Feminicidio de Marisela Escobedo, otra deuda de Duarte, ex gobernador de Chihuahua

 Escrito por Paola Piña 

.-Ciudad de México.– El día de hoy se cumplen 15 años del feminicidio de Marisela Escobedo, asesinada a los 52 años frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras reclamaba justicia por el asesinato de su hija Rubí, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras gobernaba César Duarte Jáquez, hoy recién detenido en una prisión de máxima seguridad, por lo que esta deuda sigue pendiente por parte de este funcionario y del Estado mexicano.

Hay que recordar que fue el pasado 13 de diciembre de este 2025, cuando un juez de control vinculó a proceso al ex gobernador de Chihuahua, Duarte Jáquez, por uso de recursos de procedencia ilícita y le dictó prisión preventiva oficiosa en Almoloya, no obstante este funcionario quien gobernó el estado norteño del 2010 al 2016, tiene una deuda pendiente con las mujeres, por los casos de feminicidio que asolaron esta entidad durante su mandato y que fue constantemente increpado por las defensoras por lo emprender acciones para erradicar la situación.

Por ejemplo, la periodista Lydia Cacho documentó en su columna Las mentiras peligrosas de Duarte, publicada en Cimacnoticias el 26 de marzo del 2012, la situación de violencia feminicida que prevalecía en Chihuahua mientras Duarte era gobernador:

«La realidad nos muestra que hoy en día el estado de Chihuahua tiene la tasa de homicidios de mujeres más alta en el mundo, con 34.73 asesinatos por cada 100 mil mujeres, 15 veces más alta que la registrada a nivel mundial, que es de 2.6 asesinatos por cada 100 mil. Por cuarto año consecutivo, Chihuahua ocupa el primer lugar en asesinatos de mujeres».

Hay que recordar que en el 2013 el Comité de Madres y Familiares de Jóvenes Desaparecidas en Ciudad Juárez, le dieron un plazo a Duarte para que informara públicamente en qué consistían las investigaciones que se llevaban a cabo para identificar los restos de las mujeres que habían sido víctimas de feminicidio, así como para averiguar el paradero de las que continuaban desaparecidas, situación que fue incumplida por el funcionario.

 

Abundaron que el ex gobernador contaba con el mismo plazo para informar sobre la identificación de los 253 restos óseos que, según el comité, estaban en las instalaciones del Servicio Médico Forense de Juárez.

Incumple gobernador de Chihuahua acuerdos con víctimas de feminicidio

 

 

El caso de Marisela Escobedo, es emblemático porque ha demostrado todas y cada uno de los errores, violencias, revictimizaciones y omisiones por parte del Estado mexicano en un caso de violencia contra las mujeres, es uno de los casos que más ha trascendido el tiempo sin embargo, esto no le ha otorgado verdad, ni justicia.

El caso de Marisela Escobedo ha llegado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para buscar justicia, porque en México agotó todas las instancias legales y ninguna favoreció el derecho de esta madre buscadora.

A ella se le recuerda por varios actos de resistencia que tuvo mientras buscaba justicia por su hija, por ejemplo, caminó desnuda para protestar, lo hizo cubierta únicamente con la foto de su hija mientras sostenía esa caminata, ella decía que era porque le habían quitado todo y este momento le dio la vuelta al mundo.

Foto del fondo: Cimac Foto, por Anayeli García Martínez. Foto: Marisela, cortesía Cedehm.

En el marco del aniversario luctuoso de Marisela Escobedo, organizaciones de la sociedad civil convocaron a un homenaje que iniciará desde las primeras horas del día frente al Palacio Municipal de Chihuahua, donde se instalará un tendedero de fotografías junto con una ofrenda floral y veladoras, más tarde se realizará una ceremonia religiosa y la jornada concluirá con un un performance titulado “Marisela Vive”.

Cabe poner bajo la mira que, a 15 años del suceso, la situación para las mujeres en Chihuahua continúa sin ser alentador, pues tan solo entre enero y octubre de 2025 se registraron 217 asesinatos de mujeres, de los cuales únicamente 41 fueron tipificados como feminicidio, lo que coloca a la entidad en el cuarto lugar nacional en este tipo de delito, solo por debajo del estado de México, Sinaloa y la Ciudad de México, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública.

Ante este panorama, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) ha señalado que son en su mayoría las madres de las víctimas de feminicidio y de las de las personas desaparecidas las que arriesgan su vida para demandar verdad, justicia y reparación; es por ello que hay una obligación por parte de los gobiernos, en el ámbito de sus competencias, para garantizar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

El 24 de junio del 2019, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la organización Mexicanos y Mexicanas en el Exilio (Mex-en-Ex), presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de Marisela Escobedo Ortiz, asesinada por exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí Frayre Escobedo.

A partir de la solicitud al órgano interamericano, las organizaciones y la familia de Marisela buscan superar los obstáculos impuestos en México en la búsqueda de justicia y en evitar que situaciones de esta naturaleza se presenten.

Entonces, las defensoras afirmaron que Lla petición emitida a la CIDH permitirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos documentar las violaciones de derechos humanos cometidas las violaciones de DDHH que han implicado para Rubí, Marisela y 17 miembros de su familia. Entre ellas cuentan la falta de protección que desencadenó la violencia machista en su contra y el posterior asesinato y desaparición de la joven; la falta de investigación de estos hechos. A esto se suma la falta de garantías para que Marisela Escobedo ejerciera su rol de defensora de derechos humanos de manera segura, lo que facilitó su asesinato y desencadenó el desplazamiento forzado de su familia.

Sin embargo pese a esa obligación, en el caso de Marisela Escobedo, en 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado mexicano la existencia de una denuncia interpuesta en su contra por el feminicidio de Rubí Frayre Escobedo y el asesinato de Marisela Escobedo, otorgándole un plazo de tres meses para remitir sus observaciones, sin embargo 5 años después no se han anunciado avances significativos.

Frente a este caso de total impunidad, año tras año colectivos feministas, organizaciones y diversos sectores de la sociedad han buscado visibilizar con mayor ímpetu el caso a través de documentales, informes, pronunciamientos, actividades y homenajes; sin embargo, pese a estos esfuerzos, la atención al caso de Marisela Escobedo y a las miles de víctimas de feminicidio en la entidad no ha sido una prioridad en la agenda pública regional.

