Bernardo Bátiz V.
Fueron más de 100 los asistentes quienes no sólo hicieron preguntas a los ponentes, sino que también dieron opiniones y expusieron casos concretos en los que en lo personal o lo social fueron agraviados por resoluciones judiciales. Especialmente llamó la atención la intervención de un ex trabajador de la Fundidora de Acero de Monterrey, quien relató el atropello de que fueron víctimas los obreros. Primero por el Poder Ejecutivo de entonces y luego por las resoluciones injustas del Poder Judicial.
Se hizo referencia, y me interesa compartirla, a la afirmación del ministro Juan Luis González Alcántara, según la cual el proyecto en discusión fue una respuesta (o venganza) por la resolución de la Suprema Corte que negó la posibilidad de que la Guardia Nacional en cuanto disciplina, dependiera de la Secretaría de la Defensa; la verdad es que son ya muchas y no todas recientes las resoluciones que han demostrado poca sensibilidad social y criterios formales alineados a la globalización y al neoliberalismo.
Recuerdo que con motivo de la crisis derivada de la aprobación del Fobaproa y la participación en el sistema financiero de los llamados bolseadores, la Corte validó el anatocismo, que no es otra cosa que el cobro de intereses sobre intereses, que tantos abusos permitió. Desde el siglo XII, San Buenaventura condenó el anatocismo como el robo so pretexto del contrato. No se olvida tampoco la negativa de la Corte a la solicitud de consulta popular sobre el intento de privatización del petróleo, cuando dio la espalda a más de 200 mil firmas recabadas por los solicitantes.
Hace poco también, refiriéndose a la propuesta presidencial del 5 de
febrero de este año, la ex presidenta de Argentina Cristina Fernández de
Kirchner afirmó al respecto es francamente revolucionaria
; la
definición pudiera parecer radical para algunos, pero ciertamente,
modificar al Poder Judicial, tanto local como federal, significa un giro
histórico, radical, se trata de un cambio a fondo respecto de un poder
que tiene claras diferencias con el Legislativo y el Ejecutivo; estos
dos son electos popularmente y el Judicial no, para ser presidente,
diputado o senador, no se requiere ninguna especialización ni título
profesional; en cambio, para ser juez o magistrado, la Constitución
exige que sean profesionales del derecho y que tengan una carrera
judicial; además, los otros dos poderes tienen un número determinado de
titulares, en cambio el Poder Judicial está constantemente en
crecimiento, crece la población y es necesario programar nuevos juzgados
y nuevos tribunales, porque al parejo de número de habitantes aumenta
el número de conflictos y litigios.
Para mí no hay vuelta de hoja: la decisión de apoyar la propuesta presidencial la hizo con su voto la mayoría del pueblo; durante las campañas se dieron argumentos en pro y en contra de lo que se denominó el plan C, no me cabe duda de que no será posible como algunos quisieran, dar marcha atrás. La reforma va.
Agrego que también se trata, no sé si consciente o inconscientemente
de una legítima defensa; hemos experimentado en América Latina una forma
de golpes de Estado y de cambios de régimen, para los cuales se logró
debilitar a los poderes ejecutivos mediante intervenciones de las
fiscalías y de los jueces, derrocar gobiernos y cambiar líneas
políticas; se trata de un activismo judicial, conocido en México como litigio estratégico
que se ha empleado para tratar de estorbar y evitar las obras del Poder Ejecutivo.
Como integrante del Consejo de la Judicatura, me tocó conocer de
cerca el caso de los amparos promovidos contra el programa de vacunación
contra el covid. La Secretaría de Salud planeó, como en todo el mundo,
que los niños que son los menos vulnerables y tienen más defensas que
los adultos, fueran los últimos en ser vacunados. Litigio estratégico
organizó una avalancha de amparos, inclusive promovidos a través del Aviso Oportuno
que causó como único resultado un fenómeno de embudo porque fueron
tantos los amparos por lo que los despachos no cobraban, que los
juzgados de distrito se vieron agobiados y los procedimientos se
complicaron como efecto de esa estrategia. No sólo es una revolución, es
una defensa de nuestro gobierno y nuestro pueblo contra un sistema
nuevo de ataque político.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario