No hay sensatez, justicia, equilibrio que valga si uno se apega a lo que dice el Artículo 54. Más aun, ¿por qué una autoridad electoral debería de interpretar la Ley y no, como es su obligación, simplemente aplicarla?
En un desplegado aparecido hace unos días, el Consejo Mexicano de Negocios le pidió tanto al INE como al Tribunal Electoral violar la Constitución. Antes de revisar sus pobres argumentos, me gustaría hacer una breve semblanza de este grupo de los más ricos empresarios del país, esos que aparecen en las listas de Forbes pero, también, en las de deudores del SAT.
Este Consejo surgió en 1962, el 13 de septiembre, como respuesta al libro de texto gratuito de las escuelas públicas durante el Gobierno de Adolfo López Mateos. No es menor la importancia que tuvo el triunfo de la Revolución Cubana y sus efectos anímicos en un México que había tenido una revolución propia que ya se estaba momificando en el PRI y sus sectores obrero, campesino y popular. Así que los empresarios, ese brazo no oficial del priismo, decide intervenir en política. Se habían asustado con una declaración que no fue ni siquiera un esbozo de proyecto político, sino sólo una declaración del entonces Presidente López Mateos: “Soy de izquierda radical dentro de la Constitución”. Esto dicho después de la represión contra el movimiento ferrocarrilero. Al dicho del Presidente López Mateos, los empresarios respondieron con un desplegado el mismo día que se fundó el Consejo de Hombres de Negocios. Fíjense ustedes, hoy hablamos de un desplegado en el que le piden al INE violar la Constitución y, entonces, hace más de 60 años, nacen con otro desplegado. En el de 1962 dicen más o menos las mismas cosas que hoy, lo que habla de un grupo que es incapaz de ajustar sus ideas al cambio histórico. Decían en aquel entonces: “Un régimen representativo debe ir donde el pueblo quiere ir, pero sin despreciar a las minorías”. Luego, se refieren a una reunión entre los expresidentes Lázaro Cárdenas, López Mateos y Ruiz Cortines en Michoacán, a la que no invitaron a Miguel Alemán, el expresidente que los había hecho millonarios a todos ellos. Tachan a esa reunión de los expresidentes como “comunista” y agregan: “Se quiere justificar esta alianza asegurando que el fascismo pretende apoderarse del poder. El peligro fascista siempre nace de la amenaza comunista”. Es decir, estos empresarios millonarios no niegan su filiación derechista. pero la justifican como reacción a la amenaza comunista que, según ellos, encierra una reunión de expresidentes que excluyó a su benefactor, Miguel Alemán. Al final, como si estuvieran ahora hablando de Venezuela, dicen en ese 1962: “De todos los mexicanos dependerá que se despierte, que el crimen no se consume, que enfrentemos la amenaza a este régimen que tanta sangre costó, para que México no sea la Cuba número dos”. Cuando Cuba fue expulsada de la OEA estos mismos empresarios demandaron al Gobierno de México que votara a favor. No fue así y todavía es un lazo entre cubanos y mexicanos.
Pero en 1962 deciden hacer, no una organización de empresas, sino de empresarios, es decir, de individuos, el manojo de los más ricos, que deben ser seleccionados e invitados por los demás para obtener su membresía. Al inicio, lo integraron Cesar Balsa, Aníbal de Iturbide —quien ya era un entusiasta del neoliberalismo—, Jorge Larrea, Rómulo O´Farril, Bruno Pagliai, Carlos Prieto, Bernardo Quintana, Antonio Ruiz Galindo, Camilo Garza Sada, Juan Sánchez Navarro, y Carlos Trouyet. Todos eran socios de Miguel Alemán en tubos de acero, cementos, la televisión, las minas, y la fundación de la constructora ICA. Era como uno de esos viejos clubes de señoros británicos que se juntan a fumar y comentar las noticias, pero en este caso fue para redefinir las políticas económicas del Gobierno. Pero no sólo: querían propinarle su ideología al resto de la sociedad, en lo educativo, en la administración del presupuesto, su devoción por los Estados Unidos, incluso en su prejuicio contra los derechos de las mujeres.
