena.
  • Libertad anticipada.
  • Preliberación.
  • Sustitución de la pena.
  • Libertad condicionada.
  • Amnistía.

De esta manera, el proyecto pretende cerrar la posibilidad de que una persona sentenciada por feminicidio infantil obtenga beneficios durante la etapa de ejecución de la sentencia.

Reparación integral para las familias de las niñas víctimas

La iniciativa también plantea modificar la Ley General de Víctimas para incluir el feminicidio infantil entre los delitos que ameritan especial protección para las víctimas y sus familiares.

El proyecto establece que, cuando una persona sea declarada responsable de feminicidio infantil, el órgano jurisdiccional deberá condenarla al pago de la reparación integral del daño a favor de la víctima u ofendidos.

La propuesta retoma los estándares interamericanos de reparación integral, que contemplan medidas como la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

En la Ley Nacional de Ejecución Penal, en tanto, se incorporarían referencias al nuevo delito para impedir que quienes sean sentenciados por feminicidio infantil accedan a la libertad condicionada, libertad anticipada, sustitución de la pena o preliberación.

El caso de Fátima Quintana que da nombre a la iniciativa

La propuesta toma como referencia el caso de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, una niña de 12 años asesinada en 2015 en el municipio de Lerma, Estado de México.

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, Fátima fue secuestrada, agredida sexualmente y asesinada por tres vecinos. Su caso se convirtió en un referente de la lucha de las familias de niñas víctimas de violencia feminicida y de las deficiencias que pueden enfrentar durante los procesos de justicia.

Una década después del feminicidio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo directo en revisión 5363/2023, en el que reconoció a los padres de Fátima como víctimas indirectas y estableció su derecho a una reparación integral.

La Corte también determinó que no podía aplicarse un tope máximo para limitar la indemnización por reparación del daño y ordenó considerar tanto las afectaciones materiales como las inmateriales sufridas por la familia.

La resolución de la SCJN se convirtió en un precedente para el reconocimiento de los familiares de niñas y adolescentes víctimas de feminicidio como víctimas indirectas dentro del proceso penal.

Feminicidio infantil: niñas y adolescentes siguen siendo víctimas

La violencia feminicida contra niñas y adolescentes no es un fenómeno aislado.

De acuerdo con cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) recopiladas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), entre 2015 y junio de 2025 se registraron 850 feminicidios de mujeres de entre 0 y 17 años.

Durante ese periodo, 140 casos ocurrieron en el Estado de México, 67 en Veracruz y 62 en Jalisco. En conjunto, estas tres entidades concentraron alrededor de tres de cada 10 feminicidios de niñas y adolescentes registrados en el país.

Para el cierre de 2025, REDIM reportó 63 feminicidios de niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años, frente a 79 registrados durante 2024. Es decir, aunque hubo una disminución respecto al año anterior, una niña o adolescente fue víctima de feminicidio aproximadamente cada cinco días y medio durante 2025.

El SESNSP señala que sus cifras de incidencia delictiva provienen de las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías y procuradurías de las 32 entidades federativas, por lo que se trata de registros de casos investigados bajo esta clasificación.

Casos de feminicidio de niñas que conmocionaron a México

El caso de Fátima Quintana no es el único que ha evidenciado la violencia extrema contra niñas en México.

En marzo de 2024, Camila Gómez Ortega, de ocho años, fue secuestrada y asesinada en Taxco, Guerrero. La Fiscalía General del Estado investigó el caso como feminicidio. La niña había salido de su domicilio para jugar y posteriormente fue localizada sin vida.

El caso generó indignación nacional y derivó incluso en el linchamiento de una mujer señalada como presunta participante en el crimen. Posteriormente, el gobierno de Guerrero anunció la intención de impulsar una iniciativa denominada “Ley Camila”, con el objetivo de incrementar las penas cuando delitos como secuestro, feminicidio y violación fueran cometidos contra niñas y niños.

