8/23/2024

Columnas y opinión del periódico La Jornada viernes 23 de agosto 2024


Ocho de cada 10 personas rechazan el paro judicial // La reforma se votó el 2 de junio, opinan // Error de timing, Claudia podría heredar el problema

Cuando parecía que el actual sexenio terminaría sin sobresaltos, magistrados, jueces y empleados del Poder Judicial se declaran en paro contra la reforma. ¿Tu opinión?

Metodología

El sondeo se efectuó en redes sociales durante la semana terminada ayer. Participaron 2 mil 111 personas. De X 920; de Facebook 461; de El Foro México 209; de Instagram 285 y de Threads 236. Utilizamos la app SurveyMonkey.

X (antes Twitter)

Como se calificaba en la época prianista, un paro loco. Desvalorizado por no acatar su propia reglamentación quienes son garantes de la defensa de normas y leyes y con la sombra de nepotismo y manipulación.
@jai53ser / Puebla

Los jueces no deben ser elegidos por votación popular.
@GustavoMena10015 / Oaxaca

Estoy de acuerdo con el paro porque con ello quedará demostrado que no hacen falta y que quienes lo dirigen no conocen la reforma o conociéndola defienden los privilegios de la burocracia dorada. Un poder así no hace falta.
@duenasdamian / Ensenada

El mundo al revés, peleándose por sus privilegios.
@aguilarfidel1 / Mérida

El Foro México
Los diputados cometieron un error de timing para la reforma. Se empalma con la transición. Si el paro no se levanta en septiembre, será un problema que herede la presidenta Sheinbaum.

Arturo González / Cdmx
Están defendiendo a un Poder Judicial que es de lo más corrupto en México y a unos jueces que no quieren que les quiten sus privilegios, empezando con una Suprema Corte, que hasta ahora acepta que se requiere de una reforma, pero una como ellos la aprueben, sin ceder en nada. La justicia debe ser igual para todos no clasista y racista como siempre ha sido en el país.

Abel Cruz / Puebla
No estoy de acuerdo con el paro, pero falta información, sobre todo para acabar con la insidia de que los trabajadores van a salir afectados.

Ma. Eugenia Rodríguez / Toluca
Estoy de acuerdo, porque evidencian más la urgencia de renovar la SCJN. Hoy se manifiestan, antes avalaban todos los atropellos que se cometían contra la población. Urge erradicar la corrupción.

Luis Ortega / Cuernavaca
¡La Reforma se votó el 2 de junio! No hay reversa.

Luis Jiménez / Coatzacoalcos
Facebook

¡En México no existe la justicia! El cártel de la toga debe ser reformado, no es posible tener tanto nepotismo en uno de los tres poderes de la nación. Familias enteras trabajando juntas, sin contar a los aviadores. La corrupción y la extorsión ahí dentro es la moneda de cambio. Y los magistrados y jueces se dan lujos de aristócratas del más rancio nivel con nuestros impuestos, mientras hay mexicanos que viven con lo mínimo elemental. ¡No es justo! ¡Reforma ya!

Nube Zaa / Oaxaca
Es un ejercicio inédito, pero la corrupción que se vive es terrible. Los primeros beneficiarios son las grandes empresas y el crimen organizado, por ende, limita el desarrollo del país. Claro que ha habido resoluciones individuales de índole laboral, la custodia, alimentos…

Marco Romo / Guadalajara
Es necesario cambiar el Poder Judicial para que México tenga más y mejores oportunidades con una impartición de justicia acorde con lo que el pueblo quiere y por lo que votó.

Ricardo Magallanes / Toluca
Instagram
El paro es una manipulación del grupo que datenta el poder real del país, lidereado por la señora Piña. Queda muy claro que las fuerzas negativas de este país están reunidas en este movimiento.

Roberto Sánchez Ensch / Puebla
Una institución que nació corrupta debe ser reformada; creada para enriquecer a sus integrantes, fingiendo respetar la Constitución atendiendo solamente proyectos y solicitudes de la gente adinerada, encarcelando siempre al que no tiene modo de pagar un bien abogado.

Gustavo Olivares Santos / Veracruz
Threads
El Poder Judicial utiliza a sus trabajadores para proteger los privilegios desmedidos de ministros y jueces. ¡Fuera delincuentes mercenarios disfrazados de impartidores de justicia!
Eduardo Sainoz / Tlaxcala

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Ken Salazar: amenaza injerencista // Se mete en asuntos de México // Por reforma judicial, turbulencia // Amago comercial y económico

El embajador tuvo que cambiar apresuradamente de sombrero o, más en el estilo coloquial, de cachucha. Días atrás era un amable apoyador de las intenciones mexicanas de reformar su sistema judicial, con todo y elección directa de personas juzgadoras, y ayer giró en plan abiertamente intervencionista.

El representante de Estados Unidos en México considera que la elección directa de personas juzgadoras representa un riesgo mayor para la democracia y una amenaza a la histórica relación comercial entre ambos países, además de debilitar la integración económica de Norteamérica y crear turbulencia.

Ken Salazar no ahorró formas de descalificación y amago. La elección de jueces por voto popular podría hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas, además de que no resolverá dicha corrupción judicial ni tampoco fortalecerá al Poder Judicial.

Pero el acento más conminatorio está puesto en lo económico, la relación comercial, la certidumbre de los inversionistas y abiertamente en cuanto al Tratado de Libre Comercio. La turbulencia prevista por Salazar (turbiedad, agitación, desorden, según el diccionario de la RAE) provendrá del debate sobre esta elección de jueces, que continuará durante los próximos años (un aviso de la recurrencia a tribunales internacionales, en largo litigio).

Y advierte temas centrales de la preocupación gringa: México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones. Y, con la propuesta, tal como está, (México) elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados.

A la postura explícita del diplomático del imperio vecino se sumó, en términos menos detallados, el embajador de Canadá en México, quien atribuyó preocupaciones a inversionistas de su país. Graeme C. Clark, muy interesado en precisar que no busca incidir sobre decisiones propias de México, mencionó que la reforma judicial podría afectar el vínculo de confianza entre esos empresarios canadienses.

A las declaraciones embajatorias deben sumarse las advertencias de calificadoras de riesgo, centros bancarios de perspectivas y otras instancias de capital que alertan de sobresaltos por la mencionada reforma judicial.

