Militarización de frontera Méx-EUA caerá sobre mujeres, niñas y adolescentes migrantes

 Escrito por Wendy Rayón Garay 

Foto de David Peinado: https://www.pexels.com/es-es/foto/cruce-cerca-valla-verja-7054187/.-Ciudad de México.- En las primeras horas de su segundo mandato, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una serie de órdenes ejecutivas para frenar la migración al país, entre ellos, ordenó militarizar la frontera sur, es decir, el territorio que comparte con México, porque es donde más flujo migrante acontece y tras el anuncio, se encendieron las alarmas por violaciones sistemáticas de derechos humanos que caerán sobre mujeres, adolescentes y niñas quienes intentarán alcanzar el sueño americano en medio de este escenario.

La militarización para realizar labores de seguridad deja a su paso estragos de violencia por su estructura patriarcal que ejerce, pero las violaciones sistemáticas a Derechos Humanos recaen en especial contras mujeres y esto se prevé acontezca en la frontera México-Estados Unidos debido a que en ambos países habrá presencia de militares.

Como una de sus primeras acciones como presidente de Estados Unidos, Trump declaró una emergencia nacional en su frontera sur y exigió «sellar» fronteras en territorio mexicano justificando su decisión: por el flujo de drogas, contrabando de personas y delincuencia organizada.

Hay que recordar que desde la oficina oval de la Casa Blanca, Trump declaró “emergencia nacional” para que las personas inmigrantes no puedan ingresar a su país. En adherencia, entre los acuerdos firmados en materia de migración se encuentran: la suspensión de programas para el reasentamiento de refugiados durante cuatro meses; la cancelación de las citas en la aplicación CBP One; la catalogación de pandillas y carteles como terroristas; retomar la construcción del muro fronterizo; implementar de nueva cuenta la política pública “Quédate en México”; la detención de vuelos migratorios; y el cierre de la frontera.

Además de estas disposiciones, Trump firmó más de 40 órdenes ejecutivas que estarán entrando en vigor en breve, no obstante, las relacionadas con migración tienen un dolorosa secuela en el cuerpo, vida e integridad de las mujeres inmigrantes lo cual no es tema novedoso en la forma de gobernar de este presidente norteamericano.

Trump ya había gobernado Estados Unidos, del 20 de enero del 2017 al 20 de enero del 2021 y durante ese tiempo, sin la amenaza de militarizar la frontera ya se tenían registros de violaciones sistemáticas a Derechos Humanos.

Por ejemplo, desde el 2021, el informe “Te tratan como si no valieras nada”, recopila datos internos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y reveló diversos casos de violencia contra las mujeres desde el 2017 por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Este informe elaborado por la organización Human Rights Watch, incluye un total de 160 testimonios sobre casos de conductas indebidas contra personas migrantes, en el caso de las niñas y mujeres se señalaron abuso físico durante la detención, abuso sexual, trato discriminatorio y deshumanizante, negación de alimentos y atención médica, así como intimidación de solicitantes de asilo y denegación del debido proceso. 

Siguiendo el documento, la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur hasta ese momento contabilizaron 55 muertes desde 2010 relacionadas con el uso de la fuerza por parte de agentes u oficiales en encuentros con personal de Aduanas y Protección Fronteriza, Customs and Border Protection (CBP).

Asimismo, hubo un caso particular en el que una mujer fue detenida cerca de Mexicali y declaró que fue lastimada, maltratada y golpeada en repetidas ocasiones hasta esposarla.

La CBP, la Patrulla Fronteriza y los oficiales del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han sido acusados por abuso sexual. En los mismos archivos se informó de un incidente en el que una niña fue obligada a desvestirse para ser tocada de forma inapropiada por un guardia. La niña declaró que el oficial le gritó y le golpeó sus genitales con mucha fuerza.

En cuanto al trato discriminatorio y deshumanizante, se han visto casos en el que se emplea el uso de violencia verbal. Por ejemplo, una mujer declaró que al llegar a un centro de detención fronterizo, la llamaron con adjetivos con carga sexual que reflejaba violencia en razón de género o relacionado con animales. 

La congeladora

Las detenciones de personas migrantes también son conocidas por el uso de “la nevera” o “el congelador” en el que familias e infancias son cometidos y tratados de forma inhumana. Ahí mismo, se les niegan los alimentos, papel higiénico, agua, y la atención médica.

En estos centros de detención, conocidos como «el congelador», las personas detenidas, no deberían pasar más de 72 horas, no obstante, se ha denunciado que pueden pasar ahí hasta meses bajo temperaturas congelantes, además de las violaciones ejercidas por personal operativo.

Un caso registrado fue el de un supervisor en la Oficina de Asilo de San Francisco comunicó internamente lo siguiente al DHS: “FA [funcionario de asilo]

«Una de las solicitantes que entrevistó hoy tiene una hija pequeña que fue agredida sexualmente por alguien que creemos que es un funcionario del CBP o de la Patrulla Fronteriza. La solicitante y su hija fueron interceptadas por la Patrulla Fronteriza y enviadas a La Hielera [una celda de detención en la frontera], donde ocurrió lo siguiente: un guardia en La Hielera, que vestía un uniforme verde y tenía un gafete que decía [eliminado], obligó a la niña a desvestirse y la manoseó”.

Los registros indican también que oficiales de la Patrulla Fronteriza retuvieron alimentos como herramienta de coerción, infringieron violencia psicológica, forzaron a migrantes a firmar documentos en inglés sin explicarles el contenido a cambio de comida. Por otro lado, la atención médica solo fue extendida de forma estrictamente necesaria, provocando consecuencias en la salud de las personas migrantes.

Finalmente, Human Rights Watch reportó que durante años se han utilizado tácticas de intimidación por la Patrulla Fronteriza y agentes de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza contra las personas migrantes como el no registró de denuncias por temor al retornó de su país de origen, proceso en el cual la persona debe ser remitida a una entrevista para calificar si tiene derecho a un asilo u otra protección.

En la práctica, estas declaraciones se invisibilizan y las personas migrantes son intimidadas. 

El informe de Human Rights Watch, incluye 27 casos de 2017 a 2018 por violaciones al debido proceso en donde se manifestó que las autoridades fronterizas infringieron el derecho de los migrantes al asilo, en el que se incluyen inexactitudes e inconsistencias en el papeleo para la deportación acelerada.

En territorio mexicano

Para inmigrantes que decidan y deban permanecer en territorio mexicano, ya sea porque no alcanzaron a ingresar a Estados Unidos o los hayan deportado, también enfrentan diversas violencias y abandono institucional.

El programa “Quédate en México” (Remain in Mexico) (oficialmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes), aplicado en la frontera entre México y Estados Unidos, lanzado en enero del 2019 bajo el primer gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, fue reiniciado por el presidente Joe Biden el 6 de diciembre de 2021.

En el programa Quédate en México, el gobierno mexicano debería garantizar el acceso a oportunidades laborales, atención médica y educación a las y los solicitantes de asilo, con la finalidad de contener el flujo migratorio. Pero hay denuncias contra este programa, por las y los usuarios.

Según el acuerdo que estableció Quédate en México, el gobierno mexicano debería garantizar el acceso a oportunidades laborales, atención médica y educación a los solicitantes de asilo en el programa.

Algunos testimonios de mujeres usuarias de Quédate en México, denunciaron:

Andrea relató que llevó su hija de 11 años a un hospital público cuando se lastimó la cabeza. Sin embargo, el personal del hospital se negó a atenderla porque Andrea no tenía un documento de identidad mexicano ni un número de seguro social. Tuvo el mismo problema cuando intentó inscribir a su hija en la escuela pública. Andrea acudió a una oficina de migración para preguntar cómo podía obtener los documentos necesarios, pero los agentes allí presentes le dijeron que no podían ayudarla.

