Con la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia a raíz
de las designaciones de Luis González Alcántara Carrancá como nuevo
ministro y de Arturo Zaldívar como titular de la institución, a ambos y
al pleno en su conjunto les aguardan pruebas difíciles tras los
recientes desencuentros entre los poderes Judicial y Ejecutivo y el
Senado mismo. Entre los retos destacan, por ejemplo, la resolución de la
controversia en torno a la Ley Federal de Remuneraciones de los
Servidores Públicos, impulsada por Morena.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las tensiones en el pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para renovar su presidencia se
mantuvieron hasta pocas horas antes de que el ministro Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea resultara electo, en un proceso en el que se hizo
ineludible la presencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El miércoles 2, cuando el pleno estaba convocado para elegir en
sesión pública al nuevo presidente de la SCJN y del Consejo de la
Judicatura Federal (CJF), los ministros se citaron para un desayuno
privado. Fue una reunión tensa en la que se acentuaron las diferencias.
Ninguno de los cuatro candidatos cedía en su pretensión de ser el
máximo representante del Poder Judicial de la Federación. Se habían
configurado los dos bloques tradicionales: los ministros de carrera
judicial y los llamados externos. Pero iban fragmentados. Cada uno con
dos candidatos.
De nueva cuenta se proyectaba la falta de consenso y la sombra de la
división pública de hace cuatro años, cuando fue electo Luis María
Aguilar después de cinco horas de votación, en una contienda con el
propio Zaldívar.
Así llegaron a la sesión pública en la que asumió como ministro Juan
Luis González Alcántara Carrancá, designado por el Senado apenas el 20
de diciembre a propuesta del presidente López Obrador. El nuevo ministro
se debatía entre la amistad y el agradecimiento para emitir su voto.
En la ceremonia de investidura, el principal contrincante de Zaldívar
–su viejo amigo Alberto Pérez Dayán– fue el encargado de darle el
discurso de bienvenida. Pérez Dayán insistió en su postura de la
independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) y el equilibrio
de poderes, con todo y las críticas que reciban los jueces
constitucionales, como fue su caso apenas en diciembre pasado, cuando el
Senado y la Presidencia de la República impugnaron su decisión de
suspender la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los
Servidores Públicos, según la cual nadie en el sector público debe ganar
más que el primer mandatario de la nación (Proceso 2198).
Discursos reivindicativos
Con esa decisión, el ministro Pérez Dayán se colocó muy lejos de las
consideraciones de López Obrador, al contrario de lo ocurrido en 2005,
cuando, como magistrado, fue el único de los tres integrantes del
Tribunal Colegiado que votó en contra de su desafuero como jefe de
Gobierno del entonces Distrito Federal, impulsado por el gobierno de
Vicente Fox.
Un juez no debe buscar el acomodo fácil o la simpatía general. Debe
hacer prevalecer el estado de derecho y tomar decisiones, populares o
no, que preserven el orden supremo de la Constitución Mexicana. En el
PJF la subordinación sólo se debe a la Constitución y a la ley, siempre y
cuando ésta última no la niega o contradiga, expuso Pérez Dayán.
En su respuesta, González Alcántara también se expresó a favor del
equilibrio de poderes y la autonomía del Poder Judicial, pero también
dijo que éste tiene la obligación de ser “interlocutor de la sociedad
con los demás poderes”, porque en los reclamos de justicia de la
sociedad existe la idea “de que algo no funciona bien y/o algo no
funciona ni en las instituciones ni en las leyes”.
De forma similar se ha expresado la mayoría oficialista de Morena en
el Congreso; en particular el presidente de la Junta de Coordinación
Política del Senado, Ricardo Monreal, quien ha presentado diversas
iniciativas tendientes a reformar el Poder Judicial, sobre todo para
promover la rotación de jueces y en contra del nepotismo.
El nuevo ministro no perdió oportunidad para repetir una de las
máximas juaristas preferidas de López Obrador: “Nada al margen de la ley
y nada ni nadie por encima de nuestra Constitución”.
