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3/14/2026

Gobierna una mujer


Hoy nos parece de lo más natural, pero hace unos pocos lustros ni siquiera sería imaginable; tenemos en México una presidenta con A mayúscula, que preside, que gobierna, titular del ejecutivo federal, atenta, se comunica diariamente con los gobernados y está considerada entre las tres o cuatro mujeres con más poder en el mundo.

Se ha dicho que estamos en tiempo de mujeres y es cierto; me consta, soy integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, una institución novedosa en nuestro flamante sistema judicial, que formó parte de la reforma judicial aprobada recientemente, como parte de la transformación profunda del Poder Judicial, propuesta por Andrés Manuel López Obrador poco antes de que concluyera su mandato como presidente de la República.

No tengo la menor duda, México se encuentra en medio de una gran transformación histórica, la cuarta, de gran trascendencia. Como parte de ella, destaca la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Al respecto cabe aclarar que no se trata de una “cuarta instancia” en los procesos penales, civiles, familiares o administrativos. Lo sustantivo, el meollo de las facultades de este tribunal es otro, consiste en velar por la buena conducta de los juzgadores: ministros, magistrados o jueces, tanto frente al personal a su cargo, como frente a quienes acuden a solicitar justicia y ante cualquier autoridad o ciudadano.

Para mí no hay la menor duda de que nos encontramos ante una importante transformación, la cuarta en nuestra historia. Y se aclara; este tribunal no es para resolver los juicios o controversias ni es una especie de cuarta instancia, tiene la misión o encargo de juzgar acerca de la buena o mala conducta de los juzgadores federales y también si es procedente sancionarlos por actos indebidos contra su personal, o con las “partes” en los juicios a su cargo y, asimismo, si es explicable o no lo es, su fortuna personal; es decir, si hay congruencia entre su patrimonio y sus ingresos.

El Tribunal de Disciplina al que me refiero en esta colaboración, acorde con los tiempos que vivimos, está integrado por tres mujeres y dos hombres, y quien lo preside por ahora es precisamente una jurista, una mujer.

Importa también recordar que en varias secretarías de Estado y en otros altos cargos del servicio público, encontramos mu-jeres al frente de responsabilidades y tareas de mucha importancia. Creo justo destacar el desempeño eficaz y discreto de la secretaria de Gobernación; tampoco dejo de recordar a los lectores que al frente de nuestro diario La Jornada se encuentra con vocación, inteligencia y mano firme de otra mujer, doña Carmen Lira Saade.

Estas reflexiones sobre la importante presencia del género femenino en la vida pública y cultural de México traen a cuento la errática y arbitraria actitud de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien abusa del poder y ha provocado en varias partes del mundo, lo mismo en Medio Oriente que en Venezuela y Cuba, injerencias injustas; en estos lugares y en otros se han llevado a cabo acciones como bombardeos a escuelas y hospitales, con cientos o miles de víctimas inocentes; se ha secuestrado al presidente de un país soberano y, en otro caso, se ha puesto en graves aprietos al pueblo y al gobierno de Cuba.

Lo anterior viene a cuento con motivo de las recientes intervenciones y actitudes de nuestra Presidenta. Como político y colaborador de La Jornada y como simple ciudadano, he sido crítico y no soy proclive a las alabanzas, pero procuro ser justo y objetivo. Me refiero a algunas acciones y palabras de nuestra Presidenta, de la que no podemos menos que enorgullecernos por la línea adoptada. Ante los ataques inhumanos en Irán, la opinión de la Presidenta es que la ONU ha dejado de cumplir su principal labor, que es la de buscar la paz y la resolución pacífica de los conflictos; en ese y en otros casos, sólo se confirma la doctrina y posición que siempre ha adoptado.

La actitud de nuestra Presidenta, a la que me refiero en esta colaboración, no es sólo un asunto de declaraciones. Ha reclamado con firmeza por los niños que el ICE encarcela junto con sus padres; ha opinado en contra de la política intervencionista y ha defendido nuestra soberanía y la de otros países de América Latina. También ha sabido actuar, cuando así ha sido necesario y lo ha hecho con valor en foros internacionales, en sus visitas a los estados fronterizos y diariamente en los informes mañaneros al pueblo que gobierna.

No se trata de palabras, de principios y de convicciones, principalmente es un asunto de congruencia. Así lo demuestra el envío de barcos mexicanos cargados de alimentos y otros enseresque Cuba necesita, también, debemos recordar, el envío valiente de petróleo que requiere con urgencia el pueblo de la isla, con el que México comparte lengua, historia y cultura. Gobierna una mujer y no sólo con palabras; recordemos el dicho: “hechos son amores y no buenas razones”.

8/18/2024

Reforma judicial: lo que significa

Bernardo Bátiz V.

Fueron más de 100 los asistentes quienes no sólo hicieron preguntas a los ponentes, sino que también dieron opiniones y expusieron casos concretos en los que en lo personal o lo social fueron agraviados por resoluciones judiciales. Especialmente llamó la atención la intervención de un ex trabajador de la Fundidora de Acero de Monterrey, quien relató el atropello de que fueron víctimas los obreros. Primero por el Poder Ejecutivo de entonces y luego por las resoluciones injustas del Poder Judicial.

Se hizo referencia, y me interesa compartirla, a la afirmación del ministro Juan Luis González Alcántara, según la cual el proyecto en discusión fue una respuesta (o venganza) por la resolución de la Suprema Corte que negó la posibilidad de que la Guardia Nacional en cuanto disciplina, dependiera de la Secretaría de la Defensa; la verdad es que son ya muchas y no todas recientes las resoluciones que han demostrado poca sensibilidad social y criterios formales alineados a la globalización y al neoliberalismo.

Recuerdo que con motivo de la crisis derivada de la aprobación del Fobaproa y la participación en el sistema financiero de los llamados bolseadores, la Corte validó el anatocismo, que no es otra cosa que el cobro de intereses sobre intereses, que tantos abusos permitió. Desde el siglo XII, San Buenaventura condenó el anatocismo como el robo so pretexto del contrato. No se olvida tampoco la negativa de la Corte a la solicitud de consulta popular sobre el intento de privatización del petróleo, cuando dio la espalda a más de 200 mil firmas recabadas por los solicitantes.

Hace poco también, refiriéndose a la propuesta presidencial del 5 de febrero de este año, la ex presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner afirmó al respecto es francamente revolucionaria; la definición pudiera parecer radical para algunos, pero ciertamente, modificar al Poder Judicial, tanto local como federal, significa un giro histórico, radical, se trata de un cambio a fondo respecto de un poder que tiene claras diferencias con el Legislativo y el Ejecutivo; estos dos son electos popularmente y el Judicial no, para ser presidente, diputado o senador, no se requiere ninguna especialización ni título profesional; en cambio, para ser juez o magistrado, la Constitución exige que sean profesionales del derecho y que tengan una carrera judicial; además, los otros dos poderes tienen un número determinado de titulares, en cambio el Poder Judicial está constantemente en crecimiento, crece la población y es necesario programar nuevos juzgados y nuevos tribunales, porque al parejo de número de habitantes aumenta el número de conflictos y litigios.

Para mí no hay vuelta de hoja: la decisión de apoyar la propuesta presidencial la hizo con su voto la mayoría del pueblo; durante las campañas se dieron argumentos en pro y en contra de lo que se denominó el plan C, no me cabe duda de que no será posible como algunos quisieran, dar marcha atrás. La reforma va.

Agrego que también se trata, no sé si consciente o inconscientemente de una legítima defensa; hemos experimentado en América Latina una forma de golpes de Estado y de cambios de régimen, para los cuales se logró debilitar a los poderes ejecutivos mediante intervenciones de las fiscalías y de los jueces, derrocar gobiernos y cambiar líneas políticas; se trata de un activismo judicial, conocido en México como litigio estratégico que se ha empleado para tratar de estorbar y evitar las obras del Poder Ejecutivo.

Como integrante del Consejo de la Judicatura, me tocó conocer de cerca el caso de los amparos promovidos contra el programa de vacunación contra el covid. La Secretaría de Salud planeó, como en todo el mundo, que los niños que son los menos vulnerables y tienen más defensas que los adultos, fueran los últimos en ser vacunados. Litigio estratégico organizó una avalancha de amparos, inclusive promovidos a través del Aviso Oportuno que causó como único resultado un fenómeno de embudo porque fueron tantos los amparos por lo que los despachos no cobraban, que los juzgados de distrito se vieron agobiados y los procedimientos se complicaron como efecto de esa estrategia. No sólo es una revolución, es una defensa de nuestro gobierno y nuestro pueblo contra un sistema nuevo de ataque político.

5/20/2024

Mi alegato

Bernardo Bátiz V.

Con motivo de un litigio entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la doctora Amparo Casar, así como por una mención que hizo de mi persona el Presidente de la República, me vi envuelto durante dos o tres días en una discusión muy difundida por los medios. Hacía tiempo que no participaba yo en declaraciones y aclaraciones públicas. Mi actual trabajo en el Consejo de la Judicatura Federal es más bien de carácter administrativo y aun cuando sigo de cerca lo que sucede en la política de nuestro país y ejerzo mi ciudadanía dentro de lo que permiten las normas de la Constitución y las demás reglas aplicables, procuro no inmiscuirme en asuntos de índole distinta a mi actividad actual. Ahora lo hago para aclararme a mí mismo y a quienes me hacen el honor de leer mis artículos, lo más que me sea posible, lo referente al incidente que aludo.

Me percato, en primer lugar, de que su contexto amplio lo constituye el importante proceso electoral en que todo México está involucrado; también estoy consciente de que hay una campaña costosa y terca de los críticos de la Cuarta Transformación (4T) en contra del Presidente y de los candidatos del partido Morena.

Esos son el ambiente y el contexto; ahora me refiero al fondo del tema que nos ocupa. Dejé bien claro en dos de las entrevistas, que no quiero sumarme ni ser usado al llamado nado sincronizado, que no es otra cosa que la multiplicación abrumadora y perversa de críticas, comentarios maliciosos y afirmaciones de todo tipo, algunas absurdas, encaminadas a ensombrecer el proceso electoral y denigrar al partido que aún es mayoritario, maniobra que nos da a todos la impresión de que cuesta un dineral.

La litis, como decimos los abogados, consiste en saber si una pensión que Pemex paga a la doctora Casar, tuvo un origen ilegítimo o se derivó de un acto de influyentismo. En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, ante una duda del doctor Cossío (ministro en retiro) planteada en el mismo programa en el que yo era entrevistado, aclaré que el influyentismo a que se hace referencia era el de Pemex y no referido a la Procuraduría de Justicia entonces a mi cargo.

Otro punto es que el Presidente recordó una entrevista entre la señora Casar y el escritor Aguilar Camín conmigo, para tratar de cambiar el acta con lo que podría cobrar libremente una pensión por la muerte de su esposo.

En la entrevista con la reconocida periodista dejé claras dos cuestiones: la primera, que no recordaba la entrevista a que se refiere el Presidente, pero que la misma pudo haber tenido lugar, puesto que reconozco la buena memoria del Presidente y sé que acostumbra a tomar notas de sus actividades políticas con objeto de dejarnos en sus libros un testimonio de su gestión.

Recordé también que durante los seis años en que fui procurador del Distrito Federal acudí sin falta a las reuniones mañaneras de entonces, los cinco primeros años presididas por el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y el último año por Alejandro Encinas. Se trataba de una práctica muy útil para la eficacia en los temas de orden y seguridad en la ciudad y también para dar seguimiento a la investigación y persecución de los delitos; todas las mañanas a primera hora del día, nos reuníamos los integrantes de Gabinete de Seguridad con datos estadísticos de lo que había pasado en las últimas 24 horas y en esas reuniones tratábamos también los asuntos relevantes sucedidos en la capital; reuniones semejantes se celebraban en las 73 coordinaciones territoriales en que la Ciudad de México se dividió para este trabajo.

Tengo la certeza de que la muerte del señor Márquez Padilla se comentó en una o varias de esas reuniones, pero como el hecho sucedió hace alrededor de 20 años, no podría precisar textualmente lo que se dijo al respecto.

El fiscal a quien correspondió el caso y los peritos en criminalística que lo apoyaron, quienes tuvieron a su cargo la investigación, después de haber revisado tanto el cuerpo y la ropa del occiso, como su oficina desde cuya ventana cayó, concluyeron que se trató de un suicidio; se descartó primero el homicidio, porque no había signo alguno de lucha, desorden o forcejeo en la oficina ni algún dato positivo al respecto.

En cuanto a la causa de la caída, los peritos concluyeron que fue la decisión personal de quien murió, porque solamente en forma voluntaria se podía salir por esa ventana que al ser abatible en forma inclinada y, por tanto, dejando un espacio muy limitado para salir por ella, se descartó la posibilidad de un accidente; quien saliera por ahí, sólo podría hacerlo por voluntad propia.

El expediente de entonces se encuentra aun en los archivos de la procuraduría, ahora fiscalía y la determinación a la que se llegó no fue modificada ni alterada, ni entonces ni posteriormente. Independientemente de lo anterior, el litigio actual entre la doctora y la empresa descentralizada tendrá que ser resuelto por las autoridades judiciales.

9/28/2020

El PAN, 81 años


El Partido Acción Nacional (PAN) cumplió este mes 81 años de su fundación. Fue un modelo de oposición, respetado cuando era escuela de ciudadanía y alentaba la participación de los ciudadanos. Los militantes éramos voluntarios y no aspirábamos a beneficios personales ni a cargos públicos.

Cuesta trabajo entender cómo llegó a ser lo que es ahora. Fue un partido de idealistas luchando contra el partido oficial a sabiendas de que vencerlo era poco menos que imposible. El fundador enseñó que la política es brega de ­eternidad.

Pienso hoy en sus glorias pasadas y en su realidad actual. Para entenderlo, propongo una síntesis de lo que creo que ha sido su historia. He llegado a la conclusión de que el PAN ha tenido por lo menos tres etapas bien diferenciadas: el liberalismo democrático en sus primeros años, un partido de inspiración social cristiana durante una época intermedia y luego, a partir de la llegada de los empresarios y los llamados bárbaros del norte, un partido neoliberal; después, su descomposición impide que lo coloquemos en alguna clasificación precisa.

En su primera época, a partir de su fundación, se caracterizó por ser defensor de la democracia y el sufragio efectivo; en lo económico su pensamiento fue liberal a secas, proponía el libre mercado, la defensa a ultranza de la propiedad privada y se le señalaba como el partido de los banqueros; ciertamente, cuando menos, había uno, su fundador, otros se escabulleron después de las primeras escaramuzas y la verdad, entonces, el grueso de sus militantes era de profesionistas, pequeños y medianos empresarios y en general de la clase media.

El intelectual de derecha, furibundo escritor Jesús Guiza y Acevedo, en un libro de los años cuarenta, publicado por Editorial Polis y de título El PAN es un equívoco, sostenía que la función del partido, en esos primeros años, era legitimar al gobierno simulando ser de oposición; algún otro más adelante afirmó: lo que resiste apoya.

La segunda etapa la identifico como de inspiración social cristiana; se inicia cuando antiguos dirigentes de la Acción Católica, que había apoyado al partido desde sus inicios, llegan a puestos directivos y ante el retiro parcial del fundador, se quedan al frente.

Me parece que es la época de mayor crecimiento, de una militancia generosa y convencida, época de presencia independiente y oposición verdadera; el documento que pudiera ser considerado como el banderazo de salida de esta etapa es la Proyección de los principios de doctrina aprobada en la convención nacional de mayo de 1965.

Frente a los principios de 1939, esta proyección se caracteriza por la inclusión de principios de justicia social y por un alejamiento crítico del liberalismo clásico y del libre mercado.

Destaca en la Proyección de los principios de doctrina un capítulo especial denominado Justicia social, que no se encuentra en los principios originales; constituyó para entonces, una novedad y un quiebre en la historia del pensamiento del partido. La nueva convicción, promovida por el presidente nacional Adolfo Christlieb Ibarrola y expuesta más abiertamente por el candidato presidencial de 1970 Efraín González Morfín, autor de un documento denominado Cambios democráticos de las estructuras y promotor del solidarismo.

En esta época, que coincidió con mi militancia en el blanquiazul, se hablaba del trabajo como principio ordenador de la economía, de la supremacía de éste sobre los bienes materiales e instrumentales de la empresa; se proponía entonces que los trabajadores pudieran participar en la propiedad, en las ganancias y en la dirección de las empresas.

En la 48 Legislatura, coordinada por el abogado Juan Landereche Obregón, yerno del fundador, en la que participé como diputado, propusimos que las empresas productivas del Estado pasaran a los trabajadores en forma de sociedades cooperativas e iniciamos reformas a la ley para que los trabajadores tuvieran derecho a comprar acciones de las empresas, con sus gratificaciones de fin de año o con su reparto de utilidades; se pugnaba por fomentar las sociedades cooperativas y se citaba con frecuencia a los pensadores católicos de avanzada Delos, Maritain y Mounier.

En esta época destacaron los dirigentes José González Torres, Alfonso Ituarte, José Ángel Conchello y Pablo Emilio Madero; con austeridad y con autosuficiencia económica obtenida mediante cuotas de diputados y rifas, el partido creció, definió su propuesta y obtuvo sin aceptar prerrogativas, triunfos en ciudades intermedias en todo el país.

La tercera etapa, el neoliberalismo, se inicia con la expropiación de la banca; los empresarios, alarmados, llegaron al PAN, con recursos y empleados a sueldo; se apoderaron del partido buscando el regreso a los acuerdos con el gobierno y a sus negocios. Se consolidó con el nacimiento del PRIAN, al inicio del gobierno de Salinas, y culminó con el Pacto por México, con Peña Nieto.

Sería muy positivo si, ante la coyuntura actual, militantes de buena fe ­redefinieran su doctrina.

9/14/2020

El Poder Legislativo




Una transformación a fondo del Estado mexicano, tal como se decidió por la mayoría del pueblo en un proceso democrático impecable, no puede limitarse a cambios en el Poder Ejecutivo; son necesarias transformaciones a fondo en los tres poderes. Se requieren modificaciones impulsadas por los servidores públicos electos, con la participación y vigilancia del pueblo soberano, pero no en todas las áreas de nuestra vida política se avanza en forma idéntica; los poderes Ejecutivo y Judicial han emprendido ya acciones encaminadas a cambios profundos pero, en mi opinión, el Poder Legislativo mantiene fórmulas y vicios del antiguo régimen.
Los avances en el Ejecutivo están a la vista. El énfasis se ha puesto en la vía pacífica, el convencimiento y en el estado de derecho; se combate la corrupción y no hay represión; se respetan los derechos humanos y, especialmente, los de opinión y participación en reuniones políticas y manifestaciones públicas.
En la entrevista que el presidente López Obrador dio a periodistas de La Jornada, publicada el lunes anterior, se puede apreciar con precisión el estado del cambio. Constan en ella las decisiones del mandatario y se analizan los primeros resultados; no hay corrupción, no se reprime, los programas sociales, elevados a nivel constitucional, mantienen viva la economía popular, hay obra pública que no se ha detenido pese al Covid-19, se aumentó sustancialmente el salario mínimo y no se incrementa la deuda pública con nuevos empréstitos.
El Poder Judicial impulsó una iniciativa de reforma a diversos artículos constitucionales para sentar las bases de una transformación profunda de este poder; el proyecto, con el cual se solidarizó el titular del Ejecutivo, incluye modificaciones a la Constitución y a diversas leyes de la materia, va a fondo, reafirma la autonomía del Poder Judicial, corrige viejos vicios y pugna por la modernización del sistema de justicia; el proyecto en proceso legislativo se acompaña en la práctica por acciones concretas en favor de la paridad de género en los cargos de jueces y magistrados, el combate al nepotismo incrustado en el sistema e impulsa la capacitación de los servidores públicos de este poder.
Mientras, en el Poder Legislativo se conservan prácticas contrarias a los principios que deben regir al Congreso y se cometen fallas y equívocos. Me consta, que antes de que se concluyera un proceso formalmente legislativo, para designar a un funcionario público, se dio a conocer el sentido de la votación aún no emitida. Reciente­mente, con motivo de la elección de la mesa directiva de la Cámara de ­Diputados, se hicieron evidentes las maniobras del paso de legisladores de una bancada partidista a otra, con fines puramente pragmáticos y sin modificación en las convicciones de los legisladores, si es que las tienen o las tuvieron.
No se le ha dado a este poder el alto valor moral que debe tener; ciertamente, no estamos en la época en que un partido oficial hacía y deshacía en las cámaras y los coordinadores, llamados pastores, tenían en la curul un teléfono para recibir indicaciones y consignas o para consultar directamente con el titular del Ejecutivo, pero se conservan formas autoritarias que desconocen la igualdad de todos los legisladores, el valor de su opinión y de sus votos y se establecen jerarquías que ni la doctrina ni la ley que regula al parlamento ­admiten.
Hace años, en pleno apogeo del partido oficial, el constitucionalista Felipe Tena Ramírez escribió: El parlamento es cortesía, tolerancia, discusión política, tradición; es pues, sistema exótico en régimen de caudillaje. Cincuenta años después, el principio de respeto a la opinión de los legisladores, el de igualdad entre ellos, el de libertad y respeto a las resoluciones mayoritarias continúan en entredicho y prevalecen cabildeos, resoluciones cupulares, las reuniones secretas y otros vicios que deben ser ­erradicados.
La Constitución de Apatzingán, promovida por Morelos, puso en primer lugar de los tres poderes al Supremo Congreso Mexicano, el cual tenía la representatividad de la soberanía del pueblo; quedaban en segundo término el supremo gobierno y el supremo tribunal de justicia, a los que esta carta ejemplar, verdadera acta de nacimiento del México independiente, no les confería la representación de la soberanía.
Siguiendo esa tradición, la Constitución vigente, en el artículo 49, con el que se inicia el capítulo de la división de poderes, al enumerar a los que integran el supremo poder de la Federación, pone en primer lugar, antes del Ejecutivo y del Judicial, al Poder Legislativo. Diputados y Senadores deben tener muy claro que ellos son los representantes de la nación, no representan a sus estados o distritos ni a sus partidos ni son subordinados de sus gobernadores ni del presidente de la República. Los sujetos del Poder Legislativo, los protagonistas, son los legisladores en lo individual y no las fracciones parlamentarias.

8/31/2020

La justicia social



Para entender la motivación de la Cuarta Transformación, debe comprenderse la noción de justicia social, olvidado a veces y mal entendido otras. Recordar el concepto, recuperarlo por haber estado ausente por mucho tiempo de la vida de México, ahora apenas entreabriendo la puerta como posibilidad verdadera de ingresar a nuestras casas, a nuestras comunidades, ya no como promesa repetida por décadas, sino como una meta al fin alcanzable.
Entender cuál es la causa profunda que nos mueve hacia un cambio, requiere volver al concepto que es la piedra angular del proceso, ahora tan atacado por una minoría pero defendido por el pueblo, entidad real, informada y atenta, que sabe apreciar una esperanza de mejora generalizada; debemos volver a la definición, que no es nueva, pero no pierde vigencia.
La justicia social una de las vertientes de la justicia a secas. En la Roma clásica se entendió por justicia la voluntad constante de dar a cada quien lo que es suyo, lo que le corresponde; y cuando la intención de alto valor ético toma carta de naturalización en el cristianismo naciente, se le define como una virtud cardinal y se le reconoce como una cualidad de la voluntad, firme y constante.
Desde entonces y hasta hoy, la doctrina distingue entre dos tipos de justicia, la conmutativa y la distributiva; por la primera se restituye a cada persona en lo individual lo que es suyo y en la otra, en la distributiva, origen de la justicia social, muy cercana al ideal del bien común, se trata de una forma más equitativa de distribuir todos los bienes de una comunidad. Es superar al máximo las desigualdades sociales y poner al alcance de todos, todo; asegurar oportunidades y acceso a las exigencias indispensables que una persona requiere para una vida digna; esto es, garantizar el derecho a casa, vestido, sustento, salud, educación, recreación, seguridad.
No hay justicia social y es necesario procurarla cuando unos pocos tienen todo en exceso y otros muchos carecen de casi todo. La injusticia se hizo patente cuando la revolución industrial, los grandes inventos mecánicos, la codicia desbordada, el li­beralismo manchesteriano, generaron a gran escala injusticia y dolor a personas, fa­milias y comunidades enteras. Entonces la repulsa al sistema, el reconocimiento de la infelicidad y dolor que provoca, dieron lugar a la denuncia y a las propuestas de cambio, surgidas desde todas partes y alentadas por muchos.
Marx, enseñó que la historia avanza a saltos, por medio del choque de contrarios; los explotados enfrentan en cada etapa a sus explotadores. Esclavos y cristianos contra la estructura del imperio romano; siervos frente a señores feudales; el estado llano, incendiando París y finalmente obreros en contra de los dueños del capital. De cada enfrentamiento nace una nueva forma de organización sustentada en la estructura económica. Marx, en El capital, cuando organizó la Internacional Socialista, cuando con Engels lanzó el Manifiesto, vio una injusticia admitida sordamente, encapsulada en las estructuras jurídicas y sociales y convocó a la revolución.
También denunciaron la desigualdad lacerante los socialistas utópicos, los creadores de sistemas ideales, pero irrealizables. Marx los hostigó por ingenuos, por creer que la justicia puede lograrse sin una lucha de clases y desde entonces, utopía equivale a un sueño inalcanzable.
Alguien más se percató de lo perverso del sistema capitalista, con otra lente, desde otra óptica; la Iglesia católica, que entre dos fuegos, como ha vivido siempre, combatió al materialismo dialéctico que niega el espíritu y simultáneamente denunció al otro materialismo, al capitalista, por injusto y por generador de miseria y dolor a gran escala. Desde ese frente, primero fue la encíclica Rerum novarum, del papa León XIII, que definió la necesidad de remediar la injusticia.
Encontramos en ella amplias consideraciones de indudable precisión, como ésta: Explotar la pobreza ajena para mayores lucros es contra todo derecho divino y humano. Uno de sus capítulos se refiere al deber del Estado de promover la justicia social, se denomina El estado debe promover y defender el bien del obrero en general. Allí define “[entre] los deberes no impropios ni ligeros de los príncipes [gobernantes], toca mirar por el bien del pueblo, el principal de todos, es proteger a todas las clases de ciudadanos por igual, es decir, guardando inviolablemente la justicia llamada ‘distributiva’”.
A este documento, a través del tiempo, han seguido otros y el papa Francisco recientemente, expresó con toda claridad que defender al pueblo no es comunismo y que la preferencia por los pobres está en el centro del Evangelio.
La justicia social, en resumen, busca evitar los abismos insalvables entre pobres y ricos, y pretende que los bienes se distribuyan con más equidad y alcancen para todos, y esto, por medio de la acción de todos, en forma pacífica y encabezada por gobernantes responsables.

