La
bandera porosa de la consulta popular sobre reforma energética en 2015
es fundamental para la supervivencia de los Chuchos como factor
dominante del Partido de la Revolución Democrática y de éste como
principal organización de la izquierda electoral.
A diferencia del PAN, que se quedó con triple ganancia
propagandística de cara a las urnas (con las fronteras agradecidas
porque el blanquiazul no aprobó la homologación del impuesto
al valor agregado tan repudiada en esas latitudes, con las
modificaciones político-electorales de condicionados pero efectistas
avances, y con lo energético remodelado a gusto de la clientela más
privatizadora), el sol azteca no cuenta con piezas valiosas para el
siguiente trueque electoral, el de 2015.
Por el contrario, comparte el descrédito priísta en las fronteras y
no podrá compensarlo a plenitud mediante la distribución de recursos a
través de planes de desarrollo social (pues el PRI acabará usando para
su particular interés electoral esos pertrechos provenientes de la
miscelánea fiscal), ceñirá su área real de influencia al Distrito
Federal (con más disponibilidad de fondos y una reforma política
prometida para febrero próximo, pero con la desventaja de que en la
capital del país el PRD clásico tiene su mayor fortaleza pero también
su mayor reto, con Morena que tiene una gran aceptación gracias a la
popularidad de AMLO) y, si se confirman las insistentes
interpretaciones que aseguran que la consulta popular fue
intencionalmente diseñada para blindarla contra modificaciones en
materia energética, se quedará sin la mínima zanahoria necesaria para
transitar el difícil tramo que desembocará en los comicios intermedios
de 2015.
La famosa consulta popular ha dejado entrever desde el principio su
condición de entretenimiento coyuntural para aparentar que más delante,
en un ejercicio democrático a realizar en un país cada día más
antidemocrático, más controlado, más entregado a poderes incluso
extranjeros, se podría cambiar a base de votos el gran negocio
petrolero cuya inamovilidad será defendida con todo lo que sea
necesario por los vigorosos y arrolladores intereses coaligados para su
disfrute.
Tan peregrina suposición fue ardorosamente abrazada por Cuauhtémoc
Cárdenas, Marcelo Ebrard, el PRD a través de su grupo hegemónico, Nueva
Izquierda y, como última medida, por Andrés Manuel López Obrador, quien
pretendía que la consulta se realizara antes de la votación en cámaras
o, si esto no fuera posible, al largo plazo aprobado por los otros
dirigentes. Con esa promesa consultora se pretendió justificar el
conjunto de omisiones, silencios y fintas que esa izquierda cometió a
la hora de la lucha verdadera contra la privatización de la riqueza
energética.
La coartada a futuro ha sido puesta en entredicho cuando aún están
humeantes los cañones políticos que a marchas forzadas han hecho a
congresos estatales aprobar entre ignominia la mencionada reforma
superlativa. Desde los sepulcros históricos de su paso por la
presidencia del Instituto del Fraude Electoral en 2006, Luis Carlos
Ugalde reapareció para promover un análisis jurídico que confirma la
inviabilidad de la pretensión perredista de la consulta sobre el tema
energético.
El
coordinador de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado, puntualizó
que tales consultas no pueden realizarse en temas de ingresos fiscales
y que Pemex está en ese apartado. Jesús Ortega y Jesús Zambrano han
defendido la pertinencia de esa bandera porosa pero, a menos que saquen
un conejo argumental incontrovertible desde el fondo de la chistera de
las negociaciones, todo indica que deberán navegar rumbo a las urnas
intermedias con una nave sin mayores insignias.
En otro terreno, la inconformidad y las protestas continúan a pesar
de que el Gobierno del Distrito Federal ha pretendido montar un
descuadrado escaparate de acciones en busca de legitimar la reciente
alza a las tarifas del Metro. A falta de mejores recursos, la
administración de Miguel Ángel Mancera ha puesto a un subdirector de
ese servicio de transporte colectivo a argüir razones
patrióticaspara salvarlo de previsibles privatizaciones cuando la plaza sea
entregadaa políticos sin compromiso de izquierda y a un secretario de gobierno a anunciar mesas de trabajo con
inconformesdesconocidos y sin representatividad, para demostrar que se
dialogay se llega a
acuerdos.
