🗞 LA JORNADA
-Concentran 5 empresas contratos del INE y órganos estatales.
De 2014 a 2025, cinco empresas con vínculos entre sí y simulando competencia recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales (OPLE), informó el titular del Órgano Interno de Control (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras.
Al comparecer en la Cámara de Diputados, señaló que las compañías involucradas tienen en común a los hermanos José Alfredo y Ray-mundo Hernández Casillas, entre otros, integrantes de una red que derivó esta semana en la renuncia de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, acusada de vínculos personales con ellos, a quienes habría favorecido con numerosos contratos.
Al detallar algunos de esos documentos y otras presuntas irregularidades de las compañías no sólo con los OPLE, sino con el propio INE, Carvente Contreras reveló que por los “casos mediáticos” conocidos en días recientes ya se inició un procedimiento de responsabilidad administrativa “por faltas graves” en contra de cinco personas, cuya identidad se reservó para no alterar –dijo– el debido proceso.
Asimismo, indicó que el OIC tiene un “expediente maestro”. Aunque fue extremadamente cuidadoso para no mencionar a los presuntos responsables, manifestó que se indagan irregularidades halladas desde mayo de 2025. En ese paquete hay, a su vez, cuatro carpetas abiertas por potenciales casos de conflicto de intereses y ocultamiento de esos conflictos.
En una primera exposición ante diputados de las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Transparencia, el fiscalizador dio información sobre algunos de los expedientes abiertos, la mayoría relacionados con sobreprecios (por ejemplo, una adjudicación favoreció una oferta 26 millones de pesos superior a la propuesta de la empresa pública Talleres Gráficos de México), adjudicaciones directas sin la justificación que prevé la norma y otras, en las que se encontraron vínculos entre postores y servidores públicos e incluso contratos otorgados por servicios que podría realizar el personal del INE.
Aludió también a un caso que incluyó la contratación de un representante de las empresas del entramado como alto funcionario del instituto. No mencionó nombres, pero es sabido que se trata de Jesús Octavio García González, antes representante jurídico de provedoras de materiales electorales, quien fue nombrado encargado de despacho de la dirección ejecutiva de Administración del INE, del 24 de septiembre de 2025 al 15 de mayo del año en curso.
🗞 CONTRAPORTADA
-Arrestan al envenenador de canes de la Condesa.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Salvador N, de 58 años, por su participación en el delito de maltrato animal tras el envenenamiento de perros en el parque España, en la colonia Condesa, por lo que fue remitido al Reclusorio Norte.
Su detención se logró a las 6:20 de la mañana de ayer, en las calles Atlixco y Juan Escutia, en esa misma colonia, cuando agredió a policías; más tarde, las autoridades ministeriales lograron entregar los datos de prueba de la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana a un juez de control, quien otorgó el mandamiento.
Consta en el expediente CI-FIDAMPU/A/UI-1 S/D/02007/10-2026 que el sujeto refirió: “mordieron a mi hijo y mataría a todos los perros si pudiera”, luego de la agresión de un can a su familiar, antecedente que motivó el envenenamiento. Además, señaló que en ese momento ninguna autoridad lo ayudó, menos los dueños del perro.
También quedó establecido que el sujeto es vecino de la colonia Condesa, por lo que conocía la zona para saber dónde colocaría las cápsulas con metomilo, sustancia tóxica que causó la muerte de los cuatro animales.
Colaboración de vecinos fue fundamental
Fuentes ministeriales señalaron que cuentan con imágenes de cámaras de seguridad privada en las que presuntamente se observa al sujeto arrojar los cebos de carne envenenados, datos de prueba que fueron fundamentales para que se otorgara la orden de aprehensión, que ejecutaron agentes de la Policía de Investigación a las 13:55 horas.
De acuerdo con la FGJ, la investigación se concentró en dos líneas, la primera en las pruebas periciales que permitieron identificar la sustancia tóxica utilizada y, la segunda, en el análisis de videograbaciones y entrevistas, lo que permitió identificar al probable responsable.