Caso de Marisela Escobedo 

La noche del 16 de diciembre de 2010, alrededor de las 21 horas, Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, levantaba pancartas para denunciar la impunidad en el feminicidio de su hija, Rubí Marisol Frayre, cuando un hombre descendió de un vehículo y abrió fuego contra ella. Aunque ella intentó huir, el agresor la persiguió y le disparó en repetidas ocasiones, quitándole la vida en el lugar.

Rubí Marisol Frayre, de 16 años, había sido asesinada en agosto de 2008 en Ciudad Juárez por su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza.

Tras la desaparición de su hija, Marisela Escobedo emprendió una lucha para exigir justicia: repartió volantes, se integró a colectivos de madres que buscaban a sus hijas desaparecidas y acudió de manera constante a los medios de comunicación para visibilizar el caso.

El 30 de enero de 2009, Marisela recibió una llamada de Ángel Valles, quien aseguró haber escuchado a Barraza confesar el asesinato. Meses después, en junio de ese mismo año, el propio Sergio Barraza admitió su responsabilidad y señaló el lugar donde había enterrado el cuerpo de Rubí. Las pruebas de ADN confirmaron que los restos óseos encontrados correspondían a la joven.

Pese a la confesión y a las pruebas científicas, el asesino fue liberado meses después, al considerar un tribunal que la Fiscalía de Chihuahua no había logrado acreditar el delito. La decisión provocó indignación y llevó a Marisela Escobedo a presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En 2013, la CNDH emitió la Recomendación 44/2013, en la que documentó graves irregularidades y fallas estructurales del sistema judicial en Chihuahua. El organismo condenó la actuación de la Fiscalía General del Estado, señaló la revictimización sufrida por Marisela y su familia y determinó la violación de diversos derechos humanos, entre ellos el derecho a la legalidad, la seguridad jurídica, el trato digno, la debida procuración de justicia y el derecho a la verdad. Además, solicitó la investigación de los servidores públicos involucrados y una disculpa pública por parte del Estado.

Días después de emitida la recomendación, un tribunal superior modificó la sentencia que había permitido la liberación de Barraza; sin embargo, el feminicida ya se encontraba prófugo. A partir de ese momento, Marisela Escobedo se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la impunidad. Realizó protestas, marchas y plantones, y exigió públicamente la recaptura del asesino de su hija.

Tras huir de la justicia, Sergio Rafael Barraza se integró al grupo criminal los zetas, una de las organizaciones delictivas más violentas del país, conformada en sus orígenes por exintegrantes de las Fuerzas Especiales. En ese mismo grupo militaba José Enrique Jiménez Zavala, alias el Wicked, quien fue identificado como el autor material del asesinato de Marisela Escobedo, un crimen que marcó a México y evidenció la profunda crisis de impunidad en los casos de feminicidio.

Piden a CIDH que acepte analizar caso de Marisela Escobedo

A 8 años de su feminicidio, organizaciones civiles presentan petición
   

A 8 años y medio del feminicidio de la defensora de Derechos Humanos, Marisela Escobedo Ortiz, quien buscaba justicia por la desaparición y el feminicidio de su hija, Rubí Frayre Escobedo, tres organizaciones de Derechos Humanos presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de admisibilidad para que analice la violación a los Derechos Humanos de la defensora.
La solicitud, explicó en entrevista con Cimacnoticias, la abogada y coordinadora general del Cedehm, Ruth Fierro Pineda, fue presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Mexicanos en el Exilio, y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), todos con amplia experiencia en litigios internacionales. Fue firmada por 17 integrantes de la familia Escobedo, hijas e hijos de Marisela, nietas y nietos, hermanas y hermanos. Toda la familia tuvo que exiliarse de Ciudad Juárez, Chihuahua, y buscar asilo en Estados Unidos por las amenazas que recibió.
Precisó que la familia demanda al Estado por tres dimensiones del caso: una, porque el Estado es responsable de garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y tiene que investigar, sancionar y reparar los casos de violencia de género, pero no hubo una investigación con la debida diligencia del caso de Rubí.
En segundo lugar, el Estado no protegió a Marisela, a pesar de las denuncias que ella interpuso por amenazas que había recibido. Tampoco hizo una investigación adecuada y no dio con los autores del asesinato.
La tercera dimensión del caso es la falta de atención a la familia Escobedo, ya que el Estado no le garantizó la protección necesaria para que pudiera quedarse en su patria y en sus hogares, y hoy se encuentra desplazada en varias partes de Estados Unidos.
La falta de protección a Marisela agrega una dimensión que otras peticiones ante la CIDH no tienen, explicó Ruth Fierro Pineda, porque pretende visibilizar la falta de protección a las defensoras de Derechos Humanos.
Cabe recordar que Marisela fue asesinada en Chihuahua, enfrente del Palacio de Gobierno, el 16 de diciembre de 2010, a pesar de las denuncias que ella había interpuesto por amenazas. Fue en el mismo lugar donde las organizaciones dieron hoy una conferencia de prensa, en la emblemática cruz de clavos, símbolo de la impunidad e injusticia de los asesinatos de mujeres en el estado.
El coordinador del área de personas desaparecidas, personas desplazadas y defensoras de Derechos Humanos del Cedehm Gabino Gómez Escárcega, recordó que ahí fue donde Marisela había instalado su mesa, que su hermano Héctor Ricardo estaba cerca, y su hermana Elba atendía a su nieta (la hija de Rubí) en la camioneta estacionada al lado.
Fue cuando llegó el “pistolero a sueldo” y le disparó. “Todos vimos por las cámaras cómo la persiguió y le disparó. Al siguiente día, 17 de diciembre, cientos de ciudadanas y ciudadanos indignados nos reunimos aquí para rendir un último homenaje al cuerpo presente. Homenaje que no pudo ser realizado porque la familia fue amenazada”, contó Gómez.
Narró que la familia tuvo que adelantar el funeral, porque la noche del 17 de diciembre, quemaron el negocio de Marisela, una tienda de muebles, secuestraron y posteriormente apareció asesinado su cuñado. “Del panteón la familia se tuvo que ir a solicitar asilo político con lo que traían”, relató el defensor.
La familia siempre acompañó a Marisela en su lucha. Durante dos años, desde la desaparición de su hija Rubí, en agosto del 2008, ella fue la única que se hizo responsable de esclarecer el crimen. Localizó a la ex pareja de su hija, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, junto con su nieta Heidi en el estado de Zacatecas.
Lo demandó por el delito de sustracción de menor, y durante su detención, en junio de 2009, Sergio Barraza confesó el asesinato de Rubí Marisol, incluso le dijo a los policías dónde quemó y tiró el cuerpo de la joven. Pese a ello, su confesión no tuvo validez porque cuando la hizo no estuvo presente un defensor; y el Ministerio Público (MP) sólo pudo presentarla como entrevista.
El feminicida fue absuelto en abril de 2010 y liberado. Fue entonces cuando Marisela solicitó ayuda al Cedehm y junto con la abogada Luz Estela Castro logró que el Tribunal de Casación anulara la sentencia absolutoria y ordenara una nueva audiencia. Así, los magistrados determinaron que Barraza cometió el delito de homicidio agravado, le impusieron una sentencia de 50 años de prisión, y lo condenaron a pagar una indemnización de 38 mil 390 pesos a su hija.
Pero el fallo nunca se ejecutó. Cuando la policía volvió a Zacatecas para detener a Barraza, se escapó. Marisela nunca se dio por vencida. Encabezó marchas, colgó mantas en eventos oficiales, hizo plantones, se reunió con organizaciones civiles. Un 10 de mayo incluso marchó desnuda, para protestar que “me privaron de mis garantías como víctima”, y “esto representa que en Ciudad Juárez las mujeres estamos olvidadas”, como dijo en esta ocasión.
El caso de Marisela, también ha quedado impune, recordó Gabino Gómez. En dos ocasiones distintas, las autoridades presentaron a un autor material del asesinato, primero en 2011, y luego en 2012, a Enrique Zavala alias “El Wicked”. “Todos sabemos que es falso que “El Wicked” haya sido el asesino de Marisela, porque él se encontraba en Ciudad Juárez el día de su muerte, hay testimonios”, dijo.
Narró que posteriormente, en 2014, mataron a “El Wicked” exactamente cuando se cumplió su prisión preventiva. “Tenían que hacerle un juicio, y como no había forma de hacerle un juicio, es asesinado dentro de la cárcel, y con esto el Estado da por terminado un caso donde realmente no hay justicia”, concluyó Gómez.