Ese mismo mes, Arlette, de siete años, fue asesinada en Tarímbaro, Michoacán. La Fiscalía estatal informó que la menor había sido reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida; un hombre fue detenido y vinculado a proceso por feminicidio.

Más recientemente, en febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó sobre la investigación por el feminicidio de una niña de ocho años. La dependencia señaló que la escena había sido manipulada para aparentar un suicidio y que los dictámenes determinaron que la muerte fue provocada por asfixia; también reportó indicios de violencia sexual. Dos personas fueron imputadas y quedaron en prisión preventiva.

Estos casos muestran que la violencia feminicida contra niñas puede estar acompañada de desaparición, violencia sexual y otras formas de agresión, además de revelar las dificultades que enfrentan las familias para acceder a justicia y reparación.

¿Menos sexo, menos bebés? La Generación Z y el cambio en la natalidad

 

Con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora este 12 de agosto, nos preguntamos: ¿la Generación Z tiene menos sexo? Las y los jóvenes están transformando la manera de relacionarse, tener encuentros sexuales y formar una familia. En el caso de las mujeres, la maternidad también se está desplazando hacia edades mayores, un fenómeno que coincide con la caída de las tasas de fecundidad en distintos países y que ha comenzado a generar nuevas investigaciones sobre qué está detrás de este cambio.

Una de ellas incluso apunta a un protagonista inesperado: el smartphone.

Un estudio publicado en junio de 2026 por investigadores vinculados con el National Bureau of Economic Research (NBER), titulado Is the iPhone Birth Control? Causal Evidence from AT&T’s 2007–2011 Carrier Monopoly, analizó la expansión del iPhone en Estados Unidos y su posible relación con la caída de los nacimientos.

Los economistas Caitlin K. Myers y Ezekiel Hooper estiman que la difusión del iPhone podría explicar entre 33 y 52% de la disminución de la tasa general de fecundidad estadounidense entre 2007 y 2025.

El trabajo encontró que el acceso al iPhone estuvo asociado con una reducción de los nacimientos de entre 4.5 y 8% entre mujeres de 15 a 19 años y de entre 3.2 y 6.6% entre las de 20 a 24 años.

Los autores plantean que una de las posibles vías está relacionada con los cambios en la vida social: menos interacciones presenciales, mayor consumo de pornografía y menor frecuencia de las relaciones sexuales.

El propio NBER advierte que se trata de un working paper, por lo que sus resultados aún no deben interpretarse como conclusiones definitivas científicas.

¿La Generación Z está teniendo menos sexo?

La disminución de la actividad sexual entre las personas jóvenes no es una hipótesis nueva.

Una investigación publicada en el Journal of Marriage and Family por Lei Lei, de Rutgers University, y Scott J. South, de la University at Albany, estudió a 3 mil 213 jóvenes estadounidenses de entre 18 y 23 años utilizando información recopilada entre 2007 y 2017.

El estudio encontró que la disminución de las relaciones sexuales entre jóvenes podía explicarse en buena medida por una menor formación de relaciones románticas, una reducción en el consumo de alcohol, menores ingresos y un mayor uso de videojuegos.

En conjunto, estos factores explicaban aproximadamente tres cuartas partes de la caída observada en la actividad sexual juvenil.

Otra investigación, publicada en 2021, examinó específicamente a hombres estadounidenses y encontró que quienes nacieron después de 2000 —parte de la Generación Z— presentaban mayores niveles de inactividad sexual que generaciones anteriores a la misma edad. Sin embargo, los autores no encontraron evidencia de una caída generalizada de la actividad sexual entre todos los hombres durante el periodo estudiado.

Esto es importante: no puede afirmarse que la Generación Z “ya no tiene sexo”. Lo que muestran los estudios es una tendencia hacia una menor actividad sexual entre determinados grupos de jóvenes y una transformación en la manera de establecer relaciones.

