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4/11/2026

Organizaciones impulsan inclusión del acoso digital en el Código Penal

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TeleSurtv. Resumen Latinoamericano, 07 de abril de 2026

El 35% de los casos atendidos está vinculado a violencia sexual digital, con un 92% de víctimas mujeres, mientras que el 23% corresponde a acoso digital, donde el 91% de las denunciantes también son mujeres.

En Bolivia, diversas organizaciones impulsan la incorporación de delitos de acoso digital y violación de la intimidad en el Código Penal, en un contexto de creciente preocupación por este tipo de violencia. La iniciativa ya avanza en el trámite legislativo con el objetivo de lograr su aprobación en el corto plazo.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, advirtió que el 90 por ciento de los casos involucra la difusión no consentida de imágenes íntimas, principalmente de mujeres. Además, señaló que un 60 por ciento de los hechos corresponde a ciberacoso juvenil, donde niños y adolescentes resultan afectados a través de redes sociales.

Según los datos presentados, el 35 por ciento de los casos atendidos está vinculado a violencia sexual digital, con un 92 por ciento de víctimas mujeres, mientras que el 23 por ciento corresponde a acoso digital, donde el 91 por ciento de las denunciantes también son mujeres, aunque se aclaró que los hombres no están exentos de este tipo de delitos.

Las autoridades alertan que estas prácticas se intensificaron tras la pandemia de COVID-19, convirtiéndose en una amenaza constante. Entre los casos más notorios se encuentra el de grabaciones no autorizadas a modelos en Santa Cruz de la Sierra, donde se registraron actividades privadas sin consentimiento.

La exfiscal de Santa Cruz y actual viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, denunció que redes delictivas llegaron a comercializar este material a través de plataformas digitales, incluso mediante grupos privados donde se cobraba por acceder a las imágenes. Las investigaciones permitieron identificar a los responsables y confiscar equipos en los que se hallaron contenidos sensibles, incluidos registros de menores.

En uno de los casos, se detectó que los autores habían vulnerado sistemas de cámaras de seguridad domésticas, aprovechando la instalación de servicios de internet para acceder y grabar durante meses sin conocimiento de las víctimas.

“Instalaban tu cable de la cámara que vos habías comprado de seguridad y te ofrecían el servicio de internet de la cámara de seguridad instalada”, expresó.

Pese a que algunos responsables fueron llevados ante la justicia, las autoridades señalaron que la normativa vigente no contempla de forma específica estos delitos, lo que dificulta su sanción. Por ello, la propuesta legislativa busca incluir figuras como el acoso sexual digital y la violación de la intimidad, con penas que podrían alcanzar hasta 10 años de prisión.

3/14/2026

Exilio forzado: violencia digital contra la defensa de mujeres y niñas

La Jornada

En la última década, la violencia digital se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para neutralizar la defensa de los derechos humanos. Lo que en apariencia comienza como ataques aislados en redes sociales, suele convertirse en campañas sistemáticas de difamación, desinformación y hostigamiento dirigidas a desacreditar a quienes representamos a víctimas de violencia de género y a comunidades históricamente excluidas.

Esta forma de agresión no es espontánea ni marginal. Se trata de un mecanismo contemporáneo de control que opera a través de plataformas digitales para construir narrativas destinadas a destruir reputaciones, intimidar y aislar a defensoras y defensores de derechos humanos. En particular, las mujeres abogadas que litigamos casos de violencia contra mujeres y niñas enfrentamos una violencia específica: campañas misóginas que buscan deslegitimar nuestra voz profesional y quebrar la confianza pública en nuestra labor.

El efecto que se produce no es únicamente personal. La violencia digital genera un profundo efecto inhibidor en la abogacía. Cuando una defensora es atacada de manera sistemática, lo que realmente se intenta es anular la representación legal de las víctimas y desalentar a otras personas a asumir casos que desafían intereses de poder. Así, el hostigamiento digital se convierte en una forma indirecta de impedir el acceso a la justicia.

Mi experiencia profesional en México ilustra con claridad este fenómeno. Durante años he representado a mujeres y niñas víctimas de violencia, así como a comunidades vulnerables que históricamente han enfrentado enormes barreras para acceder a la justicia. Sin embargo, esa labor también me colocó en el centro de campañas coordinadas de difamación digital que durante más de un año buscaron desacreditar mi trabajo y destruir mi credibilidad profesional.

Estas agresiones no se limitaron al ámbito virtual. Las narrativas construidas en redes sociales derivaron en amenazas directas y en un clima de hostilidad constante que terminó afectando tanto mi seguridad personal como la continuidad de mi trabajo. Finalmente, me vi obligada a suspender mi práctica en México y continuar mi labor desde Madrid. Mi salida del país no fue una decisión profesional voluntaria, sino la consecuencia directa de una violencia sistemática que convirtió el ejercicio de la defensa en un riesgo permanente.

Este fenómeno revela una realidad preocupante: la violencia digital se ha convertido en una forma de violencia institucional indirecta. A través de la desinformación y el hostigamiento coordinado se logra aquello que en otros contextos requeriría mecanismos más visibles de represión: silenciar voces incómodas y debilitar la defensa de los derechos humanos.

Las consecuencias trascienden a la persona atacada. Cuando una defensora es desplazada o silenciada, también se debilita la posibilidad de que las víctimas encuentren representación legal efectiva. El mensaje que se envía es claro: quien desafíe estructuras de poder puede ser destruido públicamente sin que existan mecanismos suficientes de protección.

Frente a este escenario, los estados tienen la responsabilidad de reconocer que la independencia de la abogacía y la libertad de defensa son pilares esenciales de cualquier sistema democrático. Proteger a quienes ejercen la defensa de derechos humanos no es una concesión: es una condición indispensable para garantizar el acceso a la justicia.

Si la violencia digital continúa siendo tolerada como una forma de hostigamiento sin consecuencias, el resultado será la erosión silenciosa del estado de derecho. Defender a quienes defienden no es solo un deber institucional: es una garantía mínima para que la justicia siga siendo posible.

Sheinbaum firma acuerdo con Google, Meta y TikTok para combatir violencia digital contra mujeres

 

Ciudad de México.- En el marco de las acciones por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de México, dio a conocer el acuerdo de colaboración para prevenir, atender, la violencia digital en el espacio virtual que incluyo a las principales plataformas y redes sociales: Google, Meta y TikTok.

Este acuerdo llega en un contexto del incremento de violencia digital contra mujeres en México, ya que el pasado 25 de noviembre en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ONU Mujeres informó que más de 10 millones de mexicanas han enfrentado agresiones en entornos digitales, esto lo señaló durante el lanzamiento de la campaña “Es Real #EsViolenciaDigital”.

De las personas usuarias 18.1 millones manifiestan haber tenido algún tipo de violencia o ciberacoso en el espacio digital: 10 millones de ellas mujeres y 8 millones hombres.

Resaltó que en el caso de las mujeres, el 57.7 por ciento son menores de 29 años quienes vivieron ciberacoso. Dicha violencia incremente en edades más tempranas y se manifiestan con: insinuaciones y propuestas sexuales; recibir contenido sexual, suplantación de identidad; rastreo de cuentas o sitios web; críticas por la apariencia o por la clase social; publicación o envío de información personal como fotos o videos; publicación o venta de imágenes o videos de contenido sexual.

También mencionó que en los últimos 4 años ha ido aumentando la violencia en el espacio digital.

La Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, reconoció el activismo de mujeres en México que ponen este tema como pioneras en varios mecanismos regionales como lo fue la Ley Olimpia, ejemplo para combatir la violencia digital, impulsada por la defensora Olimpia Coral Melo y las Defensoras Digitales.

