Foto: FAO México / La ANPMI pidió políticas con pertinencia cultural, presupuestos suficientes, protección para defensoras y consultas indígenas previas, libres e informadas.
A 12 años de su creación, la ANPMI presentó 20 exigencias sobre derechos.
A 12 años de su creación, la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI) exigió al Estado mexicano dejar atrás el reconocimiento simbólico de los derechos de las mujeres indígenas y traducirlo en políticas públicas, presupuestos y mecanismos efectivos que respondan a sus realidades culturales, territoriales y lingüísticas.
En el marco del Día Nacional de las Mujeres Indígenas, la organización presentó un pronunciamiento con 20 exigencias relacionadas con derechos, salud, justicia, participación política, protección de defensoras, derechos lingüísticos, territorio, consulta indígena y cambio climático.
La Asamblea, que surgió en 2014 como un espacio de articulación construido por y para mujeres indígenas, reconoció los avances alcanzados durante estos 12 años, pero advirtió que persisten condiciones de desigualdad, discriminación, violencia y exclusión.
“Somos mujeres con acción política y no objetos de discurso institucional”, sostiene un comunicado, en el que la organización también rechaza el uso de la identidad indígena con fines políticos y la representación folklorizante o racista de sus pueblos.
Políticas públicas con pertinencia cultural
Entre sus principales demandas, la ANPMI pidió implementar políticas interseccionales, interculturales, accesibles y culturalmente pertinentes, además de crear mecanismos presenciales y sencillos para acceder a programas sociales.
La organización señaló que la digitalización de trámites puede convertirse en una barrera para las comunidades que enfrentan dificultades de conectividad o carecen de infraestructura tecnológica.
También demandó programas de sensibilización para servidoras y servidores públicos sobre los derechos de los pueblos indígenas y la generación de datos desagregados por condición étnica, particularmente en casos de feminicidio de mujeres indígenas.
Otro de sus reclamos está relacionado con los presupuestos destinados a prevenir y atender las violencias contra las mujeres, los cuales, sostuvo, deben ser suficientes y respetarse.
Derechos lingüísticos y acceso a la justicia
La ANPMI planteó además fortalecer los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y respetar los procesos comunitarios de revitalización de sus lenguas.
Entre sus exigencias está garantizar recursos para la formación, actualización y remuneración de intérpretes y traductores de lenguas indígenas, así como reconocer y respetar las variantes lingüísticas de cada comunidad.
La Asamblea pidió que las lenguas indígenas tengan plena validez y puedan utilizarse efectivamente en los distintos espacios y trámites en todo el país.
Protección para mujeres indígenas defensoras
La participación política es otro de los ejes del pronunciamiento.
La organización exigió protocolos para prevenir y atender la violencia, criminalización y agresiones físicas y digitales contra mujeres indígenas que ocupan cargos públicos, participan en organizaciones o defienden los derechos de sus comunidades.
También demandó respetar las formas de organización de los pueblos indígenas y evitar la apropiación de espacios de representación destinados a personas indígenas y mujeres indígenas.
En particular, cuestionó el uso de las juventudes indígenas con fines político-partidistas y pidió fortalecer con presupuesto los mecanismos de protección para activistas y defensoras.
Salud y derechos sexuales de adolescentes indígenas
En materia de salud, la ANPMI demandó garantizar una educación integral en sexualidad con pertinencia lingüística y cultural, tanto en comunidades rurales como en zonas urbanas.
El objetivo, señaló, es que adolescentes y juventudes indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos sexuales.
La Asamblea también alertó sobre la falta de registros públicos suficientes sobre agresores y sobre el seguimiento de casos de violencia sexual contra jóvenes indígenas.
Por ello, pidió fortalecer las acciones institucionales de prevención, atención e investigación de estas violencias.
En el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, la ANPMI realizó un balance, a cinco años consideran que el lema del presidente de México, “por el bien de todos, primero los pobres” no se ve reflejado en los hechos hacia los pueblos Indígenas.
Mujeres indígenas exigen decidir sobre sus territorios
El territorio ocupa un lugar central en las demandas de la Asamblea.
La ANPMI sostuvo que los proyectos de desarrollo económico no pueden avanzar a costa de los territorios, ecosistemas y comunidades indígenas.
Por ello, exigió frenar la extracción y explotación de bienes naturales, así como las concesiones o depósitos de residuos que afecten los espacios de vida de los pueblos.
También pidió una respuesta institucional ante las amenazas, criminalización, desapariciones y asesinatos de personas defensoras del territorio.
En este contexto, reclamó garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas en las decisiones relacionadas con sus tierras, territorios, cuerpos, conocimientos y formas de vida, además de asegurar su derecho a la tenencia de la tierra.
Consulta indígena debe ser previa, libre e informada
La ANPMI también demandó que las consultas a los pueblos indígenas cumplan con los estándares nacionales e internacionales y se realicen de manera previa, libre, informada y deliberativa, sin intereses partidistas.
La organización recordó principios establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y llamó a las instituciones a conocer y discutir las propuestas legislativas relacionadas con los pueblos indígenas.
Asimismo, pidió mantener una mayor apertura al diálogo con los procesos organizativos encabezados por mujeres indígenas.
Para la Asamblea, las fechas conmemorativas deben ir más allá de los actos simbólicos y convertirse en oportunidades para colocar en la agenda pública la situación actual de las mujeres indígenas, así como sus aportaciones, liderazgos y desafíos.
A 12 años de su creación, la ANPMI afirmó que continuará articulando redes y organizaciones de mujeres indígenas de distintas regiones del país para defender sus derechos, pueblos y territorios y fortalecer su participación en la vida pública nacional.
“No fue una obra
de teatro”. Así respondió el ministro presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) a las críticas que se formularon a la
primera sesión itinerante que esa institución, realizada en el municipio
de Tenejapa, Chiapas, habitada por indígenas tseltales y tsotsiles. Las
críticas, en su mayoría, se centraban en que a la sesión pública se
convocó a estar presentes a los indígenas que habitan la comunidad, pero
muchos de los asistentes no supieron de que se trató, los ministros y
ministras que asistieron a la sesión lo hicieron abandonando la toga y
portando el típico chuj negro y el bastón indígena, símbolo de la
autoridad, y llegaron en camionetas lujosas. Poco se dijo de la
inasistencia de tres integrantes de la SCJN, el ministro presidente los
justificó afirmando que dos de ellos tenían compromisos previos
ineludibles y de una dijo desconocer las razones de su ausencia.
Las críticas anteriores, puede decirse, están cargadas de racismo y
buscan evidenciar la cercanía de la mayoría de los ministros de la SCJN a
las políticas del poder Ejecutivo. Una crítica más centrada en sus
funciones debería analizar lo que en esa sesión pública se resolvió, sus
alcances y su posible impacto en la vida de los pueblos indígenas,
porque la función principal del máximo tribunal del país es esa: fijar
el alcance de las disposiciones constitucionales y de los tratados
internacionales sobre derechos humanos y generar condiciones para su
aplicabilidad. Si esto se hace en la sede oficial del Poder Judicial
Federal o en sede itinerante, si los ministros y ministras portan o no
la toga al resolver los casos que se les presentan no constituyen por sí
mismos elementos de acercamiento de la justicia a los pueblos indígenas
y, por tanto, para los efectos de la justiciabilidad de los derechos
indígenas, no deberían ocupar tanto nuestra atención.
En ese sentido, se sabe que, en la sesión pública celebrada en
Tenejapa, los ministros de la SCJN analizaron y resolvieron el amparo en
revisión 344/2025 promovido por la comunidad tsotsil La Candelaria, que
desde 2021 venía pugnando por el reconocimiento jurídico de su
autonomía y su autogobierno, para poder acceder de manera directa a
recursos federales. Producto de esa lucha había logrado que el
Ayuntamiento reconociera su autogobierno y autorizara la transferencia
del presupuesto directo, pero el gobierno del Estado se negó a hacerlo,
lo que obligó a la comunidad recurrente a solicitar a la SCJN la
atracción del recurso de revisión interpuesto y fue sobre el cual se
dictó sentencia. De acuerdo con el Colectivo Emancipaciones, que asesora
a la comunidad, en su sentencia, la SCJN “reconoce jurídicamente los
derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno, con la
transferencia directa de los recursos públicos que, en este caso le
corresponden a la comunidad indígena de La Candelaria”.
