Lozoya ya dio lista de corruptos: Código Magenta. Incluye a Anaya, Meade, Cordero, González Anaya...

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El diario Código Magenta reveló que Emilio Lozoya ya dio  cifras detalladas y explicó el modus operandi de los sobornos entregados a funcionarios con dinero de Odebrecht, y otros que fueron usados para concretar la Reforma Energética.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).– Emilio Lozoya Austin dio a las autoridades españolas una lista de los políticos que habrían recibido sobornos millonarios por parte de la constructora brasileña Odebrecht, entre ellos destacan José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya Cortés, José Antonio González Anaya y Ernesto Cordero Arroyo. Además, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que tanto el expresidente Enrique Peña Nieto como Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estaban enterados de la situación.

Un reportaje publicado este martes en Código Magenta, y que es firmado por el periodista Ramón Alberto Garza, director de ese diario digital, destaca tres elementos claves para entender cómo operó el esquema multimillonario de sobornos en el que se usó dinero de Odebrecht.

La investigación de ese diario reveló que la operación, encabezada por Emilio Lozoya, habría iniciado en una panadería El Globo, ubicada en Prado Sur de la Ciudad de México, donde cerró un pacto con Luis Alberto de Meneses, director de Odebrecht en México; ahí se habría comprometido a transferir 4 millones de dólares a cuentas vinculadas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con el texto de Garza, Lozoya se refirió a Peña Nieto y a Videgaray Caso con los códigos “Número 1” y “Número 2”. Además “aseguró que ambos le dieron la orden de reunirse con Meneses para gestionar recursos para la campaña presidencial del PRI a inicios de 2012”.

Estos son los factores que, de acuerdo con la declaraciones de Lozoya a autoridades españolas, son clave para entender el sistema de sobornos.

Emilio Lozoya: lo que ya reveló

Código Magenta

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⭕️ Emilio Lozoya: lo que ya reveló‪

➡️ ¿Qué tienen en común Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Ernesto Cordero y José Antonio González Anaya? Todos fueron señalados por Emilio Lozoya ante las autoridades españolas de haber sido beneficiarios de un esquema multimillonario de sobornos pagado con dinero de Odebrecht.

➡️ Código Magenta tuvo acceso a la declaración judicial del ex director de Pemex. Las revelaciones prometen cimbrar a la clase política mexicana ya que van mucho más allá de involucrar solo a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray: https://codm.info/300B1THFACTOR TAPIA

Emilio Lozoya describió a Fabiola Tapia Vargas, representante legal de Construcciones Industriales Tapia, como “el cerebro financiero de la operación de los sobornos”.

De acuerdo con la investigación periodística, ella se habría encargado de entregar dinero en billetes de 200 a mil pesos a los senadores y diputados en una oficina rentada por Petróleos Mexicanos (Pemex) en la calle Montes Urales, en la colonica Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.

“Fabiola Tapia es hermana de Juan Carlos Tapia, quien dirige una empresa que creció en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a ella se le entregó un contrato en el complejo Etileno XXI que operaba Braskem, filial de Odebrecht”, detalló Código Magenta.

El diario expuso que, según los dichos de Lozoya, Tapia Vargas hizo la primera transferencia de Odebrecht a cuentas vinculadas al PRI. “La firma envió 3.5 millones de dólares a través de Research Engineering and Development Ltd, una empresa fachada, mientras que los 815 mil dólares los habría proporcionado Fabiola Tapia en efectivo, el dinero sería repuesto por Odebrecht a Tapia”, explicó.

Tapia Vargas habría tenido un acuerdo con la constructora para que apoyara al Gobierno de Peña Nieto con 6 millones de dólares si obtenía el contrato Tula 1.

PACTO POR ODEBRECH

Lozoya detalló que el dinero de los sobornos era colocado por Tapia en efectivo “para que se instruyeran según como el número 2 (Luis Videgaray) iba indicando”.

El exdirector de Pemex dijo que David Peña, político priista de Hidalgo y presidente de la Comisión de Energía en el Senado, fue colocado por Videgaray y Peña Nieto como enlace de cabildeo y se le entregaron 6 millones de pesos el 17 de septiembre de 2014, un día antes de que en el Senado se presentara el dictamen de elección de comisionados para la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Reguladora de Energía

Sobre los sobornos entregados a senadores del PAN, Código Magenta destaca que se habrían visto beneficiados.

“Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda; Francisco Domínguez, actual Gobernador de Querétaro; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual Gobernador de Tamaulipas; Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas. En la declaración, se refiere que, Número 2 (Videgaray), ordenó recibir a Ricardo Anaya Cortés, entonces presidente de la Cámara de Diputados y futuro candidato presidencial del PAN, para entregarle 6.8 millones de pesos el 8 de agosto de 2014”, plantea el periódico digital.

NEXO PANISTA

El tercer factor clave es el nexo con políticos panistas. De acuerdo con Código Magenta, la complicidad entre los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto “quedó sellada con la supervivencia política de José Antonio Meade”, quien pasó a ser Secretario de Hacienda en el Gobierno del PAN a Secretario de Relaciones Exteriores en la administración del PRI.

Lozoya dijo a las autoridades españolas que Luis Alberto de Meneses aseguraba que Braskem entregó sobornos en 2010 y 2011 para garantizar el negocio del complejo Etileno XXI.

“El cabildeo estuvo a cargo de dos funcionarios de Peña: Carlos Treviño Medina y José Antonio González Anaya, ambos fueron directos productivos de la empresa del estado. Este negocio se logró con al presunta intervención de Francisco Javier Conejo, empresario jalisciense que fue excolaborador de José Antonio Meade”, destacó el medio de comunicación.

Las declaraciones de Lozoya en España señalan que, durante 2014, Ernesto Cordero y José Antonio Meade habrían recibido 52 millones de pesos usados para pagar a legisladores de oposición del PAN “y 32 millones de pesos presuntamente a Luz Vega Aguilar, secretario de finanzas del PRI, cercano a Peña Nieto”, detalló Código Magenta.

El exdirector de Pemex, citado en la investigación de Ramón Alberto Garza, aseguró que en septiembre de 2014 habrían finalizado los pagos con la entrega de 12 millones de pesos en efectivo Meade Kuribreña, a José Antonio González Anaya y a Carlos Treviño Medina, entonces coordinador de asesores de Pemex.

Gurría: cinismo y desmemoria

Editorial La Jornada 

El secretario general de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, afirmó ayer que México se condena a tener un Estado pequeño debido a los escasos recursos con que cuenta para financiar sus actividades. De acuerdo con quien fuera subsecretario de Asuntos Financieros Internacionales de la Secretaría de Hacienda durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y titular de esa dependencia en el gobierno de Ernesto Zedillo, si se quiere remediar el déficit crónico y proveer mayor bienestar a la población con servicios públicos de calidad, el Estado debe aumentar la recaudación, avanzar hacia un modelo fiscal más normal, más moderno y que dependa menos del petróleo.

Las declaraciones de Gurría combinan la exposición objetiva del marco fiscal existente en México –cuya recaudación, expresada como porcentaje del producto interno bruto (PIB), es la quinta más baja de América Latina y representa menos de la mitad del promedio entre los países que integran la OCDE– con el silencio o el cinismo con respecto a su propio papel en el diseño, promoción y aplicación de dicho marco. En efecto, el hoy funcionario internacional y asesor empresarial forma parte del grupo de tecnócratas como Pedro Aspe Armella, Francisco Gil Díaz, Guillermo Ortiz Martínez y Agustín Carstens que usaron sus altos cargos para imponer un modelo fiscal regresivo y defectuoso, lleno de agujeros legales fácilmente explotables por las corporaciones y los dueños de grandes capitales, que en los hechos constituyó una legalización de la evasión fiscal para los estratos más privilegiados.

Además de su carácter cínico, las recomendaciones de Gurría conllevan una doble perversidad. Por una parte, debe tenerse presente que los funcionarios financieros de los gobiernos neoliberales entienden la formación de un sistema fiscal moderno en términos de ampliación de la base tributaria, un eufemismo mediante el cual intentaron reiteradamente imponer un esquema aún más inequitativo; dicho modelo, cuya implementación se frenó gracias a la resistencia popular y al cálculo sobre lo impagables que resultarían sus costos políticos, pretendía gravar alimentos y medicinas con el impuesto al valor agregado (IVA), así como integrar de manera forzosa a la formalidad a sectores de la población que realizan actividades de subsistencia, como los pequeños campesinos o los vendedores ambulantes.

Por otra parte, en la jerga neoliberal, la necesaria tarea de reducir la dependencia estatal de los ingresos petroleros no se traduce en el establecimiento de gravámenes progresivos a las grandes fortunas personales o corporativas, sino en la entrega incondicional de los recursos naturales de la nación al sector privado. Es evidente que la renuncia del Estado a la renta petrolera iría en perjuicio directo de las mayorías beneficiadas por los programas sociales y que sólo favorecería a los intereses privados que no se han resignado a perder el control sobre los hidrocarburos mexicanos.

