"Si se considera el tiempo en que 'El Mayo' estuvo activo en el narcotráfico, desde sus 16, se volvió más poderoso que cualquier otro narcotraficante".
En su redituable sistema consistente en extraditar narcotraficantes, negociar con ellos información e incautarles parte de la fortuna amasada durante su actividad criminal, a cambio de sentencias “benévolas”, Estados Unidos ve en el sinaloense Ismael Zambada García, "El Mayo" , la posibilidad de obtener el mayor decomiso a un narcotraficante: 15 mil millones de dólares, según la sentencia que se le dictó en julio pasado.
Dos años después de que su ahijado Joaquín Guzmán López –hijo de Joaquín Guzmán Loera– lo secuestrara transportándolo en un avión cuya propiedad se atribuye el FBI (Buró Federal de Investigaciones), para entregárselo a las autoridades estadounidenses y, tras aceptar su culpabilidad en delitos de narcotráfico, el 20 de julio Zambada fue sentenciado a cadena perpetua y a que le decomisen 15 mil millones de dólares.
Su defensa ya había adelantado que Zambada se declararía culpable y aceptaría la sentencia del Juez Brian Cogan (el mismo que procesó a Joaquín Guzmán Loera y a Genaro García Luna) para no ir a juicio y que le permitiera cumplir su condena en un centro penitenciario con atención médica, en lugar de una prisión de máxima seguridad.
Si se considera el tiempo en que "El Mayo" Zambada se mantuvo activo en el narcotráfico, desde sus 16 años de edad (nació en 1948), se volvió más poderoso que cualquier otro narcotraficante, incluso más que el colombiano Pablo Escobar, quien estuvo 23 años en el narcotráfico, de los años setenta a 1993, cuando fue abatido en su tiempo como prófugo.
Para Zambada trabajaron delincuentes como Guzmán Loera, los hermanos Beltrán Leyva y muchos otros narcotraficantes.
Usando los alias de Gerónimo López Landeros, Javier Hernández García, Mario Zambada García, mantuvo un bajo perfil, por lo que generó enorme revuelo mediático la publicación de la entrevista que le hizo el periodista Julio Scherer García, que se publicó en abril de 2010 en la revista Proceso.
Relató el periodista que el encuentro tuvo lugar en la sierra, en una construcción rústica edificada sobre una superficie de tierra apisonada, y bajo un techo de troncos y bejucos. “Me quedó claro que el cobertizo había sido levantado con el propósito de que el capo y su gente pudieran abandonarlo al primer signo de alarma”, escribió.
Aquella reunión ocurrió meses después de que Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", fuera extraditado a Estados Unidos, tras permanecer por un tiempo en un penal de máxima seguridad. Al respecto Scherer, le preguntó:
“–¿Y Vicente?
–Por ahora no quiero hablar de él. No sé si está en Chicago o Nueva York. Sé que estuvo en Matamoros.
–He de preguntarle, soy lo que soy. A propósito de su hijo, ¿vive usted su extradición con remordimientos que lo destrocen en su amor de padre?
–Hoy no voy a hablar de ‘Mijo’. Lo lloro.”
Al poco tiempo de extraditado Vicente Zambada se volvería “testigo colaborador” a cambio de una pena benévola; se le determinó un decomiso de un millón 373 mil dólares. Años más tarde su medio hermano Serafín Zambada Ortíz fue detenido y se le ordenó el pago de 250 mil dólares. Contrario a "El Mayo", sus hijos como Serafín, eran asiduos a hacer en redes sociales ostentación de objetos de lujo, armas, fajos de dinero, vehículos deportivos, animales exóticos.
Desde hace por lo menos 20 años, el Departamento del Tesoro fue identificando activos mediante los cuales Ismael Zambada a través de sus familiares, de testaferros, socios y operadores han lavado parte de las ganancias criminales, negocios de todo tipo, de todo giro comercial: ranchos, centros comerciales, empresas del sector ganadero, de producción de leche, agrícola, comercializadoras, constructoras, autotransporte, gasolineras, parques acuáticos, y hasta una estancia infantil.
Para las autoridades estadounidenses siempre ha sido redituable extraditar narcotraficantes también, porque en los procedimientos ya sea mediante juicio o las negociaciones directas que realizan con integrantes de las organizaciones criminales, les incautan parte de esas fortunas que acumularon mediante negocios ilícitos.
Como decomisos, multas o “reparación del daño” catalogan lo que van obtenido de capos que procesan bajo un sistema de justicia en el que los criminales pueden tener beneficios si “colaboran” en los términos que las agencias y fiscales estadounidenses deciden.
El monto que se determinó como el decomiso que buscan obtener de "El Mayo", sería el más alto hasta ahora para un narcotraficante. El segundo fue el que se impuso a su compadre Joaquín Guzmán Loera, a quien se le sentenció a pagar 12 mil 600 millones de dólares.
En el caso de Ovidio Guzmán López, extraditado en 2023, al poco tiempo su extradición comenzó a negociar con las autoridades estadounidenses para volverse testigo colaborador a cambio de penas benévolas.
Se declaró culpable de cargos de conspiración de tráfico de drogas y que, tras el arresto y posterior extradición de su padre, él y sus tres hermanos –Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín– conocidos como "Los Chapitos" asumieron el liderazgo del grupo criminal en la sociedad que tenían con Zambada García y otros como Damaso López.
El acuerdo de culpabilidad se formalizó en julio de 2025 y allí se estipuló un decomiso de 80 millones de dólares como reparación de daño que tendrá que hacer.
