¿Negociar desde la derrota?

 Héctor Alejandro Quintanar

“En suma, querer que una reforma ganada a la buena negociara con un grupo que perdió a la buena, fue un acto asimétrico”.

Héctor Alejandro Quintanar

Negociar es un concepto clave no sólo en la política en general, sino en la democracia en particular. No pueden entenderse la diversidad y el pluralismo sin la posibilidad de que entre diversas posturas que conforman la sociedad eventualmente haya disputa de valores, intereses o posturas irreductibles. Y ahí, para procesar pacíficamente esos casos y evitar choques de trenes o aplastamiento de los vulnerables, es que aparece la negociación, que no es otra cosa más que la salida consensuada de los conflictos.

Negociar, pues, es una acción básica para que los componentes diferentes del mundo convivan en paz o, por lo menos, coexistan. Negociar, así, parecería que se trata de algo que siempre es loable o que siempre dará un alternativa razonable a un poblema que se antoja como callejón sin salida.

Negociar, entonces, aparece como una cuestión salomónica que todos deberíamos apoyar. Pero en una democracia, siempre hay tiempos para negociar y otros para acatar.  La propuesta que modificó al Poder Judicial bien pudo haberse negociado con la diferentes expresiones de la oposición, pero para eso hubo tiempos de exposición del contenido de la misma y debate legislativo en comisiones y plenos.

Ahí, en esos tiempos, la negociación habría sido un vocablo que suena a democracia. Pero resulta que esa propuesta de reforma constitucional propuesta por Lópe Obrador y Claudia Sheinbaum libró todos los filtros democráticos posibles. Fue una propuesta de campaña explícita. Se debatió en diversidad de foros antes de ser una promesa de candidatura presidencial. Se votó por ella arrolladoramente tanto en el ejecutivo como en el legislativo. Se logró el dificilícimo entorno de contar con congreso federal y congresos locales a favor para que dicho procesamiento fuera aprobado. Se votó con la mayoría requerida y se publicó, como era debido, en el Diario Oficial de la Federación.

Decir esto es sencillo. Lo que hay detrás no. Una reforma de este calado pasó por un momento político singular donde confluyeron tanto una movilización política añeja a ras de suelo como las inercias de dos gobiernos populares, uno federal y uno local, y dos figuras públicas que, con sus méritos personales y compartidos, forman parte del mismo movimiento político: de nuevo López Obrador y Claudia Sheinbaum. La correlación de fuerzas políticas actual, es, así, resultado de una configuración que se ha tramitado desde hace lustros, y no es una simple aparición espontánea del proceso electoral de 2024.

En pocas palabras, la propuesta de reforma constitucional para modificar el ordenamiento del poder judicial pasó todas las pistas -institucionales y democráticas- que nuestro sistema político demanda, y que por cierto no creó Morena. Esa propuesta ganó por la buena. Sus opositores, hay que decirlo, perdieron también a la buena. Su obligación entonces sería rearticular fuerzas, caminar las calles, tratar de cambiar en el corto plazo la correlación de fuerzas en el congreso, ganándose el voto popular y tramitando sus ideas y proyectos por las rutas institucionales.

Por eso, resultó curioso que una vez aprobada la Reforma constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptara impugnaciones en su contra con base en el grito aislado de actores políticos pertenecientes a los partidos recién derrotados tanto en las urnas como en el congreso. Ahí, que el ministro González Alcántara Carrancá quisiera dar una salida salomónica a un falso conflicto, fue extraño. En primera, porque no había conflicto: la reforma se aprobó en forma debida, y sin vicisitudes en el proceso. ¿Por qué entonces se le dio cabida a una parte que no tenía fuerza de negociación? ¿A base de qué un ministro decidió qué partes valía la pena conservar de la reforma y cuáles desechar? Al hacer eso, el ministro puso a negociación algo que ya no era negociable. Y es entonces donde la palabra negociar deja de ser democracia y se convierte en chantaje.

Agravaba la cuestión el hecho de que la sola intención de la Suprema Corte de modificar una reforma constitucional ya publicada en el Diario Oficial de la federación, iba en contra de los antecedentes que esa misma Corte había tenido con casos similares en el pasado. El doble criterio así resaltaba como incongruencia cuando no como oportunismo. Ya en ese galimatías de incoherencia, luego algunos integrantes de la Corte quisieron reducir a seis el número de votos necesario para rechazar la reforma, que debía ser ocho, en un acto ya de desesperación y de ánimo chicanero. De nuevo, a un mal momento para negociar se  le sumaba la actitud de ciertos ministros, similar a la de un niño tramposo que quiere cambiar las reglas del juego en plena jugada o amaga con llevarse el balón a su casa cuando va perdiendo el partido.

Negociar, ahí, no tenía cabida. La opción democrática era que la Corte aceptara una reforma hecha por la vía legítima y que hiciera caso a sus propios criterios y actos del pasado reciente para ser consistente. En democracia hay tiempos para negociar, y otros para acatar. Aquí procedía una aceptación y acatamiento de una reforma que, en efecto, implica un camino inexplorado pero no por eso ilegal, ilegítimo o violatorio de derechos. Cosas que la propia corte sí ha avalado en reformas tramposas hechas abiertamente con tramas gangsteriles, como la reforma constitucional energética de  2013-2014.

En suma, querer que una reforma ganada a la buena negociara con un grupo que perdió a la buena, fue un acto asimétrico, que nos recordaba a la actitud de los chuchos del PRD, esa horda de porros fracasados que era más feliz perdiendo elecciones y viendo qué obtenían a cambio de chantajes. De ahí que ellos se ganaran una fama de negociadores que en realidad era un nombre amable para su actitud chantajista y oportunista.

Tanto la elección de 2024 como este proceso judicial debe dejar una lección a la oposición: hoy no basta la prepotencia para lograr sus fines. Si quieren ganar algo, comiencen por ceñirse a las reglas de la democracia, en vez de persistir en la dicotomía maniquea donde quieren, al mismo tiempo, sentirse una minoría acosada y una mayoría silenciosa. No son ni una cosa ni la otra. Aprendan a jugar para que puedan crecer.

Héctor Alejandro Quintanar

Héctor Alejandro Quintanar es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctorante y profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Hradec Králové en la República Checa, autor del libro Las Raíces del Movimiento Regeneración Naciona

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¿EU amenaza por reforma judicial?

Ana María Aragonés

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos (EU) son un acontecimiento de importancia, no sólo para el mundo en general, sino sobre todo para México. Son un contexto que añade incertidumbre al hecho de estar inevitablemente unidos por una frontera de más de 3 mil kilómetros, lo que ha servido para todo tipo de presiones del país vecino; más malas que buenas, porque no hay duda de que es difícil ser el único país subdesarrollado en el mundo vecino de la potencia hegemónica mundial.

Sin embargo, llama la atención las reacciones que la reforma judicial constitucional en México ha suscitado en algunos sectores del vecino país, al grado de que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, expresó la preocupación del gobierno que representa y de la comunidad empresarial debido a las consecuencias de la reforma judicial para su sector privado y no sólo eso, sino que, en un tono que no debe aceptarse, señaló que marcará el camino de la relación de su gobierno con el de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que implica una clara amenaza en el sentido de que, si no se les da a los inversionistas lo que demandan, habrá problemas.

Esta virulenta reacción explica por qué el embajador de EU en México, Ken Salazar, se haya atrevido a criticar una decisión soberana del país en relación con sus leyes internas. Pero también explica por qué el ex presidente Andrés Manuel López Obrador decidió marcar una pausa en las relaciones y la presidenta Claudia Sheinbaum, le señaló al embajador Salazar que no podía ver a los secretarios de Estado sin antes acordar con el canciller Juan Ramón de la Fuente.

¿Por qué están tan alebrestados los vecinos del norte? Porque la SCJN sirvió a los intereses foráneos, particularmente a los de EU, lo que se convirtió en un verdadero obstáculo para el desarrollo del país. Pero ahora, con la reforma judicial constitucional México podrá iniciar nuevos caminos que hagan valer, en primer lugar, sus decisiones sobre la soberanía del país. Por ejemplo, en relación con sus recursos naturales, sobre sus empresas estratégicas, así como concesiones mineras y sobre todo en relación con las condiciones laborales. 

Es decir, no más controles salariales, se luchará por un sindicalismo verdaderamente independiente, no ligado ni a élites nacionales ni extranjeras que favorecieron salarios de hambre, a través del tristemente famoso race to the bottom contra los trabajadores y para beneficio de los patrones. Y, por supuesto, se espera que también se apliquen regulaciones a las inversiones extranjeras, porque es inadmisible que simplemente repatrien los beneficios obscenos y ni siquiera dejen parte de la tecnología que desarrollan en el país, no más exenciones fiscales y sobre todo la absoluta prohibición de contaminar ríos, lagos, así como invadir terrenos de los pobladores mexicanos.

Por supuesto que esperamos que haya, por parte de México, una actitud soberana en la renegociación de los tratados. No debe olvidarse que las condiciones bajo las cuales se firmaron tanto el TLCAN como su renegociación, el T-MEC, fueron de entrega total a los inversionistas extranjeros, que han convertido a México en maquilador que exporta los productos extranjeros a costos altamente competitivos pero para Estados Unidos. Principal proveedor de vehículos y sus partes, equipo médico, frutas y verduras, bebidas y licores, combustibles minerales, muebles y colchones, lo que muestra por qué se perdieron las industrias nacionales y se descuidó el mercado interno. Se devastó el campo mexicano y por ello se expulsó a los campesinos que se vieron forzados a migrar hacia el país vecino ante la imposibilidad de competir con los productos que extranjeros.

 Gracias a estos migrantes campesinos indocumentados los estadunidenses tuvieron comida en sus mesas, de magnifica calidad y bajos precios, en tanto que esos mexicanos indocumentados ni tiempo para la comida se les permitía. No digamos sus labores en las industrias polleras, o en las despulpadoras de cangrejos que en su mayoría fueron ocupadas por mujeres migrantes. Todos ellos trabajadores migrantes indocumentados, porque se les puede sobrexplotar y deportar cuando convenga a sus empleadores. Y sin embargo, algunos políticos en EU se atreven a humillarlos, criticarlos y hasta decir que envenenan la sangre de los gringos, como el personaje de Donald Trump, que ha dicho con todas sus letras, que hará una de las mayores deportaciones de migrantes indocumentados de todos los tiempos, si llega a la Casa Blanca.