El acuerdo

Citlalli Hernández recalcó que el acuerdo entre el Gobierno de México y las plataformas y redes sociales de Google, Meta y TikTok se basa en nueve acciones en materia de prevención y siete acciones en materia de atención que se detallan de la siguiente manera:

Para prevenir:

1.- Las y los firmantes de acuerdo tendrán una mesa para poder seguir revisando estas normas que ya existen para fortalecerlas.

2.- Difundirán conjuntamente la Cartilla de Seguridad Digital para difundir las normas de convivencia que deben normalizarse cada vez más, lejos del odio y de la violencia.

3.- Las plataformas realizarán campañas para posicionar más mensajes educativos y formativos dirigidos a la buena convivencia. Y cada 25 de mes, todas las plataformas van a generar difusión de estos contenidos que abonen a una cultura digital mucho más pacífica y armónica.

4.- Las plataformas incentivarán la denuncia ante hechos de violencia y que ocupen las herramientas de reporte.

5.- Campañas informativas en el espacio digital, para generar la convivencia libre de violencia, para fomentar mayor denuncia, para proteger a las mujeres contra contenido y contactos no deseados. Para notificar a las personas usuarias que, si incurren en alguna violación de estas normas, puede haber consecuencias no solo como usuarios en las plataformas, sino incluso vinculada a alguna autoridad.

Campañas también que provean fuentes de información confiables, es decir, contra las fake news.

6.-El fortalecimiento de todas estas herramientas derivado de la revisión para prevenir mejor y atender estas violencias.

7.- Educar el ecosistema de personas creadoras, este es un compromiso de las plataformas. Tienen vínculo con varios creadores de contenido, y lo que han planteado es, justamente, fomentar que estos generadores de contenido ligado a varias plataformas generen contenidos que fomenten un entorno digital seguro.

8.- Generar información accesible para hablar del uso responsable de la tecnología.

9.- Fortalecer las estrategias de prevención en una mesa de diálogo constante con las autoridades del Gobierno de México.

Acciones de atención:

1.- Se activarán medidas inmediatas para atender casos de violencia a través de la definición conjunta. Fortalecerán política y restricciones con la prohibición de publicaciones con material de abuso y explotación sexual para que exista una actuación inmediata por parte de las plataformas, sobre todo cuando se trata de menores de edad con información que alerte a usuarios sobre las consecuencias por el delito.

Implementarán y difundirán herramientas, controles de seguridad y privacidad que permitan a una víctima bloquear la cuenta de la persona agresora y restringir comentarios, como parte de una medida cautelar.

Implementar políticas y procedimientos internos para dar respuesta a las medidas de protección y otras solicitudes de cumplimiento de la ley. A veces todavía hay una distancia entre lo que se decide en el espacio jurídico cuando una mujer denuncia y lo que pasa en el espacio virtual, y lo que pretenden es que se actúe de manera rápida coordinada.

2.- Crearán una guía para que las y los usuarios sepan cómo reportar contenidos, cómo usar las herramientas que ya existen y las fortalecerán para combatir las violencias.

3.- Generarán mejores mecanismos de reporte y de denuncia a perfiles que a veces ya son muy conocidos, que difunden contenidos sexuales o que han sido constantemente reportados por violar estas normas en las redes sociales.

4.- Vincularán todos estos mecanismos de reporte de la violencia habilitados, a la línea 079 opción 1, para que haya un primer auxilio emocional y canalizar a alguna autoridad de inmediato.

5.- Cooperación permanente con las autoridades para la investigación y atención a víctimas a través de enlaces y contactos directos entre las empresas de plataformas digitales, las Fiscalías, Ministerios Públicos o las Policías Cibernéticas.

6.- Colaboración estratégica para retirar contenidos violentos o íntimos, con nuevas herramientas y políticas accesibles que permitan atender de manera mucho más efectiva el acoso y otras conductas de abuso y odio que afectan a las mujeres.

7.- Iniciarán mesas de trabajo para establecer una ruta de cooperación entre autoridades, instituciones académicas expertas en derechos digitales y organizaciones sociales, que fomentan los derechos digitales y combatan la violencia digital.

Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el acuerdo tiene como objetivo prevenir y atender la violencia digital en contra de mujeres y niñas a través de una colaboración voluntaria con las plataformas.

“Es un primer acuerdo, es voluntario, pero nos permite que la Secretaría de la Mujer o de las Mujeres esté en contacto permanente con las plataformas. Ustedes saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo, y que las plataformas, a través de estos protocolos, vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer. Entonces, es un primer acuerdo; es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas”, resaltó Sheinbaum Pardo.

La Jefa del Ejecutivo Federal indicó que, para erradicar la violencia contra las mujeres, la estrategia se enfoca en atender las causas a través de la educación en igualdad y campañas, así como el indispensable reconocimiento del papel de las mujeres en la historia de México y en todos los ámbitos de la vida pública, aunado a la cero impunidad para sancionar delitos penales como el abuso sexual, el acoso y el feminicidio.

Las normales actuales

Citlalli Hernández, Secretaria de las Mujeres, dijo que Google, Meta y TikTok ya realizan algunas acciones como: normas comunitarias que manifiestan estar en contra de algún tipo de violencia o intimidación; han desarrollado guías especializadas para prevenir las violencias y el uso de algunas herramientas; ofrecen herramientas y recursos para apoyar a víctimas de violencias, ofreciendo líneas de ayuda o algunas otras acciones que nos han mostrado en las plataformas; las usuarias pueden reportar fácilmente conductas o contenidos que violen las normas. Acciones que pidió fueran fortalecidas.

Las Defensoras Digitales señalaron que durante años las plataformas ya cuentan con herramientas de seguridad, pero estas siguen siendo poco conocidas por las personas usuarias lo que limitan su efectividad por lo que instaron a la difusión y accesibilidad de estos mecanismos como una demanda central.

También advirtieron que actualmente existen barreras institucionales que impiden a las víctimas acceder a la justicia como sistemas probatorios insuficientes, falta de capacidades de peritaje forense digital y obstáculos para obtener información de las propias plataformas. Sobre este último, apuntaron que la investigación y la reparación integral dependen, en gran medida, de la cooperación de estas empresas quienes por años asumieron un papel neutro, pero permitiendo la automatización, amplificación y monetización de la violencia sexual en internet.

«Reconocemos este acuerdo como un primer paso importante, especialmente porque desde Defensoras Digitales fuimos de las primeras en exigir que las plataformas asumieran responsabilidad frente a la violencia digital. Sin embargo, también lo decimos con claridad: si todo se queda en acuerdos voluntarios, la justicia para las víctimas nunca llegará plenamente. El debate que viene es más profundo.» -Defensoras Digitales.

1/17/2026

Shareting, práctica de subir infancias a redes sociales que las expone a violencia sexual digital

 

El concepto de sharenting proviene de dos palabras en inglés: share (compartir) y parenting (parentalidad). Esta práctica ha ganado mayor terreno en la actualidad, pues de acuerdo con la investigación “Sharenting, ética digital, privacidad y educación familiar”, se estima que alrededor del 75% de las y los progenitores usuarios de redes sociales publican información que podría afectar a sus hijas e hijos.

Ante ello, las consecuencias esta práctica son inminentes. Según la colectiva feminista La Juntaza, exponer a las niñas en internet implica colocar su cuerpo, su rostro y su vida en un espacio que no comprenden, que no pueden controlar y del cual no pueden defenderse. Esto porque internet no solo es un lugar de circulación de imágenes, sino también “un archivo permanente y un territorio donde la violencia sexual encuentra terreno fértil”.

