Ciudad de México. La Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV), informó hoy en un comunicado que debido al Decreto de
Austeridad publicado el 23 de abril en el Diario Oficial, está obligada a
frenar sus actividades esenciales, y que su funcionamiento quedará
paralizado. La CEAV remarcó que había argumentado que se encuentra en el
supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción
del 75 por ciento del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual
asciende a 139.4 millones de pesos.
Organizaciones sociales rechazaron ese “intento de desaparecer a la
institución”, que significaría un impacto grave en la atención a
víctimas. Aunque la institución era “débil”, sobrepasada de trabajo, y
el mismo comunicado evidenciaría la precariedad de “una mala
administración anterior”, la tarea del Estado debería ser fortalecer a
la CEAV y no desmantelarla, opinaron la Coordinadora de la Red Mesa de
Mujeres en Ciudad Juárez, Imelda Marrufo Nava, y el presidente del
Consejo Ciudadano del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas, Alberto Xicotencatl Carrasco.
La CEAV explicó en su comunicado, que sentiría un “impacto mayúsculo”
por el recorte, en comparación con otras dependencias de gobierno: “La
CEAV no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría
de los servicios son subcontratados, gran parte del personal fue
contratado –desde el origen de la institución– de manera irregular, con
plazas eventuales y de outsourcing.” La institución además enfrenta 453
juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos
millonarios, “heredados por administraciones anteriores”.
Destacó que con 25 por ciento de presupuesto etiquetado que le queda
del 2020, ni siquiera sería capaz de pagar los gastos de renta, agua,
luz, telefonía, y otros servicios básicos de las oficinas centrales ni
de los 32 Centros de Atención Integral en todos los estados del país,
los cuales ascienden a 121.9 millones de pesos. Todo eso, sin considerar
que la institución tiene la obligación de garantizar, promover y
proteger los Derechos Humanos de personas víctimas de desaparición
forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria,
feminicidio y trata, entre otros.
Graves afectaciones a mujeres víctimas
Cabe señalar que la mayoría de las personas que acuden a la CEAV son
mujeres. Por ejemplo, el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), unidad
de la CEAV encargada de llevar el padrón de víctimas al nivel nacional,
recibió 4 mil 412 solicitudes de mujeres en 2019, y 3 mil 777 de
hombres. En 2018, fueron 5 mil 888 solicitudes de mujeres y 5 mil 186,
de hombres. En 2017, fueron 3 mil 851 de mujeres y 3 mil 532 de hombres.
La CEAV documentó las graves consecuencias que tendría el recorte de
presupuesto para sus áreas de trabajo. El recorte provocará un ajuste a
la nómina, debido a que la mayor parte del personal es eventual. Sólo en
las oficinas centrales, de los 388 puestos de trabajo existentes, casi
60 por ciento estaría en esta situación. La reducción del 30 por ciento
de asesoras y asesores jurídicos “impedirá brindar asesoría jurídica y
apoyo legal a mil 874 víctimas al año.”
La lista de áreas que serán desmanteladas es larga: El área jurídica
ya no podrá atender los juicios de amparo, el incumplimiento de
sentencias “consumirá rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia, y
Reparación Integral (FAARI), por lo que no habrá recursos para ayudar a
las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos
funerarios, indemnizaciones ni compensaciones”. Desaparecerá el área que
administra el RENAVI, con el ajuste de personal en la Unidad de Género
“quedarán pendientes los programas de sensibilización y prevención del
acoso y hostigamiento sexual, así como laboral.”
También serían desarticuladas las áreas de Comunicación Social,
Transparencia, y Oficialía de Partes, que da seguimiento a las
notificaciones de Juzgados y Tribunales federales y otras instituciones.
La CEAV advirtió que se perderá el alojamiento y resguardo del
RENAVI, con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas,
así como todos los servidores, computadoras e impresoras. Desaparecerá
el área de traslados, “por lo que será imposible tramitar 9 mil 862
traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el
MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda. Los asesores jurídicos,
peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrán asistirlos durante
dichas diligencias.”
Además, no se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para
más de 5 mil víctimas al mes, y las siete mil 200 víctimas que
mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que
hay en todo el país, “no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir
atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.”