Los funcionarios estadunidenses afirman que con la reforma judicial habrá pérdida de independencia y del estado de derecho. Todo lo contrario, y por eso están tan alterados, porque México está ahora sí, ante la posibilidad de recuperar la independencia para diversificar sus opciones productivas con otros países y hacer realidad el verdadero estado de derecho tan lastimosamente violentado por las decisiones de los 40 años de neoliberalismo.

Plazas de togados que dictaron resoluciones polémicas serán parte de los comicios de 2025

 jornada.com.mx

Iván Saldaña, César Arellano y Georgina Saldierna

Entre las plazas de magistrados y jueces elegidas por tómbola por el Senado para someter a votación popular el próximo año están las que hoy ocupan personas juzgadoras que denunciaron presiones del entonces presidente de la Corte y de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, y también de quienes emitieron fallos polémicos contra reformas y proyectos del pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque tienen oportunidad de competir en las próximas elecciones extraordinarias, entre las personas a relevar se encuentran juzgadores que dejarán su cargo, como el magistrado interino del 14 tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, quien en calidad de juez emitió amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica de López Obrador.

También, el magistrado Luis Vega Ramírez, integrante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), quien fue uno de los 58 juzgadores que denunciaron haber recibido presiones de Zaldívar sobre el sentido de sus fallos en determinados casos.

En las posiciones de juzgados de distrito se pondrá a votación la que ocupa Adrián Fernando Novelo Pérez, quien emitió suspensiones en contra del Tren Maya y también denunció presiones de Zaldívar.

Además, María Isabel Bernal Hernández, jueza que concedió una suspensión provisional al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, para que autoridades federales dejaran de señalarlo como torturador y como autor de la verdad histórica.

Juan Pablo Cortés Torres, togado que otorgó una suspensión de plano a Sidronio Casarrubias Salgado, El Chino, líder de Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en la demanda de amparo que tramitó por presunta tortura sicológica, coacción verbal y amenazas a él y a sus familiares.

Luis Alberto Ibarra Navarrete, destituido en 2011 cuando fue juez de distrito con sede en Guadalajara por múltiples causas, entre ellas usar al personal de su juzgado para apoyar a su hermana en un litigio. La SCJN echó abajo su destitución en 2015 .

Asimismo, se incluyó a Yamin Francisco González Mendoza, quien admitió juicios de amparo contra el decreto presidencial que prohíbe la comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país; Sandra Leticia Robledo Magaña, quien resolvió diversos amparos con respecto al caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, relacionado con sobornos.

Ruby Celia Castellanos Barradas concedió a René Gavira Segreste, ex director de Segalmex, una suspensión definitiva que frenaba la apertura de juicio oral en el proceso penal en su contra por su presunta responsabilidad como uno de los arquitectos del multimillonario desfalco detectado en la paraestatal en sus primeros años de operación.

El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda admitió a trámite el juicio de amparo que promovió el empresario José Kamel Nacif Borge contra la investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR), tras la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Hasta ayer, el Senado no había publicado en la Gaceta Parlamentaria la lista depurada, sólo con las 850 plazas que estarán en juego en junio de 2025 para despejar dudas y confusiones entre la opinión pública sobre las que serán votadas en 2027.

Es “irracional” darle tanto a los jubilados con 6 millones en pobreza extrema: Slim

 sinembargo.mx

El fundador de Grupo Carso comentó también que la inseguridad que sufren las familias daña su libertad, por lo que exhortó a trabajar en la armonía de los hogares y la buena convivencia para construir una sociedad pacífica. 

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– El magnate Carlos Slim Helú criticó ayer que en México se destinan muchos recursos a personas jubiladas cuando hay más de seis millones en pobreza extrema, algo que consideró “irracional”.

Durante su presentación en el panel “Arquitectura de Paz Global” en el marco de la Cumbre Mundial de Premios Nobel en Monterrey, Slim sugirió cambiar la repartición del presupuesto, pues el dinero destinado a las y los jubilados concentra una gran parte, mientras que hay millones en pobreza extrema. Por ello, señaló que se tiene que garantizar un nivel mínimo de bienestar.

“Hay que tener paz, libertad y combatir la pobreza. ¿Cómo se elimina la pobreza? Pues para que ya no se hable de igualdad o desigualdad, tiene que haber un nivel mínimo de bienestar ascendente para toda la población. Es increíble que en Estados Unidos o en México no lo hemos hecho porque estamos dando mucho ingreso a jubilados y tenemos a seis millones en pobreza extrema. Hay que cambiar el armamento y otros gastos por niveles mínimos de bienestar a la población. Es irracional totalmente”, afirmó.

Asimismo, el fundador de Grupo Carso comentó que la inseguridad que sufren las familias daña la libertad, por lo que exhortó a trabajar en la armonía de los hogares y la buena convivencia para construir una sociedad pacífica.

“Hay una serie de factores que están provocando inseguridad en las familias. Cuando hay inseguridad, no hay libertad. No puede salir de su casa porque no tiene seguridad. Es un factor que está creciendo en muchos lugares del mundo”, compartió.

“Hay que trabajar mucho en la familia. Una familia en armonía con una buena convivencia y sana relación lleva a aquellas sociedades pacíficas constructivas positivas. Yo creo que hay que trabajar mucho en la familia, en la educación, la capacitación, la salud, la nutrición. Hoy en día no tenemos familias en armonía integrada y es así como se debilita la sociedad e influye mucho en esa inseguridad de la falta de paz familiar, de paz social”, agregó.

HIJO DE MAGNATE TAMBIÉN VE POBREZA EXTREMA COMO PROBLEMA

El pasado 6 de septiembre, Carlos Slim Domit, hijo del hombre más rico de México, y actual presidente de los Consejos de Administración de América Móvil y de Grupo Carso, consideró que el entorno económico brinda a México un momento histórico y favorable para detonar un crecimiento acelerado, y que permitirá eliminar la pobreza extrema y posicionar al país en un lugar privilegiado en la economía global.

Al inaugurar México Siglo XXI, el encuentro de los becarios de Fundación Telmex Telcel con líderes mundiales, el empresario aseguró que el entorno económico brinda a México un momento histórico y favorable para detonar un crecimiento acelerado.

El hijo mayor de Carlos Slim Helú subrayó que la relocalización de empresas, la integración económica con América del norte y el fortalecimiento de las cadenas de suministro, aunadas a la unidad nacional y a un sólido Estado de Derecho que brinde seguridad de largo plazo a las inversiones, permitirán a México tener un crecimiento fuerte y sostenido, generar más empleos, eliminar la pobreza extrema y posicionar al país en un lugar privilegiado en la economía global.

OXFAM EXHIBE RIQUEZA DE SLIM

Los empresarios mexicanos Carlos Slim y Germán Larrea acumulan más riqueza que la mitad más pobre de Latinoamérica y El Caribe, es decir, un total de 334 millones de personas, reveló un informe publicado por Oxfam, publicado en julio pasado.

La organización dedicada a combatir la desigualdad resume así la riqueza de ambos magnates mexicanos con la del resto de Latinoamérica y El Caribe: “Entre los dos reúnen unos 130 mil millones de dólares, es la misma cantidad que posee 334 millones de personas, la mitad más pobre de los latinoamericanos”.

Hasta enero de 2024, existían 98 multillonarios en Latinoamérica y El Caribe, los cuales acumulaban una riqueza conjunta de 480 mil 800 millones de dólares, una cantidad similar al PIB anual de Chile y Ecuador juntos, refiere el informe al destacar que tan sólo la fortuna del mexicano Carlos Slim, el hombre más rico de la región, asciende a más de 100 mil 400 millones de dólares, más del doble del PIB de Bolivia o Paraguay y el doble de la inversión anual en salud pública de México.

–Con información de Guadalupe Fuentes López

Juzgadores aprovechan la revuelta para bajarse la edad de jubilación, de 65 a 55 años

sinembargo.mx

El pasado 11 de septiembre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que encabeza la Ministra presidenta Norma Piña Hernández, aprobó por unanimidad reducir de los 65 a los 55 años de edad, para que los jueces y magistrados federales puedan recibir su pensión complementaria, con el propósito de que puedan reclamarla antes de que entre en vigor la nueva Reforma al Poder Judicial.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SInEmbargo).- Luego de la aprobación de la Reforma al Poder Judicial en el Congreso de la Unión, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprovechó para avalar cambios al Plan de Pensiones Complementarias para reducir la edad en la que jueces y magistrados podrán solicitar su jubilación, con el propósito de que aprovechar esta prestación antes de que entre en vigor la nueva reforma judicial.

El pasado 11 de septiembre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que encabeza la Ministra presidenta Norma Piña Hernández, aprobó por unanimidad reducir de los 65 a los 55 años de edad, para que los jueces y magistrados federales puedan recibir su pensión complementaria, con el propósito de que puedan reclamarla antes de que entre en vigor la nueva Reforma al Poder Judicial.

Con el nuevo sistema autorizado por la CJF, lo jueces y magistrados podrán recibir compensaciones vitalicias, mismas que ascienden al 45 y al 80 por ciento del ingreso que les otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que se suman a las que les otorga el mismo.

El Consejo señaló que con esa medida “se garantiza que las y los juzgadores federales que estén en posibilidad de acceder a una pensión del ISSSTE, también puedan tener acceso a la pensión complementaria y ejercer su derecho a una jubilación digna, acorde a su trayectoria y años de servicio”.

El acuerdo firmado por la Presidenta Ministra Norma Lucia Piña Hernández, Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica De Gyvéz Zárate, Lilia Mónica López Benítez, Celina Maya García, Sergio Javier Molina Martínez y José Alfonso Montalvo Martínez, señala que la “Jubilación anticipada: es la posibilidad que tienen los magistrados de Circuito o jueces de Distrito, que no cumplan la edad priista en la fracción anterior, de solicitar su retiro voluntario cuando cuenten con alguna de las pensiones otorgadas en términos de la Ley del ISSSTE”, señala el decreto.

