Escrito por Arantza Díaz

.-Ciudad de México.- Informando desde Washington D.C, la organización focalizada en derechos sexuales y reproductivos,
Planned Parenthood ha levantado las banderas de alerta luego de que nueve filiales recibieran un
ultimátum del
gobierno de Donald Trump, donde se les advierte que se les cortará todo
recurso proveniente del gobierno de los Estados Unidos este primero de
abril, este hecho no sólo implica un golpe directo a la organización,
sino también, se frenará parcialmente la financiación del Título X.
El
Título X representa el único programa a nivel federal dedicado a la
salud sexual y reproductiva de las personas; robustece su recurso para
ofrecer anticonceptivos a las personas, brindar servicios de salud
sexual -como el aborto- e incluso, realizar exámenes oportunos para
detección de cáncer, como por ejemplo, el cervicouterino. Durante más de
50 años, este programa utiliza los fondos federales para proteger a las
personas en situación de vulnerabilidad que no gozan de un seguro
médico.
Este
Título corre a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
los Estados Unidos que ha luchado por mantener en operaciones las
clínicas de salud sexual y reproductiva, así como garantizar un
financiamiento sostenible para todas aquellas organizaciones
apartidistas que luchan por brindar servicios oportunos y de calidad,
siendo las principales benefactoras de este título, las mujeres, pues no
sólo se focaliza en la salud física, sino también, en promover la salud
mental y abolir la violencia en pareja.
Con el arribo de los
republicanos al poder y su cabeza, Donald Trump, la agenda del Título X
se encuentra tambaleando y de forma sistémica, las organizaciones que
operan en todo el país han empezado a cojear y quedarse cortas de
recursos para continuar con su importante labor. Este hecho no sólo pone
en jaque a Planned Parenthood, sino que amenaza con recrudecer
las asimetrías entre los sectores poblacionales, especialmente, si de
mujeres migrantes se trata; mujeres que no tienen acceso a recibir
atención médica, que son víctimas de abuso sexual o viven con algún
cáncer no detectado.
La presidenta y directora general de Planned Parenthood Action Fund,
Alexis McGill Johnson, se ha pronunciado al respecto sobre estas
advertencias que ha recibido su organización, y en respuesta, no sólo ha
señalado a Donald Trump como responsable de cooptar los derechos
sexuales y reproductivos, sino también, a su mano derecha, Elon Musk de
tergiversar la información e imponer una agenda violenta de extrema
derecha.
«El
presidente Trump y Elon Musk están impulsando su peligrosa agenda
política, buscando eliminar el acceso a la atención médica para personas
de todo el país, sin pensar dos veces en la devastación que causarán.
Sabemos lo que sucede cuando los proveedores de atención médica no
pueden utilizar los fondos del Título X: las personas en todo el país
sufren, los cánceres no se detectan, el acceso a los métodos
anticonceptivos se reduce severamente y la crisis de ITS en el país
empeora. Planned Parenthood Action Fund luchará para que se
restablezca esta financiación y para mantener a los políticos fuera de
la atención médica. Las personas necesitan opciones de atención médica a
bajo costo. Esto no puede continuar”, sentenció McGill Johnson.
La vulneración que está enfrentando el Título X golpea con fuerza a Planned Parenthood,
pues aproximadamente más de tres cuartos de sus filiales (300 clínicas)
dependen directamente de este recurso, mismas, que han proporcionado un
aproximado de 400 mil servicios de detección del cáncer, 2 millones de
servicios relacionados a la anticoncepción y más de 5 millones para
atender las enfermedades de transmisión sexual.
El impacto de Planned Parenthood
en los Estados Unidos es tal, que, según documenta la organización, al
menos 1 de cada 3 mujeres ha acudido a alguna de sus clinicas, un hecho
que ha repuntado desde el arribo de los republicanos y la caída de la
Roe Vs Wade que implicó la inminente penalización de la interrupción del
embarazo en el país.
Un retroceso anunciado: La caída del acceso al aborto y mujeres migrantes en riesgo
A
finales de junio del 2022 la Corte Suprema eliminó el derecho
constitucional a interrumpir el aborto, lo que abrió la posibilidad de
que cada entidad tuviera la facultad de elegir y derogar las leyes en
materia de derechos sexuales.
