🗞 LA JORNADA
Jueza de EU ordenó al ICE "corregir" trato inhumano
Una jueza federal estadunidense ordenó el jueves pasado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a GEO Group, la empresa privada que opera el Centro de Procesamiento de Adelanto, California –donde han muerto cuatro mexicanos–, corregir de inmediato las condiciones del lugar.
Lo anterior, al determinar que es probable que la falta de agua potable, alimentación suficiente y atención médica adecuada para los detenidos ahí viole la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe el trato inhumano bajo custodia.
Sin embargo, 24 horas después, el Departamento de Estado devolvió al gobierno de México la carta con la que exigía a esa misma empresa corregir esas mismas condiciones; es decir, lo que Washington rechazó por la vía diplomática, la justicia estadunidense ya había ordenado un día antes.
La resolución responde a una demanda de acción colectiva que detenidos de Adelanto presentaron en enero pasado ante una Corte federal de California, con representación de la organización legal Public Counsel.
La demanda se originó tras las muertes de Ismael Ayala Uribe y Gabriel García Avilés, ocurridas con semanas de diferencia el otoño pasado, y alegó falta de agua limpia, comida insuficiente, insalubridad y fallas para detectar problemas de salud desde el ingreso de los detenidos.
La jueza de distrito Sunshine S. Sykes determinó que los demandantes “han demostrado que es probable que prevalezcan” en esos reclamos, y emitió una medida cautelar mientras el juicio de fondo continúa, de acuerdo con medios estadunidenses.
La medida cautelar exige agua potable las 24 horas, comidas con suficientes calorías, productos de higiene gratuitos, limpieza diaria y eliminación de moho, cobijas y ropa adecuada al clima, y al menos cuatro horas diarias de patio. También restringe el uso de aislamiento y ordena dos pases de lista diarios para verificar que los detenidos sigan con vida.
Asimismo, el gobierno tiene 14 días para presentar un plan de atención médica, y dos monitores independientes vigilarán el cumplimiento.
El Departamento de Seguridad Nacional se negó a comentar la resolución; su abogado había argumentado en la Corte que el gobierno no puede ser responsable de las acciones de GEO Group, su contratista, y que no debería “tener que asumir el manejo diario de un contrato federal” ajeno.
La orden judicial llegó después de meses de denuncias por otras vías. Desde el 20 de mayo, unos 40 detenidos en Adelanto y en el vecino Desert View Annex se declararon en huelga de hambre para protestar por la atención médica y la falta de alimentos, según organizaciones de derechos de migrantes.Una jueza federal estadunidense ordenó el jueves pasado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a GEO Group, la empresa privada que opera el Centro de Procesamiento de Adelanto, California –donde han muerto cuatro mexicanos–, corregir de inmediato las condiciones del lugar.
🗞 CONTRAPORTADA
"Solo vender bienes salvará de la quiebra al Issste de Zacatecas"
Vender todos los inmuebles que conforman la reserva técnica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), adquiridos con el fondo de pensiones de los burócratas estatales, es la única opción viable para hacer frente a la deuda de mil 897 millones de pesos que enfrenta el organismo en la actualidad e impedir su quiebra técnica, aseguró Ignacio González Sánchez, director general del instituto y quien preside la Junta de Gobierno.
Admitió que no es suficiente la desincorporación del hotel Parador –acción contra la cual ya existe un amparo provisional–, para entregarlo como pago al gobierno de David Monreal Ávila, por una deuda de 315 millones de pesos que reclama el mandatario morenista, quien prestó ese dinero para pagar las pensiones a sus jubilados.
González Sánchez confía en que se logre el traspaso del hotel y pronto la legislatura local avale “hacer líquidos”, es decir vender, todos los inmuebles propiedad del instituto, que incluye una docena de hoteles, balnearios, funerarias y hasta terrenos urbanos, los cuales tienen un valor de 2 mil 300 millones de pesos.
Si se comercializan todos podría cubrirse la deuda total y sobrarían alrededor de 400 millones de pesos, quedando liquidado el “déficit actuarial”, que tiene en riesgo de quiebra técnica al organismo para el año 2034, pero no se resuelven las cargas heredadas por gobiernos estatales anteriores –con sus administradores del instituto–, pues existen compromisos financieros y cuentas por cubrir, como los 2 mil 300 planes funerarios comprometidos, y de los que no se dejó un solo peso, así como las pensiones a cubrir de los trabajadores activos.
En su despacho del edificio administrativo del Issstezac, en la avenida José López Portillo, de la zona conurbada de las ciudades de Zacatecas y Guadalupe, expuso con detalle cuál es la radiografía financiera y operativa del fondo de pensiones solidario del gobierno de Zacatecas, el cual ya está “viejo y enfermo”.
