«Jueces sin rostro», una figura controversial que podría adoptar el Poder Judicial en México

Escrito por Wendy Rayón Garay

 

Crédito: Canva.- Ciudad de México.- México se encuentra debatiendo si incorporar la figura de los «jueces sin rostro» en el Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, diversas personas expertas que compartieron su opinión en el conservatorio «Jueces son rostro en México» organizado por Documenta A.C., advirtieron que se trata de una forma de blindar las decisiones políticas más que proteger la vida de los operadores de justicia.

En septiembre de 2024, la reforma constitucional para transformar al Poder Judicial trajo consigo la elección de cargos judiciales a través del voto popular. Fue una iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador y una agenda que continúa siguiendo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Dentro de esta reforma se encuentra la figura del juez sin rostro, que se planea utilizar para reservar la identidad de las personas juzgadoras cuando atiendan casos de narcotráfico o crimen organizado.

La principal justificación de esta medida es la violencia ejercida contra personas juzgadoras cuando abordan estos temas. Datos del informe «Cuando impartir justicia es peligroso» de México Evalúa indican que 15 juezas y jueces fueron víctimas de agresiones y amenazas a su integridad física durante 2015 y 2022. Estas incluyeron mensajes de texto intimidatorios; amenazas de lesiones, en mantas, por teléfono o de manera presencial; así como advertencias de muerte.

De esta manera, la figura de los jueces sin rostro nace de una preocupación legítima sobre la seguridad de las personas juzgadoras que tienen a su cargo casos complejos relacionados con el crimen organizado. Pese a que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) apuesta por la protección de testigos en estos casos, no hay respaldo detrás de las juezas y jueces quienes en sus manos recae la decisión de llevar a una persona a prisión o conceder su libertad.

De acuerdo con Úrsula Indancochea, directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), esta figura no es nueva, ya que diversos países de Latinoamérica la han incorporado anteriormente. Aun así, señaló que existen diversas consecuencias y aprendizajes a tomar en cuenta antes de que sea utilizada en México.

En un escenario donde ninguna de las partes pueda conocer quien está juzgando el caso impide evaluar la idoneidad, independencia e imparcialidad, por lo que no podrán ejercer una defensa adecuada en el proceso penal. Como resultado, se lesiona el derecho de toda persona a ser juzgada por un tribunal o juez competente, independiente e imparcial.

Úrsula Indancochea agregó que ocultar la identidad de la persona juzgadora no ha funcionado en otros países, ya que sus identidades son obtenidas por los grupos criminales poniéndolos en un riesgo mayor como son los casos de jueces de entidad reservada. Por lo que, apuntó que es erróneo pensar que la figura de jueces sin rostro podrá resolver el problema.

Aprendizaje en Latinoamérica

En los años 90 del siglo XX, durante la dictadura de Alberto Fujimori, Perú implementó la figura de los jueces sin rostro como parte de una legislación antiterrorista, ya que algunos grupos comenzaron a usar el terrorismo con fines políticos. En el análisis de Cruz Silva —abogada, defensora y vicepresidenta del Instituto de Defensa Legal (IDL)— esta medida se está empleando en lugares donde el Estado no sabe enfrentar los altos niveles de criminalidad.

En el caso de Perú, la situación provocó diversas violaciones a derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad u opositores del Estado, siendo que antes de llegar a ese punto, atravesaron torturas y violencia sexual por parte de elementos de la policía. Incluso, años más tarde, Perú indultó a 600 personas por errores que venían de los juzgamientos de jueces sin rostro dejando heridas irreparables en sus vidas.

En El Salvador también se han implementado medidas al Código Procesal Penal que se asemejan a los jueces sin rostro, desde el 2022. Sonia Rubio Padilla abogada, especialista en derecho internacional de derechos humanos y politóloga, explicó que se permite que las resoluciones se emitan sin nombre visible de la persona juzgadora usando códigos o números de identificación interna.

Esto supone una regresión en materia de transparencia y garantías judiciales afectando el debido proceso de las personas imputadas y el acceso a la justicia de las víctimas, ya que se desconocen los criterios para juzgar. Además, el sistema judicial del país se encuentra capturado, por ejemplo, es la Corte Suprema de Justicia quien elige a las juezas y jueces desde 2021 ocultando incluso información de sus currículums.

Para Sonia Rubio Padilla, la experiencia en El Salvador deja los siguientes aprendizajes: la seguridad de personas juzgadoras no debe lograrse a costa del debido proceso porque erosiona el derecho a la defensa delimitando el control sobre la justicia penal; y estas reformas se implementan en contextos de cooptación institucional y concentración de poder.

Otra experiencia con los jueces sin rostro es Colombia. Antonio Suárez, presidente del Fondo de Solidaridad con los jueces de Colombia, detalló que, por el momento, el recurso no existe en el país, ya que diferentes personas defensoras lograron eliminarla al observar su uso contra las libertades públicas en el país, ya que fue pensada para juzgar casos militares y del narcotráfico.

Asimismo, advirtió que, en 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que la existencia de justicia sin rostro y con procedimientos secretos contraviene los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos.

No era posible ya mantener los privilegios del Poder Judicial: Ernestina

ENTREVISTA ¬ No era posible ya mantener los privilegios del Poder Judicial: Ernestina

La Senadora Ernestina Godoy dijo a “Los Periodistas” que la oposición debe tener una actitud responsable “porque lo de ayer fue una gran irresponsabilidad que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias más que tuviéramos que salir de ahí”, de la sede del Senado, “pero siempre es un filo muy peligroso”.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– La Senadora de Morena Ernestina Godoy Ramos hizo un llamado a la oposición a no repetir los actos de violencia que se registraron en el Senado el martes, cuando durante la discusión de la Reforma Judicial un grupo de trabajadores del Poder Judicial irrumpieron con golpes a la sede parlamentaria, y sostuvo, al mismo tiempo, que no era posible mantener los privilegios en la élite de este poder.

“Hacemos un llamado a que eso no se repita, no es el camino, no es lo que la gente, lo que el pueblo ha decidido, yo le comentaba ayer algunos de los jóvenes que irrumpieron: ‘oigan, nosotros hemos luchado muchísimos años y no hemos roto un cristal, apostamos al diálogo, apostamos a la vía pacífica, apostamos a la urna, entonces queremos que así sea”, comentó la Senadora Godoy a “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

La Senadora Ernestina Godoy indicó que la oposición debe tener una actitud responsable “porque lo de ayer fue una gran irresponsabilidad que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias más que tuviéramos que salir de ahí”, de la sede del Senado, “pero siempre es un filo muy peligroso”.

En ese sentido, expresó que aquellos juzgadores que crean tener el derecho a continuar en sus cargos deben someterse a la voluntad de las urnas. “Aquellos que han sido jueces o ministros, magistrados que han actuado bien, prácticamente podemos decir que la gente va a votar por ellos, quienes no, bueno, es precisamente para esto la reforma, así que hagamos un llamado a que todo mundo vayamos por la no violencia y así vamos a actuar nosotros desde el Gobierno”.

La tarde del martes, un grupo de manifestantes del Poder Judicial irrumpió de manera violenta en el pleno del Senado. El propio Canal del Congreso transmitió el ingreso ilegal en el que participaron jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial, quienes rompieron una puerta y dañaron la sede de uno de los Poderes de la Unión.

Con respecto a los argumentos de la oposición que asegura que con esta Reforma será el fin de la democracia, la Senadora Godoy dijo que desconoce qué dictamen leyeron los senadores. “Lo que les decimos: esperen que sea un Poder Judicial más autónomo, más independiente, que fortalezca la división de poderes, no es un tema donde un poder está está queriendo ser el supra poder, si hemos peleado para que el Ejecutivo no sea un supra poder, por qué vamos a permitir que el Judicial lo sea, es división de poderes donde claramente se establece qué le toca a cada poder”.