Al no existir más un derecho
estipulado por la Corte Suprema, se produjo una pandemia antiderechos
por todo Estados Unidos, donde los congresos locales comenzaron a
penalizar y criminalizar el acceso al aborto, a pesar de que el país
había sido pionero en la región en esta materia desde hacía 50 años; un
retroceso sin precedentes.
Antes de que apareciera la sentencia de
Roe vs Wade que estipulaba la interrupción del aborto como un derecho
humano y accesible para todas, los Estados Unidos vivió un proceso
cruento donde el aborto causó una de cada seis muertes relacionadas al
embarazo en 1965.
La década de los 60s, del siglo XX, desencadenó
que personas dedicadas a la medicina y parteras fueran procesadas; el
área médica prefirió dejar de practicarlo y las pocas personas que
seguían ofreciendo el servicio en clandestinidad fueron perseguidas por
el Estado obligándolas a desplazarse de sus entidades.
Asimismo,
las mujeres eran constantemente agredidas por la fuerza policiaca,
conformada mayoritariamente por hombres quienes las obligaban a vivir
circunstancias humillantes; eran tocadas, vigiladas, detenidas
arbitrariamente y obligadas a hablar de su vida sexual a detalle, según
documenta Planned Parenthood Action
El instituto Guttmacher documentó en su informe «Lessons from before Roe: Will past be prologue?»
que en 1960 en la ciudad de Nueva York, 1 de cada 4 muertes de mujeres
blancas relacionadas al embarazo fue a causa del aborto. En comparación,
5 de cada 10 muertes de esta misma naturaleza, corresponde a mujeres no
blancas, especialmente, de origen latino.
Fueron 10 años de
abuso, criminalización, muerte y extrema violencia, hasta que en 1973 se
despenalizó el aborto en todo el país gracias a la Roe vs Wade que
llegó para salvaguardar la vida de millones de mujeres, adolescentes y
parteras.
Tras la caída de la Roe Vs Wade, siete estados que
impusieron de forma expedita, prohibiciones totales del aborto y desde
el 24 de junio cerraron clínicas que brindaban servicios de interrupción
del embarazo, como por ejemplo:
- Alabama (anteriormente contaba con cinco clínicas)
- Arkansas (donde se tenían dos clínicas)
- Mississippi (anteriormente tenía una clínica)
- Missouri (con una clínica)
- Oklahoma (que tenía cinco clínicas)
- Dakota del Sur (anteriormente una clínica)
- Texas (contaba con 23 clínicas)
En
un proceso histórico que, a estas alturas parece cíclico, hoy Estados
Unidos continúa resistiendo la avalancha de la derecha republicana y las
medidas que afectan a las mujeres racializadas, no sólo al interior del
país norteamericano, sino con el anuncio de recortes presupuestarios a
los derechos sexuales y reproductivos, las niñas y adolescentes de otras
partes del mundo se preparan para encarar consecuencias devastadoras.
En
febrero de este año, los Estados Unidos cortaron 377 millones de
dólares que estaban destinados a la salud sexual y reproductiva y que,
estaban gestionados por la Agencia de las Naciones Unidas para la
atención de mujeres en el Congo, Afganistán, Chad, Haití, Mali, Sudán,
Siria y Ucrania.
“A
las siete de la tarde del 26 de febrero, UNFPA fue informado de que
casi todas nuestras subvenciones (48 hasta ahora) con USAID y el
Departamento de Estado de EE.UU. han sido canceladas”, dijo la agencia
de la ONU en un comunicado.
“Esta decisión tendrá consecuencias
devastadoras para las mujeres y las niñas y para el personal sanitario y
humanitario que las atiende en las peores crisis humanitarias del
mundo”.
Las subvenciones de USAID se destinaron a
proporcionar atención sanitaria materna crítica, protección frente a la
violencia, tratamiento de violaciones y otros cuidados vitales en
contextos humanitarios. Pero este no es el único tropiezo que se ha
encontrado las Naciones Unidas desde la llegada de Trump al poder, de
hecho, la ONUSIDA también enfrentó un fuerte recorte presupuestal, lo
que vulnera seriamente a las mujeres y niñas que seropositivas.
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