En suma, la postura del ex funcionario constituye un ejemplo inmejorable del pensamiento tecnocrático, privatizador y marcadamente oligárquico que devastó al país a lo largo de los pasados cinco sexenios y que fue masivamente reprobado en las urnas hace casi dos años.

Gobierno de Mancera en la CDMX trianguló con empresa de García Luna

Congelados, Más de $5 mil millones en 2019: Nieto

▲ El presidente López Obrador y el titular de la UIF, Santiago Nieto, durante la conferencia de ayer, última del año.

A la fecha no hay datos que corroboren la probable participación de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en el caso de corrupción que se imputa a Genaro García Luna, expuso el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que el monto de recursos congelados por actividades ilícitas asciende a 5 mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares. También confirmó que las cuentas bancarias de García Luna y de Eduardo Medina Mora se encuentran en ese estado.

Al insistir en que no serán utilizadas las instituciones del Estado para perseguir a nadie, el Presidente adujo que en el caso de García Luna su gobierno denunció porque si no hubiera ocurrido así, seríamos cómplices o encubridores. Por su parte, Nieto reiteró que cuatro ex gobernadores ya son investigados porque existen denuncias por actos de corrupción.

“Encontramos casos desde enriquecimiento ilícito, peculado electoral, temas vinculados con ejercicios indebidos de servicio público, defraudación fiscal. Los bloqueados son mil 371 sujetos en lo que va del año, contra 57 de 2018. Las cuentas bloqueadas son un total de 12 mil 74 de forma directa o indirecta, es decir, con personas a las que se les ha relacionado con alguna actividad presuntamente ilícita o personas que tengan relaciones financieras de manera directa con estos sujetos investigados, contra 800 durante 2018.

Esto ha generado que durante el año, de enero a diciembre de 2019, tengamos bloqueados 5 mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares de recursos que antes eran utilizados por los grupos delincuenciales, subrayó el funcionario de la SHCP.

Durante la exposición de las acciones más relevantes para enfrentar la corrupción y la impunidad prevaleciente durante la época neoliberal, Nieto habló acerca de la triangulación de recursos públicos de la empresa de la familia García Luna afincada en Panamá. Esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida del señor García Luna en Miami. Esta denuncia se ha presentado ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019. Estamos preparando la vista ante la Secretaría de la Función Pública.

En torno a estas pesquisas adelantó que Luis Cárdenas Palomino, colaborador de García Luna, también forma parte de ese entramado.

Al preguntarle si Miguel Ángel Osorio Chong está implicado en las investigaciones, Nieto fue precavido, pero también evidenció que el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México participó de las triangulaciones en favor de la empresa de García Luna.

No puedo dar datos en virtud de guardar sigilo porque estamos en proceso de investigación. Lo que tenemos denunciado hasta este momento son 11 personas físicas y morales, incluyendo estos dos servidores públicos. También hay incluso del gobierno de la Ciudad de México en la administración anterior.

Una vez que el presidente López Obrador reconoció su trabajo, Nieto desglosó que en la suma de las cuentas congeladas tenemos 980 millones de pesos bloqueados a los grupos delincuenciales vinculados con narcotráfico. Llegamos a tener unos 800 millones bloqueados en robo de hidrocarburos, aunque en este momento la cifra es 468 millones en razón de los juicios de amparo que fueron promovidos y que permitieron en este criterio del señor Medina Mora la liberación de esos recursos; y estamos hablando de unos mil 400 millones de pesos congelados en temas relacionados con corrupción política.

Entonces describió sucintamente el estado de las denuncias contra ex gobernadores. Nosotros hasta este momento hemos denunciado a ex gobernadores, tenemos cuatro casos denunciados ante la Fiscalía General de la República.

Fue entonces que el Presidente argumentó el porqué su gobierno denunció a García Luna, el pasado 24 de diciembre. “Si nosotros no hubiésemos actuado estaríamos sirviendo de cómplices o encubridores. Y Santiago tiene la instrucción, como todos los servidores públicos encargados del combate a la corrupción, de presentar todos aquellos elementos que puedan resultar, que puedan significar delictuosos, no quedarnos con nada, entregar todo a la autoridad competente.

Esto no es persecución, es no ser tapadera de nadie, porque tenemos que limpiar de corrupción el gobierno y la fiscalía va a hacer su trabajo.