Dijo que se tienen registrados 17 mil 763 trabajadores activos del gobierno del estado, siete municipios y algunos organismos paraestatales, quienes son los aportantes con sus cuotas de 15 por ciento de su salario, contra los 6 mil 557 trabajadores ya jubilados, a los que se les paga por sus pensiones que suman 130 millones de pesos mensuales. Un monto superior al presupuesto ejercido por el Poder Judicial del estado y la legislatura local juntos.
González Sánchez plantea como obligatoria la venta del patrimonio inmobiliario del instituto, su “reserva técnica”, adquirido hace 28 años a iniciativa del entonces gobernador perredista Ricardo Monreal Ávila (1998-2004).
Reconoció que se buscaba con la actividad empresarial de media docena de balnearios, hoteles y restaurantes, así como una veintena de farmacias, mueblerías, funerarias y hasta un boliche se “hiciera crecer” el fondo de pensiones de los derechohabientes del Issstezac, pero eso nunca ocurrió, pues todas las empresas operan en números rojos y se decidió cerrar todos los “negocios”.
🗞 EL UNIVERSAL
CNDH, casi 3 años sin supervisión ni control ciudadano
A casi tres años de la renuncia colectiva de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el organismo opera sin el órgano de participación ciudadana y contrapeso interno que, de acuerdo con los artículos 5 y 17 de la Ley de la CNDH, debe formar parte de su estructura institucional, mientras el Senado de la República mantiene pendiente la emisión de la convocatoria para designar a los 10 consejeros que deben integrarlo.
Durante ese periodo, la comisión, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, ha emitido recomendaciones, aprobado disposiciones internas, ejercido presupuesto y realizado modificaciones a su estructura administrativa sin supervisión ciudadana por la falta de participación del órgano de consulta que la propia ley contempla como mecanismo de acompañamiento y supervisión institucional.
“La ausencia del Consejo Consultivo tendría evidentemente consecuencias adversas para la propia autonomía del organismo”, afirma Adalberto Méndez, exintegrante del órgano colegiado, quien considera que uno de los ejemplos más recientes de esta situación es la recomendación emitida por la CNDH sobre el caso Ayotzinapa.
“Una de las facultades que le da la ley al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional es que estas recomendaciones pasaban por opinión del consejo. Entonces, cuando tienes un organismo sin este consejo, pasa este tipo de recomendaciones. Recomendaciones completamente sesgadas, orientadas a proteger a las autoridades públicas y no a la ciudadanía”.
Añade que una de las respuestas que podría ofrecer la CNDH es que el consejo únicamente emite opiniones y que éstas no son vinculantes para la presidencia del organismo. Sin embargo, sostiene que incluso con esa interpretación existe incumplimiento legal.
Los seis consejeros que permanecían en funciones presentaron su renuncia el 23 de octubre de 2023 mediante una carta dirigida al Senado. En ella señalan que sus opiniones dejan de ser tomadas en cuenta y no existen condiciones para desempeñar sus responsabilidades. Desde entonces, el Senado no concluye el procedimiento para renovar el órgano consultivo.
Méndez sostiene que la responsabilidad no recae únicamente en la presidencia de la comisión.
“El Senado de la República es igualmente responsable. El nombramiento de las y los consejeros es una facultad exclusiva del Senado. Es el único que tiene la facultad de emitir la convocatoria y desarrollar el proceso de selección de consejeros y consejeras dentro de este organismo.
“El problema es que ahora ya es un descaro en incumplimiento de la norma. Se aprueba el presupuesto de la Comisión Nacional sin opinión del consejo. Se aprueban las recomendaciones generales sin opinión del consejo. Es una falta total de gobernanza por parte de la Comisión Nacional y esto impacta la toma de decisiones y la funcionalidad del órgano garante de los derechos humanos”, dice.
🗞 EXCÉLSIOR
Ruffo, de nexos con el narco a huachicol fiscal
La detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, por su probable participación en una red de contrabando de hidrocarburos, marca un nuevo episodio en su polémica trayectoria política. Ruffo, quien en 1989 se convirtió en el primer mandatario estatal de oposición en la historia moderna de México, ha arrastrado desde los noventa señalamientos por su presunta cercanía con el Cártel de Tijuana.
Durante su gestión, diversas investigaciones señalaron una posible infiltración de los líderes de ese grupo del narcotráfico en corporaciones de seguridad estatales y supuestos acuerdos para reducir la violencia a cambio de impunidad.