Cuando Ana Laura y sus hijos, de 19 y 12 años, fueron asignados a Quédate en México en octubre de 2019, no les dieron sus CURP. Ana Laura contó que, más tarde, cuando intentó denunciar que habían sido víctimas de extorsión, la policía los rechazó alegando que no podían presentar una denuncia si no tenían CURP. Cuando ella y su esposo intentaron solicitar la clave, los funcionarios de migración se negaron a ayudarlos argumentando que no sabían qué documentación darles a quienes estaban en el programa Quédate en México.

Cuando Marcela, una ingeniera que llegó a México en diciembre de 2019 en el marco de Quédate en México, empezó a buscar trabajo en su especialidad, acudió a una feria de empleo y envió su currículum a numerosas empresas. Sin embargo, según contó, nadie le daba trabajo porque su visa nunca tenía validez mayor a unos pocos meses; es decir, hasta la siguiente cita en el tribunal migratorio de Estados Unidos. Un empleador le dijo que si quería conseguir trabajo tendría que desistir de su solicitud de asilo en EE.UU. y solicitar asilo en México.

Blanco de secuestros y extorsión en México

Dieciséis personas entrevistadas por Human Right Watch dijeron que agentes de migración o policías mexicanos las habían detenido y les habían exigido sobornos, en algunos casos de miles de dólares.

Contaron que los funcionarios las habían amenazado con deportarlas, hacerlas desaparecer o entregarlas a carteles si no pagaban. Algunas dijeron que las habían extorsionado al ingresar al país. Otras, que las habían detenido en un aeropuerto y los agentes de migración las habían llevado a áreas de espera para exigirles un pago.

Yaneth y su esposo, Rafael, contaron que llegaron a Reynosa en autobús en agosto de 2019 y le pidieron a un taxista que los llevara a un conocido albergue para migrantes. En lugar de eso, el conductor los llevó a una casa abandonada, donde estaban secuestradas varias familias procedentes de Honduras, Cuba y El Salvador. Cuando los secuestradores se enteraron de que la pareja había venido a buscar asilo en EE.UU., les exigieron USD mil 500 como “comisión” para cruzar la frontera, y los amenazaron con matarlos si no pagaban. Luego de que realizaran el pago, los llevaron a un puente fronterizo. “Nunca denunciamos el secuestro a la policía”, dijo Yaneth. “Teníamos demasiado miedo”.

México te abraza, estrategia de Claudia Sheinbaum

Ante las ordenes ejecutivas firmadas por Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró durante la mañanera que el gobierno mexicano brindara apoyo a las y los migrantes a través del programa «México te abraza» que busca acompañar en casos de deportación o regreso voluntario.

Asimismo, se instalarán nueve centros de atención colocados en las ciudades fronterizas: Matamoros, Reinosa y Nuevo Laredo en Tamaulipas; Tijuana y Mexicali en Baja California; así como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Secretaría de Gobernación

También mencionó que los centros de atención para migrantes proporcionarán servicio de registro y recepción, servicios para la reintegración, atención a salud, alimentación, así como estancia y alojamientos.

En cuanto a servicios médicos, las personas repatriadas serán afiliadas al IMSS junto a su núcleo familiar para que tengan prestación del Seguro de Enfermedades y Maternidad. Además, las niñas, adolescentes y mujeres tendrán acceso a vacunas como sarampión, rubeola, hepatitis B, tuberculosis, neumococo y hexavalente.

Para los traslados desde los puntos de repartición fronterizo hasta los nuevos centros se tendrán a disposición 189 autobuses y 100 más para llevarlos a sus estados de origen.

Sin embargo, quedaran a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, instancias catalogadas como las autoridades con mayor número de quejas por violación a derechos humanos ante la CNDH entre 2020 y 2023, según el informe ‘CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024’ del Centro Prodh.

Por otro lado, se otorgará la Tarjeta Bienestar Paisano que consiste en una transferencia de 2 mil pesos a personas mexicanas repatriadas para cubrir los gastos de su regreso a sus comunidades de origen.

Panorama actual sobre las deportaciones de las mujeres migrantes

El día de ayer, Cimacnoticias publicó una investigación en el que se hace un recuento sobre el panorama al que aproximadamente más de 2 millones 200 mil mujeres mexicanas que viven en Estados Unidos sin documentos, según datos de El Colegio de la Frontera Norte, y aquellas que aún buscan cruzar, enfrentarán con la segunda administración de Trump.

Reforma para militarizar seguridad es altamente cuestionable: Patricia González Rodríguez

 Escrito por Rita Magaña Torres 

Fotografía: Twitter @SEDENAmx.-Ciudad de México.- Tras la posible implementación del llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, propuesto a principios de este 2024, para emprender reformas trascendentales para el país, el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, presentó un Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales, donde se señala que podrían ser iniciativas “regresivas” y “dañinas” para el país.

Basta recordar que el pasado 5 de febrero, en el marco del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de México, López Obrador presentó un paquete de 20 reformas, conocido como Plan C, donde destacó reformas importantes, incluida la Guardia Nacional y este Análisis universitario, dedica un capítulo especial para entender las contradicciones a derechos humanos que esto plantea.

En dicho análisis universitario, aseveran que “se trata de una reforma profundamente regresiva, que, más allá de la retórica del presidente López Obrador, simple y sencillamente, busca el desmantelamiento y la captura de los poderes judiciales, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En ese análisis Patricia Lucila González Rodríguez, experta en temas de delito, violencia, derechos humanos, género y proceso penal acusatorio, también emitió su análisis sobre el tema del traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de lo cual señaló que los señalamientos descritos en la iniciativa bajo ningún aspecto justifican esa medida.

Patricia Lucila González Rodríguez, explicó que no se justifica ese traslado, cuando el componente constitucional y legal que originó la creación de la GN introdujo un diseño institucional enfocado en mayor medida con funciones preventivas dirigidas a evitar comisión de delitos y faltas administrativas, salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer la paz social como actividades propias de la seguridad ciudadana.

Destacó el hecho de que las líneas argumentativas que motivan la apuesta por una militarización de la seguridad pública nacional, son altamente cuestionables, y apuntan a ser una solución sencilla para un problema infinitamente más complejo.

Guardia Nacional

En el capítulo cuatro de dicho documento, Patricia Lucila González Rodríguez, realiza un análisis crítico de la Guardia Nacional como fuerza armada permanente.

La experta en temas de delito, violencia, derechos humanos, género y proceso penal acusatorio, detalló que «bajo ningún aspecto justifican el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)».

La especialista aborda el enfoque de la creación de la Guardia Nacional, afirmó que su componente constitucional y legal que la originó tuvo un diseño enfocado en funciones preventivas dirigidas a evitar comisión de delitos y faltas administrativas, salvaguardar la integridad de personas y de su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer la paz social como actividades propias de la seguridad ciudadana.

Desestimó su actuación como parte de investigaciones, explicó que la actuación de la GN solo tiene carácter complementario y de auxilio al Ministerio Público, quien es el encargado de esto, por lo tanto, está acotada a la policía de la Agencia de Investigación Criminal y los integrantes de la Fiscalía General de la República, por tanto, en este rubro tampoco podría haber avances significativos para el país.