Como lo señala la colectiva, publicar de forma constante videos y fotografías de niñas implica exponerlas a pederastas que se encuentran inmersos en redes sociales y se apropian del contenido publicado sobre las infancias. Es importante recordar que, en diciembre de 2025, fue denunciado un grupo de hombres pedófilos que compartían imágenes de niñas y adolescentes con fines sexuales a través de Facebook.

Los agresores sexuales no se limitan a una red social, pues plataformas como WhatsApp y Telegram también son utilizadas para distribuir contenido sin restricciones, ni controles efectivos.

De acuerdo con el Observatorio de Ciberseguridad, Telegram, en particular, fue identificada como una de las plataformas más peligrosas. Sus funciones como chats secretos, mensajes que se autodestruyen, búsqueda por nombre de usuario y grupos privados sin moderación, facilitan el intercambio clandestino de material y representan un riesgo para infancias y adolescencias.

Recientemente el colectivo DLR documentó un caso que involucra a esta red social, pues se identificó a un grupo de más de 300 integrantes en Telegram donde se compartían imágenes de niñas. Gracias al análisis de las publicaciones, se determinó que varios de los participantes radicaban en Oaxaca.

Además del riesgo de violencia sexual digital, la forma en que están diseñadas las plataformas da pie a otros tipos de violencia. Retomando la investigación citada, la gran cantidad de información almacenada en Facebook incrementa el riesgo de crear una huella digital que afecta la identidad de las y los menores.

Plataformas como YouTube y TikTok presentan dilemas éticos, con una protección insuficiente de la privacidad infantil. Por su parte, X (antes Twitter) delega en la comunidad la responsabilidad de hacer un uso adecuado de la información, mientras que Instagram permite que las imágenes publicadas puedan ser robadas y reutilizadas sin consentimiento.

Por ello, exponer contenido de infantes no solo implica un riesgo, sino que también se agrava cuando se permite que niñas y niños tengan redes sociales a temprana edad. Existen casos como el capping, que consiste en el uso de la manipulación para que un agresor obligue a realizar actos sexuales en vivo a niñas, niños y adolescentes, los cuales son grabados y posteriormente difundidos en línea a un público más amplio, incluso en sitios bloqueados a los que se puede acceder mediante pago.

Sin embargo, la detección de este delito se ha vuelto cada vez más compleja, pues los moderadores de las plataformas digitales, encargados de supervisar el contenido, enfrentan importantes limitaciones para revisar los volúmenes masivos de información e interacciones que circulan diariamente.

Plataformas digitales sin responsabilidad

De acuerdo con la investigación, estas prácticas son frecuentes porque muchas familias tienen una falsa sensación de seguridad creada por las ambiguas configuraciones de privacidad que ofrecen las redes sociales; no obstante, las plataformas suelen omitir que, una vez publicada, la información en internet deja de estar bajo su control.

Además, en los casos mencionados se encontró que las plataformas digitales no han logrado sancionar adecuadamente a las personas involucradas. Incluso cuando se cierran los espacios donde se perpetúan los delitos, estos vuelven a abrirse. Para ONU Mujeres, existe una débil regulación del sector tecnológico, ausencia de responsabilidad por parte de las plataformas y anonimato de los agresores, factores que dificultan la obtención de justicia.

Hasta el momento, la mayoría de los Estados no ha buscado frenar de manera efectiva los riesgos que implica la presencia de infancias en la web. Solo Australia ha implementado, a partir de diciembre de 2025, una ley que prohíbe a menores de 16 años tener cuentas en redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, X y YouTube, obligando a las plataformas a bloquear o eliminar perfiles por debajo de esa edad para protegerles.

Ante estos vacíos legales por parte de las redes sociales y los Estados, las familias pueden contribuir a reducir los riesgos derivados de la exposición de las infancias en plataformas digitales. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), un primer paso es revisar lo que ya se ha publicado en el pasado y eliminar todo lo posible. Asimismo, algunas plataformas permiten enviar solicitudes para la eliminación de imágenes cuando estas no pueden borrarse directamente.

UNICEF también recomienda reflexionar sobre el público con el que se comparte la información (revisar configuraciones de privacidad, conocer a las personas agregadas como amigas o seguidoras), el volumen de datos compartidos (como ubicaciones o elementos identificables, por ejemplo, el logotipo de la escuela) y valorar si la información pudiera resultar embarazosa o perjudicial para sus hijas e hijos ahora o en el futuro.

1/03/2026

Violencia digital contra las mujeres: América Latina y el Caribe tiene su Ley Modelo de prevención

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Por Maby Sosa. Tiempo Argentino. Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2025

El Comité de Expertas de la Convención de Belem do Pará, que se realizó en Fortaleza, Brasil, desarrolló una herramienta modelo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital sobre mujeres, adolescentes y niñas.

El encuentro regional del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) que se realizó en Fortaleza, Brasil, puso su foco en adoptar una herramienta de protección contra la violencia digital en mujeres, adolescentes y niñas. Entre otras cosas, se establecen obligaciones para los Estados, deberes para los intermediarios de internet y principios de gobernanza para entornos digitales libres de violencia.

“En un contexto global marcado por el avance sostenido de la violencia digital contra las mujeres por razones de género y la necesidad de herramientas para un abordaje integral, el MESECVI culminó este 10 de diciembre el proceso de adopción de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género, un instrumento que posiciona a la región a la vanguardia de la respuesta frente a estas formas de violencia que impactan desproporcionadamente a mujeres, adolescente y niñas”, explica el comunicado emitido por el organismo.

Este trabajo tuvo lugar en el encuentro regional que reúne en Fortaleza, Brasil, a ministras y autoridades nacionales de América Latina y el Caribe, además del Comité de Expertas del MESECVI y organizaciones de la sociedad civil, en ocasión de la XXII Reunión del Comité de Expertas (CEVI) y la X Conferencia de Estados Parte (CEP) del Mecanismo, órgano de la Organización de Estados Americanos.

Por qué una ley

“La digitalización acelerada de la vida pública y privada ha multiplicado los escenarios en los que se reproducen las violencias por razones de género, amplificando su alcance, frecuencia y gravedad”, señala el comunicado de Mesecvi.

“Amenazas, hostigamiento, vigilancia, suplantación de identidad, discursos de odio, deepfakes, difusión no consentida de contenidos íntimos, extorsión digital y campañas de desinformación con sesgo de género son algunas de las formas que adoptan estas violencias, cuyas consecuencias físicas, psicológicas, económicas, sociales y simbólicas afectan profundamente la integridad, la autonomía y los derechos de mujeres, adolescentes y niñas en toda su diversidad”.

Es frente a este panorama que se genera la Ley Modelo Interamericana, una herramienta que, dado su alto nivel técnico y político permite “orientar la adecuación legislativa, fortalecer las capacidades institucionales y promover una respuesta integral, normativa y multiactor ante uno de los desafíos más urgentes de la era digital”.

En primer lugar, desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad, el instrumento define la violencia digital. Se trata, dice, de cualquier acción, conducta u omisión basada en género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o político y que sea cometida o agravada mediante tecnologías digitales. Reconoce además los impactos diferenciados que enfrentan mujeres históricamente discriminadas por razones de edad, identidad de género, orientación sexual, etnia, situación socioeconómica o discapacidad.