Imagen cortesía del Cedehm

Por: Sonia Gerth

Cimacnoticias | Ciudad de México.-
Por mucho tiempo la familia de Marisela tuvo la esperanza de que se hiciera justicia, sobre todo con la recomendación 44/2013 emitida en 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de la entidad; que pidió asistencia a la familia, una disculpa institucional y que se realizara una investigación y sanción para los servidores públicos involucrados en los hechos que derivaron en la muerte de la defensora, así como la continuación de las investigaciones del feminicidio de Rubí.
Sin embargo, desde entonces no hay respuesta del Estado, por lo tanto, junto con las organizaciones se empezó a armar la petición ante la CIDH. “Es la última instancia a la que podemos acudir”, insistió Ruth Fierro Pineda, aunque reconoció que la Comisión puede tardar más de un año para evaluar la admisibilidad de la petición, y luego otros años hasta llegar a emitir una resolución.
La familia busca que un organismo internacional reconozca que su situación tiene que ver con la falta del Estado de garantizar su seguridad, y que sea obligado a una reparación integral. Además, esperan que a través de una resolución se implementen medidas para la no repetición, porque reiteró Fierro, “Justicia para Marisela es justicia para todas las mujeres de Chihuahua.”
“Si bien es cierto que las sentencias tampoco son la panacea para los problemas de este país, hay que seguir tocando puertas”, dijo la abogada del Cedehm. En materia de protección de defensoras, por ejemplo, el Estado se enfocaría demasiado en la reacción. “El Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reacciona. Pero se integran más y más personas, y en un momento va estar saturado, porque la gente nunca sale porque la situación no cambia.”
El objetivo, subrayó, sería una política pública integral que erradique la violencia, algo que Fierro espera sea evaluado por la Comisión Interamericana.

Sin castigo ni justicia: 6 años de impunidad para Marisela Escobedo

Marisela Escobedo sosteniendo la foto de su hija Rubí Marisol Frayre

Autoridades desdeñan acceso a la justicia para sus familiares

Hoy se cumple el sexto aniversario del feminicidio de la activista Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido en Chihuahua, a las puertas del Palacio de Gobierno. Desde entonces, la impunidad prevalece. Ni la recomendación 44/2013 emitida en 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de la entidad, ni los señalamientos internacionales, han logrado que la familia de la activista obtenga justicia.

INICIA LA IMPUNIDAD   

Escobedo era enfermera jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y atendía una fábrica de muebles en Ciudad Juárez, de la cual era propietaria. Tras su divorcio trabajó para mantener a sus hijos Alejandro, Juan Manuel, Yesica, Paul y Rubí.   Convencida de que tendrían una mejor vida en Estados Unidos, decidió llevarlos a El Paso, Texas. Durante años cruzó continuamente a Ciudad Juárez para trabajar en el IMSS.   Cuando sus hijos crecieron, regresó a vivir a Juárez acompañada de Rubí Marisol, quien conoció a Sergio Rafael Barraza Bocanegra en la fábrica de muebles de Marisela. La adolescente se enamoró de él y procrearon una niña de nombre Heidi.   Rubí Frayre desapareció de su casa en Ciudad Juárez en agosto de 2008. Allí vivía con su pareja, Sergio Barraza Bocanegra, quien en enero de 2009 desapareció con Heidi (la hija que procreó con Rubí Marisol) debido a la presión continua de Marisela y sus propias indagaciones sobre la desaparición de su hija.   