Foto Pablo Ramos

Roberto Garduño

 Periódico La Jornada

Un político corrupto es peor que un narco

Marco I. Dávila

Rebelión

“Los operativos realizados por el gobierno de Felipe Calderón en los que capturaron a los principales líderes del narcotráfico se hacían por instrucciones del Cártel de Sinaloa. No era por trabajo de inteligencia como decía el gobierno en televisión”.

Anabel Hernández

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entendió perfecta y rápidamente la parte principal del problema de la inseguridad en México. Sin tener como prioridad el enfrentamiento armado y directo con el crimen (“guerra contra las drogas”, como dirían los neoporfiritos), y sin aplicar la política de “mátalos en caliente”, se ha optado por seguirle el rastro al dinero mal habido. Ésta simple acción de seguirle la pista al dinero sucio, sin dudas, tiene más garantías de dar con los criminales más peligrosos de México. Tanto así que a sólo un año de inicio de la Cuarta Transformación ya se le pisan los talones a tres ex presidentes (Fox, Calderón y Peña). No es por nada que el pueblo esté exigiendo: ¡Juicio a los ex presidentes! (desde Salinas hasta Peña).

En los restantes cinco años de gobierno de AMLO, además del gran reto de limpiar el cochinero dentro de las instituciones mexicanas y de asegurar de que haya justicia para todos e impunidad para nadie, también existe el otro gran reto de que quienes forman parte del nuevo gobierno puedan aguantarle el paso y ser capaces de seguir, con firmeza, el ejemplo de AMLO. Y así llegar a convertirse en el primer gobierno mexicano con el mayor número de funcionarios y políticos incorruptibles. 

AMLO solía decir que el cártel más peligroso de México era el de Los Pinos. Hoy podemos decir que el cártel más peligroso de todos es el Cártel de los Ex Presidentes (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña). Pareciera que los mexicanos han aprendido, a la mala, que un político corrupto es más peligroso que un narcotraficante. Los narcos son peligrosos, sí, desde luego, pero los políticos y funcionarios que encubren, colaboran y fortalecen a los narcos ocasionan mucho más daño a la patria.

Es muchísima la gente que, de una forma u otra, se ha involucrado en el negocio del narcotráfico, desde el que siembra hasta el que distribuye en las calles. Tan sólo con las nuevas revelaciones de Anabel Hernández en su más reciente libro, se visibiliza al verdadero Jefe de Jefes; se documenta el cómo las policías (en todos niveles) están metidas en ese negocio; se evidencia la gran corrupción que imperaba en el llamado Estado Mayor Presidencial (EMP), el uso de grandes compañías (incluso reconocidas a nivel mundial) para transportar la droga, entre otras cosas no menos deshonrosas. 

El pueblo pide instituciones firmes y auténticas, y le corresponde a México enjuiciar a sus propios criminales. Cuando las instituciones mexicanas estén limpias y depuradas, no hará falta que Estados Unidos sea quien enjuicie a los individuos peligrosos. Por ahora, está bien que sea Estados Unidos quien se dé vuelo atrapando a mafiosos mexicanos de alto calibre, esto sólo mientras AMLO y la Cuarta Transformación limpian el cochinero que acumuló el neoliberalismo por varias décadas. 

Y de paso, habría que dar un ultimátum a los funcionarios y políticos corruptos, animarlos a que renuncien todos. Les conviene porque llegado el momento, cuando les caiga la justicia su humillación será un poco menor. 

Caso ; Genaro García Luna : México colaborará con EU en el caso García Luna, sostiene el canciller Ebrard

Si así lo decide, puede solicitar apoyo al consulado

El gobierno de México cooperará con Estados Unidos en la investigación por el caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, detenido en Texas por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Destacó que se proporcionará la información que sea necesaria, aunque hasta ayer no había un requerimiento de este tipo por parte del país vecino.

Ante el anuncio de la detención, el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, expresó: Yo diría: ¡qué novedad!, y pidió esperar la información que proporcionen las autoridades estadunidenses sobre los cargos y las pruebas contra el ex funcionario, pero también llamó a recordar a personajes como Arturo Durazo Moreno, para él, símbolo de la corrupción en los años 80 del siglo pasado.

En tanto, el Sistema Nacional Anticorrupción abordará el tema de la detención de García Luna en la sesión de este miércoles, adelantó el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña, aunque no se tiene conocimiento de todas las causas que estén abiertas, por cuestiones de sigilo.