Mujeres de la Generación Z: maternidad cada vez más tarde

El cambio también aparece cuando se observa la maternidad.

En junio de 2026, la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido (ONS) publicó nuevas proyecciones sobre la fecundidad de distintas generaciones de mujeres.

Según las estimaciones, las mujeres nacidas en 2008 podrían tener su primer hijo alrededor de los 35 años, mientras que para las mujeres nacidas en 1992 —la generación millennial— la edad proyectada para el primer nacimiento es de alrededor de 32 años.

La diferencia es todavía mayor respecto de generaciones anteriores.

Además, la ONS proyecta que las mujeres nacidas en 2008 tendrán, en promedio, alrededor de 1.48 hijos a lo largo de su vida, frente a 1.95 entre las mujeres nacidas en 1979.

El dato fue retomado por The Telegraph bajo el titular “Gen Z women won’t have their first child until 35”, que relacionó las proyecciones con una generación que también sale menos en citas y tiene menos relaciones sexuales que generaciones anteriores.

Pero retrasar la maternidad no significa necesariamente renunciar a ella.

Las proyecciones muestran, más bien, que las mujeres están entrando a la maternidad en etapas cada vez más tardías de su vida. Este cambio puede reducir el número de años disponibles para tener más de un hijo, aunque cada trayectoria reproductiva es diferente.

¿Las mujeres de la Generación Z no quieren ser madres?

Aquí aparece una diferencia fundamental entre tener menos hijos, retrasar la maternidad y no querer tener hijos.

Datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que las expectativas reproductivas de las mujeres jóvenes estadounidenses son diversas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Crecimiento Familiar 2022-2023, cerca de 60% de las mujeres de 20 a 29 años que no habían tenido hijos o tenían uno esperaba tener un hijo en el futuro. Al mismo tiempo, aproximadamente dos de cada cinco mujeres de ese grupo que no habían tenido hijos no esperaban tenerlos.

Es decir, no existe una sola Generación Z ni una sola decisión frente a la maternidad.

Algunas mujeres desean tener hijos, pero esperan hacerlo más adelante. Otras no tienen claro si quieren ser madres y otras han decidido no serlo.

La diferencia respecto de generaciones anteriores puede estar también en que hoy las mujeres cuentan con mayores posibilidades de decidir sobre su vida sexual y reproductiva.

México tampoco escapa a la caída de los nacimientos

El fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos o Reino Unido.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró 1 millón 672 mil 227 nacimientos en 2024.

Además, la proporción de nacimientos registrados de madres menores de 20 años continuó disminuyendo: pasó de 19.4% en 2013 a 14.6% en 2024.

La disminución de los embarazos adolescentes es, desde una perspectiva de derechos, un avance importante. Menos niñas y adolescentes convirtiéndose en madres significa también mayor posibilidad de permanecer en la escuela, decidir sobre sus proyectos de vida y ejercer su autonomía reproductiva.

Por eso, una menor natalidad no puede interpretarse automáticamente como una crisis provocada por las mujeres jóvenes.

La pregunta no es por qué las jóvenes “ya no quieren tener hijos”

La caída de la fecundidad plantea una pregunta mucho más amplia: ¿qué condiciones necesita una generación para poder decidir libremente si quiere formar una familia?

La Generación Z enfrenta un mercado laboral distinto al de generaciones anteriores, mayores dificultades para acceder a vivienda, transformaciones en las relaciones de pareja y una vida social cada vez más atravesada por las plataformas digitales.

En este contexto, tener menos sexo puede ser una parte del fenómeno, pero no necesariamente su causa principal.

Y para las mujeres, la discusión también pasa por la autonomía.

No todas las mujeres quieren ser madres, y quienes sí desean tener hijos pueden estar retrasando esa decisión porque no encuentran las condiciones económicas, laborales, afectivas o de cuidado necesarias para hacerlo.

