"Saber pasar un examen no es lo mismo que estar informado. Estar informado no es lo mismo que ser justo".
En días pasados una vocera de la ultraderechas en medios como TV Azteca y Radio Fórmula sentenció que los mexicanos que no pasaran un examen, no deberían poder votar. Comparó ese procedimiento con una licencia de conducir, que le da permiso a alguien para manejar un coche. Su confusión mental no fue bien recibida en las redes y su nombre se hizo viral, junto con sus comentarios de que admiraba al dictador Porfirio Díaz y a que más valía una buena dictadura que una mala democracia. También salió a relucir su vida privada. Pero esta columna no se tratará de esta profesora quesque de derecho constitucional ---imagínense--- de la Universidad del Opus Dei, la Panamericana, sino sobre qué es lo causó la indignación contra ella.
Por principio de cuentas, el derecho a votar no es un permiso de conducir. Es un derecho. La diferencia entre que un Gobierno te autorice a manejar una máquina y votar es tan palmaria que ni siquiera valdría la pena aclararla, salvo porque, al parecer, la ultraderecha está tratando de meter ese debate terco cuando ha perdido ya su idea de que los derechos sociales sólo deberían de ser para unos cuantos. Así que hay va. La licencia de manejar es un privilegio administrativo; es revocable, selectivo y exclusivo. El voto es un derecho que se adquiere en cuanto se cumpla la edad para ser ciudadano, es universal, es decir, para todos, y no requiere que el Estado te lo autorice. Como es un derecho, si te dejan sin el derecho a votar, puedes demandar al Estado, el INE, el sistema electoral por ello. Si no te dan tu permiso para manejar, como es una autorización administrativa, no puedes hacer otra cosa más que volver a intentarlo. Dejarte sin votar implica ser expulsado de la comunidad política que construye la voluntad general del pueblo, que interviene en el diseño de leyes, la idea de Nación, y la expresión de una mayoría de opiniones. Dejarte sin licencia de manejar sólo evita que lesiones a otros si manejas mal o borracha. Pues bien. Esta profesora de derecho constitucional cree que ambas cosas, un derecho soberano y un privilegio administrativo, son comparables. ¿De dónde le vino esa idea?
La idea de que nos deberían de gobernar sólo los sabios se la debemos al primer anti-demócrata que fue Platón. Pero aquí la Miss de Derecho no está diciendo que nos gobiernen los que saben, sino que, quienes los eligen, también tengan que pasar un examen de aptitudes. Esto señala el malestar de la ultraderecha con la política: si no me favorece lo que vota la mayoría, entonces, que no voten más que mis tías de WhatsApp. Confunde la profesora la educación formal con la política y ahí no hay mucho que hacer. Veamos. No existe ninguna relación entre ambas. No hay un vínculo demostrable entre credenciales académicas y la sabiduría práctica y la idea de Nación que trae consigo la politización. Al contrario: los peores saqueadores del país habían estudiado en Harvard y Stanford, como Salinas y Zedillo. Muchos del Gobierno de Vicente Fox venían de la universidad de la profesora. El credencialismo es un tipo de aceptación de un privilegio que parte de un error: que la élite educada es más moral que las clases populares. Que saber la división de poderes, como planteó la profesora, significaría que no votarás por Norma Piña o por Laynez Potisek o por Alcántara que escondían expedientes para que Salinas Pliego no pagara impuestos. Funciona casi al revés. La profesora, por ejemplo, estaba de acuerdo en que se quedara Norma Piña en la Suprema Corte. La gente eligió al primer indígena como Ministro presidente. Nunca antes existieron representantes que provienen de comunidades o del trabajo manual, contra las décadas de autoridades electas que provenían de saber manejar el Excel o mascullar el inglés.
Un Gobierno de las credenciales no es mejor, pero sí es menos representativo. Como escribe Michael Sandel: "Construir una política en torno a la idea de que un título universitario es requisito para un trabajo digno y de reconocimiento social, tiene un efecto corrosivo en la vida democrática: devalúa las contribuciones de quienes carecen de título, alimenta los prejuicios contra los miembros de la sociedad con menor nivel educativo, excluye de facto a la mayoría de los trabajadores de la representación política y provoca una reacción política adversa".