Los aportes

El contenido de la ley se desarrolla en el marco de la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos de derechos humanos, está dirigido tanto a entidades de gobierno y poderes legislativos, como a los sistemas de justicia, plataformas digitales, sociedad civil, organismos multilaterales, agencias de cooperación y organizaciones de mujeres y sociedad civil.

Uno de sus aportes más innovadores es el establecimiento de obligaciones claras para plataformas digitales e intermediarios de internet, incluyendo medidas de transparencia, preservación de evidencia, cooperación con las autoridades y remoción oportuna de contenidos violentos o no consentidos. Además, promueve el cierre de la brecha digital de género, la formación obligatoria de operadores de justicia y la articulación interinstitucional para garantizar el acceso efectivo a la justicia, libre de estigmas y barreras.

El Comité de Expertas subraya en su exposición de motivos el papel clave que han desempeñado las organizaciones de mujeres y movimientos feministas de la región para visibilizar, nombrar y enfrentar la violencia digital, cuya labor ha sido determinante para desarrollar marcos jurídicos innovadores en varios países.

En este sentido, el nuevo instrumento interamericano busca consolidar y acompañar este impulso regional, respondiendo a la necesidad de respuestas normativas integrales que reconozcan tanto la magnitud del daño como la urgencia de la protección, la retirada oportuna del contenido, la sanción adecuada y la reparación integral.

“La adopción de esta Ley Modelo en Fortaleza, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, reafirma el compromiso hemisférico político e institucional con la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia también en los entornos digitales. Este hito marca el inicio de una nueva etapa de trabajo colectivo para fortalecer marcos normativos, rutas de acceso a la justicia, mecanismos de protección y políticas públicas integrales con enfoque de género e interseccionalidad y pertinencia cultural”, dice el comunicado del organismo.

Y aclara, este proceso plural y regional fue posible gracias al apoyo de la República de Italia, del Programa ACTUEMOS para poner fin a la violencia contra las mujeres, una alianza entre ONU Mujeres y la Unión Europea, así como de Equality Now, y de una amplia coalición de gobiernos, organizaciones de mujeres, instituciones académicas, agencias de cooperación y especialistas en derechos digitales.

En 2025, 70% de defensoras y periodistas enfrentaron violencia digital por su labor: ONU Mujeres

 

Frente a esta realidad, Sandra Hendricks, directora de la División de Políticas, Programas e Intergubernamental de ONU Mujeres, explicó que aquellas que defienden los derechos humanos, informan sobre noticias o lideran movimientos sociales, están siendo objeto de abusos destinados a avergonzarlas, silenciarlas y expulsarlas del debate público; además, advirtió que estos abusos ya no se limitan al mundo virtual, sino que se trasladan hasta llegar incluso a sus viviendas.

Además, cada vez es más preocupante cómo el acoso en línea que puede traducirse en daño en la vida real, pue en una encuesta global de 2020 publicada por la UNESCO, el 20% de las periodistas decía que los ataques en línea estaban relacionados con agresiones fuera del mundo digital; mientras que en la nueva encuesta de 2025, este porcentaje se ha duplicado, llegando al 42% entre periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

La violencia digital que llega a los espacios personales puede manifestarse en agresiones físicas, acoso, violencia verbal e incluso swatting, que consiste en hacer una denuncia falsa de un delito grave, poniendo en peligro a la víctima. Esta situación evidencia la necesidad urgente de medidas que protejan a las mujeres frente a los riesgos reales que la violencia en línea puede generar en su vida cotidiana.

Cabe señalar que la violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología se define como cualquier acto cometido, asistido, agravado o amplificado mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación u otras herramientas digitales que resulte, o pueda resultar, en daños físicos, sexuales, psicológicos, sociales, políticos o económicos, u otras vulneraciones de derechos y libertades.

Si bien el informe no desglosa la información por región, se puede señalar que esta situación es especialmente preocupante para las periodistas mexicanas, pues tan solo durante la gestión de López Obrador en 2023, se documentaron 206 casos de agresiones contra periodistas, de los cuales el 79 % incluyó agresiones en línea, acoso digital y descalificación de su trabajo. Además, los estados con mayor incidencia fueron Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Coahuila y Jalisco, de acuerdo con el informe “Las formas del asedio: violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador”.

El aumento desproporcionado de este tipo de violencia, alerta ONU Mujeres, se debe a la débil regulación del sector tecnológico, a la falta de reconocimiento jurídico de la violencia digital en diversos países, a la ausencia de responsabilidad por parte de las plataformas digitales y al anonimato de quienes cometen estas agresiones, factores que dificultan la obtención de justicia.

“Estas cifras confirman que la violencia digital no es virtual, sino real, con consecuencias en el mundo real”, afirmó Sarah Hendricks, directora de la División de Políticas, Programas e Intergubernamental de ONU Mujeres.

Aumento de la IA

El aumento de la violencia digital también se ha visto impulsado por la incorporación de herramientas de inteligencia artificial generativa. Tras el lanzamiento de ChatGPT, se incrementaron los riesgos asociados a la violencia en línea que sufren las mujeres en la vida pública, ya que para los agresores resultó mucho más fácil y económico producir contenido abusivo más creíble, incluidos los deepfakes.

Según el informe, el 30% de las escritoras y otras comunicadoras públicas habían experimentado violencia en línea que involucraba tecnologías de inteligencia artificial, en comparación con el 28% de las defensoras y activistas de derechos humanos y el 19% de las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios.

Cabe señalar que este tipo de imágenes y videos creados mediante IA, según ONU Mujeres, suelen distribuirse mucho más rápido gracias a algoritmos diseñados para amplificar el odio, la ira y la división, con el objetivo de maximizar las ganancias de las grandes empresas tecnológicas.

“Estos datos muestran que, en la era del abuso impulsado por la inteligencia artificial y el auge del autoritarismo, la violencia en línea contra las mujeres en la esfera pública está aumentando.”

Ante este escenario, ONU Mujeres señala que los datos proporcionados evidencian que las tecnologías de IA ya desempeñan un papel significativo en la violencia en línea dirigida a defensoras y activistas de derechos humanos, periodistas y trabajadoras de medios de comunicación, escritoras y otros comunicadores públicos.

Esto plantea un doble desafío urgente: la necesidad de desarrollar herramientas para identificar, monitorear, denunciar y repeler mejor la violencia en línea asistida por IA, y la necesidad de crear mecanismos legales y regulatorios que exijan a las grandes empresas tecnológicas impedir que sus tecnologías se implementen contra las mujeres en la esfera pública de maneras que socaven sus derechos a la igualdad de género, la participación democrática y la libertad de expresión.

Asimismo, la organización hace un llamado para sensibilizar sobre la violencia digital, reconocer la violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología como una violación de los derechos humanos, establecer una regulación sólida y rendición de cuentas de las empresas tecnológicas, y garantizar protocolos de seguridad y sistemas de apoyo para defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas.

12/20/2025

En la era de la hipervigilancia, violencia digital en aumento

Escrito por Wendy Rayón Garay 

Frente a la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional; Ley General en Materia de Desaparición Forzada; Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos; y Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como sus leyes secundarias, que consolidaron la conformación de un Estado espía; en octubre de este año, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2026 que incluye una reforma al Código Fiscal de la Federación.

Se avecina un Estado espía. Leyes legalizan vigilancia masiva, sin controles ni transparencia – cimacnoticias.com.mx

Particularmente, el artículo 30-B del Código sostiene que las plataformas digitales deberán permitir a las autoridades fiscales el acceso en tiempo real sobre información que permita comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales o de lo contrario abría un bloqueo temporal del acceso de la plataforma. Además, las autoridades fiscales podrán trabajar de la mano de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para la gestión de los datos obtenidos y su análisis.