La alacena política de la autoridad capitalina se ve tan desprovista que los argumentos
patrióticosy los diálogos sin legitimidad podrían correr la misma suerte desfondada de las encuestas a partir de las cuales Mancera instaló nuevos cobros y desató una crisis prolongada cuyos motivos no son solamente los del Metro, sino también el rechazo tajante a la reforma energética y a los trazos de privatización de la protesta pública que han hecho en conjunto Mancera y Peña Nieto.
Por lo pronto, este jueves y viernes habrá activismo en diversas
estaciones, con la consigna del #MetroPopular que invita a usuarios a
pasar sin pago por los torniquetes.
El mismo viernes se realizará una marcha que teóricamente irá del
Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino (a sabiendas de que el
GDF ha declarado inaccesible la Plaza de la Constitución para protestas
populares, con más razón ahora que hay ahí gélidos entretenimientos de
temporada). En ella participarán actores, artistas, académicos,
periodistas y ciudadanos en general, a partir de una convocatoria
impulsada especialmente por el productor Epigmenio Ibarra.
El sábado habrá otra marcha, con participantes en movilizaciones
anteriores y con similar trayectoria. En esta movilización la textura
será de mayor cohesión ideológica y aparte de las consignas
tradicionales (Metro, reforma energética, criminalización) se agregará
la muy específica demanda de libertad a los presos políticos. En ambos
casos la partida será a las 16 horas.
Y, mientras Mancera saca brillo y sostiene lo mejor de su
administración, la política de ayuda a segmentos populares, que camina
más allá de vaivenes en las cúpulas, ayer con la entrega de las
tarjetas denominadas Capital Social, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Con
una pasmosa velocidad los congresos locales siguen aprobando la reforma
petrolera y energética. Bastó un fin de semana para que se reuniera la
autorización de los 17 que, como mínimo, señala la Constitución para
que una modificación a su texto pueda realizarse. La rapidez se explica
en función de la corrupción, y no es reciente. Un caso: Baja
California. Su legislatura se compone de 25 diputados y tiene fama de
ser la más costosa de todas. La noche del lunes votó la reforma: 12
diputados en favor, siete en contra, una abstención y cinco ausencias.
Los que votaron a favor fueron cinco del PRI, cinco del PAN, uno del
partido local Encuentro Social y uno del Verde. En contra, uno del PRD,
dos de MC, dos del Partido Estatal de Baja California y dos del PT. La
única abstención fue del PAN. ¿Cuánto cuesta cada diputado a los
contribuyentes? De acuerdo con el Observatorio Ciudadano, 831 mil pesos
al mes. Además, cada uno tiene a su disposición un staff de
26 personas: asesores, ayudantes, secretarias, asistentes, guaruras,
etcétera. Ninguno renunciaría a sus privilegios; al contrario, son
decididos partidarios de la relección. Así que cuando el poder central
necesita que aprueben una reforma constitucional, sabe que los tiene
asegurados.
El ensayo uruguayo
Uruguay se ha convertido en el primer país en crear un
mercado nacional para la mariguana, con el Estado a cargo de la
regulación de la producción, las ventas y el control para prevenir
adicciones y violencia. El presidente José Mujica ha dicho que espera
que el mercado comience a operar el año que viene. El gobierno
promocionó la iniciativa y cabildeó en el Congreso. Los gastos fueron
financiados en gran medida por el controvertido multimillonario y
especulador financiero de origen húngaro George Soros, y sus
organizaciones Open Society Foundations y Drug Policy Alliance. En
septiembre, Mujica se reunió con Soros y otro multimillonario, David
Rockefeller, en Nueva York, para explicar su plan para establecer un
marco de legalidad para la mariguana. Estas negociaciones merecieron a
Mujica duras críticas por parte de sus opositores. La Open Society
Foundation, ahora dirigida por Pedro Abramovay, ex secretario de
Justicia de Brasil, también financia a otros grupos que buscan cambiar
la legislación sobre la mariguana, como la Comisión Global sobre
Política de Drogas, integrada por los ex presidentes Ernesto Zedillo,
de México; César Gaviria, de Colombia, y Henrique Cardoso, de Brasil.
