Dineral a los partidos políticos

Ana Lilia Pérez

"Es tarea del área de fiscalización del INE auditar el manejo que las dirigencias de los partidos políticos hacen de los recursos públicos que reciben".

Arrancó la danza de los millones rumbo a 2027. La cuantiosa asignación presupuestal que el Instituto Nacional Electoral (INE) transferirá a los partidos políticos para el año próximo se proyecta en 10 mil 800 millones de pesos, que se asignarán a los ocho partidos que hoy tienen registro a nivel nacional, tanto para sus gastos ordinarios y los de las campañas del proceso electoral federal 2026-2027 que formalmente arranca el 10 de septiembre y que convoca a las urnas en junio próximo.

El millonario monto para los partidos políticos se estipuló en el anteproyecto de presupuesto que el INE remitió al Poder Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

Año con año crece el monto de recursos públicos que se asigna para financiamiento a los partidos políticos, una enorme bolsa para su gasto ordinario, además de partidas presupuestales para rubros específicos y, en periodos electorales –como será el próximo año– también dinero adicional para campañas.

El monto de la asignación presupuestal para los partidos políticos se cuantifica conforme a la fórmula establecida en el Artículo 41 de la Constitución, que es una fórmula mixta en que se toma como referencia el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, y el indicador económico UMA (Unidad de Medida y Actualización) asignándose un 30 por ciento de manera igualitaria y un 70 por ciento de manera proporcional de acuerdo al porcentaje de votos que cada partido obtuvo en la elección anterior.

Para el año 2027, los 10 mil 800 millones de pesos que irán a los partidos políticos se distribuirían en la siguiente forma: a Morena más de dos mil 600 millones de pesos para su gasto ordinario y más de 805 millones para gastos de campaña; el segundo monto en proporción será para el PAN con más de mil 300 millones para gasto ordinario y casi 400 millones para gastos de campaña; luego el PRI con más de mil millones para gasto ordinario y 302 millones para campaña; para Movimiento Ciudadano, 995 millones para gasto ordinario y 298 millones para gastos de campaña; para el Partido Verde Ecologista serán 854 millones para gasto ordinario y 256 millones para gasto de campaña; y para el Partido del Trabajo, 688 millones para gasto ordinario y 206 millones para campaña. Además, los dos nuevos partidos: PAZ y Somos Mx, recibirán 157 millones para su gasto ordinario y 47 millones para sus gastos de campaña.

Dice la Constitución que los partidos políticos tienen como fin promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática, “fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la Ley Electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular”.

Aunque la estructura legal en nuestro país en letra plantea un retrato idílico sobre el papel de los partidos políticos, definiéndolos como entes encargados de promover la vida democrática, integrar la representación ciudadana y de paridad de género, pero lo que ocurre en la realidad es distinto. Hay una enorme brecha entre el “deber ser” de los partidos según lo que mandata la Carta Magna, con lo que ocurre en la práctica cotidiana.

Incluso hay una enorme contradicción entre los postulados y estatutos de los partidos, y lo que sus dirigencias hacen en realidad. Uno de los problemas radica precisamente en el manejo que esas dirigencias hacen del presupuesto que reciben los partidos, porque hay partidos que han dejado de ser canales de representación ciudadana, para convertirse en cotos de negocio o franquicia de sus dirigentes.

En parte amparados en una fiscalización que resulta a todas luces deficiente e insuficiente, diversas cúpulas partidistas operan y manejan esas agrupaciones como patrimonio privado o franquicias de negocio familiar.

Y ahora hasta utilizan los partidos como instrumento personal para acudir ante gobiernos extranjeros a pedirles su intervención en el país, como lo hace Alejandro Moreno con el PRI, cuyos recursos, que son recursos públicos, utiliza para sus frecuentes viajes al extranjero, principalmente a Washington, y para contratar agencias de publirrelacionistas estadounidenses, y para su permanente campaña de autopromoción a cuenta de las prerrogativas y asignaciones presupuestales que recibe el PRI.

Utilizar el financiamiento público para buscar la injerencia de un gobierno extranjero en los asuntos internos de México, y hasta para denunciar a los consejeros del INE ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, como hizo el dirigente del PRI, representa una clara perversión del uso de los recursos públicos que se otorgan al partido que Alejandro Moreno maneja a su antojo.

Es tarea del área de fiscalización del INE auditar el manejo que las dirigencias de los partidos políticos hacen de los recursos públicos que reciben, lo grave es también que en muchos casos anteriores donde se ha detectado y comprobado el manejo ilegal del presupuesto que reciben los partidos, esos casos han quedado en la impunidad, como simple anécdota.

Cito uno de esos casos: el de la contratación que el CEN del PAN hizo en el año 2015 de GLAC, una de las empresas del narcotraficante Genaro García Luna. En su momento el área de fiscalización del INE calificó como graves las irregularidades que detectó en esa contratación, pero el caso quedó impune.

La vigilancia y fiscalización del gasto ordinario que reciben los partidos le corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización de la autoridad electoral. Respecto a ese gasto los partidos tienen obligación de acreditar documentalmente cómo utilizan esos recursos y deben ser gastos relacionados con la finalidad del partido; lo cierto es que hay un enorme manejo discrecional de esos recursos, por eso es también que crear un partido se ve como una veta de negocio.

La Ley establece que en el año posterior al cierre de una elección presidencial federal se puede solicitar el registro para un nuevo partido político nacional.

Y crear partidos políticos es para algunos un negocio corporativo altamente rentable, porque una vez que se obtiene el registro, la asignación de recursos públicos está garantizada, sin importar la eficiencia, o si los partidos cumplen su finalidad, o si cuentan o no con la aprobación social.

Así, entre los años 1991 a 2024, 26 partidos políticos perdieron registro por no obtener la votación mínima requerida para conservarlo, pero en su momento significaron la asignación presupuestal millonaria, otra burocracia dorada. Cito el nombre de algunos de los partidos políticos con la vida más efímera:

Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, Partido Humanista, Fuerza Ciudadana, Partido Liberal Mexicano, México Posible, Democracia Social, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Partido de Centro Democrático, Partido Democrático Mexicano, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Encuentro Solidario (PES).

De algunos de esos efímeros partidos salieron los beneficiarios de los nuevos registros: el Somos Mx que surgió de la sociedad de lo que quedó del extinto PRD con exconsejeros del INE y el grupo de Claudio X. González; y el PAZ, el tercer partido de Hugo Erick Flores, quien antes tuvo dos versiones del PES y perdió ambos registros por no obtener suficientes votos.

En su momento cada uno de sus partidos recibió asignaciones presupuestales millonarias: el Partido Encuentro Social (PES) tuvo registro de julio de 2014 a septiembre de 2018. Recibió el registro en julio de 2014 y una asignación de más de 31 millones para sus actividades ordinarias; para 2015, 78 millones; en 2016, 224 millones; para 2017 se le asignaron 230 millones para actividades ordinarias; y en el año 2018, 250 millones.

Luego para el Partido Encuentro Solidario, en el ejercicio fiscal 2021 se le asignó un monto de 105 millones para su gasto ordinario. Y ahora es con el PAZ -la nueva versión de los PES-el membrete con el que su dirigente Hugo Erick Flores, espera la próxima millonaria asignación presupuestal. Se trata del mismo político que como presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados mantuvo en la congeladora el caso de desafuero de Alejandro Moreno.