Dicha iniciativa fue presentada con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y ordena diferentes disposiciones a las plataformas que ofrecen servicios digitales como el acceso permanente a datos, las cuales organizaciones como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtieron que las medidas son incompatibles con el derecho a la privacidad y la libertad de expresión en internet.

Mientras que las políticas públicas y las nuevas leyes utilizan a las plataformas digitales como herramientas de vigilancia y censura sobre la ciudadanía, estas no enfrentan cuestionamientos ni sanciones cuando se trata de frenar la violencia digital ejercida contra las mujeres. Esta contradicción evidencia una prioridad del Estado en el control social por encima de la protección de derechos fundamentales, especialmente de mujeres víctimas de agresiones en línea.

En entrevista para Cimacnoticias, Valeria Martínez Mondragón, abogada e integrante de las Defensoras Digitales, señaló que las plataformas digitales tienen una responsabilidad en cuanto a la violencia de género que se ejerce en internet. No obstante, existen diferentes obstáculos comenzando por el uso de «términos y condiciones» que no son claros con las usuarias y usuarios, pero que deben aceptar para acceder a los servicios.

La abogada también puntualizó que las plataformas digitales deberían ser un catalizador para ayudar en investigaciones relacionadas a delitos de género que ocurren en el espacio digital enviando informes cuando una mujer es víctima de violencia digital; sin embargo, resaltó que esto no ocurre, ya que la falta de regulación del Estado a las plataformas permite que, no solo se nieguen a colaborar, sino que se excusen bajo la regulación de leyes que pertenecen a otros países.

«Nos parece importante que las plataformas también colaboren en la investigación de delitos de género, porque ya tenemos una maquinaria que se va a mover, pero si al final se toca con las plataformas, pues de nada sirve que en México se esté regulando, si las plataformas nos van a decir: «Ah, bueno, pues sí, muy bonita tu ley, pero yo me regulo con las leyes en donde se encuentran mis servidores que son en un país nórdico.»» explicó Valeria Martínez Mondragón.

De acuerdo con el informe «Violencia digital contra las mujeres y las niñas» de ONU Mujeres, define necesario el compromiso del sector privado y las empresas intermediarias de internet como una de las acciones necesarias para impulsar el cambio. Entre ellas especifica que, se deben proveer criterios claros para atender casos de violencia digital, crear mecanismos de reporte y de solicitud para eliminar contenidos perjudiciales sencillos y sin tecnicismos, y colaborar con las víctimas y autoridades judiciales asegurando la entrega de información para su investigación.

La organización también resalta que es gracias al anonimato y alcance generalizado en los espacios en línea ha creado un marco para el aumento de violencia en los contextos digitales. A esto se suman otros factores como la escala, velocidad, facilidad de comunicación, asequibilidad, impunidad, responsabilidad limitada, falta de medidas preventivas, de respuesta y de denuncia lo que agrava la preferencia de plataformas digitales para cometer violencia contra las mujeres.

La cultura Incel en la manosfera. El machismo digital que mata – cimacnoticias.com.mx

«Los intermediarios de internet, los medios sociales y las empresas de medios de comunicación tradicionales tienen responsabilidades en materia de derechos humanos en virtud de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.» -ONU Mujeres

Para Valeria Martínez Mondragón, en México la violencia digital no se está reconociendo en todos los estados. Esto se debe a que se tiene una percepción sobre el concepto, pero no sus alcances y el impacto diferenciado contra las mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia identifica este delito con la definición:

Extracto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

A pesar de su definición y explicación en esta ley, su tipificación no está contemplada en todos los códigos penales estatales o es reconocido por las gobernadoras y gobernadores de los estados. Pese a que México cuenta con la Ley Olimpia, para denunciar y castigar la violencia sexual digital, se ha incluido de una forma diferenciada en cada entidad dejando sin protección a muchas mujeres.

«Por ejemplo, en la Ciudad de México está de una forma y en el Estado de México está de una forma totalmente diferente y para la protección de las mujeres en el estado de México no sirve, realmente no está protegiendo lo que debería. Entonces, creo que este es un problema muy grande e inicial.» describió Valeria Martínez Mondragón.

«Llamarse Olimpia», retrato documental de la defensora por los derechos digitales de mujeres – cimacnoticias.com.mx

Frente a este panorama, la defensora digital se ha encontrado diferentes obstáculos como la falta de perspectiva de género de quienes imparten justicia y quienes investigan debido a la falta de cursos especializados para el personal. Tampoco existe autoridades que les obliguen a emitir sentencias con perspectiva de género generando así falta de voluntad política.

Por otro lado, la falta de homologación penal que frena lograr avances en otras entidades y que no contemplan los escenarios reales y simulados en los casos, así como la falta de protocolos de investigación para acompañar a las víctimas de este delito se posicionan como otros obstáculos: «Mientras no haya un ABC de cómo juzgar, investigar o acompañar a víctimas de violencia digital, creo que no podemos avanzar. Es de las partes más importantes que nos hemos topado en el camino», mencionó la defensora digital.

En este contexto, la falta de regulación efectiva hacia las plataformas digitales y la ausencia de una política nacional homogénea con perspectiva de género dejan en vulnerabilidad a millones de mujeres en México. Aunque existen avances como la Ley Olimpia, la persistente impunidad, la falta de homologación jurídica y la desprotección ante tecnologías cada vez más invasivas reflejan un reto urgente: garantizar que los derechos digitales —incluyendo la privacidad, la libertad de expresión y una vida libre de violencia— sean protegidos con la misma fuerza con la que se regulan y vigilan los espacios virtuales.

9/13/2025

Olimpia Coral exige a Zacatecas investigar red de violencia sexual digital en Telegram y WhatsApp

 

.- Ciudad de México.- Olimpia Coral Melo, defensora por los derechos digitales, exigió a la Fiscalía General del Estado de Zacatecas investigar la red de más de 2 mil agresores sexuales que operan en grupos de Telegram y WhatsApp, desde donde difunden contenido íntimo sin consentimiento y ejercen posiblemente trata de personas con fines de explotación sexual.

Cimacnoticias documentó la existencia de estos grupos el pasado 1 de septiembre luego de que mujeres de Zacatecas salieran a manifestarse en contra de lo sucedido. La agencia de noticias documentó la protesta y, en entrevista con una de las organizadoras, esta señaló que, a pesar de que acudieron a la Fiscalía estatal para entregar pruebas incriminatorias, los funcionarios no procedieron con la investigación, argumentando que debían ser las víctimas quienes interpusieran la denuncia.

La manifestante explicó que ha logrado mantener comunicación con algunas de las jóvenes afectadas, quienes le confiaron sentir miedo incluso de salir de sus casas después de la difusión de su intimidad sin consentimiento. Una de ellas aseguró haber sido señalada por miembros de su propia familia al enterarse de que su intimidad circulaba en dichos grupos.

Frente a la violencia sexual digital que arremete contra las mujeres en Zacatecas, Olimpia Coral Melo recordó que estos hechos constituyen un delito tipificado por la Ley Olimpia y que deben ser sancionados conforme a la ley. “La responsabilidad es de los agresores y no de las víctimas”, enfatizó.

Lo que ocurre en Zacatecas no es un hecho aislado, sino una práctica que persiste: “Los agresores se siguen manteniendo activos; las violencias que cometen son una forma de demostrar el poder que creen tener sobre nuestros cuerpos e intimidad, validando un machismo que nos ve como objetos y no como sujetas de derechos”.