Esto merece una observación. La SCJN no puede reconocer
jurídicamente el derecho a la libre determinación, autonomía y
autogobierno porque eso ya lo hizo el Constituyente Permanente en
nuestra Constitución Federal y lo han hecho los congresos de las
entidades respectivas, incluida la de Chiapas. Lo que debe hacer es
fijar su contenido y alcance; si únicamente se pronunció sobre el acceso
de los pueblos indígenas a recursos económicos públicos redujo bastante
el derecho, pues de acuerdo con el derecho internacional, en virtud de
la libre determinación, los pueblos indígenas “determinan libremente su
condición política y persiguen libremente su desarrollo económico,
social y cultural”. De igual manera pronunciarse únicamente sobre la
omisión del Estado de Chiapas en fijar mecanismos para el ejercicio del
autogobierno, ignorando la del Congreso de la Unión, que lleva más de un
año, limita los alcances de su resolución.
Las aportaciones que la Suprema Corte puede hacer para impulsar la
efectividad de los derechos indígenas no se agotan en la resolución de
problemas de fondo, también es importante atender los criterios para que
otros tribunales resuelvan y en estos supuestos existen varios
pendientes. Uno de ellos es el criterio emitido por la anterior SCJN
afirmando que los tribunales agrarios no pueden anular resoluciones
presidenciales, al cual se suma el de un Tribunal Colegiado, que,
reduciendo su plena jurisdicción, fija los límites para su actuación,
impidiéndoles aplicar el derecho internacional, con enfoque
intercultural, como lo han propuestos algunos magistrados de ese
tribunal, para atender los reclamos de defensa territorial planteados
por miembros del pueblo rarámuri, en el ejido Coloradas de la Virgen,
dominado por talamontes, en el estado de Chihuahua, y el más reciente
entre los zoques de Chimalapas, en el estado de Oaxaca, donde la
creación de varios ejidos le arrebatan su territorio ancestral.
Por la importancia del tema, en otra ocasión volveremos sobre él. Lo
que ahora importa es expresar que llevar las sesiones de la SCJN a
territorios indígenas y hacerlo atendiendo a cánones indígenas en su
actuación, puede ser importante para acercar la justicia a ellos, pero
lo verdaderamente importante, son los contenidos de sus resoluciones,
sus enfoques y sus alcances. Si se prioriza esto sobre las formas, las
aclaraciones de que su actuación no es un teatro salen sobrando. Las
sentencias hablarían por la SCJN y mostrarían si la justicia en realidad
se acerca a los pueblos o no.
Foto: Tlachinollan.- Ayutla de los Libres, Guerrero.- En un mar de adversidades, hoy el Centro Comunitario Gúwa Kúma: la casa de los saberes cumple
cuatro años en la defensa por los derechos de las mujeres indígenas. En
un mundo desigual donde la pobreza, la discriminanción y el olvido lo
combaten con la esperanza, las mujeres no sucumben a las violencias que
las oprime. Con 23 años de lucha Inés Fernández Ortega, víctima de
tortura sexual, ha tejido los hilos de la organización para que terminen
los ciclos de violencia.
Por eso Inés Fernández encabezó una
marcha para denunciar las infamias a las mujeres indígenas. La caminata
fue por la vida, la dignidad y la justicia. El recorrido comenzó a las 9
de la mañana en la unidad deportiva de Ayutla en un contexto de alta
violencia. Al mismo tiempo un convoy de guardia nacional y del ejército
se formaban en caravana en la calle principal. Una señora que daba los
primeros pasos en la marcha dijo: “esos militares solo ven con un ojo y
el otro lo tapan”.
Las embajadoras, sabias de diferentes
comunidades, especialistas que atienden el centro comunitario,
estudiantes que viven en el albergue, las viudas de El Charco y personas
solidarias avanzaron en el asfalto. Desde el inicio explicaron la lucha
que dio Inés, después de que fue agredida por elementos del ejército en
la comunidad de Barranca Tecoani en el 2002.
El camino por la
justicia fue un suplicio porque las autoridades mexicanas no creyeron en
su testimonio. Al ver que en México la justicia desprecia a las mujeres
indígenas tuvo que acudir a la Comisión Interamericana y luego a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En la
caminata Noemí Prisciliano Fernández, abogada e hija de Inés, relató que
“el 30 de agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH) emitió una sentencia contra el Estado mexicano del ‘caso
Fernández Ortega y otros vs. México’, donde determinó que había sido
víctima de graves violaciones a los derechos humanos, tortura sexual y
violencia institucional castrense”. El Tribunal Interamericano ordenó
medidas de reparación integral. Así la Casa de los Saberes es una de las
medidas de reparación comunitaria que los gobiernos deben dar
cumplimiento a cabalidad.
Sin embargo, ha tenido falencias desde
que empezó el funcionamiento. Inés y las embajadoras han estado
insistiendo para que las autoridades atiendan los vacíos, principalmente
los recursos económicos necesarios para seguir. El 1 de octubre de 2020
la Corte IDH celebró una audiencia de seguimiento por el abandono en
que se encontraba el Centro Comunitario. La presión ayudó para que se
inaugurara el 17 de septiembre de 2021.
A pesar de atender este
llamado el Estado mexicano a cuenta gotas ha respondido con algunas
necesidades para el funcionamiento. “Hemos tenido reuniones con las
autoridades, pero no ha habido resultados, ni siquiera le toman
importancia a una reparación recomendada por la Corte IDH. El gobierno
cree que es un espacio más.
Desde que inició el proyecto, Inés lo
ha echado a andar con sus propios recursos porque no hay un fondo
específico destinado al centro comunitario para cubrir el acompañamiento
de las víctimas, ni para el salario de las profesionistas que desde el
año pasado a julio no se ha cubierto. Hace como tres días terminaron de
arreglar el techo y otros servicios, pero estuvimos tres años batallando
para que nos dieran el recurso. Ha sido un viacrucis para que
suelten el dinero para mantenimiento. Lo peor de todo es que no se ha
cubierto el salario de las profesionistas, embajadoras, ni del conductor
para darle acompañamiento a las víctimas”, denunció Noemí.
En los
cuatro años de existencia de la Casa de los Saberes la violencia contra
las mujeres ha incrementado, sobre todo, violencia sexual y
desaparición de mujeres. Más de 500 mujeres han sido atendidas de manera
integral, con enfoque intercultural y perspectiva de género. Noemí
Prisciliano comentó que hay muchos casos que les llegan, pero “este año
hubo uno sobre violencia sexual del que se inició una carpeta de
investigación, pero se judicializó en Ometepec porque allá está el
juzgado. Nosotras le hemos dado asesoría y acompañamiento a las
mujeres”.
En la estructura del Centro Comunitario, aun cuando es
presidida por Inés hay una dirección colegiada con un grupo de seis
mujeres que le denominaron embajadoras. Las profesionistas tienen
diferentes especialidades, desde abogadas hasta una psicóloga para la
atención integral de las mujeres que quieren justicia.
Inés y las
embajadoras no sólo tienen que batallar contra la pobreza secular, la
violencia y la discriminanción, sino que tienen que enfrentarse a las
carencias prevalecientes en el centro comunitario para la atención digna
de las mujeres de los municipios de Ayutla, Ñu’u Savi y Acatepec, así
como de Tlacoapa, San Luis Acatlán, Florencio Villarreal y Tecoanapa.