La posición de México será simple y llanamente proporcionar la información que su caso requiera... más en éste, porque tiene que ver con asuntos que nos importan mucho, pero hasta este momento no hemos sido requeridos, señaló ayer Ebrard en conferencia de prensa.

No obstante, como en cualquier caso, el jefe de la extinta Agencia Federal de Investigación durante el gobierno de Vicente Fox es un ciudadano mexicano que puede solicitar apoyo del consulado en el momento que decida, agregó.

Luego de que el Departamento de Justicia estadunidense dio a conocer el arresto por conspiración de tráfico de cocaína y hacer declaraciones falsas, al ser consultado acerca del caso, Peralta afirmó: No es ninguna novedad (las acusaciones); ésta sería, que pasáramos varios sexenios sin ningún funcionario dedicado a la seguridad pública o a la procuración de justicia (implicado) y sí, (en labores) como académico, escribiendo libros o tomado en cuenta en una nueva administración.

Desafortunadamente, agregó, en temas de seguridad y de justicia se han involucrado, en algunos casos, con delincuentes, convirtiéndose en ellos. Eso es crimen organizado.

Ana Langner, Rosa Elvira Vargas y José Antonio Román

Periódico La Jornada

El favorito de Fox y Calderón

Una carrera plena de denuncias por malas artes y violar derechos

El montaje televisivo de la aprehensión de Florence Cassez, entre los casos más destacados

Genaro García Luna fue el policía favorito de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, quienes permitieron que aun teniendo estudios no relacionados con el tema de seguridad –es ingeniero mecánico– escalara en la burocracia mexicana desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) hasta la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), acumulando en su carrera denuncias por corrupción y violaciones a derechos humanos.

El ex funcionario detenido el lunes en Dallas, Texas, a finales de los años 80 empezó su carrera policial en el Cisen y de allí fue ascendiendo en las filas del espionaje mexicano hasta convertirse en el hombre más poderoso en la materia en México de 2006 a 2012, cuando dirigió la SSP federal en el gobierno de Felipe Calderón.
Durante su gestión como alto funcionario público buscó ser el mando único de las corporaciones federales, incluida la policía aduanera y fiscal, pero fracasó en el intento de arrebatar a la hoy Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Hacienda las áreas de investigación y persecución de los delitos. Después intentó que todas las corporaciones locales estuvieran regidas desde la institución a su cargo, pero encontró oposición de los gobiernos estatales y no logró desaparecer a las policías municipales.
Además de ser señalado como un personaje cuyos colaboradores tenían nexos o brindaban protección a grupos delictivos, en particular al cártel de Sinaloa, García Luna recibió críticas a su trabajo.
Uno de los casos que evidenció la manera de actuar de la policía a su mando ocurrió en 2005, cuando ordenó la recreación televisiva de un operativo contra presuntos integrantes de una banda de secuestradores, lo cual permitió que la ciudadana francesa Florence Cassez fuera puesta en libertad porque se violó la presunción de inocencia.
En 1999 ocupó uno de los primeros mandos de Policía Federal Preventiva (PFP), donde estuvo a cargo de la Coordinación de Inteligencia. Al año siguiente, ya en el gobierno de Vicente Fox, fue designado jefe de la Policía Federal Judicial, que de inmediato se transformó en Agencia Federal de Investigación (AFI).

En ese contexto, el 9 de diciembre de 2005 García Luna autorizó la escenificación –para los noticieros de Televisa– de la aprehensión de una banda de presuntos secuestradores, entre los cuales estaba la ciudadana francesa Florence Cassez.
Pese a este episodio, García Luna siguió ascendiendo en la alta burocracia. En 2006, Felipe Calderón lo nombró titular de la SSP, transformó la PFP en Policía Federal (PF), desarrolló un esquema en el que la corporación aumentó a más de 30 mil elementos, adquirió armamentos, vehículos terrestres, aeronaves y equipos de espionaje, y construyó el primer Centro de Mando.
Intentó fusionar la AFI con la PF y durante meses obligó que todo mandamiento judicial y ministerial estuviera bajo la supervisión de sus hombres más cercanos, como Luis Cárdenas Palomino, Javier Garza Palacios y Édgar Millán Gómez, este último asesinado en 2008 presuntamente tras haber traicionado a los hermanos Beltrán Leyva, y se llegó a mencionar que la PF era utilizada para perseguir a los grupos antagónicos al cártel de Sinaloa.
Es precisamente esta complicidad por la que una corte federal de Brooklyn lo acusa de conspiración para el tráfico de drogas y lo señala por haber recibido cantidades multimillonarias con el fin de permitir el tráfico binacional de cocaína.
En su administración en la SSP se hicieron costumbre las presentaciones de detenidos en el hangar de la PF, donde se hacía gala del armamento de la corporación y se exhibía a los detenidos, así como las drogas con las que supuestamente se les había aprehendido.
Años después se supo que más de 80 por ciento de los imputados en esos casos quedaron libres por lo endeble de las acusaciones en su contra.
Con García Luna se creó Plataforma México, la cual afirmó que sería un banco de datos sobre la incidencia criminal a escala nacional. Sin embargo, fue criticado por no compartir dicha información con las autoridades estatales.