Marisela Escobedo presentó el reporte formal de la desaparición ante la Unidad de Personas Ausentes, Extraviadas y Desaparecidas en Ciudad Juárez, pero ante la inacción de las autoridades, ella misma investigó y logró ubicar, en el estado de Zacatecas, a la familia de Sergio Barraza y con ellos a su nieta, pero no a su hija.   Durante la detención por el delito de sustracción de menor, ocurrida en junio de 2009 en Zacatecas, Sergio Barraza confesó el asesinato de Rubí Marisol, incluso le dijo a los policías dónde quemó y tiró el cuerpo de la joven. Los había tirado en un terreno donde se criaban cerdos.   Pese a ello, su confesión no tuvo validez porque cuando la hizo no estuvo presente un defensor; y el Ministerio Público (MP) sólo pudo presentarla como entrevista.   El feminicida fue absuelto en abril de 2010 y liberado, por lo que el MP interpuso un recurso de casación. Tras la liberación de Barraza, Marisela Escobedo emprendió un camino incansable para obtener justicia.   

Inicialmente, Marisela Escobedo llevó sola el caso de su hija, caminaba diariamente desde la Fiscalía hasta la Ciudad judicial, pero tras la injusta sentencia, solicitó al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) presidido por la abogada Luz Estela Castro, que la representara legalmente y asumiera el juicio de casación correspondiente.   Ambas logaron que el Tribunal de Casación anulara la sentencia absolutoria, emitiera un fallo condenatorio contra Barraza Bocanegra, y ordenara que un nuevo Tribunal de Juicio Oral realizara una nueva audiencia.   Así, los magistrados determinaron que Barraza cometió el delito de homicidio agravado, le impusieron una sentencia de 50 años de prisión, y lo condenaron a pagar una indemnización de 38 mil 390 pesos a su hija. Pero el fallo nunca se ejecutó.   En julio de 2010, Marisela Escobedo volvió a localizar en Zacatecas a Sergio Barraza, y acompañó un operativo de la policía para detenerlo, pero éste se escapó.

DE VÍCTIMA A ACTIVISTA

Escobedo Ortiz encabezó marchas, colgó mantas en eventos oficiales, hizo plantones, se reunió con organizaciones civiles. Su solicitud siempre fue que las autoridades localizaran y encerraran al asesino de su hija, a quien ella, con sus propios recursos, había encontrado e informado a las autoridades dónde se encontraba.   Acudió a las autoridades estatales, pidió entrevistarse con el gobernador César Duarte, marchó desde Chihuahua a la Ciudad de México. También solicitó audiencia con el entonces titular del Ejecutivo, Felipe Calderón y el ex procurador general de la República Arturo Chávez, pero las puertas de sus oficinas nunca se le abrieron.

Mujeres de Chihuahua colocan ofrenda floral en memoria 

de Marisela Escobedo, instagram: @cedehm

 

Pero Marisela Escobedo no calló. El 10 de mayo del 2010 marchó desnuda en Ciudad Juárez y sólo se cubrió con un cartel que tenía la fotografía de su hija asesinada.

 

 “Me privaron de mis garantías como víctima, se pusieron en el papel de abogados defensores para el homicida, mientras a mí me dejaron sin ninguna garantía y con el dolor en la piel”, criticó en esa ocasión.

 

“Por ello vengo desnuda únicamente con las fotografías de mi hija; esto representa que en Ciudad Juárez las mujeres estamos olvidadas”, añadió.

 

También en 2010 la activista se plantó frente a la emblemática cruz de clavos, en la ciudad de Chihuahua, símbolo de la impunidad e injusticia de los asesinatos de mujeres en el estado. Después se instaló frente al Palacio de Gobierno.

LA TRÁGICA NOCHE

La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo -como lo había advertido ella misma dos días antes al denunciar las amenazas que pesaban en su contra- fue asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, luego de varios días instalada en un plantón para exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí, perpetrado en 2008.   Como se puede observar en los videos de vigilancia que captaron el momento, un hombre intentó dispararle y Marisela corrió hacia el Palacio de Gobierno, pero los guardias no abrieron las puertas, por lo que finalmente perdió la vida.   

COLOCAN PLACA EN SU HONOR Y LA QUITAN   

El 8 de marzo del 2011, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, activistas y defensoras de Derechos Humanos de Chihuahua, colocaron una placa en honor a la defensora que decía: "El 16 de diciembre del año 2010 cayó el cuerpo de Marisela Escobedo, asesinada por exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí".   Pese a que la habían puesto en la banqueta del Palacio de Gobierno,  ésta fue retirada la misma noche de ese día porque según las autoridades “dañaba el edificio histórico”.   

CHIVOS EXPIATORIOS   

El 7 de octubre de 2012, ante la presión mediática por esclarecer el caso, las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique Jiménez Zavala “el Wicked” como el asesino material de la activista.   Sin embargo, para su familia, el verdadero autor del crimen fue Antonio Barraza Bocanegra, hermano de Sergio (pareja de Rubí Marisol).   En noviembre de 2012, Sergio Barraza perdió la vida en medio de un enfrentamiento entre el crimen organizado (del que se presume formaba parte) y elementos del Ejército. Para diciembre de 2014, el “Wicked” fue asesinado en la cárcel, cerrándose así el caso y la posibilidad de conocer la verdad sobre el mismo.  

A 3 AÑOS DE LA RECOMENDACIÓN TODO SIGUE IGUAL

A 3 años de ocurrido el asesinato de la activista, la CNDH emitió la Recomendación 44/2013, ante la resistencia de la Fiscalía de Chihuahua para dar información sobre el avance y estado de los expedientes; por no haber investigado las amenazas que pesaban contra la defensora de Derechos Humanos (DH) previas a su asesinato; y ante la indebida procuración de justicia. La Recomendación fue dirigida al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.   De acuerdo con la CNDH el gobierno de Chihuahua es responsable de violar los DH de Marisela y de sus familiares, pues en un primer momento desdeñó la información proporcionada por la activista con respecto al asesino de su hija; no investigó las amenazas de muerte que le fueron proferidas; no brindó a sus hijos y nietos la seguridad necesaria tras el asesinato y los “orilló” al exilio en Estados Unidos.   