Tal y como advirtió Coral Melo, estos hechos recientes no son los únicos registrados. De acuerdo con el más reciente reporte anual Violencia sexual digital contra las mujeres en México, elaborado por el Frente Nacional para la Sororidad (FNS), en Zacatecas se habían contabilizado 463 carpetas de investigación por este delito.

La situación se replica en todo el país. Los estados con mayor número de casos son: Ciudad de México (2,682), Querétaro (2,556), Puebla (1,095), Aguascalientes (776), Quintana Roo (649), Guerrero (205), Campeche (145), Chiapas (127), Sonora (91), Nayarit (42) y Tlaxcala (10).

Violencia patriarcal en Zacatecas

Frente a estos hechos, Olimpia Coral Melo, en representación de las defensoras digitales, además de la exigencia al Gobierno del Estado de Zacatecas de investigar y actuar sin revictimizar, hizo un llamado a las instituciones públicas, privadas y educativas para que implementen verdaderas herramientas de prevención y orientación en educación digital. Subrayó que la mayoría de los agresores son jóvenes:

“No nacieron machistas, se hicieron machistas, y esa circunstancia puede revertirse”.

Sin embargo, también es importante subrayar que en Zacatecas son las mismas autoridades quienes ejercen violencia contra las mujeres. Un ejemplo fue la manifestación de 2024, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), que concluyó con una represión violenta por parte de la policía estatal. En videos difundidos en redes sociales se observó a elementos antimotines agrediendo a las manifestantes con gas lacrimógeno.

Ante las acusaciones, los policías involucrados intentaron justificar sus acciones, asegurando que lo que aparecía en los videos no eran gases lacrimógenos, sino extintores usados para “defender” monumentos de actos de iconoclasia.

Las imágenes y testimonios, no dejaron duda de las agresiones físicas contra mujeres, muchas de ellas menores de edad, quienes fueron violentamente llevadas al callejón de Las Campanas, entre los edificios del Palacio de Gobierno, donde fueron despojadas de sus pertenencias y amedrentadas.

Violencia sexual digital

De acuerdo con el reporte anual Violencia sexual digital contra las mujeres en México, publicado por el Frente Nacional para la Sororidad (FNS) en septiembre de 2024, este tipo de violencia constituye una forma de violencia de género vinculada al ejercicio de la sexualidad mediante el uso de la tecnología. Es, en parte, consecuencia de la virtualidad, que ha transformado la manera en que las personas interactúan entre sí.

Las principales víctimas son niñas y mujeres, y las modalidades incluyen: producción no consentida de material íntimo sexual; difusión de contenido íntimo sin autorización; robo o usurpación de identidad con fines de explotación sexual; acoso digital; grooming; sextorsión; amenazas; acecho; ofrecimiento de servicios sexuales no autorizados; e incluso la alteración de imágenes con inteligencia artificial para su venta con fines sexuales.

El FNS advierte que las consecuencias para las víctimas no se limitan a la exposición de su intimidad. Pueden implicar pérdidas económicas y patrimoniales, además de exponerlas a otras formas de violencia. En el ámbito de la salud mental, son frecuentes los sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, así como trastornos de ansiedad, depresión, paranoia, delirios de persecución e, incluso, ideación suicida.

¿Cómo actuar ante este tipo de violencia?

En su comunicado, Olimpia Coral Melo compartió una serie de recomendaciones en caso de detectar grupos donde se ejerza violencia sexual digital.

En primer lugar, señaló que es fundamental documentar toda evidencia: fotos, enlaces, conversaciones, URL, identidades de los agresores y cualquier dato que pueda servir a la investigación y denuncia.

También advirtió sobre la importancia de no interactuar con los agresores, ya que esto podría darles visibilidad, poner en riesgo las pruebas o exponer a las víctimas a otras formas de violencia digital, como el ciberacoso.

Finalmente, enfatizó que, en caso de conocer a alguna víctima, no se debe alarmarla ni asustarla. La información debe transmitirse con sensibilidad y cautela, ya que la violación a la intimidad sexual digital es un hecho muy delicado que causa estragos difíciles de procesar. “Violan tu cuerpo a través de estas imágenes sin siquiera tocarte. Y no tener tacto podría provocar en las víctimas un shock emocional”, concluyó la activista.

7/26/2025

Aumentan 86% los reportes de pornografía infantil en CDMX: Consejo Ciudadano

 

Cabe señalar que México tiene responsabilidad internacional ante el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía donde debe generar acciones para erradicar la venta de niñas y niños, prostitución infantil y la pornografía infantil. Este mismo protocolo define a la pornografía infantil como:

«Toda representación, por cualquier medio, de niña o niño, dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales con fines primordialmente sexuales».

Cabe señalar que la violencia sexual ejercida contra niñas, niños y adolescentes es una problemática que pone en vulnerabilidad sus derechos humanos, pues afecta su integridad física, psicológica, y desarrollo integral. De acuerdo con el Balance Anual de REDIM, indica que en 2023 se registraron 9 mil 802 casos de personas de 1 a 17 años atendidas en hospitales por violencia sexual, de las cuales el 92.3% correspondían a mujeres.

REDIM denunció a principios de este 2025 que este tipo de violencia afecta con mayor desproporcionalidad a las niñas y adolescentes, debido a que nos encontramos en un contexto nacional de violencia sexista y adultocentrista. Sin embargo, también hace énfasis en visibilizar los efectos de la violencia sexual ejercida contra los niños, pues a menudo quedan invisibilizados por estigmas.

Siguiendo los reportes sobre trata de personas del Consejo Ciudadano, el 62% corresponde a pornografía infantil, que en realidad se trata de abuso sexual contra infantes. Según declaró Clara Luz Álvarez, secretaria ejecutiva de la institución, la niñez sigue siendo la más afectada por la trata de personas y el modus operandi entre el mundo virtual y físico es distinto, por ejemplo, en el espacio digital los enganchadores son «supuestos» amigos virtuales y en la vida real las víctimas son captadas principalmente por familiares.

El informe del Consejo Ciudadano también revela las desigualdades de género como factores clave dentro de la trata para fines sexuales. Al menos en la Ciudad de México, del 62% de las mujeres víctimas tenían el 39% 18 a 38 años, el 9% de 39 a 59 años y el 2% mujeres de 69 años y más. María Elena Esparza Guevara, consejera en Género del Consejo Ciudadano apuntó que la trata es un delito con énfasis de género ya que las modalidades de trata están directamente ligadas a la cosificación del cuerpo y afectación de la autoestima, lo que es una señal de alerta de Feminicidio Emocional.

Las mujeres son más vulnerables porque generalmente se emplea violencia sexual y de género contra ellas, lo que evidencia que incluso en la trata, hay manifestaciones de machismo y discriminación de género en la ejecución del delito; mientras que los niños son más utilizados en actividades relacionadas con el tráfico, la venta de drogas y acciones violentas. 

Recientemente, durante la comparecencia del Estado mexicano ante la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en ingles), México fue cuestionado sobre las medidas específicas se están tomando para prevenir, investigar y sancionar la trata con fines de explotación sexual.

También se preguntó cuándo se implementará el programa nacional contra la trata para el periodo 2025-2030, y con qué recursos; cómo el Estado mexicano garantizará que las políticas no criminalicen ni limiten la libertad de las víctimas; qué agencias brindan protección internacional; qué programas de reparación integral existen (incluyendo atención psicológica y acceso a derechos); y qué acciones se toman para eliminar la criminalización y estigmatización de mujeres que se prostituyen voluntariamente. Sin embargo, la respuesta del Estado mexicano no respondió dichas preguntas.

