Habrá escuchado a muchos locutores de televisión y radio decir que la consulta sobre los derechos de las audiencias es censura del Estado a la libertad de expresión. En realidad, ni se trata ni del Estado ni de los medios de comunicación ni siquiera sobre la libertad de expresión, sino sobre las audiencias. Es pasar de que uno sea considerado un espectador pasivo que recibe información entre comerciales de licuadoras o mayonesas a tener derechos sobre lo que vemos y escuchamos. Es el paso del receptor paralizado al ciudadano activo. Es el paso de que nos consideren consumidores de cosas a sujetos de derechos. Pero tal parece que los concesionarios creen que seguimos siendo esas amas de casa planchando, esos señores dormitando en el sillón, de los años cuarentas, cuando la información era lo que se decía para llenar el espacio entre anuncios.
Nos siguen viendo como parte del sillón frente a la tele, como parte del volante en medio del ruido de la radio. Hace medio siglo que esto no es así. Le tengo una noticia a los concesionarios: estamos en la era en que cada uno de nosotros emite opiniones, verdades y mentiras por medio de las redes digitales. La tele y la radio no tienen a su merced a cosas inertes sentadas en un sillón comiendo papas fritas o manejando mientras sus mensajes nos impactan los oídos casi tanto como un claxonazo, no. Somos ciudadanos con el derecho a exigir contenidos verdaderos que nos ayuden a tomar decisiones políticas, como por quiénes votar; a tener una forma de hacerlo que son las defensorías independientes de derechos de las audiencias para que los medios cumplan con normas éticas como no tratar de engañarnos; y para prohibir los discursos de odio contra mujeres, morenos, gordos, discapacitados, y demás grupos que también somos nosotros; y a contar con derecho a responderle a un medio que ha mentido contra nuestra persona, familia, comunidad, ciudad, estado de la República. En todo esto, no interviene el Estado, sino todos nosotros.
La Ley lo único que hace es garantizar los espacios y trámites que tenemos que hacer para lograr eso. Tampoco interviene en la libertad de expresión que no es sólo del dueño de una empresa que, en todo caso, tiene derecho de contratar o no a ciertos periodistas o lectores de telepromter, pero no a vomitar sus odios usando una concesión pública. Aquí lo que importa es nuestra libertad de expresión como audiencias. Los dueños de los medios tienen su libertad de expresión garantizada en lo personal, pero no pueden amplificarla en toda una frecuencia del espacio. Señores dueños de la radio y la tele: no somos espectadores. También pensamos, valoramos, enjuiciamos, y hablamos. De esto trata esta columna.
Empiezo por explicarle a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión qué somos. Somos la mayoría y las minorías. Como mayoría, llegamos hasta aquí resultado de ejercer la soberanía a través del sufragio. Intervenimos en las decisiones políticas que redistribuyen el poder y el reconocimiento. Y la esfera que ustedes tienen concesionada, es decir, el espacio por el que viajan las señales de sus medios, es el lugar del debate público, por lo que requerimos que lo que ustedes transmitan permita analizar el presente y fundamentar el futuro posible. Como minorías exigimos que no nos excluyan, desdeñen, insulten usando el espacio radio eléctrico y mucho menos que llamen a desaparecernos, lincharnos, silenciarnos. También queremos que no pretendan engañarnos.
Por sus frecuencias viajan noticias falsas, es decir, que tienen el propósito de engañarnos sobre la realidad, que es lo que tratamos de construir y reconstruir con palabras. La verdad existe y es relevante para decidir como ciudadanos, como sujetos de derechos. Sólo ustedes siguen creyendo que la realidad es lo que ustedes dicen y no lo que experimentamos todos los demás. La verdad es colectiva y por eso hay que cuidarla de su privatización. En política, el lenguaje es la forma de asentar un hecho o negarlo. Las palabras sintonizan con las prácticas, identidades sociales, y emociones.
