El incendio social en Europa

Editorial La Jornada

Tras la jornada de protestas masivas que tuvo lugar el sábado en Francia, Italia, Albania, Bélgica y Portugal, París y Milán se vieron sacudidas de nueva cuenta ayer por nuevos disturbios y actos represivos. La situación es particularmente crítica en la República Francesa, cuyo presidente, Emmanuel Macron, se ha visto desbordado por los acontecimientos a seis meses de la elección presidencial prevista para el año próximo. Incapaz de ofrecer una respuesta de fondo al descontento social que recorre el país, y que ha tenido por epicentro las movilizaciones estudiantiles que demandan acciones concretas para restaurar un sistema educativo en ruinas, el gobierno ha reaccionado de manera doblemente equívoca: mientras que el jefe de Estado anunció la imposición de severas limitaciones a las manifestaciones, su primer ministro, Sébastien Lecornu, buscó criminalizar al candidato presidencial de izquierda Jean-Luc Mélenchon, dirigente de La Francia Insumisa (LFI), a quien atribuyó la responsabilidad de la violencia que se ha desatado.

En Bélgica la irritación por la creciente precariedad de la enseñanza pública ha sido articuladora del descontento por la crisis económica, la carestía y la falta de vivienda, mismas razones que alientan las movilizaciones en Italia. A ellas se suman, en Albania, el repudio a la corrupción y la inseguridad y los reclamos por un proyecto turístico depredador en el que está involucrado Jared Kushner, yerno de Donald Trump. En Portugal y España, el centro de gravedad de la exasperación social es la falta de viviendas dignas a precios accesibles y el desamparo de los inquilinos ante leyes y reglamentos redactados para favorecer a los arrendadores.

En todos los casos, la problemática central es la brutal reducción de las capacidades del Estado para dar servicios adecuados a la población y para garantizar los derechos fundamentales a la educación, la vivienda, la salud y la alimentación. Al margen de sus especificidades nacionales, lo que articula este otoño caliente en buena parte del continente europeo es la continuación y la profundización de las políticas neoliberales de “adelgazamiento” del sector público.

A esa necedad ideológica y pragmática –porque su aplicación beneficia, en última instancia, a entidades privadas que se ofrecen a remplazar los servicios públicos que los gobiernos ya no son capaces de ofrecer– se agrega el factor coyuntural de la guerra en Ucrania, cuyo gobierno ha sido sostenido durante cuatro años y medio por los países de la Unión Europea, los cuales han invertido cientos de miles de millones de euros con tal de evitar una victoria rusa. La masiva fuga de recursos hacia ese conflicto, definido por muchos analistas como una confrontación delegada entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Moscú, ha implicado el desvío de dinero de las políticas de bienestar hacia la insaciable necesidad de armamento por parte de Kiev. A ello debe añadirse el incremento generalizado de precios, pero especialmente agudo en el caso de los hidrocarburos, causado por esa conflagración y por la explosiva situación en el Golfo Pérsico que generó la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Para colmo, los gobiernos del viejo continente, con la excepción del español, han respondido a las expresiones de descontento con estrategias represivas brutales que no han hecho más que echar combustible al incendio social. En última instancia, la responsabilidad de la violencia que se ha apoderado de las calles en diversas ciudades europeas corresponde a autoridades insensibles e irresponsables que han dado prioridad a una guerra ajena por sobre las necesidades y derechos de sus poblaciones y que han ejercido contra ellas la violencia primigenia al negarles derechos básicos y condiciones mínimas de salud, estudio, trabajo y vivienda.