"El impacto para el blanquiazul podría tener consecuencia sin precedentes, considerando que Chihuahua es uno de los bastiones que le quedan al partido".
La crispación interna en el Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua se ha convertido en uno de los principales saldos que el CIAgate ha provocado. La crisis política que vive ese partido se manifiesta de forma abierta mediante duros señalamientos y acusaciones de traición contra la Gobernadora María Eugenia Campos. La efímera campaña del “Yo con Maru” –que en mayo pasado encendió los ánimos panistas y congregó a políticos como Vicente Fox, Felipe Calderón y a la cúpula nacional de ese partido– ha quedado en el anecdotario. Hoy, el ambiente local se va tornando en una militancia que tacha a Campos de traidora.
De este modo, la escandalosa e ilegal intromisión de agencias estadounidenses a las que el Gobierno de Campos abrió las puertas –en una violación abierta a la Constitución y a las leyes de seguridad nacional– terminó por fracturar al panismo desde adentro. El escenario actual evoca el dicho popular de que “para que la cuña aprieta, tiene que ser del mismo palo”: lo que resuena en Chihuahua son reclamos entre correligionarios contra quien hasta hace unos meses hacían hasta “presidenciable”.
Al igual que María Eugenia Campos, César Jáuregui Moreno inició sus andanzas políticas en las filas de las juventudes panistas. En su caso, se afilió al PAN en 1983, participando activamente en la defensa del voto en esa entidad a favor del blanquiazul, escalando posiciones dentro del partido, hasta convertirse en miembro del Comité Directivo Estatal y coordinador de estados en la Secretaría de Organización del CEN.
María Eugenia Campos y César Jauregui hicieron mancuerna en su trayectoria y cargos públicos. Los amigos coincidieron en el Congreso del estado de Chihuahua cuando él coordinaba la bancada blanquiazul y Campos fungía como vicecoordinadora; ya entonces ella se ufanaba de que Jáuregui era su "mejor amigo". Fue de aquellos tiempos también cuando les unía la complicidad de que ambos aparecían en la “nómina secreta”, las listas y recibos que el priista César Duarte guardaba bajo caja fuerte y que registraban los sobornos que les entregaba etiquetándolos como “apoyo extraordinario”, que se haría públicas años más tarde.
Con el tiempo, Jáuregui se convirtió en el principal operador político de Campos, desempeñándose como su coordinador de campaña tanto en la contienda por la Alcaldía de Chihuahua como en la gubernatura del estado. Como retribución, ella lo nombró su segundo al mando: primero como Secretario del Ayuntamiento y, al asumir la Administración estatal en 2021, como Secretario General de Gobierno –el segundo cargo de mayor relevancia–. Posteriormente lo designó al frente de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, institución que depende de manera directa de la Gobernadora.
La cercanía de esa dupla siempre fue evidente. María Eugenia Campos solía referirse a él con sobrenombres, como muestra de su cercanía, externándole agradecimientos y elogios, y reconociéndolo como alguien clave para su carrera política.
Cabe recordar que las componendas del Gobierno de María Eugenia Campos con agentes extranjeros de la CIA quedaron al descubierto de manera accidental. Esto ocurrió tras el siniestro del vehículo en el que viajaban empleados estatales de Chihuahua junto con los agentes estadounidenses, un hecho desafortunado en que hubo pérdidas de vidas.
A raíz del incidente, surgieron versiones contradictorias y falsas por parte del Gobierno de Chihuahua, respecto a las actividades que realmente desempeñaban.
Desde sus primeras declaraciones, el entonces Fiscal y su jefa, la Gobernadora, dieron mensajes inverosímiles: primero afirmaron que los agentes participaban en un curso de drones, luego que sólo les habían pedido “un raite” y, finalmente dijeron que formaban parte de un operativo.
Los argumentos de Jáuregui resultaron sumamente incongruentes cuando este despliegue ilegal conjunto quedó evidenciado. Del mismo modo, María Eugenia Campos se contradijo públicamente; en un principio minimizó el hecho, pero en una gira en medios quedó más expuesta al hablar abiertamente de los acuerdos que su Gobierno mantenía con agencias estadounidenses, y no sólo con la CIA. Aunque en su momento defendió el operativo, hoy responsabiliza por completo a su exfiscal en un evidente intento por lavarse las manos.
Incluso en el mitin que los panistas le organizaron el 27 de mayo a las afueras de la FGR, María Eugenia Campos asumió el operativo como propio y declaró: “Yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo. Yo hice mi trabajo, defendí a las familias, defendí que esa droga no llegara a nuestros niños en forma de droga, de adicciones”. Esta postura la replicó en una pasarela de entrevistas con diversos medios de comunicación.
Mantuvo ese mismo discurso cuando la cúpula panista se congregó en Chihuahua para apoyarla. Al evento que llamaron “Yo con Maru”, acudieron Fox y Calderón, quienes se deshacían en elogios para María Eugenia Campos; Fox, incluso la llamó “valkiria”.