“Para calcular la antigüedad o años de servicio efectivos de las y los magistrados de Circuito y jueces de Distrito en el Poder Judicial de la Federación, se computará el tiempo por el que hayan recibido nombramientos en cualquiera de las categorías o puestos, ya sean jurisdiccionales o administrativos, dentro de los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación”, se explica en el decreto sobre los cambios al Plan de Pensiones Complementarias del Poder Judicatura, con el que jueces y magistrados tendrán la posibilidad de jubilarse anticipadamente y con ello, recibir una pensión complementaria, lo que tuvo lugar mientras estaba en discusión la nueva reforma al Poder Judicial.

La nueva reforma al Poder Judicial fue una propuesta hecha por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha venido denunciando los privilegios con los que cuenta este organismo, por lo que ha argumentado que su iniciativa busca combatir estos excesos entre quienes lo conforman.

El 10 de septiembre cuando se discutió la iniciativa de reforma al Poder Judicial, el Presidente López Obrador aseguró que era urgente la reforma al Poder Judicial y señaló que quienes se oponen a esa están defendiendo al régimen de corrupción, pues lo que más les preocupa “es que van a perder sus privilegios porque el Poder Judicial está al servicio de potentados, al servicio de la delincuencia de cuello blanco“.

“Urge la reforma al Poder Judicial y sí va a ayudar mucho porque aquí se habla de delincuentes, del crimen organizado; pero lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios porque el Poder Judicial está al servicio de potentados, al servicio de la delincuencia de cuello blanco“, dijo.

López Obrador argumentó que “hay ministros que dependen de los hombres con más poder económico en el país”, ya que “están al servicio de las grandes corporaciones económicas, financieras, nacionales y del extranjero”. “Y esos son los que no quieren que haya Estado de Derecho; quieren mantener el influyentismo, la corrupción y el Estado de chueco”, denunció durante su conferencia de prensa matutina.

Además, afirmó que la iniciativa que envió al Congreso de la Unión garantizará que no haya corrupción porque cuando los jueces, magistrados y ministros sean electos por la gente, “van a tener que actuar con rectitud”. “Primero, van a tener la arrogancia de sentirse libres; no van a ser títeres, peleles, súbditos de nadie; van a tener como jefe al pueblo de México, al pueblo que es el soberano en una República”, destacó.

El Jefe del Ejecutivo federal explicó que “la reforma también propone crear un tribunal al interior del Poder Judicial; pero no dependiendo o dependiente de, como sucede actualmente con el Consejo de la Judicatura, de los mismos ministros porque si no, pasaría lo mismo, ¿no?”. “¿Desde cuándo no hay un Juez en la cárcel? ¿Un Magistrado? ¿Un Ministro? Nada. No resuelven nada”, subrayó.

“Entonces en la reforma se está proponiendo que haya un tribunal que tenga facultad para sancionar a jueces, a magistrados, a ministros si hay actos de corrupción o este tipo de prácticas, a todas luces ilegales, violatorias de la legalidad”, precisó el mandatario federal desde Palacio Nacional.

Pese a los constantes señalamientos y aún cuando el Poder Judicial se encontraba en paro de funciones, el Consejo de la Judicatura federal llevó a cabo estos cambios al Plan de Pensiones Complementarias del Poder Judicatura que beneficiarán a los jueces y magistrados, y les permitirán jubilarse justo en la antesala de la implementación de la Reforma cuyo principal cambio es la elección popular de jueces y magistrados.

En los primeros comicios extraordinarios se someterán a elección popular los cargos de: ministras y ministros de la SCJN, así como las magistraturas vacantes de la Sala Superior.

Además de elegirse la totalidad de las magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; y la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de Circuito, así como Juezas y Jueces de Distrito.

La Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, visitó este viernes a los trabajadores del Poder Judicial que, en protesta por la Reforma Judicial, mantienen bloqueada la Cámara de Diputados. Foto: X @Jaaidy

El Senado de la República será el encargado de emitir las respectivas convocatorias, con las que se integrarán las listas de candidatos para cada cargo a sustituirse en el Poder Judicial, para lo cual, los legisladores contarán con 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la reforma, en el caso de la primera etapa. La elección del resto de los cargos se realizará en los comicios ordinarios del 2027.

Los cambios del Consejo de la Judicatura no tocan a los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN). En el máximo tribunal de justicia del país aún se pagan las pensiones vitalicias a nueve ministros en retiro de la Corte disuelta por el expresidente Ernesto Zedillo en 1994. Es el caso de: Diego Valadés , Victoria Adato Green, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Irma Cue Sarquis, José de Jesús Duarte Cano, Clementina Gil Guillen, Luis Felipe López Contreras, Ulises Sergio Schmill Orodoñez, Carlos Sempe Minvielle.

Los otros 10 ministros que se han retirado desde 2009 reciben un “haber por retiro”, que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es de carácter vitalicio y equivalente al 100 por ciento durante los dos primeros años y al ochenta por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a las y los ministros en activo. Es el caso de: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos y José Fernando Franco González-Salas

Al tocar el tema de la jubilación anticipada, el Presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, criticó que mientras se mantenía la discusión por la nueva reforma, el Poder Judicial está aprovechando para servirse con “la cuchara grande”. “Mientras tanto el Poder Judicial, que por un lado ya levantó el paro, se sirve con “la cuchara grande”, expresó durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube.

#VivaLaReformaJudicial
 PULVERIZA @fernandeznorona a Norma Piña y su Pandilla que se bajaron de 65 a 55 años su jubilación justo el día que se aprobó la Reforma Judicial

“Es una Majadería, es un Atraco, es un Abuso del Poder Judicial, que siguen en el Madruguete, en la… pic.twitter.com/DFFErkR4zt

— La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 15, 2024

“El Poder Judicial resulta que redujo su edad de retiro de 65 a 55, para darles ya salida a las juezas y a los jueces que se quieran retirar con todo su salario”, dijo el Senador, al señalar que este organismo “sí tiene una situación de privilegio frente a la mayoría de la población”, lo que calificó como “una majadería, es un atraco, es un abuso del poder judicial, que pudo haber planteado el tema con toda lealtad pero siguen en el madruguete, siguen en la facciocidad, siguen defendiendo de manera torcida sus intereses personalísimos”, añadió.

“Y Siguen con sus autoresoluciones ilegales, es como esto de que se bajan la rueda de jubilación de 65 a 55, es un abuso, están violentando la ley con una forma… por eso es la reforma el Poder Judicial, porque toman decisiones políticas disfrazadas de jurídicas, pero además de politiquería de agandalle, de atropello, de abuso, de violación a la ley”, reiteró Fernández Noroña durante su transmisión en vivo, el pasado 14 de septiembre. 

Nora Nancy Gaspar Resendiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Alumnas de derecho de la UNAM opinan sobre la Reforma Judicial

 Escrito por Wendy Rayón Garay 

.-Ciudad de México.- Ante las manifestaciones estudiantiles, alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México compartieron sus posturas y opiniones sobre la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay que recordar que entre los cambios planteados se encuentran: la elección popular de juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros; la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración; la modificación en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y nuevas reglas procesales. 

El 5 de febrero del 2023 el actual presidente presentó al Congreso de la Unión, una propuesta de reforma al Poder Judicial junto con veinte iniciativas constitucionales y ahora está en discusión en el Senado de la República una de ellas: la reforma al Poder Judicial.

La misma ya fue aprobada en la cámara de diputados el pasado 4 de septiembre con 359 votos en favor, 135 en contra y 0 abstenciones y en lo particular con 357 votos a favor, 130 en contra y 0 abstenciones.

Como resultado de este controversial dictamen y de los más importantes que enfrenta México en los últimos años, mujeres defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y estudiantes se pronunciaron por días afirmando que es un retroceso en la igualdad de género ¿Las razones?:

• Removerá del cargo a las mujeres (judicatura) que lograron romper el techo de cristal para alcanzar sus respectivos puestos de trabajo en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
• Atenta contra los salarios de las mujeres quienes enfrentan la precarización en el PJF, porque sus ingresos se verán reajustados aún más.
• Remueve a las personas servidoras públicas que han completado capacitaciones y se encuentran especializadas en materia de género y derechos humanos.
• No garantiza una mirada con perspectiva de género a la hora de impartir justicia.
• Causará más rezagos en los casos de mujeres víctimas de todo tipo de violencias.
• La reforma podría atentar contra el derecho al aborto y a otros derechos fundamentales para las mujeres y la lista sigue y sigue. 

En contrasentido, la exposición de motivos de la presidencia, afirma que se trata de una renovación estructural para involucrar a las y los mexicanos en la democracia y devolver la “verdadera independencia” a los órganos que imparten justicia.

Qué opinan las estudiantas en la UNAM

Desde la semana pasada, las y los estudiantes han mostrado su apoyo a los trabajadores judiciales. La colectiva Honorosus Medusa de la Facultad de Derecho es una de ellas. Desde hace tres años, son un proyecto que busca la representatividad feminista en una de las “facultades más marchistas” de la UNAM, según la integrante Andrea Pérez.

En entrevista para Cimacnoticias, mujeres de Honorosus Medusa, expresaron que la reforma se está usando como instrumento político para concentrar el mando en un partido, «llevando así al país a una dictadura». De acuerdo con Andrea, la división de poderes ayuda a generar un contrapeso que evita el autoritarismo. Con la nueva propuesta del presidente, se estaría dando mayor dominio al poder judicial. 

La segunda preocupación del colectivo es la elección popular de mil 633 magistrados y jueces de distrito en unas elecciones extraordinarias en 2025. Para ellas, es un retroceso, ya que se necesita de una carrera judicial, así como saber interpretar la Constitución Mexicana. Esto solo se logra a través de una especialización, doctorado o maestría en Derecho Constitucional.