Mínimo de 150 pesos la hora
Washington, la capital de Estados Unidos, será la ciudad
donde se pague el salario mínimo más alto de ese país: 11.50 dólares la
hora (150 pesos, con un tipo de cambio de 13 pesos y centavitos por
dólar). Entrará en vigor en 2016. Actualmente es de 8.25 dólares. Le
quitará a San Francisco el primer lugar, ya que en la ciudad
californiana es de 10 dólares. A partir de 2016, el mínimo se indexará
automáticamente a la inflación. De ese modo terminarán los jalones
entre los empleados y sus patrones. En Estados Unidos hay salario
federal y local. El federal es de 7.25 dólares la hora.
Veinte años atrás los astilleros del Estado mexicano fueron
desincorporados–privatizados, desmantelados o simplemente borrados del mapa público–
por no ser estratégicos ni prioritariospara el desarrollo nacional, no obstante que, mal que bien, construían embarcaciones de gran calado para, entre otros, Petróleos Mexicanos, y empleaban directamente a más de 10 mil trabajadores mexicanos.
Pero, ¡oh, sorpresa! Ahora, y por iniciativa de Felipe Calderón,
Juan Camilo Mouriño y Enrique Peña Nieto, la (aún) paraestatal decidió
rescatarfinancieramente una empresa gallega dedicada a esos menesteres que
no son estratégicos ni prioritariose inyectarle recursos públicos por alrededor de 5 mil 200 millones de pesos (300 millones de euros) para la construcción de cuando menos tres buques tanques… para Pemex, y de paso generar 4 mil empleos para los españoles, porque, según dicen,
los astilleros mexicanos no tienen la capacidad suficientey, es de suponer, si en México algo sobra son empleos.
Es la vieja historia y el tétrico saldo de 30 años de política privatizadora. El corresponsal de La Jornada
en España, Armando G. Tejeda, lo detalla así: “Petróleos Mexicanos
justificó la operación de rescate a la industria naval gallega –con una
primera ola de inversiones de más de 300 millones de euros–, con el
argumento de que ‘los astilleros mexicanos no tienen la capacidad’ para
construir buques o barcos de ‘alta sofisticación’, según explicó el
coordinador de asesores de la paraestatal, Carlos Roa, (quien) confirmó
que la operación de adquisición del 51 por ciento de las acciones de
los astilleros Hijos de J. Barreras costó 5 millones 100 mil euros, que
ya fueron desembolsadas de las arcas de PMI, la filial de Pemex en el
extranjero”.
Tejeda precisa que “los Hijos de J. Barreras es un astillero que se
encontraba en una situación delicada, al no firmar ningún contrato
desde hace varios años. Su último trabajo fue la entrega de un ferry de
pasajeros en mayo de 2011. La empresa se encontraba al borde la quiebra
y con toda su plantilla –100 trabajadores– sometidos a un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE). Según Roa, la operación no está motivada
por la intención de rescatar al sector naval español para ayudar al
país por la severa crisis que sufre desde hace más de un lustro, sino
con el objetivo de hacer más rentable la cadena productiva de Pemex”.
Pues bien, en lugar de
hacer más rentable la cadena productiva de Pemexcon los astilleros con los que México contaba dos décadas atrás, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en su fiesta privatizadora, vendió, desmanteló o simplemente borró del mapa a la empresa Astilleros Unidos, propiedad del Estado, y sus unidades (Ensenada, Veracruz, Guaymas y Mazatlán –posteriormente vendido a una empresa española–, hasta donde la memoria da) fueron entregados a empresas privadas que poco tardaron en ser rescatadas por el erario y cómodamente destinadas a la
panzadel Fobaproa, como en el caso del consorcio Sidek.
Ese consorcio se quedó con Astilleros Unidos de Ensenada y
Astilleros Unidos de Mazatlán, por medio de Simec, y sus cabezas
visibles eran los hermanos Jorge, José y Guillermo Martínez Güitrón,
quienes también participaban en los consejos de administración de
Bancomer, Banamex e Internacional, bancos que a su vez fueron
rescatadospor el Fobaproa y que terminaron extranjerizados. También aparecía Juan Gallardo Thurlow, el negociador del TLCAN por la parte empresarial y accionista del Grupo México, que preside Germán Larrea (el de Pasta de Conchos).
