Fonden, el negocio del desastre

Estragos por Fernand en el norte del país en septiembre pasado. Foto: Especial 

Arturo Rodríguez García

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La primera semana de septiembre, la depresión tropical Fernand dejó severos daños en el noreste mexicano y, el caso de Nuevo León, fue especialmente llamativo por las consecuencias del meteoro, pero principalmente por las declaraciones del gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Un día después de que las lluvias cesaron, el político expriista, que se ha promocionado como El Bronco en sus diferentes aventuras políticas, proclamaba que los daños ascendían a 7 mil 500 millones de pesos y que esa sería la cantidad que solicitaría al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Las lluvias por “Fernand” se registraron entre el 3 y el 5 de septiembre, pero el cálculo de 7 mil 500 millones estaba listo para la noche del viernes, una cuantificación de daños realizada aun con lluvias aisladas pero suficiente para que el mandatario estatal expusiera la mañana del 7 de septiembre que esa era la cifra que necesitaba. Sobra decirlo, nadie podría cuantificar un desastre natural en 24 horas.

El Fonden se convirtió, como mucho en la administración pública, en una caja chica de los gobernadores coludidos con altos funcionarios de la secretaría de Gobernación para usar el Fonden que, por sus características, está sujeto a pocos controles. Un gobernador solía hacer una cuantificación y un área de la Coordinación Nacional de Protección Civil se encargaba de autorizar la cuantía, los recursos fluían en adjudicaciones directas sin verificación de lo adquirido en los diferentes rubros a los que suele destinarse el fondo. 

Se trata más que de una sospecha de corrupción identificada desde hace tiempo, basta googlear las palabras Fonden-despensas-bodega, para que numerosas notas periodísticas aparezcan dando cuenta de casos en los que los apoyos para desastres fueron almacenados con presuntos fines electorales.

Esa es apenas la primera parte, se trata de aquello que tiene que ver con la atención inmediata a damnificados por un desastre natural: despensas, colchonetas, cobijas, alimentación. Las reglas de operación son mañosas, pues se establecen parámetros que sólo puede cumplir algún proveedor que, por tratarse de adjudicaciones directas en atención a una emergencia, quedaban a discrecionalidad de los servidores públicos de la federación y la entidad de que se trataba. 

Además, está aquello que tiene qué ver con la atención inmediata, como reparar caminos vitales o abastos de agua. Otra vez la discrecionalidad. Y, finalmente, sigue la reconstrucción que implica obra y como se sabe, donde hay obra, sobra. 

Por el ejercicio fiscal 2017, la Auditoría Superior de la Federación revisó 26 mil millones de un total de 33 mil millones que ejerció el Fonden. Al revisar la forma en que se ejercieron los recursos, en un año en el que además de los desastres por inundación se registraron los terribles sismos del 7 y el 19 de septiembre, resultó que había 7 mil 567 millones de pesos que se ejercieron de manera injustificada. 

Aun peor. La ASF concluyó que la forma en que se entregaban subsidios y apoyos para la atención de desastres naturales, era ineficaz, ineficiente y costosa y alertó sobre eventuales casos de corrupción; ausencia de reglas claras y un diseño institucional débil. 

Aunque hasta ahora la normatividad es la misma, un dato llamó la atención en la conferencia de prensa matutina del lunes 14 de octubre. El coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero, expuso primero que se han otorgado 34 declaratorias de emergencia y 16 por desastre, un total de 50 declaratorias, en contraste con las 112 de 2018. 

Esas declaratorias han significado una erogación por 793 millones de pesos durante 2019, en contraste con los 42 mil millones de 2017 y los 14 mil millones de 2018. 

El instrumento implica disciplina para no declarar desastre cuando no lo es ni asignar recursos que no corresponde a los daños, como parece ser el caso de lo solicitado por Rodríguez Calderón que, en el censo de verdad que se está realizando, Protección Civil-Fonden han cuantificado daños por 360 millones de pesos, esto es 20 veces menos de lo pedido por El Bronco. 

Aunque el resultado de lo realizado en la actual administración es encomiable, hacen falta reglas más claras, una reforma que haga confiables los procedimientos y evite el robadero de otros momentos a costa de los damnificados. Un asunto de certeza. Y, naturalmente, faltan procesos de investigación exhaustivos para que aquellos que hicieron negocio con los desastres naturales –asunto este que ofende como pocos—no siga quedando impune. 

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Los conservadores

Arturo Rodríguez García 

 

Samir Flores fue asesinado en Amilcingo, Morelos. Foto: Tomada de Facebook

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Uno de los aspectos lamentables del discurso presidencial en lo que va del gobierno es que suele identificar a todo lo que se le opone o es contrario a sus decisiones, en un mismo bloque: sus “adversarios, los conservadores”.

En esa designación genérica cabe el reclamo de comunidades indígenas y campesinas por el acto de prepotencia que significa una mega obra energética como el Proyecto Integral Morelos. La oposición de siete años a la que el propio López Obrador saludó desde 2014, fue sometida a un proceso represivo que mandó a la cárcel a líderes sociales en Puebla y Morelos, padeció golpizas y hostigamientos constantes, para resultar descalificados con el presidente del “cambio de régimen” que los llamó “radicales conservadores”. Días después de eso, ocurrió el asesinato de Samir Flores, el dirigente de Amilcingo, radialista comunitario, gente de paz que se resistía a una consulta ilegal impuesta por el mandatario que se obstinó en su realización.

Ese asesinato, que tiene todos los signos de ejecución extrajudicial por acción, omisión o aquiescencia, ha significado uno de los peores episodios al que el presidente suele sacarle la vuelta.

Justo es decir que hay una disminución en los indicadores de agresión a dirigentes sociales desde que inició el nuevo gobierno -según el informe emitido a finales de agosto por el Comité Cerezo México que, por lo pronto, lo coloca al mismo nivel de víctimas que había en los últimos años de Felipe Calderón. Pero esas declaraciones presidenciales y la impunidad que les siguió, lo hacen responsable de haber puesto las condiciones para que el crimen ocurriera.

Entre quienes levantaron la voz -y lo siguen haciendo- por Samir, destaca el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que, por su parte, en un intrincado juego retórico, ha sido puesto también en el costal de los conservadores, pues a juicio del presidente lo son, de izquierda sí, pero es “cuando los extremos se tocan”.

La declaración tiene como aspecto relevante la oposición del EZLN a la implementación de otros megaproyectos como el Tren Maya y el Tren Transístmico, así como al despliegue militar que con las siglas de la Guardia Nacional incrementó presencia en el sureste.

Conservadores son también los grupos cercanos a la cúpula empresarial que se oponen al proyecto aeroportuario de la Ciudad de México, que pretende habilitar la base área militar de Santa Lucía, integrada en el colectivo “No más derroches” y en el que destaca la participación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, asociación civil que preside Claudio X González, hijo del magnate homónimo que se ha opuesto desde los tempranos dosmiles a su oferta política.

Como ocurre con los otros megaproyectos que tienen oposición del movimiento social por los daños ambientales que suponen y su legítima defensa del territorio –por cierto, apoyados por un amplio sector de especialistas y personalidades próximas a las izquierdas a las que descalificó como “los abajo firmantes” y declaró el fin de los tiempos de los especialistas para dar paso a la sabiduría del pueblo que él mismo encarna– no parece ser relevante para el presidente López Obrador si los argumentos legales de “No más derroches” apuntan a errores de su gobierno porque, simple y llanamente, los considera adversarios y conservadores.