Al entenderse con López Mateos y apoyar decididamente a Díaz Ordaz en la represión de los estudiantes en 1968, terminarán en un enfrentamiento con Luis Echeverría al que darían salida con la creación del Consejo Coordinador Empresarial en 1975. Pero, como muchos de los desaguisados, su fortalecimiento como patrones del Ejecutivo y, sobre todo, el Judicial, viene del sexenio de Salinas de Gortari, en el que se les concedieron desregulaciones, privatizaciones, y condonaciones de impuestos. En 1993 estos empresarios habían financiado la campaña del PRI a la Presidencia, la del malogrado Colosio, en el famoso pase de charola: Carlos Slim, Fernando Senderos Mestre, y Antonio Madero Bracho, a los que, después se les recompensó con empresas, entre ellas, la banca, y canonjías del Estado. Por su parte, Claudio X. González Laporte fue nombrado asesor de Salinas y Juan Gallardo Thurlow participó directamente en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Ya con Zedillo, entraron como senadores por el PRI, como fue el caso de Miguel Alemán Velasco y Alberto Santos de Hoyos, y a Gilberto Borja se le nombró directamente director de Nacional Financiera. Redactaron el Plan de Gobierno de Zedillo. En el ejercicio del poder, Zedillo les consultó la aprehensión fallida del Subcomandante Marcos, el conflicto electoral en Tabasco entre López Obrador y Madrazo, y la política educativa. No es pues un grupo que atienda a sus intereses económicos únicamente. Es una organización ideológica que viene de la Guerra Fría, y la confusión entre libre empresa y libertad individual, y entre socialismo y planificación del Estado. Nacen llamándose un consejo de Relaciones Públicas, pero su verdadero interés en el momento de su consolidación en el enfrentamiento con Luis Echeverría, es que toda la iniciativa privada adopte un mismo sistema de valores a favor de la libre empresa como libertad a secas. Con Echeverría insistirán en que los precios no deben controlarse y que es una manera “natural” de fijar el valor de los productos, que no deben aumentarse los impuestos, que se debe liberar al campo de toda organización ejidal, y que se pacifiquen las universidades públicas. Echeverría, al final, ya con el asesinato de Eugenio Garza Sada y el exilio de la familia de Salvador Allende a México, decide condonarles los impuestos. Ahí comienza esa tradición priista de congraciarse, a partir de no cobrarles a los más ricos. Una práctica que apenas con López Obrador fue exterminada.
He querido hacer este breve recorrido para saber de quiénes hablamos cuando hablamos del Consejo de Negocios que sigue siendo de puros hombres. Es un grupo de millonarios que han gozado de una interlocución privilegiada con nueve presidentes de la República. Han sido consultados, cuando no autores, de políticas públicas y hasta de destapes de quien sucedería en la silla presidencial. Y, ahora, se lanzan en contra de la votación contudente que le dio la mayoría calificada de dos terceras partes en el Congreso a la izquierda. Lo hacen, como es su costumbre, con un desplegado en el que le dan consejos de cómo decidir a quienes hace unos meses eran “intocables” e incontrovertibles, el INE y el Tribunal Electoral. Lo dicen de la peor manera: “hizo un llamado a las autoridades electorales a una interpretación “sensata, justa, equilibrada y apegada” a la Constitución, y a la voluntad del pueblo mexicano, para la asignación de espacios en la Cámara de Diputados”. No hay mucha interpretación al Artículo 54 de la Constitución que a la letra dice que son los partidos políticos, no las coaliciones, las que no pueden tener más del ocho por ciento de sobrerrepresentación. De hecho, el INE no está facultado para interpretar la Constitución y todo lo que tiene que hacer es repartir las curules con base en ese Artículo. Así que llamar al INE a una interpretación “sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución” es no respetar lo que dice la Constitución. No hay sensatez, justicia, equilibrio que valga si uno se apega a lo que dice el Artículo 54. Más aun, ¿por qué una autoridad electoral debería de interpretar la Ley y no, como es su obligación, simplemente aplicarla? No viene al caso lo que dicen los del Consejo de Negocios. Nuestra Constitución no es como las enmiendas de los gringos que requieren ponderaraciones y hasta descifrar o deducir. Lo que esa práctica de la interpretación le ha dejado al país es que se han invalidado leyes aprobadas por mayoría en la Cámara de Diputados porque no se siguió el procedimiento legislativo que la Suprema Corte cree que es el adecuado. Y hasta se inventaron un criterio de una supuesta “democracia deliberativa” que no existe en la Constitución. Así, en la interpretación lo que vemos es que sirve para invalidar hechos de la mayoría pretextando cualquier cosa. Y eso se lo piden los millonarios ahora el INE y al Tribunal.