Entre 1991 y 1993 indagatorias hechas por la extinta Procuraduría General de la República acusaron la entrega o venta de identificaciones de la Policía Judicial del estado a integrantes de organizaciones criminales.
En 1994, el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, envió una carta al periodista Jesús Blancornelas, cuestionando la actuación del gobierno de Baja California frente al Cártel de Tijuana. El documento planteaba posibles actos de protección institucional. No obstante, los señalamientos no llegaron a un proceso judicial.
Al banquillo
Después, los antecedentes fueron retomados junto con acusaciones sobre un posible financiamiento del narcotráfico a la campaña electoral de Ruffo, tema que volvió a surgir en 2017 con la versión de que su candidatura de 1989 habría recibido 500 mil dólares procedentes de integrantes del Cártel de Tijuana.
Ahora, un frente judicial lo alcanzó a través de Ingemar S.A. de C.V., empresa mediante la cual Ruffo habría consolidado la mayor red de huachicol fiscal, de acuerdo con la fiscal general, Ernestina Godoy, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Tras su captura el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Ruffo Appel y siete imputados más enfrentan la causa penal 253/2026. La audiencia inicial, presidida por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, empezó el viernes, pero se ha extendido por más de 24 horas debido a varios recesos y, hasta el cierre de esta edición, seguía en curso en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
🗞 EL HERALDO
Obtuvo 4 mil mdp, con inversión de $100 mil
De ser constituida con un capital de 100 mil pesos en 2018, la empresa INGEMAR S.A. DE C.V., de la cual el ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo, logró ganancias de más de 4 mil millones de pesos —44 mil 563 por ciento— a través del contrabando de combustible y la evasión de impuestos.
El modus operandi de INGEMAR S.A. DE C.V. era falsificar los permisos de importación, dónde reportaban volúmenes menores de hidrocarburo o un producto diferente al que ingresaban a través de las aduanas.
La extensa red de huachicol fiscal fue detectada en julio de 2025 cuando fuerzas federales y estatales realizaron un operativo en Ramos Arizpe y Saltillo, donde aseguraron 129 carrotanques con más de 15 millones 480 mil de litros de hidrocarburo de procedencia ilícita importados por INGEMAR S.A. DE C.V. y la comercializadora texana Belar Fuels.
Documentos oficiales en poder de El Heraldo de México, muestran que INGEMAR S.A. DE C.V. se constituyó en 2018 en la Ciudad de México con mil acciones con un valor de 100 pesos cada una. Ricardo Thompson Navarro con 740 acciones con valor de 74 mil pesos, María Lizzete Guiza Legaspy con 250 acciones con valor de 250 mil y Ricardo Thomson Ramírez con 10 acciones con valor de 1,000 pesos. Luego se vendieron a José Merino Valdés Cuervo y Ernesto Ruffo.
Con José Merino Valdés Cuervo y Ernesto Ruffo como presidente y secretario del Consejo de Administración respectivamente, INGEMAR S.A. DE C.V. comenzó el crecimiento exponencial. En diciembre de 2023 obtuvieron cuatro permisos de importación de gasolina, diésel y turbosina con vigencia de un año para introducir 498 millones 520 mil litros.
🗞 EL SOL DE MÉXICO
No quieren morir. Quieren elegir cuándo
Quienes piden el derecho a morir son, paradójicamente, quienes más han luchado por seguir viviendo. El Sol de México conversó con cuatro personas a quienes sus médicos les han dicho que sus enfermedades son progresivas, irreversibles e incurables. Ninguna quiere morir ahora. Todas sostienen que, cuando la ciencia médica ya no puede ofrecer una cura, la decisión sobre el final de la vida también debería pertenecerles.
Hace unos meses, un primo quiso regalarle a Ángel Pérez Silva boletos para el concierto que Maná ofrecerá en diciembre en el Estadio GNP Seguros. Él agradeció el gesto, pero respondió sin dudar.
“Ni hubieras gastado, hermano. No sé si ese día voy a estar aquí”.
790383_SEDENA Hospital Covid-19 _Chivatito__impreso
Tiene 46 años e insuficiencia renal crónica. Tres veces por semana una máquina sustituye el trabajo que sus riñones ya no pueden hacer. Después de cada sesión de hemodiálisis sale exhausto, “como si hubiera corrido un maratón”. Su futuro dejó de medirse en años y comenzó a organizarse entre tratamientos, estudios clínicos y la posibilidad todavía incierta de ingresar algún día a una lista de espera para un trasplante.
Aun así, Ángel insiste en una idea que también comparten Samara Martínez, Palmira Bothi y Judith Valencia.