Todo ello, mientras avanzan con claridad los dos rubros sustanciales de la actual disputa por el destino de la nación: la comisión del Instituto Nacional Electoral, que debía dictaminar para que en sesión plenaria los consejeros debatan y voten, lo que debe suceder hoy, ya ha adelantado su respaldo a la integración del Congreso con holgada mayoría calificada para Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y con una aritmética muy propicia (a dos o tres votos) en el Senado.

Tal poderío legislativo de la llamada Cuarta Transformación, derivado legítimamente de las urnas del pasado 2 de junio, le otorga la facultad de proponer y aprobar reformas constitucionales en la Cámara de Diputados sin necesidad de negociaciones con opositores (en el Senado sí será necesario recurrir al mercadeo, con suficientes marchantes opositores muy predispuestos).

La principal reforma a aprobar, que constituyó una oferta de campaña y luego un mandato electoral, es la judicial, con todo y elección de jueces por voto directo. Pero a esa imperativa derivación de las urnas se resisten instancias extranjeras, fuerzas del mercado y una oposición que en su despecho es capaz de apoyar intervencionismos como el encabezado por el injerencista embajador Salazar.

Y, mientras este fin de semana se reúnen en la Ciudad de México representantes de ultraderecha, en la trumpista Conferencia Política de Acción Conservadora, sin la estridencia del argentino Javier Milei, cada vez más entrampado en su país, ¡hasta el próximo lunes!

X: @julioastillero, Facebook: Julio Astillerojuliohdz@jornada.com.mx

AMLO: oficio a Norma Piña // SCJN, tardanza injustificada // ¿Para cuándo la respuesta?

Ciega, sorda y muda sólo cuando le conviene, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña, ya no puede fingir demencia sobre los eterna cuan artificialmente congelados expedientes del evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego, los cuales, desde los tiempos de Vicente Fox, han transitado por todas las instancias judiciales que la ley establece, y en todas el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha resultado vencedor. Y no se trata de una bicoca, sino de alrededor de 63 mil millones de pesos, mismos que, con la ayuda de la cúpula del Poder Judicial, permanecen impagos.

Ante tal tortuguismo (por decirlo amablemente) de la SCJN, el pasado miércoles el presidente López Obrador informó que por medio de la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, enviaría un oficio a la ministra Piña, a fin de que resuelva sobre los citados expedientes, especialmente uno que implica un adeudo fiscal por 35 mil millones de pesos. Ella lo tiene, lo recibió y no le ha dado trámite, reveló el mandatario.

Pues bien, tal oficio fue entregado en la SCJN a las 18:25 horas del 21 de agosto y en él se subraya; nos dirigimos a usted con gran preocupación debido a la tardanza injustificada en turnar los amparos directos en revisión con números 5654/ 2024 y 6321/ 2024, recibidos para su tramitación por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en los días 4 y 12 de julio del año en curso, respectivamente. A la fecha, el área de trámite a su cargo ha sido omisa en resolver lo conducente.

Agrega: los citados asuntos corresponden a créditos a favor del fisco federal por omisiones de contribuciones de los ejercicios fiscales de 2008 y 2013 sobre los que han transcurrido más de dieciséis y once años en litigio, respectivamente, además de haber cursado todas las instancias legales, que incluyen la resolución por los tribunales colegiados de circuito a favor del Estado por un monto que asciende a más de 35 mil millones de pesos, recursos a los que la Federación y el pueblo de México tienen derecho a acceder y que les han sido negados por un indebido abuso de los aletargados procesos de los órganos encargados de impartir justicia, cuando por mandato constitucional deben ser prontos y expeditos.

Y sigue: es imperioso señalar que la conducta dilatoria en la que incurre el área de trámite a cargo de su presidencia, al no emitir pronunciamiento respecto de los asuntos citados, constituye una acción de ilegal protección a las conductas de defraudación fiscal de aquellos que reiterada y obscenamente han faltado a sus obligaciones contributivas por décadas, cobijados en el intricado andamiaje y actuar del Poder Judicial de la Federación y es violatoria del artículo 17 constitucional.

De pilón, el citado oficio le recuerda a Norma Piña que estos asuntos ya fueron tratados por un ministro de esta Corte (Luis María Aguilar Morales, cancerbero de Salinas Pliego), quien demoró más de ocho meses para presentar su proyecto (y ese ministro solo los liberó tras ser denunciado públicamente por su oscuro proceder), asuntos sobre los cuales finalmente se resolvió que no reunían los requisitos para ser resueltos por la SCJN, por lo que se remitieron al tribunal colegiado de origen. En síntesis, el máximo tribunal del país al servicio de la oligarquía.

En otro orden, López Obrador dijo que quienes están en paro saben que no pueden detener el funcionamiento del Poder Judicial, pero a quien corresponde atender esto es a la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, Norma Piña, o lo que es lo mismo, una de las organizadoras del… paro.

Por cierto, la presidenta electa envía un atento saludo a esos paristas y a sus titiriteros: es poco ético cobrar el salario (jueces, magistrados y ministros) si se declaran en huelga de brazos caídos ¿Cómo se van a paro y siguen cobrando 150 mil pesos mensuales? (en el caso de los jueces, porque en el de los ministros son palabras mayores), y dice que independientemente de que es un movimiento no legal, si se realizara una encuesta entre la población, creo que 90 por ciento diría: se van a paro, sí, pero que no cobren el sueldo.

Las rebanadas del pastel

Con la cuchara grande: del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, se destinarían 7 mil 354 millones de pesos para financiar a partidos políticos, 16 por ciento más, en términos reales (48 por ciento en términos nominales) a lo que recibieron en 2019, es decir, al año siguiente de la elección presidencial de 2018.