Eduardo Murillo y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Intercambio de información con Washington

En México también se investiga a García Luna por delitos federales

Los cargos, conspiración para traficar cocaína, cohecho, coparticipación en ilícitos contra la salud y delincuencia organizada
Solicitará su extradición

Genaro García Luna también es investigado en México por delitos federales, confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) horas después de la aprehensión en Estados Unidos de quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Felipe Calderón.

La FGR señaló que tiene una carpeta de investigación abierta contra García Luna por su probable responsabilidad en los ilícitos de conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud, delincuencia organizada y otros.
Fuentes federales señalaron que autoridades de primer nivel de ambos países comenzaron a intercambiar información sobre las actividades criminales de García Luna violatorias de leyes federales tanto de México como de Estados Unidos.
Esta colaboración incluyó el intercambio de los indicios de prueba recabados en ambas naciones con el fin de apoyar las causas penales que se le fincarán.
La FGR explicó que en su indagatoria está incorporando las investigaciones y las pruebas que han diligenciado las autoridades de Estados Unidos.
Agregó que el intercambio de información se realiza por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), misma vía por la cual se solicitará la extradición de García Luna, en el momento procesal oportuno.
Una vez que se termine de integrar la carpeta de investigación, la FGR solicitará a un juez de control una orden de aprehensión con fines de extradición del ex secretario de Seguridad, que podrá ejecutarse luego de que García Luna cumpla la sentencia que eventualmente se le dicte en tribunales estadunidenses.

Durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera en una corte de Nueva York, se presentaron diversas investigaciones y testimonios, entre ellos el de Jesús El Rey Zambada, que señalaron la entrega de sobornos a diversos ex funcionarios mexicanos, estos datos fueron requeridos por la FGR con el propósito de corroborar sus propias indagatorias.
Sin embargo, la investigación revelada por la FGR no es la única denuncia contra García Luna.
Desde 2007, el abogado Eduardo García Valseca interpuso una denuncia contra el ex funcionario porque se negó a investigar el secuestro del cual fue víctima. También la ciudadana francesa Florence Cassez lo acusó de haber violado sus derechos consulares cuando fue detenida en noviembre de 2005. Incluso quien fuera coordinador de despliegue regional de la Policía Federal (PF), Javier Herrera Valles, lo acusó por violación a sus derechos humanos.
Durante su paso por la PF, García Luna fue señalado por varias irregularidades, entre ellas el desvío de fondos en la adquisición a sobreprecio de un avión de la extinta aerolínea Mexicana de Aviación, que se utilizó para transportar policías.
También se hizo pública su estrecha relación con organizaciones civiles, como Alto al Secuestro y Causa en Común, a las cuales pagaba por asesorías e incluso colocó en la nómina a familiares de quienes dirigían esos grupos.
Pese a todos esos señalamientos, en mayo de 2013 La Jornada publicó una investigación donde se reveló que la entonces Procuraduría General de la República nunca abrió una averiguación previa contra Genaro García Luna.

Eduardo Murillo y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

El gobierno de Peña nunca tuvo indicios en su contra: Osorio

El ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que el gobierno de Enrique Peña Nieto nunca tuvo elementos o indicios que involucraran en actividades ilícitas a Genaro García Luna, quien fue detenido en Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico.

Nunca tuve elementos para una investigación, no había elementos al margen de la ley, recalcó, y sostuvo que si hubiera conocido de alguna irregularidad cometida por quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, nunca lo hubiera ocultado ni dejado de señalar.
–¿Tampoco hubo denuncias contra García Luna en la pasada administración por relación con el narco?
–No recuerdo algún señalamiento –respondió el coordinador de los senadores del PRI, y agregó que le resulta extraña la detención, porque García Luna vivía en Estados Unidos desde hace tiempo.
Osorio Chong expuso que dará una opinión cuando se sepa exactamente qué imputaciones hay contra el ex funcionario, ya que hasta ayer sólo tenía información publicada en los medios.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, resaltó que el responsable de la estrategia de combate al crimen organizado de Felipe Calderón deberá responder a la justicia en Estados Unidos y poner fin a la impunidad, aunque lamentó que no sea en México donde le finquen responsabilidades.