“Se debía de fortalecer a la CEAV y no desaparecerla”
Incredulidad, fue la reacción de organizaciones sociales ante las
declaraciones de la CEAV. Aunque el mismo comunicado habría evidenciado
la precariedad de la institución, que “nunca logró las principales
instalaciones básicas para trabajar”, Imelda Marrufo Nava opinó que
sería una “decepción terrible”, que se atente contra los derechos de las
víctimas.
Recordó que Andrés Manuel López Obrador, después de las elecciones
presidenciales en 2018, hizo foros con familiares, el primero justo en
Ciudad Juárez, por la historia que tiene con las víctimas de
feminicidio. “Ahí, su lema fue ‘Primero las víctimas’, y se tomó fotos
con nosotros”, recordó, “y hoy da el banderazo del Tren Maya. ¡Estamos
viviendo en dos países! ¿A qué tipo de pueblo le está hablando el
presidente, cuando a las víctimas les aniquila los insumos básicos?”,
preguntó.
La colaboradora en la línea estratégica Verdad, Justicia y
Desaparición en Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), en Veracruz,
Marcela Flores Dionicio, explicó que muchas familias sólo cuentan con
el ingreso del RENAVI para cubrir sus necesidades básicas. También la
CEAV da dinero para las búsquedas de personas desaparecidas en el campo.
Remarcó que el Decreto de Austeridad hace una excepción a temas de
Derechos Humanos, y que la CEAV entra en ese rubro. “Suena
contradictorio que el presidente haya dicho que no va haber un recorte
al tema de Derechos Humanos, y hoy salga Mara (Gómez Pérez, titular de
la CEAV) en una postura de víctima del presidente, del secretario de
Hacienda.”
“Debe de haber otro tratamiento, y más en tiempos de pandemia”,
opinó. “Es muy cruel que lo estén haciendo ahora cuando las personas que
buscan no están yendo a buscar por la pandemia. Flores Dionicio
sospecha que la intención del recorte podría ser que “los estados ahora
resuelvan”. Pero muy pocas comisiones estatales, tendrían los fondos
para apoyar a familiares mensualmente con una canasta básica o la renta,
dijo.
Para el presidente del Consejo Ciudadano del Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Alberto
Xicotencatl Carrasco, las más afectadas por este recorte presupuestario
serían “otra vez las personas más vulnerables, las mujeres defensoras y
periodistas.” Recordó que “o es menor el número de personas beneficiadas
del mecanismo, que necesitan de la CEAV.”
Las personas víctimas de delitos del fuero común, son atendidas por
las comisiones estatals. En cambio, por ley, las periodistas víctimas de
delitos contra la libertad de expresión, que son del fuero federal, son
atendidas por la CEAV. Tendrían derecho a un abogado o una abogada, el
derecho a una compensación económica porque el delito que sufrió atentó
contra su patrimonio, tiene derecho a atención psicológica, y cuando una
instancia no logra una reparación del daño sufrido, la CEAV también
tiene que reparar el daño.
Opinó que los recortes sólo podrían significar que “están intentando
hacer desaparecer la institución.” Reconoció que en el pasado la CEAV
fue una institución débil y “sobrepasada de trabajo”, pero que el
esfuerzo del Estado debería de concentrarse en fortalecer la
institución. Pero el Estado mexicano tiene una historia larga de
desprecio a las víctimas.
Tan sólo en la última década, desde Felipe Calderón Hinojosa hasta la
administración de López Obrador, “la apuesta más grande fue en la
inversión de recursos económicos en seguridad, dar mucho poder a los
cuerpos de seguridad y al Ejército, y dejar completamente del lado las
víctimas”, dijo, aunque el discurso oficial sería otro. Reconoció la
necesidad de tomar las medidas para combatir la pandemia, pero “la
pandemia de la violencia ha causado más víctimas en ese país que el
COVID-19”, insistió.
La Secretaría de Gobernación, en un comunicado publicado horas
después del anuncio de la CEAV, se apresuró a decir que “no se afectará
ninguna de las funciones sustantivas de la Secretaría de Gobernación ni
se paralizarán las actividades de ninguno de sus organismos.” Sin
embargo, el comunicado, que sólo consiste de tres párrafos, no revoca de
manera explícita el recorte del 75 por ciento al presupuesto de la
CEAV, sólo reitera que “no se dejará de prestar apoyo integral a las
víctimas de violaciones a Derechos Humanos y delitos; tampoco se
desistirá de defender, promover y garantizar los derechos humanos desde
las distintas áreas de la Segob”.
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