X: @cafevegacfvmexico_sa@hotmail.com

Posibilidad de la teoría crítica, según György Márkus / IV

La unidad dialéctica de sujetos individuales y colectivos, expresada en la entrega anterior como una comprensión modificada de la intersubjetividad en las obras tempranas de Marx, se descompone en sus trabajos tardíos en “un determinismo de los sujetos empíricos y un finalismo (teleología) del sujeto colectivo (o la humanidad como el sujeto del ‘progreso’ histórico), señala György Márkus (GM). “Este dualismo se reproducía constantemente bajo las formas polarizadas del cientificismo positivista y de la filosofía de la praxis. Incluso la transformación más importante dentro de la teoría marxista –el remplazo tácito del proletariado como único vehículo del cambio revolucionario por la ‘humanidad’ encarnada en el mundo de los valores y las objetivaciones culturales, realizado por muchos representantes del marxismo occidental (el Lukács tardío, Benjamin, Adorno, Marcuse, etcétera), dejó intacta esta estructura básica”. La consolidación de la sociedad neocapitalista hizo que la perspectiva de una revolución basada en la inseguridad de la simple subsistencia se volviera en su mayor parte irrelevante para las realidades de las sociedades occidentales desarrolladas. El surgimiento de movimientos con objetivos radicales convirtió la cuestión de las motivaciones radicales en un asunto de orientación política directa. La posibilidad de la teoría crítica (TC) volvió a ser una cuestión; la ‘crisis’ del marxismo es ahora abierta y explícita, sostiene GM. Es necesario considerar que Language and Production fue publicado en 1986, cuando el derrumbe de la civilización capitalista y de toda civilización por el calentamiento del planeta no estaba todavía en la conciencia colectiva. La sobrevivencia no estaba en riesgo, como lo ha vuelto a estar ahora. Volviendo con GM, éste pregunta ¿cómo es posible conciliar el postulado teórico de un historicismo radical con la exigencia y la actitud prácticas de una trascendencia radical respecto a la etapa presente de la historia? Responde que “una teoría de la revolución social es posible sólo si logra vincularse con la realidad actual no sólo como objeto de análisis y explicación, sino también como sujeto, a la vez limitado-‘condicionado’ y activo- poiético, caracterización dual-unificada de ‘ sufriente’ y ‘ combatiente’. Sólo así se puede desarrollar, a partir de la realidad existente, la realidad verdadera como su deber, como su fin último”. Continúa GM: “La TC adopta un supuesto empírico real: la existencia en la sociedad de ‘fuerzas subjetivas radicales’ que reconocen en la TC la articulación de sus propias aspiraciones, que no pueden ser satisfechas bajo las condiciones de vida imperantes”. El marxismo, añade GM, volvió a ser (desde La ideología alemana) una teoría en el sentido clásico de la palabra, una teoría de la realidad social como una ciencia determinista de la reproducción social y una teoría finalista (valorativa) del progreso histórico. La radicalización que GM propone del paradigma de la producción (PP) significa que la precondición trascendental de la posibilidad de una TC es la existencia, la realidad empírica ‘vivida’ de necesidades radicales (NR) que, en su contenido, ‘trascienden’ el presente y apuntan hacia una nueva organización social y nuevas formas de vida. La explicación de las N como efectos de una estructura social y su interpretación como potencialidades de su transformación, se unifican en la teoría en la presentación de las NR como factores causales de las disfunciones (sentidas y eliminables) de la sociedad.

Las NR también condicionan el contenido conceptual de la TC en la medida en que la distinción entre ‘condiciones materiales’ y ‘relaciones sociales’ sólo se puede trazar en función de ellas. Las ‘condiciones materiales’ son los elementos de la vida social que, en relación con las N, representan una precondición necesaria de la vida humana, tienen el significado práctico de una objetividad indiscutible no investida de valor. Las ‘relaciones sociales’ son los mecanismos institucionales que regulan la reproducción de las condiciones materiales y que pueden ser cambiados, y por ello tiene sentido cuestionarlos y desafiarlos, en cuanto a su carácter bueno o malo, justo o injusto. La validez de la TC presupone el cumplimiento tanto de la pretensión teórica de ofrecer un modelo ‘confirmable’ de reproducción de la totalidad social desde el punto de vista de sus tensiones y disfunciones estructurales, como de la pretensión práctica de apuntar a una alternativa de organización social tal que los sujetos a los cuales se dirige puedan reconocer en ella la expresión de sus propias aspiraciones. El PP implica la presuposición práctica de que el terreno más decisivo está constituido por la organización económica productiva. La TC no puede construir su propio sujeto, sólo puede evocarlo, y aunque está fuera de su alcance garantizar el éxito de un diálogo práctico con sus posibles sujetos, “puede abrir, volver imaginable, un futuro alternativo, tratando así de dar voz a la miseria muda del presente y transformarla en aspiraciones radicales conscientes. La pretensión de validez de la TC es ante todo práctica, una apuesta a la continuidad y a la fecundidad del diálogo, del ‘proceso de aprendizaje’ y no a la inmutabilidad de una doctrina verdadera”. La TC, continúa GM, al analizar el presente desde el punto de vista de un alternativa social futura basada en la interpretación de NR definidas, tiene que pensar y probar esta perspectiva práctico-histórica bajo el postulado de su posibilidad de universalización, de su capacidad de conducir la unificación práctica del género humano”. No puede existir garantía, añade GM, de la compatibilidad y coherencia mutuas de todas las NR que cuestionan ‘legítimamente’ el sistema existente al expresar sufrimientos humanos reales y, en principio eliminables. Si uno toma en serio la idea de que la pluridimensionalidad del individuo es una NR en las sociedades industriales actuales, entonces la pluralidad de sujetos radicales tiene que presentarse para la TC no sólo como una posibilidad empírica, sino también como un postulado confirmado. Si la pluralidad de valores se plantea como valiosa en sí misma, entonces la unidad del género humano ya no se puede pensar ni bajo la categoría de un sujeto ni bajo la noción de un consenso alcanzado (que una teoría única pudiera prefigurar en abstracto). Por el contrario, tal unidad se tendría que entender como el proceso continuo de un diálogo ininterrumpido, basado en la solidaridad práctica y la tolerancia creativa, entre diferentes culturas y formas de vida. La TC que articule esta perspectiva no puede asumirse como la teoría de la emancipación; para ella, la pluralidad de teorías radicales no es algo lamentable que habría que superar, sino una precondición de emancipación (puesto que es la articulación de ‘intereses emancipatorios diversos’) –si es que un diálogo de solidaridad entre distintos puntos de vista puede ser posible.

www.julioboltvinik.orgjulio.boltvinik@gmail.com.mx

De presuntos santos

Está bien documentado que el papa Pío XII miró hacia otro lado cuando el nazismo asesinaba y/o explotaba a millones de judíos, católicos, homosexuales y ciudadanos de los países que ocupaba. También, que algunos conventos dieron refugio a nazis que luego migraron a España y Sudamérica.