Yo no me quiero morir”, dice. “Pero si me voy a ir, me quiero ir bien, lo menos deteriorado posible y cuando la vida no se vuelva una agonía prolongada”.
Ninguno habla desde la desesperanza. Todos continúan sometiéndose a tratamientos, mantienen proyectos personales y describen cómo la enfermedad los llevó a valorar con mayor intensidad el tiempo con sus familias, una conversación, un paseo o un día sin dolor.
Lo que cuestionan no es la vida, sino la obligación de prolongarla cuando el sufrimiento ha rebasado cualquier expectativa razonable de recuperación.
Esa convicción dio origen a la llamada Ley Trasciende, una iniciativa ciudadana impulsada por pacientes con enfermedades terminales e incurables que busca legalizar la eutanasia y regular la ayuda médica para morir en México.
La propuesta plantea reformas constitucionales, cambios al Código Penal y modificaciones a la Ley General de Salud para permitir la muerte médicamente asistida únicamente en casos específicos, bajo estrictos controles médicos, evaluaciones independientes y el consentimiento libre e informado del paciente.
Mientras la iniciativa es discutida en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza un amparo relacionado con la prohibición de la eutanasia, decenas de pacientes decidieron contar públicamente por qué consideran que elegir el momento de su muerte también debería formar parte de sus derechos.
No hablan desde la teoría, la filosofía o la religión. Hablan desde años de diálisis, amputaciones, trasplantes fallidos, cirugías, tratamientos que dejaron de funcionar y noches enteras conectados a una máquina. Hablan desde la experiencia de quienes descubrieron que, cuando los tratamientos ya no ofrecen una cura, el debate sobre la muerte deja de ser una discusión abstracta.
Quien logró convertir esas voces dispersas en un movimiento nacional fue Samara Martínez, una mujer que desde 2010 libra una batalla cotidiana contra el lupus y la insuficiencia renal crónica.
Su vida transcurre entre hospitales, tratamientos, diálisis y la espera permanente de una solución que sabe improbable. “Llevo 15 años luchando contra mi propio cuerpo”, dice con una serenidad sorprendente.
🗞 PIE DE PÁGINA
Nuevo intento de despojo y alianza criminal amenazan al ejido El Bajío en Sonora
La paz tensa que resguardaba el ejido El Bajío, en el desierto de Sonora, se rompió nuevamente la mañana del 17 de julio. Un convoy conformado por hombres armados, presuntos miembros del crimen organizado, y patrullas de la policía municipal de Caborca, intentó ingresar por la fuerza a las instalaciones de la mina Soledad Dipolos, un territorio que los ejidatarios defendieron en los tribunales y que ahora es un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación.
El intento de despojo, calificado por los defensores del ejido como una «embestida criminal», revela una alianza perversa que pone al descubierto las redes de poder, crimen y corrupción que giran en torno a una de las minas de oro más codiciadas del país, en un contexto donde la deuda de la empresa minera Fresnillo PLC, de la familia Baillères, supera los 13 mil millones de pesos .
Un camuflaje judicial y un operador criminal
Según el relato de Sergio García Camacho, defensor legal de la comunidad, la incursión del viernes contó con la participación de Octavio Alvídrez, operador de la familia Baillères, y una célula del crimen organizado liderada por un individuo apodado «El Monkey», identificado como jefe de plaza del grupo criminal Los Salazar en Caborca .
«Se apersonaron en las instalaciones de la mina. Al ser interrogados, se escudaron en un oficio de un tribunal laboral para una diligencia que debió realizarse el 30 de junio, es decir, más de 15 días después. No traían actuario, ni representante judicial, solo el papel para camuflar su delito», denunció Camacho en entrevista con Pie de Página.
Junto a los criminales y policías municipales —quienes viajaban en las patrullas con número económico 202 y 183— se encontraba el empresario sonorense Samuel Fraijo Flores. Al ser interrogado por los ejidatarios, Fraijo Flores declaró que traía personal para instalarlo a trabajar en la mina y que el operativo había sido acordado en la Ciudad de México con su «aliado», el diputado federal y líder del Sindicato Nacional de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia .
«Este pseudoempresario dijo que traía órdenes de México, que ya lo habían tratado con Napoleón y Octavio Alvídrez para tomar posesión. Incluso mencionó alianzas con el grupo de disidencia de El Bajío conocido como ‘Los Cruz’ y ‘Los Carmelos'», agregó el abogado. La presencia de Fraijo Flores no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón documentado de uso de testaferros y figuras legales para legitimar la ocupación ilegal de tierras .