La discusión sobre la baja natalidad, entonces, no debería reducirse a preguntar por qué las jóvenes no están teniendo bebés, sino qué está cambiando en las relaciones, en el trabajo, en la economía y en las expectativas sobre la vida adulta.

La Generación Z no necesariamente está dejando de tener hijos porque “ya no tenga sexo”. Está construyendo —con todas sus contradicciones— una relación distinta con el sexo, el amor, las parejas y la maternidad.

Y esos cambios ya están teniendo consecuencias demográficas.

Tras interrumpir el embarazo de una niña de 11 años en Tamaulipas, ¿qué sigue para investigar la violencia sexual?

 

La niña de 11 años de Tamaulipas que quedó embarazada tras ser víctima de violencia sexual ya interrumpió el embarazo, de acuerdo con la información oficial por parte del gobierno estatal. Sin embargo, para Ipas Latinoamérica y el Caribe, garantizar el acceso a la interrupción del embarazo es apenas una parte de la respuesta que las instituciones deben brindar.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que suele quedar relegada cuando se habla de embarazos infantiles producto de violencia sexual: ¿qué ocurre después de que una víctima de violencia sexual logra acceder a la interrupción del embarazo?

Para Marisol Escudero Martínez, subdirectora de Incidencia en Ipas Latinoamérica y el Caribe, ninguna niña debería ser víctima de violencia sexual ni verse obligada a enfrentar un embarazo derivado de una agresión.

Ninguna niña debería ser víctima de violencia sexual y enfrentarse a la necesidad de interrumpir un embarazo producto de la agresión”, señaló en entrevista con CIMAC Noticias.

La especialista explicó que los embarazos infantiles representan un riesgo para la salud física, mental y social de las niñas y constituyen, además, una vulneración a sus derechos humanos.

Por ello, consideró que la respuesta institucional debe comenzar mucho antes de que una niña llegue a un servicio médico: con la prevención y detección oportuna de la violencia sexual, así como con mecanismos eficaces para proteger a las niñas y evitar que una agresión derive en un embarazo forzado.

El derecho a interrumpir un embarazo producto de violencia sexual

México cuenta con un marco normativo que establece obligaciones para las instituciones encargadas de atender a niñas y mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Entre ellas se encuentra la atención contemplada en la NOM-046-SSA2-2005, que establece criterios para la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

De acuerdo con Escudero Martínez, uno de los principales retos sigue siendo conseguir que estas disposiciones se traduzcan en servicios accesibles, oportunos y libres de obstáculos en todo el país.

La atención debe incluir desde la anticoncepción de emergencia después de una agresión sexual hasta la interrupción oportuna del embarazo cuando éste ya ocurrió.

“La ley en México reconoce la interrupción del embarazo como un derecho de toda sobreviviente de violencia sexual, con independencia de la edad gestacional, y lo cataloga como un servicio de salud de urgencia médica, esto es, sensible al tiempo y de atención inmediata”, explicó.

Esto implica que las instituciones de salud deben contar con las condiciones necesarias para atender estos casos una vez que tienen conocimiento de que una niña está embarazada como consecuencia de violencia sexual.

“El tiempo es particularmente importante y las instituciones deben actuar con diligencia”, subrayó.

En Tamaulipas, como en el resto del país, el desafío no se limita entonces a que exista una norma. El reto es que el personal conozca sus obligaciones, que haya insumos y capacitación suficientes y que las instituciones no impongan requisitos que no corresponden.

Detección tardía y barreras institucionales

Para Ipas, una de las primeras barreras que enfrentan niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual es que la agresión puede permanecer oculta durante meses.

En muchos casos, explicó Escudero, los agresores son familiares o personas cercanas al entorno de las niñas. La violencia puede no ser detectada sino hasta que el embarazo se hace evidente.

A ello se suman obstáculos dentro de las propias instituciones de salud: desconocimiento de las obligaciones legales, falta de personal capacitado, ausencia de insumos, retrasos injustificados o exigencia de requisitos que no están contemplados en la normativa.