🗞 EL UNIVERSAL
Auditoría halla transas en INE, UNAM, Sinaloa y NL
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló que dos grupos empresariales —identificados con las siglas GC y GHC— acumularon contratos y operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con diversas entidades públicas, principalmente electorales, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de varios estados, de 2014 a 2026.
En el marco de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, expuso que gracias a labores de inteligencia de la ASF se detectó que, de ese monto, 3 mil 790 millones de pesos corresponden a organismos electorales locales. Al INE corresponderían contratos con estas dos empresas por 430 millones de pesos, es decir, 11.3% del total.
“En los análisis de inteligencia que dan motivo a nuestra investigación, identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas (...) Estas investigaciones se desarrollarán con absoluta independencia, objetividad, rigor técnico y pleno respeto al debido proceso”, dijo.
El auditor reiteró que se ha iniciado una investigación de oficio respecto de irregularidades relacionadas con el INE.
“Esta investigación comprende también a todos los organismos públicos locales, electorales, así como a las empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos. Se identificó que proveedores de una empresa analizada trabajaron con empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras, esto por 21.3 millones de pesos, y otra de estas empresas se encuentra suspendida del padrón de proveedores”.
Adicionalmente, se observaron elementos relevantes sobre la estructura y operación de estas empresas, tales como operaciones entre sociedades de los mismos grupos, es decir, la empresa ganadora subcontrata a una de las que participan en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados. Se detectaron registros laborales reducidos o nulos, es decir, empresas que a pesar de facturar cientos de millones cuentan con menos de cinco trabajadores y en algunos casos, ninguno.
Otra línea de investigación gira en torno a posibles barreras que establecen una competencia desleal para garantizar la adjudicación de los contratos, incidiendo en los precios y en las condiciones en menoscabo del patrimonio público. “Estamos realizando un estudio pormenorizado para identificar los orígenes de estas conductas desde los primeros años en que se establecen las operaciones relacionadas con los organismos electorales y estos mismos grupos empresariales con la finalidad de combatir la corrupción enquistada en menoscabo de los recursos asignados a estas importantes funciones”.
🗞 MILENIO
Texas se apodera de nueve islotes del Bravo para bloquear al narco
Texas declaró como su propiedad nueve islotes que se encuentran en el río Bravo y cuya pertenencia se encuentra en vilo entre México y Estados Unidos, con el argumento de bloquear a la delincuencia organizada.
A lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió que la frontera no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal, pues está establecida en tratados internacionales.
La comisionada de Tierras de ese estado, Dawn Buckingham, anunció a través de la Oficina General de Tierras la división que identificó los terrenos como propiedad del gobierno local, lo que permitirá un reforzamiento de seguridad en colaboración con agencias federales e incluso el ejército.
De acuerdo con un comunicado, los nueve terrenos constan de un total de 66 acres y, luego de que se tuviera cierta incertidumbre sobre la pertenencia de los islotes, ahora quedarán bajo resguardo de los departamentos Militar y de Seguridad Pública de Texas.
“La comisionada Buckingham está coordinando con socios de autoridades estatales y federales para asegurar que se tengan las coordinadas necesarias para llevar a cabo operaciones de seguridad fronteriza, enfrentar cualquier actividad ilegal y proteger a las comunidades alrededor”, explicó la dependencia.
Los nueve islotes se encuentran en una zona que abarca las ciudades de Laredo a McAllen, según un mapa diseñado por la Comisaría de Tierras del estado. La titular admitió que por el momento no se ha detectado que la zona sea utilizada para fines delictivos, pero aclaró que experiencias previas muestran que zonas similares pueden ser vulnerables.
“La tierra de Texas nunca se convertirá en un lugar seguro para cárteles, traficantes de personas, contrabandistas y otras organizaciones criminales”, apuntó Buckingham en el comunicado.
De acuerdo con la agencia estatal, este anuncio marca la culminación del proyecto “Protégelo”, una iniciativa del estado para fortificar las líneas fronterizas y adquirir terrenos para la construcción de muros, obstáculos e instalaciones, en lo que representa un espaldarazo a las duras políticas contra la migración irregular del presidente Donald Trump.
