Advierten que cierre de recomendación de la CNDH deja sin garantías a niñas y niños frente a la violencia sexual

 Georgina Monroy Vázquez 

Foto: Canva / La ODI sostuvo que las medidas ordenadas por la CNDH tras el caso del Jardín de Niños "Andrés Oscoy" aún no garantizan la protección de niñas y niños.-La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia afirmó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio por cumplida una recomendación sobre el caso del Jardín de Niños «Andrés Oscoy» .

La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) cuestionó la decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de dar por concluida la Recomendación 76/2012 relacionada con el caso del Jardín de Niños «Maestro Andrés Oscoy Rodríguez», al considerar que no existen garantías suficientes para evitar que hechos de violencia sexual contra niñas y niños vuelvan a ocurrir en las escuelas.

La organización señaló que el organismo nacional cerró el expediente tras considerar cumplidas las medidas dirigidas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero sostuvo que dicha determinación se basó principalmente en la revisión de documentos y no en una evaluación del impacto real de las acciones implementadas para proteger a la infancia.

Caso evidenció violencia sexual contra menores en un preescolar

Entre 2010 y 2011, servidores públicos del Jardín de Niños «Maestro Andrés Oscoy Rodríguez», ubicado en la alcaldía Iztapalapa, cometieron actos de violencia sexual contra niñas y niños en edad preescolar.

Ante estos hechos, en noviembre de 2012 la CNDH emitió la Recomendación 76/2012 dirigida a la SEP, al acreditar violaciones a los derechos de 15 niñas y niños, entre ellos su integridad personal, libertad sexual, derecho a la educación y al sano desarrollo. La recomendación contempló medidas de reparación para las víctimas y acciones institucionales para evitar la repetición de estos delitos.

Entre las medidas propuestas figuraban la capacitación obligatoria del personal educativo para prevenir e identificar casos de abuso sexual infantil, la revisión de las instalaciones escolares para detectar zonas de riesgo, la adopción de criterios de contratación que garantizaran perfiles adecuados para trabajar con niñas y niños, así como fortalecer las investigaciones sobre maltrato y abuso sexual infantil.

ODI afirma que las medidas siguen sin aplicarse de forma obligatoria

De acuerdo con la organización, aunque la SEP presentó documentación sobre diversas acciones realizadas, la CNDH no verificó si estas realmente cumplían el objetivo de prevenir nuevas agresiones sexuales en los centros educativos.

La ODI sostuvo que actualmente la capacitación sobre violencia sexual no es un requisito obligatorio para ingresar o permanecer en cargos educativos; tampoco existen criterios obligatorios de evaluación psicológica para el personal ni mecanismos permanentes para revisar espacios escolares considerados de riesgo.

Además, señaló que algunas acciones únicamente se implementaron en determinados planteles o alcaldías y durante periodos específicos, por lo que no constituyen una política nacional ni garantizan su permanencia en el tiempo.

Persisten casos de violencia sexual en escuelas

La organización advirtió que, pese a las recomendaciones emitidas por la CNDH desde hace más de dos décadas para prevenir la violencia sexual en escuelas, este tipo de agresiones continúan registrándose en distintos estados del país.

Como ejemplo mencionó el caso del Colegio Carrusel Magone, en Puebla, donde se denunció un espacio oculto conectado con una vivienda particular en el que se cometían agresiones contra niñas y niños. También recordó que, en mayo de este año, la Fiscalía General de la República informó sobre una sentencia condenatoria contra dos servidores públicos del sector educativo por violencia sexual cometida en un jardín de niños de Iztapalapa.

Piden revisar nuevamente la recomendación

Ante este panorama, la ODI solicitó a la CNDH reconsiderar el cierre de la Recomendación 76/2012 y realizar una evaluación sustantiva sobre el cumplimiento de las medidas de reparación y de no repetición, con base en sus resultados y no únicamente en la existencia de documentación administrativa.

Asimismo, llamó a la Secretaría de Educación Pública a cumplir plenamente con las obligaciones de reparación del daño pendientes y a fortalecer las acciones encaminadas a prevenir la violencia sexual en los entornos escolares, a fin de garantizar la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes.

Pide CNDH que violencia de género sea prioridad en la agenda nacional

 Escrito por La Redacción

CIMACFoto: Lourdes Godínez Leal.- Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó al gobierno de México a reconocer como una prioridad en la agenda nacional el tema de violencia de género y a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, a realizar las acciones que les competen de prevención y atención.

En un comunicado difundido a propósito del feminicidio de Debanhi Susana Escobar, ocurrido en Nuevo León, la Comisión señaló que este hecho vuelve a colocar el tema al no ser un caso excepcional sino por ser una violencia sistemática y reiterada.

El organismo pidió realizar acciones de manera inmediata en el caso de feminicidio y desapariciones de mujeres y niñas, formular políticas públicas de prevención.

“Este Organismo Nacional se suma al reclamo de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales internacionales, de los organismos internacionales y de los órganos de los tratados para que el derecho a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición por violencia de género, feminicidios y desapariciones sean una realidad en el país”.

Destacó que es necesario revisar las Alertas de Violencia de Género, contar con mecanismos eficientes para investigar y sancionar a las autoridades que no realizan su obligación de proteger a las mujeres y niñas, planes de coordinación entre las diferentes dependencias del ámbito municipal, estatal y federal para cuando sea necesaria en favor de las víctimas y de sus familiares. 

También señaló como prioritario la capacitación al personal ministerial y la formación integral de personal pericial y policial con perspectiva de género, así como la generación de herramientas que eviten la revictimización; contar con acciones oportunas a través del seguimiento de protocolos de atención diferenciados y con una perspectiva interseccional.

Recordó que desde noviembre de 2020 emitió la Recomendación General 43/2020, por violaciones al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención y atención a víctimas de feminicidio.

“La CNDH espera de las autoridades la atención que cada caso de desaparición de mujeres y niñas o de feminicidio amerita, y las exhorta respetuosamente para que sean atendidos con atingencia, con profesionalismo y prontitud, comprometiendo todos sus esfuerzos para hacerlo”, concluye el comunicado.

22/RED

Resistir ante la injusticia: madres y víctimas de violencia se mantienen en protesta en instalaciones de la CNDH

 Aline Espinosa Gutiérrez 

CIMACFoto: Aline Espinosa Gutiérrez

Ciudad de México. El edificio que se supone atendía quejas 24 horas al día, hoy es habitado, desde hace 5 días, por madres, defensoras y víctimas de violencia, que buscan una respuesta ante la falta de atención hacia sus casos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Con carteles en lo que se leen “tú no te laves las manos” o “vandalizar tu indiferencia”, las madres y defensoras indicaron que no dejarán el recinto de la CNDH en el Centro Histórico hasta obtener justicia de las inoperancias de este organismo hacia sus casos, “que no vela por los Derechos Humanos”, dijo Dulce, integrante del colectivo “Ni Una Menos”.

CIMACFoto: Aline Espinosa Gutiérrez

Incluso, ahora las manifestantes han nombrado el sitio de la CNDH como el “Refugio Ni Una Menos” para hacer de este “un verdadero lugar que defienda y proteja a las víctimas, y sus historias no se queden sólo en archivos”, comentó en entrevista con Cimacnoticias, Erika Martínez, madre de una niña víctima de abuso sexual.

La tarde del 2 de noviembre de 2017, Erika denunció en el Ministerio Público que su hija de 7 años de edad fue abusada sexualmente por un hombre de 43 años, del que no quiso decir su identidad, sin embargo el agresor fue vinculado a proceso hasta 2 años después, debido a irregularidades que las autoridades no le explicaron.

