"A esos intelectuales, académicos y presuntos periodistas nunca les han importado la libertad de expresión y el derecho a la información".
Su enojo ya va para ocho años. Y todavía no encuentran consuelo ni recuperan los apapachos que calmen su tremendo abandono y coraje. Y ante la ausencia y el vacío de los generosos estímulos que lubricaban su muy confortable y redituable relación y sometimiento al poder en turno, priista o panista, se han convertido en feroces detractores de los dos recientes gobiernos del proyecto de la Cuarta Transformación y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien señalan, con dedo flamígero, de amenazar la libertad de expresión de los medios convencionales, que en los más recientes ocho años se han convertidos en trinchera privilegiada de la infamia y la canalla.
A esos intelectuales, académicos y presuntos periodistas, que ahora pretenden convertirse en un faro de luz en la oscuridad, nunca les han importado la libertad de expresión y el derecho a la información, excepto como instrumentos para mentir, difamar, distorsionar la realidad, y proteger los intereses de una clase política y empresarial privilegiada y corrupta, que durante décadas ha lucrado con el dinero y los bienes depositados en manos del Gobierno en turno. Y también, muchos han lucrado ventajosamente con su silencio cómplice.
Lo único que les ha interesado es el dinero, los privilegios, esa insana sensación de restregar sus cuerpos con los poderosos para darse calor, sentir el abrigo de quienes les soban la espalda y les disparan toda una retahíla de elogios sobre su inteligencia, sapiencia y patriotismo. Añoran el paraíso del que fueron expulsados, junto con sus generosos mecenas, por la fuerza de los votos y del hartazgo de generaciones que durante décadas fueron discriminadas, vilipendiadas, burladas exprimidas y defraudadas.
El pasado viernes 24 de julio del 2026 la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones del Gobierno federal puso a consideración de radioescuchas y televidentes su proyecto de “Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, sobre el cual podrá opinar cualquier persona que tenga interés en el asunto en un periodo que concluirá el próximo viernes 21 de agosto del 2026.
El documento del Acuerdo para esta consulta, integrado por 30 páginas, que incluyen los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, puede ser consultado libremente por todas las personas que lo deseen y quieran opinar, en la plataforma digital de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones: https://portal.crt.gob.mx/consultapublica.
Y más allá de los ruidos que perturban el buen juicio de la gente en algunas redes sociales y medios convencionales, cualquier persona que lo revise, renglón por renglón y página por página, descubrirá que las disposiciones que obligan a los concesionarios de radio y televisión, que utilizan el espacio radioeléctrico propiedad de la Nación, en ninguna medida comprometen la libertad de expresión o el derecho a la información, al imponer como obligación que los medios deban elaborar y comprometerse con un código de ética, designar a un defensor de las audiencias y cumplir con los términos y plazos legales para responder a las dudas, comentarios, exigencias o reclamos de las audiencias.
Lo demás son sólo ruidos mal intencionados de quienes se sienten expulsados del paraíso y han perdido, dinero y privilegios, al reducir sensiblemente los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheiunbaum Pardo los generosos estímulos publicitarios y de negocios, en medios de comunicación o a través de otras empresas amparadas en el tráfico de influencias de compañías privadas que administra periódicos, grupos radiofónicos o televisoras.
El martes 21 de mayo del 2024 la periodista Monserrat Antúnez, de nuestro diario digital SinEmbargo.mx, entrevistó al escritor Héctor Aguilar Camín, quien encabeza el llamado Grupo Nexos, donde conviven académicos e intelectuales, quien sin ningún rubor habló de las penas que agobian a los integrantes de lo que ellos denominan la comunidad cultural e intelectual, que en el actual Gobierno ha quedado marginada de los privilegios que durante décadas gozó.
Explicó Aguilar Camín lo que ese grupo veía en la candidata de PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, para quien pedían el voto en la elección presidencial del 2024: “[Vemos] la oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho que tenía el Gobierno, pero nada más ni nada menos que lo que la propia Xóchitl promete a todo el país. Un Gobierno de unidad no de división, en donde los valores rectores sean la vida, la verdad y la libertad. Pienso en que había, por ejemplo, una política en materia de cultura profundamente generosa…”.
