"La creación de sociedades de papel y 'factureras' no sólo surgió como una estrategia de evasión, sino como una herramienta para saquear el erario".
Históricamente, el sector gubernamental ha sido el principal contratante de bienes, obras públicas y servicios, lo que impulsa a las empresas privadas de todas las dimensiones a competir en licitaciones y adjudicaciones. Sin embargo, a lo largo de los años se consolidaron esquemas ilícitos diseñados para desviar recursos mediante contratos simulados y empresas fachada. La creación de sociedades de papel y de las llamadas “factureras” no sólo surgió como una estrategia de evasión fiscal, sino como una herramienta sistemática para saquear el erario bajo una apariencia de supuesta legalidad.
Ese mecanismo de corrupción implica la colusión de al menos dos partes: las empresas corruptoras y los funcionarios públicos coludidos. Así, el sector privado ha operado múltiples modalidades de fraude que permean diversos niveles institucionales, con la colusión y complicidad de funcionarios públicos en distintos ámbitos.
Por ello, es fundamental que las instancias de fiscalización y combate a la corrupción vigilen de manera permanente y con un enfoque preventivo tanto el gasto público como la conducta de los involucrados en las contrataciones gubernamentales.
Al respecto, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), expuso durante la conferencia en Palacio Nacional los avances –que en sus dos años al frente de esa Secretaría– ha tenido en diversas investigaciones para el combate a la corrupción.
En la presentación que hizo de los casos y las cifras, expuso también las modalidades de las prácticas ilícitas detectadas:
Por parte de los contratistas, tanto personas físicas como empresas, hay los que suelen presentar documentación falsa para participar en licitaciones; otros que una vez que recibieron los contratos no entregaron los bienes o los servicios en tiempo o en forma, o que de plano nunca los entregan. Otros más que simulan experiencia técnica o capacidad económica falsificando documentación: falsean desde los currículums, la documentación de sus empleados, a veces ni siquiera tienen infraestructura o personal, sino que simplemente se trata de empresas de papel.
Están también las empresas que ocultan conflictos de intereses o simulan competencia: porque pertenecen a un mismo propietario, o a un mismo grupo empresarial o incluso que están vinculadas a funcionarios.
En esas tretas las empresas que simulan competencia suelen hacer propuestas económicas para las contrataciones públicas con montos muy elevados, manipulando los precios para que el contrato si o si lo reciba una de esas empresas, que suelen pertenecer a un mismo propietario.
Esa es otra de las trampas que desde hace muchos años han puesto en práctica proveedores gubernamentales en diversos niveles y en distintos sectores.
Por irregularidades como las antes descritas, 286 empresas han sido sancionadas, de esas 222 inhabilitadas y multadas, y 64 multadas.
En tanto que cuatro mil 193 servidores públicos han sido sancionados por conductas ilegales, tales como: otorgar o autorizar pagos indebidos; por autorizar pagos por bienes o servicios que nunca fueron entregados; por aprobar compras innecesarias o hacer compras innecesarias e injustificadas; por sustraer información que podría incluir datos personales; por ocultar sus bienes o el incremento a su patrimonio; por falsificación de documentos; y algunos de ellos hasta por prácticas de hostigamiento y acoso sexual. Son algunas de las principales conductas por las cuales se ha sancionado al número de servidores públicos ya descrito.
De los casos en los cuales se han impuesto sanciones, en tres mil 528 se consideraron faltas no graves, y en 665 se consideraron como graves.
Relacionado con lo anterior, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se remitieron mil 737 expedientes de servidores públicos, y está en el ámbito de ese Tribunal determinar las sanciones correspondientes; de esos mil 650 se encuentran en etapa de proceso y 87 ya fueron notificados.
En manos de ese Tribunal están también 33 denuncias contra particulares vinculados como cómplices de servidores públicos.
Ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría Anticorrupción ha presentado 517 denuncias contra servidores públicos por delitos como enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
Uno de los casos en los que la Secretaría Anticorrupción logró ya inhabilitaciones de hasta por 20 años contra servidores públicos se relaciona con el desvío de más de 65 millones de dólares que cometieron funcionarios de la entonces Policía Federal relacionado con un contrato que firmaron en diciembre de 2015.