Pero aquí de lo que estamos hablando es de que la sociedad se vuelva tecnocrática, que crea que la información es una limitante para ejercer su derecho a elegir. Eso es fascista ya que excluye a quienes el Estado no considera aptos, es decir, borra la línea que lo hace representar a la sociedad. No la representa, sino que la sustituye. Eso es totalitarismo, esa palabra que tanto les gusta usar para denigrar al demócrata. Y la profesora, además, propone que sea el INE quien sancione quién sí y quién no puede votar. Pero si el INE, cuando quiso dar información política, hizo la caricatura de un chile chipotle que nos regañaba con la enjundia de una influencer que tomó café.
Pero esto no es ninguna novedad de TikTok. En el México del dictador Santa Anna, no podían votar los que no tenían propiedades con un ingreso no menor a 100 pesos oro. Y, vergonzosamente, hasta 1953, las mujeres no votaban por ser incapaces de discernir los asuntos públicos. Lo que hace la profesora de Derecho Constitucional es poner de nuevo a debate una de estas restricciones y no me sorprendería que, como el MAGA en Estados Unidos, propusiera que las mujeres renunciaran a su derecho al sufragio. Oh, pero esperen un momento: ya lo propuso el PAN el Estado de México. Un "voto familiar", es decir, uno donde el padre de familia decida el sufragio de las mujeres y jóvenes.
Pero la despolitización que intenta inocular la ultraderecha no toma en cuenta que los criterios de la política son muy distintos de los de la técnica o de las credenciales académicas. Cuando se habla de saberes, la política responde con persuasión moral. Conducir un país o una de sus instituciones es tener autoridad moral y política, virtud cívica, que es entender la voluntad general y la continuidad del país en el futuro. Un proyecto de Nación no es algo que se sienta a escribir un magnate del papel de baño, sino la construcción colectiva de escenarios de bienestar, decisiones sobre lo que es justo y bueno. Cuando la tecnocracia habla de información, la política habla del contexto de esos datos. La idea de que todos deberíamos coincidir en los hechos —como una base previa para hacer y hablar de política— para luego pasar a debatir nuestras opiniones y convicciones, es una pretensión tecnocrática. El debate político suele ser sobre cómo identificar y caracterizar los hechos relevantes para la controversia que se va a debatir. Quien logra enmarcar los hechos ya tiene gran parte de la discusión ganada. Contrariamente a lo que sostenía el asesor de Richard Nixon, Daniel Patrick Moynihan ---ese que dijo que todo mundo tiene derecho a su opinión, pero no a sus propios hechos---, nuestras opiniones orientan nuestras percepciones y no al revés: porque tengo un sesgo busco cierto marco para mi percepción. Las opiniones no surgen espontáneamente sólo después de que los hechos han quedado establecidos de manera definitiva. Los anteceden. Los hechos nunca dejan de ser interpretados. Son política. De lo que trata la política no es de asuntos científicos que deban responder los expertos. Son cuestiones sobre el poder, la moralidad, la autoridad y la confianza; la soberanía, el pueblo, la continuidad de la Nación en el tiempo, es decir, son cosas que conciernen a los ciudadanos de una democracia. Para ello no hay exámenes. Hay sentido común. Hay debate político. Saber pasar un examen no es lo mismo que estar informado. Estar informado no es lo mismo que ser justo. No existe algo como "votar bien", como decía Mario Vargas Llosa cuando los latinoamericanos votaban sólo por sus amigos fascistas o libertarios o "votar mal", cuando lo hacían por la izquierda. Lo que sí existe es gobernar mal, cuando los gobernantes ven por sus intereses personales o de los grupos que los llevaron al poder, y no por la voluntad general. Cuando salvaron a los banqueros y nos hicieron pagar sus deudas. Cuando enriquecieron a sus hijos y a ellos mismos y sus compadres. Cuando declararon guerras que nadie pedía. Cuando privatizaron el subsuelo y mataron maestros. Eso es gobernar mal.