Las motivaciones son variadas en cada caso y la única coincidencia es oponerse a la voluntad presidencial. Es más sencillo ubicarlos en un mismo “adversario” y si consiguen amparos no es por fallas en su acción de gobierno, sino porque los jueces son corruptos… porque todos los conservadores son corruptos.

Los mismo con los medios de comunicación que resultan críticos a su desempeño público. Son conservadores, así, sin más. Porque todo el buen periodismo debe estar a favor de las transformaciones y él se asume la encarnación de una, la cuarta.

Y, aunque no tienen adscripción, los encapuchados que disturbian marchas, así en general, son también conservadores. Hasta ahora no hay atisbo de identificación ni análisis oficial claro. Anarquistas conservadores que evidentemente no corresponden a las corrientes internacionales que suelen ser más precisas en sus objetivos, ni a los colectivos de anarquismo tradicional mexicano y, por diferentes indicios se perciben más próximos al PRD capitalino con intereses oscuros. No importa, son conservadores radicales de izquierda según se dice desde la tribuna presidencial.

El conjunto es preocupante entre otras razones porque el discurso del poder tiene un rasero para todos: los que están con él y los que se le oponen. Así, sin matices, sin comprensión de las demandas ni apuesta por la política para resolverlas, propio de un autoritarismo blando, hasta ahora discursivo, incapaz de admitir que hay quienes pueden pensar diferente entre sí y del presidente, negado, cerrado a la idea del pluralismo inherente a una democracia.

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Pemex, el escándalo se internacionaliza

Arturo Rodríguez García 

Directivos de Pemex. Fotos de izquierda a derecha Miguel Dimayuga, Germán Canseco, https://www.elsegundero.com, Víctor Hugo Rojas / Procesofoto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hasta ahora, la corrupción tan aludida, periodísticamente expuesta y mayoritariamente impune, de las pasadas administraciones federales, así como de las empresas productivas del Estado, destacadamente en Pemex, no había llegado a procesos internacionales.

En apariencia cuidadosos, los directores de Pemex y su consejo de administración habían sorteado la atención de tribunales extranjeros o instancias multilaterales, debido a que parecían atender normatividades y prácticas exigibles en el comercio exterior.

Pero finalmente el desaseo que en más de un sentido traspasó fronteras, está bajo investigación. De acuerdo con un audaz reportaje publicado por el reportero Mathieu Tourliere, en la edición 2237 del semanario Proceso, que está en circulación esta semana, las malas prácticas están bajo revisión de un equipo de expertos convocado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). La razón es que, Pemex colocó bonos de deuda en el mercado estadunidense y con ello, quedó sujeta a la llamada ley antisoborno.

El procedimiento alcanza a las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, recorriendo el desempeño de la petrolera durante las últimas cuatro direcciones a cargo de Juan José Suárez Coppel, Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina. Y es que, las presuntas irregularidades detectadas ocurrieron a partir de enero de 2012, el último año del presidente surgido del PAN.

El asunto es sensible: más allá de la corrupción que tendría que sancionarse en el ámbito nacional, las previsibles conclusiones de dicha investigación estadunidense tendrán consecuencias para México en la administración de Andrés Manuel López Obrador, al grado de frustrar o al menos entorpecer la realización de su apuesta por el desarrollo basada en aumentar la inversión en Pemex. Es así porque de imponerse sanciones económicas, este gobierno tendría que pagar los platos rotos del pasado.

Por lo expuesto en el citado reportaje –cuya lectura es recomendable para entender a detalle la trascendencia del asunto–, la investigación es realizada por un equipo de 26 especialistas en delitos financieros, entre quienes destacan aquellos que investigaron para la misma SEC el caso Braskem-Odebrecht que devino en la imposición de una multa por 3 mil 500 millones de dólares en 2017.

El objetivo de ese grupo es verificar si en las operaciones de Pemex, la novena petrolera más grande del mundo, se incurrió en delitos bursátiles de la legislación estadunidense, principalmente, en relación a la falsificación de información financiera, el famoso “maquillaje” de cifras tan frecuente en los informes de presupuestales mexicanos, y se concentra en indagar exactamente los mismos ilícitos que en el caso Odebrecht.

La investigación de la SEC respecto a la mencionada brasileña Odebrecht, repasó las anomalías en 11 países, incluido México, donde dicha empresa tuvo una presencia destacada y, aunque existe amplia información al respecto, no hay investigación nacional concluyente.

En general, ese ni algún otro de los muchos asuntos de corrupción en Pemex ha tenido consecuencias mayores, si bien, hay casos abiertos por la Fiscalía General de la República (FGR) cuyo desenlace es incierto. Entre esos casos, está el de la compra-venta de Agronitrogenados y la denuncia –cuyos avances se desconocen– de la operación con Fertinal, las empresas de fertilizantes inservibles y adquiridas a sobreprecio según declaraciones presidenciales, ambos incluidos en la investigación que ahora realiza la SEC.

El lío es gordo. Quizás por eso hay un silencio de la actual administración respecto al asunto. La opacidad con que suele manejarse el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien sólo es capaz de presentar modestas gráficas en power point en “las mañaneras” a las que lo convoca el presidente López Obrador ha incrementado las dudas en el sector, en un momento en el que su posición es necesaria para enviar señales de confianza a inversionistas en los que se cifra en parte el éxito del plan de reactivación petrolera de la autollamada “Cuarta Transformación”.

Con procesos estancados en México, la indagatoria y sanción de actos de corrupción e ilegalidad de pasadas administraciones no es opcional. No se trata sólo de lo que robaron o dilapidaron los gobiernos pasados sino de las consecuencias a futuro que los malos gobiernos siguen provocando.

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80 años del PAN: del romanticismo conservador a la degradación e irrelevancia

Arturo Rodríguez García 

 

PAN, a 80 años de su fundación. Foto: Margarito Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El PAN llega a sus 80 años que pueden resumirse en tres grandes etapas: cinco décadas de lucha por la democracia; una más tomado por élites empresariales y ultracatólicas, y dos finales, en las que fue partido gobernante y asociado del PRI, hasta hundirse en la degradación.

Hace un año, por la conmemoración de los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968, hubo ocasión de repasar, por sugerencia de Jesús González Schmal –panista que fue hasta principios de los años noventa– las posturas que fijaron en la Cámara de Diputados los panistas de la época.

Personalmente, me gusta repasar ese episodio porque deja ver el contraste en la actuación pública del PAN conservador de entonces, con el PAN corrupto de los tiempos recientes.

En su origen, el PAN abrevó de las ideas de Ortega y Gasset así como de Henri Bergson, con una influencia católica, particularmente, de la encíclica Rerum Novarum, ampliamente estudiados en las vidas y obras de Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna.

Luego el PAN era, en el terreno de las ideas, aunque políticamente anecdótico, oposición al cardenismo, a la perversión de los postulados revolucionarios en la dictadura de partido y que, para su construcción convocaba a intelectuales y técnicos, a un sector significativo de católicos políticamente activos, entre estos, los sobrevivientes a la Cristiada.

Para los años sesenta, habían florecido varias generaciones que alternaban los planteamientos originales con reflexiones acordes a su tiempo, y sus dirigentes mostraban apertura –señaladamente en la dirigencia de Rafael Preciado– a ideas influenciadas, por ejemplo, por el Concilio Vaticano II y la Encíclica Popularum Progressio, muy reivindicada por Efraín González Morfín.