“Creemos que con esto va a fortalecerse la división de poderes, la autonomía y desde luego la transparencia y la austeridad porque no es posible que toda la administración pública, el Poder Legislativo, hayan hecho los ajustes y el Poder Judicial con todos los privilegios que afortunadamente se conocieron ahora de manera muy puntual, que son realmente escandalosos. Entonces no tienen razón y la verdad es que insisto, no sé en qué país están viviendo y no sé qué dictamen leyeron si es que lo leyeron”.

Con respecto a la ruta que viene una vez que fue aprobada por el Senado indicó que se han tenido pláticas con el Instituto Nacional Electoral, que será la autoridad que tendrá que emitir la convocatoria en la que va a establecer todo por ser la primera. “Vamos a este proceso inédito en el mundo, que era una de las cosas que nos decían ayer, quienes se opusieron, como tienen la osadía de pensar que va a funcionar algo que en ningún país del mundo se ha probado. Y decimos, pues sí, es que fíjense que el pueblo de México está siendo muy usado, está muy echado para adelante, así que tenemos que estar a la altura”.

Recordó además que los legisladores tienen, además, la obligación de sacar muchas de las leyes secundarias. “Son más o menos 22, 23 leyes, más lineamientos, más acuerdos. Viene un trabajo muy fuerte, también tienen que formarse comités de evaluación que tiene que formar cada uno de los tres poderes y esos comités de evaluación, ahí tenemos que trabajar todos para que realmente queden conformados por personas que sean de reconocida trayectoria en la actividad jurídica, que tengan autoridad moral etcétera, porque de eso va a depender también el éxito, tenemos que cuidar ahí tenemos que cuidar los lineamientos para que quienes lleguen a la boleta, cualquiera que gane, tenga la capacidad, el profesionalismo, la honorabilidad, la probidad y sobre todo las ganas realmente de impartir justicia”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

No hay señales de que se quiera cooptar el Poder Judicial: Consejera Maya

 

Norma Piña: manipulación laboral

Editorial La Jornada

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, lanzó una nueva embestida en su cruzada personal para mantener los privilegios anticonstitucionales que se otorgan los altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF), la absoluta ausencia de controles democráticos sobre el mismo, las estructuras corruptas que lo caracterizan y la arbitrariedad con que los togados dictan sentencias.

En un mensaje de video enviado masivamente a los trabajadores del PJF, los llamó a la unidad contra el intento del partido gobernante de reformarlo a fin de acabar con la podredumbre que lo corroe y garantizar que cumpla con su función de impartir justicia. En la grabación, Piña Hernández manipula a sus subordinados haciéndoles creer que la iniciativa de reforma afectaría sus derechos laborales, una implicación que no aparece en ninguna parte de los documentos que se han puesto a discusión en el Congreso.

El hecho de que la titular del máximo tribunal divulgara su última pieza de golpeteo horas antes de que ella y los demás ministros de la SCJN participaran en los foros del parlamento abierto de la Cámara de Diputados en torno a la reforma pone de manifiesto que se trató de una maniobra para enrarecer el debate y desviar la atención acerca del verdadero contenido y los propósitos de los cambios que promueven el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual mandataria electa, Claudia Sheinbaum. La respuesta de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México a la desinformación vertida por Piña Hernández es por demás pertinente: Sheinbaum dio tranquilidad y certidumbre a los trabajadores del PJF y les recordó que pueden acudir tanto al parlamento abierto como a su equipo de transición para despejar cualquier duda.

La actitud de Piña Hernández ya tiene consecuencias que afectan a los ciudadanos que requieren del PJF para procesar asuntos en los que se encuentra en juego su supervivencia: en consonancia con su llamado, los 17 tribunales laborales federales ubicados en la alcaldía Tlalpan efectuaron un paro de 24 horas, en los que se paralizaron los expedientes de conflictos individuales y colectivos que atañen a los empleados de empresas nacionales y extranjeras, como emplazamientos a huelga, recuentos y titularidades de contratos colectivos de trabajo. Cabe notar la paradoja de que la defensa de unos derechos laborales que no padecen ninguna amenaza se traduzca en el menoscabo real de derechos de todas las personas con trámites en esos tribunales.

Es deplorable que recurra a chantajes como este quien encabeza uno de los poderes de la Unión con la intención de descarrilar el funcionamiento del Legislativo y frenar un proyecto de renovación institucional que fue respaldado de manera abrumadora por los ciudadanos que acudieron a las urnas el pasado 2 de junio. En cuanto a las diversas protestas de integrantes del PJF que han tenido lugar en los meses recientes, es necesario inquirir si obedecen a una grave desinformación entre las bases de esa rama del Estado o si reflejan la operación de un aparato sindical corporativo, como los que proliferaron en el país en los regímenes anteriores. Cualquiera sea la respuesta, está claro que los trabajadores cuentan con cauces legales y democráticos para procesar sus dudas, y que en nada los beneficia prestarse como peones en la lucha que libra una parte de la cúpula judicial para preservar los espacios de poder fáctico y tráfico de influencias en que se han convertido sus cargos.

Un Ministro puso casa y Piña llevó miembros del TEPJF ante “Alito”. ¿A qué, por qué?

 sinembargo.mx

La Ministra Norma Piña organizó una cena privada a la que acudió la cúpula del Tribunal Electoral, el Ministro González Alcántara y Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, y a la que se convocó a Santiago Creel Miranda, el jefe de la campaña de Xóchitl Gálvez, quien nunca llegó a esta reunión atípica.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– El pasado 12 de diciembre, un día después de que renunciara, en medio de presiones de sus compañeros, el Magistrado electoral Reyes Rodríguez Calderón a la presidencia del Tribunal Electoral, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) organizó una cena en la casa del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ubicada en Paseo de la Reforma, Lomas de Chapultepec. El argumento era “limar asperezas” con integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La realidad fue otra o al menos así lo percibieron los magistrados que se encontraron con un asistente sorpresa: Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Era un rumor dentro de la Suprema Corte esta reunión, esta cena polémica que ocurrió el 12 de diciembre de 2023 y nos dimos a la tarea de hablar con algunas de las personas que estuvieron en esa cena. La Ministra Norma Piña empezó a invitar por Whatsapp a algunos de los magistrados, concretamente a tres que estaban en rebeldía en diciembre de 2023: los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes”, narró a “Los Periodistas” el periodista Salvador Frausto, quien reveló este encuentro en exclusiva el miércoles pasado en su columna en Milenio, medio en el que se desempeña como Director de Investigaciones y Asuntos Especiales.

Frausto compartió que a esta cena privada acudió la cúpula del Tribunal Electoral, la ministra presidenta Norma Piña, el Ministro González Alcántara —quien aunque fue propuesto por el Presidente López Obrador ha manifestado su respaldo a la “Marea Rosa” que a su vez abandera a Xóchitl Gálvez—, y “Alito Moreno”. Comentó que aunque estaba convocado Santiago Creel Miranda, el jefe de la campaña de Xóchitl Gálvez, él nunca llegó a “esta reunión atípica, incómoda en donde está la cúpula del Poder Judicial y el presidente de uno de los partidos políticos”.

Hasta el momento la Ministra Norma Piña, quien fue la que organizó este encuentro, no ha salido a dar su versión de los hechos. No obstante, Alejandro Moreno Cárdenas confirmó que acudió a esta cena a finales del año pasado. “Es un tema normal, es un tema natural, vemos temas de las entidades federativas, temas del Poder Legislativo”, sostuvo en declaraciones a la prensa. El Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, otro de los asistentes, también acordó la existencia de esta reunión. “No tengo ni tenemos mayores comentarios sobre un encuentro al que fuimos invitados por la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, declaró a Milenio Televisión. “Ahora sí que como dice el clásico, yo cené y me fui, es lo que podría decir”.

