La UNAM vive un momento titubeante que, más o menos, podría resumirse en lo siguiente: en aras de una presunta mejor logística y mayor inclusión, optó por que en 2026 su estratégico examen de admisión de nivel licenciatura fuera en línea, en una operación para la que contrató a la empresa Territorium Life, con un costo de dinero público de al menos 40 millones de pesos.
La plataforma no cumplió con lo esperado y se detectaron diversas acciones tramposas que, fundamentalmente, se dividen en dos: la de aspirantes que pretendieron de forma indebida hacer uso de recursos tecnológicos para dotarse más aciertos de los que ameritaban; y la de perfiles apócrifos que, aparentemente, pretendían hacerse pasar por aspirantes, quizá para robarse las preguntas del examen y, eventualmente, lucrar con ello.
En el momento en que se redactan estas líneas, y ante el fracaso de la plataforma de marras, ha sido destituida de su cargo la exsecretaria general de la UNAM, Patricia Dávila; se ha formado una comisión interna para hacer un control de daños -encabezada por Eduardo Bárzana-, que decidió hacer un llamado “examen de control” a los estudiantes que sí lograron pasar los aciertos mínimos requeridos para las carreras que buscaban, con miras, como puede suponerse, a filtrar a quienes hicieron trampa. Pero la situación sigue aún en incertidumbre.
Hasta el momento no ha habido ninguna responsabilización ni un acto para dar la cara de parte de la negligente, defectuosa o fraudulenta empresa Territorium life, a la cual se le pagó dinero público; razón en sí misma enorme como para exigirle que rinda cuentas, que se agrava por lo grande del monto recibido. No puede individualizarse el problema o reducirlo a que hay gente deshonesta entre los aspirantes a la UNAM; porque la empresa debió proveer mucho más que los candados de seguridad que un evento así previsiblemente necesitaría. No hay justificación alguna, esa plataforma fue contratada precisamente bajo la premisa de evitar lo obvio. Al no poder hacerlo, es cómplice de un desfalco a la nación.
Las autoridades de la UNAM deben hacerse responsables. La sanción a la empresa y a su falta de pericia debe ser ejemplar. Y ante ello no emerge el argumento monetario de que la nación dispendió una cauda monetaria en un fraude, sino en algo mayor: los jóvenes aspirantes a universitarios no son ni conejillos de indias ni una multitud que sirva de plan piloto para un proyecto cuya eficacia no se había probado.
Es verdad que el acceso a la Universidad, que es un hecho importantísimo, no debe verse como un asunto de vida o muerte que va a determinar para siempre el futuro de la juventud. Pero sí es un punto de inflexión biográfica donde está en juego un derecho crucial. No es ninguna cursilería ni frivolidad decir que los jóvenes aspirantes son un grupo social que está intentando lograr una meta -personal, familiar o social; o una mezcla de todas- de forma legítima. No se puede jugar con eso.
Dicho lo anterior, esa rendición de cuentas y que los responsables se hagan cargo de su negligencia deben ser una exigencia nacional, no sólo de aquellos que somos parte de la UNAM; entidad que ha significado en nosotros un parteaguas de vida porque en ella encontramos no sólo herramientas profesionalizantes sino construcción y consolidación ciudadana y de valores colectivos. La UNAM ha sido una institución monumentalmente generosa con sus integrantes y egresados, y con todo el país, por lo que defenderla no es sólo una acción ética sino un asunto de interés público.
En ese sentido, bien vale recordar que la UNAM tiene enormes problemas estructurales e históricos, pero ella siempre va a ser mucho más grande que esas taras, sean añejas o coyunturales, como es el caso del examen fallido actual. Nadie puede estar conforme con la burocracia aún dorada; la mala situación de los profesores de asignatura; las fallas que las alumnos y alumnas viven día con día -desde condiciones impropias para estudiar hasta inseguridad- y la discrecionalidad con que se toman muchas de las decisiones académicas de los recintos universitarios.