No
cuentan con recursos económicos suficientes para un mejor seguimiento a
las asesorías y acompañamientos de mujeres Me’phaa, Na Savi,
afromexicanas y mestizas. Tienen que acudir a las escarpadas montañas
para dar pláticas de prevención de la violencia en las comunidades. Se
prioriza el acompañamiento comunitario, con alguna intervención en las
asambleas comunitarias. La casa de justicia de la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de la comunidad Na Savi de El
Paraíso ha invitado a las embajadoras y profesionistas. “Hemos ido a más
de 30 asambleas por diferentes casos, en diferentes municipios y
comunidades. Hemos solicitado apoyo a las organizaciones civiles, pero
la responsabilidad es de los tres niveles de gobierno”, señaló Noemí .
Con
sus pancartas en la mano las manifestantes hicieron una parada frente a
la Casa de los Pueblos para recordar la tenaz lucha que emprendió Inés
hace 23 años. Explicaron la dinámica de atención que hay en el centro
comunitario para que las mujeres que padecen violencia acudan, y las
niñas, niños y jóvenes tengan un espacio para seguir estudiando.
La
marcha culminó en las instalaciones de la Casa de los Saberes. Ahí,
Eustolia, viuda de El Charco, abrazó la lucha que sigue dando Inés. La
esperanza está en su organización para seguir las batallas contra el
poder militar, pero también contra la violencia sistemática que viven
las mujeres indígenas.
La
Marcha Nacional de Mujeres Indígenas en Brasilia, a principios de
agosto. Las mujeres indígenas buscan un lugar en las negociaciones de la
COP30, dado su papel esencial como guardianas de la biodiversidad, sus
comunidades y el planeta. Imagen: Amanda Magnani
BRASILIA – «Somos las guardianas del planeta para que la Tierra
sane”. Con este lema, las mujeres indígenas reafirman su papel esencial
en la agenda climática mundial y articulan un mensaje unificado para
llevar a la 30 Conferencia de las Partes (COP30), la anual cumbre
climática de las Naciones Unidas que se celebrará en Belém, en la
Amazonia brasileña, en noviembre.
La declaración se publicó durante la Marcha Nacional de Mujeres
Indígenas, celebrada en Brasilia a principios de agosto, y pretende
llamar la atención sobre los efectos desproporcionados de las condiciones meteorológicas extremas en las mujeres y las niñas, especialmente en las mujeres indígenas.
Como guardianas de la biodiversidad y responsables del cuidado de sus familias, comunidades y territorios, las mujeres son las primeras en sentir los
impactos, que van desde la inseguridad alimentaria y las dificultades
económicas hasta el aumento de la violencia y la sobrecarga de trabajo.
“Las mujeres siempre se ven más afectadas por el cambio climático”,
declaró Dalí Angel, coordinadora de proyectos del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe
(Filac), a Dialogue Earth.
Según Dalí Ángel,
coordinadora de proyectos de Filac, las mujeres siempre se ven más
afectadas y son las primeras en sentir sus efectos. Imagen: Amanda
Magnani
Nayra Kaxuyana, asesora internacional del Ministerio de Pueblos
Indígenas de Brasil, añadió que una de las principales demandas que las
mujeres plantean a la agencia federal es el apoyo para la construcción
de casas de semillas: “Muchas de las semillas que tenemos hoy en día en
los territorios ya no se adaptan al clima”, declaró.
Las Naciones Unidas han destacado que las mujeres indígenas, al
preservar las semillas, proteger a los polinizadores, fertilizar el
suelo con métodos orgánicos y ayudar a mantener intactos los bosques,
están a la vanguardia de la conservación del medioambiente. Por esta
razón, la agencia reconoce que su participación en la toma de decisiones
es crucial para la recuperación y la adaptación frente a los fenómenos
climáticos extremos.
“Somos nosotras las que pensamos en el proceso de resiliencia dentro
de los territorios”, afirmó Alana Manchineri, asesora internacional de
la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña
(Coiab). “Somos nosotras las que conocemos todas las plantas
medicinales, las que transmitimos nuestros conocimientos a nuestros
hijos y las que formamos a los nuevos líderes”, añadió.
Delegación indígena sin precedentes
La COP30, que se celebra en la Amazonia, tiene como objetivo reunir a la mayor delegación indígena de
la historia. Según la ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia
Guajajara, el objetivo es conseguir la acreditación de al menos mil
indígenas en la Zona Azul, el espacio oficial donde se celebran las
negociaciones entre los gobiernos y las delegaciones internacionales.
Hasta la fecha, según Guajajara, las mayores participaciones se
registraron en la COP21 de París, en 2015, y la COP28 de Dubái, en 2023,
que contaron con alrededor de 350 representantes indígenas de todo el
mundo.
Sonia Guajajara, ministra de
Pueblos Indígenas de Brasil, dando una charla en la Marcha Nacional de
Mujeres Indígenas en Brasilia. Su objetivo para la COP30 es conseguir la
acreditación de al menos mil indígenas para que puedan estar en la zona
donde se llevan a cabo las negociaciones. Imagen: Amanda Magnani
En los últimos meses, la presidencia de la COP30 ha anunciado
iniciativas para reforzar la participación en el evento de los pueblos
tradicionales, una categoría que en Brasil incluye a las comunidades
indígenas y a otras como los quilombolas, formadas por descendientes de africanos esclavizados.
Entre ellas se encuentran el Círculo de los Pueblos Indígenas, un foro oficial de diálogo con los líderes; la Aldea COP, un campamento que se espera que acoja a 3000 indígenas en Belém; y capacitaciones dirigidas
principalmente a mujeres de comunidades y organizaciones tradicionales
para que puedan participar en los debates internacionales.
Sin embargo, para las mujeres indígenas, llegar a Belém solo será el
primer paso. Angel, de Filac, explica que “incluso cuando las mujeres
logran llegar al lugar donde se celebra la conferencia, son los hombres
(indígenas y no indígenas) los que pueden acceder a la Zona Azul”, la
reservada a las delegaciones oficiales que negocian los acuerdos.
Por eso, para Angel es esencial garantizar la acreditación de las
mujeres indígenas, así como de los hombres indígenas. Pero el proceso,
dice, es exigente y lleva mucho tiempo. Por esta razón, la alternativa
ha sido registrarlas como invitadas de organizaciones asociadas.
“Están decidiendo nuestro futuro a puertas cerradas, donde nuestra
voz no está incluida”, añadió Nansendália Ramírez, miembro mexicana de
la Alianza Global de Comunidades Territoriales, en su intervención en la
primera Conferencia Nacional de Mujeres Indígenas, que tuvo lugar
paralelamente a la marcha en Brasilia.
Diplomacia indígena con voces femeninas
Durante aproximadamente un año, representantes de los pueblos
indígenas de toda América Latina y el Caribe se han organizado para
llegar a la COP30 en una posición más fuerte.
Este movimiento cobró impulso después de que las Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de Brasil, la base del Acuerdo de
París —el plan de acción climática que todos los Estados miembros de la
ONU deben actulizar cada cinco años— presentadas a finales de 2024 fueran consideradas por muchos como insuficientes.
“Cuando tuvimos acceso al texto y nos dimos cuenta de que rara vez se
mencionaba a los pueblos indígenas, pensamos: esto está mal”, afirmó
Manchineri, de Coaib.
Alana Manchineri, asesora
internacional de Coiab, señaló que el movimiento indígena brasileño
presentó sus propias Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, con
propuestas y demandas específicas, en respuesta al documento oficial,
que apenas menciona a los pueblos indígenas. Imagen: Amanda Magnani
En respuesta, el movimiento indígena brasileño presentó sus propias NDC,
con propuestas y demandas específicas. Aunque no es oficial y tiene
alcance nacional, el documento refleja las agendas comunes de los
pueblos indígenas de todo el mundo.
Destacan dos demandas: que los Estados reconozcan la contribución
indígena a la mitigación de la crisis climática, incluida la demarcación
de territorios en sus NDC; y que las organizaciones indígenas tengan
acceso directo a los recursos climáticos —de los que actualmente solo reciben 1 %— sin depender de intermediarios.