Reyes Rodríguez Mondragón, exmagistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

Felipe de la Mata Pizaña indicó que el encuentro se dio en el marco de la renuncia de Reyes Mondragón a la presidencia del Tribunal Electoral, una posición que dejó en medio de señalamientos de sus compañeros por irregularidades como permitir la injerencia de despachos de abogados en la vida interna de este organismo que calificará la elección del próximo 2 de junio. Salvador Frausto narró a “Los Periodistas” que se sabe que Norma Piña buscaba dejar a Rodríguez Mondragón, un exfuncionario del Gobierno de Felipe Calderón, al frente de este Tribunal por un acuerdo con el PRI y PAN.

“Lo que se sabe es que la Ministra tenía el acuerdo con las cúpulas del PRI y PAN para dejar como presidente del TEPJF a Reyes Rodríguez Mondragón porque se sentían cómodos con él. En las comunicaciones por Whatsapp, digamos le dan el avión y finalmente se concreta esa cena y ahí les acerca a uno de los inconformes, a “Alito” Moreno, el otro inconforme no asistió, que era Creel”, señaló.

Y ahondó: “es una noticia en progreso, seguimos reportando e indagando lo que se dijo en esa cena, lo que hemos podido confirmar hasta ahora es que el motivo por el que los invitaron era para limar asperezas por las presiones que le había hecho Norma Piña para apoyar a Reyes Rodríguez Mondragón y les decía, vamos a limar asperezas, vamos a sentarnos y pues si ya Mónica Soto va a ser la jefa del TEPJF, pues platiquemos, nada más que en esa reunión les cayó por sorpresa Alito Moreno”.

Desde Morena y la campaña de la candidata de la izquierda Claudia Sheinbaum se ha visto este encuentro como una muestra de la cercanía del Poder Judicial y la campaña de la derecha que abandera a Xóchitl Gálvez. “¿Cómo la presidenta de la Suprema Corte promueve una reunión entre magistrados electorales y dirigentes de partidos políticos? De ser cierta esta cena lo que mostraría es el vínculo directo que hemos estado hablando y del que ha hablado el presidente, en donde la Suprema Corte y la presidencia de la Suprema Corte actúan políticamente y están operando electoralmente”, denunció Sheinbaum Pardo.

El Ministro González Alcántara Carrancá en la marcha de la “Marea Rosa” del pasado 23 de octubre. Foto: Especial.

En entrevista con “Los Periodistas”, Gerardo Fernández Noroña, uno de los voceros de la campaña de Sheinbaum, cuestionó la presencia de Alejandro Moreno Cárdenas en la cena. “Qué hacía ahí el Presidente del PRI y qué hacía ahí invitado el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez (Santigo Creel). Ese tema es delicadísimo, gravisímo, los medios están silenciándolo pero nosotros no debemos soltar que la Presidenta de la Corte, Norma Piña, debe decir por qué invitó a esos dos personajes y qué acuerdos pretendía tomar o tomó”.

Noroña señaló que actos como este muestran que el verdadero partido conservador es la Suprema Corte. “El PRI y el PAN no sirven para nada, les da vergüenza, la ‘Marea Rosa’, Fuerza y Corazón, se esconden de todas las maneras, pero quien está generando oposición, rompiendo el orden Constitucional y cobijando a una candidatura” es la Suprema Corte. “Me parece que hay que emplazar a Norma Piña a que diga por qué invitó a esos dos políticos, no tenían nada que hacer ahí”, sostuvo.

Fernández Noroña advirtió que se trata de un uso faccioso de las instituciones: “La Corte tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas en un golpeo permanente al Ejecutivo y al Legislativo, en una actitud absolutamente hipócrita y además en una actitud irresponsable porque al querer que se descarrile el proceso electoral imagínense lo que pasaría”.

“Hay que recordar que el Tribunal Electoral tiene la última palabra en la elección […] La Ministra presidenta de la Corte es la cabeza del Poder Judicial, ni más ni menos, y si bien el Tribunal Electoral es un espacio autónomo del Poder Judicial especializado en materia electoral y como tiene estamos diciendo califica la elección”.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI. Foto: Cuartoscuro

En ese sentido, el periodista Salvador Frausto compartió que se sabe que los magistrados electorales y otros asistentes a la cena interpretaron este encuentro “como una manera de acercar a la coalición de Xóchitl Gálvez con los magistrados electorales, esa es la interpretación de los asistentes a la cena, pero también en los pasillos de la Suprema Corte, que es así como se origina esta nota periodística, era una vox populi en el sentido de que por lo menos había sido imprudente de, en tiempos electorales, acercar a la opositora con los árbitros electorales, sobre todo cuando habían quitado a la cabeza que les era muy cómoda al PRI y PAN. Entonces, digamos que la intención es una suerte de cabildeo de la Ministra presidenta de la SCJN para con su cercano amigo Alito Moreno”.

Frausto señaló que la Ministra Norma Piña debe explicar el motivo de esa reunión. “La Ministra tendrá que dar una respuesta porque esa exigencia de respuesta la merecen los ciudadanos, sobre todo a dos semanas y media de la elección presidencial y sobre todo porque el propio Presidente ha advertido de un ánimo de querer judicializar la elección ante una eventual derrota de la oposición. Esto que fue a decir Xóchitl Gálvez a los Estados Unidos de que hay una erosión de la democracia y una elección de Estado parece que es una narrativa que está construyendo la coalición opositora para cuestionar la elección”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Buscan dar al Senado más influencia en el Poder Judicial y aplicar arraigo en todo delito

Presentan hoy iniciativas para reformar el sistema de justicia penal

Obligatorio, el trabajo penitenciario

El paquete de iniciativas para reformar el sistema de impartición de justicia penal que presentarán el Poder Ejecutivo, a través del consejero jurídico Julio Scherer, y Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), implica un cambio radical al modelo que se probó durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y que está vigente desde 2016, ya que de ser aprobado por el Congreso, jueces y magistrados serán designados por el Senado, el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el de administrarlos determinando el número y competencia territorial de sus funciones y no tendrán conexión con el Consejo de la Judicatura como ahora ocurre, además de que el periodo de su encargo se reducirá de 15 a nueve años. Las modificaciones que se plantearán incluyen que la medida cautelar de arraigo se aplique para todos los delitos y no sólo en investigaciones de delincuencia organizada, aunque su duración se limitará a 40 días.

Las anteriores son algunas de las reformas constitucionales que serán planteadas a los artículos 5, 16, 18, 19, 20, 21, 73, 76, 94, 97, 101, 102, 116 y 122, y que además de facultar al Senado a vigilar y supervisar el trabajo que realicen los juzgados y tribunales especializados; propone la desaparición de los jueces de control en cuanto a las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación y la eliminación de las audiencias iniciales, además de que el mismo juez que conozca de la investigación sea quien dicte sentencia; también vuelve obligatorio el trabajo penitenciario como un requisito para el otorgamiento de las figuras de preliberación y reducción de penas.

El documento forma parte de las propuestas que este miércoles presentarán Scherer y Gertz Manero ante los legisladores, y que incluyen la aprobación de un Código Penal nacional y una ley nacional de cultura y justicia cívica.

En cuanto a las modificaciones constitucionales, se incluye que el trabajo comunitario sea de carácter obligatorio. Menciona que la autoridad administrativa será competente para aplicar las sanciones por infracciones en materia de justicia cívica y de los reglamentos gubernativos y de policía, las cuales únicamente consistirán en la reparación del daño, amonestación, trabajo a favor de la comunidad, multa o arresto hasta por 36 horas.