Durante el proceso de recolección de pruebas, explicó, la menor de edad fue expuesta a carearse con su agresor, pues sus declaraciones fueron agendadas los mismos días. “Se me hace injusto que una niña que ha sido violentada tenga que presentarse y declarar nuevamente en presencia del abusador”, añadió Erika, de 43 años y madre de dos hijos más.

Narró que en la última audiencia, el juez no reconoció las pruebas de sus abogados, sólo consideró las presentadas por el Ministerio Público, por lo que Erika interpuso un amparo, ya que teme que el dictamen médico y psicológico, donde se confirma el abuso sexual, sean desestimados.

Por séptima vez en un día, Erika contó su historia y dijo sentirse cansada de los obstáculos que las mismas autoridades le ponen. Viste una blusa holgada y un pantalón de mezclilla. En sus manos sostiene una muñeca de trapo, llamada #MuñecaEmpoderada, proyecto que inició a raíz de la pandemia y con el fin de solventar los gastos para proteger a su familia.

CIMACFoto: Aine Espinosa Gutiérrez

Erika se considera una “todóloga” desde el 2017 cuando al no recibir protección y apoyo de las instituciones, tuvo que cambiarse de domicilio en varias ocasiones, incluso llegó a vivir en una combi, para así poder salvar a su familia de las amenazas y agresiones físicas que el agresor de su hija les propinó posterior a la denuncia.

Hoy el agresor sigue libre y sabe dónde se encuentra ella, pero la mujer originaria de la Ciudad de México, enfatizó que no tiene miedo porque sabe que está en compañía de sus otras “hermanas del mismo dolor”, quienes liberan su hartazgo a través de contar sus historias, llorar y decirse una a la otra: “no estás sola”.

Hermanas de dolor

Una de ellas es Karla Daniela García, de 43 años de edad, quien tiene 5 carpetas iniciadas por violencia familiar con riesgo feminicida, pero hoy su agresor está en libertad y ella teme que él cumpla las amenazas de asesinarla y quitarle a su hijo.

“Ya lo habían detenido, pero lo pusieron en libertad y algunas carpetas desaparecieron. Las autoridades lo dejaron ver a mi hijo. En esas visitas, mi hijo sufrió de agresiones; por ejemplo, se salía y lo dejaba, le ponía ropa que no iba con su edad y su cuerpo quedaba apachurrado”, relató Karla Daniela.

Para poder ir a estudiar y reunir dinero, ella tenía que saltar la barda de su casa, pues su expareja los dejaba encerrados, a ella y a su hijo, además que les limitaba la comida, y los agredía física y verbalmente cada vez que quería.

Un día con una buena cantidad de dinero en las manos decidió escapar y buscar ayuda sin respuesta alguna. Ante la desesperación, Karla decidió unirse a las manifestantes. Ella no quiere “ser una estadística más” y espera que “en grupo, puedan generar un cambio”.

Karla y Erika, expresaron que se sienten orgullosas de la toma del edificio de la CNDH y del apoyo que la ciudadanía les ha dado. El día de hoy, hombres y mujeres de distintas edades hasta personas en situación de pobreza, entregaron víveres de todo tipo, cobijas e hicieron compras de las curiosidades que las manifestantes vendían.

CIMACFoto: Aline Espinosa Gutiérrez

“Se venden stickers, paliacates, gorros, pulseras, tazas y todo lo que se le ocurra para apoyarnos”, se escuchaba a ratos de la voz de alguna de las mujeres que se mantienen en plantón. Todas ellas reían a través de las capuchas que confeccionaron con blusas negras para mantener su anonimato y especificaron que sólo se podía tomar fotos de los exteriores del recinto.

Aerosol, carteles, pancartas y hojas con información de mujeres desaparecidas, son los materiales con lo que fue intervenido el lugar. Cada uno de ellos era un grito de justicia. Mientras avanzó la tarde, las manifestantes fueron sacando más carteles, mamparas y colgaron una bandera de México pintada.

CIMACFoto: Aline Espinosa Gutiérrez

Un grupo de mujeres arribó al lugar y al pie del cuadro de Francisco I. Madero cantaron algunas canciones. Ellas y cinco personas más ofrecieron sus servicios para dar talleres a los niños y familias que se encuentran dentro del recinto.

CIMACFoto: Aline Espinosa Gutiérrez

A las 4 de la tarde, las manifestantes decidieron utilizar los cintillos de protección de la CNDH para formar un camino frente a su puesto y así continuar con la resistencia. Algunas se despidieron y acordaron tomar las guardias ciertos días.

CIMACFoto: Aline Espinosa Gutiérrez

Todas ellas son conscientes de que la toma no tiene una fecha límite. “Mientras haya apoyo aquí estaremos. Este puede ser un cambio simbólico para muchas mujeres”, expresó Daniela, joven que se unió al colectivo desde su adolescencia con el fin de sanar el abuso sexual del que fue víctima hace unos años.

Las manifestantes anhelan que el gobierno se disculpe por dar mayor importancia a un cuadro que al abuso sexual de menores y además se pregunte sobre qué hay detrás de esas pintas. “La razón es simple, estamos enojadas y cansadas de la violencia de todos los días”, señaló Erika Martinez.

Toma de la CNDH: dar paso al diálogo

Editorial

El miércoles pasado, familiares de víctimas de la violencia decidieron permanecer en una sala de jun-tas de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con el fin de que las autoridades se comprometieran a atender sus demandas de justicia. Al día siguiente fueron recibidos por personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG) –incluido el propio subsecretario Alejandro Encinas–, así como de la misma CNDH, y se retiraron de esas instalaciones ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Algunas de esas personas fueron conducidas a un recinto seguro para continuar con la atención a sus casos.

Cuando los familiares de las víctimas abandonaron el edificio integrantes de agrupaciones feministas que habían llegado a darles apoyo tomaron las instalaciones y llamaron a que agraviados de todo el país acudieran a reforzar la ocupación, que permanecía hasta ayer, y cuya duración se postula indefinida.

Durante el fin de semana, Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Nelly Montealegre Díaz, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre otras funcionarias de la referida subsecretaría de Gobernación, así como de la Secretaría de las Mujeres capitalina, se apersonaron en el recinto de la calle República de Cuba con la intención de entablar diálogo con las quejosas; sin embargo, fueron rechazadas.

Es importante señalar que los reclamos presentados encuentran plena justificación en la justicia pendiente para las decenas de miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos en general, y de manera particular por la insoportable situación de violencia de género que azota al país.

Sin embargo, resulta preocupante que la exigencia de atención a estas demandas se efectúe inhabilitando el funcionamiento de una institución clave para cualquier avance en la materia. Al respecto, como señaló la propia CNDH, es lamentable que se impida el acceso a instalaciones que no son de índole administrativa, sino centros de recepción y atención de quejas abiertos a la ciudadanía.

Así, la ocupación del recinto vulnera en primer lugar a quienes buscan hacer valer sus derechos humanos.

Provoca extrañeza que se recurra a este tipo de medidas de presión en un contexto de absoluta disposición de las autoridades para atender los reclamos y articular canales de diálogo, apertura que permitiría encauzar las justas demandas por vías institucionales. En cambio, se asiste a la inédita situación de que sean las autoridades quienes buscan el diálogo y los manifestantes quienes rehúsan entablarlo. No queda sino llamar al grupo que ocupa la sede de la CNDH a transitar hacia los espacios de diálogo que se encuentran abiertos, vía idónea para procesar todo conflicto.

