REPORTAJE
Fabricaron culpable, acusa familia
Especial
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México DF.- Saben quién es el feminicida, hay pruebas, pero lo dejaron ir y a la familia no le basta una disculpa pública, quiere justicia para Marisela y para su hija Rubí.
La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo -como lo había previsto ella misma dos días antes al denunciar las amenazas que pesaban en su contra- fue asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua. La razón: exigir justicia por el feminicidio de su hija de 16 años, Rubí Marisol Frayre Escobedo cometido en 2008.
A tres años de distancia, para las autoridades estatales ambos casos están resueltos. Pero para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones civiles y la defensa de la familia, la impunidad, omisión, negligencia y la falta de reparación del daño persiste.
De acuerdo con Carlos Spector, representante legal de la familia de Marisela Escobedo, si el gobierno no admite que el caso no está resuelto y continúa negándose a admitir las pruebas presentadas sobre el verdadero responsable del asesinato, la disculpa pública que se pretender dar a la familia por la violación a sus DH, lejos de reparar el daño “sería una falta de respeto”.
Y es que a principios de noviembre de este año, ante la resistencia de la Fiscalía de Chihuahua a dar información sobre el avance y estado de los expedientes, la no investigación de las amenazas que pesaban contra la defensora de Derechos Humanos (DH) previas a su asesinato y ante la indebida procuración de justicia, la CNDH emitió la recomendación 44/2013 contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
De acuerdo con la Comisión, el gobierno de Chihuahua es responsable de violar los DH de la activista y de sus familiares, pues en un primer momento desdeñó la información proporcionada por la activista con respecto al asesino de su hija, no investigó las amenazas de muerte que le fueron proferidas, no brindó a sus hijos y nietos la seguridad necesaria tras el asesinato y los “orilló” al exilio en Estados Unidos.
Por ello, a la brevedad debe brindar la asistencia médica, psicológica, social y material necesaria a quienes le sobreviven y ofrecer una disculpa institucional a las y los familiares de la luchadora civil.
Tras una semana de recibida la recomendación, el consejero jurídico del gobierno local, Mario Trevizo Salazar, anunció que se acatarían todos los puntos del llamado. Posteriormente, el gobernador chihuahuense anunció que ya se preparaba lo necesario para ofrecer la disculpa pública a los familiares, sin especificar cuándo y bajo qué circunstancias esto tendría lugar.
En entrevista con esta agencia, Spector sostuvo que no basta una disculpa pública, pues lo verdaderamente importante es que se otorgue justicia y reiteró que las autoridades conocen quién es el asesino de la activista, ya que en su momento se dieron a conocer las pruebas (videos y fotografías) y los testimonios necesarios para su identificación; no obstante “les pareció más fácil fabricar a un culpable”.
Cabe recodar que el 7 de octubre de 2012, las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique Jiménez Zavala “el Wicked” como el asesino material de la activista.
Ante lo cual -desde el exilio- Juan Frayre Escobedo, hijo de Marisela, sostuvo que el verdadero asesino de su madre es Antonio Barraza, hermano de Sergio Rafael Barraza quien pese a haber confesado el asesinato de Rubí Marisol fue absuelto durante el juicio oral que se celebró en su contra. Y aunque se logró rectificar la decisión y que se le condenara a 50 a años de prisión, el fallo nunca se ejecutó.
En noviembre de 2012, Sergio Barraza perdió la vida en medio de un enfrentamiento entre el crimen organizado (del que se presume formaba parte) y elementos del ejército. Con su muerte y la aprensión del “Wicked” se dieron por resueltos los casos.
En opinión del también representante de víctimas de violencia que piden asilo en Estados Unidos, la detención del presunto asesino forma parte de la larga cadena de chivos expiatorios creados por el gobierno local con “el objetivo de similar un Estado de derecho y de justicia que no existe”, pero la realidad es que el asesinato de Marisela Escobedo y de su hija continúan en la impunidad.
Destacó que aunque lo han solicitado en reiteradas ocasiones, el gobierno federal se ha negado a atraer la investigación, al considerar que se trata de un delito del orden común, “sin considerar que las pruebas apuntan a que los autores materiales de ambos crímenes pertenecen al crimen organizado” y a que los delitos en contra de las defensoras deberían tener vital relevancia.
Finalmente Spector sostuvo que si bien la recomendación de la CNDH no resolverá por sí misma la impunidad de los asesinatos, abre la puerta para emprender nuevas acciones para eliminar la impunidad del caso.
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