Editorial La Jornada
El subsecretario
adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado,
Hugo Rodríguez, afirmó ayer que México podría ser objeto de sanciones
por parte de Estados Unidos si llega a concretarse una posible compra de
helicópteros militares rusos, anunciada el jueves pasado por el
ministro de Relaciones Exteriores de Moscú, Sergei Lavrov, tras su
reunión con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Según el funcionario
estadunidense, las sanciones se darían en el contexto de la Ley para contrarrestar a los adversarios mediante sanciones(CAATSA, por sus siglas en inglés), promulgada por el presidente Donald Trump en agosto de 2017 para golpear económicamente a Rusia, Irán y Corea del Norte por sus supuestas acciones contrarias a los intereses de Washington.
Para poner en contexto la postura del gobierno de Trump ante el aún
hipotético pedido a la corporación Rosoboronexport, es necesario
recordar que las relaciones militares de México con Moscú son de larga
data, y que la compra de materiales bélicos rusos, en general, o de
helicópteros, en particular, dista de constituir una novedad. Por
señalar únicamente los sucesos de los dos sexenios más recientes, en
diciembre de 2009 el Atlas de la seguridad y la defensa de México,
elaborado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia
(Casede), indicaba que la Fuerza Aérea y la Armada de México poseían 30
helicópteros de fabricación rusa de los modelos MI-26, MI-17 y MI-8;
en febrero de 2010 el mencionado Lavrov anunció la intención del
gobierno mexicano de adquirir helicópteros para vigilancia costera y
para inicios de 2013 operaban en la Secretaría de la Defensa Nacional y
la Marina 39 MI-17, la mayoría de los cuales fueron adquiridos para transporte de personal y posteriormente artillados.
Si a ello se suma que en el equipamiento aéreo de nuestras Fuerzas
Armadas mexicanas han coexistido las aeronaves rusas con los de
procedencia estadunidense y europea, parece claro que detrás de las
declaraciones injerencistas del Departamento de Estado se encuentra un
afán de la Casa Blanca por realizar una venta forzosa de sus propios
helicópteros. Es decir, se estaría ante una aplicación extraterritorial y
notoriamente ilegal del principio
Estados Unidos primero, con el cual el mandatario republicano exalta el chovinismo de sus bases electorales.
Ante la injustificable amenaza que acompaña a ese designio, es
imperativo exigir a Washington que se abstenga de usar las sanciones (o
el amago de aplicarlas) como un instrumento de mercadeo a favor de su
complejo militar industrial, pues tal práctica no sólo es violatoria de
las leyes que rigen el comercio mundial, sino que además constituye una
intromisión inaceptable en decisiones que corresponden de manera
exclusiva a los mandos civiles y militares de México.
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