8/17/2020

El sistema mexicano

Bernardo Bátiz
La Jornada: 
Es claro el modelo político adoptado por el gobierno actual, el primero que en décadas alcanzó un triunfo intachable, no objetado, en un proceso democrático apegado a las normas, y eso, no obstante que hubo fraude, pero no cometido por quienes triunfaron; lo asombroso fue que la cifra de votos a favor alcanzó un número tan abrumador que hizo imposible que fuera superado mediante triquiñuelas.
Lo importante ahora, lo evidente, es que el gobierno reconocido como el triunfador por los organismos electorales y por los propios contrincantes, actúa apegado al sistema republicano y democrático establecido en el artículo 40 de la Constitución y en la economía se atiene a lo dispuesto en el llamadocapítulo económico, estructurado en los artículos 26, 27 y 28 de la Carta Magna.
No pudieron hacer fraude y resultó vencedor el candidato opositor. En las décadas finales del siglo pasado, un operador político, cuyo nombre se me olvida, presumía: “A la legalona puedo cambiar un resultado cuando la diferencia es de 10 por ciento o poco más”; en 2018 no fue el caso, la catarata de votos fue imparable.
Ante lo irrebatible, los adversarios derrotados optaron por una campaña muy elaborada, pero torpe, de acusaciones, denuestos y calumnias para minar la confianza de la gente en el gobierno y han logrado penetrar un sector de la clase media, muy identificado; les molesta del gobernante desde su edad, sus decisiones de gobierno más significativas y hasta su guayabera arrugada al final de un viaje.
Pero el colmo ha sido lo declarado por un alto dignatario de la Iglesia católica que ha repetido una acusación extremista, según la cual México, con Morena y López Obrador, vadirectoal comunismo; se ha rebatido en todos los tonos, algunos con una sonrisa en los labios y otros más acremente, la infundada advertencia del prelado, quien por otra parte, por su edad y cargo, merece respeto.
Pero por ello conviene, como lo digo al inicio de esta colaboración, precisar el sistema político imperante en México; se funda en disposiciones constitucionales y en nuestra propia historia. Nítido para muchos, pero no entendido por otros y distorsionado en forma intencional por la minoría rencorosa, herida en su vanidad y, en algunos casos, en sus intereses, por lo cual se propone, por todos los medios,vengarpolíticamente lo que no puede asimilar y ahora teme, pues ve cómo lo ofrecido en campaña –combatir la corrupción y la impunidad– va en serio; ya están varios de los llamadospeces gordosbajo proceso penal y se investiga a muchos más.
Ahora, lo declarado por el extra­di­tado Emilio Lozoya revela algo ya sabido o al menos sospechado; no hay duda de que hubo, en gobiernos anteriores, compra de sufragios en las elecciones; compra de votos de diputados y senadores en lasreformas estructuralesy hasta compra de partidos; estas declaraciones lo confirman. Lamentable que el PAN, iniciador de la lucha por la democracia, haya vendido su primogenitura por un plato de lentejas.
El exceso de corrupción colmó la paciencia de los votantes y provocó el cambio del partido gobernante, pero de eso a ir camino al comunismo, término en desuso, hay mucha distancia; prácticamente ha dejado de emplearse desde que a mediados del siglo pasado se generalizó la idea del fin de las ideologías; por ello, urge explicar.
Bien observadas las cosas, el gobierno tiene dos objetivos: uno, cumplir estrictamente con el título tercero de la Constitución que se ocupa de la división de poderes, y dos, en materia económica, con el sistema de economía mixta, surgida de la Revolución Mexicana.
En la parte política, somos una república democrática, nuestro régimen es presidencialista y, como lo ha destacado el constitucionalista Felipe Tena Ramírez, nuestra legislación sui géneris es presidencialista conmatices parlamentarios. Desde que protestó como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador expresó con toda claridad que no tendría injerencia en las decisiones de los otros poderes, y lo ha cumplido. Ciertamente, ejerce las facultades que esos matices parlamentarios le confieren en su calidad de titular del Ejecutivo, presenta iniciativas de leyes, ternas para cargos públicos, tiene el derecho de veto, designa a su gabinete y a los funcionarios de otros poderes cuando la ley así lo autoriza.
En materia económica, sigue las disposiciones constitucionales vigentes desde 1917 con reformas que reconocen tres sectores de la economía, respetados y defendidos expresamente por el titular del Ejecutivo. Son el sector público, el sector privado y el sector social. No hay ningún atentado en contra de la propiedad privada, se contratan empresas particulares para hacer obra pública y mediante reformas constitucionales que debe aprobar el constituyente permanente, se van rescatando paulatinamente las áreas estratégicas, hidrocarburos y electricidad, de que fuimos despojados por el llamado Pacto por México. Es nuestro sistema, sustentado en nuestras leyes.

8/03/2020

Avatares de la democracia


La Jornada

Bernardo Bátiz

La democracia es un tema necesario para mí. A él regreso una y otra vez. Sobre él he escrito en los largos años de ser colaborador de La Jornada; es un asunto fundamental. Durante mi vida política, ha sido una meta compartida con muchos lograr el establecimiento de la democracia en nuestro país, conseguir el respeto de la voluntad popular y la proscripción definitiva del fraude electoral. Después de tanto batallar de muchos, se logró al fin un cambio de fondo mediante una elección a cuyo resultado se llegó con votos convencidos y no comprados, sin falsificación de boletas y sin ninguna caída del sistema.
Los tradicionales enemigos de la democracia, sin embargo, ponen en tela de juicio uno de sus fundamentos torales, el de la igualdad. La más alta expresión de la democracia, es aquella en la cual todos los ciudadanos pueden votar y su voto tiene un valor igual, sin distinciones de clase, fortuna o nivel educativo: un ciudadano, un voto. Épocas hubo de democracia selectiva: podían votar sólo los hombres libres, los propietarios o quienes recibían una renta o ejercían una profesión; quedaban excluidos los de las clases menos afortunadas, más pobres o menos ilustradas.
Quienes perdieron en 2018, de momento, ante lo incuestionable del proceso, reconocieron el triunfo de Morena, pero, al percatarse de la seriedad y profundidad de los cambios emprendidos y de la determinación del titular del Ejecutivo, decidieron emprender una campaña para poner en tela de juicio la capacidad del gobernante y la viabilidad de sus determinaciones.
Una argumentación, quizá la última que les queda, es volver a pensar en una democracia selectiva; los 30 millones de votos en favor del candidato y de su partido son –dicen– votos de un sector de la sociedad inconsciente, engañado o deslumbrado por lo que han llamadopopulismo. Consideran esos votos de calidad inferior a los emitidos en favor de otros candidatos y se ha señalado a los triunfadores como una minoría, pues hubo un abstencionismo contabilizado por ellos como favorable a sus propuestas.
Sostienen que los votos mayoritarios valen menos porque fueron emitidos por el pueblo, por los que no tienen estudios, por los que no están preparados. Esta concepción elitista en realidad constituye la negación de la democracia; nadie puede valorar el propio voto como superior al de otro ciudadano; sin embargo, ellos lo hacen en una actitud francamente clasista. Sus protestas en vehículos de lujo, sus expresiones despectivas respecto del origen de clase media del Presidente y su menosprecio por la voluntad popular encierran una concepción equivocada de una república democrática.
En abono a su crítica al gobierno, aducen la falta de conocimiento del idioma inglés del Presidente, su título profesional de una universidad mexicana, la Nacional Autónoma de México, y lo comparan con otros mandatarios preparados en universidades extranjeras, principalmente de Estados Unidos. En el fondo, su actitud antipatriota demuestra el desprecio por nuestros valores y la creencia de que México no puede salir adelante sin imitar valores ajenos muy discutibles, aun cuando fueron aceptados en forma acrítica durante los sexenios del neoliberalismo. Para estos detractores del actual gobierno, el valor superior es el éxito y el proceso social más importante en una comunidad nacional es la competitividad.
Este modo de pensar nos lleva a recordar la llamada profecía de Lansing. Este personaje, Robert Lansing, en 1924 escribió al dueño de una cadena estadunidense de periódicos, William R. Hearst, quien proponía para terminar con la agitación en México, causada por las secuelas de la Revolución Mexicana y para evitar la afectación de los intereses de empresas y capitales de su país, por la tendencia de carácter social y nacionalista derivada de nuestro movimiento iniciando en 1910, como necesario poner en México a un presidente nacido y educado en Estados Unidos.
Ante esa propuesta de Hearst, Lansing escribió:México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre: el presidente, y en seguida, aconseja lo siguiente:
“Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo, debemos abrirle a jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y, con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma Presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho”.
¿Conocerán esta predicción los críticos de hoy?
¿Se darán cuenta a qué intereses ­sirven?