Por ello, recomendó que a la brevedad se brindara la asistencia médica, psicológica, social y material necesaria a quienes le sobreviven y ofrecer una disculpa institucional a las y los familiares de la luchadora civil.   También pedía realizar una investigación y sanción para los servidores públicos involucrados en los hechos que derivaron en la muerte de la activista y continuar con las investigaciones del crimen de Rubí,  desde las pruebas aportadas por la familia de la joven.   

A 6 años de los hechos, nadie ha sido sancionado, aunque en enero de 2014 la Fiscalía General del Estado aseguró que se habían abierto cuatro carpetas de investigación en contra de agentes de MP, policías y ex funcionarios que cometieron irregularidades.   * Con información de Anaiz Zamora Márquez y Gladis Torres Ruiz  Foto: cortesía Cedehm Por: la Redacción* Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

A 5 años del asesinato de Marisela Escobedo, Coahuila incumple recomendaciones de CNDH

   El caso podría ir a la CIDH

Al cumplirse hoy cinco años del asesinato de la defensora de Derechos Humanos (DH), Marisela Escobedo, activistas y sus familiares  exiliados exigieron  al gobierno de Chihuahua justicia ante el crimen y el cumplimiento de la  recomendación emitida en 2013 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que pide investigar a los funcionarios públicos y ofrecer una disculpa pública a la familia de la activista.

En actos simultáneos en El Paso, Texas, y en Chihuahua, Chihuahua, donde participaron  familiares de víctimas de feminicidio y personas exiliadas en Estados Unidos debido a la violencia,  se pidió también justicia por el asesinato de Rubí Marisol, la hija de Marisela,  asesinada en 2008 a los 16 años de edad.

Al mismo tiempo, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) adelantó que ante la impunidad en la que permanecen ambos crímenes y la omisión del Gobierno chihuahuense por dar cumplimiento a la recomendación 44/2013 de la CNDH, se está trabajando en el caso para llevarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Gobierno de Coahuila aseguró, en su momento, que daría cumplimiento a la recomendación, pero no ha cumplido ni siquiera la parte más sencilla, que es ofrecer una disculpa pública a los familiares, como tampoco ha investigado a  los funcionarios públicos que cometieron omisiones en la investigación de ambos crímenes y no protegieron a la activista en su momento, además de que desde hace dos años busca dar “carpetazo” al caso.

CRIMEN ANUNCIADO

La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo -como lo había advertido ella misma dos días antes al denunciar las amenazas que pesaban en su contra- fue asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, luego de varios días instalada en un plantón para exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí, perpetrado en 2008.

Como se puede observar en los videos de vigilancia que captaron el momento, un hombre intentó dispararle y Marisela corrió hacia el Palacio de Gobierno, pero los guardias no abrieron las puertas, por lo que finalmente perdió la vida.

Para ese momento, Marisela – reconocida por sus compañeras activistas como un ejemplo de lucha– había recorrido un largo camino en la exigencia de justicia para su hija Rubí, quien fue asesinada por su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien fue absuelto, pese a que confesó el asesinato, durante  el juicio oral que se celebró en su contra.

Luego se logró rectificar esa decisión absolutoria y Barraza fue condenado a 50 años de prisión, pero dicho fallo nunca se ejecutó.

ANTE LA OMISIÓN, ELLA INVESTIGÓ

Al igual que miles de madres que exigen justicia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ella se convirtió en investigadora y detectó en varias ocasiones el paradero del asesino de Rubí, pero las autoridades ignoraron la información y no lo aprehendieron.

Inicialmente, Marisela Escobedo llevó sola el caso de su hija, caminando diariamente desde la Fiscalía hasta la Ciudad judicial, pero tras la injusta sentencia, solicitó al Cedehm que la representara legalmente y asumiera el juicio de casación correspondiente.

Marisela realizó innumerables acciones para exigir justicia: en una ocasión marchó a la Ciudad de México y pidió una reunión con el entonces presidente Felipe Calderón, quien nunca accedió. También marchó a otras ciudades, como Zacatecas, en donde pudo localizar nuevamente al asesino de su hija, sin que la Fiscalía hiciera nada por detenerlo.

Ante la falta de respuesta de las diversas autoridades a nivel local y federal, en diciembre de 2010 decidió realizar el plantón frente a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, en donde finalmente perdió la vida.

E 7 de octubre de 2012, ante la presión mediática por esclarecer el caso, las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique Jiménez Zavala “el Wicked” como el asesino material de la activista.

El hermano de Marisela, quien vio el rostro del asesino, y otros familiares, negaron que Jiménez Zavala hubiera sido el autor del crimen. Más aún, desde el exilio, el hijo de Marisela, Juan Frayre Escobedo, sostuvo que el verdadero asesino de su madre es Antonio Barraza, hermano de Sergio Rafael Barraza.

En noviembre de 2012, Sergio Barraza perdió la vida en medio de un enfrentamiento entre el crimen organizado (del que se presume formaba parte) y elementos del Ejército. Para diciembre de 2014, el “Wicked” fue asesinado en la cárcel, cerrándose así el caso y la posibilidad de conocer la verdad sobre el mismo.

LA RECOMENDACIÓN

A principios de noviembre de 2013, ante la resistencia de la Fiscalía de Chihuahua a dar información sobre el avance y estado de los expedientes, la no investigación de las amenazas que pesaban contra la defensora de Derechos Humanos (DH) previas a su asesinato y ante la indebida procuración de justicia, la CNDH emitió la recomendación 44/2013 contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

De acuerdo con la Comisión, el Gobierno de Chihuahua es responsable de violar los DH de Marisela y de sus familiares, pues en un primer momento desdeñó la información proporcionada por la activista con respecto al asesino de su hija; no investigó las amenazas de muerte que le fueron proferidas; no brindó a sus hijos y nietos la seguridad necesaria tras el asesinato y los “orilló” al exilio en Estados Unidos.

Por ello, a la brevedad debía brindar la asistencia médica, psicológica, social y material necesaria a quienes le sobreviven y ofrecer una disculpa institucional a las y los familiares de la luchadora civil.