Por su parte, la cancillería recordó vía comunicado que los límites entre ambos países están definidos en documentos firmados por ambos países.
“El Tratado de Límites de 1970 entre México y EU establece que, en el río Bravo, el límite internacional corre por el centro del cauce normal del río. Ese límite determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera, independientemente de la soberanía previa que hayan tenido esas tierras.
“La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia facultada por ambos gobiernos para aplicar el tratado y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla. Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución. Conforme al tratado, ningún país puede construir obras que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río”, precisó.
La dependencia advirtió que “México dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona y reitera su compromiso con el cumplimiento de los tratados que rigen la frontera común y con el diálogo bilateral a través de los mecanismos establecidos”.
Respeto al territorio
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, aseguró que las tensiones geopolíticas perturban el comercio y afectan a quienes menos tienen, por lo que hizo un llamado a los países miembros del G20 a privilegiar el diálogo, la diplomacia y el respeto al derecho internacional.
El canciller mexicano participó este viernes en la primera sesión de trabajo Tensiones Geopolíticas, durante la Reunión de Ministros de Exteriores del G20, encabezada por Marco Rubio en Atlanta (Georgia).
🗞 EXCÉLSIOR
ASF escarbará hasta el fondo del INE y los OPLE
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en las operaciones del INE y de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), de 2014 a 2026, la cual alcanza a empresas, proveedores y servidores públicos.
El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó ante comisiones de la Cámara de Diputados que ya envió 32 oficios a los gobernadores para solicitar información del Ramo 28 y reconstruir el comportamiento financiero desde el año 2000, a fin de detectar conflictos de interés y desarticular la simulación de empresas con sobreprecios.
Se identificó que dos grupos empresariales acapararon 8 mil 870.3 millones de pesos con entidades públicas, de los cuales 3 mil 790.3 millones correspondieron a los OPLE.
El esquema incluyó operaciones entre sociedades de los mismos grupos, subcontratación cruzada, uso de factureras por 21.3 millones de pesos y firmas con menos de cinco trabajadores o sin personal.
Las primeras denuncias derivadas de estas auditorías se presentarán a más tardar en febrero. Tras los hallazgos, el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, arremetió contra la expresidenta del INE asegurando que “Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel”.
Previamente, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente, detalló que hay 18 expedientes abiertos y cinco funcionarios imputados por faltas graves en la gestión de Taddei. Entre las anomalías figura el contrato INE-007-2025 para urnas y mamparas —de 165 a 198 millones de pesos—, adjudicado directamente con un sobreprecio de 26 millones de pesos sobre la propuesta de Talleres Gráficos de México y donde, ante retrasos el INE, cobró apenas 26 mil pesos de pena frente a los 40 millones calculados.
Asimismo, en Sonora, el presidente del IEES, Nery Ruiz Arvizu, admitió contratos con Cajas Graf S.A. de C.V., pero rechazó que exista conflicto de interés o motivo para separarse del cargo.
Abren investigación contra INE y 32 OPLE; ASF indaga 9 mil mdp en contratos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con diversas entidades públicas entre 2014 y 2026. De ese monto, 3 mil 790.3 millones corresponden a organismos electorales locales.
El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que la ASF abrió una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos y en las operaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que alcanza “a las empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos”.
🗞 EL HERALDO
Contra Taddei, 18 expedientes en INE
El titular de la Contraloría Interna de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral, Víctor Hugo Carvente Contreras, develó una red de corrupción y complicidad conformada por cinco empresas que no sólo actuaban en el INE, también actuó en la mayoría de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), en los que de 2014 a 2025, simularon competencia para obtener contratos por 2 mil 461 millones de pesos, derivado de ventas de material electoral.
Informar que sobre la administración al frente del INE de Guadalupe Taddei, existen 18 expedientes abiertos, de los cuales, 13 están en investigación y 5 se encuentran en las imputaciones en responsabilidades administrativas, en los que hay un emplazamiento y señalamiento en contra de servidores públicos.