7/06/2020

Doctrina Estrada y Doctrina Monroe


La Jornada: 

La geopolítica, las exigencias de la economía y la realidad internacional imponen a los gobiernos compromisos que deben afrontar. La reunión de dos presidentes, el de México y el de Estados Unidos (EU), tendrá lugar dentro de un par de días. El de EU, según algunos comentaristas, aprovechará la reunión para fines personales de carácter electoral; pienso que posiblemente recuerda su visita a nuestro país durante su campaña presidencial y lo bien que le fue con el entonces presidente Peña Nieto; el que éste se viera tan mal, débil, pequeño, usado por el que sería su homólogo del norte, lo que le valió votos que lo llevaron a derrotar a Hillary Clinton y llegar a la presidencia.
Se rumora que tratará de repetir la faena, ahora para relegirse; si eso fuera así, es que no conoce bien a su contraparte de hoy. El Presidente de México llegó a su cargo por un claro proceso democrático; su propuesta fue contra la corrupción, por un nuevo proyecto de nación y con el lemapor el bien de todos, primero los pobres. Ahora, en medio de la crisis y resistiendo con serenidad incomprensiones, ataques arteros de sus opositores y problemas de todo tipo, mantiene aún una aceptación de más de 65 por ciento.
Sin embargo, contra lo que se ha dicho insistentemente, se tratará de algo más que oportunidades políticas y temas económicos; en el fondo es la confrontación de dos visiones diferentes de la política; el Presidente mexicano inició una gran transformación, la cuarta en la historia de México, en forma pacífica; respeta los derechos humanos, no ha reprimido a nadie, ha sido paciente con los que lo insultan y proponen sus destitución y basa su política en los ofrecimientos de campaña.
Consagró los programas sociales a escala constitucional, combatió el robo de energéticos, disminuyó las pensiones a los ex presidentes, elevó el salario mínimo; en plena crisis, distribuye recursos abajo, con créditos a la palabra a los pequeños empresarios, mantiene becas a estudiantes, apoyos a las madres solteras y sostiene las tarjetas de adultos mayores; disminuyó los impuestos en la frontera norte, tiene un programa único en el mundo de siembra de árboles frutales y emprende obra pública, para lo que contrata empresas y crea empleos.
El de Estados Unidos es un multimillonario racista, partidario de la fuerza, con una política impertinente, altanera y despectiva frente a los más débiles; ha sido criticado como misógino e intolerante y su obra consentida es el muro fronterizo.
Ambos llegan a este encuentro con estas características y cada uno lleva sobre la espalda la historia de su país; vecinos con una frontera de 3 mil kilómetros de longitud y representando a naciones que históricamente no han tenido una relación tersa.
La historia, que a veces se olvida, recuerda abusos, invasiones, despojo de territorio en beneficio del vecino del norte, injerencias violatorias del derecho internacional y una desigualdad económica y militar significativa. José Vasconcelos llamó al embajador de EU, que le tocó conocer, el pro cónsul, pues intervenía en política interna y tenía más peso que el mismo presidente de la República.
Las cosas han cambiado; al Presidente de México lo acompañará una tradición que se recupera, de liderazgo latinoamericano y un prestigio histórico en las relaciones internacionales, de independencia, respeto a todos los pueblos y naciones, sea cual sea su tamaño y poderío económico; muestras de generosidad internacional, hospitalidad y defensa de los derechos de los pueblos. La síntesis de esta política reconocida mundialmente radica en la Doctrina Estrada, que rechaza la injerencia exterior en las cuestiones internas de los estados y proclama que debe ser respetada la decisión de cada pueblo y reconocidos los gobiernos que cada quien se dé, sin juzgar desde afuera la legitimidad de las decisiones internas.
El presidente estadunidense, en cambio, además de sus características personales que no despiertan simpatía, lleva el lastre de la Doctrina Monroe:América para los americanosy ellos, se califican a sí mismos como losamericanos, pretenden ser los árbitros de la política y la economía en todo el continente; se trata de relaciones desiguales, de falta de respecto a la soberanía de los más débiles, esperan subordinación y no equidad e igualdad. EU ve a los países latinoamericanos como naciones que les deben sometimiento y obediencia; que deben ser protegidas y dirigidas.
Como están hoy las cosas, el Presidente de México llega con una ventaja moral, lo respalda un pueblo informado y movilizado, una doctrina humanista que exige respeto a la propia soberanía y respeta la de todos, reconocida internacionalmente, y él, en lo personal, tiene carácter, convicciones; es reconocida su honradez y ha salido airoso de otras tormentas y otros temporales. Creo que llevamos la ventaja en la reunión; la fuerza moral está del lado de la Doctrina Estrada y no con la Doctrina Monroe.

6/22/2020

El poder, ¿división o pulverización?




La teoría de la división de poderes, pilar de la democracia, viene de muy lejos; en Grecia, Aristóteles planteó la necesidad de que el poder no fuera absoluto, que la monarquía no se transforme en tiranía, que la democracia no resbale a demagogia. El poder, se sabe desde entonces, está siempre en riesgo de pervertirse; quien lo tiene, aunque sea legítimo su origen, está siempre en la posibilidad de abusar; quien tiene poder, tendrá la tentación de emplearlo para satisfacer ambiciones o para cumplir venganzas.
Por eso, porque el poder concentrado en una persona o en una corporación puede ser fuente de abusos, es que teóricos de la política, políticos en activo y pueblos enteros, siguiendo el pensamiento de Aristóteles, John Locke, Montesquieu y otros, lograron aceptación en sistemas políticos y constituciones, en los que prevalece el principio de división de poderes, un régimen de límites, de contrapesos, de equilibrios.
Nuestra Constitución, en su artículo 49, abraza, como la mayoría de las constituciones del mundo, la doctrina de la división de poderes, y con un lenguaje sobrio y no carente de belleza, dispone lo siguiente:
El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y agrega:no podrán reunirse dos o más de esos poderes en una sola persona o corporación.
Son tres los poderes tradicionales, el Legislativo hace las leyes y aprueba presupuesto e impuestos para cubrirlo, también vigila el gasto y aprueba la cuenta pública; el Ejecutivo, ejecuta, hace cumplir las normas, administra y tiene a su cargo las relaciones internacionales y el mando de la fuerza pública; el Judicial imparte justicia y resuelve controversias entre particulares, entre éstos y el poder público o entre varios órganos de gobierno. Esos son los tres poderes, clásicos, aprobados por el constituyente de Querétaro en 1917.
Pero al transcurrir el tiempo y rodar el mundo, algunas veces por exigencias internas y otras por imitación extralógica del exterior o presión de organismos internacionales, hemos incorporado poderes distintos a los tradicionales; la Constitución, a lo largo de los años, ha sufrido sucesivas reformas que reconocen entidades nuevas, que, sin ejercer la soberanía, disponen de amplios espacios para ejercer el poder y tomar decisiones independientes de la voluntad del titular del Poder Ejecutivo.
Son reconocidos, expresamente, el Instituto Federal Electoral, por el artículo 41 fracción III; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el artículo 102 Apartado B; el Banco de México, con el monopolio de emisión de moneda, en el artículo 28 fracción VI, y la UNAM junto con otras instituciones de educación superior, en el artículo tercero. También está la recientemente aprobada Fiscalía General de la República, en el artículo 102, apartado A.
Además de estos órganos autónomos, consagrados en artículos constitucionales, hay un número grande de otros que han sido aprobados por leyes secundarias, con funciones inicialmente encomendadas al Ejecutivo. Estos organismos sin base constitucional han proliferado y restan facultades que en su conjunto mellan lagobernabilidad; un ejemplo entre muchos lo encontramos en los tres órganos autónomos recientemente mencionados por el senador Monreal y por el Presidente de la República: Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia Económica y Comisión Reguladora de Energía. Una sopa de letras: Ifetel, Cofece, CRE.
El tema merece discutirse a fondo, tanto el aspecto de la legitimidad de organismos creados en leyes secundarias, que en principio desbordan la disposición del artículo 49, que reduce a tres los poderes que entre ellos se limitan y se hacen contrapeso. En este campo sin mucho análisis, se ha admitido de hecho que el legislador ordinario, federal o local, puede crear órganos autónomos en diversas áreas el poder público.
Pero no es el jurídico el único tema digno de ser considerado a profundidad. El otro es el político; ¿a quién puede interesar que el Poder Ejecutivo vea reducidas sus facultades y limitadas sus herramientas para la gobernabilidad? ¿Se puede gobernar sin tener mando en áreas claves de la economía nacional, de la seguridad o de la procuración de justicia?
Un punto especialmente sensible es el de la investigación y persecución de los delitos; la responsabilidad recae ahora en una Fiscalía autónoma, sin embargo, este renglón de la función pública es fundamental para un buen gobierno y requiere, en mi opinión, una dependencia directa del titular del Ejecutivo o al menos una coordinación muy estrecha.
Nos hemos dejado llevar por corrientes de opinión que nos son extrañas y debilitan al Poder Ejecutivo; división de poderes sí, es necesaria; pulverización del poder, de ninguna manera; nos hace vulnerables y débiles al interior, frente a la delincuencia organizada, y al exterior, ante las tentaciones siempre presentes de injerencia, control y atropello a la soberanía.