Señaló Aguilar Camín, atropellado por la nostalgia, que esa generosidad del Gobierno, de los gobiernos panistas y priistas, se expresaba en el financiamiento de sus proyectos, con fondos públicos, propiedad de los contribuyentes: “No había este condicionamiento que hay, por cierto, no sólo con la comunidad cultural, sino quizá mucho más gravemente, con los beneficiarios de los programas sociales, que es ‘te doy para que votes por mí y si no votas por mí te lo voy a quitar o te lo van a quitar’. Ese impudor -advertía el jefe del Grupo Nexos-, ese descaro, esa extorsión no existía en el mundo de los programas sociales de México, ni existía en el mundo de la cultura en sus relaciones con el Gobierno y con el Estado”.
Como dato de referencia, habría que recordar que Jesús Ramírez Cuevas, entonces vocero del Gobierno del Presidente López Obrador, informó en la conferencia "mañanera" del 8 de octubre del 2020 que la revista Nexos, de Aguilar Camín, recibió una inversión gubernamental de 140 millones de pesos, además de 87 millones más por publicidad entre el 2006 y el 2018, en los gobiernos del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto.
También explicó Ramírez Cuevas que el historiador Enrique Krauze habría recibido 90 millones de pesos para su revista Letras Libres, más de 74 millones de pesos en contratos de publicidad durante las administraciones de Calderón Hinojosa y Peña Nieto.
Las pérdidas para medios de comunicación y periodistas de medios convencionales en el tránsito entre el Gobierno de Enrique Peña Nieto y el de López Obrador fueron brutales, pues mientras que el priista gastó en publicidad oficial nueve mil 226 millones de pesos en 2018, la Administración de Andrés Manuel López Obrador bajó ese gasto a cuatro mil 243 millones de pesos en 2019. Una diferencia de cuatro mil 983 millones y una reducción presupuestal del 54 por ciento, según datos del Informe Publicidad Oficial 2024 elaborado por la organización Artículo 19 y publicado el 22 de octubre del 2025.
El 23 de mayo del 2019 el periódico Reforma, uno de los más sistemáticos críticos de los gobiernos de la Cuarta Transformación, publicó una nota firmada por el reportero Jorge Ricardo, en la cual se advierte que la Presidencia de la República divulgó una lista de 36 periodistas y sus empresas que recibieron contratos durante la Administración de Enrique Peña Nieto por un monto total de mil 81 millones 715 mil 991 pesos por publicidad y gastos de comunicación.
La lista a la que Reforma dijo haber tenido acceso advierte que quien más recursos recibió fue Joaquín López-Dóriga. A través de cuatro empresas recibió 251 millones 482 mil pesos. Las empresas contratadas fueron Ankla Comunicación, Astron Publicidad, Plataforma Digital Joaquín López Dóriga y Premium Digital Group.
En el documento atribuido a la Presidencia de la República por Grupo Reforma, se advierte que estaban incluidos el historiador Enrique Krauze, quien habría recibido 144 millones de pesos para la revista Letras Libres, 87 millones por publicidad para Editorial Clío y 56 millones por otros servicios. En la lista también aparece Beatriz Pagés, con 57 millones; Raymundo Riva Palacio con 31 millones; Ricardo Alemán con 25 millones y Adela Micha con 24 millones de pesos.
¿De qué dimensiones fue el descalabro para medios de comunicación convencionales y periodistas apapachados con recursos públicos? Según estimaciones de las organizaciones Fundar y Artículo 19, durante su sexenio, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa gastó en publicidad oficial 56 mil 365 millones de pesos; en el mismo periodo, el priista Enrique Peña Nieto lubricó su buena relación con medios de comunicación a través de 61 mil 614 millones de pesos. López Obrador destinó para ese fin, durante su sexenio, 18 mil 295 millones de pesos. Claro que tienen razones para estar enojados, pues el negocio publicitario con dinero de los contribuyentes prácticamente se derrumbó.
El dato que reveló Antonio Martínez Velázquez, vocero internacional de la organización Artículo 19, el sábado 26 de septiembre de 2015, en el cierre de la Semana de Innovación y Emprendimiento organizada por el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, es terrible y demoledor: calculaba que en México, el 60 por ciento de los recursos económicos que obtenían los medios de comunicación provenían de publicidad oficial. Es decir, las cantidades descomunales que gastan los gobiernos para dar a conocer sus presuntos logros a la sociedad.
Sí, en las trincheras de la canalla hay mucho enojo. Por eso alimentan la mentira, las calumnia, la desinformación. Y pretenden asumirse como adalides de una libertad de expresión y un derecho a la información que han ejercido ajustado a sus malsanos, perversos y egoístas intereses, cuando han sido en general, mercaderes del silencio cómplice que durante décadas profundizó la corrupción.
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