Y el
rescatedel grupo Sidek le costó –le cuesta– a los mexicanos más de 2 mil 200 millones de dólares (intereses aparte), más la cancelación de buena parte de la industria naval mexicana (un sector estratégico en cualquier parte del mundo, menos en México), los miles de empleos que ella generaba y el impulso que aportaba para el crecimiento económico nacional. Pero ahora todo ello se busca lograr en España, donde sin duda alguna su industria naval es más que relevante.
Astilleros Unidos de Veracruz, la mayor y más avanzada de todas,
constructora de buque-tanques, con alrededor de 5 mil trabajadores, fue
entregado a un consorcio extranjero: Sokana Industries, cuyo
representante jurídico en México no era otro que (¡sorpresa!) Santiago
Creel Miranda, quien en los años del salinato asesoró al gobierno del
innombrable en la privatización de muchas empresas del Estado, y lo
hizo mediante un despacho de abogados junto al cuñado del gran
privatizador Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda éste que de
tiempo atrás es febril promotor de
proyectos energéticos para la inversión privada en México, por medio de su empresa Protego, el mismo que hoy celebra y se frota las manos por la
reformaenergética, al lado del ejército de ex funcionarios que están en las mismas.
Entonces, los astilleros
no son estratégicos(como tampoco ahora lo son petróleo y la electricidad, de acuerdo con los términos de la
reformarecientemente aprobada), pero qué gran negocio para terceros países. Y en esta historia de gallegos y charros (ver México SA del 27 de noviembre de 2013) vale recordar lo publicado por el rotativo La Voz de Galicia (18 de julio de 2007): “el jefe de la Oficina del Presidente, Juan Camilo Mouriño Terrazo, hijo del actual presidente del Celta, Carlos Mouriño, contactó la pasada semana en Vigo con empresarios del sector para valorar el inicio negociaciones a corto plazo. Mouriño Terrazo declaró que su gobierno está ‘muy interesado’ en el establecimiento de acuerdos con el sector naval gallego, situado entre los mejores del mundo. ‘Queremos encargar nuestros barcos en Galicia, pero también que inversores gallegos puedan entrar en México para ayudarnos a desarrollar este sector’, dijo tras reconocer que la construcción naval ha sido ‘maltratada’ en México”. Y Peña Nieto se lo cumplió.
Las rebanadas del pastel
En vísperas del 20 aniversario del TLC, y con 43
tratados comerciales bilaterales firmados por México, el Inegi resume,
mediante numeralia, la
gran democratización(Salinas dixit) del comercio exterior mexicano: el 9 por ciento de las empresas que operan en el país (no necesariamente mexicanas) concentra el 82 por ciento del valor total del comercio exterior; las grandes y medianas se quedan con el 9 y 8 por ciento, respectivamente, y las pequeñas con apenas uno por ciento. De ese tamaño es la
gran democratizaciónalcanzada.
Twitter: @cafevega
D.R.: cfvmexico_sa@hotmail.com
El
domingo pasado quedará registrado en San Luis Potosí como el día en que
el gobierno gris y carente de resultados del priísta Fernando Toranzo
Fernández incorporó una nueva característica: la de represor.
Apuntado en la carrera de gobernadores con congresos locales a su
servicio, Toranzo no dudó en echar mano de las fuerzas policiacas para
figurar entre los 17 estados que aprobaron la reforma energética, como
si de ello dependiera un premio.
Los agravios locales operados por los propios legisladores, como el
cobro del impuesto a la tenencia vehicular y un aumento de 54 por
ciento a las tarifas de agua potable, entre otros, convirtieron la sede
del Legislativo local en un centro de repudio popular que desde la
noche del viernes fue sitiado por centenares de policías.
Como si el envío de la minuta de la reforma energética a los estados
hubiese sido luz verde para darle trámite, aplastando todo lo que se le
interpusiera, la noche del viernes los elementos de la secretaría de
seguridad pública desalojaron un campamento del Movimiento Regeneración
Nacional instalado frente al Congreso del estado.