También aparecen más testimonios que muestran cómo él y otras personalidades del Vaticano conocieron oportunamente los abusos que cometía Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Y los ocultaron.

Recientemente, el influyente diario italiano Corriere della Sera publicó parte de los documentos desclasificados sobre el papado de Pío XII. En ellos se demuestra cómo los protectores de Maciel en el Vaticano modificaron y minimizaron en 1956 las acusaciones que desde 1944 había contra el cura mexicano.

A partir de 1956, la protección de Maciel se mantuvo por una red de influencias y un alfabeto secreto empleado para ocultar las denuncias que incluían abusos a menores, vínculos con mujeres, hijos ilegítimos y uso de drogas. Terminó en 2006, cuando la presión pública y las denuncias acumuladas obligaron al papa Benedicto XVI, que lo había protegido, a separarlo del sacerdocio.

Por mirar hacia otro lado para no ver los crímenes del nazismo, fracasan todos los intentos por declarar santo a Pío XII. Inexplicablemente, sí lo es Juan Pablo II, el mayor protector de Maciel, gracias a la decisión de quien lo sucedió como jefe máximo de la Iglesia católica: Benedicto XVI, que bien conoció (pero ocultó) los delitos cometidos por aquel al que alguna vez sus seguidores calificaron de santo.

Hay otros presuntos santos. Por ejemplo, hace dos décadas, los integrantes más retrógrada de la Iglesia española, encabezados por el arzobispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal de ese país, buscan elevar a los altares a otra controvertida figura: Isabel I de Castilla (1451-1504).

En un foro reciente celebrado en Madrid con la crema y nata de los ideólogos de la ultraderecha mundial, Argüello abogó nuevamente por beatificarla. Vano intento, porque no se olvida que la monarca expulsó a los judíos y promovió la Inquisición.

EDITORIAL 
Conforme se acercan el inicio de la próxima legislatura y la votación de la iniciativa de reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, arrecia la embestida de los grandes beneficiarios de la judicatura plutocrática y antinacional a fin de descarrilar el cumplimiento de la voluntad popular expresada en las urnas.

Bancos, agencias calificadoras y otras compañías trasnacionales han emitido comunicados que sólo pueden leerse en clave de extorsión y amenaza, en los cuales advierten de supuestas consecuencias catastróficas de esa reforma para las perspectivas económicas de México.

Entre las expresiones de rechazo se encuentra la del Consejo de Empresas Globales (organización integrada por las y los presidentes y directores generales de 63 grandes empresas que operan en distintos países y que tienen una sólida presencia en México, de acuerdo con su propio portal), el cual advirtió que el intento de sanear al Poder Judicial de la corrupción que lo carcome supone riesgos de la certeza jurídica para invertir en el país y de ahuyentar las oportunidades de nuevos negocios.

En conjunto, la guerra propagandística en contra de la reforma constituye la mejor demostración de para quién trabajan y a quiénes consideran sus patrones quienes se empecinan en cerrar el paso a la elección democrática de jueces, ministros y magistrados: no para el país ni para los ciudadanos, sino para los dueños de grandes capitales locales y foráneos.

Basta con un botón de muestra para ilustrar el daño que el Poder Judicial le hace a México por la complicidad de sus integrantes con los potentados: la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiene desde hace más de un mes dos casos que impiden al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobrar 35 mil millones de pesos a un conglomerado cuyo dueño se proclama abiertamente a favor de evadir impuestos.

La transgresión ética es inocultable, ya que una sola persona niega al país los recursos que le corresponden pese a que la firma en cuestión ya perdió los amparos interpuestos ante la justicia federal e incluso ante la Segunda Sala del máximo tribunal.

No es casualidad que el citado consejo agrupe a farmacéuticas, productoras de agrotóxicos y organismos transgénicos, bancos, así como una gran proporción de petroleras y representantes de la industria eléctrica. Se trata de algunos de los sectores que han obtenido pingües ganancias a expensas del erario y de los mexicanos de a pie gracias a la complacencia de los togados con las contrarreformas lesivas aprobadas durante el ciclo neoliberal, y a su activa militancia en contra de los esfuerzos del actual gobierno para corregir un orden jurídico diseñado para el enriquecimiento ilimitado de unos pocos a costa de las mayorías.

En este contexto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, convocó a una conferencia de prensa de último minuto en la que leyó el que quizá sea su más imprudente e inadmisible mensaje al frente de la sede diplomática: tras asegurar que la eventual aprobación de la iniciativa representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de nuestras economías bajo el T-MEC, llamó a los legisladores a modificarla e incluso amagó con controversias y acciones por parte de su país si se aprueba en sus términos actuales.

Los integrantes del Congreso de la Unión deben rechazar en los términos más enérgicos la injerencia de los poderes fácticos en su labor, y el Estado mexicano ha de tomar las medidas pertinentes a fin de evitar la repetición de dislates injerencistas como el que profirió ayer el embajador Salazar. Para la sociedad mexicana, queda más clara que nunca la urgencia de reformar al Poder Judicial y de remover a los juzgadores que conspiran contra los nacionales y el bien común

Sobrerrepresentación de diputados no existe

El Instituto Nacional Electoral (INE) se prepara para otorgar la mayoría calificada a la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Cámara de Diputados con un total de 364 curules, de las cuales 236 serán asignadas a Morena, 77 al Partido Verde y 51 al Partido del Trabajo. Ahora, en contra de lo que asegura la oposición, no creo que haya una sobrerrepresentación de Morena y sus aliados.

Uno de los argumentos de los quejosos es que hay una mayoría desproporcionada de los partidos ganadores, ya que Morena les entregaría espacios plurinominales a los otros institutos políticos porque van en coalición; en consecuencia, demandan que las autoridades electorales entreguen las curules por partido, mas no por coalición, pero pierden de vista el artículo 54 de la Carta Magna.