“Se quiere hacer pasar como que mientras más se vote más democracia hay, ¿no? Y pues esto no es cierto, o sea, votamos por las opciones que nos dan y muchas veces no significa que nos convengan al 100%, pero es lo que hay”

– Michell Miranda

Las mujeres son uno de los sectores poblacionales más vulnerables para acceder a la justicia. El colectivo prevé que la iniciativa afectará procesos legales y sus derechos, ya que no asegura la perspectiva de género. 

Michell Miranda mencionó que en cuanto a la protección de las trabajadoras del poder judicial, solo se hace una mención hacia la paridad de género, pero no establece mecanismos suficientes para su cumplimiento.

Crédito: Karen, estudiante de derecho de la UNAM

El poder local, el verdadero problema

Irene López Faugier, civilista y profesora titular de la Facultad de Derecho de la UNAM, también está inconforme con la reforma judicial propuesta por el presidente. Más allá de los filtros para acceder a estos cargos, ella resaltó que con la elección popular se beneficiará un solo partido: MORENA.

“Evidentemente quienes hemos trabajado en el Poder Judicial nos hemos preparado. No somos políticos en lo más mínimo. Es decir, trabajamos en uno de los poderes de gobierno, pero no influyen las decisiones en el Poder Judicial por parte de los partidos políticos porque ni siquiera estamos vinculados a la cuestión política”

-Irene López Faugier

Además, Irene considera que la reforma judicial no está enfocada en el poder local, de donde viene la injusticia que trastoca a las y los ciudadanos. Siguiendo los datos de la encuesta sobre la percepción de impunidad en México de la organización Impunidad Cero, el 63% de los encuestados dijo no tener confianza en las autoridades ni en el proceso de denuncia. Desde la implementación del nuevo sistema de justicia penal en 2008, 7 de cada 100 homicidios dolosos se han esclarecido.

Para esta organización, el desconocimiento de los derechos y obligaciones; las autoridades competentes para cada delito; los bajos niveles de supervisión a las fiscalías y procuradurías; los procedimientos lentos y complejos, los delitos cometidos por servidores públicos; y la falta de sanciones, complican el acceso a la justicia.

Otros problemas que explicó Irene López Faugier fueron la sobrecarga de trabajo por no tener suficiente personal en estos organismos y las escasas investigaciones correspondientes. 

“El Poder Judicial no deja libre a los delincuentes como es lo que pretenden hacer creer. Se encarga de -en dado caso de que ya haya una sentencia definitiva, por ejemplo, un juez local que dejó ir a un delincuente- emitir un amparo en contra de esta autoridad. Las víctimas del delito van al Poder Judicial Federal, se les atiende y entonces se ordena que los jueces vuelvan a conocer el asunto”.

-Irene López Faugier

Las voces de las estudiantes

El pasado 28 de agosto, las y los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM convocaron a una marcha en contra de la iniciativa a través de folletos y grupos de internet. Junto a otras universidades, se dirigieron al Consejo de la Judicatura Federal.

En un comunicado dirigido a las y los legisladores, se solidarizaron con el paro indefinido de labores del Poder Judicial de la Federación y a su vez, solicitaron ser escuchados. En una segunda marcha, el 01 de septiembre, se dirigieron al Senado de la República durante el sexto y último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador. 

El martes, 3 de septiembre, llegaron a la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuica, sede alterna de la Cámara de Diputados, para entregar los derechos de petición que firmaron más de 700 estudiantes; sin embargo, no fueron recibidos.

Para Araceli y Karen en la Facultad de Derecho, «más del 50% de las estudiantes somos mujeres», y aunque históricamente la representación estudiantil ha sido protagonizada por hombres, la presencia femenina ha sido cada vez más notoria. Las estudiantes han estado activas tanto en las aulas como en las marchas y conversaciones sobre la reforma judicial. A pesar de la prevalencia masculina en ciertos espacios, «como mujeres de derecho hemos estado muy atentas y comprometidas, demostrando que nuestra voz y presencia son cada vez más fuertes y relevantes».

Tardía contrarreforma de Norma Piña: claves para entender qué propone

 Escrito por Arantza Díaz 

Fuente: Cimac Foto.-Ciudad de México.- La presidenta ministra, Norma Piña soltó su contrarreforma a escasas horas que comience la votación en la Cámara de Senadores, esta tardía propuesta, contiene una serie de recomendaciones para dialogar y transformar el Poder Judicial, no sólo por la legalidad, sino por una de las cuentas pendientes más grandes que tiene México con su ciudadanía: La justicia.

Hay que recordar que esta propuesta de Reforma al Poder Judicial se inicio el 5 de febrero del 2023 y a lo largo de este tiempo no hubo contrarreforma, hasta ahora que ya es prácticamente inminente la aprobación.

La llegada de este posicionamiento aparece en un momento de tensión crítica; las protestas en el Senado arrecian y López Obrador parece no abrir la puerta al diálogo.

La reforma al Poder Judicial avanza y parece incontenible, de hecho parece que será inevitable su aprobación en la Cámara de Senadores.

En un mensaje, Norma Piña al centro y junto a ella, el consejero Sergio Javier Molina, el ministro Jorge Mario, ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro Luis María Aguilar, la consejera Lilia Mónica López Benítez y el consejero José Alfonso Montalvo, se sentenció que, a nombre del Poder Judicial, su resistencia se mantendría firme.

Asimismo, Norma Piña pidió a las y los trabajadores de este Poder de la Unión, mantenerse juntos para cambiar las cosas y reclamar el derecho a un futuro libre.

Así, pidió abrir el diálogo con las personas víctimas de violencia y aquellas que han dedicado su vida a defender los derechos humanos, también, a las y los estudiantes que han salido a protestar; concretamente, Norma Piña demandó mirar los contrapesos de la reforma.

Dentro de su mensaje, también sentenció que la demolición del poder judicial no es la vía como se pretende, pues de quererse, hoy mismo se pueden comenzar a dar pasos firmes y cambios profundos, pero para esto, hay que meter freno y despojarse de narrativas que son simplistas.

«Hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer cambios profundos y necesarios para construir la justicia y la reparación que México tanto necesita, nuestra historia no se puede definir desde la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país es culpa de los jueces, quienes asi lo crean, no conocen México»

La demolición del #PJF no es la vía para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita: Ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del #PJF . Escucha el mensaje completo 👇🏽🎦

Comunicado de prensa📝 https://t.co/c71HzwYJ4F

Documentos… pic.twitter.com/1N65yZvoz5

— Suprema Corte (@SCJN) September 8, 2024

Sobre esta misma línea, AMLO no tardó en posicionarse y limitó su postura a decir que las personas estaban en su derecho de manifestarse, pero que la reforma no planteaba «destruir» nada, como advirtió Piña en su mensaje, sino constaba de todo lo contrario.

Ahora bien, estos dos documentos que, como última medida, intentan dar un revés a la Reforma al Poder Judicial y entablar el diálogo, a sólo dos días de que esta discusión llegue al Pleno, están enmarcados en las recomendaciones de los organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos.

Son de acceso libre y Cimacnoticias, resume los 5 ejes fundamentales de ambos documentos: ¿Qué proponen?,¿contemplan la justicia para las mujeres y grupos vulnerables?

Primer herramienta: Reforma integral al sistema de justicia en México

Legitimidad judicial:

Desarrollar e implementar una política de los procesos judiciales desde el enfoque de la «justicia centrada en las personas» que vaya más allá de las respuestas estrictamente legales y que priorice una experiencia más humana y justa para los involucrados.

Asimismo, este primer punto, exige diseñar e implementar programas de sensibilización y capacitación en ética profesional y legitimidad institucional de manera transversal en todas las instituciones del sistema de justicia, asegurando que dichos programas incluyan un enfoque práctico que permita el análisis de dilemas éticos

Fortalecimiento de los poderes judiciales locales:

Uno de los problemas más importantes que enfrenta el sistema judicial, son los endebles sistemas de justicia local, por ello, el punto dos de este documento demanda aumentar el número de personas juzgadoras por persona.

Asimismo, refiere la implementación de herramientas tecnológicas que permitan automatizar procesos, mejorar la recolección y organización de información, así, se lograrían agilizar los procesos.

Demanda que la carrera judicial de las personas juzgadoras sea comprobada y tengan estudios en herramientas como la perspectiva de género, la transparencia y se ponga especial acento en el nepotismo.

Asimismo, en este punto se exige revisar la distribución actual de recursos económicos e incrementar significativamente los fondos asignados a las instituciones de justicia penal local, considerando las necesidades específicas de cada entidad y el volumen y tipo de asuntos que gestionan.

Este aumento de recursos debe destinarse a la contratación y capacitación del personal, así como a la mejora de los sistemas tecnológicos en fiscalías estatales y poderes judiciales locales, con el fin de optimizar sus capacidades institucionales.

Diseño normativo sustantivo y procesal

En este punto se busca derogar figuras jurídicas que propicien la privación arbitraria de la libertad y apegarse a los sistemas interamericanos de derechos humanos.

Paralelamente, aquí se contiene algo importantísimo: Armonizar el reconocimiento y la tipificación del delito de feminicidio, así como homologar los protocolos de investigación en todo el país.

Además, contempla la idea de crear oficinas móviles de denuncia que se desplacen por todo el territorio con el objetivo de acercar la justicia a sitios o localidades donde este derecho resulta inaccesible a causa de los espacios geográficos y el rezago.

Otro punto importante es que pide transparencia en los recursos destinados al poder judicial, pidiendo que se destine más del 2% del presupuesto federal.

Seguridad Pública:

En este punto, lo más sustancial, es la exigencia de reorientar las políticas de seguridad pública promoviendo la desmilitarización y garantizar la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas.

Demanda, también, la modernización de los centros de Monitoreo y Control y la instauración de un mecanismo nacional de certificación en las instituciones policiales, donde se promueva la perspectiva de género y la defensa de los derechos humanos.

Pretende mejorar los protocolos de Alerta Amber, servicios forenses y Protocolo Alba para acelerar sus investigaciones y eficacia.

En materia de derechos migrantes, también contempla incorporar la detención y desaparición de personas migrantes en los registros nacionales.