Tras una semana de recibida la recomendación, el consejero jurídico del gobierno local, Mario Trevizo Salazar, anunció que se acatarían todos los puntos del llamado. Posteriormente, el Gobernador chihuahuense anunció que ya se preparaba lo necesario para ofrecer la disculpa pública, pero hasta la fecha ninguna de las dos acciones se ha llevado a cabo.
La recomendación de la CNDH  (resultado de la queja promovida por la propia Marisela por el feminicidio de su hija, siete meses antes de que también fuera asesinada) también pedía realizar una investigación y sancionar a los servidores públicos involucrados en los hechos que derivaron en la muerte de la activista y continuar con las investigaciones del crimen de Rubí,  desde las pruebas aportadas por la familia de la joven.

Nadie ha sido sancionado, aunque en enero de 2014 la Fiscalía General del Estado aseguró que se habían abierto cuatro carpetas de investigación en contra de agentes de MP, policías y ex funcionarios que cometieron irregularidades.
Por ello, el Cedhem planea solicitar el apoyo de instancias internacionales para obligar al Estado a no dar “carpetazo” al asesinato de las dos mujeres chihuahuenses, Rubí y Marisela.

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.-

Mención a César Duarte desata rechifla en obra de Ofelia Medina

Seguir a @pmayorga_o

Patricia Mayorga

12 de marzo de 2015

Reportaje Especial

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Ante un teatro lleno, la actriz Ofelia Medina interpretó anoche en la obra “Dos mujeres” a la activista Marisela Escobedo Ortiz, asesinada en la puerta del Palacio de Gobierno de Chihuahua en 2010; y cuando mencionó al gobernador, César Duarte Jáquez, en uno de los diálogos de la obra, arrancó un abucheo general.

La representación fue una pieza teatral con monólogos de Escobedo y diálogos con su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo –interpretada por la actriz Alejandra Haydeé–, quien fue asesinada en el 2008.

Durante más de una hora, la obra llevó a los espectadores a acercarse a la relación de la madre soltera con su hija adolescente antes de que comenzara la tragedia.

Sergio Rafael Barraza Bocanegra, señalado por Escobedo como el que le arrebató a su hija y destruyó a su familia, es mencionado en la puesta en escena como El Diablo.

A lo largo de la obra, las actrices rememoraron que la familia Escobedo es de Juárez, pero Marisela llevó a sus hijos a vivir a El Paso, Texas, Estados Unidos, para ofrecerles un mejor futuro.

Con su trabajo de enfermera y comerciante en una maderería, la mujer se esforzó por sacarlos adelante. Cuando Rubí llegó a la adolescencia, la llevó a vivir con ella a Juárez para que aprendiera a manejar el negocio de la familia.

El Diablo llegó con ellas a base de engaños. Contó a Marisela que necesitaba trabajar porque tenía una esposa y una hija de cinco años que mantener. Conmovida, ella lo ayudó.

Las dos actrices retrataron el calvario de la madre en busca de su hija y diferentes facetas de la adolescente enamorada de un hombre violento con quien tuvo una hija.

“Resiste mamá, resiste”, decía Rubí en el escenario a Marisela, cuando la joven desapareció y luego la encontró muerta en una “marranera” en Juárez. “Resiste”, repetía cuando escuchó la sentencia absolutoria de Sergio Barraza El Diablo y cuando luchó por buscar justicia de Juárez a Chihuahua.

Ofelia Medina narró el doloroso camino que Marisela pasó al lado de otras madres en busca de sus hijas. Lo contó a través de frases documentadas en los medios de comunicación a partir de su disposición a recorrer, con su nieta en la carriola, el desierto desde Juárez a la capital para buscar al gobernador, César Duarte, y exigirle justicia.

Según la obra, una vez en Chihuahua, Marisela Escobedo confrontó a las autoridades, pero no tuvo respuesta.

“¿La policía? No hace nada. Les he llevado pruebas y nada… Renuncien si no pueden”, dijo imperativa la actriz.

“¿El gobernador?”, continuó el monólogo como si alguien le hubiese preguntado qué hacía César Duarte.

De inmediato, una fuerte interjección que expresó duda, se escuchó en todo el recinto: “mmmm”.

“Nada más se burlan de nosotros… en México no hay justicia”, continuó Ofelia Medina. Los aplausos de los asistentes no esperaron.

“¿Qué quieren?, ¿que me maten a mí también?, pues que me maten aquí, frente a las puertas del palacio de gobierno. A ver si así les da vergüenza”, expresó Ofelia Medina.

Así, tal cual, le dijo Marisela Escobedo al gobernador cuando los guardias de seguridad la sacaron de un evento de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh).

Previo al momento en el que Ofelia Medina representó el asesinato de Marisela y el encuentro con su hija Rubí Marisol, hubo un acto fuera del guion.

Un fuerte grito se escuchó en el público. Era Olaya Dozal, maestra de ciudad Cuauhtémoc, que busca a su hija desaparecida. La misma que representó a familiares de personas desaparecidas en el Comité contra la desaparición forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, el mes pasado.

Su historia es parecida a la de Marisela pues ha buscado a su hija y ha entregado a las autoridades información sobre la persona que se la llevó. Sin embargo, hasta ahora no hay ningún avance.

Ante la acción inesperada, Ofelia Medina bajó del escenario para tratar de tranquilizar a la madre en el momento de catarsis de la obra. A los pocos minutos, cuando un grupo de activistas brindó apoyo a Olaya, la actriz regresó al escenario.

“Hasta que la justicia se siente entre nosotros”, repitieron una y otra vez las actrices de “Dos Mujeres”.

Al finalizar la representación, la cantante chihuahuense Lavinia Ekaterina entonó una canción compuesta a Marisela Escobedo.

Luego, familiares de personas desaparecidas subieron al escenario para agradecer el acompañamiento de Ofelia Medina en su búsqueda por “la verdad y la justicia”. Ella se comprometió a continuar la lucha con ellos.

Además, representantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) recordaron que, además de Marisela Escobedo, han fallecido otras mujeres en busca de personas desaparecidas, como Martha Loya, Guadalupe Fierro y Artemisa Ibarra, a quien desaparecieron con un hermano durante la búsqueda de un sobrino y otro hermano.