Lo que considero es que el INE realizó una interpretación prestidigitada, es decir, no se ajustaron literalmente a la interpretación constitucional, puesto que el mismo artículo 54 numeral I indica que la asignación de diputados por representación proporcional sólo será asequible si los partidos presentaron candidatos en al menos 200 distritos electorales, lo que sólo cumplió Movimiento Ciudadano.

Axel Abraham Pensamiento Mendoza

La oposición olvidó el Pacto por México

En 2024 la alianza de Morena, PT y Verde tendrá una mayoría calificada, como la que tuvieron de facto el PRI, el PAN y el PRD durante el gobierno de Enrique Peña Nieto quienes en 2012 crearon el llamado Pacto por México, que con las reformas educativa, energética, financiera y en telecomunicaciones modificaron las leyes y la Constitución y México no se fue a una dictadura totalitaria.

Ojalá que los actuales cínicos agoreros, que se dicen guardianes de la democracia, lo recordaran.

La diferencia entre estas dos mayorías calificadas es que a la de 2024 le gusta al muy mayoritario y mal llamado populacho, pero no a los poderosos magnates del dinero, ni a las calificadoras internacionales de inversiones, que ya iniciaron su campaña contra el gobierno buscando desacreditarlo, generar una devaluación de nuestra moneda y los subsecuentes e inevitables incrementos en la inflación que obviamente afectaría especialmente al pueblo de México.

¿Qué sigue? No lo sé. Sólo espero que frente al cuestionamiento quevediano ¿y qué con la gente pobre y jodida del país? No venga la tradicional y acostumbrada respuesta fáctica de los poderosos caballeros de don dinero: pues que se jodan.

Ernesto Arnoux

Cada día se demuestra la urgencia de la reforma al Poder Judicial

Una cosa es tener derecho a manifestarse como dijo el Presidente: es un derecho y garantía constitucionales, y otra es faltar al trabajo. La ilegalidad de un paro o movilización, no reprime manifestarse, los opositores lo hacen cada rato, pero sí violenta el derecho laboral cuando se descuida la plaza.

Los paristas pueden ser despedidos por haber abandonado, al no asistir, sus labores. Como los trabajadores no contaron con el apoyo del sindicato, éste no puede defenderlos. Fueron impelidos desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que demuestra, una vez más, que ese poder está en manos muy menores y un cambio es urgente.

Tere Gil

Apremian a atender el conflicto en San Juan Lalana, Oaxaca

Los abajo firmantes condenamos enérgicamente el secuestro de tres mujeres indígenas chinantecas de la ranchería Cerro Cajón y la destrucción de los hogares de las familias evangélicas en ese pueblo.

Dichas acciones se suman a una serie de agravios y violación a los derechos humanos más elementales de la población evangélica de la comunidad de San Juan Lalana.

El conflicto en Cerro Cajón ha escalado a niveles inaceptables, ya no sólo porque tiene lugar en la tierra de Benito Juárez, el promotor del laicismo y el respeto a la libertad de culto, sino porque con mucho tiempo los representantes tanto de la Iglesia Cristiana Interdenominacional como de la Confraternidad de Pastores de Oaxaca advirtieron los riesgos.

Este problema, como lo ha reconocido el propio arzobispo de Antequera, Pedro Vásquez Villalobos, fue provocado por integrantes de la Iglesia católica del lugar y requiere atención urgente, por lo que instamos a las autoridades municipales, estatales y federales a resolverlo antes de que acontezca una desgracia mayor.

Es tiempo de que las autoridades cumplan el mandato para el que fueron electas: hacer vigente el estado de derecho.

Porfirio Flores Zíñiga, Carlos Martínez García y 67 firmas más

Invitaciones

Presentan la obra de teatro El pequeño dragón

Juguito de Uva Teatro, presenta la obra: El pequeño dragón. De Lise Vaillancourt. Traducción Boris Schoemann y Elena Guiochíns. Producción y dirección: Carlos Rangel.

Funciones: los sábados del 17 de agosto al 7 de septiembre a las 12 horas, en el Centro Cultural El Hormiguero (ubicado en Gabriel Mancera # 1539, colonia del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez) teléfono: 55 51 31 57 53.

Dos por uno los jueves, a quien adquiera sus boletos en la página: boletopolis.com

30 por ciento de descuento a estudiantes, maestros, INAPAM y vecinos de la alcaldía Benito Juárez

Cine debate

La Casa del Obrero Socialista Antonio Vital (COSAV), les invita a asistir a la tercera función del "Segundo Ciclo de cine debate mes del cine mexicano". Se proyectará la película Roma de Alfonso Cuarón. Viernes 23 de agosto las 17 horas, en nuestras instalaciones, ubicadas en Antonio García Cubas 122 A, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, cerca del metro San Antonio Abad. Recuerda traer tu toper para palomitas. Entrada gratuita.

Esta actividad se llevará acabo todos los viernes a la misma hora en el mismo lugar.

Coordinador General de la COSAV

 

Para reflexionar sobre los estados realmente existentes, es necesario dejar de lado ideologías y juicios previos para centrarnos en lo que verdaderamente están haciendo o dejando de hacer, en su relación con los pueblos originarios, negros y mestizos. Pensar el Estado desde lo que el Estado viene haciendo en los últimos años, es mucho más útil que remontarnos a teorías que, a menudo, parten de otras teorías abstractas que no interactúan con la realidad.

Días atrás la revista Science difundió un estudio sobre el acceso de la población mundial al agua potable: alrededor de 55 por ciento de la población del mundo no tiene acceso al agua potable segura, o sea 4 mil 400 millones de personas que viven mayoritariamente en los países del Sur global. La contaminación fecal afecta a casi la mitad de la población de zonas de ingresos bajos y medios, reza el informe comentado por El País , lo que causa más de medio millón de muertes al año por diarreas (https://goo.su/8zgGpzl).

Del total, mil 200 millones viven en el sur de Asia, casi 950 millones en África subsahariana, unos 850 millones en el este de Asia, casi 500 millones en el sudeste asiático y más de 400 millones en Latinoamérica y Caribe. ¿Qué hacen los estados para solucionar semejante drama? La respuesta es: poco o nada.

En realidad, se limitan a promover el extractivismo/acumulación por despojo (minería, monocultivos, grandes obras de infraestructura, especulación inmobiliaria, etcétera) que no hacen más que agravar el caos climático y la escasez de agua para quien no pueda pagarla.