Y es que ahí está el punto crucial de la indignación contra la profesora influencer. Una clasista de historia de la democracia no le vendría mal a ella que aboga por restringir un derecho universal. Un asunto que se entendió durante la Revolución Francesa fue que la soberanía residía en el pueblo. Es decir, que el alcance de las decisiones de una Nación estaba íntimamente relacionada con la voluntad general, que no era la suma de voluntades individuales, sino la construcción de algo mayor que la suma de sus partes. Eso era la República. Aunque el voto sea individual jurídicamente, en lo político es colectivo. El sujeto de la representación no es el individuo que vota, sino la Nación, una colectividad total e indivisible. Los votantes somos autónomos e iguales. Eso da como resultado la proyección de uno mismo en relación con los demás. Ya lo he dicho en otra columnas: es un efecto de la imaginación el votar para beneficiar a quienes nunca conoceremos. Es ser parte de una Nación. El pueblo es su principio. El pueblo es su verdad en tanto vínculo social. En la conversión del Tercer Estado en Asamblea Popular, uno de sus integrantes, Emmanuel Sièyes, entendió que la universalidad del sufragio era para terminar con los privilegios que tenían los aristócratas frente a las clases populares en las decisiones del Estado. En el proceso de liberación del pueblo señaló tres momentos: congregarse y unirse, regenerar y, finalmente representar. En ese camino, hay dos enemigos de la República: el extranjero que complota para desmoronarla y el interno que es la nobleza, la aristocracia y la iglesia. En el caso de la 4T como revolución pacífica, lo que tenemos es a un pueblo-acontecimineto en 2018, que es la irrupción de 15 millones de votantes que no habían participado en la elección anterior y que esos 15 millones extra, para dar un total de 30 millones, fuera por Andrés Manuel. El lépero, el obrero, el estudiante, son a los que representa el pintor Delacroix en La Libertad guiando al pueblo de 1830. El pueblo son los que irrumpen. Así, el Gobierno representativo no constituye una nueva clase social o una élite aristocrática, sea por sangre o ahora por títulos universitarios, sino que son, por los votos, expresados de la voluntad general. El punto de la democracia es que su representación política no es ni por saber o riqueza, sino por confianza, a la que los revolucionarios franceses llamaron "electricidad moral" entre votante y representante. Confiar en este y no en oro para detentar la autoridad es propio del espacio político. El hecho de que ese espacio sea dominado por el pueblo, le enfurece a la ultraderecha que busca restringir su soberanía como se pueda, aunque sea proponiendo exámenes.
La política democrática no es la de los hombres notables por su riqueza o por sus erudiciones, sino de los que, como todos nosotros, no queremos distinguirnos, sino integrarnos a una totalidad mayor, con propósitos morales, con formas que nos consulten, invoquen, y nos personifiquen en cuanto voluntad colectiva. Eso es lo que le molesta a la ultraderecha que sólo ve gente que no debería participar y, con frecuencia, aparecer en público. La plebe, el lépero, el naco. Por eso su insistencia en llamar a los militantes del partido mayoritario: "morenacos".
Así que están reaccionando como pueden a esos 15 millones de votos de Andrés Manuel, más otros seis millones agregados por la actual Presidenta. Una forma de restringir el voto. Pero se equivocan por obra de un prejuicio que no se debe a ninguna evidencia ni dato disponible: que los léperos y los ricos votan de distinta manera. No es así. Para clave está la elección de 2024, donde Claudia arrasó en todas las clases, regiones geográficas, y niveles educativos. La política no es sociología. No es como creen los gringos que obedece a intereses de grupos o a campañas publicitarias. Hay algo que la ultraderecha no alcanza a entender y es la dimensión moral de la política. No es una muestra estadística de un interés de grupo, es la construcción de esa ficción llamada Nación. Ellos creen, por ejemplo, que los 42 millones que reciben apoyos sociales no deberían de poder votar porque son un grupo de interés o que los que Genaro García Luna señalaba como narcotraficantes deberían de morir ejecutados en la calle o en una universidad. Hay una dimensión moral de la política democrática. En ella, los electores buscan que la política que está bien en las élites también esté bien en el resto. Lo que antecede al derecho a mandar y al de elegir les molesta y se llama soberanía popular. O como lo escribió Jacques Rancière en el Odio a la democracia: "El escándalo está aquí: un escándalo para las personas de bien que no pueden admitir que su nacimiento, su antigüedad o su ciencia vayan a inclinarse ante la Ley de la suerte".
Y los nacos no lo hemos hecho mal: Andrés Manuel sacó de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos. Claudia Sheinbaum redujo los delitos a la mitad. Vamos bien, aunque la élite de la sapiencia y la riqueza opine lo contrario.
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