Voy a esperar más información porque no me alegra que las personas estén en estos procesos, pero si tiene cuentas pendientes con la justicia, debe responder a ellas y me temo que será un proceso largo; cuando la justicia de Estados Unidos actúa, tiene elementos muy claros, recalcó Monreal.
El senador Salomón Jara (Morena) consideró que la Fiscalía General de la República debe acompañar el proceso abierto en Estados Unidos y culminar los procesos a que haya lugar en México.
Las indagatorias iniciadas por la Fiscalía General de la República deben incluir al superior inmediato de quien fue secretario de Seguridad Pública, es decir, al ex presidente Felipe Calderón, sobre quien hay señalamientos de haber recibido millones de dólares del narcotráfico, añadió.
El coordinador panista, Mauricio Kuri, dijo que esperará que haya más información para poder opinar.

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

García Luna, detenido en Dallas por corrupción y narcotráfico

Solicita fiscal se le juzgue en Nueva York

Richard Donoghue lo acusa de conspiración para traficar cocaína a EU y mentir a las autoridades Recibió sobornos millonarios del cártel de Sinaloa cuando era titular de la SSP

En el juicio de El Chapo Guzmán El Rey Zambada lo acusó de esos delitos

Enfrentará una condena de 10 años de cárcel hasta cadena perpetua

▲ Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, durante el Consejo Nacional de Seguridad celebrado el 21 de agosto de 2008 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Nueva York. Genaro García Luna, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012 –uno de los guerreros oficiales antidrogas más destacados y elogiados por Washington durante ese periodo–, fue arrestado en Estados Unidos bajo cargos federales de narcotráfico, corrupción y mentir a las autoridades estadunidenses.

García Luna fue detenido el lunes en Dallas, Texas, por agentes federales bajo los cargos emitidos por la fiscalía federal en Nueva York el 4 de diciembre, que lo acusa de conspiración para traficar cocaína y mentir ante autoridades estadunidenses.

Un juez en Dallas, ante el cual se presentó ayer por primera vez el acusado, citó para el próximo martes a audiencia sobre su detención. Los fiscales encargados del caso solicitan el traslado del detenido a Nueva York con la finalidad de que enfrente los cargos ante el mismo tribunal federal donde su enjuició a Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

“El acusado abusó de sus puestos oficiales… para ayudar al cártel de Sinaloa a traficar cocaína a Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York. A cambio de sobornos multimillonarios, permitió que el cártel de Sinaloa –una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo– operara con impunidad en México. Hasta hoy lucra de sus delitos y ha mentido sobre ello a Estados Unidos en su intento de obtener la ciudadanía estadunidense”, resumió el fiscal federal Richard Donoghue al solicitar ante tribunales el encarcelamiento de García Luna hasta la fecha en que se dé inicio a su juicio.

Donoghue anunció este martes públicamente los cargos. Detalló que “García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa de El Chapo Guzmán mientras controlaba la fuerza de la Policía Federal y era el responsable de la seguridad pública en México”.

De acuerdo con la acusación formal y otros documentos registrados ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, García Luna, mientras ocupaba altos puestos de gobierno entre 2001 y 2012, recibió decenas de millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de otorgar protección a sus actividades, entre ellas el traslado de drogas, información de agencias de seguridad pública sobre sus investigaciones, así como de otros cárteles rivales.

En dos ocasiones, afirma el gobierno estadunidense, el cártel de Sinaloa entregó personalmente pagos de soborno a García Luna en maletines que contenían entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo. Según documentos financieros obtenidos por el gobierno de Was-hington, cuando el acusado se mudó a Estados Unidos en 2012 tenía una fortuna personal millonaria.

De acuerdo con pruebas en poder de las autoridades estadunidenses, con la asistencia corrupta de García Luna el cártel de Sinaloa condujo su actividad criminal en México sin interferencia significativa de las fuerzas de seguridad pública mexicanas e importó cantidades de multi-toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos, escribe el fiscal Donoghue en los documentos presentados al tribunal en Nueva York.

Gran cantidad de la evidencia en el caso proviene o se reveló durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán que se realizó a finales de 2018 y principios del año en curso en el mismo tribunal en que ahora se presentaron los cargos contra García Luna, revela la fiscalía.