Además, se proyectan reformas al artículo 16 y se propone que en los casos de urgencia o flagrancia el Ministerio Público y policía realicen la retención y que el juez de manera inmediata determine la legalidad de dicho acto, y que en el caso de la medida cautelar de arraigo aplicará para todos los delitos.

Se ampliará el plazo de 40 a 80 días de arraigo solamente en investigaciones de delincuencia organizada, delitos por hechos de corrupción o aquellos delitos que por sus características o circunstancias de ejecución o relevancia social impliquen una cantidad significativa de actos de investigación.

Otro aspecto que destaca la iniciativa es que la víctima u ofendido de un delito podrán solicitar a la autoridad judicial la autorización para que la autoridad ministerial practique cateos, situación que modifica la actual legislación, ya que solamente un agente del Ministerio Público puede solicitar este tipo de acciones.

Víctor Ballinas y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

El Poder Judicial en el ojo del huracán

Eduardo Nava Hernández

Cambio de Michoacán

Me cuento entre los que ya sospechábamos que el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador no sería tan fácil ni tan terso, y que la transición calificada como “de terciopelo” o era un pacto convenido para negociar impunidad por una mudanza del poder estatal sin perturbaciones, o era una ilusión óptica y auditiva. En especial, pensé que el mayor conflicto que el nuevo equipo gobernante tendría que resolver al inicio de su gestión sería el de la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en el vaso de Texcoco. Hasta ahora, al menos, en ese tema parece haber un control de daños y una salida negociada con los empresarios involucrados en el proyecto aeroportuario.

En cambio, la liebre ha saltado por otro lado. Se ha agudizado la confrontación al interior del Estado mismo, entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, por una parte, y el Poder Judicial por la otra. Y se trata de un conflicto de pronóstico reservado. Los ministros de la Corte, magistrados y jueces han salido a la palestra a oponerse activamente —seguramente haciendo bloque con otros grupos y fuerzas menos visibles— a defender sus elevadísimas prerrogativas, por no decir opulentos e insultantes ingresos.

“Es la guerra”, ha dicho Ricardo Monreal, líder de la fracción de Morena en el Senado. Y ha propuesto abrir investigaciones a los ministros por presunta corrupción y hasta posibles vínculos con la delincuencia organizada. El semitroglodita también senador Félix Salgado Macedonio, asimismo del grupo de Morena, ha planteado, por su parte y sin más, la destitución de todos los ministros de la Corte por el presidente López Obrador para que otros nuevos sean designados (acotación: a la desaparición de un poder por otro se le llama, técnicamente, golpe de Estado).

¿Pero de dónde vienen esos privilegios palaciegos que tan obstinadamente defienden los ministros, magistrados y jueces, así como otros miembros del alto funcionariado estatal? Básicamente, de dos fuentes. La primera, la reproducción endogámica de los mismos grupos de poder que durante décadas se hicieron del control del Estado y de sus órganos para usarlos en beneficio propio; es decir, de un proceso de corrupción no individual sino sistémica en la que no necesariamente cada funcionario es o puede ser señalado como corrupto, sino lo es el organismo en su conjunto, y cada alto componente individual es tan sólo una pieza o elemento de ese aparato. La segunda, lo que podríamos bien llamar la Doctrina Fox (el del “gobierno de empresarios para empresarios”), según la cual es necesario que el Estado pague altos estipendios a fin de captar para la administración pública a los ejecutivos de alta empresa o “impedir” que los funcionarios públicos se “fuguen” hacia el sector privado.

En todo caso, quienes ahora suspenden por controversia constitucional la nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos tienen a su favor al menos dos artículos constitucionales: el 94, que en uno de sus párrafos dicta: “La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”, y el 14, que establece que “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

Por su parte, la nueva Ley de Remuneraciones es reglamentaria del artículo 127 que en su fracción II establece: “II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

En consecuencia, como se ve, la aplicación a rajatabla de la fracción citada y de la nueva Ley sólo podría hacerse en violación a los artículos 14 y 94 de la Ley Suprema. Por eso la secretaria de Gobernación de López Obrador y ministra en retiro de la propia Corte, Olga Sánchez Cordero, ha señalado que será muy difícil y se ha manifestado en contra de la reducción de las remuneraciones de los ministros y magistrados del poder judicial. Ella misma, según se sabe, percibe en su condición de ex ministra una pensión de retiro de 258 mil pesos mensuales, más otros beneficios en efectivo y en especie. A eso se añadirá ahora su remuneración como secretaria de Estado, remuneración que ha ofrecido públicamente donar. El tener esos ingresos, como queda dicho, no la hace una persona corrupta, sino que es producto de un aparato que en su conjunto se fue corrompiendo hasta alcanzar niveles majestuosos en la desigualdad con respecto de los salarios mínimos, los comunes y los profesionales.

Pero hay algo más. Creo que la controversia fue mal planteada desde el inicio. En vez de que el tema de las remuneraciones a los altos funcionarios se tratara en el Congreso dentro del debate del Presupuesto de Egresos —el cual sólo se iniciará después del 15 de diciembre—, fue planteado por López Obrador apenas unos días después del 1 de julio, cuando aún ni siquiera era declarado presidente electo, en conferencia de prensa en la que salió a decir que su propia remuneración sería de 108 mil pesos y que haría aplicar la disposición del artículo127. Desde luego, nunca antes un candidato triunfante se había atrevido, al margen del Congreso y de un proyecto de Presupuesto, a establecer per se su retribución. El tema en vez de ser de racionalidad presupuestal se politizó y desde entonces generó urticaria y temores en amplios sectores de la administración pública. Hoy, no sólo los miembros del Poder Judicial sino muchos otros servidores públicos promueven amparos y se rebelan contra la nueva disposición legal expedida por el Congreso.

Desde luego que entre la población en general hay enojo contra la posición asumida por ministros y magistrados, en los que se han focalizado los señalamientos como casta privilegiada —que efectivamente son, pero no sólo ellos—, enojo que se manifiesta en las redes sociales, muchas veces con propuestas e iniciativas desubicadas o imposibles de cumplir por el Legislativo como no fuere a costa de romper el propio orden constitucional. Por el contrario, lo que se está logrando es unificar a las fuerzas de la derecha, el PRI, PAN, grupos empresariales y en general a los aún amplios sectores antiobradoristas detrás de la Corte y en contra de lo que ya califican como autoritarismo del Presidente y su partido.

Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer nada contra el sistema de privilegios de la alta burocracia estatal en sus diferentes poderes.

En primer lugar, por supuesto, la nueva Ley de Remuneraciones habrá de aplicarse en lo sucesivo a los nuevos empleados de confianza del presidente López Obrador y en general a los que en el futuro se vayan incorporando a la administración pública federal y de los Estados.

En segundo término, como ya se hizo, llegar al acuerdo con los miembros de la actual Suprema Corte y del Poder Judicial en general, de no dar efecto retroactivo a la norma reglamentaria del 127. Desgraciadamente, por un tiempo, sí seguirán vigentes los faraónicos ingresos de esos y otros estamentos —consejeros del INE, IFAI, CNDH y, en general, de los organismos autónomos— a los que no les sería aplicable directamente esa ley sino violando el artículo 14 constitucional.

En el plano presupuestal, en tercer lugar, revisar todas las prerrogativas no retributivas que también benefician a esa casta de opulentos funcionarios; es decir, vehículos, combustibles, teléfonos, ayudantías, guaruras, etcétera, que ahora tendrán que ser pagados por los funcionarios con sus propios y elevados ingresos. Se debe partir de un señalamiento evidente: lo que esos miembros del servicio público perciben no son salarios, pues no se corresponden con el nivel de capacitación de su fuerza laboral, por más que algunos de ellos sean muy meritorios, ni mucho menos con las condiciones generales del mercado laboral, ahí donde se establecen realmente los salarios, sino con la específica ubicación de esos individuos en la cúpula del aparato administrativo que debe ser público pero que se ha tergiversado para ponerse al servicio de interese privados.

