Puntos y Contrapuntos
Pedro Mellado Rodríguez
"El negocio no puede estar por encima de la necesidad social y de la obligación del Estado de garantizar el derecho humano al agua".
En la zona metropolitana de Guadalajara viven cinco millones 110 mil personas y son usuarios del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) por lo menos un millón 200 mil suscriptores. Después de las conurbaciones de Ciudad de México y Monterrey, la de Guadalajara es la tercera zona metropolitana más poblada del país. Y muy ansioso se observa al Gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, por cerrar tratos con empresas privadas que asegura, están dispuestas a invertir en algunos proyectos del SIAPA para resolver la grave crisis sanitaria que representa, desde hace varios meses, el suministro de aguas sucias, insalubres y pestilentes que padecen millones de personas en la zona conurbada tapatía.
En mandatario no ha mostrado interés alguno en establecer una mesa técnica amplia, abierta, con expertos y representantes de la sociedad y de los usuarios para establecer una ruta que permita resolver el problema y profundiza la desconfianza de quienes se oponen a cualquier amago de privatización del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. En Jalisco el organismo operador del agua es administrado por el Gobierno estatal y tiene en su consejo de administración a representantes de los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, que prácticamente nunca son tomados en cuenta.
El nauseabundo tufo de la desconfianza enmarcó las palabras del empresario Lemus Navarro, convertido por azar de la fortuna y con el apoyo de Movimiento Ciudadano en Gobernador de Jalisco, cuando anunció el pasado miércoles 28 de julio del 2026 que ya tiene a cuatro inversionistas, cuatro ofertas ya presentadas, de quienes están puestos para participar en esquemas de asociación público-privada y pidió a la Comisión Nacional del Agua celeridad para la validación técnica de proyectos lo que permitiría a su Administración realizar el análisis financiero. La presunción es que esos inversionistas financiarían un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara y la renovación de la principal planta potabilizadora en la Zona metropolitana tapatía.
Al anunciar que ya hay cuatro inversionistas interesados en hacer negocios con el agua, el Gobierno de Pablo Lemus se anticipa demasiado, pues si los proyectos no han sido definidos y aprobados por la Comisión Nacional del Agua o por un comité técnico independiente y del más alto nivel, no se han cuantificado potenciales montos de inversión y no hay proyectos ejecutivos, además de que no se han definido criterios para concursar esos potenciales proyectos, es inexplicable que ya se anticipe negociación o participación de cuatro empresas o empresarios interesados en invertir.
Todo esto resulta contradictorio con lo que se establece en la página 8 de las llamadas “Bases Técnicas para la Priorización de las Intervenciones Estratégicas para la Seguridad Hídrica del Area Metropolitana de Guadalajara” entregadas por el Gobierno de Jalisco al Congreso de la entidad el martes 14 de julio del 2026.
En ese documento se advierte: “Estas Bases Técnicas no constituyen los instrumentos de planeación estratégica, ni determinan de manera anticipada las soluciones específicas que deberán adoptarse. Tampoco representan, por sí mismas, decisiones de programación, financiamiento, autorización o ejecución”.
Agrega además el cuadernillo de “Bases Técnicas”: “Estas determinaciones corresponderán a etapas posteriores de planeación, en las que deberán evaluarse las distintas alternativas conforme a su factibilidad técnica, económica, financiera, ambiental, social, jurídica e institucional”.
Se aclara el carácter muy preliminar de esas “Bases Técnicas” en su página 11: “El presente documento constituye el fundamento técnico para la formulación de un plan de acción que contribuya a la atención de la problemática identificada. Su función consiste en integrar la evidencia disponible, identificar las restricciones estructurales del sistema, determinar las capacidades que requieren fortalecerse y establecer criterios para la posterior evaluación y priorización de alternativas”.
El referido documento es muy contundente: “Por su naturaleza, estas Bases Técnicas no implican, por sí mismas, la autorización, programación, financiamiento o ejecución de acciones específicas. Estas determinaciones corresponderán a las etapas posteriores de planeación y deberán sustentarse en los estudios y procedimientos aplicables”.
Entonces ¿con base en qué criterios el Gobierno de Jalisco ha establecido diálogo y ha empezado negociaciones con cuatro potenciales inversionistas para financiar proyectos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalajara?
¿Es la panacea la inversión privada, el negocio del agua, para resolver los problemas del suministro de agua sucia y pestilente que padecen los usuarios de la zona metropolitana de Guadalajara?
El consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público, privado y social, Sergio E. Gómez Partida, que en el 2012 auditó el privatizado sistema de agua potable de la Ciudad de Aguascalientes hace algunas importantes observaciones.