“Resulta sumamente preocupante que con esta iniciativa de reforma se otorgue a los elementos de las Fuerzas Armadas facultades de prevención, investigación y persecución del delito, lo que se traduce en un grave retroceso en materia de acceso a la justicia. Asimismo, se propone que los elementos de la Guardia Nacional cuenten con fuero militar, lo que en términos prácticos dificultaría el acceso a la verdad y la justicia de víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas”, reclama.

Red Feminista Antimilitarista

El análisis de la experta en temas de delito, violencia, derechos humanos, género y proceso penal acusatorio alimenta el debate público sobre el papel y la naturaleza de la Guardia Nacional como una fuerza armada permanente en un país democrático.

Sus críticas se centran en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia para evitar que la militarización de la seguridad pública conduzca a violaciones de derechos humanos y erosione las instituciones civiles.

La periodista Lucía Lagunes Huerta en su columna La militarización caerá sobre nosotras, abunda «las mujeres lo sabemos bien, a mayor violencia generalizada con presencia de hombres armados en las calles, mayor violencia en nuestra contra y más restricciones a nuestras libertades».

Lo hemos aprendido a lo largo de la historia, las mujeres han sido los botines de todos los hechos de violencia sociales armados. Sus cuerpos y sus vidas se convierten en premios a ganar o dañar.

Y esto tiene que ver con la construcción genérica de la masculinidad y del sistema patriarcal en los cuales la violencia es uno de los pilares, a tal grado, que no solo está legitimada, sino se han legalizado; pensemos en los crímenes de honor o los que se comenten bajo el presunto Estado de Emoción Violenta, que en ambos casos son justificaciones de la violencia masculina contra las mujeres plasmadas en las leyes.

Lucía Lagunes Huerta

La Red Feminista Antimilitarista ha insistido en que se incorpore la perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad a las políticas de seguridad pública, lo cual no equivale a incrementar el número de mujeres en las Fuerzas Armadas, sino a tener claridad respecto a que la violencia que azota al país tiene repercusiones distintas en la vida de las mujeres y niñas, pues las ha afectado de manera estructural en el ejercicio de sus derechos.

A lo que añadió que sin la debida dimensión sobre el poder que las estructuras criminales tienen en nuestro país, y sin un marco de incentivos reales que permita contrarrestar su acción, es difícil afirmar que estos procesos de colusión delictiva no puedan presentarse aún con las fuerzas armadas al mando de la GN, y en el ejercicio de facultades relacionadas con la seguridad pública, más ante la ausencia de controles efectivos y mecanismos de vigilancia institucional en la función militar.

Las organizaciones que conforman la Red Feminista Antimilitarista han documentado diversos casos de protección e impunidad de los tribunales militares a los elementos que han violentado los derechos humanos de la ciudadanía, particularmente de mujeres y niñas.

Contradicciones

En otro orden de ideas, Patricia Lucila González Rodríguez, se remitió a las fallas que se advirtieron en la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), que derivaron en la pérdida de confianza ciudadana y en la incapacidad de esta corporación para atender el fenómeno delictivo en el ámbito de su competencia.

Por ejemplo, se enfrentó a insuficiencia de elementos, recursos materiales y logísticos, falta de mecanismos de rendición de cuentas y controles de confianza efectivos, así como la precarización laboral de integrantes de la extinta Policía Federal.

Al respecto señaló que si bien la precarización económica de las corporaciones policiacas es un hecho en el país, afirmó, que la solución a este problema no está en optar por la alternativa militar, con el traslado de la GN a las estructuras y funcionamiento de la Sedena.

Por tanto, adscribir la GN en la institución militar no cobra sentido hasta que el despliegue de la fuerza policial pueda ser dirigida bajo el mando del Ejército mexicano, de tal forma que deban ajustarse a métodos de trabajo e instrucciones recibidas por los líderes militares. 

En cambio, agregó, un argumento respaldado en el actual artículo 21 constitucional sería consistente con la estrategia en materia de seguridad ciudadana, y apostaría especialmente por el fortalecimiento a las policías de seguridad, con un plan nacional en el que aplique mayores presupuestos destinados exclusivamente a atender diversas necesidades de las instituciones policiales.

En especial aquellas relacionadas con la capacitación especializada de sus integrantes, en disciplinas como la criminalística y la criminología, policía científica, psicología y sociología criminológica, seguridad comunitaria, entre otras áreas de conocimiento que modificarían la actividad policial cotidiana en un éxito de prevención de la criminalidad, mencionó. 

Por otro lado, comentó que está claro que la iniciativa pretende el empoderamiento de la Sedena, pues la adecuación constitucional que se intenta desde el Ejecutivo aumentaría a más de 118 mil elementos nuevos, y contempla que los recursos presupuestarios, financieros y materiales de la GN sean transferidos a la Sedena, aumentando su presupuesto a más de 400 mil millones, según datos de México Unido contra la Delincuencia.

La experta en seguridad y defensa describió que en este orden de cosas, la iniciativa subraya que en los años más recientes el flujo de capitales, el intercambio acelerado de mercancías e información, y la movilidad desbordada de personas, han tenido como uno de sus efectos la diversificación de las distintas expresiones del crimen organizado, cuyos efectos se extienden más allá de las fronteras nacionales. 

La Red Feminista Antimilitarista ya lo advertía en febrero de este año, al considerar preocupante el poderío económico que adquirirían las Fuerzas Armadas de aprobarse la reforma presidencial para normalizar su participación en tareas de seguridad pública.

Porque la Secretaria de la Defensa Nacional administraría el tercer presupuesto federal más grande de la administración pública, que ascendería a 400 mil millones de pesos solo para 2024 y con los 259 mil 434 millones de pesos que fueron aprobados en este año para la Sedena, se podrían financiar 624 Programas de Apoyo para Refugios.

Afirmaron que en lugar de fomentar políticas públicas que atiendan las exigencias de las víctimas, usan las Fuerzas Armadas para tareas ajenas a la disciplina militar e incluso en tareas de seguridad pública la cual parte de una visión patriarcal, en donde las mujeres y niñas son invisibilizadas, convirtiéndolas en víctimas de esta “guerra contra el crimen organizado”, dejando de lado la erradicación de las causas estructurales de la violencia y discriminación a la que nos enfrentamos.

“De aprobarse esta reforma presidencial, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) se adjudicaría los recursos presupuestales, financieros y materiales de la Guardia Nacionaly pasaría a administrar el tercer presupuesto federal más grande de la administración pública, que ascendería a 400 mil millones de pesos sólo para el ejercicio fiscal 2024”, reiteró.

Diversificación de la delincuencia

Así, se indica que el lavado de dinero, el tráfico de personas, y de flora y fauna silvestres, la explotación ilegal de recursos naturales, el comercio ilícito de armas, así como los crímenes cibernéticos, constituyen algunas de las expresiones icónicas de su complejidad, apuntó. 

Ahora bien, sin disputar la radiografía criminal que presenta el Ejecutivo, los ya citados fenómenos criminales tampoco son una justificación o motivo para optar por el traslado de la GN a la Sedena.

Este tipo de criminalidad requiere del trabajo de investigación penal y multidisciplinar, con metodologías basadas en las ciencias forenses, y, en específico, conocimiento de la criminología, las cuales son aplicadas como herramientas o métodos de trabajo en el desarrollo de la función policial, precisó. 

Dijo que cuando se cuestiona su eficacia o la ausencia de resultados en materia de prevención delictiva, generalmente esa falta de éxito policial está asociada a la insuficiencia de capacitación especializada y a la falta de equipos y tecnologías. 