Borrar el futuro

Fritz Glockner *

La guerra de baja intensidad que implementó el Estado mexicano durante las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta del siglo XX permitió configurar los rostros de la impunidad, entre los cuales destaca el juego de los espejos para aparentar la inexistencia de grupos opositores al régimen del partido de Estado, librándose de las versiones de la existencia de la práctica de la tortura como menú especializado de los interrogatorios, la presencia en las cárceles de presos por cuestiones políticas, el corte del suspiro mediante la desaparición forzada y la ejecución como acto para extraer el sarcoma venenoso; logrando capturar el beneplácito de los perseguidos de las dictaduras militares de los diversos rincones de Latinoamérica. Permitiendo así que en México se borrara el futuro con toda inmundicia, por medio de entre otras estratagemas, en el intento por secuestrar la memoria.

Uno de los primeros gritos para recuperar el anhelo sucede el lunes 28 de agosto de 1978 en el atrio de la catedral metropolitana, cuando Rosario Ibarra de Piedra junto a 84 aguerridas mujeres y cuatro hombres del entonces Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, luego Eureka, logran instalar su huelga de hambre, exigiendo la presentación con vida de 481 desaparecidos políticos, inaugurando la consigna de vivos se los llevaron, vivos los queremos con vigencia hasta nuestros días; fecha emblemática la del 28 de agosto, cuando dos años antes cerrara sus puertas el famoso Castillo Negro de Lecumberri, y transcurridos 8 mil 395 días de aquella protesta en pleno centro de la ciudad de México, se presenta la denuncia ante la Procuraduría General de la República por la desaparición de 65 jóvenes, motivo por el cual dicha instancia judicial remite de manera incongruente un citatorio el 4 de diciembre de 2001, emplazando a los desaparecidos a que acudan a la instancia para que comparezcan y llevar a cabo una diligencia ministerial, como sugerencia absurda de una apuesta preguntando ¿dónde quedó la bolita?

La siembra del terror padecida en México desde el sexenio de Felipe Calderón ha potenciado la práctica de la desaparición forzada, la danza de las cifras deforman cualquier imaginario del horror, urgen respuestas, se apremia a las autoridades a que se actúe con prontitud ante la desazón, pero no se puede dejar de iluminar lo acontecido décadas atrás, donde los casos siguen pendiendo del anonimato, donde varios de los responsables se han ausentado impunes, los desaparecidos políticos en México no son fantasmas, ni sombras, la inexistencia de sus huellas no debe diluir la exigencia para que se asome el destino que se les dictó desde el poder, en la inmediatez aparecen los nombres de Alicia de los Ríos Merino, Leticia Galarza Campos, Jesús Piedra Ibarra, entre tantos otros, cuyos seres cercanos continúan manteniendo el deseo de ver resuelta la incógnita.

El triunfo electoral del primero de julio de 2018 ha convocado diversas expectativas sobre el tema, la elección de una mujer con la lucha por los desaparecidos en la piel al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, abre la imaginación de un horizonte luminoso, al igual que la instalación de la Dirección General de Estrategias para la atención de los Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, así como la Comisión Nacional de Búsqueda, Unidad de Delitos del Pasado y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, son iniciativas que alimentan la certidumbre de que ahora sí no va a cultivarse la desmemoria, la impunidad, la continuidad del desasosiego; a pesar de que cada uno de estos organismos parecieran ser instrumentos aislados, sin articulación dentro de una sinfonía, con ausencia de una dirección articulada, la suma de dichos esfuerzos permitirían la unificación de una voz que mitigue el silencio sembrado durante tantas décadas.

Actuar en el presente permitiría evitar la continuidad de negar el futuro, así como posibilitar que la memoria prospere, dibujar el pasado no debe manchar la actualidad, habrá que alcanzar la congruencia a la hora de conmemorar el 30 de agosto, se han sembrado tempestades para cultivar utopías, que hoy no podrían dejar de lado el lugar donde se han escondido los suspiros de los otros.

* Escritor y autor del libro Los años heridos: la historia de la guerrilla en México 1968-1985.

Llama CNDH a congresos estatales a proteger derechos de niñez

 la Redacción 

CIMACFoto: César Martínez López

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a los 32 congresos estatales a proteger los derechos de la niñez y adolescencia y no aprobar las iniciativas para incluir el Pin Parental en sus leyes locales de educación.

En un comunicado difundido este fin de semana, el organismo señaló que estas propuestas legislativas pretenden condicionar el derecho a la información en materia de salud sexual y reproductiva con la autorización de madres y padres de familia.

La CNDH, organismo facultado para impugnar leyes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que el contenido de las propuestas de reforma es contrario a los Derechos Humanos garantizados en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones de organismos internacionales.

El principal “argumento” de las iniciativas en estados como Aguascalientes, donde se aprobó; Nuevo León, donde fue rechazada; y Chihuahua, Querétaro y Veracruz, donde se ha presentado, es que madres y padres tienen el derecho a elegir el tipo de educación que pueden recibir sus hijas e hijos de acuerdo a sus convicciones y creencias.

Según estas propuestas, promovidas por el Partido Encuentro Social (PES), la impartición de los contenidos sobre sexualidad es una facultad exclusiva de las familias. Aunado a ello, varias de las iniciativas mencionan que los contenidos educativos contienen elementos de “ideología de género”, al abordar temas como la diversidad sexual.

El organismo se sumó al llamado que la semana pasada hicieron las secretarías de Gobernación (Segob), Salud (Ss) y Educación (SEP), quienes enviaron a los 32 congresos locales un análisis de los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica y donde llamaron a poner los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses de sus madres y padres.

Ahora, la CNDH condenó que existan este tipo de iniciativas que vulneran el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá, entre otros contenidos, la promoción de estilos de vida saludables y la educación sexual y reproductiva, con lo cual se garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Las iniciativas de Pin Parental, expuso, omiten considerar las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley general de la materia y las leyes estatales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que reconocen a las personas menores de 18 años como sujetos de derechos cuya autonomía progresiva les permite ejercer por sí mismas sus derechos, conforme a su edad y grado de madurez.

El Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General número 3, expone la necesidad de prestar atención especial a la sexualidad, así como a los tipos de comportamiento y estilos de vida de la niñez y las adolescencias, aun cuando no sean conformes con lo que la sociedad considera aceptable según las normas culturales imperantes en un determinado grupo de edad.

Esto con base en el alarmante número de personas menores de 18 años que sufren las consecuencias del abuso sexual; matrimonio infantil, trata de personas, transmisión de VIH, embarazos a temprana edad y la discriminación contra las personas que integran la comunidad LGBTTTIQ+, por mencionar algunas.

Además, el organismo recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en diversas sentencias que la niñez y la adolescencia necesitan información y educación sobre todos los aspectos de la salud para poder adoptar decisiones fundamentales en relación con su estilo de vida y el acceso a los servicios sanitarios.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reiteró la CNDH, reconoce que madres y padres tienen no solo el derecho, sino la obligación de proporcionarles a sus hijas e hijos orientación y dirección apropiadas, e inculcarles el respeto hacia todas las personas; pero este derecho no puede utilizarse para justificar limitación, vulneración o restricción del ejercicio de otros derechos.