6/08/2020

Derecho a la salud y el Covid-19


La pandemia tan grave, tan temida, ha servido para revelar la crueldad, la falta de solidaridad elemental del sistema de libre mercado en materia de salud. Para las clases medias una enfermedad significa perder los ahorros de la familia y comprometer el patrimonio, porque la medicina privada, tanto muchos hospitales como las medicinas de patente, están al alcance de pocos. Y si a las clases medias la enfermedad las empobrece, a los más pobres los deja en la miseria.
La razón de esta realidad, puesta a la vista en México por la pandemia, es que durante las tres o cuatro décadas del auge del neoliberalismo, hoy derrotado en las urnas, se desmanteló el sistema de seguridad social a cargo del Estado, que con esfuerzo se había construido a partir de los cambios generados por la Revolución Mexicana y mientras se mantuvo el régimen de la economía mixta.
Para proteger laboratorios trasnacionales o no y hospitales de lujo, se ­abandonó la medicina social, se arrinconó la medicina preventiva y se impulsó a la medicina como negocio; se dejó así a grandes sectores de la población sin un sistema efectivo de salud pública y el servicio quedó en manos de la medicina privada.
La pandemia develó esta realidad en forma cruda; cierto es que críticos del oligopolio de la salud los había desde hace algunos años, también, que durante un tiempo se dio en México prioridad a la prevención en materia de salud, se crearon instituciones públicas para atender las enfermedades de la gente, instituciones que gobiernos anteriores a éste sentenciaron a la desaparición y se dieron a la tarea de desmantelarlas.
Pensando en ello, recordé ese filme del documentalista estadunidense Michael Moore, que exhibe en toda su bajeza y crueldad la perversidad y falta de sentido humano del sistema de salud en Estados Unidos, que tan servilmente se copió en México, a partir del gobierno de Carlos Salinas.
La película del documentalista se titula Sicko. En ella, este verdadero Chesterton moderno, que hace películas en lugar de escribir ensayos y cuentos, desnuda al sistema y no deja lugar a dudas sobre sus bases injustas. En una de las escenas cumbres del documental, un artesano de la carpintería relata al entrevistador cómo tuvo que elegir cuál dedo de la mano estaba dispuesto a perder, de dos lastimados por una sierra eléctrica. Esto porque su seguro no alcanzaba a cubrir la curación de ambos dedos; el hospital le reimplantó el anular y dejó perder el cordial, no se le pudo reparar, porque no tenía el dinero para pagar la atención médica completa.
Moore reunió a un grupo de enfermos que habían participado con heroísmo en el rescate de sobrevivientes de las Torres Gemelas en Nueva York el 11S y que no encontraban atención a su alcance en su propio país; los lleva primero nada menos que a la base militar de Guantánamo, a un hospital para atender prisioneros y como ahí también los rechazaron, los trasladó a La Habana, donde el régimen socialista los atendió gratuitamente y les proporcionó medicinas, porque, destaca Moore, en Cuba no es la salud motivo de un negocio privado, sino un servicio universal.
La pandemia abrió los ojos a quienes no se habían percatado del abandono de nuestro sistema de salud; el gobierno actual ha tenido que improvisar, contratar a 50 mil médicos y trabajar a marchas forzadas, porque a pesar de que en nuestra Constitución se reconoce a la salud como uno de los derechos humanos fundamentales, se descuidaron las estructuras necesarias para garantizar la práctica de ese derecho.
El derecho humano a la salud se incorporó tardíamente a la Constitución de 1917, hasta el año de 1983; el párrafo cuarto del artículo cuarto, lo expresa así: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud; el mismo precepto establece también el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y el derecho al agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Los gobiernos anteriores descuidaron sus responsabilidades frente al derecho a la salud; la pandemia nos ha abierto los ojos, la oportunidad está al alcance de la mano, el gobierno de la Cuarta Transformación retoma el camino abandonado y se prepara a reconstruir un aparato público de salud social, universal, moderno y eficaz; en esta materia, como en otras, se restablece el sistema constitucional de los tres sectores de la economía.
Bajo la rectoría del Estado, en materia de salud, la iniciativa privada podrá mantener sus negocios caros o baratos, según las reglas del mercado; al lado seguirá funcionando una medicina social a cargo de instituciones de asistencia privada, que las hay ejemplares y el Estado, en cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el derecho a la salud, tendrá la carga más pesada, pero más noble, garantizar a las mayorías, a los marginados, a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a todos, el derecho pleno a disfrutar de salud.

5/25/2020

Ensayo y debate público


La democracia no es sólo emisión y cuenta de votos; tiene como presupuestos la información veraz a los votantes, la buena fe en las campañas y el debate dado con honestidad intelectual. En medio de esta tragedia por la pandemia, grupos de interés y partidos de oposición atacan al gobierno en uso de su libertad de expresión y ahora, el Presidente contesta, explicando sus decisiones y programas con un documento que denominó Ensayo.
El documento, fue presentado hace unos días. No dice nada nuevo, se trata de su programa que como político ha seguido siempre; aparecen, por supuesto, nuevas acciones, dado que su cargo es ahora nacional, nuevos matices, giros de lenguaje antes no usados, pero quienes hemos seguido y en ocasiones acompañado su trayectoria, encontramos congruencia entre lo que hoy dice con lo dicho antes y con lo llevado a la acción en su larga carrera política.
Hablando, cuida las palabras, hace su discurso lento y prevenido, excepto cuando contesta a los conservadores que resultan, paradójicamente, los liberales, los neoliberales; entonces aparece su vena tropical, él mismo lo diría y se defiende y polemiza. Pocos como él han resistido tantos insultos, abiertos o velados, tantas calumnias, interpretaciones sesgadas y perversas de su palabra. Kipling en su poema Si, dirigido a su hijo, le dice: Si puedes soportar que tu frase sincera sea trampa de necios en boca de malvados, serás hombre, hijo mío.
Los acostumbrados a la prepotencia y al abuso, que por la derrota electoral vieron afectados sus intereses inicuos, no tienen empacho alguno en hacer de la palabra sincera trampa de necios. Pero si frente al poder presidencial supo y pudo, con el puro apoyo popular, salir adelante, con más razón ahora que tiene el cargo público más alto del país, obtenido en forma clara por el voto popular; Juárez llegó al poder porque el presidente Comonfort dio un golpe de Estado; Madero mediante una revolución triunfadora; López Obrador en forma democrática y pacífica.
El Ensayo es un programa para transitar del sistema neoliberal a una economía mixta con justicia, sin privilegios arriba y con apoyo a los pobres, que en su conjunto lleva el nombre de estado de bienestar. Una frase, al inicio del Ensayo sienta la línea de la argumentación, dice en México estamos construyendo y explica que esa reconstrucción de la patria ante el derrumbe al que nos llevó el neoliberalismo por sus excesos y hoy por la pandemia, requiere de una obra que en buena medida se hace a partir de cero. Cuenta para esta reconstrucción, con bases sólidas que son el apoyo popular que nunca perdió y el triunfo electoral de 2018. Su propuesta la divide en cinco principios: democracia, justicia, honestidad, austeridad y, como el objetivo final, el bienestar.
Gómez Morín, fundador del PAN, liberal y un poco tecnócrata, definió la democracia como la identificación de pueblo y gobierno. Hay esa identificación y por ella se obtuvo un triunfo electoral y se está gobernando, corrigiendo desigualdades, atacando abusos, sancionando corruptela.
Se deja al Poder Judicial y a la fiscalía autónoma la búsqueda y el cumplimiento de la justicia conmutativa y el Poder Ejecutivo asume, por su parte, la rectoría de la economía que la Constitución le confiere y se ocupa así de la justicia distributiva, la de fondo, la justicia social; oportunidad para todos con énfasis en la educación a niños y jóvenes; la igualdad y la equidad empiezan con oportunidad de educarse para todos, independientemente de su origen, clase social o de cualquier otra circunstancia personal.
En este camino de la distribución equitativa de la riqueza producida entre todos y para todos, destaca una modalidad que antes todo lo pervertía: era que los programas sociales, apoyos y auxilios, pasaban por manos de intermediarios y ahora van directo a los beneficiarios, lo que es otra causa de molestia de los opositores. Hay paz con justicia y no la toleran.
La honestidad se presenta, así lo veo, como activa, administrando bien, con austeridad y honradez y como re-activa, persiguiendo la corrupción y rescatando lo que se puede de lo despojado al pueblo; cobrando impuestos a los que no pagaban y gastando bien lo recaudado.
La austeridad –no lo dicen los críticos, pero creo que es lo que más les molesta– es en el fondo una virtud cristiana, cercana a la modestia y a la humildad; no se predica, se practica; se gasta sólo lo preciso, se aprovecha todo; en el Ensayo, sin temor a las críticas, se hace una lista de los programas de gobierno prioritarios, en los que no se escatimará lo necesario a pesar de la pandemia y para salir adelante en la economía.
El fin de las propuestas y programas, se expresan en la última parte, es el bienestar de todos, crecer pero no sólo acumulando, sino distribuyendo bien, con equidad y digo yo, aplanando la curva de la desigualdad entre opulentos y marginados. El debate con argumentos y propuestas queda abierto.