En el habla a la vez franca y afectuosa de Juan Domingo Argüelles, cuyo más reciente libro, Final de diluvio,
fue editado por Ediciones Hiperión y la Universidad Autónoma de Nuevo
León, hallamos una voz, si así puede decirse, transparente, no tanto
bien colocada (cosa acaso de cantantes) como en su lugar. Y no se trata, creo, de que ella sepa dárselo, sino que nada más en él está.
De tesitura media, que no mediana, el equilibrio pudiera ser –la
mayoría de las veces lo es– una de sus virtudes. Dibuja con buen trazo,
traza con conciencia de forma y tiende a intuir donde hacer el silencio
–ya pasajero, ya último.
Verdad general es, atrevo, que la poesía del libro comentado, aparte
de evidentes homenajes, lo mismo a Octavio Paz que a José Alfredo
Jiménez, lo mismo a Heberto Padilla que a Aimé Cesaire (Puentes de la palabra),
tiene como impulso original honrar, mostrar respeto o fidelidad a
alguien, a algo –esto, desde luego, sin olvidar el asombro (Cuaderno del asombro se llama la primera sección del libro).
Traición a la patria, entregar la riqueza a trasnacionales, dice
El sector energético es
exclusivo de la nación, ningún gobierno puede entregar lo que no es
suyo. La Constitución es clara y contundente. El acto de traición a la
patria por Peña y el Congreso al abrirse a corporaciones
trasnacionales, es anticonstitucional y no tiene validez. La
desnacionalización del petróleo, impulsada por Peña y el Prian
nos lleva atrás a las épocas de los gobiernos vendepatrias de Santa
Anna y Porfirio Díaz. Reprobable que los Congresos locales legislen al
vapor y repriman a quienes protestan La Guadalupana fue enarbolada por
Hidalgo y Morelos en lucha por la Independencia pero, perversamente,
quienes pretenden someternos al extranjero votan el 12 de diciembre por
la mutación de la Constitución para entregar nuestras riquezas. Al
pretender mutilar la Constitución se colocan fuera de la ley.
La
segunda vuelta de las elecciones deja una incógnita cuya solución no
está en la abstención, si bien es significativo que 53 por ciento de
los chilenos hayan preferido quedarse en casa y pasar de concurrir a
las urnas. Lo que a mi juicio destaca por encima es el éxito del modelo
político neoliberal implantado por la dictadura y asumido por los
gobiernos establecidos tras el referendo de 1988. Ni los anteriores de
la Concertación, ni mucho menos el ya decrépito encabezado por el
empresario Sebastián Piñera, han nadado contracorriente.
El profesor Sergei Shkarovskij, de la Universidad Estatal de Moscú, autor del polémico libro 33 días en el Vaticano, sobre la muerte de Juan Pablo I, el cual asegura que fue resultado de un atentado, lanza una advertencia contundente:
El Papa Francisco debe tener cuidado. Los enemigos del papa Luciani todavía están presentes en la Iglesia. La espontaneidad, sencillez y abundancia de gestos simbólicos del papa Francisco le han ganado gran popularidad no sólo en los medios internacionales, sino entre los fieles. Sin embargo, a pesar del clima general favorable en torno al Papa, también han surgido críticas severas, que se expresan especialmente en Internet.
El
deterioro de las relaciones entre gobernantes y gobernados tiene hoy en
día alcances globales. Parece que la única tarea de los gobernantes
consiste en imponer esquemas de dominación sobre las mayorías para
beneficiar a unos cuantos. Tenemos ejemplos en todo el mundo. Quizás el
más claro es el de México. En el análisis de este proceso de
degradación institucional se entrelazan las dimensiones económica y
política en una madeja rica en contradicciones.
Sin
novelistas como Charles Dickens, Arthur Conan Doyle o Thomas de Quincey
nuestro conocimiento de la sociedad victoriana sería demasiado
precario. Si éstos dos últimos documentaron como pocos la cultura del
consumo de la cocaína y el opio en Inglaterra, Dickens hizo sin duda el
mejor acercamiento a los daños colaterales del progreso: los miles de
niños ingleses que fueron utilizados en las minas de carbón, en el
tendido de vías entre Manchester y Londres o en las grandes fábricas
textiles.
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