“Nosotros hemos detectado que al menos desde 2014 hasta 2025, cinco empresas con vínculos entre sí, es decir, comparten representantes legales y socios han simulado competencia y recibieron contratos alrededor por 2461 millones de pesos. Repito, 2461 millones de pesos, justamente derivado de ventas de material electoral en organismos autónomos electorales, lo que conocemos como los soples. Lo quiero señalar aquí, la concentración del mercado ha sido del 77% por parte de estas cinco empresas”, indicó.
Tras señalar que Cajas Graf obtuvo contratos con 20 OPLES, 10 con Corporativo Zeg; tres con comercializadora JVLY y Formas Finas y Materiales con al menos 10 y Seriplast, al menos con un organismo local, en donde se identificó que los representantes se compartían, siendo los principales, Raymundo y Alfredo Hernández Casillas.
“Todos estos apoderados o representantes legales se comparten en estas empresas, es decir, José Alfredo Hernández Casillas aparece en Cajas Graf, pero también aparece en Seriplast. Bueno, Raymundo (Hernández Casillas) aparece en tres empresas en cinco. Quisiera que pudieran detectar que estos son los cruces, o sea, la persona aparece en estas, la siguiente en estas, en estas. Es decir, estamos ante un escenario de colusión, ¿no? O bueno, de simulación en el que existen empresas únicas, pero en realidad están diseminadas en este grupo, en este grupo de cinco empresas”, comentó.
Carvente Contreras explicó, cómo ha operado este andamiaje de colusión de oferentes en la licitación pública que infla los precios para descalificar unas y que quede virtualmente la que presenta la oferta más alta.
“¿Cómo es el patrón? Dos empresas de este mismo grupo empresarial presentan ofertas con precios excesivamente elevados. ¿Eso qué hace? Pues que elevan o incrementan artificialmente la mediana. Cuando elevan artificialmente el precio, esas empresas descalifican a la menor, es decir, se eliminan las ofertas más bajas. Las ofertas más bajas presentadas por otras empresas son eliminadas. ¿Por qué? Porque yo elevé la mediana. ¿Cuál es el siguiente proceso? Participan con precios inflados, por lo menos una de las empresas del grupo participa con precios inflados y cumple técnicamente Tercero, participan sin cumplir técnicamente, es decir, una segunda empresa del mercado que no cumple con lo técnico ocasiona que sea descalificada y que posteriormente se realiza una adjudicación directa. Tercero, al adjudicarse a la segunda empresa del grupo, queda un único licitante, que es ¿Quién creen? Pues es el que se declara ganador”, explicó.
Sin decir nombre, el contralor del INE, precisó que esta operación simulada se lleva a cabo desde el 2024, cuando estaba al frente del Consejo Nacional del máximo órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello.
“Y Ahora bien, muchos se ha dicho, bueno, pues Cajas Graf, no contrataba anteriormente con el Instituto Nacional Electoral. No, eso no es cierto. Si nos vamos a fondo vamos a detectar que eso no es cierto. Seriplast tenía como representante legal justamente al hermano de Alfredo Hernández Casillas. Seriplast es la empresa con la que anteriormente se contrataba en el Instituto Nacional Electoral, por eso me gusta señalar que esto no es un asunto de este momento, es un asunto que viene de muchos años atrás. En el 2015, el INE formalizó contratos con Seriplast, en el 2011, en ese entonces, IFE y en el 2016, el INE formalizaron contrataciones con Formas Finas y materiales. Siguiente, por favor. En el 2019, también el INE formalizó un contrato con cajas Graf”, apuntó.
🗞 EL SOL DE MÉXICO
Revelan 11 años tarde colusión en compras electorales
El contralor del órgano electoral reveló que desde 2014 estas empresas se han llenado los bolsillos a través de 13 representantes legales que comparten las empresas
A través de una red de colusión que opera desde 2014, cinco empresas han obtenido contratos en 27 Organismos Públicos Locales (OPLES) por dos mil 461 millones de pesos, reveló el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente, quien reconoció que esto fue detectado en mayo de 2025.
Se trata de Cajas Graf, que recibió el 40 por ciento del monto investigado en contratos. Así como Seriplast de México, Comercializadora JIVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas y Materiales, cuyo representante legal de todas fue Raymundo Hernández Casillas, hermano del contratista José Alfredo Hernández Casillas.