Después del protocolo de bienvenida, los ministros hicieron un receso
para dar paso a la votación. La tensión se mantuvo durante más de una
hora. La discordia se impuso en la llamada familia judicial. Pérez Dayán
acabó con la incertidumbre cuando, al inicio de la sesión para designar
al nuevo presidente, anunció que “para facilitar la votación” declinaba
su candidatura.
A partir de ese momento, en tan sólo 10 minutos y en una sola ronda
de votos se decidió la elección para el periodo 2019-2022. El ministro
Arturo Zaldívar ejercerá como presidente en cuatro de los seis años del
gobierno de López Obrador.
La insistencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo de mantenerse
en la carrera y la falta de respaldo de la ministra Norma Lucía Piña
Hernández dividieron hasta el final a los ministros de carrera judicial,
y con Zaldívar los externos –es decir, los que no provienen de la
carrera judicial– se impusieron por primera vez desde que hace 24 años
se definieron la actual estructura y funcionamiento de la Corte.
Con excepción de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a quien entre algunos
ministros se le veía como candidato del PRI y de grupos empresariales,
todos los externos respaldaron a Zaldívar Lelo de Larrea, empezando por
Juan Luis González Alcántara Carrancá. A su favor votaron los ministros
Fernando Franco González Salas, Eduardo Medina Mora y Javier Laynez
Potisek.
A los externos se sumaron las dos ministras con carrera judicial:
Piña Hernández y Margarita Luna Ramos, quien pasará a retiro en marzo
próximo. Los externos podrían consolidar su predominio en la Corte si el
presidente de la República y el Senado optan por designar a alguien
ajeno a la carrera de juez.
“Independencia no es aislamiento”
El ministro Arturo Zaldívar asume la presidencia de la SCJN y del CJF
luego de nueve años como juez constitucional, con una propuesta de
cambio en ambas instancias y cercano al discurso de austeridad de López
Obrador, aunque ha advertido que cualquier reforma del Poder Judicial
debe hacerse con la participación de los jueces.
En su primer discurso como presidente de la Corte, Zaldívar anunció
“un diálogo constructivo y fructífero con los otros poderes”, pero
reivindicó la independencia del Poder Judicial: “Independencia no es
aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es
romper el diálogo; dialogaremos siempre, partiendo del supuesto de
nuestra independencia”.
Pidió al pleno de ministros “dar vuelta a la página”, “olvidar
nuestras diferencias” y “trabajar en equipo” para lo que anunció como
nuevas “políticas públicas” del Poder Judicial. De forma reiterada, dijo
que México vive “un momento extraordinariamente complicado”, aunque
subrayó el papel “extraordinariamente importante” de la Suprema Corte en
la transición democrática del país.
“No se podría explicar la transición democrática de México sin el
papel de esta Suprema Corte; ha sido un poder equilibrador, ha sido un
poder que ha sabido establecer y cuidar la división de poderes, pero ha
sido también –ante todo– una defensora y desarrolladora de los derechos
humanos de todas las personas”.
Propuesto como ministro por el entonces presidente Felipe Calderón,
el nuevo presidente de la Corte llegó al máximo tribunal desde su
práctica de litigante corporativo. En esa condición, representó ante la
propia Corte a las instituciones crediticias beneficiadas por el rescate
bancario del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), en una
revisión de amparo para impedir la realización de auditorías con las que
se pretendía reducir el monto del rescate a Bancomer, Bital (hoy HSBC),
Banamex y Banorte.
Desde que se integró al pleno de ministros en diciembre de 2009, se
ha expresado a favor de los derechos humanos. Con apenas unos meses en
el cargo, propuso sancionar a funcionarios federales y no sólo estatales
y municipales por el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, en el
que murieron 49 niños y 106 resultaron heridos.
Encargado del juicio, propuso sancionar a los funcionarios federales
del IMSS, entonces a cargo de Juan Francisco Molinar Horcasitas, ya
fallecido, y cercano a Calderón. Molesto con el proyecto de resolución,
el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo buscó y
le espetó: “para eso no te pusimos”. Al final, sólo fueron sancionados
funcionarios locales.