Aunque el estudio mencionado no recoge datos del Norte global ni de algunos países del Sur como Chile y Uruguay, sabemos que en esas regiones existen enormes desigualdades en el acceso al agua. En grandes ciudades de América Latina como Buenos Aires, San Pablo y Ciudad de México, existen barrios enteros con agudo déficit de agua, cuestión que no está siendo atendida por los estados.

En el país donde vivo, Uruguay, siempre hubo abundancia de agua potable de excelente calidad. Pero en los últimos 30 años el deterioro ha sido evidente, al punto que hoy el agua que consumimos no es segura. Ninguno de los gobiernos de estas tres décadas, donde se han turnado progresistas y conservadores, tomó en serio las consecuencias de los monocultivos y de la ganadería que son los responsables de que todos los ríos estén contaminados.

Los estados se están limitando a facilitar la acumulación por despojo, de muy diversos modos. El sociólogo William I. Robinson sostiene en reciente artículo que en esta era del capitalismo global, el sistema produce una multiplicación históricamente sin precedentes de humanidad excedente, personas demasiado numerosas para ser útiles al capital como ejército de reserva, incapaces de consumir, inquietas y en constante movimiento (https://goo.su/9IzjUX). Para contenerlas, porque los de arriba ya no aspiran a integrarlos, se acude al Estado policial global cuyo objetivo final contingente es el exterminio.

Estamos, entonces, ante estados para el exterminio, cuyo mayor ejemplo es Gaza, que para Robinson aparece como una forma de acumulación primitiva a través del genocidio. Es el espejo en que el resto de la humanidad deberíamos mirarnos.

Lo importante es comprender que estamos ante una realidad estructural, que ya no depende de quién gobierne, o sea quién administra el Estado, que de eso se trata el arte de gobernar. Aunque nos venden cambios, tanto la derecha como la izquierda cuando están arriba se limitan a gestionar lo que existe. Y lo que existe es el despojo, las guerras para el despojo.

Lo anterior no quiere decir que no existan alternativas, sino que no podemos seguir confiando en los estados para que provean los servicios que les corresponden. Mientras en la Ciudad de México varios barrios siguen sin agua porque se privilegia a las zonas de alta renta y a las industrias, en La Polvorilla (Comunidad Habitacional Acapatzingo) la comunidad organizada ha conseguido su autonomía de agua a través de la construcción de tres fuentes diferentes. No dependen del irregular servicio estatal.

El gran problema que enfrentamos es que la inmensa mayoría de la población, por lo menos en nuestro continente, sigue confiando en los estados y en los gobiernos para resolver sus problemas más urgentes. Cuando no lo hacen y toman las riendas del agua, como hizo Pueblos Unidos en la región de los volcanes de Puebla, la respuesta del Estado es la represión para que la multinacional Bonafont retome las fuentes.

Incluso en las grandes ciudades, el escenario más difícil para los sectores populares, es posible avanzar en las autonomías de todo tipo si somos capaces de organizarnos y mirar lejos, rehuyendo el inmediatismo y sorteando las trampas estatistas del sistema. Es posible, pero para hacerlo es necesario navegar contra la corriente, desafiar la rutina y el desorden capitalista, en particular el que replicamos a diario con total indiferencia.

Sueña la oposición con una ruptura entre el Presidente saliente y la mandataria entrante, tal vez a la manera en que Echeverría le cargó a Díaz Ordaz y a los misteriosos emisarios del pasado la responsabilidad –que él compartía– por la represión de 1968. Pero aquí no hay deslindes necesarios, porque no hay crímenes de Estado, como en aquella época. Sin embargo, los opositores están seguros de que, una vez terminado su periodo presidencial, Andrés Manuel López Obrador no logrará reprimir su protagonismo, como no lo logró Luis Echeverría, razón por la cual su sucesor lo envió de embajador a unas islas situadas al otro lado del mundo. Y es que siguen sin poder creer que para AMLO la política es un medio y no un fin en sí, un instrumento de transformación y no un escaparate para el lucimiento, por más que su empeño y la circunstancia que ha vivido se lo otorgaron sobradamente.

Sueña la reacción opositora con que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tendrá que dedicarle la primera mitad de su sexenio a poner distancia y a enviar reprimendas implícitas a su antecesor, como lo hizo Miguel de la Madrid con respecto a José López Portillo, quien le dejó el país hecho un desastre, circunstancia que se repitió al terminar el gobierno de De la Madrid. Carlos Salinas no tuvo que emprender acciones decisivas para eclipsarlo, no sólo porque De la Madrid vivió siempre eclipsado, sino porque su principal preocupación era remontar la falta de legitimidad derivada del fraude que lo encaramó en la Presidencia en 1988.

Otra transición de ensueño para este 2024 habría sido, a ojos de los odiadores de la 4T, la que ocurrió entre Salinas y Ernesto Zedillo con el telón de fondo de la insurrección del EZLN y los estremecedores asesinatos políticos que todo mundo leyó como expresión de ajustes internos en el seno del grupo gobernante; esa transición fue, para colmo, el precedente inmediato de un desplome económico sin precedentes (ustedes nos dejaron la economía colgada de alfileres, reprochaban los zedillistas a los salinistas; “sí –contestaban éstos–, pero ustedes quitaron los alfileres”). Aquello acabó con un Salinas de Gortari en el bote, con más homicidios (y suicidios dudosos) de políticos y funcionarios priístas y una ruptura interna tan irremediable que en la elección siguiente el candidato priísta perdió la Presidencia. La única línea de continuidad entre esos dos gobiernos fue la perversa y obsesiva estrategia privatizadora que, una vez agotados los bienes públicos, terminó convirtiendo en públicas las deudas privadas.

Por desgracia para esos soñadores reaccionarios esta vez no hay insurrección –a menos que pretenda considerarse tal el esperpéntico paro de labores que un sector de funcionarios y empleados del Poder Judicial realizan en defensa de sus prebendas ilegítimas o, peor aun, de las de sus superiores. No hay apocalipsis económico, por más que calificadoras, consorcios financieros y el embajador Ken Salazar agiten el espantajo de una crisis –o, cuando menos, de una caída del comercio– como resultado de la instauración del método electoral para escoger a jueces, ministros y magistrados. Vaya, pues: ¿tan catastrófica puede ser la democracia? ¿Y qué dirían Salazar y sus jefes si el gobierno mexicano y sus representantes le aconsejaran a los legisladores estadunidenses que supriman el antidemocrático Colegio Electoral y que instauren el voto directo?