“Se nos niega este acceso con el argumento de que carecemos de capacidad técnica y recursos humanos”, afirmó Angel.
Para ella, los retrocesos en los
derechos de las mujeres, los niños y los pueblos indígenas hacen aún
más urgente llegar a Belém con una agenda sólida y unificada. Esta
movilización, añadió, va más allá de América Latina y el Caribe y ha
llegado a otras regiones socioculturales donde las lideresas indígenas
están articulando ahora sus propias agendas. “El reto es unirnos para
construir una agenda común”, dijo.
Esta coordinación se ha materializado en diferentes espacios.
En la 16 Conferencia de las Partes (COP16) sobre biodiversidad, celebrada en Colombia el año pasado, se creó el G9 Indígena Amazónico, una coalición de organizaciones de los nueve países amazónicos.
Luego, en abril, en el Campamento Tierra Libre, un encuentro que
reunió a 6.000 indígenas en Brasilia, representantes de la Amazonía, las
islas del Pacífico y Australia emitieron una declaración conjunta sobre la COP30.
El Campamento Tierra Libre,
que tuvo lugar en abril, reunió a seis mil indígenas en Brasilia. Allí,
representantes de la Amazonía, las islas del Pacífico y Australia
emitieron una declaración conjunta sobre la COP30. Imagen: Myke
Sena / DPU
Del mismo modo, la conferencia de mujeres indígenas celebrada en agosto concluyó con la Carta por la Vida y los Territorios, que reclama fondos para la gestión territorial y la lucha contra la crisis climática, con las mujeres al frente.
El texto también refuerza la centralidad de la tierra en la lucha
indígena: “Nuestros cuerpos son territorio. Nuestro territorio es
sagrado. Seguiremos organizados, movilizados y luchando por la justicia,
el bienestar y la continuidad de la vida en el planeta”.
Para las mujeres indígenas, todo debate comienza con el territorio.
”No se puede hablar de salud, soberanía alimentaria o calidad de vida
sin hablar de territorio”, afirmó Angel. Manchineri agregó: “Para
nosotras está muy claro: cuando se violan nuestros territorios, se
violan todos nuestros otros derechos”.
Una mujer indígena del
territorio indígena Munduruku Sawré Muybu, en el estado de Pará, por
donde fluye el río Tapajós, en una asamblea en la que se revelaron los
resultados de pruebas de contaminación. Se han detectado altos niveles
de mercurio en las mujeres embarazadas y los niños de la zona, como
consecuencia de la actividad minera. Imagen: João Paulo
Guimarães / Flickr
“Tenemos una alta tasa de mujeres embarazadas con altos niveles de
contaminación por mercurio”, dijo Manchineri. “A veces, ni siquiera
pueden amamantar a sus hijos porque el mercurio está presente en la
leche materna”, añadió.
Los estudios realizados por el instituto de investigación sanitaria
Fiocruz en Pará, el estado del norte de Brasil donde se encuentra Belém,
han confirmado esta situación: las mujeres embarazadas y los niños que
viven a lo largo de la cuenca del río Tapajós y los pueblos indígenas
del territorio Munduruku registraron niveles de mercurio superiores a
los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud como
consecuencia de la actividad minera.
De la aldea a la COP, y de vuelta a la aldea
Ante los innumerables obstáculos, las mujeres indígenas se han
movilizado para aumentar su presencia y garantizar que sus voces se
escuchen en las negociaciones formales de la COP30. “Para las mujeres
que son madres, hemos buscado apoyo para que sus parejas puedan
acompañarlas y cuidar a los niños mientras ellas participan en los
eventos”, dijo Manchineri.
Mujeres indígenas
guaraní-kaiowá durante la Marcha Nacional de Mujeres Indígenas en
Brasilia. Las mujeres indígenas luchan contra el sistema patriarcal e
incluso contra la discriminación dentro de sus territorios, señala
Nansendália Ramírez, de la Alianza Global de Comunidades Territoriales.
Imagen: Amanda Magnani
“Tenemos que luchar contra todo el sistema patriarcal e incluso
contra la discriminación que existe dentro de nuestros territorios”,
añadió Nansendália Ramírez.
Manchineri explicó que su estrategia es doble: llevar lo que se
debate en los territorios a la mesa internacional y, a su regreso,
presentar las decisiones y los avances logrados de forma accesible.
Para apoyar esta estrategia, las lideresas han organizado sus propios
talleres y reuniones preparatorias —las preCOP— además de la formación
impartida por la presidencia de la COP. La idea es ayudar a crear
conocimiento dentro de las comunidades sobre qué son las conferencias y
cómo funcionan, y en última instancia, construir una agenda común.
“Tenemos que llegar empoderadas, con herramientas que nos permitan
tener un mayor impacto en los espacios de negociación”, afirmó Ángel.
Una celebración de los pueblos indígenas en Canadá. Imagen: Cortesía de Chrystal Tabobandung
TORONTO, Canadá – Si el colonialismo europeo no hubiera
alcanzado a Canadá, el matriarcado seguiría siendo fuerte en la cultura
indígena. El matriarcado era la columna vertebral de la estructura
social y de la línea de dominio en la «Isla de la Tortuga», como los
indígenas del país denominan a la Norteamérica prevía a la llegada de
los occidentales, en un concepto referido a su identidad y resistencia.
En la práctica, las mujeres indígenas en Canadá han sido víctimas de
violencia y discriminación. En teoría, debían gozar, junto con los
niños, de plena protección, tal como establece el artículo 22 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (DNUDPI).
“El conocimiento tradicional estaría completo. Nuestras lenguas,
ceremonias, sistemas de gobernanza, la salud del planeta, las
comunidades, cosmologías, prácticas de la tierra, preservación del agua y
métodos de cosecha estarían vivos y bien”, dice Kim Wheatley, guardiana
del Conocimiento Ancestral Anishinaabe, cuyo nombre espiritual es
“cabeza / lideresa de la Flor de Fuego”.
El anishinaabe es un grupo de pueblos indígenas vinculados entre sí y
asentados en la región de los grandes lagos de Canadá y el colindante
Estados Unidos.
El rol e influencia femenina en la cultura indígena tradicional eran
poderosos y fundamentales. Wheatley señala cómo el deber principal de
las mujeres, “como el de todos los miembros de la comunidad, era vivir
en armonía con la creación, una vida de propósito y pasión comprometida
basada en los dones con los que llegaban del mundo espiritual”.
“Las mujeres eran cazadoras, recolectoras, curanderas, sanadoras,
educadoras, líderes, artistas, pescadoras, ceremoniales, cantantes,
bailarinas, artistas y guardianas de la gobernanza: realmente el
pegamento social sobre cómo proveer para el bien común. Ellas eran
quienes tomaban las grandes decisiones a largo plazo para las
comunidades de las que eran responsables”, añadió.
La historia de las mujeres indígenas en Canadá es considerablemente
incompatible con lo que Disney intentó distorsionar en su popular
pelicula de animación “Pocahontas”.
Chrystal Tabobandung, fundadora de Raise (formación en conciencia y
competencia cultural indígena), con raíces ojibwe, observa el “odio de
las mujeres blancas hacia nosotras, como si fuéramos menos. Nos echaron
de nuestros hogares. Hoy sufrimos y somos sexualizadas por hombres y por
las redes sociales. Históricamente, las mujeres blancas nos envidiaban
por los roles que teníamos en nuestras comunidades y nuestras formas
tradicionales”.
Ahí es donde el impacto del colonialismo entró desde los primeros
contactos y fue cambiando con el tiempo. “Las mujeres en Europa no
debían ser vistas ni escuchadas. Estaban en segundo plano, y resentían
mucho que aquí las mujeres indígenas tuvieran voz, un asiento en la mesa
para tomar decisiones sobre seguridad, crianza, política e incluso
dónde acampar”, aseguró.