Y en un cuarto plano, perseguir puntualmente, esas sí como abusos de poder y delitos, y como lo sugiere el senador Monreal, las otras expresiones de corrupción, pero individuales. Desde luego, los abusos de poder, como el nepotismo que ya ha sido exhibido por investigaciones periodísticas, como el que, hasta ahora, a 500 ministros, magistrados y jueces se les han encontrado familiares y allegados cobrando en la nómina del Poder Judicial, en muchas ocasiones como aviadores. Lo mismo ha de hacerse en los organismos autónomos y todos los sectores donde sea necesario aplicar auditorías de personal.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH

El Poder Judicial y su historial de agravios

                                                                                 

Sesión de la Corte. Foto: Eduardo Miranda

Por Arturo Rodríguez García  (apro).- Centrado en el tope máximo salarial, el desencuentro entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, marca las dos primeras semanas de la administración lopezobradorista, colocando al Legislativo en arena de definiciones dado que en este se ubica la defensa de reformas en materia administrativa de los afines al régimen y la litigiosidad de su oposición, así como los diques que al respecto se anticipan en el Presupuesto 2019.

El asunto, que ni de lejos es el más relevante para el país –ahí está la operación de Fuerzas Armadas en atención a delitos del fuero común, la opacidad respecto al futuro de los bonos relacionados con el Aeropuerto cancelado, o las dudas sobre el pacto federal, con la figura de los superdelegados, por ejemplo–, es una maraña de argumentos políticos y aspectos de legalidad que obligan a coincidir con el presidente López Obrador, al menos en la afirmación de que estamos en “el terreno de lo inédito”.

Nadie podría oponerse –y tal parece que, pese a su ruda argumentación discursiva tampoco se opone el titular del Ejecutivo—a que aquello que tiene que ver con el tope máximo salarial, se resuelva de conformidad con el marco constitucional. Y, sin embargo, la polémica ha motivado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial todo, sean enjuiciados en la discusión pública.

En esto último hay razones profundas. El sistema judicial es, sin lugar a dudas, uno de los espacios más sucios para el ciudadano común. Quien se ha visto forzado a un proceso judicial, en cualquier materia pero descarnadamente en la penal, sabe de los múltiples obstáculos que debe sortear, los sobornos que le permiten salir bien librado o derrotado si no estuvo en capacidad de cubrirlos; los atropellos bajo consigna cuando el litigo implica a un poderoso… Quien lo duda es porque no conoce las poblaciones penitenciarias, suma de injusticias, hacinamiento de pobres.

No se trata sólo de la cotidianidad. El Poder Judicial, es el único que ha escapado al desagravio histórico de la complicidad con el poderoso en turno, impune brazo ejecutor del presidencialismo hegemónico y del de la llamada alternancia. Gente de toga para la inspiración de autoridad, al servicio del autoritarismo, han habitado los recintos de la injusticia mexicana.

Breve repaso: fueron quienes enjuiciaron a los estudiantes de 1968; admitieron la consigna para mantener presos políticos durante la llamada “guerra sucia” o se prestaron a las “purgas” políticas de cada sexenio; sirvieron a la fabricación de “chivos expiatorios”, en los casos más hirientes como el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Aceptaron la consigna, confesa por Vicente Fox, en el proceso de desafuero para descarrilar al aspirante presidencial López Obrador en 2005 y, cuando no lo lograron, sirvieron para tapar las evidencias de 2006 al impedir la transparencia de las boletas electorales.

Fueron incapaces de frenar la inconstitucionalidad del uso policiaco de las Fuerzas Armadas en los últimos 12 años y negaron la posibilidad de una consulta ciudadana sobre la Reforma Energética, garantistas de los intereses privados y, naturalmente, de la banca.

Sabemos hoy que corrupción e impunidad son el binomio de la indignación ciudadana, un consenso en el que hay que tener claro que la impunidad pasa necesariamente por el Poder Judicial.

El debate salarial, ciertamente, debe decidirse en el ámbito del marco constitucional. Pero ya que está en el banquillo del juicio popular, es tiempo de abordar, por una parte, aquello que tiene que ver con la disfuncionalidad del sistema, sus vicios, corrupción e ineficacia; por otra, el desagravio, un acto de contrición ante su papel penoso en la historia política del país.

Visita www.notassinpauta.com

Una solución para el “choque de poderes”

                                                                                 

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, choque de poderes. Fotos: Octavio Gómez y Eduardo Miranda

Por Luis Miguel Cano López (apro).- Para cerrar este año nos toca presenciar un enfrentamiento entre instituciones del Estado sin precedentes. De un lado pudieran estar todos los Poderes Judiciales del país, más los órganos constitucionales autónomos que decidan agregarse. Del otro, las mayorías de múltiples Congresos, especialmente la de la Cámara de Diputados, y en lo que decida sumarse, el Presidente de la República.

La lucha no es por cambiar las políticas públicas para enfrentar la pobreza en la que vive la mayor parte de la población, tampoco para buscar solucionar la grave inseguridad que vivimos, acabar con la corrupción o la impunidad, ni para darle la vuelta al orden económico que tenemos. No, el choque es por un tema de remuneraciones.

Existe una forma más elegante de describirlo, contraria a una percepción social de que el detonante de este choque es un tema de dinero y privilegios: la batalla que atestiguamos es por una cuestión de independencia y autonomía de las instancias que sirven de contrapeso al gobierno electo, las cuales se enfrentan a los Poderes controlados por las mayorías triunfantes en las pasadas elecciones. Como sea, la forma más sencilla de presentarlo es que estamos ante un choque del Poder Judicial federal, encabezado por la Corte, contra los otros dos Poderes federales.

Podemos por supuesto ser un público inerte ante este enfrentamiento, podemos alentar a uno de los bandos o podemos contribuir a ponerle un alto a este choque que al país no le conviene. Opto por lo último porque pienso que una de las grandes transformaciones sociales que necesitamos pasa por recordarle a toda la clase gobernante, incluida la de los Poderes Judiciales, que los recursos públicos no son de su propiedad y que los puestos públicos que les confiamos no son su patrimonio personal. En una idea, la Patria es primero y quien manda es el pueblo.

También te recomendamos

• La República, la Corte y una nueva reflexión

Cabe aclarar que los treinta millones de votos para el Presidente y su partido, no le dan a él ni a las mayorías legislativas la capacidad de decidir cualquier cosa. Al menos no para pactar impunidad, ni para militarizar la seguridad pública, ni para acordar finiquitos con recursos públicos para los malos negocios de las grandes empresas, mientras que las personas comunes sufrimos y pagamos las consecuencias. Dicho eso, obvio que comparto la idea de austeridad republicana.

Cambio de lado y me enfoco en la defensa de la que se tiene noticia por parte del Poder Judicial federal. Cientos de titulares y personal de los juzgados y tribunales han iniciado juicios de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones. Y lo más reciente, se ha ordenado suspender su aplicación para que no condicione el Presupuesto de Egresos de 2019, por la sola determinación del Ministro Alberto Pérez Dayán –que es uno de los cuatro contendientes para presidir la Corte por los siguientes cuatro años–. A las personas que les gusta adular a este bando no les faltarán elogios para destacar la “audacia” de la defensa de su independencia, mucho más si la Cámara de Diputados cumple sin mayor debate esta suspensión.

Opino distinto. Ambas acciones, los amparos iniciados y la suspensión otorgada, me parecen insensatas porque comprometen su imparcialidad. Aunque en el discurso reiteren que todo lo que hacen lo hacen por necesidad y para defender la independencia judicial –que en última instancia requieren para defendernos a las personas y nuestros derechos–, me queda la impresión de que sus intereses personales desplazaron el interés público. Por supuesto que es comprensible: por mucho que gane alguien, de un semestre para otro es muy complicado que pueda ajustarse para ganar mucho menos. Pero les faltó estrategia y conciencia política.