No hay discurso público inocente. Ciertas formas de expresión sintonizan con ciertas formas de tratar a los demás y, por supuesto, con cómo votar. Si ustedes dicen, por ejemplo, que consultarnos sobre los derechos de las audiencias, es un intento de censura, su dicho implica:
1) que no somos sujetos del derecho a la verdad y que no podemos exigirla;
2) que consultarnos es una farsa para imponer la censura del Gobierno; y
3) que lo que ustedes transmiten es una potestad sólo de los dueños de las empresas de medios y que ni periodistas ni audiencia tienen algo qué decir sobre su verdad o falsedad. Es decir, que sólo una persona decide lo que se proyecta como verdad.
El problema, señores dueños, es que si ustedes usan la mentira para ocultar, pero sobre todo para destruir, lo que están ayudando es a hacer que ya nadie sepa lo que está bien y lo que está mal. Esa promoción de la amoralidad, es decir, la ausencia de moral no es buena para las sociedades.
A lo mejor es buena para sus negocios que de lo que se tratan es de sostener su avaricia, pero en política los valores son otros. Son la persuasión moral y la confianza. Para hacer política necesitamos proteger lo que es bueno de lo que está mal, a través del uso ético de la información. Lo que les exigimos es que cumplan con su función como concesionarios de un bien público que es la información. Es distinta de la opinión. Pero si una opinión no está basada en la información -datos, eventos, fechas, testimonios verificables- entonces no es válida más que como ocurrencia. No se puede decir lo que sea sin asumir la responsabilidad con ese bien público que los concesionarios tienen a su resguardo y que contar con ella es un derecho nuestro. No está sujeta al capricho o las creencias, prejuicios, odios o sesgos personales de los dueños. La información como bien público es nuestra, no de ustedes.
Lo que se les está exigiendo es que nuestro derecho sea tangible. Son tres cosas: que tengan un código de ética periodística; que cuenten con un defensor o defensora de audiencias; y que, si en última instancia, nada de esto sirve, se hagan acreedores a una multa. No hay censura, sólo que se revisen a sí mismos, contengan sus ansias de fabricar la realidad en lugar de sólo exponerla, y piensen en todo momento que nosotros estamos del otro lado y podemos reclamar nuestro bien público y exigir nuestro derecho . Son cosas que deberían hacer por ustedes mismos, pero necesitan que se les exijan: verifiquen antes de publicar; digan cuando una opinión es sólo su creencia y no la sustenta nada; avisen cuando una información es publicidad pagada; no citen otra fuente como si eso les quitara la responsabilidad de verificar si es cierta o falsa y, con la IA, si existió en la realidad o no existió; respeten a los menores de edad y a los discapacitados; respeten la inteligencia de su audiencia.
Es tan leve lo que está a consulta que se les deja a ustedes justificar sus falsedades diciendo que en el momento en que publicaron era verosímil la falsedad. Es decir, les deja alegar errores de percepción para no aceptar que tuvieron el propósito de engañar. Es tan leve que les deja a su arbitrio redactar su propio código de ética, lo laxo que ustedes quieran, y designar a su propio defensor de audiencias. Es esta instancia la que va a recibir todas las quejas. Sólo cuando la audiencia pida una revisión es que pasa a una Comisión Reguladora que tiene autonomía de gestión -no es del Gobierno- para garantizar que el derecho sea protegido. La Comisión sólo entra cuando la audiencia impugna lo que decidió una de las defensorías. Todo esto es posterior a la transmisión del mensaje impugnado. No existe censura previa, prohibida por la Constitución. Nadie, salvo los periodistas o locutores limitados por su propio código de ética, deciden qué transmitir y qué no. Las audiencias entramos hasta que el daño ya está dicho.