Añadió que en particular si consideramos que la instrucción operativa de las fuerzas armadas, caracterizada por anteponer la confrontación beligerante, deja totalmente de lado la investigación científica de los delitos complejos, los que requieren de la aplicación de metodologías provenientes de las ciencias forenses y de la criminología, disciplinas escasamente tratadas en la formación militar, porque se emplean para otro tipo de fenómenos asociados a la seguridad nacional.

Por tanto, Patricia Lucila González Rodríguez aseguró que la función policial preventiva en aras de la seguridad ciudadana, que constituye la razón de ser de la GN, requiere de métodos de trabajo donde su constante sea la innovación y disrupción de estrategias preventivas y de contención o de sistemas de inteligencia creados para establecer una prevención e investigación delictiva de resultados, que se vayan adaptando a las distintas formas de aparición de la criminalidad.

Organismos de la sociedad civil lo han advertido

La segunda edición del informe Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en octubre del 2023, focaliza el análisis sobre el proceso jurídico y político por el que se ha profundizado la militarización de la seguridad en este sexenio.

El documento indica que la militarización ha despertado tres grandes preocupaciones:

1. La relacionada con que el despliegue del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad no ha probado ser una política pública efectiva para la disminución de la violencia;

2. La vinculada con que este despliegue castrense suele ocasionar un aumento cuantitativo y cualitativo de violaciones a derechos humanos y,

3. La asociada con que el fortalecimiento del sector militar puede trastocar la relación cívico-militar, lo que es riesgoso para una democracia incipiente y frágil como la mexicana.

Estas tres preocupaciones subsisten en la actualidad y se proyectan hacia el futuro, pues la preeminencia castrense que ya se ha plasmado este sexenio en reformas legales trasciende a esta administración. La consulta de la información la puedes tener:https://cimacnoticias.com.mx/2023/11/30/se-profundiz

Sheinbaum continúa planes de militarización

Desde su campaña política, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es la única que tiene experiencia en seguridad, pues en su paso por el cargo de gobernante pudo reducir en más de la mitad los índices delictivos en la capital del país.

Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, la entonces candidata presidencial de Morena fue cuestionada sobre su estrategia en materia de seguridad, en relación a si tenía contemplado regresar a los cuarteles al ejército, Sheinbaum respondió que estarán presentes hasta que sea necesario, pues su presencia es importante, en diferentes municipios del país, aseveró; detalló que si se retira la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se deja en el desamparo a la población.

Sheinbaum Pardo insistió en la importancia de mantener esta presencia militar para evitar el desamparo en municipios del país. También, defendió las diversas actividades que realizan los militares, al señalar que son fundamentales. Para mayor referencia puedes consultar la nota: https://cimacnoticias.com.mx/2024/03/04/que-dicen-las-candidatas-sobre-la-militarizacion-en-mexico/

Origen de la Guardia Nacional

En el Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, Patricia Lucila González Rodríguez, hace referencia a que en México, la inseguridad en prácticamente todo el territorio ha propiciado que el gobierno federal busque alternativas para combatir las elevadas tasas de delitos de alto impacto, particularmente los homicidios, lo que motivó la instauración de la Guardia Nacional (GN) en 2019.

Precisó que el objetivo de la GN es consolidar las fuerzas de seguridad y mejorar la coordinación entre autoridades federales, estatales y locales en la lucha contra el crimen organizado y la violencia.

Este cuerpo de seguridad está compuesto por elementos de la Policía Federal, Ejército y Marina, bajo un mando civil.

Recordó que en la Ley de la Guardia Nacional, reglamentaria del artículo 21 constitucional, se estipuló que sería una institución de seguridad pública, “de carácter civil, disciplinada y profesional”, adscrita como órgano administrativo desconcentrado a la Secretaría de Seguridad federal. 

Mencionó que en el mismo ordenamiento se estipula a su vez que el objeto de la GN es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación, y, en su caso, colaborar temporalmente en las tareas en esta materia, que corresponden a las entidades federativas o a los municipios. 

No obstante lo anterior, agregó, el gobierno mexicano ahora pretende que este cuerpo de seguridad sea adscrito a las fuerzas armadas consolidando así un estado de excepción permanente en el país, que puede conducir a la materialización de violaciones de los derechos humanos. 

La política en materia de seguridad en otras administraciones federales encontró entre sus principales opositores al presidente López Obrador.

Sin embargo, tan pronto asumió el cargo, anunció la creación de una Guardia Nacional, con la promesa de ser una institución que si bien nacería en el seno de la disciplina militar, pronto pasaría a ser otra corporación civil en materia de seguridad pública, aclarando que entre tanto las fuerzas armadas realizarían funciones de esta naturaleza y coadyuvarían en ellas, destacó. 

Comentó que relacionado con lo anterior, resulta interesante cómo, por un lado, la iniciativa presidencial atribuye a este cambio de estrategia la degradación institucional de los cuerpos civiles de seguridad pública, mientras que, por otro, al mencionarlo, cimenta su propuesta para doblar la apuesta en torno a la militarización del país, incurriendo de esta manera en una clara contradicción. 

Las afirmaciones de esa propuesta no son producto de alguna investigación científica que aporte datos claros y suficientes para asegurar la degradación y al colapso de las policías de seguridad en México, y en particular de alguna evaluación sobre los resultados producidos por la institución policial, que tiene amplias facultades contempladas en la Ley de la Guardia Nacional, mencionó. 

Por el contrario, advirtió que la iniciativa carece de argumentos que deberían provenir de una investigación inter y multidisciplinar que aporte información respecto al funcionamiento de las policías, el motivo de sus retrocesos o algunos de casos de éxito.

Por lo que el discurso estatal se concreta en «prejuzgar» en torno a la degradación de las policías sin aportar mayor evidencia que la conocida superficialmente sobre el actuar policial. 

Además, enfatizó que habría que cuestionarse qué hace pensar que las fuerzas armadas no podrían pasar un proceso de “descomposición” similar, si para empezar, dicha institución está vinculada con prácticas de tortura en las detenciones arbitrarias y con los casos de brutalidad institucional más notorios del país, como el caso Ayotzinapa.

Dijo que el Ejecutivo federal también plantea en su iniciativa que durante el sexenio de Felipe Calderón se establecieron relaciones de complicidad con algunos cárteles de la droga, mientras que a otros se les combatió al margen de la ley, y se desviaron los recursos destinados para las instituciones policiacas en beneficio de intereses privados. 

Precisó que la iniciativa añade que la corrupción e impunidad visible en los vínculos entre criminales y autoridades llevó, principalmente durante el sexenio calderonista, a una infiltración en las estructuras gubernamentales de seguridad pública y procuración de justicia que aún persiste. 

No obstante lo anterior, enfatizó que la política criminal y la política en materia de seguridad, durante este sexenio del presidente López Obrador, no solo debió realizar este tipo de denuncias, sino que su objetivo principal tendría que desplegar e instrumentar un programa que llevara a la desarticulación de esas redes de complicidad entre policías federales con el crimen organizado y a la detención de los líderes criminales. 

Cuestión que no ocurrió, debido a que las denunciadas colusiones entre funcionarios y organizaciones del crimen organizado no fueron seguidas por una estrategia de seguridad convincente que investigara y sancionara aquellas conductas delictivas, y menos aún fue objeto de algún programa nacional de prevención y sanción de esos delitos dirigido en lo básico a la desarticulación de las redes de criminalidad vinculadas específicamente a la función pública, apuntó.

UNAM se deslinda de análisis 

La reacción del presidente López Obrador no se hizo esperar y arremetió en contra de la UNAM durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, del 17 de junio pasado, cuando acusó a la Universidad Nacional de haberse “derechizado”, y señaló a las y los expertos de ser predecibles y traer línea.