Kim Wheatley, guardiana del Conocimiento Ancestral Anishinaabe
Desigualdad socioeconómica
El efecto del modelo social y económico occidental impuesto ha
destrozado demasiadas comunidades indígenas, y el cambio hacia un estilo
de vida masculino-dominante occidental alteró toda la estructura.
Wheatley considera que, en los últimos 150 años, “la base de las
especies quedó en riesgo. La destrucción de tierras y aguas mediante la
extracción interminable de recursos, el racismo, la misoginia, la
vulgaridad de la toma de decisiones políticas sobre los cuerpos de las
mujeres, la violencia creciente contra mujeres y niñas, y la lista
sigue. Vemos una disparidad dramática en las realidades
socioeconómicas».
«Nuestro pueblo tiene vastos y complejos sistemas políticos,
estructuras de gobernanza, modelos de liderazgo equilibrados,
extraordinarias prácticas comerciales, creatividad infinita y relaciones
íntimas con tierras y aguas. Profundas enseñanzas morales que
contribuyen al bien común basadas en visiones de largo plazo”, añadió.
Si bien las mujeres pueden y de hecho se postulan a cargos de
liderazgo, el sistema colonial no apoya la gobernanza ni las prácticas
tradicionales. La Ley India sigue vigente en Canadá y es uno de los
documentos legales reconocidos como más racistas en el mundo. Esta ley
supervisa cómo y qué puede hacer una comunidad de Primera Nación dentro
de los límites de la reserva y qué pasa al salir de ella.
Las diferencias entre mujeres indígenas varían según sus distintas
naciones. En Canadá, hay más de 630 comunidades reconocidas como
Primeras Naciones.
“Nuestras mujeres hacen las cosas de manera diferente según las
enseñanzas de nación a nación que están ligadas a la tradición y la
cultura, más que a roles”, explicó Tabobandung. “Existen tantos sistemas
opresivos divergentes que las desconectan», agregó.
Detalló que «no necesariamente trabajan juntas, pero frente a grandes
problemas sociales, como las mujeres indígenas asesinadas y
desaparecidas o la trata sexual, sí se unen».
«Participan en marchas y manifestaciones. Se enfrentan a las
injusticias y se reconectan con su tradición y su cultura. Cuantas más
voces surgen, más personas se sienten valientes, fuertes y capaces de
compartir sus experiencias personales”, detalló.
¿Cómo afecta la falta de acceso al agua potable a las mujeres
indígenas? Según Wheatley, “la crisis del agua en las comunidades de
Primeras Naciones es un ataque continuo y poco reconocido contra un
derecho humano básico».
«Las mujeres que viven fuera de las reservas tienen mayores
oportunidades de empleo, vivienda y otras posibilidades socioeconómicas
que simplemente no existen en muchas reservas por una amplia variedad de
razones. Las instalaciones educativas son mucho más accesibles, al
igual que los servicios sociales que son esenciales para el
sostenimiento de las familias”, explicó.
Wheatley continuó: “La cercanía en los traslados hacia/desde el
trabajo, reuniones sociales, espacios de apoyo, actividades culturales,
opciones educativas e interacciones sociales más amplias es mucho más
accesible en áreas urbanas”.
“Esto contribuye a un mayor bienestar. En pueblos pequeños, el
racismo puede limitar oportunidades, pero en ciudades con poblaciones
más grandes, las probabilidades aumentan a favor de la mujer”, planteó.
Chrystal Tabobandung, fundadora de la organización Raise, de conciencia cultural indígena
Reconciliación y preservación de la cultura
A juicio de Wheatley, el Informe de Verdad y Reconciliación fue un
regalo para los canadienses, ya que desafió su comodidad en la amnesia
histórica y en la ignorancia sobre el genocidio cultural cometido por
los más altos niveles de liderazgo en este país.
“Cada vez que una voz de nuestro pueblo dice cómo debemos mirar la
restitución y la restauración de nuestra soberanía, es el camino
correcto», adujo.
Consideró que «no necesitamos que nos digan cómo sanar… Necesitamos
decirle al país cómo apoyar nuestra sanación. Eso es lo que el informe
hace maravillosamente».
Y añadió: «Es tan completo como el país puede digerir en este momento
y, sin embargo… pocas de las ‘llamadas a la acción’ se han abordado de
manera significativa hasta ahora”.
Pero la realidad es que han pasado 10 años desde ese informe y, sin embargo, poco ha cambiado, agrega Wheatley.
“Este país ha operado continuamente bajo la falacia de la Doctrina
del Descubrimiento y el robo de tierras que nunca les pertenecieron”,
detalló.
La perspectiva eurocéntrica occidental se ha impuesto incluso en la terminología y en cómo se define a una persona indígena.
Tabobandung afirmó: “Solo en las últimas generaciones hemos
empoderado a nuestros hijos para que tengan voz y hagan preguntas. Yo
crecí en un pueblo pequeño donde el colonialismo nos impactaba, pero aún
así logramos transmitir nuestras enseñanzas e historias. Las personas
que fueron alejadas de su cultura o desconectadas de algún modo no
conocerían estas enseñanzas”.
En la Columbia Británica, los pueblos indígenas son muy conscientes de su cultura.
“Ellos realmente proyectan la importancia de sus mujeres indígenas”,
dijo Wheatley. “Si hubiera algún movimiento de derechos indígenas o
aborígenes que deba cambiar en el sistema judicial, sucederá primero en
la Columbia Británica y marcará un precedente para todas las demás
naciones de Canadá, añadió”.
¿Hay una salida?
Wheatley cree que la solución entre el gobierno y los pueblos indígenas no ha sido priorizada.
“Por eso, en muchas comunidades indígenas las condiciones del Tercer
Mundo (Sur global) existen como norma. Para reconciliar los crímenes del
pasado en Canadá, sus perpetradores deben asumir la responsabilidad,
pero eso sigue siendo una amenaza para la intrusión colonial y la
imposición sobre tierras que nos pertenecen legítimamente”, dijo.
Cada quien interpreta la Reconciliación de manera diferente.
Tabobandung escuchó voces distintas; algunas personas son más
extremas que otras. En la práctica, el hecho consumado es que los
pueblos indígenas, los occidentales y otros inmigrantes comparten hoy
sus vidas en la Isla de la Tortuga, el aniguo continente ancestral
norteamericano de los pueblos originarios.
Tabobandung se siente en el medio.
“Tienes este modelo occidental de negocios, social y político, y tu
propio modelo. ¿Cómo equilibrar eso? Muchos pueblos de las Primeras
Naciones tuvieron esa dificultad, especialmente quienes provienen de
comunidades rurales y remotas del norte», explicó
Y agregó: «Tienes que saber quién eres y tener raíces profundas. Es
muy difícil hacer esa transición, especialmente en el sistema
eurocéntrico occidental, donde quieren deshacerse de nosotros; quieren
integrarnos a la sociedad occidentalizada para que no existamos más.
Algunos logran encontrar paz y equilibrio”.
“Soy anishinaabe. Soy ojibwe. Me niego a reconocerme como indígena, primera nación o aborigen”, dijo Tabobandung.
E insistió: “Nuestro pueblo es más antiguo que las terminologías que
el gobierno federal nos impuso. Camino suave y gentilmente sobre la
tierra. La cultura me salvó, saber que soy Primeros Pueblos de esta
tierra, en este territorio, y saber que un sistema intenta aniquilar a
mi pueblo, pero que sigo aquí, resistiendo y sobreviviendo”.
Eso es lo que la motiva.
“Por eso camino con la cabeza en alto. Por eso me educo todo lo que
puedo sobre cualquier tema. Pinto arte indígena y hago pinturas
indígenas para transmitir ese conocimiento”, concluyó.
La Bandera se iza para reconocer a las mujeres indígenas
Por Montserrat Antúnez
El Día Internacional de la
Mujer Indígena se conmemora cada 5 de septiembre para recordar el
asesinato de Bartolina Sisa y sus compañeras en 1872, en La Paz, hoy
capital de Bolivia, por oponerse a la dominación colonial.
Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- La mañana de este 5 de septiembre, por primera vez en la historia, se izó la Bandera nacional a “toda asta” en reconocimiento a las mujeres indígenas, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsó esta conmemoración como parte de las efemérides oficiales en México.
Con motivo de este día, la mandataria también dio a conocer que la cartilla de derechos de las mujeres, impulsada por el Gobierno Federal, se ha traducido a 35 lenguas originarias.
"Hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Hace un mes, o un
poco más, se aprobó en el Congreso una modificación a la Ley del Escudo
Nacional, ahí vienen las efemérides, es decir, qué días conmemoramos en
nuestro país. Y en este día, además ya está en la Ley, se eleva la
Bandera en honor a las mujeres indígenas", explicó la mandataria
federal.
La Jefa del Ejecutivo remarcó que durante muchos años las mujeres de
pueblos originarios sufrieron de triple discriminación en el país: por
su color de piel, por ser mujeres y por ser indígena, y que ahora se
busca reivindicarlas.
“Por mucho tiempo fueron invisibilizadas, no por sus comunidades sino
por la sociedad en este racismo que imperó en México durante muchísimos
años y que todavía sigue presente en muchas personas. La mujer indígena
era las más discriminada: por su color de piel, por ser mujer y por ser
indígenas. Nosotros queremos reivindicarlas porque son la esencia del
país”, señaló Sheinbaum.
Por su parte, María de los Ángeles Gordillo Castañeda, directora
General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, recordó que en
1983, durante el Segundo Encuentro de organizaciones y Movimientos de
América, se instituyó el 5 de septiembre como Día Internacional de la
Mujer Indígena, para recordar el asesinato de Bartolina Sisa y sus
compañeras 200 años antes: el 5 de septiembre de 1872, en La Paz, hoy
capital de Bolivia, por oponerse a la dominación colonial.
"Es Tiempo de Mujeres —como lo ha señalado nuestra Presidenta— y
de alzar la voz de todas, como las valientes mujeres zapatistas, las
sin rostro, que exclamaron por sus derechos, la autonomía, el
reconocimiento y la justicia social para sus comunidades y sus
territorios; o la organización de mujeres, las Bartolinas de Poncho
Rojo, boliviano, que reivindicaron la valoración y conservación de su
cultura, entre otros, hay que mencionar, entre muchos otros
movimientos", expresó y agregó que "las mujeres indígenas somos memoria, somos presente y somos futuro, pero sobre todo, somos y construimos la transformación".
La funcionaria también destacó que la traducción de las cartillas de
los derechos a 35 lenguas originarias es un avance para el
reconocimiento de las mujeres indígenas.
Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres,
reiteró que esta iniciativa marca el inicio de una política nacional de
promoción de los derechos de las mujeres indígenas, y que se prevé su
difusión a través de radios comunitarias en todo el país, en
colaboración con el sector educativo.
Ana Elvia Paulino, del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), añadió que la cartilla se tradujo
a 27 lenguas en formato audiovisual, tiene 35 versiones escritas y que
se trabajó con comunidades de 15 estados del país, a través de una
metodología acompañada, colectiva y en pares, que involucró a mujeres
indígenas traductoras, promotoras y especialistas.
Conoce la Cartilla de derechos de las mujeres
La cartilla de derechos de las mujeres destaca que todas las mujeres
en México deben saber que tienen derecho a cumplir sus sueños y las
autoridades están obligadas a garantizar las condiciones para que esto
suceda. Puedes consultar este documento aquí.
Laura Hernández Pérez es indígena del Pueblo Nahua. Es activista,
defensora de derechos humanos, de las niñeces, de juventudes indígenas y
trabajadora social. Vive en la ciudad de México e integra la
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) y el Enlace
Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (Ecmia), una red
internacional de organizaciones de mujeres y pueblos indígenas surgida
en la década del 90. Valora las redes internacionales para tejer
alianzas en defensa de los derechos humanos. En el plano local, es
crítica del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le
reclama políticas específicas para los pueblos indígenas y denuncia el
avance del crimen organizado sobre las comunidades. Sin embargo, destaca
ciertos avances, como la prohibición del maíz transgénico.
Su familia materna y paterna migró antes de su nacimiento y se
estableció en la periferia de la ciudad de México. Creció en el
municipio Nezahualcóyotl. Su identidad, explica, es “nahua por
autoadscripción”. Señala que “autoadscripción” es un término que
contribuye a visibilizar la diversidad de identidades indígenas. Se
trata de una instancia de reconocimiento de esas identidades como
población indígena. Con ese concepto, el censo nacional de 2020 registró 23 millones de indígenas en territorio mexicano.
“En México tenemos la experiencia de considerar a la lengua como el
elemento para decidir si alguien es indígena. Pero ahí hay un abismo y
una omisión. Porque si vemos la cantidad de población hablante de lengua
indígena, en México seríamos siete millones de personas”, matiza. Y
agrega: “Hay generaciones que no hablamos una lengua indígena, pero sí
nos identificamos como indígenas. Hay generaciones que entienden la
lengua, pero no la hablan. Hay quienes la hablan solamente en sus
espacios comunitarios o familiares por una cuestión de discriminación”.
Foto: Poleth Rivas / Secretaría de Cultura CDMX
Su perspectiva es la de una mujer indígena urbana que pone en valor
el territorio como un sistema de creencias, que va más allá de la
ubicación de la comunidad, y plantea otra forma de pensar la relación
con la naturaleza, la soberanía alimentaria y la articulación con el
feminismo. “El papel y el rol de las mujeres indígenas es muy complejo y
muy difícil en los territorios. La esperanza es que los derechos
humanos sean válidos, protegidos y garantizados”, expresa.
—¿Qué significa 'el territorio' para los pueblos indígenas?
—El
territorio no es solamente una cuestión del espacio físico, de
ubicación de la comunidad. Es un sistema de creencias culturales,
políticas, simbólicas y espirituales. Y esto se lleva interiorizado
estés donde estés, incluso en el espacio urbano. Algunas de esas
expresiones simbólicas tienen que ver con rituales. Por ejemplo, en el
Día de los Muertos hay ciertos tipos de ofrendas según la comunidad a la
que pertenezcas. También la relación con la naturaleza cambia. Hay
población indígena que vive en las ciudades, pero aún tiene algo de
espacio rural y eso le permite sembrar o hacer huertos de traspatio.
Algo que traemos como mujeres indígenas es la salvaguarda de nuestros
territorios. El territorio como un todo, como el espacio que se habita
pero también como un espacio de conexión con la Madre Tierra y con todos
los seres físicos y espirituales que están allí.
—Hay una cosmovisión que excede el territorio de la comunidad...
—En
el caso de las y los indígenas que tuvimos que salir del territorio de
nuestra comunidad, las abuelas y los abuelos siempre están con nosotras y
nosotros. Y su mensaje, incluso en un espacio urbano, es seguir la
práctica milenaria de cuidar nuestros territorios, de conectar con la
naturaleza y de hacer lo posible por vivir en armonía. En la cuestión de
la soberanía alimentaria, cuidar las semillas, darle el valor a lo que
se come, agradecer a la Madre Tierra lo que nos brinda. El modelo
capitalista no ve que sin la tierra no seremos nada.
Muchas mujeres se quedan en sus territorios y muchas de ellas son
defensoras, cuidadoras de la tierra, del agua y del aire. Y esto es
importante porque las mujeres, decididamente, son transmisoras de mucha
cultura. A nivel personal, mi esperanza es regresar a mi comunidad y
sembrar, porque ese es el legado de mis ancestras y ancestros y quiero
honrarlo.
—¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas en México en término de acceso a derechos?
—Cada
Gobierno ha tenido sus particularidades. Pero en el sexenio anterior
(el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador) y en el de
Sheinbaum, tenemos un Gobierno que el mundo considera de izquierda. No
estaría tan de acuerdo con eso. Pero, por lo menos, en el sexenio
anterior y en la continuidad de este ha cambiado mucho la situación a
nivel institucional. Hay un órgano, que es el Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas, que se encarga de la política pública. El gobierno de
López Obrador hizo algunas modificaciones a esa institución. Y dijo
“nada sin las organizaciones”, pero eso incluía solo a las
organizaciones con personería jurídica. Y eso afectó a las comunidades
indígenas.