5/11/2020

Economía solidaria



En 2018, se logró el triunfo democrático gracias a un partido surgido de las bases populares, a un dirigente excepcional y a un pueblo participativo que pudo superar el fraude oficial y la compra del voto. Hoy, el reto, además de vencer la pandemia, es instaurar un cambio en las estructuras económicas injustas que el pueblo de México ha padecido desde hace largo tiempo.
Los términos del debate están claros, de un lado los que pretenden mantener el sistema capitalista prevaleciente y frente a ellos, quienes se proponen un cambio de fondo, a una mejor distribución de la riqueza, más oportunidades para todos, en especial en materia educativa y más equidad en general.
En México, los críticos de la transformación ya iniciada por el gobierno actual, buscan mantener el sistema tal cual, con el ingrediente venenoso de la corrupción y como proceso social clave, el de la libre competencia y la calificación de todos como triunfadores y perdedores. Para el Estado, proponen que sea tan sólo un espectador de la economía y, a lo más, un árbitro para cuando surgen conflictos.
La propuesta que busca la democracia económica y la justicia social no aspira a una revolución violenta. No se trata de un choque ni del uso de la fuerza, mucho menos de violar la ley. La Constitución vigente reconoce la economía mixta, acepta y alienta los tres sectores de ella: público, privado y social; en su capítulo económico, confiere al Estado el dominio directo de las áreas estratégicas del sistema productivo, le confiere la rectoría en las áreas prioritarias y le faculta para legislar en todo lo demás; nuestro sistema mixto admite la libre competencia atemperada para evitar abusos.
Esta alternativa tiene precedentes históricos; recuerdo algunos ejemplos. En el gobierno de Lázaro Cárdenas, se impulsaron empresas cooperativas en las que los trabajadores fueron dueños de los medios de producción. Cárdenas y su equipo impulsaron cooperativas en la pesca, en los transportes, en la producción de cemento y otras. La experiencia funcionó bien, con altibajos, pero en cuanto llegaron al poder gobernantes con una visión distinta, se frenó el intento, se combatió, se descuidó y al final quedó sólo en un buen precedente.
Las propuestas de economía social también salieron de la Iglesia católica, que impulsó una red de sociedades cooperativas. El artífice de esta experiencia fue el sacerdote Pedro Velázquez, quien desde el secretariado social del Episcopado Mexicano promovió una forma novedosa de ahorro y préstamo mediante las cajas populares que permitían ahorrar y otorgaban créditos sin fines de lucro, educar en el manejo del dinero, la discusión entre iguales, el principio de una persona un voto y arraigaron la solidaridad entre los participantes.
Fue el padre Pedro Velázquez el encargado de la experiencia social entre 1941 y hasta su muerte en 1968; este peculiar sacerdote se formó en la Universidad Gregoriana de Roma, pero también tomó cursos en la Universidad Obrera y logró alentar cientos de cajas populares, verdadera banca del pueblo, que funcionó con base en la buena fe y en el apoyo mutuo.
Su hermano Manuel, también sacerdote, dio continuidad a la obra y recibió en 2013, de la Cámara de Diputados, la Medalla al Mérito Cooperativo; lamentablemente, a pesar del reconocimiento y de la vigencia de una ley que reconoció la legitimidad de las cajas populares, desde la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria, en pleno neoliberalismo, se les persiguió hasta prácticamente acabar con ellas.
Hay otros muchos precedentes; uno de ellos es el de la Cooperativa Pascual, que compite exitosamente con las refresqueras internacionales. Tampoco hay que olvidar propuestas de la mejor época del PAN. A reserva de, un día de éstos, dedicar un ar­tículo especial a recordarlas, hoy menciono algunas propuestas panistas, promotoras de la economía solidaria y popular. Una ley para establecer el crédito escolar, una reforma al Código Civil para prohibir el anatocismo, que es la capitalización de los réditos o intereses; San Buenaventura calificaba en su tiempo, al anatocismo como el robo so pretexto del contrato.
Otra propuesta panista fue la iniciativa de reforma a la Ley de Pesca para impulsar el cooperativismo entre los pescadores; otra fue la iniciativa para que los trabajadores tuvieran acceso a la propiedad y a la dirección de las empresas, mediante la adquisición de acciones con sus ahorros o con parte de sus gratificaciones de fin de año; me consta que un banco mexicano, antes de la expropiación bancaria, experimentó con este sistema y sus empleados, cuando adquirían acciones del banco en que trabajaban, se sentían más ligados a la empresa, que ya era, aunque fuere en parte mínima, de su propiedad.
Reitero: la batalla de hoy, no hay que olvidarlo, está en el campo de la economía. O se mantiene el sistema anterior, injusto y depredador de la naturaleza, o se dan pasos firmes hacia una economía solidaria.

4/27/2020

Romper el pacto ¿fiscal o federal?


Hay quienes se alegrarían de ver a México dividido o como un Estado fallido, con tal de que el proyecto que triunfó en 2018, con el candidato López Obrador y Morena, fracasara; se trata de un revanchismo enfermizo muy activo. Lo forman empresarios, restos de partidos políticos que perdieron las elecciones y otros, que haga lo que haga y diga lo que diga el titular del Ejecutivo, lo critican y atacan, a veces con bajeza y casi siempre sin la honradez intelectual que exige el debate político. Han pedido que renuncie y han circulado rumores de acciones diversas, desde un golpe de Estado, hasta la separación de algunos estados del pacto federal.
Son pocos pero ruidosos, rencorosos y con recursos económicos abundantes; no los llamaré conservadores, porque no se identifican con los del siglo XIX. Son neoliberales, partidarios del poder del dinero sobre cualquier otro y sin ninguna solidaridad humana, carecen de amor a la patria; desconocen la historia, y no tienen reparo en aprovechar la pandemia que enfrentamos para llevar agua a su molino.
Olvidan que somos parte de la comunidad de países latinoamericanos y miran hacia el norte, donde algunos se formaron, con la esperanza de que les llegue alguna ayuda. Proponen que México quede como Centroamérica, dividido en pequeños estados más vulnerables aún de lo que ahora somos; la razón para adoptar esta postura es falta de solidaridad nacional e ignorancia de la historia. No saben que lo que ahora proponen ya se intentó; perdimos Texas y otros territorios, pero salvamos mucho, lo más poblado y culto del México de entonces.
Hoy se quejan de la situación económica generada por la pandemia y creen que tienen derecho a salvarse solos, piensan que por separado pueden rescatar, no el interés general, no el bien común, sino su interés particular y sus riquezas personales. Al ver que no prende su intento de desprestigiar al gobierno, han planteado, veladamente a veces, más abiertamente otras, dividir a la Federación mexicana. Unos hablan solamente de romper el pacto fiscal, otros en forma anónima, hacen ya circular por las redes mapas con los estados que formarían una nueva nación independiente y hasta escudo y bandera, como si eso fuera posible.
Por supuesto que esta idea descabellada, es únicamente la opinión de unos cuantos. No es de ningún modo el consenso del pueblo en general, cada vez más informado y participativo. Los habitantes de todo el país, incluidos los de los estados norteños, en su gran mayoría están convencidos de que es necesario un cambio de fondo de las estructuras corruptas y dañadas y saben que el proceso está iniciado, mientras que quienes murmuran sobre disolver la Federación, no entienden bien a bien de qué están hablando.
Ignoran que el Estado mexicano, re­pu­blicano y democrático, responde a una decisión política fundamental. Hay una fecha de su nacimiento, que consta en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, firmada el 31 de Enero de 1824 por los diputados al Congreso Constituyente, electos por los habitantes de las provincias de lo que fue la Nueva España.
Historiadores y constitucionalistas, como Manuel Herrera y Lazo, Felipe Tena Ramírez y otros, coinciden en que la firma del acta constitutiva, salvó a México de desaparecer como una unidad política; sin ella, México hubiera quedado dividido en varias naciones, conforme a los intereses de Inglaterra y Estados Unidos, rivales de España, que ambicionaban los ricos territorios y con diplomáticos hábiles, perfidia y dinero, trataron de impedir (parcialmente lo lograron) que países fuertes de América Latina fueran sus rivales en la política y la economía.
Desde 1820, en el amplio territorio de la Nueva España, cuando parecía inminente nuestra separación de España, aparecieron en todo nuestro territorio juntas provinciales y caudillos que pensaban en hacerse del poder local, como sucedía en algunas zonas de América del Sur y en todo Centroamérica. El acta constitutiva permitió que al adoptarse el sistema federal, copiado de Estados Unidos, los caudillos y las juntas vieran la posibilidad de mantener parte del poder en sus entidades, sin perder la unidad que México requería para conservar su independencia y ­desarrollarse.
Hoy, algunos gobernadores, ante la crisis que significa la pandemia y sus consecuencias en la economía, sin pensarlo mucho, han propuesto su salida del pacto fiscal, sustentado en la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación y no han faltado oportunistas, que vieron en esta actitud, un paso hacia el desmembramiento de la Federación. Se trata quizá sólo de una ocurrencia, de la separación del pacto fiscal se han atrevido a insinuar el rompimiento, del pacto federal es algo imposible, intentarlo sería inaceptable y una verdadera traición a la patria; el pueblo de México, que ha demostrado decisión política y esta informado, que cuenta con autoridades electas y comprometidas con sus intereses, no lo permitiría nunca.