20/AGM/LGL

CNDH vigilará actuación de militares en tareas de seguridad

la Redacción 

Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que el acuerdo presidencial para permitir que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad pública no explica qué se debe entender por actuación “extraordinaria”, “fiscalizada” y “subordinada”, indefinición que implica graves riesgos para los Derechos Humanos.

En un pronunciamiento público, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra, quien fue integrante del Comité ¡Eureka!, una organización de familiares de desaparecidos y perseguidos políticos opositores al gobierno, fundado en 1977, por su madre, Rosario Ibarra, aseguró que no se tiene claridad sobre los supuestos en los cuales se permitiría la actuación del Ejército y la Marina.

El 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para que las fuerzas armadas realicen operativos con autoridades civiles para detener personas, asegurar bienes, realizar labores de vigilancia y restablecer el orden en zonas fronterizas, centros de supervisión y control migratorio y carreteras federales, entre otras.

El mismo día que se realizó este anuncio agrupaciones y defensores que integran el colectivo “Seguridad Sin Guerra” reiteraron en un comunicado que en la práctica las fuerzas civiles se subordinan a las armadas y no hay mecanismos de supervisión del actuar de militares y marinos.

La reacción de la CNDH fue similar, pues aseguró que, aunque el acuerdo dice que la actuación de estos cuerpos de seguridad será de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, en apego a la Ley del Uso de la Fuerza y a Ley de la Guardia Nacional, en estas normas no se explica cómo será la subordinación ni la fiscalización.

Impunidad para las mujeres

El organismo expuso en su comunicado que es posible el uso de las fuerzas militares para atender problemas de seguridad ciudadana, siempre y cuando se encuentre limitada, pero no hay evidencia de que así será, lo que implica riesgos para los Derechos Humanos de las personas, por ejemplo de las mujeres.

Históricamente las mujeres han sido víctimas de los abusos militares sin que haya castigo para los agresores. Uno de los primeros casos documentados ocurrió hace 25 años. Se trata de la detención ilegal, violación y tortura cometida por militares mexicanos en contra de las indígenas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez, en el municipio de Altamirano, en el estado de Chiapas, el 4 de junio de 1994.

Los hechos ocurrieron en un retén militar localizado en el camino que va rumbo al ejido Jalisco, en el municipio de Altamirano, aproximadamente a las 2:30 de la tarde cuando las indígenas regresaron de un poblado vecino donde fueron a vender productos agrícolas.

Aquel día de 1994, en el contexto del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un grupo de militares detuvo a las tres hermanas, Ana de 20 años de edad, Beatriz de 18 años, Celia de 16 años y a su madre Delia Pérez; las mantuvieron privadas de su libertad durante dos horas. En ese tiempo las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones.

Pese a las amenazas que recibieron por los militares, el 30 de junio de 1994 las mujeres denunciaron ante el Ministerio Público Federal pero dos meses después el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar, encargada de investigar delitos cometidos por soldados y quien decidió archivar la indagatoria.

El caso permaneció impune porque la investigación se envió a la jurisdicción militar y aunque la demanda de justicia llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien afirmó que se habían violado los derechos a un juicio imparcial y a la protección judicial, hasta ahora no hay culpables.

Antes y después de este caso de violencia contra mujeres, cometida por las Fuerzas Armadas, hubo más. El informe “Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México (2006-2017)”, realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) da cuenta de crímenes cometidos por las fuerzas armadas.

Uno de los casos más recientes documentados por la CNDH fue el de una mujer que denunció que el 23 de diciembre de 2008, aproximadamente a las 12:00 horas, irrumpieron en su domicilio, en el estado de Chihuahua, alrededor de ocho elementos del Ejército mexicano, quienes la golpearon preguntándole por la ubicación de ciertos objetos ilícitos. Ella fue torturada y violada sexualmente por los soldados para que se inculpara de diversos delitos.  

Incluso la CMDPDH, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Asociadas por lo Justo (JASS), han documentado que las violaciones sexuales y otros tipos de abuso sexual contra las mujeres, cometidos por elementos policiales y militares, son utilizados como medio para obtener información, autoinculpación o simplemente como una demostración del poder masculino frente a las mujeres.

Apoyo militar a la ciudadanía

La CNDH consideró que si bien cabe la posibilidad de tener el apoyo de las fuerzas armadas, su participación debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario, pero el acuerdo no brinda elementos para respetar y garantizar dicha condición.

La participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública debe de estar regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza conforme a estrictos criterios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.  

El organismo recordó que el Estado mexicano ha sido condenado en el pasado por los abusos e impunidad de las fuerzas armadas por actos de desaparición forzada de personas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones ilegales y tortura.

Se trata de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH): uno por la desaparición forzada de un líder ocurrida en 1974; dos por la violación sexual de dos mujeres indígenas en 2002; uno por detención arbitraria y tortura de dos campesinos en 1999 y otro más por la privación de la libertad de tres personas (dos mujeres y un hombre) en 2009.

Es por eso que para la CNDH es necesario asegurar una estricta fiscalización de la intervención de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública tanto por el Congreso de la Unión, como por la propia sociedad,

La CNDH aseguró que  dará seguimiento a la participación de militares y marinos en funciones de seguridad pública, pero no se pronunció sobre las cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de la ley de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones; y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que la anterior administración del organismo promovió en 2019.

Llama CNDH a garantizar condiciones de estancia digna a mujeres en reclusión

Redacción 

CIMACFoto: César Martínez López

Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 4/2020 al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, después de confirmar las precarias condiciones en las que se encuentran las áreas destinadas para mujeres, sus hijas e hijos en los centros penitenciarios de Ensenada, Mexicali y Tijuana.

En un comunicado, el organismo aseguró que en los centros penitenciaros se violan los derechos a la reinserción social, a la protección de la salud, al trabajo y capacitación, a la educación, al deporte, la vinculación con el exterior e interés superior de niñas y niños, por lo que llamó a garantizar a las mujeres en situación de reclusión, condiciones de estancia digna.

El organismo informó que los tres centros penitenciarios mixtos de Baja California no reúnen las condiciones de habitabilidad e infraestructura adecuadas para las mujeres privadas de la libertad y denunció que la infraestructura, organización y el funcionamiento gira preponderantemente alrededor de las necesidades y características de la población de hombres.

Históricamente el número de mujeres privadas de la libertad por la comisión de conductas delictivas ha sido menor que el de los hombres, lo que a decir de la CNDH no justifica deficiencias en su atención, por lo que pidió que la organización de estos centros penitenciarios tenga un enfoque de perspectiva de género e interseccionalidad.

Para la elaboración de la Recomendación se realizaron diversas visitas a los centros de reclusión de Ensenada, Mexicali y Tijuana, donde se entrevistó a mujeres privadas de la libertad, al personal penitenciario y se consideró la información aportada por las autoridades.

Después de analizar los datos, el organismo concluyó que estos centros contravienen los artículos 18, párrafo segundo constitucional, 5 fracción I y 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dicen que las mujeres deben compurgar su pena en lugares separados a los destinados a los hombres, aunado a que no reúnen las condiciones de habitabilidad e infraestructura adecuadas para ellas.

La CNDH dijo que la atención específica de mujeres en reclusión es un tema de particular relevancia y trascendencia, por las precarias condiciones en las que se encuentran las áreas destinadas para ellas y para sus hijas e hijos que ahí viven, así como por la falta de servicios y de personal necesario para su adecuado funcionamiento.