En otro frente, tras fracasar en su intento por adjudicarle a Claudia Sheinbaum una ilegitimidad como la que padecieron Salinas, Calderón y Peña –los dos primeros, por robarse la Presidencia, el tercero, por comprarla–, los desconsolados opositores trataron de impedir al menos que la 4T tuviera la capacidad de llevar la regeneración nacional al texto constitucional y, con ese propósito, quitarle la mayoría calificada que la voluntad popular le otorgó. En ese afán han tocado al antes intocable INE, han ensayado toda clase de piruetas para decir que en realidad la Carta Magna no dice lo que dice, sino otra cosa (vaya que les encantaría instituir un Rubén Aguilar constitucional que aclare: “lo que quiso decir la Constitución es…”).

Finalmente, la oposición se agranda en alianzas, pero se achica en respaldo popular: ya es claro que cuenta con el apoyo activo del gobierno de Joe Biden –sea vía los subsidios oficiales al membrete de Claudio X. González o mediante la indecente intromisión del embajador Salazar en el proceso de reforma judicial–, pero la marea rosa ha pasado en las calles de las decenas de miles a los centenares de asistentes. Así las cosas, una de las últimas ilusiones de estos soñadores del desastre es que el segundo gobierno de la 4T traicione sus promesas de campaña –como lo hicieron de manera sistemática los últimos ocho presidentes prianistas– y deje de lado sus compromisos. porque así lo exigen la burocracia judicial, las cúpulas patronales, un puñado de trasnacionales depredadoras o un diplomático metiche.

Hasta en sus sueños se equivocan. No entienden que México dejó atrás hace ya seis años la condición de oligarquía colonizada.

En México, la sucesión del poder presidencial hasta el reciente éxito de Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 2 de junio, confirmado por el órgano jurisdiccional el jueves 15 de agosto, está considerada como el asunto público más trascendente de la política nacional.

Los analistas casi siempre explican la sucesión presidencial independientemente de que se haya realizado o no de manera democrática, a través de ciertas tipologías o versiones que no caminan más allá de innegables verdades a medias: un proceso cerrado y cupular; una decisión política ajena a reglas escritas que finalmente no modifican el modelo inmediato precedente de acumulación y reparto de la riqueza.

El modelo de sucesión presidencial teniendo como protagonistas a los candidatos triunfadores del PRI y PAN fue ante todo una forma de hacer política y una manera de concebir el país y sus problemas, y su legado seguramente enraizó no sólo en el proyecto de Estado neoliberal que padecemos todavía, sino en las prácticas más antidemocráticas del ejercicio del poder. Como se puede documentar de manera inobjetable periodo tras periodo, sucesor tras sucesor desde 1920 hasta 2012 los presidentes electos en la transmisión del cargo tuvieron un discurso democrático primario, un solidarismo social retórico y una convicción autoritaria por pretender ser los únicos conductores con su partido político y camarillas, que podrían trasladar a mejores momentos los destinos de la nación. El acercamiento a la sociedad siempre fue solamente en el discurso.

Como todos hemos comprobado, el larguísimo proyecto de poder político y económico que se inicia en 1920 y termina en 2018 no pasó de ser un propósito contrario a tres asuntos básicos: al respeto de los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad; a prácticas democráticas y, a una administración pública honesta y transparente. Hace seis años, al fin la mayoría de la ciudadanía mexicana se fastidió de esa forma de gobernar. Por ello, hizo morder el polvo a PRI, PAN y PRD causándoles una derrota contundente en las dos últimas elecciones presidenciales.

En la sucesión de 2024, las maniobras legales e ilegales para derrotar a Morena y aliados se estrellaron ante la histórica decisión del presidente López Obrador de ser fiel durante todo su gobierno a una profunda convicción: Por el bien de todos, primero los pobres.

El país vive en un proceso de reformas que tratan de hacer realidad las demandas históricas de la población en cuanto a salud, educación, salario suficiente, vivienda, empleo. Demandas incumplidas y que provienen desde hace décadas y que gobierno tras gobierno hicieron a un lado incrementando la frustración social y la pobreza. Durante los últimos años se han convertido en los objetivos del programa de gobierno de AMLO. Es el suyo el mayor intento desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, por hacer realidad esas demandas populares. La legitimidad de su acción gubernamental descansa en su cumplimiento y en la transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como al rescate de las empresas públicas que simbolizan los mejores paradigmas de nuestra historia: Pemex y CFE. Pero, lo más novedoso es la experiencia reciente que están inaugurando el presidente saliente y la presidenta electa. Es un rompimiento con todo lo conocido sobre la transmisión del poder presidencial en México. Durante las últimas 10 semanas han llevado a cabo un ambicioso recorrido, denominado transición en terreno, que ha permitido a ambos líderes políticos revisitar juntos las 32 entidades federativas del país. Nunca una transición del poder presidencial se había preparado de manera cercana y directa con la ciudadanía.

Es inédito en la historia independiente de México que se haga explícito un proyecto político de continuidad entre un presidente saliente y su remplazo en el Poder Ejecutivo federal. Estamos ante un escenario histórico donde el índice de fidelidad a un proyecto que está culminando es proporcional a la fuerza política de su representación en todo el territorio de la nación y en la integración del futuro Congreso. Con la secuela de las próximas reformas constitucionales es muy probable que se estén consolidando los pasos institucionales para la necesaria y profunda modernidad del Estado mexicano contemporáneo. Ni maximato, ni dictadura. Simplemente estabilidad y democracia.

El impacto de la victoria de Sheinbaum construyendo en los próximos años el segundo piso de la actual transformación confirmará únicamente, que una elección libre e independiente como lo fueron los comicios recientes, más una relación estrecha con la sociedad es la mejor garantía del buen funcionamiento del nuevo régimen político mexicano.