A través de su cuenta en X, antes Twitter, la UNAM dio a conocer por medio de un comunicado que “de ninguna manera representa un posicionamiento de la máxima casa de estudios”, el documento de las 20 iniciativas de reformas presentadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hecho por académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas y que circula en redes sociales.

Modificar estructura patriarcal en instituciones militares y civiles tardaría dos sexenios si los cambios comienzan desde ahora: especialista

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio 

Fotografía: Twitter @Sedenamx.-Ciudad de México.- Tras la reciente modificación que adscribe la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no se han dejado de mencionar las implicaciones que tendrá la profundización de la militarización en el país. Uno de los panoramas que organizaciones y defensoras han expuesto son el incremento de violaciones a los derechos humanos de mujeres y niñas. Ante ello la duda es: ¿cómo lograr que las fuerzas armadas modifiquen la estructura patriarcal que las construyó? 

En entrevista con Cimacnoticias la internacionalista y especialista en militarización y militarismo, Daira Arana, destacó que para poder observar un cambio en los espacios de seguridad militares y civiles, se necesitan dos sexenios, considerando que desde el día de hoy se implementara un cambio significativo en el sistema que rige a las instituciones. 

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Es decir, reconfigurar las instituciones e incorporar la perspectiva de género son cambios que podrían implicar al menos tres generaciones. Ya que, por ejemplo, la preparación en un colegio militar es una formación de cuatro años; sin embargo, al graduarse esa generación se verá comprometida a laborar con generaciones pasadas e ideologías arraigadas. En ese sentido, explica la especialista, debe haber una gradualidad en cuanto a sustitución y preparación del personal. “Pero eso significa que tendría que haber un compromiso de continuidad de proyecto de Estado”, añadió Daira Arana.

Cambios profundos, más allá de capacitaciones superficiales

En las fuerzas armadas existe una deficiencia histórica al hablar de perspectiva de género y derechos humanos. Poco a poco se ha ido “parchando” dicha problemática por medio de conferencias sobre violencia de género o cursos que no llevan un seguimiento y tampoco buscan una verdadera profesionalización. 

Lo anterior aún cuando instituciones como el ejército cuentan con un Observatorio para la igualdad entre mujeres y hombres en el ejército y fuerza aérea mexicanos y un Centro de capacitación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es decir, se cuenta con una infraestructura interna para realizar este tipo de capacitaciones; sin embargo, no ha sido suficiente.

Al hablar de formación policial se llega al mismo punto, pues las instituciones civiles están marcadas por una formación inicial de seis meses en las que los principales temas son: uso de armas de fuego, marchar y formación en conocimientos penales. Pero se dejan fuera capacitaciones en derechos humanos. 

Entonces, ¿cómo modificar la estructura y cubrir las necesidades? 

Para la especialista en militarización y militarismo, un primer paso es reconocer las acciones violentas y contrarias a perspectiva de género que se realizan al interior de las instituciones. 

Es decir, se debe incluir a mujeres, pero ya no con el objetivo de que repliquen las dinámicas patriarcales que se han instaurado, pues se ha podido observar que cuando ellas ingresan a las fuerzas armadas y civiles se vuelven más violentas y propensas al riesgo al perpetuar acciones jerárquicas y de hostigamiento “porque es la forma en que se van haciendo camino en un mundo de hombres”, explicó Daira Arana.

Fotografía: Twitter @Sedenamx

En cambio, será necesaria la presencia de mujeres y que ellas sean escuchadas; sus necesidades y propuestas. Una vez al interior de las instituciones, se deben considerar temas como: inclusión, menstruación, embarazo e incluso labor de cuidados entre mujeres y hombres.

“Otra cuestión también tiene que ver con la noción de heroísmo en estas instituciones, se premian mucho las acciones heroicas y una acción heroica no es más que una acción donde te pones en riesgo para salvaguardar a alguien más. Es que seguir perpetuando sistemas de recompensas donde en lo que se premie sea el riesgo. Entonces creo que también redimensionar esta parte sería muy importante porque si se ajustan las actividades y las funciones no al nivel de riesgo en el que te tienes que poner para proteger a alguien más sino en cómo se generan mecanismos de cuidado y protección para todas las personas dentro y fuera de la institución, eso puede cambiar también la lógica de interacción y disminuir la percepción de riesgo y de amenaza”, explicó la especialista. 

Por ello se propone la creación de estratégias que hablen de cómo solucionar problemas, no que sigan buscando cómo resaltar una actuación heroica que pone en riesgo a quien la lleva a cabo y a comunidades enteras. 

“Creo que sí tenemos que pensar esto como un largo aliento en un proyecto de Estado que involucre repensar para qué queremos estas instituciones, qué es lo que les vamos a dejar de hacer y qué no y pensar lo que va a ser a largo plazo; obviamente si se hace con toda la convicción, con todo el presupuesto, seguramente habrán buenos resultados. Nunca debemos olvidar que en su actuación, estas instituciones tienen en sus manos la vida y la dignidad propias y de otras personas”.

Comisión de Derechos Humanos se pronuncia en favor de militarizar el país, afirma: esto “es estar con el pueblo”

 Escrito por Berenice Chavarría Tenorio 

CIMACFoto: César Martínez López.- Ciudad de México.- El pasado 8 de septiembre el Senado aprobó una serie de reformas que adhieren la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con ello se abrieron una serie de análisis y críticas que exhiben los riesgos de dicha decisión. Pese a lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento en el que detalló que está a favor de las modificaciones que perpetúan el poder militar en el país y no buscará frenar lo decidido por las y los senadores. 

En un pronunciamiento de 16 páginas la CNDH refirió que apoyar la militarización es “estar con el pueblo”. Aún cuando organizaciones como Amnistía Internacional (AI) han referido que esta estrategia “no es una política pública efectiva para disminuir la violencia, como se ha constatado los últimos 15 años”.

Sumado a lo anterior, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh) destaca que las reformas aprobadas por el Senado “aumentan el riesgo de violaciones a Derechos Humanos” ya que la militarización no incentiva la profesionalización de la policía civil, indispensable para atender contextos locales y comunitarios.

Pese a lo anterior, la CNDH informó que no interpondrá Acción de Inconstitucionalidad alguna contra las reformas aprobadas. Incluso se afirmó que “nada de esto es nuevo”, pues “históricamente existen antecedentes, que sin detrimento de su carácter civil, han colocado a la Guardia Nacional dentro del encuadramiento militar”. 

“Esta Comisión Nacional considera que, dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la SEDENA puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad”. 

Es decir, en palabras de la Comisión, la militarización del país es una “acción contundente” que se requiere ante el problema de inseguridad y violencia que aqueja a la mayor parte del territorio mexicano.

Fotografía: Twitter @ytzmaya

Sobre las posibles -y esperables- violaciones a derechos humanos que sean perpetradas por las fuerzas armadas, la CNDH se limitó a decir que estarán listos para investigar las quejas que se presenten. Aunque el organismo afirmó que impulsarán acciones preventivas de capacitación y formación que garanticen el respeto a los derechos humanos en todas sus actuaciones, no será suficiente para reconstruir la estructura militar de raíz.

En entrevista con Cimacnoticias la internacionalista y especialista en militarización y militarismo, Daira Arana, destacó que para poder observar un cambio en los espacios de seguridad militares y civiles, se necesitan dos sexenios, considerando que desde el día de hoy se implementara un cambio significativo en el sistema que rige a las instituciones. Es decir, reconfigurar las instituciones e incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos son cambios que podrían implicar al menos tres generaciones.