—¿Y cómo continúa ese proceso?
—Ahora se empezó a trabajar con proceso asamblearios, pero también
aquí uno se cuestiona qué pasa con la población indígena que estamos en
las periferias de las ciudades, donde no existen estos procesos. De ahí
ha venido a complejizarse la situación, en relación a los derechos y a
la institucionalidad. Con la política de bienestar se trata de alcanzar a
todos los grupos, entre ellos los pueblos indígenas. Pero nosotros
requerimos de una política pública específica, de presupuestos
específicos y de acciones integrales para atender los derechos humanos. Y
no es así como se está llevando a cabo. Hay apoyo económico, pero eso
no es suficiente para abordar problemáticas muy complejas que se están
viviendo en los territorios.
—¿Cuáles son esas problemáticas?
—Por lo menos
desde el año pasado hay una situación con los cárteles y el crimen
organizado que está vulnerando a las comunidades, que les está
violentando sus derechos humanos. Por ejemplo, la cuestión del
desplazamiento forzado. Se les saca de sus comunidades, se les quitan
sus territorios. Hay comunidades en estado de abandono. Es un nuevo
modus operandi que tienen: ya no basta con el tráfico de drogas o de
personas, ahora quieren explotar el territorio. En Chiapas las
comunidades fueron desplazadas por el crimen organizado para explotar
minerales como el litio. La situación se complejiza porque el extractivismo ya no es solo una cuestión de política pública, sino de otros actores que están invadiendo los territorios.
El crimen organizado afecta de manera general a los pueblos indígenas,
pero creo que aquí es importante colocar la cuestión de las mujeres
indígenas. A veces los compañeros se van de las comunidades y quienes se
quedan en estos espacios son las mismas mujeres, sus hijas e hijos.
—¿Cómo se vincula esto con la persecución de las y los defensores ambientales?
—Se
volvieron a activar casos de criminalización y muerte a defensores y
defensoras y eso también se entreteje con la cuestión del crimen
organizado, porque está ampliando sus opciones para movilizarse dentro
del territorio, para llevar y traer mercancía. Nos preocupa que muchas
veces no sabemos lo que pasa en los territorios, y eso es porque no se
puede difundir esa información fácilmente, porque puedes ser víctima de
la violencia.
—¿Qué experiencias de resistencia destaca en México?
—El
Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un claro ejemplo de
experiencia de resistencia porque tiene muchos años de vigencia pese a
los cambios políticos que vivió el país. El Pueblo Yaqui lleva una lucha
histórica de mucho tiempo, que se mantuvo a pesar de la opresión y de
la invisibilización. En el centro del país hay experiencias de
resistencia a las termoeléctricas, hay un movimiento de lucha que une
tres estados que se llama Frente de Pueblos en Defensa del Agua de
Puebla, Tlaxcala y Morelos.
Foto: ECMIA
Cuidar al maíz de los transgénicos
Mediante la modificación de la Constitución Nacional, en marzo
pasado, México prohibió la siembra de maíz modificado genéticamente. A
pesar de las presiones de las grandes multinacionales y del gobierno de
Estados Unidos, el país decidió proteger el cultivo más consumido en el
país.
—¿Por qué es importante el maíz para la cultura mexicana?
—Es
importante dimensionar la cuestión de quién cuida el maíz. En México se
consume la tortilla y derivados del maíz. Pero no todas las personas
dimensionan ese valor de fondo. Saben que pueden ir a la tortillería y
comprar su tortilla, pero no saben si esa tortilla viene de un maíz
transgénico. Eso pasa sobre todo en los espacios urbanos. También está
el problema del encarecimiento. En México se consume maíz, pero son las
organizaciones campesinas y las comunidades indígenas las que le colocan
otro valor. Y, por eso, enfrentamos la necedad de Estados Unidos y de
Monsanto/Bayer de entrar a México con el maíz transgénico. La campaña
“Sin maíz no hay país” dio argumentos a nivel constitucional. El maíz es
un alimento milenario que perdió su diversidad por este modelo
económico donde hay que urbanizar y hay que poner carreteras, cuando el
maíz necesita naturaleza para crecer.
—¿Qué implica este alimento en términos de tradición?
—Lo
veo con mis abuelos. Se siembra maíz, pero al lado se siembra calabaza,
chile, quelites, frijol y otros alimentos que son importantes. La milpa
es un ecosistema, una forma circular importante que hay que cuidar. Hay
comunidades que tienen prácticas de cuidados de la semilla. Pero la
verdad es que el cambio climático ha afectado la naturaleza misma del
maíz. Se necesita atender esta cuestión climática, que no solamente la
vemos en México, sino en el mundo. Todo está conectado. La conservación
de alimentos y de los animales que forman parte de ese ecosistema es muy
importante.
—¿Cómo hacemos para descolonizar nuestros platos?
—El
problema para descolonizar nuestros platos está en la imposición de
modelo de desarrollo económico y social. No puede ser que aquí en México
vendan una mandarina ya pelada en platos desechables. Se ha impuesto un
modelo de visión en torno a qué debemos de consumir y de qué manera.
Eso es muy distinto en las comunidades porque, por ejemplo, con mi
abuela nada se desperdicia y en algunas comunidades indígenas
campesinas, igual. Nada se desperdicia, todo es funcional. Todo vuelve a
la tierra y se convierte en energía. En el espacio urbano han impuesto
un modo de comer muy distinto. En la escuela de mi hija su maestra les
invita a tomar agua, pero ya las niñeces no toman agua, toman jugos. Ese
es un problema porque cómo no vamos a darle agua a nuestro cuerpo. Tenemos que desaprender mucho de lo que se ve en televisión y en las redes sociales acerca de comer empaquetados.
No creo que descolonizar sea muy complejo en personas adultas, veo
necesario trabajarlo más con las niñeces y juventudes. Por ejemplo,
destinar un espacio en las escuelas para el buen comer, que está ligado a
la soberanía alimentaria y no a los productos de las empresas
transnacionales que causan daño ambiental y en nuestros cuerpos.
—¿Qué se necesita desde la perspectiva de las políticas públicas?
—El discurso político del Gobierno es “primero los pobres” y dentro
de los pobres se encuentran los pueblos y mujeres indígenas. Pero queda
en un mero discurso. No basta solamente con una cuestión de dar
continuidad a proyectos como "Sembrando Vida" en el que llegan,
reforestan, ponen huertos y generan alimentos que no son de la zona,
sino que se permita atender la vida de quienes siembran, que son las
comunidades campesinas e indígenas.
Caminar en articulación
En diciembre pasado la presidenta Sheinbaum anunció que el 2025 sería
el año de las Mujeres Indígenas en México. La Encuesta Nacional de
Discriminación (Endis), en 2022, señaló que el 41 por ciento de ellas
opinó que sus derechos humanos no se respetan. Entre los principales
motivos de discriminación a las mujeres indígenas se encuentran: forma
de vestir, peso o estatura, por ser mujer, por ser indígena o
afrodescendiente, creencias religiosas y manera de hablar.
—¿Qué relación tienen las luchas feministas con las luchas de los pueblos indígenas?
—No
todas las mujeres indígenas nos definimos feministas. Hay un mundo
desigual para con nosotras como mujeres indígenas y para con los pueblos
indígenas. Hay un mundo con asimetría en el poder, con una cuestión
racista y colonialista. Cada una de las hermanas y compañeras escogerá
su camino y su elección respecto del feminismo, pero lo que podemos
rescatar es que muchas aliadas son feministas y han venido a contribuir a
nuestras luchas como mujeres indígenas. El feminismo es un espacio de articulación y también un espacio para visibilizar la diversidad de las mujeres. Es importante señalar que las mujeres indígenas tenemos una forma organizativa propia, autónoma, que ha costado mucho.
—¿Por qué?
—Porque te enfrentas con tu comunidad,
con tu familia, con tu pareja si es un hombre. Muchas veces no hay una
valoración de lo que haces. Lo hemos visto con muchas hermanas, que han
sufrido violencia y han tenido que salir de ese círculo, y luego llegan a
espacios mixtos donde hay compañeros que también las vulneran, las
minimizan, las humillan. Enfrentar esas situaciones familiares o
comunitarias, pero fuera de la comunidad, es un reto para las mujeres
indígenas, porque la comunidad te mira y te valora. Y para algunas
hermanas el feminismo ha sido una herramienta y es válido. Para otras,
nos enfocamos en hacer alianzas, en llevar una incidencia colectiva y
creo que también es muy válido. Porque esa es la apuesta: la defensa de
nuestros derechos humanos como mujeres y como integrantes de pueblos
indígenas.
—¿Cuál es el horizonte en esa defensa de derechos?
—El Buen Vivir implica una cuestión de los derechos humanos, el
acceso pleno a la soberanía alimentaria, a vivir una vida libre de
violencias, libre de discriminación, de racismo. Las rutas son varias. Y
cada una de nosotras como mujeres indígenas va a tomar la opción que
mejor le parezca. Desde el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de
las Américas caminamos en articulación. Sabemos que en muchos espacios
de incidencia a nivel internacional por los derechos humanos hay una
fuerte presencia de grupos feministas. Entonces necesitamos colocar
nuestras voces allí. En estos espacios ha habido conflictos y
diferencias, pero nosotras siempre decimos que vemos por un bien mayor. Y
nuestro bien mayor no es solo nuestra organización local, nacional o
internacional, sino también las otras mujeres indígenas, niñeces y
juventudes.
Foto: Dalia Pixley.- Ciudad de México.-
La Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI), exigió disculpas públicas a
Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, a quien señalaron de
emitir un discurso racista y clasista hacia las mujeres indígenas
durante la inauguración de un Centro LIBRE en Calakmul.
Sansores, tras comenzar a plantear el panorama que enfrentan las mujeres indígenas dentro del territorio de Campeche, dijo: «Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida».
Estas declaraciones se dieron frente a la presidenta Claudia Sheinbaum
Pardo y la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández,
quienes no manifestaron desaprobación ante tal aseveración.
En
respuesta, dentro de la misiva, la RAI explicó que el empobrecimiento
referido por la gobernadora es resultado de una estructura colonialista,
racista y discriminatoria, en la que el Estado mexicano y su clase
gobernante han dejado hasta al último a la población indígena.
De
acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, se estima que de los 7
millones 364 mil 645 personas indígenas en México, el 51.4% son
mujeres, de las cuales 9 de cada 10, quienes hablan una lengua indígena,
viven en pobreza moderada, extrema o con carencias socioeconómicas, de
acuerdo con el informe de Medición de Pobreza del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Sumado a ello,
dentro de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022 se
denunció un panorama alarmante de discriminación en contra de las
mujeres indígenas. La encuesta arrojó que ellas se enfrentan a miradas
incómodas (15.8%), insultos y burlas (14.8%), interrogación o detención
sin motivo (1.2%), amenazas o empujones (5.8%), daño físico o vandalismo
a sus propiedades (2%), agresión intencionada (4.4%), rechazo o
exclusión (3.5%) y obligación de salir de la comunidad (0.8%).
El
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) explica que
las mujeres de las comunidades originarias enfrentan una situación de
discriminación estructural. Históricamente han sido relegadas en ámbitos
como la salud, educación, justicia o empleo, debido a los estereotipos
que las asocian con pobreza, falta de disposición y capacidad para
trabajar. En consecuencia, se ha reforzado la exclusión en lo público y
lo privado, además de múltiples obstáculos en el goce de sus derechos
humanos.
Ante ello, la RAI reafirmó la importancia de las mujeres
indígenas, quienes han tenido papeles vitales dentro de la sociedad
mexicana como dirigentes políticas, gobernantas, parteras, curanderas,
autoridades comunitarias, escritoras, poetas, artistas, grandes
artesanas, activistas, luchadoras, cocineras tradicionales, jefas de
hogar, cuidadoras, lideresas, entre muchas otras.
Sin embargo,
este contexto fue ignorado por parte de la gobernadora, por lo que,
aparte de las disculpas hacia las mujeres indígenas, solicitaron a la
funcionaria comprometerse y tomar un curso sobre racismo, derechos de
los pueblos indígenas, derechos de las mujeres indígenas desde una
perspectiva intercultural y antirracista, género e interseccionalidad,
así como de no revictimización.
Ser
pobre es el resultado de la construcción de un Estado gobernado por un
poder y pensamiento «blanqueado», «criollo», para el que «indígena» es
sinónimo de «atraso» y «pobreza». Prejuicios vigentes en la actualidad;
el discurso de Sansores no es casualidad, se señala en la misiva
Finalmente,
lamentaron que dicho discurso se diera en el marco de la inauguración
de un «Centro Libre de Violencia», mismos que acusaron de no ser
diseñados ni construidos para atender a las mujeres indígenas, ya que
carecen de perspectivas intercultural y de género, por lo que exigen una
revisión de la composición y metodologías de atención de estos Centros y
de todas las acciones de atención a la violencia hacia las mujeres
indígenas.
Discriminación pese a rol vital
La
discriminación hacia las mujeres indígenas persiste pese a su vital
importancia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala el papel
fundamental de ellas, pues han sido parte importante en las luchas de
sus pueblos y son garantes de la cultura, además de desempeñar un rol
esencial en sus familias y comunidades, tanto en el ámbito nacional como
internacional.
Pese a su valor, la CNDH explica que la supresión
política, social y económica de las mujeres indígenas contribuye a una
situación constante de discriminación, que las vuelve particularmente
susceptibles a diversos actos de violencia. Por ejemplo, enfrentan
múltiples obstáculos a lo largo de su vida: reducidas oportunidades para
acceder al mercado laboral, dificultad para tener acceso a servicios de
salud y educación, tasas elevadas de analfabetismo, poca participación
en procesos políticos, falta de acceso a alimentación y agua, así como
violencia doméstica.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) reveló que al menos el 67.7%
de las mujeres indígenas sufrió violencia de género a lo largo de su
vida. Por ejemplo, el 50.4% sufrió violencia psicológica, el 36.7%
violencia física, el 41.8% violencia sexual y el 28.4% violencia
económica o patrimonial.
Asimismo, se detectaron las siguientes
estadísticas de violencia: el 42.7% de las mujeres indígenas vivieron
situaciones de violencia por parte de su actual o última pareja. El tipo
más frecuente fue la psicológica (37.5%), le siguió la violencia
económica o patrimonial (21.5%), física (20.2%) y sexual (8.1%). Otros
tipos de violencia que enfrentaron fueron violencia escolar (25.6%),
violencia laboral (16%) y violencia familiar (10.3%).
Asimismo,
ellas se enfrentan a conflictos armados en los que son blanco de
autoridades o personas del crimen organizado que buscan controlar un
territorio o recursos, por lo que sus derechos humanos quedan
vulnerados. Numerosos han sido los actos contra ellas, como violencia
sexual, esclavitud, asesinatos y desapariciones.
Por otro lado,
los proyectos de desarrollo e inversión también son responsables de la
vulneración de sus derechos. La mercantilización de la tierra ocasiona
que las mujeres indígenas, así como sus comunidades, tengan que
enfrentar desplazamientos forzados, migración, contaminación del medio
ambiente y afectaciones a la salud.
La discriminación de las
mujeres indígenas y la vulneración de sus derechos humanos es
consecuencia de omisiones por parte del Estado, que ha ignorado su
importancia y permitido que se perpetúe la violencia. En el panorama
actual que enfrentan las mujeres indígenas, las declaraciones de
Sansores denotan la cruda realidad del país.