“Dos mujeres” se realizó bajo la dirección y adaptación de Raúl Zermeño y Ofelia Medina, basada en el texto “Perlas a los cerdos” de Alejandro Román Bahena. 

Reportaje - Aunque el Estado lo niegue, asesinato de Marisela Escobedo continúa impune

REPORTAJE

Feminicidio Ciudad Juárez

   Fabricaron culpable, acusa familia

Especial

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México DF.- 

Saben quién es el feminicida, hay pruebas, pero lo dejaron ir y a la familia no le basta una disculpa pública, quiere justicia para Marisela y para su hija Rubí.

La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo -como lo había previsto ella misma dos días antes al denunciar las amenazas que pesaban en su contra- fue asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua. La razón: exigir justicia por el feminicidio de su hija de 16 años, Rubí Marisol Frayre Escobedo cometido en 2008.
A tres años de distancia, para las autoridades estatales ambos casos están resueltos. Pero para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones civiles y la defensa de la familia, la impunidad, omisión, negligencia y la falta de reparación del daño persiste.
De acuerdo con Carlos Spector, representante legal de la familia de Marisela Escobedo, si el gobierno no admite que el caso no está resuelto y continúa negándose a admitir las pruebas presentadas sobre el verdadero responsable del asesinato, la disculpa pública que se pretender dar a la familia por la violación a sus DH, lejos de reparar el daño “sería una falta de respeto”.
Y es que a principios de noviembre de este año, ante la resistencia de la Fiscalía de Chihuahua a dar información sobre el avance y estado de los expedientes, la no investigación de las amenazas que pesaban contra la defensora de Derechos Humanos (DH) previas a su asesinato y ante la indebida procuración de justicia, la CNDH emitió la recomendación 44/2013 contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
De acuerdo con la Comisión, el gobierno de Chihuahua es responsable de violar los DH de la activista y de sus familiares, pues en un primer momento desdeñó la información proporcionada por la activista con respecto al asesino de su hija, no investigó las amenazas de muerte que le fueron proferidas, no brindó a sus hijos y nietos la seguridad necesaria tras el asesinato y los “orilló” al exilio en Estados Unidos.

Por ello, a la brevedad debe brindar la asistencia médica, psicológica, social y material necesaria a quienes le sobreviven y ofrecer una disculpa institucional a las y los familiares de la luchadora civil.

Tras una semana de recibida la recomendación, el consejero jurídico del gobierno local, Mario Trevizo Salazar, anunció que se acatarían todos los puntos del llamado. Posteriormente, el gobernador chihuahuense anunció que ya se preparaba lo necesario para ofrecer la disculpa pública a los familiares, sin especificar cuándo y bajo qué circunstancias esto tendría lugar.

En entrevista con esta agencia, Spector sostuvo que no basta una disculpa pública, pues lo verdaderamente importante es que se otorgue justicia y reiteró que las autoridades conocen quién es el asesino de la activista, ya que en su momento se dieron a conocer las pruebas (videos y fotografías) y los testimonios necesarios para su identificación; no obstante “les pareció más fácil fabricar a un culpable”.

Cabe recodar que el 7 de octubre de 2012, las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique Jiménez Zavala “el Wicked” como el asesino material de la activista.

Ante lo cual -desde el exilio- Juan Frayre Escobedo, hijo de Marisela, sostuvo que el verdadero asesino de su madre es Antonio Barraza, hermano de Sergio Rafael Barraza quien pese a haber confesado el asesinato de Rubí Marisol fue absuelto durante el juicio oral que se celebró en su contra. Y aunque se logró rectificar la decisión y que se le condenara a 50 a años de prisión, el fallo nunca se ejecutó.

En noviembre de 2012, Sergio Barraza perdió la vida en medio de un enfrentamiento entre el crimen organizado (del que se presume formaba parte) y elementos del ejército. Con su muerte y la aprensión del “Wicked” se dieron por resueltos los casos.

En opinión del también representante de víctimas de violencia que piden asilo en Estados Unidos, la detención del presunto asesino forma parte de la larga cadena de chivos expiatorios creados por el gobierno local con “el objetivo de similar un Estado de derecho y de justicia que no existe”, pero la realidad es que el asesinato de Marisela Escobedo y de su hija continúan en la impunidad.

Destacó que aunque lo han solicitado en reiteradas ocasiones, el gobierno federal se ha negado a atraer la investigación, al considerar que se trata de un delito del orden común, “sin considerar que las pruebas apuntan a que los  autores materiales de ambos crímenes pertenecen al crimen organizado” y a que los delitos en contra de las defensoras deberían tener vital relevancia.

Finalmente Spector sostuvo que si bien la recomendación de la CNDH no resolverá por sí misma la impunidad de los asesinatos, abre la puerta para emprender nuevas acciones para eliminar la impunidad del caso.
 

Asesinato de Marisela Escobedo sigue impune

NACIONAL
VIOLENCIA
   Falta castigar a personal de Fiscalía que negó justicia

CIMACFoto | César Martínez López

Por: Gladis Torres Ruiz

Cimacnoticias | México, DF.- 

A dos años del feminicidio de Marisela Escobedo, su caso y el de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, asesinada en Ciudad Juárez a los 16 años, siguen a la espera de justicia.

Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), abogada del caso de la hija de Marisela y quien la acompañó en su exigencia de justicia hasta que fue asesinada, afirmó que en ambos casos el Estado de Derecho “no funcionó”, tal y como ocurre con la mayoría de los asesinatos de mujeres en la entidad, a pesar de que cuenta con sentencias y recomendaciones internacionales en la materia.

La defensora de Derechos Humanos (DH) Marisela Escobedo fue asesinada el 16 de diciembre de 2010 a las puertas del Palacio de Gobierno mientras exigía justicia para su hija Rubí, víctima de feminicidio.

En entrevista telefónica, la abogada señaló que la muerte de Sergio Barraza y la captura del presunto sicario José Enrique Jiménez “El Wicked”; no resuelven los crímenes como ya lo aseguró el mes pasado el gobernador de Chihuahua, César Duarte, tras el asesinato de Barraza en Zacatecas.

