La desaparición de 12 mil 645 millones de pesos, producto de una ampliación presupuestal a la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2015, cuando Meade Kuribreña era titular de la dependencia cayó mal en todos los frentes cuando en abril de 2018 se publicaron los pormenores de las denuncias que, dentro del propio gobierno de Enrique Peña Nieto, se hicieron por hechos que hasta ahora no tienen una explicación oficial.
Fue en la edición 2164 del semanario Proceso, publicada el 21 de abril de 2018, cuando el caso de los 12 mil 645 millones se dio a conocer, con llamado de portada, verificación de datos en los presupuestos públicos, los documentos emitidos en el seno de la secretaría de Gobernación en los que se acusaba el desvío y una entrevista con el autor de los oficios, Jaime Martínez Veloz.
El escándalo debía ser mayúsculo, pues superaba en cuantía a uno de los escándalos más sonoros del sexenio peñanietista, identificado por la Auditoría Superior de la Federación y que adoptó forma periodística en el reportaje conocido como “La Estafa Maestra”, un exhaustivo proceso de verificación y rastreo de historias detrás de los fríos números, publicado en Animal Político unos seis meses antes, que identificó el desfalco de 7 mil 670 millones de pesos.
Indiferencia. El 22 de abril de 2018, se llevó a cabo el primer debate entre candidatos presidenciales pero el asunto no fue abordado por ninguno de los participantes. López Obrador, para entonces ya sin increpar al gobierno de Enrique Peña Nieto, y Ricardo Anaya, enfrascado en atender las imputaciones que se le hacían por lavado de dinero y concentrado en conseguir una alianza con el PRI, simplemente callaron.
No hubo quien reaccionara al asunto en ningún frente político ni gubernamental, como tampoco lo hubo en junio de 2018, cuando Peniley Ramírez, reportera de Univisión, acreditó con testimonios que los beneficiarios que sí existían no recibieron los recursos y que unos mil pueblos aparecían en registros públicos con más beneficiarios adultos indígenas mayores de 65 años que población total en los mismos pueblos.
En el trabajo de Proceso, se expuso que las anomalías fueron reportadas por Jaime Martínez Veloz al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; también al presidente de la comisión de Asuntos Indígenas, Vitalicio Cándido Coheto, así como al presidente de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Jorge Charbel Estefan Chidiac. Finalmente, acudió a la Auditoría Superior de la Federación con sus denuncias, pero de ninguna instancia, dijo, obtuvo respuesta. Entonces renunció al cargo de Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.

Luego de verificar con documentos y padrones los señalamientos de Martínez Veloz, busqué un posicionamiento de José Antonio Meade, la respuesta de su vocero Eduardo del Río, fue: “lo vemos, te aviso” … sólo se tardó un año y no avisó.
El pasado 23 de abril, José Antonio Meade respondió al menos ocho veces a usuarios de Twitter que le cuestionan sobre el asunto con un mismo mensaje:

“En la nota se confunde un reporte transversal sobre atención a comunidades indígenas con el presupuesto aprobado y ejercido. No hubo ni incremento ni desvió, solamente la confusión, seguramente sin mala intención, de dos fuentes que contenían información diferente (sic)”.
Los trabajos periodísticos tienen por objetivo hacer público lo que a la sociedad compete y, en efecto, tener esa intención no es malo. Aquí el punto es que la explicación de Meade no sólo es tardía, sino insuficiente. Pero es aun peor que la secretaría de la Función Pública, la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación, como en el momento electoral de 2018 cuando se publicó la pieza periodística, se mantengan en silencio sobre la desaparición de los recursos y la invención de millones de personas en los padrones gubernamentales.
Visita www.notassinpauta.com