Nadie niega tales realidades y siempre hay que estar en la trinchera que busca cambiarlas para bien. Nadie niega que la UNAM es un espacio contradictorio que alberga mucho de lo mejor de este país -como su talento científico- y también lastres grotescos que no sólo dan vergüenza sino asco, como los grupos porriles. Las tres grandes funciones de la Universidad son formar profesionistas, difundir el conocimiento y difundir la cultura. El mérito de ello es enorme y se ha hecho con creces, pero justamente por esa presencia y legado es que siempre vale la pena cuestionar e impugnar para lograr cambios. La UNAM no debe ser sólo un reflejo del México de hoy sino uno del mejor México posible.
Pero a la par de eso, siempre vale la pena denunciar la campaña permanente de asedio en la que está la Universidad y que resalta en coyunturas como la de hoy, donde se ponen en entredicho cuestiones como la calidad de la institución o se retrotraen planteamientos estériles como el del pase reglamentario, que voces obtusas siguen asumiendo como una especie de regalo sin méritos cuando en realidad es resultado de una evaluación constante a estudiantes preparatorianos que para serlo, asimismo, cumplieron bien con un proceso de selección.
En lugar de discutir sandeces, la voz unánime tendría que ser que la UNAM y todas las Universidades públicas abrieran cada vez más espacios y que las formas de quedar en ellas sean más pedagógicas que estandarizadas. El grito de fondo debería ser que los países del llamado primer mundo tienen una proporción del 80 por ciento de su juventud estudiando en el circuito superior; mientras que en México, hace unos años, la proporción era al revés y en educación superior sólo había un 20 por ciento de los jóvenes. Nuestro país tendría que apostar por lo primero.
Cualquier otra discusión omitiría una serie de hechos que va más allá de la simplonada de si los jóvenes tienen o no la capacidad de entrar y que unos no la tienen. En un examen cuyo filtro numérico deja fuera a gente que se quedó a un acierto de entrar a carreras saturadas, sería un error ponderar sólo a ese joven como incompetente cuando resulta obvio que un recinto con más espacio sí le daría oportunidad a aquellos talentosos que se quedaron cerca de lograr el mínimo requerido, que, por cierto, cada año es mayor.
En ese punto, no está de más recordar que detrás de muchas campañas anti-UNAM no hay sólo falta de información sino falta de escrúpulos. En 1999, en el contexto de la última huelga prolongada en la UNAM; el Lombroso Tropical Enrique Krauze acusaba que la solución radical para la Máxima Casa de Estudios era mantener los institutos de investigación y dar por perdido lo demás, por ser parte del “populismo improductivo”.
En noviembre de 2009, la senadora panista Teresa Ortuño gritó para justificar una posible reducción presupuestal al Instituto Politécnico Nacional y a la UNAM que “dondequiera hay grasita que cortar”. En diciembre de 2006, el diputado, también panista, Raúl Padilla, presidente de la Comisión de cuenta pública, trató de justificar otro eventual descenso al presupuesto de la UNAM diciendo el invento febril de que ahí “el cinco es aprobatorio”.
De forma aún más representativa de la bestialidad anti-universitaria, en junio de 2012, el señor Felipe Calderón mintió a cuatro vientos señalando que él no quedó en la UNAM porque “era michoacano”. Con ello no sólo engañó al país sino que se victimizó sin razón alguna. Momento válido para recordar que ese espurio grisáceo presentó exámenes de admisión en la UNAM y en la Nicolaíta de Michoacán y en ninguna quedó; y si bien un examen no necesariamente mide la capacidad de la gente, ya dos exámenes fallidos y un resentimiento falsario añejo sí hablan de que en ese caso particular, el problema no era de las instituciones sino de la incapacidad intelectual del grotesco personaje.
Así, contra la UNAM no sólo abundan los mitos, sino también las bajezas más delirantes y obtusas que, desde espacios de poder, sí pueden afectarle su vida interna y administración. De ahí que sea necesario no sólo descreer de estos indignados hipócritas que en el fondo aborrecen a la UNAM. Es también necesario denunciarlos. Y es también necesario seguir exigiendo para que la educación superior sea un bien accesible a todos y no esté cuestionado o limitado por perdularios que exigen ultra rigurosos y cuadrados exámenes de admisión, cuando ellos no los pasarían, y, de haberlos, ni siquiera pasarían los psicométricos, como esas derechas desquiciadas que llevan años odiando a la UNAM.
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