El momento resultaba alarmante para los grupos más conservadores tanto del empresariado como del catolicismo panistas, que consideraban aquello como un devaneo izquierdizante, algo no tan errado si bien más moderado, porque era esa misma fuente de reflexión la que inspiraba movimientos sociales y armados revolucionarios de izquierdas, identificadas con la teología de la liberación.

Los discursos de Manuel González Hinojosa y José Ángel Conchello, particularmente el 30 de agosto de 1968 –cuando exigían al gobierno de Díaz Ordaz resolver por la vía del diálogo—y la del 20 de septiembre siguiente, cuando presentaron un punto de acuerdo para que el Ejército se retirara de Ciudad Universitaria, fueron claras muestras del sentido progresista del panismo de ese momento.

El PPS que se definía de izquierdas, había acatado ya la línea diazordacista. El PAN entonces, era el único partido de oposición, ciertamente con modesta presencia, pero elocuentes representantes, que se solidarizó con el movimiento estudiantil.

Fue en el PAN un momento de convergencia entre la corriente simpatizante del Concilio Vaticano II, con los planteamientos que se aproximaban más al pragmatismo en el asenso al poder, una corriente encabezada por José Ángel Conchello, que entusiasmó a un sector amplio del empresariado, a la postre apoderado del partido que iría abandonando los planteamientos éticos conchellistas.

Creo que hasta entonces, durante gran parte de los años setenta, el PAN y sus corrientes, necesarias como parte de un deseable pluralismo democrático, tenían por coincidencia central –por cierto, muy parecida tanto en lo cristiano de fondo como en la forma de expresarlo con lo que hoy se escucha en López Obrador— la dignificación de la política y un sentido ético de la vida pública. En mi perspectiva, fue esa su época de oro.

De los debates internos poco quedaba para finales de los años ochenta, cuando la Organización Nacional El Yunque, y la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) asumieron el control, aceptaron presupuestos gubernamentales y gradualmente se corrompieron, de manera que en el salinismo fueron asociados útiles para la simulación democrática del bipartidismo que vio su concreción en el triunfo electoral de Vicente Fox en el 2000; a eso siguió la conducta fraudulenta, ilegal e insalubre para la democracia de 2006 y el gobierno sangriento de Felipe Calderón, con quien inició el absoluto envilecimiento del PAN.

Es en esta etapa donde lo peor del PRI se asimiló al PAN con gobernadores de presencia nacional como Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Yunes, o el maniobrerismo priista y caciquil de Carlos Joaquín; con postulaciones presidenciales desprovistas de carisma y mística, la fatuidad y la sospecha fundada de corrupción: en 2012 con Josefina Vázquez Mota y 2018 con Ricardo Anaya.

En síntesis, el PAN, segunda fuerza electoral –es cierto—está en bancarrota: de lo romántico y anecdótico pasó a gobernar autoritario y corrupto, para sumirse en el desprestigio y la irrelevancia. Partido sin credibilidad, incapaz de contrapesar algo ni de sumarse legítimamente a las mejores causas, ya ni siquiera entusiasma al empresariado erigido en oposición con las propias cámaras empresariales y por la vía ciudadana.

Acaso el PAN llega a sus 80 años, regenteando un registro que parapete individuales ambiciones pragmáticas, no más.

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AMLO condena el Fobaproa, pero su gobierno seguirá pagando la deuda

                                                                                 

El mandatario dijo que es mejor condenar la corrupción del pasado en lugar de "estar castigando" a los personeros del saqueo a la nación. Foto: Benjamín Flores

Por Arturo Rodríguez García(apro).- La condena es al modelo neoliberal por el saqueo y la inmoralidad, pero en voz de uno de los principales críticos del rescate bancario de los años 90, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es mejor “pensar hacia delante”.

El rescate bancario a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue colocado en el debate una vez más, por el senador Ricardo Monreal que en días pasados presentó un libro en el que aborda el asunto. El propio López Obrador escribió un libro al respecto en 1999 y el tema se convirtió en uno de los que le dieron notoriedad pues, en medio de la crisis de 1994-95, el Estado mexicano decidió asumir las deudas de los más ricos de México.

Esa medida, cuesta hoy al país dos billones de pesos y, cada año, se destinan entre 30 y 50 mil millones sólo al pago de intereses, expuso hoy el mandatario. Sin embargo, aseguró que:

“Se utilizó al presupuesto para rescatar a los potentados, se convirtieron deudas privadas en deuda pública. Si nosotros nos metemos ahora a revisar ese caso, se nos va a generar un problema muy grave”.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador respondió al tema afirmando que, como el título de su libro de 1999, Fobaproa es un expediente abierto, para que no se repita, pero sostuvo que lo mejor es condenar la corrupción, el modelo y el saqueo.

“Es mejor eso que estar castigando a los personeros de esas políticas de saqueo. No quiere decir que esté por la impunidad, pero tenemos que pensar en la nación, tenemos que dar gracias al pueblo porque se logró este cambio para dejar atrás todo ese pasado terrible de podredumbre, de inmoralidad, pensar hacia delante. Nunca más un Fobaproa”.

El mandatario recordó que, en un informe de Ernesto Zedillo como presidente, dijo que el rescate bancario costaría 110 mil millones de pesos, pero esa cantidad pasó a un billón y ya son dos billones.

López Obrador expuso que el caso refleja el rotundo fracaso de la política neoliberal, pues se generó una crisis y el gobierno pensó en rescatar a los bancos y las grandes empresas, pero no a los de abajo.

Con esa respuesta, el presidente derivó a la corrupción que marcó a los sexenios anteriores, y sostuvo que ahora promoverá en el mundo un modelo alternativo en el prevalezca la ética, la moral, no sólo en la política y la economía y las finanzas.

Se trata de un modelo alternativo al neoliberalismo, y adelantó, que si le queda tiempo hará un libro para explicarlo, sobre lo que definió como “economía moral”.

Añadió diferentes aspectos de la inmoralidad en la política económica, mencionando, por ejemplo, que la banca de desarrollo haya financiado a empresas como Odebrecht, o que los tres presidentes anteriores, hayan disparado la deuda pública afirmando que Vicente Fox la dejó en 1.7 billones, Felipe Calderón la incrementó a 5.2 billones mientras que Enrique Peña Nieto le dejó una deuda cercana a los 10 billones.

Volviendo al rescate bancario, expuso:

“Lo del Fobaproa no debe olvidarse, pero sí considero que son acciones del mercado que se tienen que estar financiando. Nosotros hicimos el compromiso de respetar contratos, de seguir pagando servicio de deuda”.

“Soberanía energética”

                                                                                 

Manuel Bartlett, titular de la CFE. Foto: Octavio Gómez

Por Arturo Rodríguez García(apro).- La incomprensión de Manuel Bartlett sobre las nuevas dinámicas de la vida pública se ha convertido en un problema grande para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, señalado entre los equipos técnicos y ahora por el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, no termina de hacerse escuchar.

Político de ya muy larga trayectoria, Bartlett llegó a la titularidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a casi 27 años desde su último cargo federal y a 20 años de haber abandonado la gubernatura de Puebla, entonces aún priista, y en tiempos previos a la alternancia del 2000.

La incomprensión de nuevas normas, instituciones y conductas públicas están quedando evidenciadas a cada paso que da, confiado en sus formas viejas con las que convierte en disputa ideológica todo aquel que, con base en la ley y en los criterios económicos, intenta sacarlo de su obstinación.

Miembros del gabinete, colaboradores cercanos, interlocutores de las secretarías de Gobernación y Medio Ambiente, suelen repetir en tono burlón y algo engolado, ante un cuestionamiento técnico jurídico o financiero relativo a la CFE: “Soberanía energética”, “Soberanía energética”, la expresión que Bartlett repite como mantra.