De entrada, cada persona de este Poder Judicial que juzgue uno de esos amparos o las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la minoría del Senado y la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos –cuya cúpula también está afectada por el ajuste a la baja de las remuneraciones–, tiene impedimentos legales que debieron sopesarse, pero sobre todo, cada persona que ya presentó esa demanda de amparo se ha colocado en posición de impedimento para juzgar otros casos en los que participen los Poderes a los que combaten, según su propia Ley Orgánica.

Y por lo que se refiere a la medida cautelar ordenada por el Ministro Pérez que busca frenar la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones en la confección del Presupuesto, la crítica que puede hacerse es que es expresamente contraria a la ley que rige las acciones de inconstitucionalidad y no tiene precedente. Aunque para ser preciso, en realidad tiene un precedente de su propia autoría, solamente que en otro tipo de juicio constitucional. Un precedente que también da que pensar, porque la otra suspensión de una norma general de que se tiene noticia se dictó en una controversia constitucional –contrario a lo indicado por la ley que las rige–, en la que se buscaba que el personal de los tribunales de la capital no tuvieran que hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.

No es que todas las leyes tengan que seguirse al pie de la letra, porque de hecho los Poderes Judiciales están para defendernos de ellas si contravienen las normas de la Constitución y los tratados internacionales que resulten más favorables. No es que sea equivocada la postura de ordenar la mayor protección de las personas y tener en mente que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben salvaguardar los derechos humanos. Lo que resulta inconsecuente es que en veinticuatro años de controversias y acciones de inconstitucionalidad, sea hasta los casos que benefician a los Poderes Judiciales que se apele a la primacía de los derechos para darle la vuelta a una prohibición expresa de suspender leyes.

Aparte de la inconsistencia, la insensatez de colocarse en una posición en la que desde una sede política, el Congreso federal, se puede acusar de parcialidad a la Corte y colocarla en un escenario de descrédito. Aquí los dos bandos pueden llegar a extremos de pesadilla. Desacatar una orden judicial puede costarles el puesto a las mayorías legislativas, pero éstas pueden emprender juicios políticos. Un escenario que nadie debiera buscar. Menos drástico, el Presupuesto se puede armar sin necesidad de la Ley Federal de Remuneraciones porque el mandato de ajustar a la baja las remuneraciones está en dos disposiciones constitucionales transitorias de la reforma de 2009 del artículo 127 constitucional –lo entienden bien las personas que hicieron la demanda modelo para el Poder Judicial federal–.

¿Quién entonces, en su sano juicio, querría presenciar un choque de trenes? Por eso es mejor buscar soluciones. Así que cierro esta opinión con una propuesta y anuncio una acción. Quienes usamos el sistema de justicia podemos presentar una demanda de amparo para equilibrar esta situación. Si pensamos que la Ley Federal de Remuneraciones no necesita de otro acto para aplicarse, tenemos hasta el 18 de este mes. Como personas que usamos las instancias judiciales federales nuestro interés para demandar es diferente del interés del resto de la población que atestigua muda esta batalla. Y como es notorio, las remuneraciones a la baja han comprometido el accionar de los juzgados y tribunales desde ahora.

En este contexto, aquella Ley menoscaba, entre otros, nuestro derecho al acceso a la justicia. Si más adelante otras leyes la sustituyen u otros actos se suman para comprometer la independencia e imparcialidad del Poder Judicial federal, entonces podremos ampliar las demandas. Somos las personas que defendemos derechos humanos las que debemos ir más allá de simples declaraciones y entrar en acción. Nuestros juicios no pueden ser desatendidos y ellos sí justifican un principio de necesidad para que los tribunales los resuelvan. Es nuestra acción la que debe poner fin a los choques entre los Poderes que nos sirven. La austeridad republicana debe llegar porque es nuestro dinero público el que se disputan, pero debe llegar gradualmente sin afectar el funcionamiento de los aparatos judiciales.

A 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de poner sobre todas sus diferencias nuestro derecho a la protección judicial, nos conviene recordar su otra cara: abrazar las cosas que nos unen, no las que nos dividen. Sería el colmo que mientras se propone “punto final” frente a quienes sistemáticamente han lastimado al pueblo de México, se camine sin sentido a un pántano en el que el Poder Judicial federal se enfrente al resto del gobierno. Si el pueblo manda y la Patria es primero, entonces debemos encontrar un justo medio.

El Poder Judicial bajo la lupa

                                                                                 

El presidente Andrés Manuel López Obrador y los ministros de la SCJN, disputa por los salarios, entre la política y la ley. Foto: Twitter @SCJN

Por Jenaro Villamil (apro).- Lo que inició como una tímida queja por la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones Salariales, aprobada por la mayoría de los legisladores de Morena-PT-PES en el Congreso, se ha convertido en una de las confrontaciones públicas más importantes e intensas entre integrantes del Poder Judicial, el Congreso y el propio Ejecutivo federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina de este 11 de diciembre, López Obrador volvió a tocar el tema de los altos salarios de los ministros de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, señalando que “sólo Donald Trump gana más que ellos”.

“Seiscientos mil pesos mensuales los ministros, tengo la información. Son 7 millones de pesos al año en sueldo bruto, más otras prestaciones que no están ahí indicadas. Pero si no son 600 mil, son 500 mil y no tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo”, afirmó López Obrador.

El Ejecutivo federal también admitió que esta polémica es “algo fantástico, extraordinario, estamos en el terreno de lo inédito” porque antes no se ventilaban estas diferencias de manera pública.

La confrontación escaló desde que el 10 de diciembre los presidentes de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, y de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, interpusieron un recurso de reconsideración a la orden de suspensión que decretó el ministro Alberto Pérez Dayán, el pasado 7 de diciembre, ante la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el 33 por ciento de los senadores (del PRI, PAN, PRD y MC) en contra de la Ley Federal de Remuneraciones Salariales.

En paralelo, jueces y magistrados se expresaron públicamente en 25 entidades en una protesta inédita por la disminución de los salarios y por lo que ellos interpretan como un “atentado a la autonomía” y por la “intromisión indebida” de parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo frente al Judicial.

El magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, salió a declarar que “estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ejercicios modernizadores que supuestamente harán más eficiente la impartición de la justicia y permitirán ahorros a los ciudadanos”.

“Sin embargo, esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho”, sentenció Vega Ramírez, en una protesta pública encabezada en San Lázaro, el lunes 10 de diciembre.

A la polémica se ha sumado también el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y el consejero electoral Benito Nacif, quienes también cuestionaron el intento de entrometerse en otros poderes y organismos autónomos, bajo lo que ellos consideran un pretexto: los altos salarios.

González Pérez, incluso, advirtió que esta polémica y otros temas vulneran “los principios democráticos y siembra las semillas de un autoritarismo despótico”.

El tema de los altos salarios y los excesos en el Poder Judicial siempre quedaron en reportajes, críticas y cuestionamientos aislados, pero nunca se había generado una polémica tan abierta y clara, donde la misma Suprema Corte de Justicia se ha visto obligada a ventilar los sueldos anuales, las primas vacacionales, los aguinaldos, los estímulos de antigüedad y otras prestaciones que no tienen ningún otro servidor público.

Si la percepción pública del Poder Judicial en sus distintos niveles y tribunales fuera favorable entre la sociedad mexicana, habría una movilización de la opinión pública a favor de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, lo que se observa en estos momentos es una profunda indignación de los ciudadanos por los altos salarios que no corresponden con la eficiencia de los impartidores de justicia.