Por ello, la CNDH recomendó al gobierno de Baja California que tenga por lo menos un establecimiento específico para mujeres, o bien, de ser el caso, en máximo de 6 meses, se asignen los recursos presupuestales, materiales y humanos necesarios que permitan la organización y el funcionamiento independiente desde su titular, que deberá ser mujer, hasta el personal de las áreas jurídica, técnica, médica, administrativa, así como de seguridad y custodia, incluyendo su infraestructura y equipamiento para que se garanticen condiciones de estancia.

Asimismo, deberá emprender acciones para que en 6 meses se garantice el derecho a la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad en esa entidad, particularmente en el tema del trabajo productivo, privilegiando el trabajo remunerado y su capacitación en actividades que puedan ser de utilidad para cuando obtengan su libertad.

Finalmente, que en un término máximo de 3 meses se inicie un programa de capacitación continua con perspectiva de género al personal que se destine a la atención exclusiva de mujeres; y designe a persona servidora pública de alto nivel de decisión que fungirá como enlace con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación.

Además, en el actual contexto de pandemia de COVID-19, organizaciones civiles como Equis, Justicia para las Mujeres y AsíLegal han alertado de las condiciones precarias en los centros penitenciarios, que podrían poner en riesgo a la población en reclusión, por lo que llaman a las autoridades a tomar medidas al respecto para garantizar condiciones de estancia dignas. 

20/AGM/LGL

Anuncia Piedra Ibarra reunión con colectivos feministas

La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, anunció que se reunirá con integrantes de colectivos feministas para elaborar una agenda de atención a sus demandas, al tiempo que manifestó su respeto por todos los tipos de protesta, en referencia a la marcha del lunes contra la violencia hacia las mujeres.

La ombudsperson señaló en un video que subió a su cuenta personal de Twitter que en lo personal y como presidenta de la CNDH creo en la libertad de expresión y en el derecho de manifestación irrestricto, y por ello refrendo mi apoyo total a todos los tipos de protesta.

Críticas

Piedra Ibarra fue criticada en redes sociales luego de que el miércoles, en una entrevista radiofónica, señaló sobre la mencionada marcha que lo que no está permitido son los actos de vandalismo, de violencia. Siempre cuidamos mucho el hacer protestas pacíficas (...) No tendríamos que comportarnos igual que un torturador, un violador, un asesino. Tenemos que marcar esa diferencia.

Luego de reconocer el estado actual de urgencia en violaciones a los derechos humanos y particularmente la situación de peligro que viven día a día miles de mujeres, la funcionaria señaló que, en un acto de congruencia y compromiso, tenemos ya prevista una reunión con representantes y activistas de los movimientos feministas para trabajar en conjunto una agenda que atienda y acompañe sus causas y sus demandas”.

Ex candidato Chamberlin le sugiere renunciar

En tanto, el activista Michael Chamberlin, integrante del consejo consultivo de la CNDH, se reunió con Piedra Ibarra, a quien le sugirió renunciar para dar lugar a un proceso de designación más respetuoso.

En su cuenta de Twitter, el ex aspirante a dirigir la CNDH señaló que el miércoles se reunió con la ombudsperson y le señaló que el proceso en el Senado (donde se le nombró como nueva presidenta del órgano autónomo) fue agraviante para los 56 contendientes, al violar el procedimiento contenido en la ley, lo que deja al instituto en una situación de gran debilidad, por lo que la llamó a renunciar.

Piedra, según Chamberlin, le respondió que va a valorar la petición y que aún tiene que hablar con otros tres consejeros del organismo sobre el tema.

Fernando Camacho Servín

 Periódico La Jornada

De policías del régimen a “defensores” de derechos humanos

contralinea.com.mx

Autor: Miguel Badillo * / @badillo_contra

Por primera vez desde su fundación, una luchadora social víctima de la violencia y del abuso de poder del Estado fue elegida por el Senado de la República para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, hija de la histórica defensora de derechos humanos doña Rosario Ibarra de Piedra, madre del desaparecido Jesús Piedra Ibarra.

Sin embargo, grupos de derecha representados por el Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Unión intentaron impedir que tomara posesión por una cuestión de racismo e intolerancia, características de integrantes de ese partido político.

Con su designación, Piedra Ibarra podrá continuar su lucha al frente de esa importante responsabilidad que, en gobiernos anteriores, desde la creación de la CNDH en el sexenio del priísta Carlos Salinas de Gortari, había servido para simular la protección de los derechos humanos de la sociedad y, al mismo tiempo, avalar y justificar el abuso del poder político.

Si se revisa la lista de aquellos que ocuparon la titularidad de la CNDH en las últimas 3 décadas, queda al descubierto que se trató de sólo policías disfrazados de defensores de derechos humanos. Es decir, de siete titulares que tuvo la CNDH desde su fundación, cinco fueron policías al servicio del régimen, pues ocuparon responsabilidades en la antigua Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía General), precisamente en los años en que el crimen organizado se fortaleció y penetró con mayor fuerza al Ministerio Público Federal, lo que generó una mayor violencia y un incremento considerable de asesinatos y desapariciones en todo el país, cifra que ha llegado hasta las 300 mil muertes y decenas de miles de desaparecidos y desplazados.

Para esos supuestos defensores de derechos humanos era lo mismo presidir la CNDH que tener un puesto policiaco en la PGR, porque en su interior y en su ideología son en realidad policías del régimen y sólo buscaban lavar su propia imagen presidiendo esa Comisión. Pero todos ellos no actuaron solos: para lograr su cometido, esos burócratas que vivieron del presupuesto público contaron con el apoyo incondicional de presidentes priístas y panistas corruptos, así como de un Congreso cómplice que avaló sus nombramientos y traicionó de esa manera al pueblo de México.

Por eso tampoco extraña que en este momento que es designada una destacada luchadora social, como Rosario Piedra Ibarra, de inmediato voceros y oficiosos de la ultraderecha, representada por el PAN y el PRI, salen a descalificarla y a pedir la remoción de esta honorable mujer que sin duda le cambiará el sentido y la visión a la defensa de los derechos humanos en México.

Si revisamos quienes fueron los titulares de la CNDH desde su fundación, aquel 6 de junio de 1990, encontramos que todo empezó en el sexenio corrupto y abusivo del expresidente priísta Carlos Salinas de Gortari, quien designó a su amigo y cómplice Jorge Carpizo McGregor, aquel que se reunió personalmente con los narcotraficantes Arellano Félix, jefes del violento cártel asentado en Tijuana, Baja California, en donde después de negociar con ellos los dejó escapar. Fue ese doctor Carpizo, funcionario consentido de Salinas, quien presidió por primera vez la CNDH hasta el 3 de enero de 1993, para de allí brincar, el 4 de enero de ese mismo año, a la titularidad de la PGR. Es decir, de su disfraz de defensor de derechos humanos mostró su verdadera piel para ser nombrado procurador general de la República.

A la salida del policía Carpizo de la CNDH, éste recomendó a su “amigo” Jorge Madrazo Cuéllar, quien se mantuvo en ese puesto hasta el 26 de noviembre de 1996, más por su servilismo al gobierno que por intentar defender los derechos humanos de los mexicanos.

Pero fue en ese mismo año de 1996, cuando a Madrazo Cuéllar le salió el policía que llevaba adentro y, siguiendo los pasos de su mentor Carpizo, fue designado procurador general de la República por el presidente priísta Ernesto Zedillo, precisamente en el momento en que los cárteles de Tamaulipas, Baja California, Sinaloa y Jalisco, entre otros, florecieron como nunca.