Y es que fue en esa lógica que convenció a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y al propio presidente López Obrador, de que los contratos por gasoductos eran “leoninos” y, por lo tanto, había la necesidad de renegociarlos. El propio mandatario ha dicho que las obras no pasaron por el consejo de administración de la CFE, algo que por otra parte nos coloca frente a otra complejidad que Bartlett no entiende o prefiere atropellar: la existencia de una entidad, el Centro Nacional de Gas, cuya existencia omite. “Soberanía energética”, “Soberanía energética”.

Para Bartlett, la maraña de instituciones con las que puede o no estar de acuerdo, pero que tienen funciones por ley y son positivas y vigentes, parecieran estar fuera de la discusión. Nada del Cenagas, ni de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ni mucho menos de la Comisión reguladora de Energía.

La apuesta es por dos vías: que Olga Sánchez Cordero resuelva hablando con jueces los amparos de comunidades indígenas afectadas por el trazo de los gasoductos, y presionar con arbitrajes internacionales a las empresas contratistas. “Soberanía energética, soberanía energética”.

Nada de resolver las demandas de la gente, que permitirían que se concluyan las obras; nada de someterse a la Ley de Hidrocarburos que instruye tribunales nacionales para diferendos en materia energética.

A más de siete meses de administración y cinco desde que el asunto se puso en la discusión pública, el veterano poblano no consigue resultados respecto de los gasoductos y, según personal de la empresa eléctrica, la semana pasada, ya tan manoseado el asunto, se había tomado la decisión de frenar la ruta de arbitraje internacional.

Fue entonces cuando la renuncia de Carlos Urzúa y su posterior entrevista, publicada en Proceso, revelaron el poder enorme que ha acumulado el director de la CFE, quien, si hasta entonces se sabía, mantenía en su dupla con Rocío Nahle una fuerte presión, por momentos hasta nulificar al director de Pemex, Octavio Romero, ahora se sabe que resultó más poderoso que el secretario de Hacienda.

Bartlett es la burla, sí, pero también es el personaje temible con el que no se debe jugar, porque es capaz de anular a un secretario de Hacienda y llevar al Estado Mexicano a un problema internacional, pues en su perspectiva anquilosada convenció de combatir a una enorme trasnacional, Sempra Energy, en la que tiene intereses Nancy Pelossi, la líder cameral en Estados Unidos, por cuya mano pasa necesariamente el tratado comercial con América del Norte.

López Obrador le dio un espaldarazo público y privado. Así que, sin más, podrá seguir repitiendo por ahí: “Soberanía energética, soberanía energética”.

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Los gazapos de Bartlett

                                                                                 Por Arturo Rodríguez García  (apro).- En medio del diferendo con las trasnacionales energéticas contratadas para construir y operar siete gasoductos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Poder Judicial dio un revés a esa empresa productiva del Estado en su pretensión de obligar la entrada en operación del Gasoducto Morelos –el octavo conflictuado—y con eso la termoeléctrica en Huexca.

Manuel Bartlett, titular de la CFE.

 Foto: Octavio Gómez

Parte vital del Proyecto Integral Morelos (PIM), el gasoducto mencionado seguirá inoperante y con ello, mantendrá la parálisis de todo el conflictivo megaproyecto que, herencia de pasadas administraciones, desnuda la negligencia en la gestión de Manuel Bartlett como ocurre también con los siete gasoductos que intenta, a fuerza de declaraciones, renegociar.

Los siete gasoductos de la polémica de esta semana, tienen en común con el Gasoducto Morelos (que atraviesa municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos), la arbitrariedad de origen, la imposición de las obras planeadas sobre comunidades que, siendo sujetas a derechos, no fueron tomadas en cuenta para su invasión y, cuando se atrevieron a protestar, se enfrentaron a un proceso represivo brutal.

El caso del PIM, como el de los siete gasoductos, tiene cierta complejidad, pero en cualquier caso las dificultades que los mantienen fuera de operación son imputables al Estado.

Fue el pasado fin de semana cuando el juez noveno de distrito en Morelos, otorgó la suspensión sobre el Gasoducto Morelos al ejido Amilcingo que, siendo una de las comunidades más activas en la oposición al megaproyecto desde 2012, se volvió emblemática tras el asesinato del dirigente indígena Samir Flores Soberanes, perpetrado el 20 de febrero pasado.

Como muchos asuntos en el arranque de la administración, el PIM se colocó en la agenda presidencial con la información surgida de la CFE de Bartlett, funcionario que ha insistido en justificar toda acción en la idea de “soberanía energética”, expresión esta que sonaría muy bien, excepto porque el proyecto está concesionado a puras trasnacionales como lo son Abengoa, Bonatti, Elecnor y Enagás.

Con prisa, de manera atropellada, Bartlett y Rocío Nahle,  pusieron las condiciones para que la naciente administración obradorista quedara en entredicho, primero con la declaración del presidente en su arenga contra los opositores el 10 de febrero, cuando los calificó “radicales de izquierda” ergo “conservadores”, provocando que inclusive dentro de su base de apoyo, así como de los izquierdistas que le son cercanos desde los tempranos dosmiles, quedaran en un predicamento.

El momento político empeoró por las consideraciones que apenas días antes le había dispensado a la familia Zapata, descendiente del caudillo, que terminaría distanciándose acusando al mandatario de violar acuerdos, particularmente, en relación con la consulta sin asideros legales que impuso.

Tras el asesinato de Samir el momento político se complicó más con la torpe intervención de Hugo Eric Flores Cervantes, el virrey de Morelos, que terminó por distanciar al movimiento opositor al PIM de la llamada “Cuarta Transformación”.

Quizás la peor parte de todo es que López Obrador y sus colaboradores no tenían responsabilidad política ni legal respecto al PIM, que fue planeado durante la gestión de Alfredo Elías Ayub, e iniciado por Antonio Vivanco, en su respectivo paso por la CFE en tiempos de Felipe Calderón. Por lo tanto, ellos, sus equipos y quienes les sucedieron, tendrían que responder por la falta de deber de cuidado, la negligencia y el daño patrimonial a la hacienda pública derivado de no haber considerado litigios ni conciliaciones necesarias antes de arrancar la obra lo mismo que ocurre con los otros siete gasoductos conflictuados.

Hasta donde se sabe, la secretaría de la Función Pública no tiene abiertos expedientes, ninguno de los involucrados ha sido expuesto por López Obrador ni sus colaboradores que, en su afán de agilizarlo todo, terminaron asumiendo los costos políticos propiciando lo que simple y llanamente es impunidad para “el antiguo régimen”.

López Obrador fue más cuidadoso el 1 de julio al referirse al asunto cuando prometió no imponer el PIM en su mensaje en el Zócalo. La declaración expresa en general la idea de respetar los 15 amparos existentes contra la obra, la mayoría obtenidos el sexenio pasado. Se trata pues de una aparente rectificación, dado el rumbo de tomó el asunto, después de ser arrastrado por los gazapos bartlianos.

La dupla Nahle-Bartlett va de mal en peor, en el caso de ella por la impericia, de él por sus formas en desuso frente a nuevas realidades. En ambos, un talante autoritario que para concretar decisiones dejan muchas lesiones al paso.

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Política y fe: Nxivm, Casa Sobre la Roca, la Luz del Mundo

proceso.com.mx

Evento de La Luz en el Mundo en la A

Por Arturo Rodríguez García ,

 (apro).- En menos de un mes, tres escándalos relacionados con grupos religiosos o de mística new age, han sacudido a la opinión pública por la dimensión de las acusaciones –delitos sexuales y corrupción— sobre los líderes, que mantienen una estrecha relación con el ámbito político.