CEDAW pone en jaque a Secretaría de las Mujeres. Nulos resultados presentados, la constante en la comparecencia – cimacnoticias.com.mx

Datos del informe señalan que entre enero de 2024 y junio de 2025 se recibieron 5 mil 170 reportes en la Línea Nacional contra la Trata (LNCTP), al hacer el desglose por edad y sexo se encontró que, de las víctimas de pornografía infantil, el 44% tenía entre 16 y 17 años, el 41% entre 12 y 15 años, y el 5% entre 6 y 11 años. Además, el 59% fueron mujeres y el 41% hombres.  

Las vías de enganche fueron principalmente a través de plataformas como Facebook (22%), Instagram (18%) y WhatsApp (15%). Las aplicaciones de citas y los juegos en línea también emergen como vías significativas de captación. Aunque en otras modalidades para atrapar a las niñas, niños y adolescentes fueron a través de ofertas de empleo (14%) y promesa de ayuda (9%).

Asimismo, el 38% restante de los reportes de trata de personas presentan ocho modalidades diversas, entre ellas se encuentran: prostitución ajena (43%), trabajo o servicios forzados (31%) y la explotación laboral (12%) los cuales conforman las principales reportadas.

La trata con fines sexuales

La explotación sexual infantil constituye una forma de victimización en la que existe un abuso o agresión y una explotación económica de las imágenes sexuales de una persona menor de edad. De esta manera, una persona abusadora llamada «cliente» logra obtener relaciones sexuales con el menor a través de un intercambio económico. Este fenómeno engloba la prostitución, pornografía, tráfico sexual, turismo sexual y matrimonios forzados como formas de lograr el acceso a las infancias. 

De acuerdo con el artículo «Estadísticas cuantitativas y cualitativas para medir el efecto de las nuevas formas de criminalidad violenta contra las mujeres: los delitos en materia de trata de mujeres, niñas y adolescentes y sus vínculos con la delincuencia armada» de la abogada feminista Teresa C. Ulloa Ziáurriz, la trata de personas y sus formas de esclavitud y explotación sexual son el segundo negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial.

El diagnóstico «Agenda integral de política pública: Acceso a la justicia reparación del daño y restitución de derechos de las personas sobrevivientes a la trata de personas con fines de explotación sexual», indica que se desconoce la cifra exacta del número de víctimas de trata, ya que esta práctica ha operado desde la clandestinidad y normalización.

Algunas estimaciones muestran la existencia de 49.6 millones de personas que viven en estas condiciones: 30% se encuentran en América Latina y el Caribe, y alrededor de 270 mil en México. Además, son mayoritariamente las mujeres y menores de 18 años quienes quedan atrapadas bajo este sistema: 65% de las víctimas son mujeres y 35% hombres.

10/28/2023

En prisión preventiva acusado por traficar imágenes de alumnas IPN

 

.-Ciudad de México.- Un juez del reclusorio Oriente dictó prisión preventiva a Diego «N», ex alumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien fue denunciado públicamente el pasado 6 de octubre por alumnas de la institución, víctimas de una red de tráfico de imágenes manipuladas con Inteligencia Artificial y vendidas sin su consentimiento.  

Al joven de 18 años, un juez de control le dictó prisión preventiva como medida cautelar por la posible comisión del delito contra la intimidad sexual. Son ocho las denuncias que la fiscalía capitalina tiene en su contra, debido a que cada una de las víctimas llevará su proceso por separado. Diego “N” fue acusado de vender en redes sociales, fotografías manipuladas para mostrar desnudas a las alumnas de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad (ESCA) Unidad Santo Tomás del IPN.

La noticia fue celebrada por la Primer Asamblea Colectiva de Lucha para el Acceso a la Justicia sobre los actos de Violencia Digital del IPN, conformada por las alumnas denunciantes, quienes reiteraron que se trata del primer caso en México por Inteligencia Artificial a consecuencia de la Ley Olimpia.

Por su parte, la activista Olimpia Coral Melo quien ha acompañado a las alumnas en todo el proceso, señaló a través de su red social X, antes twitter, que “No es menor, no es poco, no resulta que porque sean fotos alteradas o «no reales», no causan impacto. No es una, son 8 y 166 mil imágenes, no es solo Diego N, es un sistema del que se enseña a los hombres a ver nuestro cuerpo como objeto. No es la sociedad, ni la tecnología, es la extensión de violencia patriarcal al algoritmo”.

“No es motivo de júbilo saber de una persona privada de su libertad. Es que nadie quiere que haya más personas en la cárcel, queremos que no haya más víctimas y para eso es necesario iniciar con responsabilizar al posible agresor y no revictimizar a las más afectadas: las alumnas del IPN que han puesto su vida para salvarse ellas y salvarnos”.

Justicia a cuenta gotas

Luego de una manifestación afuera de la ESCA, realizada el 22 de octubre, con varias víctimas presentes, las autoridades académicas de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del plantel, activaron el protocolo para evitar que el estudiante implicado se les acercara a las alumnas o pudiera tener contacto alguno con ellas. Sin embargo, las manifestantes solicitaban, entre otras cosas, la expulsión definitiva del estudiante, petición que se cumplió días después  con motivo de violentar digitalmente a alumnas del plantel.

Sin embargo, los hechos sucedieron desde el 6 de octubre cuando una alumna descubrió que Diego “N” tenía en su iPad miles de fotografías de sus compañeras desnudas. Reportó los hechos a la Jefatura de Carrera y a la dirección de la ESCA.  Diego fue detenido por la policía y presentado ante la agencia del Ministerio Público GAM-3, se entregó el iPad que traía para presentarlo como evidencia de lo que hacía. Tres días después, el 9 de octubre se determinó que el joven llevaría su proceso en libertad porque «no se encontró evidencia».

Posteriormente, el día 13, la fiscalía informó que personal de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas brindaría atención a las alumnas que se presentaron acompañadas de los abogados generales del IPN para dar seguimiento a denuncias relacionadas con la Ley Olimpia.

Las alumnas afectadas señalaron que no fue sino hasta que hiceron público su caso en redes sociales y recibieron el apoyo de Olimpia Coral -impulsora de la Ley Olimpia-,  cuando las autoridades del plantel y la policía capitalina les hicieron caso y empezaron las indagatorias.  A partir de ese momento se agilizó todo, empezaron entrevistas a las victimas y la revisión de la evidencia digital por parte de la Policía Cibernética de la PDI. Hasta que finalmente, el 26 de octubre, Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Diego «N» en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Álvaro Obregón.

Endurecer penas que violentan a las mujeres

Diego «N» editaba fotografías usando inteligencia artificial para desnudar a sus compañeras, las imágenes las obtenía ilegalmente y otras eran tomadas de las redes sociales de las jóvenes, luego presuntamente las vendía en grupos de Telegram. En redes sociales, la cuenta Casi Creativos, denunció que más de 20 mil fotos fueron encontradas en el iPad del joven.

La «Ley Olimpia”, sobre violencia digital, se reformó en el 2021 para indicar que se comprende a la violencia digital como toda acción realizada mediante el uso de tecnologías de la información, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier espacio digital, que atente contra la integridad, dignidad, libertad o vulnere los Derechos Humanos de las mujeres. Mientras que a principios de este mes, en la Cámara de Diputados se subió una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal para castigar a quienes manipulen y divulguen imágenes de mujeres de contenido íntimo aplicando Inteligencia Artificial (IA).

