Imagen retomada de la Cámara de Diputados
Ciudad de México. Diputadas federales y el fiscal
general de la República, Alejandro Gertz Manero, acordaron integrar un
grupo de trabajo para revisar los obstáculos para prevenir y sancionar
los asesinatos de mujeres y verificar si es necesario cambiar la
definición del delito de feminicidio.
El acuerdo se dio tras la polémica que se desató el pasado 30 de
enero, cuando algunas diputadas dieron a conocer la intención de la
Fiscalía General de la República (FGR) de modificar el tipo penal de
feminicidio, y después del reciente asesinato de Ingrid Escamilla,
ocurrido el 9 de febrero en la Ciudad de México,
El fiscal y las legisladoras llegaron a este acuerdo
durante la mesa de trabajo convocada por la presidenta de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas y donde estuvieron presentes representantes
de todos los grupos parlamentarios.
En el encuentro Gertz Manero reiteró que su propuesta no
era desaparecer el tipo penal sino modificarlo y aunque algunas diputadas
aplaudieron la aclaración y dijeron que estarían dispuestas a trabajar en una
propuesta; otras mencionaron que el problema no era la definición de la
conducta delictiva sino la investigación.
FGR puede hacer sencillo el tipo penal
El 10 de febrero el fiscal general estuvo en la conferencia matutina
del presidente Andrés Manuel López Obrador. Allí explicó a los medios de
comunicación que durante la plenaria de Morena que se llevó a cabo del
27 al 31 de enero en San Lázaro, trató el tema del feminicidio.
En los últimos 5 años, dijo, el crecimiento de los delitos de
homicidio creció alrededor de 35 por ciento y el número de casos de
feminicidio aumentó 137 por ciento; pero al hacer un análisis de la
información del fuero común, encontró que los elementos que se tienen
que dar para poder judicializar, son un obstáculo.
“Les dije (a las
y los parlamentarios de Morena) que había una situación que había que reformar,
que ese delito, manteniendo su autonomía, deberíamos de hacerlo mucho más
sencillo para proteger a las víctimas, para proteger a las mujeres, para darles
mayor empoderamiento en la defensa de su vulnerabilidad”.
Al día siguiente
de esa conferencia de prensa, el 11 de febrero, el fiscal se reunió con las
diputadas para explicar por qué, desde su punto de vista, la definición del
delito no estaba suficientemente clara.
Feminicidio es un problema, coinciden
Tras escuchar
las opiniones de las legisladoras, el fiscal señaló que entre la FGR y la Cámara
de Diputados existía la coincidencia, porque ellos también creían que se debería
mantener el tipo penal y que debe castigar con la penalidad más alta de 40 a 70
años de cárcel.
“Tenemos muy claro la perspectiva de género, tenemos
muy claro que el delito de feminicidio tiene que prevalecer, porque eso le da
una autonomía jurídica y técnica que es indispensable para poder defender a un
género que está en una posición de agresión que nosotros tenemos que entender con
toda claridad”.
Gertz Manero insistió en que la FGR reconoce que hay un problema que
ha crecido y aseguró que la propuesta es hacer algo desde el Poder
Judicial federal para proteger a las víctimas. Señaló que la institución
que representa solo va a proponer la defensa de las mujeres, una
declaración que causó aplausos de las diputadas.
Sin embargo, insistió en que existen
problemas técnicos y jurídicos que hay que erradicar para fortalecer el tipo
penal, por lo que llamó a crear un grupo de trabajo para modificar la definición
del delito.
“Cuando un
tipo penal es sumamente complicado, no ayudamos a la víctima. Tiene que ser un
tipo penal tan claro, tan preciso, que tenga una objetividad tal que cuando
llegamos ante los jueces no se nos vengan abajo los asuntos porque faltó el
detalle específico que finalmente no era el que iba a defender a la víctima”.
¿Falla el tipo penal o las políticas públicas?
La legisladora que pidió no perder de vista los
argumentos expresados por las diputadas fue la priista y exgobernadora de
Yucatán, Dulce María Sauri Riacho, quien, tras escuchar al fiscal preguntó: ¿estamos
en presencia de un problema del tipo penal o un problema de políticas públicas
y de aplicación?
La legisladora, quien también ha sido presidenta del PRI, se inclinó
por el segundo argumento y explicó que el artículo 325 del Código Penal
Federal es claro al decir que un feminicidio ocurre cuando existe una de
siete circunstancias que marca la ley.
Los
supuestos son si la víctima presenta signos de violencia sexual, lesiones o
mutilaciones; antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia; si tuvo una
relación sentimental, afectiva o de confianza con el agresor; si vivió amenazas,
o fue incomunicada y si el cuerpo de la víctima fue expuesto o exhibido en un
lugar público.
“Enfatizaría
en que este grupo de trabajo que se va a integrar que vea el tema de las
políticas públicas”.
A su vez,
la diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, señaló que
cualquier legislación es perfectible, pero dijo que, aunque se tenga el mejor
tipo penal, éste puede no corresponder con la realidad porque existe un diseño institucional
que no ha implementado muchos elementos.
“El
tema del tipo penal de feminicidio no solamente es el tipo penal, sino cómo se
están atendiendo las diferentes formas de violencia contra las mujeres y por
eso creo que debemos hacer una revisión profunda del asunto, de la particular
posición y lo que le corresponde hacer a la fiscalía y a las fiscalías en
materia de violencias de género”.
La
legisladora, explicó que las diputadas tenían la percepción de que el problema
de la investigación y sanción del feminicidio era un tema de diseño e
implementación de política pública y de una falta de capacitación, de
infraestructura, de instalaciones y de carencia de material básico como
refrigeradores para conservar pruebas.
Tagle Martínez señaló que la
investigación tenía una serie de deficiencias que no estaban en el ámbito
legislativo, pero sí en el tema presupuestal. En este tema el fiscal
reconoció que la FGR no tenía el presupuesto suficiente y eso era responsabilidad
de la Cámara de Diputados que recortó los recursos.
El fiscal y
las legisladoras acordaron organizar el grupo de trabajo tener una propuesta
antes de que termine febrero.
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