Castro afirmó que al gobierno local “le cayó muy bien” la muerte del asesino confeso de Rubí Marisol, para dar por cerrado el caso, que desde una óptica de DH está pendiente y se tendría que estar investigando a quienes propiciaron la impunidad y obstaculizaron el acceso a la justicia para las víctimas.

La activista recordó que meses antes de morir, Marisela y el Cedehm lograron una sentencia de 50 años contra Barraza Bocanegra, la cual nunca se ejecutó al estar prófugo el feminicida y a pesar de que Escobedo siempre señaló que el asesino de su hija estaba en Zacatecas.

La instancia que habría incurrido en omisión y negligencia en el caso sería la Fiscalía General del estado de Chihuahua, cuyo titular es Carlos Manuel Salas.

SIN JUSTICIA

Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, igualmente insistió que ni a Marisela ni a Rubí Marisol se les hizo justicia.

Afirmó que estos casos evidencian la incapacidad de las autoridades judiciales de Chihuahua, y recordó que la familia de Marisela denunció en su momento que “El Wicked” no es el asesino de la activista, pero la Fiscalía se negó a escuchar su versión y se dedicó a fabricar “chivos expiatorios”, a decir de las y los familiares.

Luz Estela Castro apuntó que el feminicidio de Rubí se perpetró en 2008, cuando el Estado mexicano ya había sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los asesinatos y desapariciones de mujeres en la entidad.

En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció a México por el feminicidio de tres jóvenes encontradas en el predio conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez.

A pesar del fallo que ordenó castigo a los responsables, reparación del daño y medidas de prevención, los asesinatos de mujeres se incrementaron de manera exponencial: mientras en 2007 se registraron 53 crímenes, en 2010 la cifra llegó a 584, según reportes del Cedehm.

MARISELA: UNA VIDA DE LUCHA

Escobedo era enfermera jubilada del IMSS y atendía una fábrica de muebles en Juárez de la cual era propietaria. Tras su divorcio trabajó para mantener a Alejandro, Juan Manuel, Yesica, Paul y Rubí, sus hijas e hijos.

Convencida de que tendrían una mejor vida en Estados Unidos, decidió llevarlos a El Paso, Texas. Durante años cruzó continuamente a Ciudad Juárez para trabajar en el IMSS.

Cuando sus hijos mayores crecieron regresó a vivir a Juárez acompañada de Rubí Marisol, quien conoció a Sergio Rafael Barraza Bocanegra en la fábrica de muebles de Marisela. La adolescente se enamoró y procreó una niña de nombre Heidi, ahora de cinco años de edad.

Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 16 años, desapareció en agosto de 2008, su madre, Marisela Escobedo Ortiz, presentó el reporte formal ante la Unidad de Personas Ausentes, Extraviadas y Desaparecidas en Ciudad Juárez.

Ante la inacción de las autoridades, Marisela se puso a investigar y logra ubicar a la familia de Sergio y con ellos a su nieta, pero no a su hija.

En enero de 2009 Sergio desaparece con la niña y Marisela inicia su búsqueda. Ella logra ubicarlo junto con la niña en Zacatecas.

Durante la detención por el delito de sustracción de menor, Sergio confiesa el asesinato de Rubí Marisol y dice a los policías dónde quemó y tiró el cuerpo de la joven.

La confesión de Barraza no tuvo validez porque cuando la hizo no estuvo presente un defensor; el Ministerio Público (MP) sólo pudo presentarla como entrevista.

Durante el juicio oral el feminicida es absuelto y el MP interpone un recurso de casación. Tras la liberación de Barraza, Marisela Escobedo emprendió una lucha por la justicia.

Como coadyuvante de la víctima participó la abogada Luz Estela Castro y se logró que el Tribunal de Casación anulara la sentencia absolutoria, emitiera un fallo condenatorio contra Barraza Bocanegra, y ordenara que un nuevo Tribunal de Juicio Oral realizara una nueva audiencia.

Así los magistrados determinaron que Barraza cometió el delito de homicidio agravado, le impusieron una sentencia de 50 años de prisión, y lo condenaron a pagar una indemnización de 38 mil 390 pesos a su hija. Pero el fallo nunca se ejecutó.

CAMINO LARGO

Marisela encabezó marchas, colgó mantas en eventos oficiales, hizo plantones, se reunió con organizaciones civiles… Su solicitud siempre fue que las autoridades localizaran y encerraran al asesino de su hija, a quien ella, con sus propios recursos, encontró e informó a las autoridades dónde se encontraba.

Acudió a las autoridades estatales, pidió entrevistarse con el gobernador César Duarte, marchó desde Chihuahua al DF. También solicitó audiencia con Felipe Calderón y el ex procurador general de la República Arturo Chávez, pero las puertas nunca se le abrieron.

Ante ello Marisela no calló: el 10 de mayo de 2010 marchó desnuda en Juárez y sólo se cubrió con un cartel que tenía la fotografía de su hija asesinada.

 “Me privaron de mis garantías como víctima, se pusieron en el papel de abogados defensores para el homicida, mientras a mí me dejaron sin ninguna garantía y con el dolor en la piel”, criticó en esa ocasión.

“Por ello vengo desnuda únicamente con las fotografías de mi hija; esto representa que en Ciudad Juárez las mujeres estamos olvidadas”, añadió.

También en 2010 la activista se plantó frente a la cruz de clavos, en la ciudad de Chihuahua, símbolo de la impunidad e injusticia de los asesinatos de mujeres en el estado. Después se instaló frente al Palacio de Gobierno.

Por su activismo recibió amenazas de muerte y fue asesinada el 16 de diciembre de 2010, a la edad de 52 años, de un balazo en la cabeza sin obtener la ansiada justicia por la que clamó durante dos años.

Las autoridades estatales han presentado a dos presuntos asesinos. Uno de ellos en octubre pasado: “El Wicked”. Tras su captura la Fiscalía anunció el cierre del caso.

Posteriormente en noviembre, Sergio Barraza, señalado como líder de un grupo delictivo, tal como ya lo había denunciado Marisela, fue abatido durante un tiroteo entre el Ejército y presuntos criminales en la ciudad de Zacatecas.