La detención de Naasón Joaquín García, anunciada el martes 4 de junio por la Fiscalía de California, es el caso más reciente luego de varias semanas de revelaciones que, al otro extremo de los Estados Unidos, identificara a varios mexicanos de prosapia política y empresarial como parte de las confesionales obtenidas por la Fiscalía de Nueva York en el caso de Keith Reniere, líder de Nxivm, una organización de couching para el éxito ejecutivo que presuntamente incurrió en abusos sexuales y físicos.

Sin tanta notoriedad, en medio de los dos casos surgió la revelación de las propiedades de que disfrutan en la zona más exclusiva de la Ciudad de México, cortesía del gobierno de la República, Alejandro Orozco Rubio y Rosa María de la Garza (Rosi Orozco), cabezas visibles de Casa Sobre la Roca, una organización de corte neopentecostal con fachada jurídica de asociación civil.

El común denominador de estos grupos de poder es su relación directa con la vida política, el enriquecimiento de sus líderes a costa de sus feligreses y la facilidad con la que perpetraron sus excesos, tanto como en su tiempo lo hiciera Marcial Maciel, el fundador de los muy católicos Legionarios de Cristo.

En el caso de Nxivm surgieron los nombres de los hijos de dos expresidentes: Emiliano Salinas Occelli, hijo de Carlos Salinas de Gortari, quien se relacionó con Reniere durante un viaje a Nueva York en los tiempos de su estancia doctoral en Harvard, y a Ana Cristina Fox, hija de Vicente Fox, quien asegura que sólo fue a un curso organizado por Emiliano.

Con el caso Nxivm en efervescencia, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) dio a conocer, en una de las conferencias matutinas del presidente López Obrador, que subastarán un lujoso departamento que usufructuaba en comodato Rosi Orozco y que intentaba recuperar una residencia colocada en comodato a su esposo, Alejandro Orozco.

Esas dos propiedades forman parte de varias más que durante el sexenio de Felipe Calderón se otorgaron al matrimonio a título personal y como parte de los beneficios a que tuvieron acceso a través de sus organizaciones ciudadanas de corte confesional.

Amplios fueron los beneficios de los Orozco en el sexenio calderonista al que conocieron por el fundador del PES y actual superdelegado en Morelos, Hugo Eric Flores Cervantes, quien a su vez, había coincidido en Harvard con Felipe Calderón, cuando el primero realizaba su doctorado y el segundo su maestría.

Al iniciar el sexenio de Calderón, los tres consiguieron incrustarse en política y gobierno –muy en la lógica de participación de las grandes iglesias en Estados Unidos– hasta que Flores Cervantes fue acusado de corrupción –aparentemente en falso– y desplazado del gobierno, mientras Rosi consolidaba su relación personal con Margarita Zavala. Calderón hasta profirió algún sermón en la Casa sobre la Roca.

A partir de entonces, Rosi fue diputada federal (2009-2012), incursionó en la problemática de la trata y fue candidata del PAN al Senado en 2012. Su marido fue la mayor parte del sexenio director del Inapam. Se reagruparían en torno a Miguel Ángel Osorio Chong y gobernadores priistas, después de 2012.

Con esos dos casos sin agotar, llegó el escándalo de Naasón García, tercera generación (la fundó su abuelo, la heredó su padre que hizo lo propio con él) en el liderazgo de la Luz del Mundo, con una importante presencia en Jalisco y, como los anteriores, cuantiosos recursos recogidos en la ofrenda de sus peculiares templos, pretensión faraónica y elementos lo mismo de pirámide prehispánica que de estructuras góticas que, eclécticamente, inundan el país.

Cortejado por políticos vigentes como el gobernador Enrique Alfaro, el escándalo más reciente que implicó a Naasón Joaquín García fue por el uso del Palacio de Bellas Artes gracias a los buenos oficios del senador del Verde, Rogelio Israel Zamora, para un concierto-homenaje en el que tocó la Orquesta de la Secretaría de Marina, reflejo del más alto nivel de relaciones políticas, aun cuando el susodicho homenaje no se haya realizado.

Se trata por ahora de tres casos, escandalosos en la inmediatez de las coberturas, pero sobre todo de necesaria reflexión, pues reflejan lo vulnerable que es la vida pública por la inmoralidad con que se construyen fuerzas y fortunas, con tres expresidentes relacionados y contando.

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La inestabilidad del gabinete

proceso.com.mx

El gabinete de López Obrador. Foto: Tomada de Twitter

Por Arturo Rodríguez García ,

 (apro).- A principios de diciembre de 2017, el entonces precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer quiénes serían los integrantes de su gabinete pues, como lo había hecho en las dos campañas anteriores, se proponía mostrar a los ciudadanos con quiénes quería gobernar.

Aquella ocasión dijo que su aspiración era tener un gabinete de gente tan preparada como la que acompañó al presidente Benito Juárez, que consideró, fue el mejor de la historia.

Ejercicio obligado en esos días de promesas de campaña, revisar cómo fue el gabinete de Juárez, aun a sabiendas de que tiempos y circunstancias son imposibles de equiparar, resultó en el registro de 25 cambios en Relaciones Exteriores; otros 25 en Gobernación, 29 titulares de Hacienda, 16 en Guerra y Marina; 13 en Fomento y al menos ocho en Justicia e Instrucción Pública.

Por supuesto, gran parte de esos movimientos –mas allá de que algún historiador ilustra en su oportunidad la diferencia entre ocupar un cargo en la segunda mitad del siglo XIX respecto al XXI—fueron en realidad enroques haciendo que pasaran por todo el gabinete las mismas personalidades:

Melchor Ocampo, por ejemplo, estuvo varias veces en los diferentes ministerios, excepto en Justicia e Instrucción Pública; a Manuel Doblado sólo le faltó Justicia e Instrucción Pública, así como Guerra y Marina; o bien, Manuel Ruiz pasó por todo el gabinete y así por estilo con los Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Santos Degollado Ignacio de la Llave, entre otros.

Esa inestabilidad en la administración pública, quizá no sea lo más eficaz en estos tiempos cuando, antes de cumplir seis meses, se suceden los cambios en el gabinete legal y ampliado, empezando por la renuncia del director del IMSS, Germán Martínez Cázares y luego, de la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena.

En el caso de Martínez Cázares, la renuncia apuntó a un problema grave en el seno de la administración donde el afán centralista y concentrador, estilo personalísimo de López Obrador, terminó deteriorando o nulificando la relación con la secretaría de Hacienda, dejando ver lo que en muchos espacios ya ocurre, aunque no se atrevan a dejar la chamba.

La inconformidad con la conducta asumida por Ranquel Buenrostro, a quien se le crearon en la oficialía mayor de Hacienda una serie de facultades relacionadas con los manejos de recursos en cuanto a compras y personal, ha causado malestar porque la política de austeridad los está llevando a la inmovilidad, por ejemplo, en las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre otras, principalmente al impedir la designación de cargos en los estados y anular la contratación pro honorarios.

Luego, vino la renuncia de Josefa González Blanco, quizás la persona menos experimentada del gabinete que entre su expresión sobre los aluxes, la entrevista en casa enmarcada entre colmillos de elefante y, principalmente, su fracaso en la gestión de la contingencia ambiental en el centro del país hace diez días, no fue tan grave para ella y el presidente, como haber retrasado un vuelo comercial.