A la salida de Madrazo Cuéllar de la CNDH, el primer visitador José Luis Ramos Rivera quedó como encargado de la presidencia y meses después se convirtió en subprocurador de Coordinación General y Desarrollo de la PGR; es decir otro policía que cambiaba la defensoría de derechos humanos por un puesto en la PGR.

El 8 de enero de 1997, la primera mujer en ocupar la presidencia de la CNDH, Mireille Roccatti, dejó la Fiscalía Especial para los Feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, posición en donde fue criticada por no resolver un solo caso de agresiones a mujeres, y brincó también de ese puesto policiaco a ser la “principal defensora” de los derechos humanos del país.

Después hubo dos periodos en donde abogados egresados de la UNAM, que no provenían de la PGR ni aspiraban a ser policías como sus antecesores, ocuparon la titularidad de la CNDH: José Luis Soberanes y Raúl Plasencia Villanueva. Sin embargo, sus grises gestiones también fueron muy cuestionadas, sobre todo la de Plascencia, quien dejó el cargo por omisiones graves en violaciones a derechos humanos.

Del 16 de noviembre de 2014 hasta la fecha, otro policía asumiría el cargo de residente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien se había desempeñado en la PGR como subprocurador especial para la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio y también como encargado del Centro de Control de Confianza. Otro policía como defensor de derechos humanos.

Por lo anterior, la sociedad puede tener ahora alguna esperanza de que una verdadera luchadora social y defensora de los derechos humanos vigilará por primera vez la seguridad y los derechos de los 120 millones de mexicanos.

Miguel Badillo

[Oficio de papel] [COLUMNA ] [D ] [SEMANA ]

De policías del régimen a “defensores” de derechos humanos

contralinea.com.mx

Autor: Miguel Badillo * / @badillo_contra

Por primera vez desde su fundación, una luchadora social víctima de la violencia y del abuso de poder del Estado fue elegida por el Senado de la República para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, hija de la histórica defensora de derechos humanos doña Rosario Ibarra de Piedra, madre del desaparecido Jesús Piedra Ibarra.

Sin embargo, grupos de derecha representados por el Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Unión intentaron impedir que tomara posesión por una cuestión de racismo e intolerancia, características de integrantes de ese partido político.

Con su designación, Piedra Ibarra podrá continuar su lucha al frente de esa importante responsabilidad que, en gobiernos anteriores, desde la creación de la CNDH en el sexenio del priísta Carlos Salinas de Gortari, había servido para simular la protección de los derechos humanos de la sociedad y, al mismo tiempo, avalar y justificar el abuso del poder político.

Si se revisa la lista de aquellos que ocuparon la titularidad de la CNDH en las últimas 3 décadas, queda al descubierto que se trató de sólo policías disfrazados de defensores de derechos humanos. Es decir, de siete titulares que tuvo la CNDH desde su fundación, cinco fueron policías al servicio del régimen, pues ocuparon responsabilidades en la antigua Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía General), precisamente en los años en que el crimen organizado se fortaleció y penetró con mayor fuerza al Ministerio Público Federal, lo que generó una mayor violencia y un incremento considerable de asesinatos y desapariciones en todo el país, cifra que ha llegado hasta las 300 mil muertes y decenas de miles de desaparecidos y desplazados.

Para esos supuestos defensores de derechos humanos era lo mismo presidir la CNDH que tener un puesto policiaco en la PGR, porque en su interior y en su ideología son en realidad policías del régimen y sólo buscaban lavar su propia imagen presidiendo esa Comisión. Pero todos ellos no actuaron solos: para lograr su cometido, esos burócratas que vivieron del presupuesto público contaron con el apoyo incondicional de presidentes priístas y panistas corruptos, así como de un Congreso cómplice que avaló sus nombramientos y traicionó de esa manera al pueblo de México.

Por eso tampoco extraña que en este momento que es designada una destacada luchadora social, como Rosario Piedra Ibarra, de inmediato voceros y oficiosos de la ultraderecha, representada por el PAN y el PRI, salen a descalificarla y a pedir la remoción de esta honorable mujer que sin duda le cambiará el sentido y la visión a la defensa de los derechos humanos en México.

Si revisamos quienes fueron los titulares de la CNDH desde su fundación, aquel 6 de junio de 1990, encontramos que todo empezó en el sexenio corrupto y abusivo del expresidente priísta Carlos Salinas de Gortari, quien designó a su amigo y cómplice Jorge Carpizo McGregor, aquel que se reunió personalmente con los narcotraficantes Arellano Félix, jefes del violento cártel asentado en Tijuana, Baja California, en donde después de negociar con ellos los dejó escapar. Fue ese doctor Carpizo, funcionario consentido de Salinas, quien presidió por primera vez la CNDH hasta el 3 de enero de 1993, para de allí brincar, el 4 de enero de ese mismo año, a la titularidad de la PGR. Es decir, de su disfraz de defensor de derechos humanos mostró su verdadera piel para ser nombrado procurador general de la República.

A la salida del policía Carpizo de la CNDH, éste recomendó a su “amigo” Jorge Madrazo Cuéllar, quien se mantuvo en ese puesto hasta el 26 de noviembre de 1996, más por su servilismo al gobierno que por intentar defender los derechos humanos de los mexicanos.

Pero fue en ese mismo año de 1996, cuando a Madrazo Cuéllar le salió el policía que llevaba adentro y, siguiendo los pasos de su mentor Carpizo, fue designado procurador general de la República por el presidente priísta Ernesto Zedillo, precisamente en el momento en que los cárteles de Tamaulipas, Baja California, Sinaloa y Jalisco, entre otros, florecieron como nunca.

A la salida de Madrazo Cuéllar de la CNDH, el primer visitador José Luis Ramos Rivera quedó como encargado de la presidencia y meses después se convirtió en subprocurador de Coordinación General y Desarrollo de la PGR; es decir otro policía que cambiaba la defensoría de derechos humanos por un puesto en la PGR.

El 8 de enero de 1997, la primera mujer en ocupar la presidencia de la CNDH, Mireille Roccatti, dejó la Fiscalía Especial para los Feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, posición en donde fue criticada por no resolver un solo caso de agresiones a mujeres, y brincó también de ese puesto policiaco a ser la “principal defensora” de los derechos humanos del país.

Después hubo dos periodos en donde abogados egresados de la UNAM, que no provenían de la PGR ni aspiraban a ser policías como sus antecesores, ocuparon la titularidad de la CNDH: José Luis Soberanes y Raúl Plasencia Villanueva. Sin embargo, sus grises gestiones también fueron muy cuestionadas, sobre todo la de Plascencia, quien dejó el cargo por omisiones graves en violaciones a derechos humanos.

Del 16 de noviembre de 2014 hasta la fecha, otro policía asumiría el cargo de residente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien se había desempeñado en la PGR como subprocurador especial para la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio y también como encargado del Centro de Control de Confianza. Otro policía como defensor de derechos humanos.

Por lo anterior, la sociedad puede tener ahora alguna esperanza de que una verdadera luchadora social y defensora de los derechos humanos vigilará por primera vez la seguridad y los derechos de los 120 millones de mexicanos.