Se vuelven a ventilar excesos que hablan de corrupción al interior del Poder Judicial. Por ejemplo, ha revivido el tema del nepotismo. En julio de 2017 un informe interno entregado al Consejo de la Judicatura Federal y difundido por el portal Animal Político reveló que existen 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empelo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.

El estudio reveló que 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial comparten espacio laboral con sus parientes y que “muchos secretarios, actuarios, oficiales y administrativos poseen familiares en el mismo circuito y en otros. Claramente influyen en la designación y lo hacen sin que sea posible incoarles (iniciar el proceso o expediente) ningún tipo de responsabilidad”.

Lo más sorprendente es que los propios integrantes del Poder Judicial han sido objeto de coyotes o de abogados que pretenden ganar fuertes honorarios por presentar la serie de amparos, alentados por las versiones de que perderán sus empleos o les bajarán sus salarios hasta los niveles medios, y no sólo los máximos, como plantea la Ley Federal de Remuneraciones Salariales.

La polémica se ha generado en medio del proceso de sucesión al interior de la Suprema Corte de Justicia. De los 4 aspirantes a sustituir al ministro Luis María Aguilar como presidente de la Suprema Corte, sólo el ministro Alejandro Zaldívar Lelo de Larrea ha expresado abiertamente su posición favorable a la austeridad. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo hoy hizo un llamado a “no caer en provocaciones” al tomar protesta de 30 magistrados de circuito y un juez de distrito. El ministro Alberto Pérez Dayán fue el que dictó la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones Salariales. Y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha mantenido un perfil muy bajo y en silencio, quizá pensando que es mejor la cautela frente a los vientos huracanados de la cuarta transformación en el Poder Judicial.

www.villamilinforma.com

Claves de la justicia en México: Burocracia excesiva, prestaciones dudosas, dinero mal repartido

En México, contrario a otros países, se destina mucho más dinero al Poder Judicial federal que al local, pese a que más del 80% de asuntos competen a los jueces en los estados.

Pixabay

Arturo Angel (@arturoangel20)

En los últimos ocho años el presupuesto que se destina al aparato de justicia federal en México casi se ha duplicado. Y sí, hoy un ministro de la Corte gana casi 600 mil pesos mensuales, como ha dicho el Presidente. Los datos oficiales lo prueban. Sin embargo, lo costoso del aparato de justicia federal en el país va más allá de los sueldos de dichos funcionarios.

Una revisión de estudios elaborados por investigadores y datos oficiales publicados en los últimos años sobre los recursos que se destinan al sistema de justicia en nuestro país revelan, por ejemplo, el exceso de la burocracia en la Corte (tiene siete veces más personal que la estadounidense). Sin embargo, la Corte mexicana a su vez tiene una mayor carga de trabajo– más de 14 mil asuntos – frente la estadounidense que solo dicta de 8 a 10 sentencias por año.

Y también hay una inequitativa repartición de recursos: contrario a la tendencia internacional en México se destina menos dinero a la justicia local, pese a la carga de trabajo es mucho mayor en los estados que en los juzgados federales.

Además los expertos cuestionan algunas prestaciones como los bonos de riesgo para todos los jueces y magistrados. Por otro lado un análisis elaborado por un ministro en retiro en México reconoce que sus homólogos en Estados Unidos tienen un salario inferior, pero en cambio, reciben mejores prestaciones, como una casa gratis o tres meses de vacaciones pagadas.

A continuación Animal Político detalla los costos clave del sistema de justicia en México.

¿Los ministros ganan 600 mil como dice AMLO?

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2018, todos los ministros de la Corte perciben un ingreso bruto total al año – sin descontar impuestos – de 6 millones 938 mil 234 pesos. Es decir, un promedio mensual de casi 578 mil 186 pesos.

Dicha cifra comprende tanto lo que se percibe nominalmente como salario, así como un conjunto de pagos que cada ministro recibe por múltiples prestaciones que van desde un bono especial por riesgo, hasta concepto de prima vacacional, aguinaldo, gratificación de fin de año, prima quincenal, ayuda para despensa, seguro colectivo de retiro, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, apoyo económico para adquisiciones de vehículo, entre otros.

La Corte publicó ayer en su cuenta oficial de Twitter que ningún ministro gana 600 mil pesos e hizo referencia a un manual de pagos publicado en el Diario Oficial de la Federación , sin embargo, en dicho documento las cantidades que se muestran son netas, es decir, incluyen los salarios menos impuestos. Lo que ahí se indica es que el salario mensual neto de los ministros es de 269 mil 215 pesos, más un pago anual de 444 mil 380 pesos por aguinaldo-prima vacacional, y otro anual de 554 mil 595 pesos por riesgo.

En la Suprema Corte explicaron que antes de la reforma constitucional de 2009 que buscaba igualar los salarios con los del Presidente de la República, el salario promedio de cada ministro era superior al actual.

No obstante, luego de esa reforma, la Corte acordó de forma interna aplicar un recorte de 40 por ciento a la remuneración salarial para tratar de igualar dicho salario con lo que percibe el presidente, incluyendo sus prestaciones.

Un ensayo publicado en noviembre pasado denominado “¿Absolutismo Constitucional?”, elaborado por el ministro en retiro Serio Aguirre Anguiano, sostiene que la reforma de 2009 es inequitativa pues bajo el argumento de igualar los salarios con el del Presidente, no tomó en cuenta todas las percepciones extra que este recibía e incluso también los apoyos a sus familia.

Por otro lado en el Consejo de la Judicatura Federal precisaron que aun cuando el ministro Luis María Aguilar podría percibir un segundo salario por fungir como presidente del Consejo de la Judicatura, el decidió renunciar al mismo al igual que su antecesor. Es decir, su único sueldo es el de ministro.

¿Ganan más los ministros aquí en otros países? Antes sí, ahora no tanto

Un análisis denominado “¿Por qué nos cuesta tanto la Suprema Corte?” elaborado por los investigadores Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo Mayer-Serra y publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) revela que al menos hasta 2011 los salarios de los ministros en nuestro país no solo eran elevados, sino superaban a las de naciones de primer mundo. Hoy dicho escenario se ha matizado.

De acuerdo con el análisis, hace ocho años los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aun percibían ingresos netos anuales (ya con impuestos descontados) de poco más de 4.1 millones de pesos anuales.

Para ponerlo en proporción, en Canadá ministros del mismo rango percibían 3.8 millones anuales libres de impuestos, en Estados Unidos 2.9 millones de pesos, en Alemania 2.5 millones; en España 2.2 millones, en Colombia 1.7 millones de pesos y Perú 1.3 millones de pesos. Todos por debajo de México.

Sin embargo, de acuerdo con los expertos, han ocurrido dos situaciones que han emparejado hoy esos salarios. Por un lado el recorte salarial que se aplicó luego de la reforma de 2009 y que de acuerdo con datos de la propia Corte fue de 40 por ciento.

Y la otra situación que remarcan los analistas es el encarecimiento del dólar. En 2010 los ministros ganaban más de 300 mil pesos con una paridad de dólar de diez pesos. Hoy perciben menos y con un dólar que ya vale 20 pesos. Ello ha contribuido a emparejar el salario respecto a países de primer mundo, aun cuando se mantengan por encima de América Latina.

Por otro lado el ensayo “¿Absolutismo Constitucional?” del ministro Anguiano sostiene que si bien puede parecer que ministros en Estados Unidos ganan menos dinero, las comparaciones no toman en cuenta que, por ejemplo, al ser nombrados estos reciben una casa habitación sin tener que cubrir pago alguno de mantenimiento, gozan de tres meses de vacaciones al año con todos los pagos que hagan reembolsables, entre otros.

Prestaciones excesivas: bonos de riesgo ¿sin riesgo?

Para los investigadores desde hace años existe un exceso en cuanto a las prestaciones que reciben los ministros, magistrados y algunos jueces.