Defensoría Pública

Este punto pide incrementar el número de asesores jurídicos en la defensoría pública federal, con un enfoque en la atención a víctimas. Es necesario establecer una ratio máxima de casos por defensor, que permita una atención individualizada y efectiva.

Además, se debe garantizar la capacitación continua de estos defensores en derechos humanos y atención a víctimas, para que puedan abordar los casos con una perspectiva de sensibilidad.

Asimismo, pide asegurar la autonomía y las asignaciones presupuestales de la Defensoría Pública.

En materia de atención a víctimas

Demanda incorporar a las víctimas indirectas en los procesos de búsqueda y en todo proceso judicial. Exige que estas personas tengan la facultad de revisar la distribución competencial entre el Estado y las entidades federativas.

Contempla ampliar el personal médico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en todas las entidades federativas, con énfasis en las zonas con mayores índices de violencia y violaciones a derechos humanos.

Ejecución Penal

Este punto de la contrarreforma pide establecer mecanismos efectivos y accesibles dentro de los centros de reclusión para que las personas privadas de libertad puedan denunciar abusos y violaciones de derechos sin temor a represalias.

Estos mecanismos deben incluir la posibilidad de presentar quejas de manera confidencial y segura que deriven en el inicio de investigaciones imparciales y al establecimiento de sanciones para las personas responsables.

Asimismo, exige la implementación de servicios de interpretación y mediación cultural para mujeres indígenas, así como la capacitación de jueces y juezas de ejecución en temas de derechos humanos e interseccionalidad.

Otro punto relevante es que se demanda la implementación de sistemas de salud mental al interior de los centros penitenciarios de nuestro país. Así como el desarrollo de espacios incluyentes para infancias -hijas e hijos de madres privadas de su libertad- y personas con discapacidad.

Segunda herramienta: La Reforma al Poder Judicial en Voz de la Judicatura

En un documento más concreto, Norma Piña dio a conocer la segunda pieza de este movimiento para echar para atrás la Reforma; sirve de forma articulada con el anteriormente mencionada y se centra en una serie de jornadas que se estuvieron dando los últimos días y que contaron con la participación de personas juzgadoras y de la sociedad civil.

Así, este resumen ejecutivo contiene todo lo discutido, las preocupaciones y principales temas que son de carácter nacional.

El análisis de estas jornadas nacionales revela que existe un reconocimiento de que hay áreas de oportunidad para mejorar el sistema de justicia en su integridad.

Sin embargo, de la integración de resultados se advierte una fuerte preocupación por el desmantelamiento de la carrera judicial y la viabilidad de la elección popular de personas juzgadoras.

Para asegurar una reforma efectiva, tanto en las mesas como en los talleres de las Jornadas, se señaló la necesidad de fortalecer los mecanismos actuales de carrera judicial y de disciplina, aumentar la participación ciudadana y garantizar la paridad de género en la selección de personas juzgadoras.

Además, se consideró necesario mejorar la especialización y capacitación dentro de los poderes judiciales, junto con la implementación de sistemas de auditoría y evaluación para monitorear el impacto de los cambios propuestos.

Dentro de este documento se encuentran ejes importantes como la Carrera Judicial, el Sistema Disciplinario del PJF y la importancia de consolidar un órgano de justicia especializada.

Además, el documento sentencia que el diseño institucional y la implementación de la reforma al poder judicial debe abordarse con una estrategia cuidadosamente planificada que considere todos los cambios estructurales, las necesidades de la ciudadanía, la insuficiencia presupuestal, el rezago tecnológico y la compleja gestión judicial.

Un punto interesantísimo en este documento es que, por primera vez, se expresa de forma manifiesta que las mujeres juzgadoras en nuestro país es uno de los sectores más afectados, pues si bien ocupan cargos al interior del Poder Judicial, son una minoría representativa en la toma de decisiones.

«Las mujeres dentro del Poder Judicial suelen tener menos tiempo para capacitación, menos tiempo de estudio, menores redes de apoyo laboral y menos acceso a políticas de conciliación de la vida laboral y la familiar. Así, garantizar la paridad en la carrera judicial no solo implica garantizar la entrada de mujeres, sino su crecimiento para que puedan ocupar los más altos rangos.», se lee en el documento.

Esto último, documentado por Cimacnoticias en su entrevista con la Jueza y presidenta de la JUFED, Juana Fuentes.

Finalmente, se rescatan puntos de este documento para entender de qué va esta contrarreforma y qué demanda:

• Consolidar la carrera judicial a través de concursos abiertos.
• Garantizar transparencia e igualdad de oportunidades.
• Fortalecer la capacitación constante de las personas al interior del Poder Judicial
• Aumentar la plena participación de las mujeres hasta lograr la paridad en todos los órganos judiciales
• Establecer comités formados por ciudadanos, expertos y organizaciones civiles que participen en la evaluación del desempeño judicial
• Crear un observatorio ciudadano nacional encargado de vigilar la conducta de las personas juzgadoras
• Al interior del Poder Judicial, es esencial que la reforma garantice su debido funcionamiento mediante la implementación de medidas que permitan garantizar que las personas que lleguen al cargo de titular de juzgados o tribunales acrediten contar con las capacidades técnicas y operativas necesarias para el funcionamiento de un órgano jurisdiccional. 
• La elección popular de personas juzgadoras implicará retos y costos importantes, que no se encuentran considerados en la reforma. Se deben tomar medidas para analizar los mismos con tiempo y previsión suficiente, previo a su implementación.

No era posible ya mantener los privilegios del Poder Judicial: Ernestina

ENTREVISTA ¬ No era posible ya mantener los privilegios del Poder Judicial: Ernestina

La Senadora Ernestina Godoy dijo a “Los Periodistas” que la oposición debe tener una actitud responsable “porque lo de ayer fue una gran irresponsabilidad que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias más que tuviéramos que salir de ahí”, de la sede del Senado, “pero siempre es un filo muy peligroso”.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– La Senadora de Morena Ernestina Godoy Ramos hizo un llamado a la oposición a no repetir los actos de violencia que se registraron en el Senado el martes, cuando durante la discusión de la Reforma Judicial un grupo de trabajadores del Poder Judicial irrumpieron con golpes a la sede parlamentaria, y sostuvo, al mismo tiempo, que no era posible mantener los privilegios en la élite de este poder.

“Hacemos un llamado a que eso no se repita, no es el camino, no es lo que la gente, lo que el pueblo ha decidido, yo le comentaba ayer algunos de los jóvenes que irrumpieron: ‘oigan, nosotros hemos luchado muchísimos años y no hemos roto un cristal, apostamos al diálogo, apostamos a la vía pacífica, apostamos a la urna, entonces queremos que así sea”, comentó la Senadora Godoy a “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

La Senadora Ernestina Godoy indicó que la oposición debe tener una actitud responsable “porque lo de ayer fue una gran irresponsabilidad que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias más que tuviéramos que salir de ahí”, de la sede del Senado, “pero siempre es un filo muy peligroso”.

En ese sentido, expresó que aquellos juzgadores que crean tener el derecho a continuar en sus cargos deben someterse a la voluntad de las urnas. “Aquellos que han sido jueces o ministros, magistrados que han actuado bien, prácticamente podemos decir que la gente va a votar por ellos, quienes no, bueno, es precisamente para esto la reforma, así que hagamos un llamado a que todo mundo vayamos por la no violencia y así vamos a actuar nosotros desde el Gobierno”.

La tarde del martes, un grupo de manifestantes del Poder Judicial irrumpió de manera violenta en el pleno del Senado. El propio Canal del Congreso transmitió el ingreso ilegal en el que participaron jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial, quienes rompieron una puerta y dañaron la sede de uno de los Poderes de la Unión.

Con respecto a los argumentos de la oposición que asegura que con esta Reforma será el fin de la democracia, la Senadora Godoy dijo que desconoce qué dictamen leyeron los senadores. “Lo que les decimos: esperen que sea un Poder Judicial más autónomo, más independiente, que fortalezca la división de poderes, no es un tema donde un poder está está queriendo ser el supra poder, si hemos peleado para que el Ejecutivo no sea un supra poder, por qué vamos a permitir que el Judicial lo sea, es división de poderes donde claramente se establece qué le toca a cada poder”.

“Creemos que con esto va a fortalecerse la división de poderes, la autonomía y desde luego la transparencia y la austeridad porque no es posible que toda la administración pública, el Poder Legislativo, hayan hecho los ajustes y el Poder Judicial con todos los privilegios que afortunadamente se conocieron ahora de manera muy puntual, que son realmente escandalosos. Entonces no tienen razón y la verdad es que insisto, no sé en qué país están viviendo y no sé qué dictamen leyeron si es que lo leyeron”.

Con respecto a la ruta que viene una vez que fue aprobada por el Senado indicó que se han tenido pláticas con el Instituto Nacional Electoral, que será la autoridad que tendrá que emitir la convocatoria en la que va a establecer todo por ser la primera. “Vamos a este proceso inédito en el mundo, que era una de las cosas que nos decían ayer, quienes se opusieron, como tienen la osadía de pensar que va a funcionar algo que en ningún país del mundo se ha probado. Y decimos, pues sí, es que fíjense que el pueblo de México está siendo muy usado, está muy echado para adelante, así que tenemos que estar a la altura”.