🗞 PIE DE PÁGINA
El Ocotal: la disputa por el bosque ahora enfrenta a los vecinos con el gobierno
¿Quién decide qué árboles deben caer? Vecinos de Cuajimalpa se movilizan contra la tala de 124 ejemplares en el bosque del Ocotal y exigen al gobierno transparencia y alternativas para proteger el arbolado
Desde hace un año, en el bosque del Ocotal hay más de 100 árboles marcados con números. Las cifras, pintadas sobre los troncos, permanecen como una advertencia para quienes recorren este espacio de la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México: algunos de esos ejemplares podrían ser derribados.
En la franja boscosa que corre junto a la carretera federal México-Toluca, cerca de las casetas de cobro de La Venta, las marcas se han convertido en motivo de alerta.
El 19 de octubre, vecinos de la colonia Loma del Padre y habitantes de pueblos originarios de Cuajimalpa se movilizaron para impedir que personal de distintas dependencias reanudara los trabajos de tala. El operativo contemplaba el retiro de 124 árboles, bajo el argumento de que representan un riesgo para la carretera y el Tren Interurbano México-Toluca.
Los habitantes cuestionan que entre los ejemplares señalados haya árboles sanos, sin una inclinación que justifique su derribo. También denuncian que las autoridades no han presentado la información ambiental necesaria para conocer las condiciones de cada árbol y determinar si existen alternativas para conservarlos.
La nueva intervención reavivó un conflicto que lleva años en el bosque. Sin embargo, para quienes lo defienden, la disputa ha cambiado de interlocutores: después de que, según información de los vecinos, una franja del predio fue adquirida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a Grupo Carso, las principales exigencias se dirigen ahora a las dependencias gubernamentales que pretenden ejecutar la tala.
«El conflicto ahorita es con el gobierno», dice Orlando Pérez Romero, vecino de Loma del Padre, donde vive desde 1980.
🗞 LA RAZÓN
Vicecoordinador de Morena en San Lázaro: “Taddei debe ir a la cárcel”
El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió que Guadalupe Taddei sea sancionada con prisión, además de las faltas administrativas que correspondan, por las presuntas irregularidades cometidas en las contrataciones cuando estuvo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
En su posicionamiento durante la comparecencia ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados del contralor del INE, Víctor Hugo Carvente, el morenista dio un mensaje enfático contra la exconsejera presidenta.
“La señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel. Deben de fincársele responsabilidades administrativas y también responsabilidades penales… Vamos a abrir un maxiproceso, el país necesita abrir un maxiproceso”, expresó.
El Dato: El consejero del INE, Arturo Castillo, señaló el pasado 29 de octubre que la FGR debe mantener abiertas las indagatorias sobre las irregularidades registradas en el instituto.
Asimismo, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación de oficio e intervenir con inmediatez en el aseguramiento de los bienes y cuentas de los grupos empresariales que fueron proveedores del instituto.
Además, reclamó que el anterior titular del Órgano Interno de Control (OIC) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quedaron a deber información más clara porque “la presencia de este cártel, de este sistema de coyotaje electoral, empezó a fraguarse hace muchos años y nadie debe ser su exculpado”.
Otra demanda en el mismo sentido fue planteada por la emecista Iraís Reyes, quien además de responsabilizar a Morena del nombramiento de Taddei al frente del INE en 2023, cuestionó si ya se presentó una denuncia contra la exconsejera y sus cercanos por presunta corrupción.
“No queremos que tengan sólo una sanción con responsabilidad administrativa: que cumplan. Como millones de mexicanos, tienen que cumplir con la justicia y terminar en prisión. Así queremos que tengan consecuencias penales y queremos saber el estatus de esas investigaciones”, dijo.
El Tip: EL contralor dijo que también se está auditando la administración anterior a la de Guadalupe Taddei.
Al inicio de la comparecencia, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Javier Herrera Borunda (PVEM), advirtió que la rendición de cuentas no se tratará de una “cacería de brujas”, pero tampoco el simple cumplimiento de trámites.
