Karla del Carmen Pontigo Lucciotto tenía 22 años cuando sufrió graves lesiones en su lugar de trabajo, en San Luis Potosí. Murió la madrugada del 29 de octubre de 2012, pero su familia lleva desde entonces una lucha para esclarecer lo ocurrido y acceder a la verdad y la justicia.
El 28 de octubre de ese año, Karla se encontraba en la discoteca Play, donde trabajaba, cuando fue encontrada gravemente herida. Tras ser trasladada al hospital, murió a causa de las lesiones. Las autoridades inicialmente trataron el caso como un accidente, una versión que su familia cuestionó desde el principio.
La investigación estuvo marcada por omisiones y deficiencias, entre ellas la falta de resguardo adecuado de la escena, la pérdida de pruebas y la ausencia de una investigación con perspectiva de género. La familia también denunció que las autoridades no tomaron debidamente en cuenta los antecedentes de acoso que Karla habría sufrido en su entorno laboral.
Ante estas irregularidades, su madre, María Esperanza Lucciotto López, emprendió una batalla legal para que la muerte de su hija no quedara sin esclarecer. Su exigencia de justicia llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Suprema Corte reconoció las fallas en la investigación
El 13 de noviembre de 2019, la Primera Sala de la SCJN concedió un amparo a la familia de Karla y ordenó que las autoridades realizaran una investigación diligente, exhaustiva e imparcial, con perspectiva de género. También estableció que debían revisarse las irregularidades cometidas durante las indagatorias y garantizarse la participación de las víctimas.
La resolución representó un precedente para el acceso a la justicia en casos de muertes violentas de mujeres, pues señaló la obligación de las autoridades de investigar posibles razones de género y de no descartar hipótesis de violencia feminicida sin una indagación adecuada.
Sin embargo, el fallo judicial no significó el fin de la búsqueda de justicia para la familia. En julio de 2024, Amnistía Internacional presentó un informe técnico ante el juzgado que conocía el asunto para advertir deficiencias en el plan de reparación del daño. La organización señaló que las medidas debían atender los derechos de las víctimas y garantizar una reparación integral.
En 2025, CIMACnoticias documentó que, pese a los avances legales, la familia continuaba enfrentando obstáculos para obtener justicia. En mayo de 2026, reportes periodísticos señalaron que Esperanza mantenía la expectativa de que la Fiscalía General de la República avanzara en el esclarecimiento del caso.
La memoria como exigencia de justicia
A 14 años de la muerte de Karla, su nombre permanece ligado a la lucha contra la impunidad y a la exigencia de que las instituciones respondan ante las omisiones que obstaculizan el acceso a la justicia para las mujeres y sus familias.
En San Luis Potosí, la estatua dedicada a Karla mantiene presente su memoria y se ha convertido en un símbolo de resistencia feminista y reparación simbólica. Recordarla implica reconocer su vida, pero también mantener abierta la pregunta por la responsabilidad del Estado frente a una investigación que debió garantizar desde el inicio el derecho a la verdad.
Esperanza Lucciotto ha transformado el dolor por la pérdida de su hija en una lucha que también ha acompañado a otras familias que buscan justicia por sus seres queridos. Su persistencia recuerda que las madres de víctimas de feminicidio no deberían cargar, además de la ausencia, con la responsabilidad de exigir que las instituciones cumplan con su deber.
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