Recordó además que los legisladores tienen, además, la obligación de sacar muchas de las leyes secundarias. “Son más o menos 22, 23 leyes, más lineamientos, más acuerdos. Viene un trabajo muy fuerte, también tienen que formarse comités de evaluación que tiene que formar cada uno de los tres poderes y esos comités de evaluación, ahí tenemos que trabajar todos para que realmente queden conformados por personas que sean de reconocida trayectoria en la actividad jurídica, que tengan autoridad moral etcétera, porque de eso va a depender también el éxito, tenemos que cuidar ahí tenemos que cuidar los lineamientos para que quienes lleguen a la boleta, cualquiera que gane, tenga la capacidad, el profesionalismo, la honorabilidad, la probidad y sobre todo las ganas realmente de impartir justicia”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

No hay señales de que se quiera cooptar el Poder Judicial: Consejera Maya

 

Piña se dejó llevar por el aplauso y sembró el caos en el PJ: Esquivel

 sinembargo.mx

ENTREVISTA

La Ministra Yasmín Esquivel Mossa dijo en entrevista con “Los Periodistas” que es una incongruencia absoluta que la Ministra presidente Norma Piña pida la división de poderes, y por el otro lado encabece un paro en contra de otro poder. “Es una incongruencia absoluta que pida que se respete la división de poderes y se bloquee los accesos para que desarrolle su función otro de los poderes, que es el Legislativo en la Cámara de Diputados”.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– La Ministra presidenta Norma Piña Hernández es “incongruente” al denunciar la injerencia al Poder Judicial, pero permitir y alentar el bloqueo al Congreso, lo cual muestra que “es imparcial” y que se ha vuelto el “rostro de la oposición”, planteó en entrevista la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

La Ministra Esquivel Mossa declaró en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, que “no hace bien que la representante del Poder Judicial federal asuma una posición política de oposición”

“La representante del Poder Judicial debe ser imparcial frente a los actores políticos, imparcial frente a las partes en los asuntos e imparcial en todo momento. Esa imparcialidad se perdió, hoy no existe. Ante esta situación, ante esta problemática que se presenta en este momento, creo que el aplauso fácil no hace bien a ningun actor político y en este sentido quizá la Ministra Norma Piña se dejó guiar por el aplauso fácil y en este momento estamos asumiendo nosotros las consecuencias de una conducta y hablo de todo el Poder Judicial”, expuso la Ministra Esquivel.

El fin de semana, la Ministra presidenta de la Corte presentó una propuesta alterna a la Reforma Judicial impulsada por Morena y sus aliados y enfatizó que “la demolición del Poder Judicial no es la vía” para mejorar el sistema de justicia en México. La Ministra Esquivel reveló que esta propuesta no fue consultada con los demás ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y rechazó que se busque demoler a este Poder.

“Me parece totalmente en destiempo este proyecto que está presentando la Ministra Piña. Por otro lado, señala ella en su mensaje una demolición al Poder Judicial, a mí me parece que democratizar al Poder Judicial es legitimarlo, democratizar al Poder Judicial no es debilitarlo y en este sentido es absurdo señalar que cambiar la forma de nombrar a jueces y magistrados es demoler el Poder Judicial”, expresó en la entrevista.

La Ministra Yasmín Esquivel Mossa también señaló que es una incongruencia absoluta que la Ministra Piña pida la división de poderes, y por el otro lado encabece un paro en contra de otro poder. “Es una incongruencia absoluta que pida que se respete la división de poderes y se bloquee los accesos para que desarrolle su función otro de los poderes, que es el Legislativo en la Cámara de Diputados”.

“Imagínense que los legisladores vengan a tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y digan ‘pues ahora los ministros no vienen a sesionar’. Pues es lo mismo, ahí está la presencia de la Ministra Norma Piña encabezando una resistencia”, declaró.

La Ministra Esquivel lamentó que la Ministra presidenta encabece “la resistencia de la oposición al Legislativo y al Ejecutivo” e indicó que “perdió imparcialidad ya la Ministra al ubicarse en la oposición a los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

La Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, visitó este viernes a los trabajadores del Poder Judicial que, en protesta por la Reforma Judicial, mantienen bloqueada la Cámara de Diputados. Foto: X @Jaaidy

—¿Una oposición política y hasta partidaria? —se le preguntó.

—Es muy delicado que ella, que debe ser el ejemplo de la imparcialidad, hoy esté con estos mensajes donde llama a una resistencia, donde dice que se está demoliendo el Poder Judicial, donde ha perdido la imparcialidad, donde es la cara visible de la oposición. Me parece gravísimo. Y bueno, sabemos que a lo largo de su presidencia ha habido un rompimiento del diálogo con relación a los otros dos poderes, no tan solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo.

La Ministra Esquivel cuestionó la “falta de urbanidad política” de la Ministra presidenta Norma Piña e indicó que a lo largo de este año y medio de su presidencia ha prevalecido “el discurso opositor, una conducta donde se ha mantenido criticando permanentemente el sistema democrático que existe en nuestro país”.

“Aquí en todo esto existe una responsabilidad política, histórica, ante esta caos que ella ha generado, y que es parte de la generación de este caos, en el Poder Judicial federal, porque ha generado este enfrentamiento entre poderes, en estas posiciones que ha asumido, y la falta de imprudencia que ha tenido, no ha sido una persona prudente cuando ha tenido que estar frente a un micrófono representado al Poder Judicial de la Federación”, declaró Esquivel Mossa.

Y ahondó: “La Ley no tiene partido, no tiene colores, no tiene rencores, no tiene ideología política, la Ley debe ser imparcial por naturaleza, y en este sentido ha sido ausente en su prudencia la Ministra Presidenta”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Jueces sin castigo: Las fallas de un sistema negligente

El CJF, que no detectó oportunamente las faltas y delitos de juzgadores; está a punto de desaparecer para ser reemplazado por un nuevo y polémico Tribunal

Por ZORAYDA GALLEGOS / Quinto Elemento Lab

Durante 24 años, el Poder Judicial fracasó en castigar a los jueces y magistrados que cometieron faltas disciplinarias, como acoso laboral, o delitos, como enriquecimiento ilícito o acoso sexual.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es el órgano responsable de vigilar el comportamiento de miles de funcionarios del Poder Judicial. Una revisión de la información de todas las sanciones disciplinarias que impuso a juzgadores entre 2000 y 2023, la lectura de medio centenar de investigaciones por faltas graves, y la revisión, de principio a fin, de una treintena de casos penales, ofrece una radiografía inédita del sistema que hoy vigila a 1,500 jueces y magistrados.

Este trabajo de investigación inició mucho antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propusiera una reforma total al Poder Judicial Federal. Los hallazgos de este análisis pueden resultar pertinentes a la luz de las discusiones que transcurren en el Congreso de la Unión. Uno de los pilares de la iniciativa del presidente consiste en disolver al CJF y sustituirlo por un nuevo órgano llamado Tribunal de Disciplina Judicial.

El análisis de cientos de solicitudes de información y una veintena de impugnaciones permitió conocer que, en 24 años, el CJF impuso 664 sanciones por faltas administrativas leves y graves a 423 jueces y magistrados. En las dos décadas que comprende esta investigación, 32 juzgadores desempeñaron la función de jueces y en otro momento de magistrados, y recibieron castigos en ambos cargos (consulte abajo el buscador de sanciones).

La sanción más severa —y escasa— fue la destitución, ordenada contra 22 jueces y ocho magistrados. Una de las personas removidas de su cargo fue un magistrado de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que sacó de su portafolio una pistola y le apuntó a una magistrada durante una sesión.

La mayor parte de los castigos han sido llamados de atención por escrito, en público o en privado, o advertencias de que no deben reincidir.

Entre los casos que merecieron un simple regaño por parte del CJF hay juzgadores que fabricaron acusaciones contra empleados por denunciar sus arbitrariedades; que fueron negligentes o descuidados; que alteraron actuaciones judiciales; que mantuvieron relaciones sexuales en sus oficinas; que contrataron a sus hijos o yernos como secretarios, y que negaron amparos a personas que habían sido torturadas o incomunicadas.

El CJF rara vez fue más lejos. Aunque tiene la facultad de acusar a funcionarios ante el Ministerio Público federal (MP), en 24 años apenas presentó 23 denuncias penales contra juzgadores. La más reciente fue en 2020 contra un magistrado, según información obtenida de la dirección de Asuntos Jurídicos del Poder Judicial tras un largo proceso ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Si bien la fiscalía logró una sentencia condenatoria en la primera instancia, después la perdió en un tribunal. A la fecha, ninguna de las investigaciones que inició por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal, abuso de autoridad, hostigamiento sexual o delitos contra la administración de la justicia, ha terminado en una sentencia condenatoria irrevocable.

Es decir, en 24 años el CJF no ganó un solo caso en contra de jueces y magistrados a los que descubrió presuntamente cometiendo delitos.

Esto no significa que sean impolutos. En los documentos judiciales revisados se encontraron acusaciones de empleadas que dijeron haber sufrido acoso sexual, jueces que probablemente emitieron fallos a favor de sus amigos, recibieron millonarios depósitos en sus cuentas bancarias que no pudieron explicar, o cometieron defraudación fiscal, y magistrados que liberaron a narcotraficantes o ampararon a empresarios de casinos.

Quinto Elemento Lab obtuvo vía transparencia los expedientes judiciales de las 23 denuncias penales y, tras revisar las sentencias emitidas en primera instancia, los amparos, las apelaciones, las declaraciones recabadas, los dictámenes financieros, las órdenes de detención y los autos de vinculación a proceso, encontró que entre 2000 y mediados de 2024, solo cuatro juzgadores pisaron la cárcel y por muy corto tiempo.

Uno es Isidro Avelar Gutiérrez, acusado de favorecer con sus fallos a personas presuntamente ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación; otro, Efraín Cázares López, señalado por liberar a decenas de acusados en el llamado "Michoacanazo", un proceso que inició en 2019 con la detención de funcionarios locales acusados de tener vínculos con la organización criminal La Familia Michoacana. El magistrado José Manuel Rodríguez Puerto estuvo en la cárcel unas horas, bajo proceso por defraudación fiscal. No fue posible conocer la identidad del cuarto procesado.

La investigación en contra de otro juez continúa “en trámite” en la Fiscalía General de la República (FGR), aunque su familia lo veló en una funeraria de Monterrey, Nuevo León, en enero de 2019.

A la fecha, el resto de los casos está bajo investigación o fueron archivados por la FGR; otros han rebotado entre jueces renuentes a juzgar a sus colegas.

Las investigaciones internas

A criterio del CJF, hubo faltas graves que no ameritaron una denuncia ante la fiscalía, pero sí la inhabilitación o destitución.

