El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 de Chile plantea cambios en el financiamiento de políticas públicas dirigidas a las mujeres, entre ellos el eventual cierre de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Mujer (Prodemu), reducciones en la estructura del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y la ausencia de partidas explícitas para determinados programas de salud.
La propuesta fue presentada por el gobierno del presidente José Antonio Kast y comenzó su discusión en el Congreso durante octubre de 2026. Las medidas forman parte de un proyecto que todavía puede modificarse durante su tramitación legislativa.
Prodemu podría cerrar después de 36 años de trabajo
Uno de los cambios más relevantes es el previsto para Prodemu, fundación creada en 1990 para promover el desarrollo y la autonomía de las mujeres, particularmente mediante acciones de capacitación, formación y acompañamiento territorial.
El proyecto presupuestario contempla recursos para cubrir sus gastos operativos, incluidos salarios y servicios, únicamente hasta el 31 de marzo de 2027. Después de esa fecha, los fondos se destinarían a cubrir los gastos necesarios para el cierre, la liquidación y la disolución de la institución.
El Sindicato Prodemu advirtió que la medida afectaría a cerca de 50 mil mujeres que reciben atención y acompañamiento cada año, además de poner en riesgo alrededor de 400 puestos de trabajo.
Por su parte, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, atribuyó los problemas financieros de la fundación a decisiones de la administración anterior, entre ellas el traslado de su funcionamiento al ministerio tras la eliminación del gabinete de la primera dama.
La continuidad de Prodemu dependerá de lo que ocurra durante la discusión presupuestaria y de las decisiones que se adopten respecto de la institución.
Menos plazas en el servicio de atención a las mujeres
El proyecto también propone reducir en 26 plazas el límite de puestos que el SernamEG puede contratar de manera permanente.
Este organismo ejecuta programas relacionados con la prevención y atención de las violencias de género, así como iniciativas para fortalecer la autonomía de las mujeres. Por ello, los cambios en su estructura laboral abren interrogantes sobre las capacidades institucionales para mantener sus servicios.
La propuesta presupuestaria también modifica el panorama de otros programas dirigidos a las mujeres. Entre los cuestionamientos planteados por organizaciones y sectores críticos se encuentra la eliminación de asignaciones específicas para iniciativas de participación política y social, así como cambios en los recursos destinados a políticas de autonomía económica y derechos sexuales y reproductivos.
Estas modificaciones forman parte de un debate más amplio sobre la distribución del gasto público y la continuidad de las políticas que buscan reducir las desigualdades de género.
El presupuesto dejaría de identificar el gasto con perspectiva de género
Otro cambio está relacionado con la metodología de Presupuesto con Perspectiva de Género, impulsada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric (2022-2026).
Desde 2024, la Dirección de Presupuestos (Dipres) desarrolló un mecanismo piloto para identificar qué proporción del gasto público contribuía, directa o indirectamente, a reducir las brechas entre mujeres y hombres o a financiar iniciativas de género.
Para el presupuesto de 2026, el 23 por ciento del gasto fue etiquetado bajo esta metodología.
Sin embargo, durante la formulación del proyecto para 2027, los ministerios dejaron de recibir las instrucciones para identificar y etiquetar sus partidas presupuestarias bajo ese mecanismo.
La ausencia de esta clasificación no demuestra por sí sola que todos los recursos destinados a cerrar brechas de género hayan desaparecido. No obstante, dificulta identificar de manera específica cuánto del presupuesto se dirige a ese objetivo y dar seguimiento a su distribución entre las distintas dependencias públicas.
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