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Tras darse a conocer el pronunciamiento de la CNDH diversas organizaciones mostraron su rechazo, tal es el caso del CentroProdh, quienes a través de sus redes sociales destacaron que “las 16 páginas de su posicionamiento son muestra penosa de falta de independencia y desconocimiento de estándares de derechos humanos”. 

Puedes leer el pronunciamiento completo aquí

¿Cómo afecta la militarización a las mujeres?

Daira Arana aseguró que al no contar con perspectiva de género en las instituciones de seguridad y en las fuerzas armadas, la violencia contra las mujeres al interior de estas y fuera de ellas, continuará siendo una constante. 

Por un lado, la postura instaurada por las fuerzas armadas les dice que las mujeres son un grupo poblacional que tiene que ser sometido, incluso en mayor medida, cuando es subversivo con el orden que ellos están estableciendo. En ese sentido, la especialista añadió que cuando las fuerzas militarizadas tienen contacto con las mujeres -sobre todo en detenciones- hay más probabilidades de que haya violencia sexual en la detención o de que se perpetre tortura.

Al hablar de la incursión de las fuerzas armadas en las comunidades, Daira Arana explicó que esto también ha repercutido en la violencia contra las mujeres, pues no solamente se desarrolló el medio para el uso de armas en casos de feminicidio, también ellas han sido sometidas a actos que vulneran su dignidad. 

En conclusión, el decreto aprobado por el Senado no conlleva a mayor seguridad o protección y cuidado para las mujeres, sino más bien al aumento de las probabilidades de sufrir algún tipo de violencia, sentenció la especialista.

Presencia del Ejército en seguridad, “invasión a la tranquilidad de las mujeres”

 Anayeli García Martínez 

Ciudad de México. La militarización de la seguridad ha golpeado con fuerza a las comunidades indígenas de México, donde desde hace décadas los militares han llegado para apropiarse del territorio, de la vida comunitaria y del cuerpo de las mujeres, por eso les preocupa que ahora las fuerzas armadas realicen funciones policiales sin ningún control sobre su actuar.

La decisión de entregar legalmente a soldados y marinos la facultad de detener personas, ejecutar órdenes de aprehensión y asegurar bienes, como se anunció en el acuerdo publicado el pasado 11 de mayo, es una “invasión a la tranquilidad de las mujeres”. Esa es la percepción de la coordinadora en el país de la Alianza de Mujeres indígenas de Centroamérica y México, la zapoteca Arcelia García Santiago.

En entrevista con Cimacnoticias, la líder indígena recordó que desde antes de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa llamó a los elementos castrenses a combatir el crimen organizado, las mujeres indígenas —sin ser escuchadas y sin que se les garantizara justicia— ya eran víctimas de los abusos del Ejército, la diferencia es que a ellas no las detenían para acusarlas de portar drogas o de ser traficantes de sustancias ilícitas.

La militarizaron es igual al despojo de derechos 

El pasado 14 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la policía federal no tenía disciplina y había pruebas de corrupción al interior, por ello la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo, deben proteger a la población mexicana y realizar las tareas de seguridad pública.

Aunque el presidente aseguró que hay un “proceso hacia el respeto de los Derechos Humanos”, es largo el historial de violaciones sexuales cometidas por soldados hacia las mujeres indígenas: En 1994 tres indígenas tzeltales fueron detenidas y violadas en el municipio de Altamirano, en Chiapas; en 2007 la indígena náhualt Ernestina Ascencio Rosario fue violada en Zongolica, en Veracruz; en 2002 las indígenas tlapanecas Inés Fernandez Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en Ayutla y Acatepec, respectivamente, en Guerrero.

—Anayeli García Martínez (AGM): Arcelia ¿Qué significado tiene la militarización del país para las mujeres indígenas?

— Arcelia García Santiago (AGS): Significa desplazamiento forzado, significa miedo, significa aumento de la violencia en comunidades indígenas, significa la inmovilización de mujeres indígenas violando su libertad de tránsito pues cuando hay presencia militar las mujeres prefieren no salir de sus comunidades, evitando situaciones de violencias sexuales por razón de género.

“El presidente puede argumentar la falsedad de ello, manifestando que el Ejército es pueblo. Sin embargo, hay casos documentados como el de Inés y Valentina, o las mujeres de Atenco, que fueron violentadas por militares y policías (en el Estado de México en 2006, en un municipio considerado indígena por su población mazahua), que hasta hoy siguen viviendo las consecuencias psicológicas de esta militarización.

“Desde esta perspectiva, para nosotras significa despojo de nuestros derechos individuales y colectivos porque la militarización es una desnudez a mi cuerpo, es una desnudez a mi espacio privado, es invasión a la tranquilidad de las mujeres. Si de por sí el Estado es violatorio de derechos porque no siempre se respeta el debido proceso establecido en los artículos 14 y 16 Constitucional, con las normas del segundo constitucional para pueblos indígenas, en un Estado de militarización los derechos se violentan de forma masiva”.

—AGM: Las mujeres ya han vivido la militarización, primero en contextos de insurgencia y después durante el combate al crimen organizado. ¿Cuál ha sido el efecto de los rondines y retenes militares para las mujeres?

—AGS: Dividamos los efectos de la militarización en políticos, económicos, sociales, físicos y psicológicos. Desde lo político, es una fuerza pública impuesta que va a violentar las formas de organización desde la gobernanza propia en los sistemas normativos internos.

“Desde lo social: Hay bases militares en los territorios indígenas que han violentado a las mujeres de las comunidades, o peor aún, desde su condición de género las enamoran, las embarazan y después no se hacen responsables de su paternidad, tomando a las mujeres como un objeto circunstancial de guerra dentro de la militarización.

“Desde lo físico: A través de los gritos, las miradas acosadoras, los golpes, entre otros efectos, se crean enfermedades físicas a partir de procesos emocionales derivados del miedo y la zozobra.

“Desde lo económico: Es una forma de control al libre tránsito para vender sus productos o hacer sus actividades laborales (muchas indígenas, como las hermanas tzeltales, detenidas en 1994, son  interceptadas cuando caminan por su comunidad. Las hermanas fueron detenidas mientras regresaban a su casa después de ir a vender verduras).

“Desde lo psicológico: Eso puede generar mucho miedo, intimidación, fuerte vulnerabilidad al ataque físico, e inclusive detenciones arbitrarias en función del fenotipo, aumentando la discriminación en contra de las personas indígenas y afrodescendientes”.

Excesos de las fuerzas armadas

Los excesos del Ejército y la Marina han sido evidenciados por colectivos y organizaciones civiles. En el caso de las mujeres indígenas se ha documentado que no sólo son víctimas de violencia sexual sino también de otras formas de abusos cometidos por las fuerzas armadas y por otros cuerpos de seguridad como la policía federal.

Por ejemplo, en marzo de 2006 las indígenas otomíes Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial, quienes no sabían español, fueron acusadas por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) de secuestrar a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigaciones, en el municipio de Amealco, en Querétaro, lo que las llevó a pasar entre 3 y 4 años en prisión, hasta que se demostró su inocencia.

Desde antes del acuerdo presidencial, en las comunidades indígenas, los soldados ya tenían el poder de ocupar el territorio, llegar e instalar campamentos y bases militares, encabezar retenes y revisiones en carreteras y caminos; detener y retener  personas; realizar revisiones corporales y de pertenencias y hasta ingresar a domicilios y realizar interrogatorios y, en medio de todo, los uniformados podían acosar e intimidar a las mujeres, así lo dicen los testimonios recogidos por los colectivos.