Al respecto, el Código Penal de la Ciudad de México ya sanciona este delito. En su artículo 181 Quintus, señala penas de entre cuatro y hasta 6 años de prisión a quienes cometan un delito contra la intimidad sexual por haber elaborado “imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento”. Además, estipula multas de 500 a mil unidades de medida y actualización (UMAS). Mientras que a nivel federal, el castigo y multa son iguales a los que marca la ley local, con la diferencia de que, en caso de que el “el crimen se cometa con fines lucrativos, las penas se agravan hasta en una mitad”.

La defensa de Diego “N” solicitó la duplicidad eel térmio de 144 horas para definir su situación jurídica, a lo que el juez fijó el 31 de octubre como fecha de audiencia inicial.

6/03/2023

La desnudaron con IA, la nueva forma de violencia digital que acecha a las mujeres: “Es mi cara, pero no mi cuerpo”


Luz Elena Morales

Hace dos meses, Johanna Villalobos, una reconocida periodista de Costa Rica, subió una fotografía de sus vacaciones a sus redes sociales. En la imagen se veía a la comunicadora disfrutando de la playa, sin preocupaciones. Sin embargo, lo que parecía ser una publicación habitual y normal, se tornó en una horrible pesadilla cuando un grupo de personas decidieron editar la instantánea con Inteligencia Artificial (IA), dejando “al desnudo” a la joven.

En entrevista con El Heraldo Digital, Johanna reveló que hace unas semanas se percató de que su fotografía, publicada en Instagram, estaba teniendo más visualizaciones que de costumbre, hecho que llamó su atención, pero jamás se imaginó lo que estaría pasando con su imagen. “La subí en abril cuando andaba de vacaciones en una playa de Costa Rica; es una foto normal en vestido de baño. Desde hace unas semanas empecé a ver que tenía más movimiento y pensé que era por el algoritmo”.

No obstante, Johanna estaba lejos de descubrir lo que en realidad estaba sucediendo con su imagen, la cual había sido editada con Inteligencia Artificial para quitarle la ropa y dejarla completamente “desnuda”. Fue días más tarde, cuando la comunicadora se dio cuenta de lo que había ocurrido con su fotografía, esto gracias a que una de sus seguidoras la alertó. “Una chica me envió un mensaje, compartiéndome la fotografía explícita y diciéndome que estaba en varios chats de WhatsApp, Facebook y demás redes sociales. Cuando veo la foto fue un shock para mi porque decía ‘si soy, pero no soy’, mi cara sí es, pero no mi cuerpo”.

La comunicadora se percató de que su fotografía tenía actividad inusual en redes sociales. Foto: johannavillam.

“La foto fue editada por un grupo de costarricenses que están editando imágenes con Inteligencia Artificial”, detalló Johanna para este medio. Agregó que, hasta la fecha no ha podido hacer nada legalmente, por lo que desconoce quién o quiénes pudieron haber manipulado su imagen, pero lo que sí sabe es que la instantánea ha sido compartida en grupos de hasta dos mil hombres.

Debido a que en Costa Rica no existen leyes que regulen la tecnología y que garanticen la seguridad de las mujeres en la web, Johanna no ha conseguido que la imagen editada sea borrada del internet, o que se penalice a quienes difunden la fotografía explícita. “Mi país está atrasado con todas estas leyes de informática, es imposible que yo me acerque a las autoridades y me ayuden. Mi abogado me dijo que iba a ser un proceso larguísimo y que solo perdería plata, así que estoy atada de manos”.

Al respecto, la comunicadora ha aprovechado su canal de Instagram y el alcance que tiene en su trabajo para alertar a las mujeres sobre lo que está pasando y sobre todo para esclarecer que la fotografía no es real. “Lo único que puedo hacer, como comunicadora, es contar la situación y alertar sobre lo que está pasando y que la gente sepa que no era yo la de la imagen. Es algo difícil de explicar porque es la primera vez que en Costa Rica pasa esto”.

Johanna lamentó que en su país no existan leyes que la respalden ante este acto violento. Foto: johannavillam.

Finalmente, la periodista ha hecho un llamado para que en Costa Rica, y en otros países de América Latina, las autoridades tomen los delitos digitales en serio y los crímenes de violencia de género contra las mujeres sean castigados tanto en el mundo físico, como en el mundo virtual. “En México tienen la Ley Olimpia, pero aquí no tenemos nada de eso. Hasta ir a denunciar un acoso sexual es un proceso engorroso, díficil y díficil de que las autoridades hagan algo. Desde que empezó a circular la fotografía yo supe que a nivel país el país no iba hacer nada. Estamos muy atrasados ante este tipo de actos”, sentenció.

"Los delitos digitales sí afectan el entorno físico de las mujeres"

Johanna no es la primera mujer víctima de la Inteligencia Artificial. Hace unas semanas, la cantante Rosalía reveló, a través de sus redes sociales, que una de sus fotografías había sido editada con IA, haciendo parecer que estaba desnuda, pero en realidad no era su cuerpo. La española pidió respeto para las mujeres en la web; sin embargo, pese a su poder en redes sociales, la intérprete de “Motomami” tampoco consiguió que las imágenes fueran borradas.

Al respecto, Irene Soria Guzmán, doctora en Estudios Feministas en la UAM-Xochimilco y activista de software libre, comentó que en el mundo urge ver los delitos digitales como delitos que afectan el espacio físico, ya que la falta de regulaciones proviene del retraso legal que hay ante las tecnologías emergentes, las cuales siguen avanzando a pasos agigantados.

“La violencia de género digital es una extensión, o magnificación, de la violencia que sufrimos las mujeres en la vida física. Son delitos que atentan contra la tranquilidad como: publicaciones de fotografías íntimas de forma no autorizada, suplantación de identidad, hostigamiento, censura y demás”, comentó Irene para El Heraldo Digital. De igual manera, la activista comentó que en México, a diferencia de otros países de América Latina, sí se ha visto una evolución al regular algunos delitos digitales contra las mujeres; no obstante, considera que, pese a que existe la Ley Olimpia, las autoridades todavía no saben cómo actuar debido a que no hay un aparato jurídico para implementar dicha ley.

La activista aseguró que la violencia física es trasladada al internet por la misma sociedad. Foto: especial.

La activista también detalló que las autoridades deberán prepararse para los retos que vendrán conforme avance la tecnología. De acuerdo con Irene, el verdadero problema está en la sociedad machista que ve a las mujeres como objetos, ya que son las mismas personas quienes educan a la tecnología y la utilizan a su conveniencia. “Las problemáticas no está nada más en utilizar la tecnología en contra de algunos cuerpos, el problema es de raíz, lo que está sucediendo en la sociedad, ya que es lo mismo que se refleja en el mundo virtual”.

Por último, la doctora de la UAM-Xochimilco mencionó que las tecnologías, así como la Inteligencia Artificial, no adquieren conocimientos por sí mismas, sino que son educadas por quienes las utilizan y si la sociedad que las emplea es machista, las herramientas tecnológicas serán utilizadas para seguir violentando a los grupos vulnerables. Además, puntualizó que las mujeres deben perder el miedo a la tecnología y empaparse de información antes de utilizar plataformas digitales, para estar preparadas ante los retos que conllevan las redes digitales.

“Las mujeres tenemos derecho a habitar internet sin miedo. No es solo no subir fotos a redes sociales, es apropiarnos de las redes, es en nuestro espacio físico luchar desde nuestras trincheras, hasta que la estructura patriarcal vaya desapareciendo; no es solo una cosa de mujeres, también los varones, si ven que sus amigos están compartiendo y cosificando mujeres no sean cómplices y rompan el pacto. Es un tema estructural y tenemos que ir avanzando”.