Las dos renuncias motivaron más cambios que impactan en otras áreas de la administración: Zoé Robledo dejó la subsecretaría de Gobernación con trabajo encaminado, para irse al IMSS; Ricardo Peralta dejó Aduanas para irse a la subsecretaría de Gobernación y en su lugar se designó a Ricardo Ahued quien dejó el Senado, para sumarse a la lista de funcionarios electos para un cargo legislativo que abandonan, como Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo y Rocío Nahle.

En total, cinco renuncias para reiniciar en cargos donde apenas se empezaba a tomar conciencia de las responsabilidades y los planes de implementación de proyectos que, por otra parte, no logran ser operados por burocracia especializada dado que en buena medida, la despidieron.

Si el gabinete era oferta de campaña, pronto resultó incumplida, aunque se parezca al de Juárez aunque sea en los cambios tempranos que denotan impericia e inestabilidad, en virtud de que el mandatario ya anunció que vienen más renuncias y que nadie es indispensable.

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caob

Retiran privilegios a protegida de Calderón: el SAE recupera departamento en Las Lomas y va por mansión

Rosy Orozco, presidenta de Unidos Contra la Trata, fue beneficiada con cuatro propiedades en el gobierno de Felipe Calderón. Foto: Facebook Rosy Orozco

Por Arturo Rodríguez García (apro).- Los privilegios inmobiliarios concedidos por el gobierno a la activista y líder religiosa, Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rosy Orozco, así como a su esposo, Alejandro Lucas Orozco Rubio, serán cancelados y las propiedades que usufructúan se subastarán.

El titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), operando ya como el nuevo Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez, anunció hoy que, por lo pronto, un departamento que poseen en Bosques de las Lomas, con un costo de 22 millones de pesos, será sujeto de subasta, en tanto, una residencia en el mismo sector, uno de los más exclusivos de México, está en proceso de recuperación.

“Anteriormente se le quitaba al pueblo y se le daba a los corruptos, y ahora es devolverle al pueblo, de forma expedienta, transparente, y con un destino manifiesto”, dijo Rodríguez.

En 2011, el semanario Proceso publicó una serie de reportajes en los que informó los privilegios que el matrimonio Orozco- De la Garza obtuvo en el sexenio de Felipe Calderón, en el cual, él fue director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), y ella diputada federal por el PAN. Al mismo tiempo, administraban numerosas razones sociales, entre estas, varias fundaciones y asociaciones civiles, a través de las cuales obtuvieron al menos cuatro lujosas residencias en comodato.

Entre las propiedades destacadas, la que hoy anunció que intenta recuperar el SAE, no está incluida la mansión que se incautó a Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, detenido en 2009 y extraditado al año siguiente para enfrentar cargos que, sin embargo, se atenuaron al convertirse en un testigo colaborador en Estados Unidos y cuya sentencia se definirá en los próximos días.

Proceso, en su edición 1833 dio a conocer, a partir de respuestas a solicitudes de información realizadas a todas las dependencias y entidades federales, que eran cuatro propiedades las asignadas por el gobierno calderonista al matrimonio, una a título personal para Alejandro Orozco y tres para la Fundación Camino a Casa, con la que Rosa María encausa su activismo para la supuesta atención a víctimas de trata.

Alejandro Orozco y la mencionada Fundación fueron favorecidos con cuatro inmuebles por parte del SAE que, a una solicitud de información, se limitó a dar los números de expediente, así como los nombres de los beneficiarios, pero alegando que, por ser bienes asegurados, no podía proporcionar el domicilio ni el avalúo correspondiente a cada propiedad, por motivos de seguridad.

La casa asignada a Alejandro Lucas Orozco Rubio quedó registrada en el expediente DEBI/DP-CU/PM069/07. Se trata de la propiedad que han poseído por más tiempo en las Lomas, pues se les asignó en 2007. En tanto, otras tres mansiones fueron para la Fundación Camino a Casa, de acuerdo con los expedientes DG/DEBI/CU/PF/048/09 y terminaciones 140/09 y 141/09.

En las respuestas a las solicitudes de información de 2011, el SAE advertía que no podía dar a conocer avalúos ni domicilio por motivos de seguridad. Sin embargo, se pudo acreditar que una de esas propiedades era la incautada a Zambada Niebla.

Alejandro Orozco y Rosa María de la Garza, encabezan la Casa Sobre la Roca, cabeza de una red religiosa que funciona legalmente como asociación civil, pero desarrolla actividades como iglesia evangélica de tipo neopentecostal en la que se congregaban numerosos altos funcionarios y mandos policiacos y militares en el sexenio de Felipe Calderón. El propio expresidente, fue captado en video cuando pronunció un sermón en el que pedía que oraran por su guerra contra el narco.

En la conferencia matutina de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que además de la subasta de vehículos que se realizará el fin de semana, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, realizará dentro de un mes la subasta de inmuebles y de los recursos que se obtengan serán destinados a centros de rehabilitación para jóvenes que hayan caído en adicciones.

AMLO, un deslinde necesario

                                                                                 

Gómez Urrutia y el deslinde. Foto: Octavio Gómez

Por Arturo Rodríguez García (apro).- A más de un año de haber acogido en las filas del partido Morena al dirigente minero, Napoleón Gómez Urrutia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, clarificó la decisión de convertirlo en senador por lista.

Lo expuso en la conferencia de prensa, coloquialmente llamada “la mañanera”, del 7 de mayo, al declarar su desacuerdo con que estuviera exiliado a consecuencia de una persecución político-empresarial, tanto como para asimilar los costos políticos que, en su alocución, expuso al recordar que lo criticaron por esa inclusión.

En el círculo cercano de López Obrador, la suma de Gómez Urrutia también fue recibida con sorpresa en diciembre de 2017, cuando a punto de iniciar el proceso electoral se empezó a manejar la idea, luego de la recomendación que hiciera el izquierdista británico, Jeremy Corbyn, casado con una empresaria mexicana, que en pareja han cultivado la amistad con el hoy presidente y su esposa.

Aunque el pasado 24 de abril Gómez Urrutia fue recibido en Palacio Nacional, al calor de las negociaciones por la reforma laboral, no hubo espaldarazo absoluto, pues el mensaje del 7 de mayo fue un deslinde contundente del mandatario hacia un personaje por el que sólo ha expresado solidaridad ante la persecución política, pero nunca respaldo político incondicional.

Una primera señal fue dada el 1 de mayo, cuando al acto de “reconciliación” en Palacio Nacional, la representación obrera recayó en el dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo –el sindicalismo oficialista mimetizado y acomodaticio de siempre– por ahora líder del Congreso del Trabajo, así como en Francisco Hernández Juárez, dirigente de los telefonistas y de la Unión Nacional de Trabajadores. Napoleón fue uno más entre muchos.

Ese 1 de mayo, López Obrador anunció el acuerdo para reiniciar el rescate de cuerpos en la mina Pasta de Conchos, asunto en el que empresa y sindicato no fueron incluidos, naturalmente, por tener una responsabilidad directa en lo ocurrido el 19 de febrero de 2006.

Gómez Urrutia ha querido reivindicar la recuperación de cuerpos en Pasta de Conchos, e inclusive, agradeció al mandatario la decisión. Pero el asunto –se expuso en este espacio el pasado miércoles 1–, fue un acuerdo entre la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y los deudos, de la Organización Familia de Pasta de Conchos, resultado de un encuentro celebrado en Barroterán Coahuila el 30 de abril.