Aun así, el argumento del presidente López Obrador para confiar en el actuar castrense es que en el Ejército mexicano la mayoría de los generales de división son hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de mecánicos, hijos también de militares, del pueblo. “Lo que digo siempre, el soldado es pueblo uniformado”.

—AGM: Por los casos que se han documentado sabemos que los estragos no solo los viven las mujeres como víctimas directas (de feminicidio, acoso o violación sexual), también como víctimas indirectas (buscan justicia para sus familiares). ¿Esto también sucede en las comunidades indígenas?

—AGS: Esto también sucede en las comunidades porque las mujeres indígenas son víctimas de trata de personas o esposas de líderes que defienden la defensa del territorio. Son la primeras que ejercen acciones para la búsqueda de familiares desaparecidos e incluso madres de militares que sufren por las actividades que realizan sus hijos comandados por el Estado.

—AGM: El presidente Andrés Manuel López obrador ha dicho que el Ejército es pueblo uniformado. ¿El que el Ejército sea parte del pueblo hace alguna diferencia para que violen o no los derechos de las mujeres?

—AGS: No hace la diferencia, porque lamentablemente están bajo un mandato, investidos por el poder del Estado, con un entrenamiento militarizado para la guerra, no para la gestión de paz.

—AGM: ¿Consideras que hay otras formas de conseguir paz, que no impliquen soldados y marinos?

—AGS: Sí, desde nuestros pueblos, el diálogo, la justicia ancestral sin violentar los Derechos Humanos.

La coordinadora nacional de la Alianza de Mujeres indígenas de Centroamérica y México, sostiene que una forma de garantizar seguridad en el territorio indígena y acabar con la violencia es apostar a la organización comunitaria ancestral, a través de los comités vecinales, los grupos de mujeres y de jóvenes.

Las comunidades ya han puesto el ejemplo. Arcelia García Santiago comentó que quienes garantizan paz son las policías comunitarias y por medio de los procesos de organización comunitaria, los consejos de ancianos escuchan, propone formas de perdón y de resarcir el daño. El desafío, dice, es cómo lograr que estos principios y valores pueden ser implementados.

20/AGM/LGL

¿Para qué los militares?

Raúl Romero*

El lunes 11 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo con el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública. El acuerdo, fechado el pasado 8 de mayo, es acompañado de las firmas de Andrés Manuel López Obrador y de los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana.

Al seguir la ruta marcada en marzo y mayo de 2019, cuando con la aprobación de todos los partidos políticos se modificó la constitución y se expidió la Ley de la Guardia Nacional, respectivamente, el acuerdo ahora publicado está en concordancia con la lógica militarista de la actual y anteriores administraciones, y da continuidad a una indirecta y directa militarización de la seguridad pública del país hasta 2024, es decir, durante todo el sexenio de AMLO.

Hay que recordar que, de acuerdo con el cable 06MEXICO505 de WikiLeaks, del 31 de enero de 2006, López Obrador hizo saber al embajador estadunidense, Tony Garza, que quería dar más poder y autoridad a los militares en la guerra antinarcóticos, y que para ello pretendía una enmienda constitucional que no dudaba en obtener.

Llama la atención el momento en que se publica dicho acuerdo: en plena entrada al pico más alto de los contagios de Covid-19, marcado por una fuerte disputa con una parte del sector empresarial y con medios de comunicación nacionales y foráneos; pero también cuando los dos megaproyectos emblemáticos de la actual administración, el Tren mal llamado Maya y el Corredor Interoceánico, han encontrado mayor oposición de los pueblos y sus organizaciones.

De igual forma, entre los nuevos escenarios posibles para México, como consecuencia de la crisis económica global que estaba en curso y que se agudizará con la pandemia, hay que contemplar el descontento de grandes sectores sociales que se verán afectados, así como el ascenso de la migración, y también el crecimiento y expansión de las empresas del crimen organizado, las cuales podrán nutrirse con grandes cantidades de personas que quedarán desempleadas.

El gran poder político, económico y social que la actual administración le ha entregado a las fuerzas armadas es innegable. Si bien con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto la Sedena se convirtióen una gran industria constructora, esto no ha cesado con López Obrador, pues la misma construirá y dará mantenimiento a carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, bancos, hospitales, infraestructura de telecomunicaciones y otras obras.

Según palabras del propio AMLO, los militares construyen ya, con un presupuesto de 10 mil millones de pesos, las primeras mil 300 sucursales del Banco de Bienestar de las 2 mil 700 planeadas. La Sedena también construye el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, y se ha anunciado que le otorgarán la construcción de dos tramos del Tren Maya. En lo que respecta al programa Sembrando Vida, se utilizan los 12 Viveros Forestales Militares ubicados en siete estados del país, desde donde se opera la distribución y entrega de las plantas.

También se ha entregado a la Sedena, Marina y Guardia Nacional el control y seguridad de ductos de Petróleos Mexicanos, la distribución de medicamentos y, en días recientes, el control de algunos hospitales.

En lo que se refiere a la Guardia Nacional, en febrero pasado AMLO informó que se habían desplegado 70 mil elementos, pero que el plan implicaba tener 140 mil en todo el territorio nacional para finales de 2020.

Ni antes de la pandemia ni ahora, la ruta de la militarización era opción, sobre todo en nuestro país, donde las fuerzas militares han sido utilizadas sistemáticamente para reprimir y acallar el descontento, para perseguir y desaparecer las resistencias, y también para proteger o fortalecer los negocios de grupos criminales. Los nombres de Ernestina Ascencio y Ayotzinapa, por mencionar algunos, debieran resonar fuerte en la memoria colectiva en estos momentos.

Mientras las fuerzas armadas no sean llevadas ante la justicia por crímenes pasados y presentes, o por su participación en hechos de corrupción, el pacto de impunidad seguirá marcando su actuación. En tanto las fuerzas armadas no sean transformadas a profundidad para obedecer a los pueblos, sujetos de los que emana el poder público, son en realidad una amenaza.

El militarismo es un campo de acumulación de capital, nos advirtió Rosa Luxemburgo, tiene la función de la proletarización violenta de los indígenas y la imposición del trabajo asalariado en las colonias, en la formación y extensión de esferas de intereses del capital europeo en territorios no europeos, en la implantación forzosa de ferrocarriles en países atrasados. Aquí una posible respuesta para entender por qué tanto interés del actual gobierno en los militares: los necesitan para garantizar el orden y la paz social, para garantizar sus proyectos de desarrollo.

*Sociólogo

Twitter: @cancerbero_mx

CNDH vigilará actuación de militares en tareas de seguridad

la Redacción 

Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que el acuerdo presidencial para permitir que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad pública no explica qué se debe entender por actuación “extraordinaria”, “fiscalizada” y “subordinada”, indefinición que implica graves riesgos para los Derechos Humanos.

En un pronunciamiento público, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra, quien fue integrante del Comité ¡Eureka!, una organización de familiares de desaparecidos y perseguidos políticos opositores al gobierno, fundado en 1977, por su madre, Rosario Ibarra, aseguró que no se tiene claridad sobre los supuestos en los cuales se permitiría la actuación del Ejército y la Marina.

El 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para que las fuerzas armadas realicen operativos con autoridades civiles para detener personas, asegurar bienes, realizar labores de vigilancia y restablecer el orden en zonas fronterizas, centros de supervisión y control migratorio y carreteras federales, entre otras.