Aquí lo que defendemos es nuestra libertad de informarnos. Es un derecho que permite muchos otros. Pongamos un ejemplo no político, primero. Si las televisoras ocultan las campañas de vacunación o lo que se dijo por la autoridad sobre una epidemia, están violando el derecho a la salud. Es peligroso que difundan, en cambio, creencias anti-vacunas o desdeñen los riesgos durante una pandemia. Esto lo hizo TV Azteca. Gente que no se fue a vacunar o cuyos familiares murieron de COVID legítimamente podría reclamarle al defensor que nombre Salinas Pliego -que va a ser alguien como Pedrito o Martín Moreno-, pero, al final, si no rectificaron su falsedad, se puede recurrir a la Comisión Reguladora y, en una de esas, hasta los multan con el 0.01 por ciento de sus ganancias, que es lo que dice la Ley, al menos en una de sus versiones. Así que si usted vuelve a escuchar que es censura, piense en que en realidad, lo que está sucediendo es que los dueños de los medios se niegan a tener por escrito su propia ética profesional; que se niegan a darle cauce al derecho que tenemos de que se nos diga la verdad y se exponga la realidad; que se están escudando en una libertad de expresión de una sola persona para negarnos al resto de la ciudadanía a responderles; que se están negando a proteger a las niñas y niños y a los demás grupos históricamente vulnerados en sus derechos. Piense en que están reivindicando, no su derecho a decir, sino a destruir, porque ese es el objetivo de toda mentira.
Termino con otro ejemplo, que es más político y que tiene que ver con el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, y de las víctimas a no ser revictimizadas en cadena de televisión abierta y nacional. Es la insinuación por parte de una locutora de Milenio el 22 de abril de 2022 sobre la víctima de un feminicidio en Nuevo león, Debanhi Escobar. Esa noche, la lectora de noticias, Azucena Uresti dijo: “Por respeto a la familia, no voy a revelar qué tenía al interior de la bolsa, pero eso nos da una idea de lo que pudo haber sucedido después”. Luego, el 12 de mayo el papá de Debanhi dio a conocer un mensaje de la locutora que estaba dirigido al Fiscal de Nuevo León donde ella se decía “siempre de su lado”. El mensaje fue enviado incorrectamente al papá de la víctima. Esto es político porque insinuar que una víctima es culpable de su tragedia es decir, también, que las mujeres son abusadas y asesinadas porque en algo andaban metidas. Juzgar moralmente a una víctima y no a la autoridad o al victimario es anti-ético, anti-periodístico y -verdaderamente- ruin. Prometerle a una Fiscalía difundir solamente su versión, es ser amplificador no una periodista. La vileza de la conductora no pasó a ninguna defensoría porque Milenio no tiene ni estaba obligado a tenerla. No pasó a ninguna Comisión Regulatoria porque no existía la forma de presentar una queja. No hubo consecuencia alguna. Ah, pero la consulta para que tengan tantita ética es censura. Si cómo no, señores.
Cuando se niegan a reconocer que existimos, que sus transmisiones tienen a ciudadanos que necesitan de la información para defender otros derechos, entre ellos, el de votar, la salud, la educación, la vivienda, están aniquilando el espacio democrático. Su objetivo es destruir la reputación de todo lo que les ha impedido seguir en el poder, en ese pedazo de poder que son las autoridades electas, aunque ellos sigan detentando el poder económico: autoridades, instituciones, reformas constitucionales.
Un procedimiento para garantizar un derecho de millones de audiencias es proclamado como “censura” por los medios corporativos, a pesar de que no es algo que viene del Gobierno, sino que sube desde un ciudadano que siente que se vulnera su derecho a la información, que debe pasar por una defensoría designada por el propio medio y la cual puede decir que no está bien sustentada, y que ya, al final, sube a una Comisión Reguladora. Algo que comienza cuando un ciudadano es tachado de censura. Es la misma idea de que los ciudadanos somos acarreados, votamos porque nos dan algo a cambio, que somos ignorantes y apoyamos hasta una censura que va en contra de nuestros derechos. Sólo les explico a los dueños de los medios: pasó el tiempo de la opinión manufacturada y nosotros ya nos hicimos una opinión propia sobre ustedes.
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