Un historial de violencia y saqueo
El conflicto por El Bajío no es nuevo. En 2013, 67 familias del ejido demandaron a la minera Penmont, filial de Fresnillo PLC, por la extracción ilegal de oro y plata de su territorio, una actividad que realizaban con permisos de exploración y sin concesión de explotación. En 2014, el Tribunal Unitario Agrario Número 28 emitió un fallo histórico con 67 sentencias a favor de los campesinos, pero la empresa ha evadido su cumplimiento durante más de una década .
La lucha por la justicia ha tenido un costo altísimo. La defensa del territorio ha costado la vida a tres ejidatarios —Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega—, la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez y la detención arbitraria de otros 12 campesinos.
El hostigamiento también ha llegado desde el aire. Durante los últimos seis años, los ejidatarios han denunciado el sobrevuelo constante de drones sobre sus tierras, una táctica de vigilancia e intimidación que atribuyen a la minera.
🗞 REFORMA
Nuevos jueces...con viejos vicios
A un año de la elección judicial, resoluciones y episodios públicos protagonizados por los nuevos juzgadores muestran que los problemas que se buscaban erradicar en el Poder Judicial persisten bajo el nuevo modelo.
En un recuento de resoluciones y actuaciones de juzgadores, REFORMA detectó abogados de narcotraficantes que ahora son jueces, jueces que benefician al Gobernador que los propuso, ministros que acuden a mítines presidenciales y juzgadores que también son funcionarios de partidos políticos.
Fallos como el de la Jueza Tania Virginia Neri de Nuevo León, que otorgó un amparo al Gobernador Samuel García, quien la impulsó en acordeones el año pasado; o el de María de los Ángeles Padrón, también de sede nuevoleonesa y que ordenó la liberación de José Antonio Cortés, "El Titán", acusado de huachicoleo, entre otros casos, son ejemplos de los nuevos tiempos de la justicia en México.
Para constitucionalistas y analistas de la elección judicial, el desempeño de los jueces electos por voto popular muestran que la justicia es más lenta y que está más expuesta a la corrupción y a los favores políticos.
El constitucionalista Diego Valadés consideró que el actuar de juzgadores muestra que están más expuestos a los "intereses locales".
"Los jueces y Magistrados federales tendrán que estar los nueve años de su ejercicio en el mismo lugar en el que fueron elegidos, y esto los hará rehenes del terror por parte de las organizaciones delincuenciales", dijo Valadés.
Recordó que en un Informe Técnico de la Reforma Judicial, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se concluye que la reforma judicial produjo un nuevo tipo de caciquismo.
"Ahora los Gobernadores hacen elegir a quienes desean tener como jueces y Magistrados federales en sus estados. No puedo afirmar que este 'neocaciquismo' sea la intención de la reforma, pero en su momento se le hizo ver este riesgo al Gobierno y a su partido, sin que esas observaciones los hayan preocupado", planteó Valadés.
🗞 LA CRÓNICA
CEPAL: transición energética fortalecerá el PIB de México
De acuerdo con un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la transición hacia un sistema energético con mayor participación de fuentes renovables representa una oportunidad para impulsar el crecimiento económico en el país y también fortalecer su estructura productiva.
La Cepal informó que la incorporación de tecnologías limpias en la generación de electricidad no sólo contribuye a reducir emisiones, sino que también favorece el desarrollo de cadenas productivas y aumenta el impacto económico del sector eléctrico sobre otras actividades.
El estudio explica que los efectos en la economía dependen del tipo de tecnología utilizada para producir electricidad. En ese sentido, estima que un incremento de un punto porcentual en la generación termoeléctrica podría traducirse en un crecimiento de 0.4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). En el caso de la energía hidroeléctrica, el efecto sería de 0.2 puntos; para la nuclear, de 0.1, y para la carboeléctrica, de 0.03 puntos porcentuales.
En contraste, la investigación identifica que la generación mediante ciclo combinado, geotermia y energía eólica presenta actualmente una contribución negativa sobre la actividad económica, aunque precisa que la energía solar y la eólica mantienen un importante potencial de expansión conforme aumente su participación en el sistema eléctrico nacional.
Con base en información de la Secretaría de Energía (Sener), la Cepal prevé que, pese al crecimiento esperado de las energías renovables, alrededor de 75 por ciento de la electricidad seguirá produciéndose a partir de combustibles fósiles en los próximos años.
El documento resaltó que México cuenta con condiciones favorables para ampliar la generación de energía solar, eólica y geotérmica gracias a sus características geográficas. Sin embargo, advierte que el desarrollo de estos proyectos continúa limitado por obstáculos institucionales, tecnológicos y financieros.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario