Bernardo Bátiz V.
Me percato, en primer lugar, de que su contexto amplio lo constituye el importante proceso electoral en que todo México está involucrado; también estoy consciente de que hay una campaña costosa y terca de los críticos de la Cuarta Transformación (4T) en contra del Presidente y de los candidatos del partido Morena.
Esos son el ambiente y el contexto; ahora me refiero al fondo del
tema que nos ocupa. Dejé bien claro en dos de las entrevistas, que no
quiero sumarme ni ser usado al llamado nado sincronizado
, que no
es otra cosa que la multiplicación abrumadora y perversa de críticas,
comentarios maliciosos y afirmaciones de todo tipo, algunas absurdas,
encaminadas a ensombrecer el proceso electoral y denigrar al partido que
aún es mayoritario, maniobra que nos da a todos la impresión de que
cuesta un dineral.
La litis, como decimos los abogados, consiste en saber si una pensión
que Pemex paga a la doctora Casar, tuvo un origen ilegítimo o se derivó
de un acto de influyentismo
. En entrevista con la periodista
Carmen Aristegui, ante una duda del doctor Cossío (ministro en retiro)
planteada en el mismo programa en el que yo era entrevistado, aclaré que
el influyentismo
a que se hace referencia era el de Pemex y no referido a la Procuraduría de Justicia entonces a mi cargo.
Otro punto es que el Presidente recordó una entrevista entre la
señora Casar y el escritor Aguilar Camín conmigo, para tratar de cambiar
el acta
con lo que podría cobrar libremente una pensión por la muerte de su esposo.
En la entrevista con la reconocida periodista dejé claras dos cuestiones: la primera, que no recordaba la entrevista a que se refiere el Presidente, pero que la misma pudo haber tenido lugar, puesto que reconozco la buena memoria del Presidente y sé que acostumbra a tomar notas de sus actividades políticas con objeto de dejarnos en sus libros un testimonio de su gestión.
Recordé también que durante los seis años en que fui procurador del Distrito Federal acudí sin falta a las reuniones mañaneras de entonces, los cinco primeros años presididas por el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y el último año por Alejandro Encinas. Se trataba de una práctica muy útil para la eficacia en los temas de orden y seguridad en la ciudad y también para dar seguimiento a la investigación y persecución de los delitos; todas las mañanas a primera hora del día, nos reuníamos los integrantes de Gabinete de Seguridad con datos estadísticos de lo que había pasado en las últimas 24 horas y en esas reuniones tratábamos también los asuntos relevantes sucedidos en la capital; reuniones semejantes se celebraban en las 73 coordinaciones territoriales en que la Ciudad de México se dividió para este trabajo.
Tengo la certeza de que la muerte del señor Márquez Padilla se comentó en una o varias de esas reuniones, pero como el hecho sucedió hace alrededor de 20 años, no podría precisar textualmente lo que se dijo al respecto.
El fiscal a quien correspondió el caso y los peritos en criminalística que lo apoyaron, quienes tuvieron a su cargo la investigación, después de haber revisado tanto el cuerpo y la ropa del occiso, como su oficina desde cuya ventana cayó, concluyeron que se trató de un suicidio; se descartó primero el homicidio, porque no había signo alguno de lucha, desorden o forcejeo en la oficina ni algún dato positivo al respecto.
En cuanto a la causa de la caída, los peritos concluyeron que fue la decisión personal de quien murió, porque solamente en forma voluntaria se podía salir por esa ventana que al ser abatible en forma inclinada y, por tanto, dejando un espacio muy limitado para salir por ella, se descartó la posibilidad de un accidente; quien saliera por ahí, sólo podría hacerlo por voluntad propia.
El expediente de entonces se encuentra aun en los archivos de la procuraduría, ahora fiscalía y la determinación a la que se llegó no fue modificada ni alterada, ni entonces ni posteriormente. Independientemente de lo anterior, el litigio actual entre la doctora y la empresa descentralizada tendrá que ser resuelto por las autoridades judiciales.