Y eso fue lo que el 7 de mayo confirmó López Obrador, al decir que Grupo México, la empresa propietaria de la mina siniestrada, y el sindicato minero de Gómez Urrutia, no participarían en la mesa ni el eventual procedimiento de recuperación de cuerpos, pero que sería bienvenida su información.

Ahí mismo, López Obrador separó un tema de otro, a contrapelo de lo que ha intentado construir discursivamente Gómez Urrutia: en el pleito del sindicato con el magnate Germán Larrea, llamó a ambos a la reconciliación para reactivar la actividad económica en zonas mineras paradas por el conflicto, como Taxco.

Justo cuando ese conflicto se ubica en el centro de la beligerancia de Gómez Urrutia, el llamado presidencial supone la claudicación de la afrenta por la que debió irse del país durante 12 años.

Y, fue peor cuando López Obrador terminó por poner las cosas en su lugar:

“Si hay denuncias en proceso que se les de curso. No porque estemos llamando a la reconciliación vamos a detener procesos legales pendientes por responsabilidad de quienes han cometido algún delito. Es buscar la reconciliación sin obstruir el trabajo de las autoridades judiciales. Si hay denuncias adelante. No establecemos relaciones de complicidad con nadie”.

Ese deslinde presidencial, era necesario.

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Pasta de Conchos y la “verdad histórica”

                                                                            

Familiares recuerdan a mineros de Pasta de Conchos 

a 13 años del siniestro. Foto: Alejandro Saldívar

Por Arturo Rodríguez García (apro).- El martes 30 de abril, la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde Luján, llegó a uno de los barrios de la comunidad minera de Barroterán, al norte de Coahuila. Un encuentro sencillo, sin la cobertura que los secretarios del Trabajo en sexenios pasados solían desplegar para publicitar sus aventuras en provincia.

En una vivienda, se reunió con la Organización Familia de Pasta de Conchos, integrada por los deudos y sobrevivientes de la tragedia ocurrida en 2006 así como de los accidentes carboneros posteriores que sumarían en estos años alrededor de 200 fallecidos, quienes encausaron sus reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una primera señal de buena voluntad se había dado el pasado 19 de febrero, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no litigar.

Después de horas de reunión, el encuentro del 30 de abril tuvo una conclusión: que el Estado tutele la recuperación de los 63 cuerpos que permanecen sepultados en la mina Pasta de Conchos, porque Grupo México –que originalmente debía hacerlo– cooptó en estos años al Estado (tanto que los deudos tuvieron que acudir a la CIDH) y el sindicato minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia, tuvo prácticas desleales y es parte interesada.

Ese fue el origen del anuncio que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la mañana de este 1 de mayo y que, por primera vez desde el siniestro de 2006, colocó el asunto al máximo nivel al aceptar las condiciones de los deudos –aun a costa de dejar fuera de la ecuación a su aliado, Gómez Urrutia– como lo hizo al declarar sobre Germán Larrea: “si ayuda bienvenido, si no, de todas maneras lo vamos a hacer”.

El asunto tiene una relevancia enorme, pues no se trata sólo del interés de un grupo de familias: es uno de los casos del maridaje gobierno-gran capital, que se expresó de manera terrible, con vidas humanas de por medio, garantizando la impunidad a uno de los hombres más ricos de México, un asunto al que López Obrador se ha referido como objeto histórico de su gobierno: separar al poder político del económico, origen de la gran corrupción.

Durante 13 años, una “verdad histórica” fue construida con base en un perito sin credenciales contratado por Grupo México. Su dictamen sirvió para evitar que continuaran los trabajos de recuperación de cuerpos en Pasta de Conchos pues, durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, los funcionarios aceptaron y promovieron la versión empresarial.

La historia es la siguiente: un “experto” estadunidense, presentado en 2007 como D.G. Wooton, integró un dictamen en el que aseguraba que continuar con los trabajos, provocaría una epidemia de salmonela, tuberculosis y VIH en la región, algo que carecía de un soporte científico básico, pero asustaba a los habitantes de la zona, en un contexto de indignación social que, por otra parte, se atemperaba con una campaña de desprestigio sobre los deudos.

En los últimos días de febrero de 2006, autoridades federales, estatales y empresa, dijeron que la explosión provocó una elevación de temperatura a más de 900 grados, por lo que “ya no había sustento de vida” pues estaban calcinados (como se dijo en los mismos términos con la “verdad histórica” de Ayotzinapa, no habría ni cenizas). Grupo México justificó así terminar el esfuerzo de recuperar a los mineros con vida –que, entre una serie de compromisos posteriormente también incumplidos– prometiendo recuperar sus cuerpos.

El 23 de junio de 2006 se recuperó un primer cuerpo y el 1 de enero de 2007 el segundo. En ambos casos, la causa de muerte fue asfixia y no calcinamiento, lo que en los hechos echaba por tierra la primera “verdad histórica” que se quiso imponer. Así que al emitirse el Informe Wooton, lo que se evitaba era avanzar en aquello que podía evidenciar las responsabilidades de la empresa pues en 13 años nadie ha podido explicar qué fue lo que ocurrió el 19 de febrero de 2006 cuando, antes de emitir la alerta de accidente, desaparecieron misteriosamente de las oficinas de la mina, las bitácoras y otros documentos que podían acreditar en qué condiciones operaba.

Las condiciones previas eran relevantes: bitácora sobre presencia de gas; calidad de inhibición del polvo de carbón y, reportes sobre desperfectos eléctricos (factores clave para una explosión en mina de carbón), por ejemplo, que habían sido reportados desde el 7 de febrero, 12 días antes del estallido, en un acta de verificación que firmaron empresa, sindicato minero e inspectores de la secretaría del Trabajo.

El reporte del 7 de febrero era el seguimiento a las inspecciones que documentaban desde dos años antes las anomalías de la operación sin que jamás se hubieran suspendido sus actividades. Demasiadas responsabilidades que, de continuar con la recuperación de cuerpos, quedarían al descubierto.

Javier Lozano Alarcón, como secretario de Trabajo, no sólo aceptó el informe de Grupo México, sino que dijo que los deudos y los defensores de derechos humanos que los acompañaban, lucraban con la tragedia; interpretó a modo los informes de la Organización Internacional del Trabajo para declarar cerrado el caso, así como el dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico para mantener su posición que era la misma de Grupo México: no continuar con la recuperación.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, el asunto fue tomado por el subprocurador Ricardo García Sáenz quien, al avanzar en la reapertura del caso procurando la recuperación de cuerpos por la vía penal, terminó forzado a abandonar el cargo, más o menos en las mismas fechas en que la secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Minas, fraccionó en varios lotes la concesión Pasta de Conchos, haciendo aprovechable el yacimiento y eludiendo la suspensión impuesta por el siniestro.

De esa historia se desprende la exigencia de tutela del Estado que se hizo a Luisa Alcalde el 30 de abril, en una vivienda de Barroterán, donde se reunió con Trinidad Cantú, madre del minero fallecido Raúl Villasana, Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz, un representante del Centro Pro, y Cristina Auerbach Benavides, defensora de derechos humanos y anfitriona del encuentro.

A más de 13 años de los hechos, hay un avance que se actualiza en una región cuya actividad productiva principal, padece una cultura patronal mortífera y que, paradójicamente sirve al Estado, pues la mayoría de las minas son proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad.

Pero las responsabilidades son muchas y, por lo pronto, el gobierno de López Obrador deberá para resistir las presiones del magnate Larrea y sus asociados en la vida pública, por su anuncio de este 1 de mayo y cuando en estos días, el Estado Mexicano responda a los requerimientos de la CIDH, luego del compromiso asumido por el mandatario de no litigar contra las víctimas.