Según la revisión hecha por esta reportera con Quinto Elemento Lab a docenas de expedientes de investigación del CJF que concluyeron con esos castigos, el consejo actuó de forma reactiva cada vez que un juez o magistrado fue exhibido en notas periodísticas, pero no de forma preventiva ni investigativa.

El consejo falló en detectar las inconsistencias en la evolución del patrimonio de los juzgadores. En el caso de un magistrado del Tribunal Colegiado en Sinaloa, no detectó irregularidades en 15 años de declaraciones patrimoniales. El funcionario incluso compró un auto cuyo valor superó su salario de todo un año.

En la mayoría de los casos de inhabilitación o destitución de 38 jueces y magistrados, el consejo descubrió tan tarde las conductas infractoras que, en los casos que presentó ante el MP, el delito había prescrito o estaba a punto de extinguirse.

Con frecuencia, resolvió mudar de juzgado o de tribunal a los funcionarios y decidió investigarlos solo cuando en la nueva sede hubo quejas de sus colegas.

Al igual que en México, en países como Argentina, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos existen órganos internos de vigilancia y sanción, integrados por magistrados que juzgan a sus pares. Sistemas sin contrapesos.

Mario Melgar-Adalid, uno de los primeros integrantes del CJF —órgano que comenzó a operar en 1995—, explicó que el diseño del consejo buscaba garantizar la independencia de los juzgadores para que emitieran sus fallos libres de presiones. Al igual que los salarios y el derecho a cargos casi vitalicios, son parte del blindaje ideado para darles autonomía.

Pero el sistema tiene sus grietas. Es endogámico, explicó Melgar-Adalid. “Cuesta mucho trabajo que un amigo venga a ejercer la disciplina frente a otro amigo, conocido o compañero del trabajo, y esto ha ido entorpeciendo un poco la función disciplinaria”, dijo el también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.

"[Actualmente] tenemos la existencia de familiares, amigos, nepotismo cruzado, de decenas de personas que pertenecen a una misma familia y trabajan en el Poder Judicial. Por supuesto que esto propicia redes de complicidad y de apoyo", opinó el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer.

Este sistema está a punto de desaparecer. Si el Congreso aprueba la iniciativa de reforma al Poder Judicial, en lugar de este órgano habrá un Tribunal de Disciplina Judicial. El detalle acerca de cómo funcionará quedará planteado en las leyes reglamentarias y en los acuerdos que se emitan después.

“Se pretende establecer órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que existen al interior del Poder Judicial, abriéndolo al escrutinio público”, se lee en la propuesta legislativa.

El nuevo tribunal, que estaría conformado por cinco magistrados electos por voto popular, podrá también investigar y sancionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y solicitar a la Cámara de Diputados el juicio de procedencia contra estos. Además, conocerá de los asuntos relacionados con la disciplina de los miembros del Tribunal Electoral; competencia que no tiene actualmente.

Melgar-Adalid dijo que esta tendencia histórica del Poder Judicial que se defiende a sí mismo podría eventualmente desaparecer si el tribunal se integra con personas que no forman parte de la carrera judicial. “Me parece que en parte la reforma tiende a evitar esto que ha sucedido y sigue pasando […], pero eso va a ser incierto hasta que no sepamos quiénes resultan electos y sus perfiles”.

Laurence Pantin, experta en independencia judicial y directora de la Fundación para la Justicia, propone que para reducir el riesgo de que los juzgadores se cuiden entre sí podría haber una conformación mixta del nuevo tribunal, en la que algunos miembros pertenezcan al Poder Judicial y otros sean externos. “Habría que encontrar un balance; es decir, si son cinco magistrados, que dos sean externos y tres internos, o al revés […], y como es un órgano colegiado al final se tienen que poner de acuerdo”, señaló.

El sistema y sus números

El Consejo de la Judicatura Federal tiene diversas maneras de captar información sobre la conducta de los juzgadores.

La Visitaduría Judicial realiza visitas programadas y sorpresa a los juzgados y tribunales, se entrevista con el personal y elabora informes de conducta. El área de Contraloría verifica la evolución patrimonial.

En uno de los edificios del Poder Judicial de la Federación (PJF), en la bulliciosa avenida Insurgentes de la Ciudad de México, está la sede de otra de las áreas encargadas de vigilar, investigar y sancionar a jueces y magistrados.En el piso tres trabajan los funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina (SED), que recibe y da trámite a las quejas que llegan a los buzones físicos o digitales.

Una revisión de las investigaciones realizadas por las áreas del CJF permitió constatar el difícil camino que sigue una queja. La ley orgánica y los acuerdos que regulan el funcionamiento del Poder Judicial exigen que estos escritos vayan acompañados de pruebas documentales en las que se constate cuándo, dónde y cómo ocurrieron hechos que suelen suceder de manera oculta y sin testigos.

Si la SED encuentra elementos suficientes en una queja, remite el caso a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA). Esta área puede requerir información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al final emite un reporte con el que da inicio a un procedimiento de responsabilidad administrativa.

Todas estas áreas están a cargo de magistrados de circuito o secretarios de juzgado o de tribunal, que tienen la responsabilidad de conseguir pruebas y testimonios.

Cuando la falta no es grave, el caso lo resuelve la Comisión de Disciplina, otro de los órganos internos del CJF.

Si se trata de faltas graves que ameriten destitución o inhabilitación, son resueltas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, integrado por la presidencia de la SCJN y otros seis consejeros. Las discusiones transcurren en sesiones privadas y los casos se deciden por votación.

Durante 20 años, el CJF no transparentó las resoluciones del Pleno. Solo difundió detalles de casos que ya habían sido ventilados en los medios de comunicación. A partir de una modificación a la ley de Transparencia, en 2015, la información de faltas graves y no graves fue pública hasta 2019, pero ese año, en acatamiento a la ley anticorrupción, dejaron solamente pública la información de las faltas graves. Los nombres de los jueces y magistrados dados a conocer en esta investigación provienen de información del CJF entregada vía transparencia o difundida en comunicados oficiales, en los que el propio consejo los identificó.

Ante el fallo de destitución e inhabilitación, los juzgadores pueden acudir a la SCJN a inconformarse. Entre 2000 y mediados de 2024, al menos 42 jueces y 30 magistrados que fueron destituidos o inhabilitados por el Pleno presentaron un recurso de revisión ante la SCJN. La corte confirmó la decisión del consejo de remover a 22 jueces y a ocho magistrados.

Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dicta que el CJF debe denunciar a un juzgador ante el MP en cuanto sepa de un posible delito, primero suele hacer su propia investigación.

La ley además establece que, para que un juzgador pueda ser aprehendido o enjuiciado, antes debió ser suspendido por el CJF, tras su propia investigación.

Y esto puede llevar años. La información de los casos administrativos y penales contra 14 jueces y magistrados, obtenidos por transparencia, indican que el consejo los denunció, en promedio, dos años después de que detectara las irregularidades.

Casi la mitad de las sanciones administrativas consistieron en un apercibimiento privado, dirigido solo a la persona investigada, una advertencia por escrito de que no vaya a reincidir. En cambio, 15% fueron amonestaciones públicas; en esos casos, la persona es citada al edificio del consejo, donde un alto funcionario le da a conocer el castigo. La tercera medida disciplinaria más común fue la suspensión, con 15% de los casos.

Una sola jueza, María del Carmen Torres Medina, tuvo un récord de 10 sanciones.

De los 24 años que abarcó este análisis, fue en 2001 cuando el CJF emitió más sanciones (83). El número cayó desde 2019. Entre 2021 y 2023 fueron únicamente diez. El CJF estuvo en esos años presidido por el ministro Arturo Zaldívar, y a partir de enero de 2023 por la ministra Norma Piña.

Fallas en la detección

Los fallos de los jueces y magistrados repercuten en la vida de millones de ciudadanos. Aunque se espera que su actuar sea intachable, no siempre actúan apegados a las leyes que rigen su investidura.

Entre los centenares de casos que investigó en 24 años el CJF, hay personas que faltaron al trabajo por su adicción al alcohol, o que trataron a su personal de forma prepotente; juzgadores que mintieron en sus declaraciones patrimoniales o que intercambiaron favores con abogados litigantes.

También hay jueces que fueron sancionados porque se negaron a dar acceso a documentos de la indagatoria, tardaron en responder al pedido de personas presas que requerían atención médica, incurrieron en un posible conflicto de interés al emitir fallos a favor de sus amigos y otorgaron indebidamente amparos que pusieron en libertad a narcotraficantes y narcomenudistas.

En Matamoros, Tamaulipas, el juez José Susano Lucio ofreció una plaza de chofer a una persona, siempre y cuando compartiera la mitad del sueldo con su cuñado.

En Oaxaca, el magistrado Francisco Salvador Pérez fue destituido por dilación en el dictado de 183 resoluciones. En los 23 casos en que había personas encarceladas, estas fueron liberadas una vez que emitió la sentencia, indica el expediente del caso.

La lectura de los expedientes sobre faltas graves permite advertir que las áreas del CJF fallan en detectar irregularidades a tiempo.

La mayoría de las investigaciones que derivaron en una destitución no iniciaron por los descubrimientos que hicieron estas áreas, sino por escándalos en la prensa o por quejas que presentaron a la SED víctimas de delitos, otras autoridades o personas subordinadas a los jueces y magistrados.

La Contraloría del CJF es la encargada de revisar la situación financiera y dar seguimiento a la evolución patrimonial de todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, incluidos los juzgadores. Verifica sus registros bancarios, inmobiliarios y vehiculares, y debe constatar que presenten su declaración patrimonial.

Pese a las facultades con que cuenta, la contraloría tarda y falla en detectar las inconsistencias en el patrimonio de los juzgadores. Sucedió con Isidro Avelar Gutiérrez, suspendido precautoriamente (es decir, mientras se le investigaba) el 17 de mayo de 2019, el mismo día en que el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos lo exhibió en su lista negra como “narcotraficante designado” debido a sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Avelar Gutiérrez recibió sobornos de estas organizaciones de narcotráfico a cambio de proporcionar fallos judiciales favorables a sus miembros principales”, reportó el organismo en un comunicado.