La especialista recordó que la atención médica tampoco debe ocurrir de manera aislada.

Cuando una institución de salud identifica que una niña fue víctima de violencia sexual, debe activar los mecanismos de protección y coordinación con otras autoridades para salvaguardar su integridad.

La NOM-046 establece criterios para que las instituciones de salud actúen frente a estos casos y coordinen medidas adicionales con las autoridades correspondientes.

Después de la interrupción del embarazo: investigar la violencia

El hecho de que una niña pueda acceder a la interrupción del embarazo no significa que la violencia sexual haya sido atendida en su totalidad.

Para Ipas, la investigación de la agresión debe continuar y las instituciones de salud tienen obligaciones específicas.

Escudero Martínez explicó que, de acuerdo con la NOM-046, los establecimientos de salud que conozcan de un caso de violencia sexual contra una niña deben notificarlo al Ministerio Público.

Además, durante la atención médica puede recopilarse información y evidencia que, conforme a las reglas aplicables, puede contribuir a la investigación.

El objetivo, señaló, es que exista una actuación coordinada entre las autoridades sanitarias y de procuración de justicia para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de las niñas y evitar su revictimización.

Esto significa que la interrupción del embarazo no debe convertirse en el cierre de un expediente institucional, sino en una parte de una respuesta mucho más amplia frente a la violencia.

Condenan a 67 años al feminicida de Leuteria Reyes en Guerrero

 Escrito por Georgina Monroy Vázquez 

A casi 19 meses del feminicidio de Leuteria Reyes Benito, una mujer indígena na savi y agente de Tránsito municipal en Alcozauca, Guerrero, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Morelos, La Montaña y Zaragoza condenó este martes 11 de agosto a 67 años y seis meses de prisión a Herminio, expolicía municipal y responsable del asesinato.

El juez unitario Juan Carlos Martínez Marchan dictó la sentencia durante la audiencia de individualización de sanciones, después de valorar las pruebas presentadas durante el juicio oral y los argumentos de las partes.

La asesoría jurídica de la familia, encabezada por el abogado Baldomero Díaz, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, sostuvo que la gravedad del feminicidio ameritaba la pena máxima.

En el juicio se presentaron 27 pruebas: 13 testimoniales y 14 peritajes, elementos que, de acuerdo con la representación de la familia, fueron determinantes para acreditar la responsabilidad de Herminio.

Leuteria fue asesinada con 33 lesiones

Leuteria Reyes Benito fue asesinada el 5 de enero de 2025, alrededor de las 18:48 horas, en Alcozauca, en la región de La Montaña de Guerrero.

De acuerdo con la información, Leuteria era originaria de la comunidad na savi de Cruz Fandango, tenía 31 años y era madre de cuatro hijos.

La agresión ocurrió cuando Herminio la atacó con un arma punzocortante. En la audiencia de individualización se estableció que la víctima sufrió 33 lesiones en cuello y tórax, provocadas con el cuchillo.

Tras la agresión, otros policías municipales auxiliaron a Leuteria y la trasladaron al Hospital Comunitario de Alcozauca. Según los antecedentes documentados, la mujer señaló ante quienes la auxiliaron que Herminio había sido quien la atacó. El agresor fue visto todavía con el arma y sangre de la víctima.

Leuteria fue trasladada posteriormente a Tlapa y después a Chilpancingo, pero murió durante el traslado. Su familia denunció el feminicidio el 7 de enero de 2025.

Antes del feminicidio hubo violencia y acoso laboral

El asesinato de Leuteria no ocurrió de manera aislada. Antes de ser asesinada, había atravesado distintas formas de violencia.

En marzo de 2024 Leuteria se separó de su esposo debido a la violencia que vivía. También buscó obtener la guarda y custodia de sus cuatro hijos, pero no se la concedieron porque no contaba con una vivienda propia.