Puntos suspensivos… Difícil momento enfrenta la principal empresa del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex). En momentos en que su principal subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) estaba a punto de arrancar el programa de inversiones por algo más que 200 mil millones de pesos para la exploración y producción petrolera, ocurrió el hackeo que ha contaminado y paralizado por lo menos 35 mil computadoras de la empresa petrolera, algo así como el 5 por ciento de su sistema de cómputo, y todo porque desde la Dirección General se ordenó cancelar algunos contratos con la empresa de computación Microsoft, que estaba encargada de proporcionar los sistemas de seguridad… Los órganos de seguridad nacional y hasta la misma Secretaría de la Función Pública investigan a la recién corrida Reyna María Basilio Ortiz, como bien lo informó hace unos días el diario La Jornada, pues tenía una posición clave en el área de Procura y por la coincidencia se indaga si tuvo algo que ver en el hackeo que tiene en jaque a la petrolera del Estado… Es tan grave el hackeo que esta en duda que Pemex pueda pagar la próxima quincena a sus miles de trabajadores petroleros, pues aunque acaban de cobrar la quincena anterior, hay nerviosismo entre los trabajadores porque todo el sistema de cómputo está paralizado por las torpezas de algunos funcionarios que se olvidaron de los sistemas de seguridad en internet… Y siguiendo con Pemex, la semana pasada comentamos que entre los grandes contratos que tiene listo PEP para asignar, uno de los más importantes asciende a la nada despreciable cifra de 3 mil 504.7 millones de pesos, el cual es manejado desde la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Pemex, a cargo del inexperto en materia petrolera Marcos Manuel Herrería Alamina, para entregárselo a Comesa, empresa en donde Pemex tiene mayoría accionaria, 51 por ciento, y el 49 restante pertenece a la petrolera estadunidense Schlumberger… Sin embargo, por el hackeo y por una investigación interna ante supuestas irregularidades en ese contrato con Comesa, se ha detenido su operación hasta comprobar que no haya un sobreprecio, pues hay sospechas de que el costo del servicio se elevaría un 30 por ciento más… Otro caso que deben tener bajo la lupa las secretarias de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y de Energía, Rocío Nahle, es la contratación de René Carlos Puerto Rovira al frente de la Subdirección de Servicios a la Explotación, por la sencilla razón de que es el responsable de licitar los contratos de PEP, la subsidiaria más importante de Pemex. Pero el asunto más delicado con relación a este funcionario petrolero, es que después de 20 años de antigüedad en Pemex, en donde ocupó diversos cargos, en 2017 solicitó un permiso en esa paraestatal y se fue a trabajar como gerente de administración y finanzas de la empresa privada Protexa, dedicada principalmente a venderle servicios a la empresa petrolera del Estado. Después de trabajar en Protexa, regresa a Pemex y ocupa la “suplencia por ausencia” de la Subdirección de Servicios a la Explotación, y sin que nadie se lo impidiera asignó dos contratos por un monto de 1 mil 666 millones de dólares a la empresa donde laboraba, Protexa, en un claro y abierto conflicto de interés. Hasta cuando seguirán estas prácticas deshonestas en la principal empresa del país.

Miguel Badillo

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Descarta AMLO que la ombudsperson sea servil a su gobierno

Reitera críticas a organismos autónomos

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que Rosario Piedra Ibarra –elegida el jueves como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en una controvertida votación–, no será una incondicional de su gobierno ni de nadie, al responder a las críticas de la oposición contra la ombudsperson por su militancia en el partido Morena.

El nombramiento de Piedra abre la posibilidad de que la CNDH "deje de ser una pantalla, un organismo alcahuete del régimen y se profundice en las investigaciones, se acabe con la impunidad y se dé respuesta a los familiares de las víctimas", agregó el mandatario en su conferencia matutina.

Resaltó que la hija de la luchadora social Rosario Ibarra "es una mujer que sabe y ha sufrido en carne propia lo que es la desaparición de un familiar". Se trata de una persona de convicciones. “Si se llegara a pensar, sobre todo por los conservadores, que ella va a procurar no afectar al gobierno actual, nosotros, por principios, nunca le pediríamos a una autoridad que se ocultara una violación a derechos humanos.

"No queremos incondicionales en nada... Ni ella lo permitiría ni nosotros le pediríamos algo ilegal, injusto, que violara los derechos humanos. No queremos tener achichincles" ni funcionarios serviles, sino servidores públicos con integridad, principios, honestos, que ejerzan su libertad, verdaderamente con independencia, expuso.

Tras celebrar la designación de Rosario Piedra, López Obrador aludió a las críticas de la oposición al proceso a partir del cual resultó nombrada. Dijo que es normal porque los conservadores quieren seguir teniendo a gente disciplinada, a modo, como sucedió en todo el periodo neoliberal: puro especialista, experto, doctores graduados en universidades famosas de México y el extranjero que se distinguían por cobrar bastante por su especialidad, profesionalismo, ironizó.

En Palacio Nacional, reiteró sus críticas a la CNDH porque siempre guardaba un silencio cómplice, encubría, nada sabía y a nadie se castigaba. También tundió a otros organismos autónomos y al tribunal electoral por ser opacos y cómplices del régimen, así como muy caros para el país.

Entre señalamientos de algunos de los presentes en la conferencia en torno a que sería un retroceso acabar con dichas instancias, el Presidente puntualizó que no está planteando su desaparición, sino que no han funcionado, que no han estado a la altura de las circunstancias y han caído en la simulación.

López Obrador resaltó de nueva cuenta que el INE se ha hecho de la vista gorda y ha avalado fraudes electorales, mientras la CNDH emitía recomendaciones que no se cumplían. Encima de ello, cuesta mucho dinero mantener organismos ineficientes, reiteró.

Estimó que a los funcionarios se les pagaba bien para callarlos al considerar que en el pasado régimen se aplicaron estrategias de Porfirio Díaz, como el del "maicear" a opositores.

–¿Cómo reforzarlos?, le preguntó un reportero.

–Que los representantes sean gentes honestas, íntegras, capaces de presentar su renuncia.

–¿Sugiere que deben renunciar los consejeros y magistrados del tribunal?

–Es un acto de conciencia de cada quien, respondió el jefe del Ejecutivo federal al destacar que esos nombramiento se hacían por cuotas de los partidos políticos, de manera que actúan como representantes de grupo y no de los ciudadanos.

En la rueda de prensa, el mandatario se refirió a las protestas de los normalistas de Michoacán, entre las que se ha incluido el bloqueo de las vías férreas, y pidió a todos portarse bien.

López Obrador añadió que el gobierno está abierto a dialogar, al demandar que se actúe de manera responsable.

Fabiola Martínez y Georgina Saldierna
Periódico La Jornada

Señalaré abusos sin caer en enfrentamientos: Piedra

En su designación como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no hubo nada anormal, por lo que su objetivo es rendir protesta de su cargo, escuchar a todos los grupos de víctimas y señalar los errores y abusos del actual gobierno, sin que este acto sea visto como una confrontación, afirmó Rosario Piedra Ibarra.

En entrevista con La Jornada, señaló que su militancia política no es algo de lo que tenga que avergonzarse, al tiempo que puso en tela de juicio la autoridad moral de los partidos que la cuestionan y afirmó que aunque no es abogada ni tiene tantos grados académicos como otros aspirantes, tiene toda la capacidad de desempeñar su cargo.

Cuestionada sobre las dudas que genera su designación, en particular sobre el tema de su independencia frente al Ejecutivo, la activista del Comité Eureka dijo que en ningún momento trató de ocultar su pertenencia a Morena y aclaró que ella se acercó a dicho partido cuando era un movimiento social sin registro, con el ánimo de producir un cambio en el país.

No tengo nada de qué avergonzarme, porque esto es un acto de congruencia con mis convicciones. En el cargo para el que fui electa se contaron los votos legalmente y los escrutadores fueron del PAN, por eso me sorprende todo lo que está pasando y lo veo como un acto mediático de grupos de poder que no quieren que las cosas cambien, resaltó.

Aunque señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador no es su amigo, Piedra Ibarra lo definió como una persona congruente e íntegra. Es una persona muy cercana, a quien respeto porque creo que está haciendo esfuerzos para cambiar las cosas en este país, pero si creemos que en algo está fallando, si nos parece que no está eligiendo el rumbo adecuado, se los vamos a decir, sin ver eso como un enfrentamiento.

Sobre la exigencia de que se invalide la votación en la que fue electa, la nueva ombudsperson afirmó que los únicos que pueden definir eso son los senadores.

Quienes dudan si tiene el perfil adecuado para dirigir la CNDH están equivocados, porque no soy abogada ni experta (en temas legales), pero tampoco soy ignorante.

La desaparición forzada de un ser querido, dijo, es un curso intensivo para aprender qué es justo, y como familia esto nos hizo autodidactas, sin que eso quiera decir que no me voy a allegar de expertos y personas con conocimientos teóricos, pero que también comprendan al pueblo. No voy a defraudar a nadie y mi conciencia está tranquila.

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

CNDH emite Recomendación a instancias del Estado por violencia feminicida

 Distintas fuentes de información coinciden en el aumento de la violencia contra las mujeres en México: en los primeros ocho meses de 2019, cada mes 310 mujeres fueron asesinadas. Bajo este contexto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 40/2019 “Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida violencia en México”.

En la Recomendación publicada este 6 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la CNDH se dirige a la Secretaría de Gobernación (Segob), el Congreso de la Unión, la Fiscalía General de la República; así como las Secretarías de Seguridad Pública, Salud, organismos legislativos y Ejecutivos de las 32 entidades federativas. A quienes propone una serie de acciones con la finalidad de “contribuir en la garantía de los derechos a una vida libre de violencia y de acceso a la justicia” de las mexicanas.

La CDNH analiza seis aspectos que deben abordarse con política pública en Derechos Humanos y perspectiva de género: 1) violencia feminicida, 2) violencia feminicida contra niñas y adolescentes, 3) la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), 4) presupuestos públicos para la atención a la violencia, 5) refugios para mujeres víctimas de violencia, y 6) acceso a la justicia para las mujeres.

Para esta Recomendación la Comisión Nacional parte de un contexto de violencia en aumento que es exhibido por distintas fuentes de información, a pesar de que se carece de un mecanismo para registrar de manera homogénea los casos de feminicidio en el país; en los primeros ocho meses de 2019, mensualmente 310 mujeres fueron asesinadas, es decir, 10 al día.  

La CNDH obtuvo este promedio de la documentación de enero al mes de agosto de 2019 que hace el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): 638 presuntos delitos de feminicidio, sumando mil 843 registros de presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso.

A la par, el organismo nacional de Derechos Humanos, observó con especial preocupación la violencia feminicida de las que son víctimas -directas e indirectas- niñas y adolescentes. Según el “Diagnóstico de acceso a la justicia y violencia feminicida” que hizo la propia institución, de las víctimas de homicidios dolosos en 2016 en México, un 11 por ciento fueron niñas y adolescentes. Lo que se traduce a por lo menos un caso de una menor de edad por cada 10 homicidios dolosos.

6_11_2019 La @CNDH publica Recomendación General sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en #México: https://t.co/gTpVCMuyaU

— Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) November 6, 2019

A pesar del aumento de las cifras de casos de feminicidio en los últimos años, su investigación no es una prioridad para algunas entidades, indica el organismo. “La eficaz investigación de las muertes violentas de mujeres implicaría trabajos de profesionalización a través de la creación de protocolos, con perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos”.

A su vez tampoco han logrado ser efectivos mecanismos como la Alerta de Violencia de Género (AVG), único en el mundo y a través del cual las autoridades públicas buscan atender de forma emergente la violencia feminicida en localidades específicas, pero la CNDH recalca que no se observan cambios sustanciales en el contexto de entidades que cuentan con una declaratoria de AVG. Especialmente en estados que llevan cuatro años con la Alerta (Estado de México, Morelos) o en aquellas entidades que cuentan con dos Alertas declaradas (Estado de México y Veracruz).

Al 15 de octubre de 2019, en el país se han solicitado 34 procedimientos de AVG en 28 estados de la República, de los cuales, 20 han resultado en declaratorias de Alerta de Género; en 10 entidades no fue declarada; y cuatro entidades se encuentran en alguna fase del procedimiento.

De la misma forma la Comisión hace hincapié en que los servicios y acompañamiento que ofrecen los refugios a mujeres víctimas de violencia extrema resultan fundamentales para salvaguardar su vida. “La operación de los refugios deben ser prioridad de política pública”, sentencia el organismo, luego que este año corrieron el riesgo de dejar funcionar por la decisión presidencial de cesar el apoyo económico a organizaciones de la sociedad civil, que son las principales operadoras de estos espacios.

La CNDH recuerda a su vez la obligación que tienen el Estado de enfocar recursos financieros para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Celebra que, en el ámbito del presupuesto federal, concretamente en el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, los montos asignados se han incrementado anualmente: en 2017 dicho presupuesto se incrementó a 27 mil 424 millones de pesos (mdp), en 2018 fueron 28 mil 000 mdp y en el presupuesto de este año (2019) el Anexo contó con una asignación de 63 mil 209 mdp.

Recomendaciones

En este sentido, entre las recomendaciones, la Comisión Nacional plantea a la Segob elaborar el “Programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, tomando en cuenta los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y recomendaciones de emitidas por el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles).

A la vez, recomienda reforzar todos los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres; y en el marco de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, fortalecer los esfuerzos que éstas realizan en las tareas de prevención y atención a la violencia feminicida.

Al Congreso de la Unión la CNDH llamó a hacer reformas pertinentes a la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en varios rubros: para el otorgamiento, duración y monitoreo de las órdenes de protección a las mujeres víctimas de violencia; para incluir coordinación interinstitucional, presupuestos públicos, y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM); así como definir procesos del mecanismo de AVG.

A los Ejecutivos locales y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México se les pide profesionalizar un servicio civil de carrera especializado en género y violencia de género. Mejorar las condiciones laborales del personal especializado encargado en la prevención, atención e investigación de la violencia contra las mujeres para asegurar condiciones dignas y todos los derechos laborales, así como asegurar los recursos presupuestales para este rubro, la capacitación y evaluación permanente.

Además de generar mecanismos de protección, atención y reparación a las víctimas indirectas del feminicidio, especialmente a la niñez en orfandad.

A los Congresos locales se les pide asignar recursos a las dependencias de la administración pública encargadas de atender la violencia contra las mujeres; por su parte a la Secretaría de Salud federal y locales, se exige cumplir con la Norma Oficial Mexicana 046, para identificar a las usuarias afectadas por violencia familiar o sexual y valorar el grado de riesgo para prevenir un feminicidio.

En tanto, a la Secretaría de Seguridad se le pide contar con un “Protocolo homologado de actuación y reacción policial en materia de violencia de género y feminicidio” y la Fiscalía General de la República un “Protocolo de investigación criminal homologado del delito de feminicidio con perspectiva de género y de Derechos Humanos”.

Esta recomendación fue aprobada por el Consejo Consultivo de esta Comisión Nacional en su sesión ordinaria el 14 de octubre de 2019. 

Escrito por la Redacción

Ciudad de México.