Por ejemplo, en el referido decreto publicado en febrero pasado se establece entre las prestaciones algo denominado “Pago por Riesgo”, y que se define como un bono extra “por la naturaleza y complejidad” de las funciones encomendadas. En el caso de los ministros de la Corte dicho pago es de más de 554 mil pesos al año (853 mil pesos sino no se descuenta el impuesto); en el caso de los magistrados es de 472 mil pesos anuales; y de jueces de distrito es de 422 mil pesos.

No obstante, los analistas advierten que dicha prestación es excesiva pues no debería aplicarse de forma general, sino solo a los funcionarios judiciales que, en efecto, operen temas penales y en zonas de riesgo. En este esquema no entraría ningún ministro de la Corte quienes viven en Ciudad de México.

El referido informe publicado por el CIDE identifica además prestaciones que, sostiene, son excesivas. Por ejemplo pensiones vitalicias superiores a los 150 mil pesos, o un pago promedio de 54 mil pesos diarios en viáticos destinados a funcionarios asignados a comisiones.

Una Corte “gorda” y cara

Aun cuando los salarios de ministros se hayan emparejado, el costo de la Suprema Corte es elevado en comparación con las cortes y tribunales de funciones similares de otros países, de acuerdo con el análisis de Magaloni y Elizondo.

De acuerdo con su estudio, en 2009 el presupuesto total dicho organismo ascendía a 3 mil 224 millones de pesos. En comparación el presupuesto de la Suprema Corte en Estados Unidos era de mil 192 millones de pesos – menos de la mitad -, y el de la Corte Suprema de Canadá fue de 491 millones de pesos, apenas una sexta parte.

Y más llamativo es el contraste con el Tribunal Constitucional de España cuyo presupuesto era de 411 millones de pesos, mientras que el de la Corte Constitucional fue de 107 millones de pesos (3.3 por ciento en comparación con el presupuesto de México) y el del Tribunal Constitucional de Perú fue de apenas 93 millones de pesos (2.9 por ciento respecto a De México).

En 2018 esta brecha puede ser mayor pues el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia se ha elevado. Mientras que en 2010 el presupuesto fue de más de 4 mil 400 millones de pesos, para 2018 superó los 5 mil 600 millones de pesos. Esto de acuerdo con los reportes de egresos publicados por la Secretaría de Hacienda.

¿Por qué es tan cara la Suprema Corte en México? El estudio lo atribuye a su “enorme y gorda burocracia”. Esto ya que emplea a más de 3 mil funcionarios, mientras que, por ejemplo, la Corte en Estados Unidos emplea siete veces menso personal (483 personas), la de España 278 personas, la de Perú 175 personas y la de Chile a apenas 75 personas.

Los analistas explican que ello obedece que la SCJN no es un tribunal que se limite solamente a su función jurisdiccional, sino que además administra casas de cultura en todo el país, organiza eventos, publica libros, entre otros, lo que encarece su operación. De hecho, se estima que 2 de cada 3 servidores públicos de la Corte son ajenos a la labora jurisdiccional, y en realidad hacen funciones administrativas.

Lo anterior provoca que su presupuesto sea mucho mayor.

En el Poder Judicial acotaron que el elevado costo de la SCJN respecto a similares como la de Estados Unidos también se debe a que atiende una mucho mayor cantidad de asunto: 14 mil asuntos al año por apenas 10 de su homóloga estadounidense. En ese contexto señalaron que es necesario reducir el número de temas que aborda, pero ello requiere una reforma legislativa que pase por el Congreso.

Justicia de cabeza: menos dinero a quien más trabajo tiene

Otro estudio del CIDE denominado “La justicia de cabeza: la irracionalidad del gasto público en tribunales” evidencia la disparidad que existe en México en cuanto a los recursos asignados a la justicia federal respecto a la justicia local.

Por ejemplo, en 2010 se destinaban en México 34 mil millones de pesos al aparato de justicia federal (303 pesos per cápita), y solo 18 mil 833 millones de pesos (168 pesos per cápita) a la justicia local. De acuerdo con los investigadores dicha disparidad persiste hasta la fecha.

El estudio subraya que el asignar casi el doble a la justicia federal no tiene lógica con la práctica real. Esto ya que el 80 por ciento de los asuntos judiciales que se inician en México competen a los juzgados y tribunales de los estados, es decir los locales, y solo el 10 por ciento a los federales.

Esta disparidad no concuerda con la de otros países de la región en donde la asignación de recursos es a la inversa: se asigna más presupuesto a la justicia local que a la federal. Por ejemplo en Brasil el gasto per cápita en justicia local es del doble respecto a la federal, en Argentina el triple, y en Estados Unidos y Canadá el gasto en justicia local era 8 veces superior al federal.

Y en comparación con esos mismos países el gasto per caita para justicia local en México (168 pesos) era significativamente menor, al menos en 2010, año que revisa el estudio. En Brasil se destinaron 758 pesos per cápita en justicia local, en Argentina 710 pesos, en Canadá 1 mil 442 pesos y en Estados Unidos 1 mil 619 pesos.

El análisis de Magaloni y Elizondo también destaca que si bien hay similitud en el nivel de salario que un juez federal recibe en México respecto a los países antes mencionados, no ocurre así con el sueldo de jueces locales que en Argentina, Brasil, Canadá y Estados unidos es similar al de su homologo federal mientras que en México perciben casi una cuarta parte.

Una revisión hecha por Animal Político a los presupuestos de egresos confirma que el aparato de justicia federal es cada vez más caro.

Y es que mientras en 2010 el presupuesto para el Consejo de la Judicatura Federal era de 33 mil 600 millones de pesos, para 2014 había ascendido ya a más de 47 mil millones de pesos, y este año llegó hasta casi 68 mil millones de pesos.

Con información de Yuriria Ávila.

Impugna el Senado suspensión de ley de remuneraciones

El Senado presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el recurso de reclamación en contra de la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos dictada el 7 de este mes por el Ministro Alberto Pérez Dayán, en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y algunos legisladores.

Asimismo, solicitó a la Corte que, de manera previa al periodo vacacional del Poder Judicial, que será del 15 de diciembre al 2 de enero, resuelva la impugnación o bien, considerando el interés nacional, habilite días y horas hábiles para que el pleno de la SCJN resuelva con urgencia el presente recurso a fin de no interferir en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos 2019.

Ello, subraya el Senado en el recurso de reclamación presentado, porque de no revocarse por el máximo tribunal la paralización de la ley de remuneraciones se detendrá la asignación de recursos a programas sociales, afectando gravemente a grupos vulnerables y al interés general. Por ello, se solicitó que se revoque la suspensión concedida.

En la impugnación presentada, el Senado subraya que la suspensión no procede en las acciones de inconstitucionalidad, y destaca que la ley de remuneraciones es una norma general, y tiene validez hasta en tanto no exista pronunciamiento final por parte de la Corte que, en su caso, declare la invalidez.

Se precisa que el artículo 64 de la ley reglamentaria contiene la prohibición expresa de otorgar la suspensión de una norma general en las acciones de inconstitucionalidad.

Se destaca en el texto que se presentó el recursos de reclamación ante la evidente violación a los principios de legalidad e imparcialidad por parte del ministro instructor.

El Senado acusa al ministro Alberto Pérez Dayán de parcialidad al tener un interés personal en el asunto, proveniente del impacto salarial que resentirá con la vigencia de la ley, pero además sostiene que la Corte invadió la competencia de la Cámara de Diputados, causando un grave agravio a los derechos humanos, al orden público, al interés social y a la propia división de poderes, ya que ésta debe elaborar el presupuesto 2019 de manera autónoma.

En el recurso se argumenta que hay un perjuicio al interés social, al orden público y a la economía nacional.

Víctor Ballinas 

Periódico La Jornada