Con la intención de trabajar y construir una casa donde pudiera vivir con sus hijos, consiguió empleo como policía municipal en julio de 2024. Sin embargo, en su nuevo espacio laboral comenzó a sufrir discriminación y hostigamiento por parte de compañeros hombres.

Herminio era uno de sus principales agresores y le decía que las mujeres no podían desempeñarse como policías y que sólo servían para estar en casa. Posteriormente, el acoso aumentó: el organismo documentó que Herminio llegó a amenazarla con despedirla si no accedía a tener relaciones sexuales.

Leuteria pidió que la cambiaran de área. Finalmente comenzó a trabajar como agente de Tránsito municipal en diciembre de 2024, pero el hostigamiento continuó. Tlachinollan señaló que Herminio incluso comenzó a seguirla hasta el lugar donde vivía.

Así, la violencia que antecedió al feminicidio atravesó el ámbito familiar, laboral y comunitario.

Un policía que tenía la obligación de protegerla

Durante la audiencia de individualización, el juez consideró especialmente grave que Herminio fuera integrante de la Policía Municipal de Alcozauca.

Su función implicaba proteger a la población y salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Sin embargo, utilizó su posición y sus conocimientos para ejercer violencia contra una compañera de trabajo hasta privarla de la vida.

La sentencia también tomó en cuenta la relación que existía entre ambos, la violencia previa y la forma en que ocurrió el feminicidio.

Para la representación de la familia, el comportamiento de Herminio estuvo atravesado por el machismo y el abuso de poder: desde que Leuteria comenzó a trabajar como policía municipal fue objeto de comentarios y agresiones por ser mujer.

Herminio huyó después del feminicidio

Otro de los elementos considerados por el juez fue que Herminio evadió la justicia después de atacar a Leuteria.

El expolicía fue detenido posteriormente en cumplimiento de una orden de aprehensión y el 14 de enero de 2025 fue vinculado a proceso por feminicidio. En aquella audiencia, el juez de control consideró que los datos de prueba aportados por la Fiscalía acreditaban la existencia de violencia de género y agresiones verbales previas en el ámbito laboral.

La investigación avanzó hasta llegar al juicio oral, que comenzó el 28 de enero de 2026. En esa etapa se desahogaron las pruebas de la Fiscalía para acreditar tanto el feminicidio como la responsabilidad de Herminio.

El pasado 5 de agosto, el Tribunal declaró culpable a Herminio. Una semana después, este martes 12 de agosto, se determinó la pena: 67 años y seis meses de prisión.

Una sentencia que llega a la Montaña de Guerrero

El caso de Leuteria generó movilizaciones desde los primeros días posteriores a su asesinato. El 11 de enero de 2025, familiares, mujeres, niñas, niños, vecinas y habitantes de Alcozauca marcharon para exigir justicia y reclamar a las autoridades medidas efectivas para proteger a las mujeres.

Para la familia y las organizaciones que acompañaron el caso, la condena representa un paso hacia la justicia para Leuteria y sus cuatro hijos, pero también evidencia la necesidad de que las instituciones actúen antes de que la violencia contra las mujeres escale hasta el feminicidio.

La historia de Leuteria muestra además los riesgos que enfrentan las mujeres indígenas cuando buscan incorporarse a espacios laborales tradicionalmente ocupados por hombres. En su caso, conseguir un empleo para sostener a sus hijos significó enfrentarse a discriminación, acoso y violencia en el ámbito laboral, mientras las instituciones no lograron garantizar su seguridad.

La condena de 67 años y seis meses de prisión marca ahora el cierre de una parte del proceso judicial. Para las mujeres de la Montaña de Guerrero y las organizaciones que acompañaron a la familia, el desafío permanece: que la violencia feminicida no vuelva a ser el destino de otras mujeres indígenas que, como Leuteria, buscaban trabajar y construir una vida digna para sus hijas e hijos.