Los beneficios que la justicia estadounidense ha dado a esa facción del Cártel de Sinaloa incluyó el que se recibieran y protegieran a 17 integrantes de su familia.
Otro de los montos cuantiosos fue el que en 2017 se le determinó pagar a Alfredo Beltrán Leyva, una multa de 529 millones de dólares.
Años antes, a los hermanos Arellano Félix y a algunos de sus lugartenientes que fueron extraditados y procesados por delitos de conspiración para tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero, también se les decomisaron millones de dólares.
Benjamín Arellano Félix, alias "El Señor" o "El Min", dirigió la organización Arellano Félix o Cártel de Tijuana –en conjunto con sus hermanos Ramón, Eduardo y Francisco Javier– desde 1986.
Benjamín fue detenido en marzo de 2002 en una casa del estado de Puebla, apenas unas semanas después del asesinato de su hermano Ramón, en Sinaloa. "El Min" estuvo prenso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, hasta 2011 cuando fue extraditado.
En menos de dos meses negoció admitir su culpabilidad de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa a cambio de no ser enjuiciado por todas las muertes que se le imputaban. Se le sentenció a 25 años de prisión con la posibilidad de ver reducida su pena “por buen comportamiento”, y se le ordenó pagar 100 millones de dólares.
En 2007, a Francisco Javier Arellano, "El Tigrillo", se le sentenció a pagar 50 millones; él fue detenido por la Guardia Costera de Estados Unidos en agosto de 2006, cuando viajaba en su barco Doc Hollyday. El mismo monto se estipuló como sentencia a Eduardo Arellano, el último de los hermanos en ser procesado.
A sus lugarteniente los hermanos Ismael y Gilberto Higuera, se les impuso multas por cinco millones de dólares y un millón de dólares respectivamente.
Otro de los narcotraficantes que negoció con el gobierno estadounidense fue Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, quien proporcionó información en extensas declaraciones que fueron sellados “de por vida” y pagó una multa de 50 millones de dólares.
Su hermano Mario fue extraditado en 2022 y tras declararse culpable acordó entregar 10 millones de dólares.
Mario Cárdenas Guillén junto con otros familiares de Osiel, asociados con Los Zetas conformaron el grupo criminal que llamaron La Compañía, que hizo del robo y contrabando de combustible, el huachicol, uno de sus negocios principales a nivel binacional.
En junio de 2025, a Jaime González Durán, "El Hummer", uno de Los Zetas extraditados, se le sentenció a 35 años de prisión y a pagar 792 millones de dólares. En septiembre de ese mismo año, a otro zeta extraditado: Eleazar Medina-Rojas, "El Chelelo", se le sentenció a 31 años de prisión y un decomiso de 26.5 millones de dólares.
Otros líderes de ese grupo criminal también extraditados, como los hermanos Treviño Morales están aún bajo proceso, y aún no se estipula el monto que los fiscales piden confiscarles, su audiencia está programada hasta 2028.
En el caso de Edgar Veytia, el polémico Fiscal de Nayarit apodado "El Diablo", es otro de los narcotraficantes que negoció convertirse en “testigo colaborador” a cambio de una sentencia benévola también. En 2017 fue detenido y procesado por el gobierno estadounidense por conspiración internacional para fabricación y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana mientras desempeñaba su cargo público en Nayarit. Se declaró culpable, se hizo testigo colaborador para que se le redujera la condena, y pagó un millón de dólares.
Así algunos de los montos que las autoridades estadounidenses han obtenido al procesar narcotraficantes extraditados.
Ahora que está reciente la sentencia en la cual el sistema de justicia de Estados Unidos valoró en 15 mil millones de dólares el monto a decomisar a Zambada, por parte del Gobierno de México también se tendrían que intensificar los procesos para que las autoridades de nuestro país puedan tener parte de esos decomisos.
Hay ya un antecedente de un caso en que por primera vez el Gobierno de México presentó en tribunales de Estados Unidos demandas para recuperar activos relacionados con el esquema de corrupción del narcotraficante Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad del Gabinete de Felipe Calderón.
En septiembre de 2021, el Estado mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó en cortes de Florida el caso contra García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra, y sus socios y operadores de una red de corrupción y lavado de dinero.
Tras un litigio de casi cuatro año, se dictó la primer sentencia favorable para el Estado mexicano: en mayo de 2025 el tribunal de Florida condenó a García Luna y Linda Pereyra a pagar 2448 millones de dólares. Como parte de la sentencia algunos de los activos le han sido incautados, pero apenas cubren una parte de los montos, así que se tendrán que seguirse rastreando e identificando los activos a nombre de García Luna, de su esposa o de sus testaferros para proceder a su incautación.
Una segunda resolución se emitió en mayo de este año, en esa sentencia se determinó que la familia Weinberg, socios contratistas de García Luna, deben resarcir al Estado Mexicano 578.5 millones de dólares.
En el caso de Zambada y su organización criminal, los decomisos podrían derivarse además de las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas contra el narcotraficante; son 32 carpetas de investigación, según informó la Fiscalía recientemente.
De manera que tendrían que identificarse todos los activos que el grupo criminal ha operado mediante familiares y testaferros, para proceder a las incautaciones.
La incautación de activos y la extinción de dominio son herramientas legales esenciales para desmantelar las finanzas del crimen organizado. Su aplicación permite al Estado confiscar bienes ilícitos y redirigir esos recursos hacia fines públicos y sociales, como una manera también de resarcirle a la sociedad los daños provocados por esos grupos mafiosos.
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