Pero sigue diciendo el Consejo de Negocios: “Para afrontar los retos del desarrollo, México requiere un Congreso que represente la pluralidad y riqueza del país. Una representación desproporcionada podría distorsionar el debate público y perjudicar la toma de decisiones democráticas, en la que las minorías sean representadas y escuchadas. La certeza jurídica, la prevalencia de la Ley y el respeto a las libertades fundamentales, son condiciones indispensables para alcanzar un futuro mejor para todos los mexicanos”. Aquí hay que avisarles que las minorías están representadas o, mejor, sobre representadas porque, partidos como el PRI que ganó sólo en nueve distritos y le tocan 33 curules. El PAN ganó en 32 y le tocan 68 curules. MC ganó uno y le tocan 24. Así que precisamente es en la oposición, la minoría la que está sobrerrepresentada, precisamente para salvaguardar lo que tanto le preocupa al Consejo de Negocios: la pluralidad y las minorías. Pero siguen diciendo los millonetas: “La conformación de los órganos legislativos debe representar la voluntad de los mexicanos, que votaron por una diversidad de opciones electorales”. Así es. Votamos por distintas opciones, pero el mandato mayoritario, el consenso social en todas las regiones del país, en todas las clases sociales, en todos los niveles de escolaridad, en todos los géneros, es que exista una mayoría calificada en el Congreso que vote las reformas constitucionales propuestas, tanto por López Obrador como por Claudia Sheinbaum. Ese es el mandato de las urnas. No que le acabemos regalando curules a una oposición inútil, sin raigambre, sin estrategia, ni proyecto para que no se enojen los millonarios. Eso no funciona así. Y concluye el Consejo: “Si bien la sobrerrepresentación está prevista en nuestras leyes, sus límites tienen la intención de asegurar la participación de todas las voces en el debate legislativo, proteger la diversidad de las opiniones y promover el respeto a las minorías”. En efecto, las pluris están hechas para que nadie quede sin voz en el Congreso. Pero eso es una cosa y otra muy distinta que los que votamos el 2 de junio queramos que siga paralizado el país porque una minoría legislativa se pone en huelga, como sucedió con la moratoria legislativa. Justo es contra esa parálisis que el pueblo votó como votó. Ahora escuchar las opiniones y respetar a las minorías no quiere decir regalarles las curules que no pudieron ganar en los distritos electorales. ¿Con qué cada viene el McPRIAN a hablar de sobrerrepresentación cuando, entre los tres partidos, no ganaron más que escasamente 40 de 300 distritos? Ganaron el 13 por ciento de los distritos pero tendrán el 25 por ciento de la Cámara de Diputados. Para fines democráticos la oposición representa una minoría cercana al 10 por ciento. No es más. Pero el Consejo de Negocios hubiera querido que el pueblo no les asignara un 10 por ciento de las curules y luchan desde su desplegado para que tengan unos votos que no ganaron y que sólo les tocan para que no desaparezcan y que son la sobrerrepresentación de las plurinominales en 15 por ciento por arriba de los votos que realmente ganaron. Esa es, lamentablemente, la ley que protege con las pluris a la oposición que obtuvo votaciones históricamente bajas. A tal grado que, entre el Partido del Trabajo y el Verde superan la votación del PRI y casi igualan a la del PAN. Ese desastre electoral no se compone con una sensatez y equilibrio que no se reflejó en las urnas.
Como dice el Consejo de Negocios, los límites a que ningún partido tenga más de 300 diputados es para evitar que uno sólo reforme la Constitución. Eso no ocurrirá. Dependerá de los grupos parlamentarios, quién se suma, quien no asiste, quien se abstuvo. No hay por qué pensar que la coalición electoral sobreviva en la formación de los grupos parlamentarios. Tomar, como han hecho Ciro Murayama, Lorenzo Códova, y ahora los millonetas, una coalición electoral como coalición parlamentaria es algo que no existe en la Ley.
Pero vuelvo sobre los pasos de esta columna. El Consejo de Negocios se forma para tener un acceso privilegiado al Presidente de la República y poder redactarle sus planes de Gobierno. Eso se perdió con la llegada de la izquierda. Pero no es sólo eso lo que hoy reclaman. Con toda seguridad su mentalidad de la Guerra Fría sigue vigente y ven en los programas sociales, en el fortalecimiento de las empresas del Estado, en la educación popular, un retroceso de su antes influencia determinante. Pero también el pago de los impuestos. Hasta ahora, algunos de ellos han logrado sortear con juicios que van en círculos las demandas del SAT. Con un nuevo Poder Judicial electo quizás esto ya no sea tan fácil. No decimos imposible, pero sí más arduo. Han pasado de citar en sus instalaciones al mismo Presidente a publicar desplegados para tratar de recuperar algo de su influencia perdida. Lo más que logran es aparecer en la “mañanera” de López Obrador y ganarse una cátedra electoral con la doctora Sheinbaum.
Fabrizio Mejía Madrid
Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.
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