Ese mismo día, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda anunció que había bloqueado las cuentas bancarias del magistrado. Una vez que el CJF concluyó su investigación interna, comenzó el procedimiento administrativo y lo denunció penalmente porque concluyó que parte de su patrimonio podía tener una procedencia ilícita. El consejo encontró que Avelar Gutiérrez no fue veraz en las declaraciones de modificación patrimonial de 2014 a 2018, algo que no detectó la contraloría en todos esos años.

En un caso anterior, el CJF no advirtió las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Carlos Arturo Lazalde Montoya, magistrado de un Tribunal Colegiado en Sinaloa, hasta que un homólogo del mismo tribunal lo acusó.

La contraloría descubrió entonces que Lazalde Montoya probablemente proporcionó información incorrecta en 12 de las declaraciones patrimoniales que presentó entre 1985 y 2000. No informó que era copropietario de un terreno y de una finca, ni que su esposa había adquirido dos vehículos y cuatro inmuebles, ni sobre la caja de seguridad en la que guardaba centenarios de oro y monedas de plata.

Aunque al final fue destituido en 2004, hubo otras faltas sobre las que el CJF no pudo pronunciarse porque ya había prescrito la facultad para hacerlo, como la compra de un vehículo “en cantidad exorbitante al precio real del mercado”.

El consejo no denunció al magistrado ante el MP pese a que por norma debía hacerlo.

En entrevista, Lazalde Montoya calificó de injusta su destitución y dijo que aclaró la legal procedencia de bienes no declarados. Quinto Elemento Lab no logró respuesta del CJF ni de los demás jueces mencionados en este reportaje.

Fuera del radar

Otros casos graves han estado fuera del radar del CJF.

Uno ocurrió en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, a cargo de Álvaro Tovilla León. Un juzgado donde se habían resuelto litigios importantes en los sectores de telecomunicaciones e inmobiliarios.

A principios de 2011, el CJF supo por una nota periodística que Esiquio Martínez Hernández, secretario del juzgado, había recibido 432 millones de pesos en sus cuentas. El consejo presentó una denuncia ante el MP, y Martínez Hernández terminó en prisión. Pero no el juez Tovilla León.

Ese mismo año, el CJF concluyó que había indicios de que Martínez Hernández posiblemente actuó con la “anuencia, tolerancia y colaboración” del juez Tovilla León, por lo que comenzó una investigación. “Tovilla León conoció de 23 juicios de amparo entre los años de 2006, 2007 y 2008 en los que aparecen promoventes o autorizados –litigantes– que se identifican como depositantes de las cuentas bancarias a nombre de quien en su momento fungiera como su secretario de juzgado”, informó el consejo en un boletín.

El CJF destituyó a Tovilla seis años después, en 2017. Pero no lo castigó por tener ingresos adicionales a los de su cargo, por haber mentido en sus declaraciones patrimoniales de tres años y no declarar tres cuentas bancarias. Cuando detectó estas faltas, ya había prescrito su facultad para hacerlo, indica el expediente. En lugar de eso, lo sancionó por descuidar su juzgado, por no vigilar el resguardo de diversos expedientes y por ser omiso ante los actos de un subordinado.

La denuncia penal contra Tovilla tampoco prosperó. Aunque el MP inició en junio de 2014 una averiguación previa por enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración de justicia, a la fecha sigue en trámite, respondió la FGR.

Tal vez uno de los casos más mediáticos fue el de Jesús Guadalupe Luna Altamirano, cuyas sentencias causaban revuelo. En 2005 exoneró a Iván Archivaldo Guzmán Salazar –hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa– por el delito de lavado de dinero. “Yo no advierto que el señor padre se dedique a ser narcotraficante y que los recursos que él se allega por actividades ilícitas se los haya allegado a su hijo”, dijo Luna Altamirano en una rueda de prensa.

En 2010, el juez absolvió a Jesús “el Rey” Zambada, hermano de Ismael “el Mayo” Zambada. Dos años después, el consejo entabló una denuncia penal contra Luna Altamirano. La fiscalía ya llevaba dos años investigándolo. En el documento que presentó, el CJF lo acusa de falta de profesionalismo, de falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de 2004 a 2012, y de no justificar ingresos adicionales a su salario por 2.7 millones de pesos; se refirió también a depósitos en las cuentas de sus familiares de las que se desconocía el origen.

Ninguna de las denuncias prosperó.

Cero victorias

A la fecha, ninguna de las investigaciones que inició la FGR por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal, abuso de autoridad, hostigamiento sexual o delitos contra la administración de la justicia, ha terminado en una sentencia condenatoria irrevocable. Aunque logró una sentencia condenatoria en la primera instancia, después la perdió en un tribunal.

En 24 años, el CJF no ha ganado un solo caso en contra de los jueces y magistrados a quienes descubrió violando la ley.

El consejo inició 23 denuncias penales que se convirtieron en 28 investigaciones del MP. Solamente siete casos llegaron ante un juez –después de rebotar entre juzgados, que se negaron a tomarlos–. Los delitos de algunas de las causas habían prescrito cuando los recibió el juzgador.

Hay otros siete casos penales, que ni siquiera fueron llevados ante un juez, porque el MP resolvió no ejercer la acción penal.

Otras 14 carpetas continúan en la cancha de la FGR, pese a que cinco llevan poco más de diez años en fase de investigación. Es el caso de Jorge Figueroa Cacho que, entretanto, ya se jubiló.

También está el caso de José Manuel Rodríguez Puerto, un magistrado forjado en el sistema judicial desde el escalafón más bajo. El 8 de mayo de 2014 el CJF lo suspendió para investigarlo porque días antes había sido acusado en diversos medios de comunicación de formar parte de una red de protección y tráfico de influencias para favorecer a Juan José Rojas Cardona, conocido como el Zar de los Casinos.

Expedientes judiciales obtenidos vía transparencia revelan que el MP llevó a cabo dos investigaciones en contra del magistrado. Pero sin mucho éxito.

Una es por el delito contra la administración de justicia, que sigue en trámite; la segunda por defraudación fiscal. Esta causa lo llevó a prisión unas horas; es la que estuvo más cerca de culminar en una sentencia condenatoria.

Aunque pasó por varias instancias judiciales y se demostró que Rodríguez Puerto había declarado ingresos menores a los realmente obtenidos, no se le pudo sentenciar porque un tribunal colegiado concluyó que había prescrito la facultad de la fiscalía para ejercer acción penal y cerró el caso.

Los otros cuatro juzgadores denunciados penalmente por el CJF ante la FGR fueron Eduardo Ochoa Torres, Javier Rubén Lozano Martínez, Ricardo Hiram Barbosa Alanís y Luis Armando Jerezano Treviño.

En la vía penal, los expedientes nunca prosperaron, de acuerdo con el seguimiento realizado por Quinto Elemento Lab a las denuncias. Las indagatorias siguen en investigación en la fiscalía después de diez años.

En el caso de Barbosa Alanís, el primer obstáculo fue conseguir que un juez asumiera la competencia para ver el asunto, ya que al menos tres argumentaron diversos motivos para no llevarlo. Cuando el MP logró que un juzgado analizara la orden de captura, este la negó y devolvió el expediente a la fiscalía para que integrara mejor la investigación. Según la FGR, la denuncia sigue en trámite, pese a que Barbosa Alanís falleció en enero de 2019.

El nuevo tribunal

La iniciativa de reforma que se discute en la Cámara de Diputados plantea que el CJF ha sido incapaz de cumplir con su obligación de combatir la corrupción, la impunidad y los abusos, y por eso pretende sustituirlo por un nuevo órgano. El diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, cree que el Tribunal de Disciplina es un primer paso para acabar con la corrupción en el sistema.

La reforma que envió el presidente establece que las resoluciones y sanciones del tribunal serían definitivas e inatacables. Tras los foros que se realizaron para debatir la reforma, ahora se propone que el tribunal funcione en pleno y en comisiones, y que sean estas últimas las que emitan los fallos en primera instancia, y pueda ser el pleno el que decida de forma definitiva.

Expertos entrevistados por Quinto Elemento Lab dudan que sea una solución integral. Se refirieron a dos aspectos centrales: el alcance de sus facultades y su integración.

La iniciativa propone que el nuevo tribunal pueda investigar y sancionar a juzgadores “que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia”. Para Laurence Pantin, directora de la Fundación para la Justicia, esta definición podría dar pie a que se les castigue por el sentido de sus fallos y no solo por sus comportamientos y acciones, lo que iría en contra de los estándares internacionales.

El riesgo, dijo el exintegrante del CJF Mario Melgar-Adalid, es que si un juez emite una sentencia adversa a los intereses del gobierno –como ha sucedido ya– se podría establecer que el juzgador está actuando en contra del interés público nacional y podría ser sujeto de una investigación y sanción. “Esperemos que este tribunal no solo esté atendiendo a las decisiones inquisitoriales, sino que procure y propicie la independencia judicial, y que no se vaya a perder la formación técnica-académica de jueces y magistrados”, añadió.

Otro tema que les preocupa es el nombramiento por voto popular de los magistrados que encabezarían el tribunal.

“Hay un sistema de protección y padrinazgo que es importante modificar, [pero] tenemos que hacer un diseño que permita que perfiles idóneos puedan llegar a ese cargo”, dijo el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Braulio López Ochoa Mijares.

Laurence Pantin consideró que este método politiza a las personas que ocupan el cargo y las incita a responder a intereses políticos o económicos. “Si la elección de jueces es complicada, lo es todavía más cuando se trata de magistrados que van, a su vez, a juzgar a los jueces”

(Contribuyeron a este reportaje Efraín Tzuc, de Quinto Elemento Lab, y Jesús Ibarra, periodista independiente en Sonora. Diseño de portada y gráficos: Omar Bobadilla.)

NOTA METODOLÓGICA: Quinto Elemento Lab obtuvo información pública de 664 sanciones que corresponden a 423 personas juzgadoras a quienes se les impusieron entre una y 10 sanciones. En las más de dos décadas que comprende esta investigación, 32 juzgadores desempeñaron la función de jueces y en otro momento de magistrados, y recibieron castigos en ambos cargos.

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