Ese año los funcionarios de la entonces Policía Federal contrataron supuestamente un servicio de inteligencia, por un monto de 130 millones de dólares; asignaron dicho contrato con el argumento de “seguridad nacional” y a cuenta de ese contrato los funcionarios sacaron 65 millones de dólares; el dinero salió, pero el contrato no se pagó.
La indagatoria identificó el desvío de recursos públicos, abuso de funciones de los servidores públicos, y logró estas inhabilitaciones de 15 y 20 años para el extitular de la División de Inteligencia y para la exsecretaria general de la Policía Federal, y está pidiendo la reparación del daño: los 65 millones de dólares; está en curso además la indagatoria penal que deriva de la denuncia que la Secretaría Anticorrupción presentó ante la FGR.
Otra de sus investigaciones se relaciona con una contratación que en 2025 hizo el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, relacionado con servicios de producción y envasado de más de dos mil toneladas de frijol, por 80 millones de pesos, de los cuales de manera anticipada se pagaron 73.6 millones de pesos, lo que, explicó la Secretaria, constituye una irregularidad “porque los servicios se pagan hasta que se prestan, los servicios nunca se pagan de manera anticipada”. Y en ese contrato se pagó de manera anticipada, pero el servicio nunca se dio. Se remitió ya ante el TFJA y ante la FGR, la denuncia penal en contra de nueve servidores públicos y el proveedor.
Una indagatoria más derivó de una denuncia que en el año 2025 se presentó ante la Secretaría Anticorrupción, contra servidores públicos –del ISSSTE- y un proveedor, por el reetiquetado de medicamentos (en su mayoría oncológicos) en almacenes que además fueron contratados sin motivo ni fundamento. En febrero de 2026, la Secretaría comprobó el abuso de funciones y daño patrimonial cuantificado en 1.8 millones de pesos por parte de dos servidores públicos, y derivó la indagatoria ante el TFJA, y en la vía penal en la FGR.
Los resultados son importantes para el combate a la corrupción, muestran avances significativos en la fiscalización, pero también evidencian el rezago en la consolidación de sanciones penales: de las 517 denuncias que la Secretaría Anticorrupción ha interpuesto ante la FGR, contra servidores públicos y contratistas por delitos graves como enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, fraude, lavado de dinero y peculado, hasta ahora sólo en 53 de esas denuncias han derivado en vinculación a proceso penal, lo que representa apenas el 10 por ciento de las denuncias formuladas.
De forma paralela, en el ámbito de la justicia administrativa también es excesiva la duración de los procesos. Esta lentitud también suele deberse a los tiempos y recursos legales –como el juicio de amparo– a los que recurren funcionarios y particulares para retrasar o evadir la acción de la justicia, lo que puede prolongar los litigios por años.
Investigar y sancionar la corrupción en el servicio público sigue siendo un proceso excesivamente lento. Desde que se inicia una investigación por conductas ilícitas de funcionarios o proveedores –derivada de denuncias o quejas ante las contralorías internas– y hasta que se dicta una sanción administrativa o penal, suelen transcurrir varios años. Esta prolongada duración obstaculiza la eficacia del Estado para castigar las irregularidades en la administración pública.
Ante este panorama, la Secretaría Anticorrupción diseña una propuesta de reforma legal en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación y el TFJA, para optimizar la gestión pública y el combate a la corrupción desde un enfoque preventivo.
Consolidar un sistema nacional anticorrupción que opere bajo este criterio en los tres niveles de Gobierno –federal, estatal y municipal– es un desafío inaplazable para un país que, históricamente ha arrastrado graves problemas en el manejo del erario y su fiscalización. Para ello la estrategia federal tendría que replicarse en los demás órdenes de Gobierno, ya que la dispersión de los fondos públicos diluye la capacidad de vigilar su correcta aplicación en tiempo real.
Por ello, la federación y los estados tendrían que unificar sus criterios de prevención y sanción frente a las artimañas que funcionarios y contratistas emplean para apropiarse indebidamente de los recursos públicos.
Resolver esta problemática requiere también fortalecer la fiscalización preventiva tanto desde la ASF como desde las auditorías estatales, porque muchas de áreas prácticamente se manejan como elefantes blancos solapando el manejo discrecional de los recursos por parte de gobiernos locales. De igual forma, el TFJA debe agilizar sus procesos para terminar con el crónico estancamiento de expedientes que en ese Tribunal suelen durar años.
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