🗞 REFORMA
Aprietan a Samuel: imputa ASF desvíos
La triangulación de recursos públicos hacia el despacho del Gobernador de NL, Samuel García, y su familia fue documentado por la Auditoría Superior de la Federación, como parte de una investigación revelada ayer.
Desde la Cámara de Diputados, donde presentó informes de revisión a las Cuentas Públicas de dependencias y entidades federativas, el titular de la ASF, Aureliano Hernández, informó de al menos 728.13 millones de pesos del erario de NL desviados a través de un patrón que implica contratos públicos, transferencias entre empresas y movimientos de recursos hacia particulares.
"Identificamos esquemas de triangulación", enumeró Hernández, "simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos, a través del pago de proveedores, cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias a personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos".
La revelación ocurre tras una serie de investigaciones periodísticas de Grupo REFORMA que evidenciaron desvíos y transferencias millonarias de empresas proveedoras y constructoras contratadas por el Estado hacia Firma Jurídica y Fiscal, el despacho legal del Gobernador y su padre, Samuel Alejandro García Mascorro.
Argumentando que está protegiendo el "debido proceso", la ASF no dio los nombres de los involucrados y las empresas, pero las operaciones y los montos coinciden con información publicada por REFORMA en 2024.
El cuestionamiento más cuantioso expuesto por Hernández implica a una constructora que recibió 5 mil 851 millones de pesos del Gobierno estatal y posteriormente transfirió 5 mil 154.6 millones a otra empresa que, a su vez, envió 385.3 millones al despacho jurídico.
La ASF señala operaciones inmobiliarias por más de mil millones de pesos, involucrando a un funcionario cuyo nombre o cargo no revela.
Sin embargo, el esquema concuerda con una triangulación detectada en investigaciones periodísticas a partir de las obras de las Líneas 4 y 6 del Metro, adjudicadas en septiembre del 2022 a la constructora Mota-Engil.
REFORMA evidenció en septiembre del 2024 que, el mismo día de la firma del contrato, la constructora se asoció con empresas vinculadas al Grupo Gentor, uno de los principales clientes del despacho de la familia del Gobernador.
🗞 LA CRÓNICA
México defiende soberanía e integridad regional en el marco de cumbre del G20
El canciller Roberto Velasco Álvarez planteó cinco prioridades para enfrentar los conflictos internacionales, entre ellas fortalecer la diplomacia, garantizar la ayuda humanitaria y proteger las cadenas de suministro.
México defenderá la igualdad soberana de las naciones, el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de los conflictos ante las tensiones que se viven en diferentes regiones del mundo, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Veinte (G20), realizada en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
Durante su participación en la primera sesión de trabajo, titulada “Tensiones Geopolíticas”, el funcionario señaló que los conflictos internacionales no solamente afectan a los países donde ocurren, sino que también tienen consecuencias en la economía mundial, el comercio y el costo de vida de las familias.
Explicó que las tensiones entre naciones pueden provocar problemas en el suministro de productos, aumentar los precios y afectar principalmente a las personas que cuentan con menos recursos económicos.
Ante este panorama, Velasco sostuvo que la postura de México debe basarse en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados, así como en los principios establecidos en la Constitución mexicana para conducir las relaciones internacionales. Entre estos principios mencionó la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la cooperación internacional para el desarrollo.
El canciller también presentó cinco prioridades estratégicas que México considera necesarias para enfrentar los desafíos globales.
La primera consiste en fortalecer la diplomacia y el papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para resolver los conflictos mediante el diálogo y evitar que las diferencias entre países terminen en enfrentamientos.
La segunda plantea garantizar que la ayuda humanitaria llegue a las personas que la necesitan, especialmente en las regiones afectadas por guerras y emergencias. Como tercera prioridad, propuso reforzar la cooperación internacional para proteger las cadenas de suministro, diversificar las rutas comerciales y garantizar la disponibilidad de productos esenciales.
En este punto, destacó la importancia del Plan México, estrategia que busca fortalecer la producción nacional y vincularla con la integración económica internacional. La cuarta propuesta consiste en atender las causas que generan inestabilidad y desplazamiento de personas, como la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades.
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