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Un año después: Meade, los millones y el silencio oficial

                                                                                 

Indígenas. Los más débiles. 

Foto: Óscar Alvarado

Por Arturo Rodríguez García  (apro). – Al cumplirse un año desde la publicación de un reportaje que abordaba la desaparición de miles de millones de pesos destinados a población indígena que no existe, José Antonio Meade Kuribreña, decidió responder a través de su cuenta de Twitter, que sólo se trató de una confusión.

La desaparición de 12 mil 645 millones de pesos, producto de una ampliación presupuestal a la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2015, cuando Meade Kuribreña era titular de la dependencia cayó mal en todos los frentes cuando en abril de 2018 se publicaron los pormenores de las denuncias que, dentro del propio gobierno de Enrique Peña Nieto, se hicieron por hechos que hasta ahora no tienen una explicación oficial.

Fue en la edición 2164 del semanario Proceso, publicada el 21 de abril de 2018, cuando el caso de los 12 mil 645 millones se dio a conocer, con llamado de portada, verificación de datos en los presupuestos públicos, los documentos emitidos en el seno de la secretaría de Gobernación en los que se acusaba el desvío y una entrevista con el autor de los oficios, Jaime Martínez Veloz.

El escándalo debía ser mayúsculo, pues superaba en cuantía a uno de los escándalos más sonoros del sexenio peñanietista, identificado por la Auditoría Superior de la Federación y que adoptó forma periodística en el reportaje conocido como “La Estafa Maestra”, un exhaustivo proceso de verificación y rastreo de historias detrás de los fríos números, publicado en Animal Político unos seis meses antes, que identificó el desfalco de 7 mil 670 millones de pesos.

Indiferencia. El 22 de abril de 2018, se llevó a cabo el primer debate entre candidatos presidenciales pero el asunto no fue abordado por ninguno de los participantes. López Obrador, para entonces ya sin increpar al gobierno de Enrique Peña Nieto, y Ricardo Anaya, enfrascado en atender las imputaciones que se le hacían por lavado de dinero y concentrado en conseguir una alianza con el PRI, simplemente callaron.

No hubo quien reaccionara al asunto en ningún frente político ni gubernamental, como tampoco lo hubo en junio de 2018, cuando Peniley Ramírez, reportera de Univisión, acreditó con testimonios que los beneficiarios que sí existían no recibieron los recursos y que unos mil pueblos aparecían en registros públicos con más beneficiarios adultos indígenas mayores de 65 años que población total en los mismos pueblos.

En el trabajo de Proceso, se expuso que las anomalías fueron reportadas por Jaime Martínez Veloz al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; también al presidente de la comisión de Asuntos Indígenas, Vitalicio Cándido Coheto, así como al presidente de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Jorge Charbel Estefan Chidiac. Finalmente, acudió a la Auditoría Superior de la Federación con sus denuncias, pero de ninguna instancia, dijo, obtuvo respuesta. Entonces renunció al cargo de Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.

Luego de verificar con documentos y padrones los señalamientos de Martínez Veloz, busqué un posicionamiento de José Antonio Meade, la respuesta de su vocero Eduardo del Río, fue: “lo vemos, te aviso” … sólo se tardó un año y no avisó.

El pasado 23 de abril, José Antonio Meade respondió al menos ocho veces a usuarios de Twitter que le cuestionan sobre el asunto con un mismo mensaje:

“En la nota se confunde un reporte transversal sobre atención a comunidades indígenas con el presupuesto aprobado y ejercido. No hubo ni incremento ni desvió, solamente la confusión, seguramente sin mala intención, de dos fuentes que contenían información diferente (sic)”.

Los trabajos periodísticos tienen por objetivo hacer público lo que a la sociedad compete y, en efecto, tener esa intención no es malo. Aquí el punto es que la explicación de Meade no sólo es tardía, sino insuficiente. Pero es aun peor que la secretaría de la Función Pública, la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación, como en el momento electoral de 2018 cuando se publicó la pieza periodística, se mantengan en silencio sobre la desaparición de los recursos y la invención de millones de personas en los padrones gubernamentales.

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“Otra transa” en el gobierno de Calderón: la compra de un rancho en 120 mdd

                                                                                 

Miguel Gómez Mont, titular de Fonatur en el gobierno de Felipe Calderón y responsable de la compra del rancho. Foto: Benjamín Flores

Por Arturo Rodríguez García  (apro).- En el sexenio de Felipe Calderón, Fonatur, la inmobiliaria gubernamental para el desarrollo turístico, compró el rancho de un exgobernador de Sinaloa por 120 millones de dólares que, hasta ahora, permanece sin utilizar.

Hoy, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que la extensión de tierra no tiene mucha viabilidad para el desarrollo turístico, considerando la operación, como parte de las decisiones que se tomaban en el pasado para hacer negocios.

Sin embargo, el presidente no quiso identificar nombres. Del exgobernador propietario original dijo que murió y por ello merece respeto; de los funcionarios implicados en la operación, expuso que fue durante la gestión calderonista cuando al frente de Fonatur, estaba un abogado que luego fue secretario de Gobernación.

“Otra transa”, dijo el mandatario respondiendo a los reporteros que se trataba de Fernando Gómez Mont.

Se trata de un terreno que describió en abandono, al que se le invirtió dinero público además de la compra, pero por el que su administración no sabe qué hacer pues tiene escasa viabilidad turística. Ahora se plantean venderlo para poder invertir en el desarrollo del Nuevo Mazatlán.

Un seguimiento a la declaración realizada por Apro, permite ver que en realidad fue Miguel Gómez Mont, hermano de Fernando, el exsecretrio de Gobernación, quien estuvo al frente de Fonatur desde el arranque de la administración calderonista hasta junio de 2010, cuando más o menos en los mismos días, ambos renunciaron al gobierno, inmerso el entonces secretario en una trama de negociaciones internas en el PAN.

El caso del rancho fue documentado por Proceso desde el 5 de noviembre 1983, en el reportaje “25 kilómetros del Pacífico, la playa privada de Toledo Corro”.

Antonio Toledo Corro fue secretario de la Reforma Agraria con José López Portillo de 1978 a 1980, y luego gobernador de Sinaloa, de 1981 a 1986. Durante esos años se hizo de miles de hectáreas con los 25 kilómetros de playa en el sur de esa entidad, muy cerca de sus límites con Nayarit. Todo un escándalo.

El político priista, cercano a José López Portillo, falleció el año pasado a lo 99 años de edad y la operación aludida por López Obrador hoy, ocurrió el 25 de octubre de 2008, cuando era titular de Fonatur, Miguel Gómez Mont.

Sin viabilidad turística

Conocido como Rancho “Las Cabras”, la extensión de litoral, fue adquirida por Fonatur, a través de un fideicomiso en el que fungió como fiduciaria Nacional Financiera.

La venta fue por dos mil 284 hectáreas a un precio de mil 203 millones de pesos, pagados en dos partes por Fonatur: 400 millones aquel septiembre de 2008 y 803 millones en mayo de 2009.

El presidente López Obrador dijo hoy que esa operación fue por 120 millones de dólares, que en efecto, se aproximan al monto de la operación en pesos al tipo de cambio de 2008, que era de 10.7 pesos.

Hoy, el mandatario se plantea revertir la operación, dado que el predio carece de viabilidad turística, con el fin de invertir los recursos de una posible venta en el desarrollo del proyecto Nuevo Mazatlán.