* Sociólogo e historiador. Investigador titular del Iisunam

México es una nación altamente urbanizada, cuenta con 92 metrópolis, de las cuales 13 tienen más de un millón de habitantes (2020). En el conjunto de metrópolis se concentra 65 por ciento de la población del país (más de 82 millones de habitantes). Se trata de lugares con ventajas de localización sobre el resto de las ciudades, al ser centros de atracción con mejores condiciones de vida por la diversidad de empleo y por la oferta de equipamiento y de servicios; al mismo tiempo enfrentan grandes retos: un patrón de crecimiento desordenado, en especial en las periferias, deficiencias y rezago en la dotación de servicios, y suelen padecer de insuficientes recursos financieros para afrontar las demandas sociales.

Para la identificación y delimitación de las metrópolis de México, en 2020 se hizo un ejercicio técnico e interinstitucional entre la Secretaría de Desarrolllo Agrario, Teritorial y Urbano (Sedatu), el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se tomaron en cuenta elementos comunes de casos del contexto internacional y, aunque cada país define características de urbanización diferentes, fue muy enriquecedora la exploración de las metodologías usadas en países emergentes como Brasil, Chile y Colombia, así como en naciones desarrolladas con mayor experiencia en estas delimitaciones, como Canadá, Estados Unidos, Francia y Japón. Uno de los criterios recurrentes es el tamaño y la densidad de población, otro es la coincidencia en la cercanía o contigüidad de las áreas, y el tercer punto de convergencia es la zona de traslado ( commuting). El ejercicio se diseñó con una rigurosa metodología y datos del Censo de Población y Vivienda 2020, el Marco Geoestadístico y la Red Nacional de Caminos.

Las metrópolis del país se clasificaron en tres categorías:

1) La zona metropolitana es el conjunto de municipios cuya relación mantiene alto grado de integración física o funcional intermunicipal o interestatal, y la población total de municipios que la conforman es de 200 mil habitantes o más; la localidad que da origen a la zona metropolitana debe contar con 100 mil habitantes o más.

Existen en el país 48 zonas metropolitanas que concentran 67 millones 610 mil 565 habitantes, las más pobladas son: Ciudad de México (21 millones 436 mil 911 habitantes), Monterrey (5 millones 322 mil 117), Guadalajara (5 millones 110 mil 617), Puebla-Tlaxcala (2 millones 776 mil 893), Toluca (2 millones 353 mil 924) y Tijuana (2 millones 49 mil 413); las siguientes zonas varían en un rango de población que va de un millón 935 mil 928 (León) a 208 mil 294 (Guaymas).

2) La metrópoli municipal se conforma por el municipio que sin formar parte de una zona metropolitana, cuenta con 300 mil habitantes o más y es económica o políticamente relevante para el estado; la localidad que da origen a la metrópoli municipal cuenta con 200 mil habitantes o más. En las 22 metrópolis municipales del país viven 12 millones 41 mil 963 de personas, las más pobladas son Juárez (1 millón 512 mil 450), Mexicali (1 millón 49 mil 792) y Culiacán (1 millón 3 mil 530); las siguientes varían con un rango de 936 mil 263 habitantes (Hermosillo), a 194 mil 500 (Guanajuato).

3. La zona conurbada se conforma por municipios con alto grado de integración física o funcional intermunicipal o interestatal, y la localidad que da origen a la zona conurbada tiene entre 50 mil y 100 mil habitantes. Las zonas conurbadas del país son 22, en total cuentan con 2 millones 859 687 habitantes, la lista arranca con Silao (269 mil 322) y Lázaro Cárdenas (222 mil 352), con rango menor de población están Tehuantepec (87 mil 435), Ozumba (83 mil 185) y Atitalaquia (60 mil 151).

Identificar y delimitar las metrópolis permite compartir experiencias de buen gobierno entre diferentes metrópolis y estados; se trata de información estratégica para orientar a las entidades federativas y a los gobiernos municipales en la toma de mejores decisiones en materia de planeación, ordenamiento y desarrollo metropolitano, así como para contribuir a reducir las desigualdades territoriales. El próximo gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, cuenta con proyectos que apuntan en tal dirección. Ella señaló que se establecerán 22 polos de desarrollo como parte de la estrategia nacional de relocalización, en los cuales se incentivará a sectores estratégicos mediante la construcción de infraestructura, viviendas, escuelas y Farmacias del Bienestar, a fin de que se aprovechen las inversiones extranjeras para crear cadenas de valor, generar empleos bien remunerados y lo que se requiera para el desarrollo y el crecimiento del país con justicia. En la Ciudad de México, la nueva Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, con Alejandro Encinas al frente, será clave para fortalecer los lazos de coordinación entre los municipios y entidades que conforman la más grande zona metropolitana del país, para ordenar el desarrollo urbano, inmobiliario, ambiental y económico, así como para articular las rutas de transporte e integrar una estrategia conjunta de seguridad.

* Secretaria general del Conapo

X: gabrielarodr108

 “Por fin te miro, ‘junco’ famoso. / Hoy es más ancho, hoy es más ancho y es más hermoso. / Cuánta belleza (cuánta belleza), cuánta alegría (cuánta alegría)./ Cuánto he pensado si te vería (cuánto he pensado si te vería). / Y ¡Viva Zaragoza!”

Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd

Irene Vallejo se colocó de golpe y porrazo en la escala internacional con un libro novedoso sobre el origen del libro que no tiene origen. Aquí surge un punto de vista interesante: si el ombligo del libro es desconocido, incognoscible, increíble e indescifrable, el análisis sería interminable.

Irene Vallejo capta que el hombre se siente solo en el mundo, pero en condición marginal. La escritora se desarrolla permanentemente en la búsqueda de lo que creíamos perdido al intuir que el dolor profundiza y al verlo encarnado en el otro: su hijo despierta una clara identificación.

Libro no acabado que propone una arqueología de los conceptos, intento de interpretación de lo originario que establece paralelismos con una filosofía que se opone al logofonocentrismo por su oposición al cierre y a la clausura y un camino a la traducción, transcripción y transliteración.

El dolor que vivía como elemento estructurante la escritora Irene Vallejo la lleva a cubrir la intimidad con la piel de su libro. Como forma de cubrir el intenso dolor incomunicable –¿melancólico?– en el libro. Ese contacto humano y, por tanto, intersubjetivo, se inicia con el grito que emerge del desamparo original.

El infinito en un junco: La invención de los libros del mundo antiguo, de Irene Vallejo, 2023.


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