4/13/2020

Fobaproa, hora de repensar



Hay deudas justas, legítimas, esas hay que pagarlas; hay también deudas inicuas, ilegales, esas hay que anularlas, declararlas inexistentes. Desde 1986, se creó un fondo para apoyar a los clientes de los bancos en el caso de la bancarrota de alguno de ellos, la medida se tomó cuando las instituciones de crédito habían sido expropiadas por el capricho megalómano de López Portillo y había que cuidar que ninguno, por malos manejos o estrategias inadecuadas, perdiera liquidez e incumpliera sus compromisos con ahorradores y depositantes.
Anteriormente, cuando la banca era privada y estaba en manos de banqueros profesionales, esa función preventiva se ejercía por el Banco de México a través del encaje legal, que era un fondo al que aportaban los bancos, una especie de mutualidad, un fondo para usarlo si alguno tenía dificultades para cubrir, cuando sus ahorradores solicitaban devolución de sus depósitos. En 1995, se estableció una prohibición expresa para que el Estado aportara a ese fondo, así se fraseó: En ningún caso el patrimonio del fideicomiso podrá incrementarse con aportaciones del gobierno federal; se protegía con eso el dinero público.
Se logró entonces asegurar los intereses de los usuarios, sin comprometer los del erario; entonces los bancos funcionaban vigilados y supervisados por la Dirección de Banca y Crédito de la Secretaría de Hacienda, por la Comisión Nacional Bancaria y por el Banco de México; se prevenían los riesgos y se evitan los abusos; los bancos no eran unas hermanas de la caridad, como no lo han sido nunca, pero los dueños antiguos cuidaban su prestigio por convicción propia y también por la eficacia de los múltiples controles de las autoridades.
Abrieron la puerta al desorden y a los riesgos, dos presidentes priístas, el que por capricho y sin consultar con nadie, para lograr lo que creía podría ser su pase glorioso a la historia, expropió atropelladamente la banca privada y el otro, el que en forma no menos atropellada, sin medidas precautorias, sin restructurar los sistemas de control, de un plumazo, devolvió la banca a los particulares, no a los antiguos dueños, sino a sus amigos, a los bolseros y a especuladores y aventureros.
Los nuevos banqueros no supieron o no pudieron con el manejo de sus carteras; la crisis económica hizo que las deudas de los clientes de los bancos crecieran exponencialmente y se hicieran impagables. Fue entonces que, en lugar de asumir sus responsabilidades, liquidar sus activos, cargar las pérdidas a sus accionistas, sacar sus ganancias anteriores, pidieron auxilio a sus amigos en el gobierno y con la mayoría de diputados de PRI y PAN lograron que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que no alcanzaba para cubrir utilidades a los accionistas y devolver ahorros y depósitos, se convirtiera en el IPAB; esto sucedió al aprobarse, a fines de 1998, la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
La objetó la bancada del PRD y otros partidos menores, fue denunciada públicamente como un atraco, pero resultó aprobada por los legisladores del binomio PRI-PAN; la ley creó entonces al Instituto de Protección al Ahorro Bancario y en ella se dispuso que tal instituto, con aval del Ejecutivo, asumiera la totalidad de la cartera vencida que los bancos no podían cobrar, sin distinguir entre créditos legítimos o ilegítimos, garantizados o no, auténticos o falsos.
Con esa maniobra, el Estado, el erario, se convirtió en deudor de los bancos. Se adquirió deuda pública sin obtener nada a cambio, en franca contravención del ­artículo 73, fracción 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece con toda nitidez, que prohíbe contraer deuda nacional si no es destinada a los fines específicos asentados en dicho precepto y en especial si no es para inversiones productivas.
La deuda contraída fue gigantesca, se volvió impagable; se dice que asciende ahora a 2 billones de pesos, que se han pagado ya de intereses 700 mil millones y se calcula que en 2070, quizá, si sobrevivimos al coronavirus, se estaría pagando lo comprometido y sus escandalosos intereses.
La deuda se contrajo contra disposición expresa de la Constitución. Es, por tanto, nula de pleno derecho; con lo cubierto hasta hoy, se ha pagado quizá más del equivalente al capital inicial; lo lógico, parece ser, que en una contingencia de salud pública y de crisis económica, nos veamos forzados a buscar soluciones extremas.
Me pregunto, ¿no es hora ya de parar la sangría? ¿De detener el saqueo? La nulidad absoluta por contravención a disposición expresa de la Constitución debe analizarse; puede reclamarse en cualquier tiempo; puede renegociarse con equidad; el país necesita echar mano de todos sus recursos. Ahora puede ser cuando.

3/30/2020

Pandemia, derecho y política



La pandemia cambió intempestivamente nuestra vidas; aquí en México y en medio mundo. Es una realidad dañina y, para evitar su propagación, se paraliza todo; se detienen las actividades cotidianas, la economía de los países, la educación de niños y de jóvenes, los negocios, la producción, el comercio. Algunos, quizá, superada la crisis, podrán retomar su vida habitual y muchos recuperarán lo que perdieron o lo que dejaron de ganar; pero otros muchos, los más, difícilmente podrán hacerlo. Ahora, la pandemia exige nuestro cuidado personal y nuestra solidaridad, pero también exigirá un gran esfuerzo posterior, encaminado a paliar los efectos en los más pobres, tendremos que recordar entonces los principios básicos de la justicia social.
Es un fenómeno de la biología, de la salud pública y de la medicina, tanto preventiva como curativa. Sin embargo, tiene repercusiones en todo y tenemos que ver el asunto desde otros puntos de vista. Me interesan el aspecto político y el jurídico, en especial este último. ¿Quién o quiénes pueden tomar las decisiones para evitar contagios y para prevenir un desastre mayúsculo y qué derechos individuales deben suprimirse o posponerse en aras del interés colectivo superior que es la salud?
Se trata de un conflicto de libertades que debe ser resuelto con base en la ley, pues nos encontramos en un estado de derecho y no se pueden tomar decisiones sin fundamento legal. Es un principio aceptado que las autoridades no pueden hacer sino aquello que expresamente autorizan las leyes. En México, el Consejo de Salubridad General asumió la responsabilidad y expidió un acuerdo con las medidas que consideró necesarias, pero ya antes autoridades locales, federales, algunos particulares habían tomado sus propias medidas.
La fracción 16 del artículo 73 constitucional establece que el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República y que en caso de epidemia de carácter grave o de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación, y yo agrego la facultad, de dictar medidas preventivas e indispensables; se dice también que las disposiciones que en estos casos dicte la autoridad sanitaria, serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.
Esa obligación de obedecer, justificada por la emergencia, es clara y también debe entenderse que pueden suspenderse o limitarse otros derechos, como los de reunión, libre tránsito, educación y algunos más en aras del derecho a la salud. Jurídicamente se trata de un asunto resuelto en nuestras leyes y apoyado por la prudencia y el sentido común con lo que ha hecho el Poder Ejecutivo federal.
Pero hay lagunas legales y hay abusos de carácter político; a veces también de­bates ociosos que toman de pretexto la desgracia colectiva para atacar al Presidente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que las medidas oportunas tomadas en México son las correctas; la llamada fase dos que exige mayores cuidados y restricciones, se declaró con unos días de anticipación y no en forma apresurada e irreflexiva como lo exigían algunos críticos contumaces.
Se tuvo la prudencia de no evitar un clima de temor generalizado que hubiera provocado tensiones y miedos inducidos que nada bueno hubieran traído; el titular del Ejecutivo hizo muy bien en llamar a la calma y en lograr con ello que los efectos negativos en la economía en general y en la economía popular en especial, se retardaran y se pudieran tomar providencias para resistir lo más difícil por venir. Los críticos, siguiendo su estrategia de buscar errores o fallas reales o inventadas, se lanzaron a señalar que esas medidas de calma y mesura, no estaban sustentadas y llegaron al extremo de ansiar que se empezaran a contar las muertes de enfermos, para justificar sus ataques. La realidad y la opinión de la OMS le dieron la razón al Presidente.
Habrá que enfrentar ahora un punto importante de carácter político, aunque de otra índole. Si la contingencia se prolonga varios meses, el Consejo de Salubridad General o alguna otra autoridad, ¿podría ordenar que se suspendan las elecciones, por ejemplo, en el estado de Coahuila, que ya las tiene cercanas?
Los actuales diputados de un congreso local, fueron electos para un periodo de tres años; su función termina un día fijo; ¿estaremos en riesgo de que alguna entidad de la Federación se quede sin Poder Legislativo? El asunto tiene que pensarse muy bien y nuestros constitucionalistas, que los hay brillantes, tendrían que opinar.
La consecuencias políticas de la pandemia son, como se ve, diversas; por una parte, el uso irresponsable de la desgracia común para denigrar y responsabilizar precisamente a quien ha tomado las medidas indicadas por la ciencia médica; por otra, nos plantea situaciones extremas que tienen que analizarse bien y resolverse; y si hay lagunas en la ley, con criterios basados en los principios generales del derecho.