En marzo de 2012, ya en el último año del sexenio de Calderón,
Zaldívar volvió a ser objeto de presiones del gobierno federal. La razón
fue su propuesta de otorgar un amparo “liso y llano” por violaciones al
debido proceso. La consecuencia era liberar a la ciudadana francesa
Florence Cassez, quien había sido acusada de secuestro por Genaro García
Luna, el hombre fuerte de Calderón.
En conversaciones informales con la prensa, Zaldívar confirmó esas
nuevas presiones del gobierno calderonista, pero sin entrar en detalles
de los exfuncionarios o enviados que lo buscaron, ni del tipo de
advertencias o amenazas de que fue objeto. Este semanario confirmó en
ese entonces en el Poder Judicial que éstas alcanzaron a su familia,
mientras que otros ministros fueron amenazados con que se haría público
su patrimonio si liberaban a Cassez (Proceso 1890).
El proyecto de Zaldívar no fue aprobado, pero dejó la frase “del
efecto corruptor” que tuvo en todo el proceso penal el montaje de García
Luna durante la detención de Cassez, quien salió hasta el siguiente
año, ya en el gobierno de Enrique Peña. El nuevo proyecto de resolución
estuvo a cargo de la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, ahora
secretaria de Gobernación.
El caso Caro Quintero
En noviembre de 2013, Zaldívar fue el encargado de revertir el amparo
mediante el cual había sido liberado, tres meses antes, Rafael Caro
Quintero, exjefe del desaparecido Cártel de Guadalajara. El sinaloense
llevaba 28 años de prisión, acusado del asesinato del agente antidrogas
de Estados Unidos, Enrique Camarena.
Como integrante de la Primera Sala de la Corte, en la que se
resuelven los asuntos penales y civiles, Zaldívar propuso revocar el
amparo otorgado por el Tercer Tribunal Colegiado penal de Jalisco a
pesar de que un año antes, como presidente de esa Sala, formó parte de
la mayoría que se negó a atraer ese amparo por carecer de “méritos
suficientes” para ser resuelto en el máximo tribunal.
En noviembre de 2017, al otorgar un amparo a la organización Artículo
19, ordenó e impuso un plazo perentorio a la Cámara de Diputados para
legislar sobre la publicidad oficial con el fin de evitar su manejo
arbitrario y que sea utilizada como un mecanismo de censura indirecta.
En abril del año pasado, la entonces mayoría del PRI en San Lázaro
aprobó la Ley General de Comunicación Social que mantiene la
discrecionalidad, por lo que se encuentra bajo revisión constitucional
en la propia Suprema Corte. Lo que resulte será de aplicación obligada
para el gobierno de López Obrador.
Lo mismo pasará con la Ley Federal de Remuneraciones de los
Servidores Públicos, que se ha convertido en factor de discordia entre
la Corte y el Senado y la Presidencia de la República.
Como parte de los “duros señalamientos” hechos al Poder Judicial,
sobre todo por los altos salarios de los ministros y magistrados, la
aplicación de esa ley en el PJF “resulta problemática en el marco de las
garantías institucionales que la Constitución establece”, señaló
Zaldívar en diciembre pasado, cuando dio a conocer su propuesta para
dirigir la SCJN.
Ahí aseguró que el principal desafío para el presidente de la SCJN y
del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) será la defensa de la
independencia judicial “sin entrar en una confrontación entre poderes o
un choque de trenes”.
En sus propuestas incluye el restablecimiento de los comités de
ministros y ministras que dejaron de operar desde la llegada de Juan
Silva Meza a la presidencia de la Corte. Luis María Aguilar, contra
quien Zaldívar compitió hace cuatro años, mantuvo el mismo control
unipersonal en la SCJN.
Habló también de la creación de un ómbudsman para el personal del
PJF, así como de desarrollar políticas de igualdad de género tanto en la
carrera judicial como administrativa y de transparencia en la
designación de jueces.
Sin precisar, se refirió a la implementación de “programas de
austeridad” en el Poder Judicial Federal, a las compras consolidadas y a
la “contención de salario de mandos superiores”.
Este reportaje se publicó el 6 de enero de 2019 en la edición 2201 de la revista Proceso.
Zaldívar. Toma de protesta. Foto: Eduardo Miranda