Pero después, como preámbulo a la detención que a través de la Fiscalía del estado ordenaría contra su “amigo”, el discurso de Campos dio un giro radical. Estuvo en medios de comunicación señalando que desconocía y que no podía perdonar que Jáuregui hubiera autorizado la intervención de agentes de la CIA “por la libre”, sin informarle, y criticó a su “amigo” duramente endilgándole toda la responsabilidad. Lo siguiente fue la orden de detención que la mañana del 17 de octubre la Fiscalía de Chihuahua –que depende de la Gobernadora– ejecutó contra Jáuregui. Esta detención generó de inmediato la manifestación de panistas locales, quienes la acusaron de “traidora”.
Poco después, la FGR le notificó a Jáuregui una segunda orden de aprehensión por delitos del orden federal: Traición a la Patria, un ilícito de muy alta gravedad.
Aunque es el único caso hasta ahora procesado por ese delito, la conducta de César Jáuregui no es una excepción por parte de miembros del PAN, en ese partido hay muchos que realizan acciones que podrían encuadrarse en ese delito; son muchos integrantes de ese partido los que se pliegan a las disposiciones de gobiernos e intereses extranjeros. Es más, van al extranjero a pedir la intervención en nuestro país; es un actuar que no sólo contraviene la Constitución, es también una conducta indigna y deshonesta.
En cargos de mayor relevancia, Vicente Fox y Felipe Calderón también lo hicieron durante su paso por la Presidencia: entreguistas a los intereses privados y foráneos, antepusieron los negocios particulares por encima de los intereses del país. Una muestra de ello fue Calderón, quien desde su gestión como Secretario de Energía y luego durante su paso por la Presidencia, operó la entrega de una amplia fracción del sector eléctrico a empresas españolas para las cuales, tiempo después, trabajó formalmente como consejero. Asimismo, cooperó con agencias estadounidense en operaciones ilegales que provocaron graves atrocidades, como el operativo "Rápido y Furioso"; en éste, la ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) –con la complacencia calderonista– permitió el contrabando de armas de alto poder de Estados Unidos a México, que terminaron en manos de grupos criminales y causaron violentas muertes en nuestro país.
Y más recientemente Mauricio Kuri, Gobernador de Querétaro promoviendo la instalación de una aparentemente academia de capacitación policial, con la participación de agencias estadounidenses al margen de la Constitución.
Por lo pronto, Jáuregui enfrenta dos procesos simultáneos. A nivel estatal, bajo la causa penal 3055/2026, se le imputan los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición de servidores públicos y violaciones a los protocolos de seguridad nacional, estas últimas asociadas a la Traición a la Patria, por permitir la operación de personal extranjero. Bajo estos mismos hechos, las autoridades de Chihuahua emitieron también una orden de captura contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exdirector de la Agencia Estatal de Investigación.
A nivel federal, la FGR le imputa a Jáuregui formalmente el delito de Traición a la Patria en materia de seguridad nacional por autorizar operaciones clandestinas de agencias extranjeras (como la CIA) en suelo mexicano. Al respecto, la Constitución Política estipula que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo y se ejerce a través de los Poderes de la Unión. Que la conducción de la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas del Ejecutivo Federal, y ningún funcionario estatal tiene atribuciones para pactar o autorizar la intervención de gobiernos o representantes de otros países en el ámbito de la seguridad.
Jáuregui fue trasladado e ingresado al penal de El Altiplano, en el Estado de México, y el martes tuvo su audiencia inicial.
María Eugenia Campos en sus cargos públicos –primero a nivel municipal y luego estatal– siempre tuvo como operador principal a César Jáuregui, por ello, resulta inverosímil que ahora ella pretenda deslindarse y endosarle toda la responsabilidad de haber permitido la injerencia de la CIA en la entidad, especialmente cuando desde su propia Administración se destinó infraestructura y oficinas para las operaciones de las agencias estadounidenses en la llamada Torre Centinela.
Hasta ahora nada garantiza que María Eugenia Campos quede impune de su responsabilidad por colusión u omisión en el caso de la CIA. La FGR continúa trabajando en la indagatoria y existe la posibilidad de que Jáuregui aporte más información acogiéndose a figuras legales como el criterio de oportunidad.
Aún no se aclara cuál era el objetivo ni qué actividades realizaban realmente los agentes de la CIA en Chihuahua durante el supuesto operativo en El Pinal, municipio de Morelos, porque ni las autoridades estatales ni esa agencia estadounidense poseen atribuciones legales para las acciones que dicen haber estado ejecutando.
Pero lo que sí se evidencia es que la detención del exfiscal César Jáuregui ha desatado una crisis política al interior del PAN, una fractura en la que los militantes locales señalan a Campos como “traidora”. El impacto para el blanquiazul podría tener consecuencia sin precedentes, considerando que Chihuahua es uno de los bastiones que le quedan al partido.
Actualmente, el PAN cuenta con un padrón de 366, 104 afiliados en todo el país. De esa cifra, casi 18 mil corresponden a afiliados en Chihuahua. Pese a la magnitud de la crisis que se les avecina, la dirigencia del PAN ha guardado silencio, no han aclarado si mantienen el respaldo de “Yo con Maru” o si se sumarán a quienes la tachan de traidora.
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