“En mi experiencia en Aguascalientes (2012), que me tocó auditar la concesión (empresa, contrato y desempeño de cumplimiento) desde un análisis técnico a procesos-productos-resultados, puedo asegurar que el sector privado es más ‘ingenioso’ para hacer truculencias que el sector público. Allá la empresa (Veolia) francesa, amarrada con un corporativo mexicano, se puso a sacar importantes flujos de ganancias, muchas de ellas con incumplimientos del compromiso contractual y otras, por simple imaginación para subir los dividendos”.
Esa empresa, señala Gómez Partida, incurrió inclusive en la “manipulación a nivel de padrón de usuarios y del sistema comercial. [Las empresas privadas] tienen más imaginación en la corrupción que cualquier ente público. La clave es consolidar la rectoría del Estado y la regulación, desde la perspectiva de un sistema complejo, porque parte de la ‘trampa’ es hacer ver a los organismos operadores como ‘entes técnicos’, por decir, instituciones dedicadas [sólo] al asunto ‘físico-químico’ del agua”.
Explica el consultor Gómez Partida que concesionar o involucrar al sector privado en la operación hídrica es un asunto complejo, que incluye lo ambiental, lo económico, lo social, lo institucional y también lo físico-químico; por eso, a lo que él llama el “secuestro ingenieril” lo califico como una medida tramposa. Considera que en cualquier acuerdo público-privado hay riesgos si se carece de rectoría de lo público sobre lo privado, lo que debe traducirse en un amplio y sólido sistema de regulación.
Por su parte el doctor en urbanismo y experto en el manejo de recursos hídricos, Arturo Gleason Espíndola, señaló que el problema del agua infecta y pestilente que se suministra a los usuarios en Guadalajara no se resuelve privatizando el SIAPA ni solicitando más recursos federales sin antes presentar un diagnóstico técnico, preciso, actualizado e independiente que identifique las causas reales de la crisis.
“Preocupa -advierte el doctor Gleason Espíndola- que el plan presentado [por el Gobierno de Lemus Navarro] sea desarticulado y con evidentes señales de haber sido elaborado casi todo con Inteligencia Artificial, sin el sustento técnico que exige un problema de esta magnitud. Jalisco necesita decisiones basadas en evidencia, transparencia y planeación de largo plazo, no improvisación”.
El agua no se puede privatizar ni puede estar sujeta a criterios comerciales de rentabilidad o lucro, porque La Ley General de Aguas es muy clara al establecer en su artículo sexto que como lo establece la Constitución General de la República, “toda persona y comunidad debe gozar del derecho humano al agua, sin distinción alguna y sin exclusiones, distinciones o restricciones de las autoridades o particulares que atenten contra la dignidad humana”.
Agrega además la Ley General de Aguas: “Se deberá atender de manera prioritaria a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad, marginación y desprotección de la población”. Por estas razones, el agua potable para consumo humano que por obligación suministra el Estado, no puede ser negocio.
El artículo 9 de la Ley General de Aguas es terminante: “Los organismos operadores no podrán suspender totalmente el suministro de agua potable y el servicio de saneamiento por falta de pago; en todo caso, deben suministrar la cantidad mínima para el consumo humano básico”.
Además, la Ley General de Aguas clarifica en su artículo 28 que corresponde a los gobiernos municipales “garantizar la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales considerándolos como un derecho humano de atención prioritaria”.
Y les faculta para “coordinarse y, en su caso, asociarse con otros municipios y con las autoridades estatales competentes para el establecimiento de sistemas intermunicipales de agua y saneamiento, con el objeto de garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en los términos previstos por la normatividad que les sea aplicable”.
Cualquier iniciativa del Gobierno del emecista Jesús Pablo Lemus Navarro, para aceptar inversiones en el Sistema de Agua Potable de la zona metropolitana de Guadalajara tendría que ser objeto de un detallado análisis técnico, con la participación de especialistas independientes, expertos de instituciones de educación superior públicas y privadas, de observadores de la sociedad en general en representación de los usuarios y luego de una amplia discusión en el Congreso de Jalisco. Y por supuesto, con el aval del Gobierno federal que ejerce su rectoría a través de la Comisión Nacional del Agua.
Las tentaciones privatizadoras están latentes y la profundización del problema del agua infecta y pestilente alimenta la urgencia de la población, argumento que podría ser utilizado por el Gobierno de Jalisco para presionar y justificar que se convierta en negocio de particulares la operación del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El negocio no puede estar por encima de la necesidad social y de la obligación del Estado de garantizar a la gente su derecho humano al agua limpia, transparente y potable.
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