El mismo día que se realizó este anuncio agrupaciones y defensores que integran el colectivo “Seguridad Sin Guerra” reiteraron en un comunicado que en la práctica las fuerzas civiles se subordinan a las armadas y no hay mecanismos de supervisión del actuar de militares y marinos.

La reacción de la CNDH fue similar, pues aseguró que, aunque el acuerdo dice que la actuación de estos cuerpos de seguridad será de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, en apego a la Ley del Uso de la Fuerza y a Ley de la Guardia Nacional, en estas normas no se explica cómo será la subordinación ni la fiscalización.

Impunidad para las mujeres

El organismo expuso en su comunicado que es posible el uso de las fuerzas militares para atender problemas de seguridad ciudadana, siempre y cuando se encuentre limitada, pero no hay evidencia de que así será, lo que implica riesgos para los Derechos Humanos de las personas, por ejemplo de las mujeres.

Históricamente las mujeres han sido víctimas de los abusos militares sin que haya castigo para los agresores. Uno de los primeros casos documentados ocurrió hace 25 años. Se trata de la detención ilegal, violación y tortura cometida por militares mexicanos en contra de las indígenas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez, en el municipio de Altamirano, en el estado de Chiapas, el 4 de junio de 1994.

Los hechos ocurrieron en un retén militar localizado en el camino que va rumbo al ejido Jalisco, en el municipio de Altamirano, aproximadamente a las 2:30 de la tarde cuando las indígenas regresaron de un poblado vecino donde fueron a vender productos agrícolas.

Aquel día de 1994, en el contexto del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un grupo de militares detuvo a las tres hermanas, Ana de 20 años de edad, Beatriz de 18 años, Celia de 16 años y a su madre Delia Pérez; las mantuvieron privadas de su libertad durante dos horas. En ese tiempo las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones.

Pese a las amenazas que recibieron por los militares, el 30 de junio de 1994 las mujeres denunciaron ante el Ministerio Público Federal pero dos meses después el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar, encargada de investigar delitos cometidos por soldados y quien decidió archivar la indagatoria.

El caso permaneció impune porque la investigación se envió a la jurisdicción militar y aunque la demanda de justicia llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien afirmó que se habían violado los derechos a un juicio imparcial y a la protección judicial, hasta ahora no hay culpables.

Antes y después de este caso de violencia contra mujeres, cometida por las Fuerzas Armadas, hubo más. El informe “Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México (2006-2017)”, realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) da cuenta de crímenes cometidos por las fuerzas armadas.

Uno de los casos más recientes documentados por la CNDH fue el de una mujer que denunció que el 23 de diciembre de 2008, aproximadamente a las 12:00 horas, irrumpieron en su domicilio, en el estado de Chihuahua, alrededor de ocho elementos del Ejército mexicano, quienes la golpearon preguntándole por la ubicación de ciertos objetos ilícitos. Ella fue torturada y violada sexualmente por los soldados para que se inculpara de diversos delitos.  

Incluso la CMDPDH, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Asociadas por lo Justo (JASS), han documentado que las violaciones sexuales y otros tipos de abuso sexual contra las mujeres, cometidos por elementos policiales y militares, son utilizados como medio para obtener información, autoinculpación o simplemente como una demostración del poder masculino frente a las mujeres.

Apoyo militar a la ciudadanía

La CNDH consideró que si bien cabe la posibilidad de tener el apoyo de las fuerzas armadas, su participación debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario, pero el acuerdo no brinda elementos para respetar y garantizar dicha condición.

La participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública debe de estar regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza conforme a estrictos criterios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.  

El organismo recordó que el Estado mexicano ha sido condenado en el pasado por los abusos e impunidad de las fuerzas armadas por actos de desaparición forzada de personas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones ilegales y tortura.

Se trata de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH): uno por la desaparición forzada de un líder ocurrida en 1974; dos por la violación sexual de dos mujeres indígenas en 2002; uno por detención arbitraria y tortura de dos campesinos en 1999 y otro más por la privación de la libertad de tres personas (dos mujeres y un hombre) en 2009.

Es por eso que para la CNDH es necesario asegurar una estricta fiscalización de la intervención de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública tanto por el Congreso de la Unión, como por la propia sociedad,

La CNDH aseguró que  dará seguimiento a la participación de militares y marinos en funciones de seguridad pública, pero no se pronunció sobre las cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de la ley de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones; y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que la anterior administración del organismo promovió en 2019.

Fuerzas armadas en seguridad: preocupación inevitable

Editorial La Jornada

El lunes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria desde ahora y hasta el 24 de marzo de 2024. El decreto faculta a los integrantes del Ejército y la Marina para participar en labores de prevención del delito, salvaguarda de la integridad de las personas y su patrimonio, realizar detenciones y colaborar con autoridades federales en funciones de vigilancia, verificación e inspección, todo ello de manera subordinada a la Guardia Nacional. En cambio, los militares no podrán llevar a cabo labores de investigación para la prevención de delitos, operaciones encubiertas o análisis de información para la generación de inteligencia.

Cabe recordar que el sustento jurídico del acuerdo se encuentra en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que entró en vigor el 26 de marzo de 2019 y que el decreto del lunes se enmarca en la serie de disposiciones contenidas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional y el reglamento de la misma, todas ellas promulgadas entre mayo y junio pasados.
También es necesario considerar que todas las disposiciones mencionadas se impulsaron por dos razones fundamentales: la ausencia de una corporación policiaca de alcance nacional confiable y efectiva, y la improcedencia de que las fuerzas armadas desempeñaran las tareas policiales que las corporaciones de seguridad pública existentes no lograban cumplir. En efecto, desde que el gobierno de Vicente Fox comenzó a involucrar a los militares en labores policiales, y sobre todo a partir de la guerra contra el narcotráfico desatada por Felipe Calderón, se ha señalado que la participación de los elementos castrenses en este tipo de tareas resultaba contrario a sus atribuciones constitucionales y representaba una amenaza a los derechos humanos debido a la naturaleza misma de las funciones para las cuales se entrena y capacita a las fuerzas armadas.

Por lo dicho, resulta preocupante que se prolongue por el resto del sexenio la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública: si bien se remedió la ausencia de cobertura constitucional con que los gobiernos anteriores echaron mano de los militares para suplir a las corporaciones policiacas, subsisten los cuestionamientos que Ejército y Marina han recibido por parte de organismos de derechos humanos, académicos, expertos en seguridad y otros actores sociales cuando participan en labores ajenas a las que les dan razón de ser: la defensa de la integridad territorial, la independencia y la soberanía del país.
El hecho es que los militares no han dejado de estar presentes en las tareas de seguridad. A fines del mes pasado la Secretaría de la Defensa Nacional informó que 48 mil 759 efectivos del Ejército participaban en acciones contra la delincuencia, seguridad pública, vigilancia del territorio nacional y otras actividades para garantizar la integridad, la independencia y la soberanía nacional, sin especificar cuántos de ellos estaban asignados a las primeras dos de esas tareas.
Es claro que la Guardia Nacional no ha conseguido la dimensión, la consolidación institucional ni la presencia territorial previstas, pues hasta el 26 de abril esta corporación sólo se había desplegado en 150 de las 250 regiones proyectadas y apenas contaba con 70 mil 793 de los 140 mil efectivos que se consideran necesarios para su operación plena. Aun así, el gobierno federal le debe a la sociedad una explicación transparente de las razones que le llevaron a tomar esta decisión que parece regresiva en materia de su propia estrategia de seguridad y de la demanda que el actual Presidente defendió no pocas veces en el sentido de regresar al Ejército a los cuarteles.