Por ejemplo, el testimonio de Jesús El Rey Zambada –hermano del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada–, quien detalló los sobornos multimillonarios que pagaron a García Luna a mediados de la década de 2000, incluyendo dos pagos específicos de entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo personalmente entregados al acusado.

Más aún, los cargos señalan que García Luna, al mentir sobre su actividad corrupta al solicitar la naturalización en Estados Unidos en 2018, cometió otro delito grave.

García Luna, de 51 años de edad, y recientemente residente en Florida, enfrenta condenas potenciales de un mínimo de 10 años de prisión a un máximo de cadena perpetua por los cargos de conspiración por narcotráfico.

El fiscal Donoghue elogió a las autoridades federales al señalar que el arresto de García Luna “demuestra nuestra determinación para llevar a la justicia a aquellos que ayudan a los cárteles a infligir daño devastador sobre Estados Unidos y México, sin importar los puestos que tenían cuando cometieron sus delitos”.

Foto José Carlo González

David Brooks

Corresponsal, Periódico La Jornada

Rosario Robles, de la soberbia a la humillación

Los datos duros, números, cuentas, propiedades negocios de #RosarioRobles con #Sedesol

Investigan a Gerardo Ruiz Esparza por posibles actos de corrupción

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investiga al ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por posibles actos de corrupción en relación con la constructora y contratista en la administración anterior OHL.

El titular de esta unidad, Santiago Nieto, comentó en breve entrevista en Palacio Nacional acerca del trabajo que ha establecido con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

–¿Investigarán a Gerardo Ruiz Esparza? –se le preguntó.

–Está siendo investigado en este momento –respondió Nieto.

Al término de una reunión del presidente López Obrador con integrantes de su gabinete legal y ampliado, para evaluar los principales programas y objetivos de su gobierno, el titular de la UIF informó que la investigación abarca otras dependencias por posible desviación de recursos como en el Consejo Mexicano de Promoción Turística.

Otras indagatorias –añadió– se realizan en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, tanto de pasadas como en la actual administración, con el enfoque de combate al narcotráfico.

Por instrucción del Presidente, dijo, lo que yo encuentre tiene que ser denunciado ante las instancias competentes, sea la Función Pública, la Procuraduría Fiscal, la Fiscalía General de la República y, en su caso, generar los trabajos internos para el congelamiento de cuentas.

En cuanto al ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, precisó que la unidad a su cargo presentó dos denuncias ante la FGR, por lavado de dinero y por enriquecimiento ilícito.

Precisó que no se le han congelado las cuentas al ex dirigente, pero se encuentra en proceso de recuperación de información sobre todo a escala internacional.

Fabiola Martínez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Vinculan a proceso a la madre de Emilio Lozoya

Gilda Austin, a Prisión domiciliaria

Por primera vez un juez refiere que los sobornos fueron para campaña de EPN

▲ El abogado Javier Coello (izquierda) platica con Emilio Lozoya (papá) durante el receso de la audiencia a su esposa Gilda Austin en el Reclusorio Norte.

Gilda Margarita Austin y Solís –madre de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex)–, fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, en una audiencia en la cual el juez federal José Eduardo Vázquez Rea señaló que el ex funcionario dirigió una organización criminal que operó en México y el extranjero, en la que él aceptó sobornos por 10.5 millones de dólares de la constructora Odebrecht y a cambio le otorgó un contrato directo por mil 436 millones 398 mil 637 pesos para obras en la refinería de Tula en 2013.

Por primera ocasión en una audiencia pública, tanto el Ministerio Público Federal como un juzgador hicieron mención que en las investigaciones se obtuvo información que señala que Lozoya Austin –prófugo de la justicia, con órdenes de aprehensión por lavado de dinero, ejercicio indebido del servicio público y asociación delictuosa– solicitó dinero a Odebrecht para la campaña presidencial de 2012.

Asimismo, el abogado Javier Coello Trejo, defensor de Gilda Margarita Austin, aseguró que los 185 mil dólares que la Fiscalía señala que formaron parte de los sobornos entregados al ex director de Pemex, y con los cuales se sustenta la acusación contra su clienta, sirvieron para cubrir los impuestos por la escrituración de una residencia que se ubica Ixtapa Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, y que ese capital se le pagó al notario 153 de la Ciudad de México, Jorge Antonio Sánchez Cordero, hermano de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien realizó el trámite catastral.

En la diligencia realizada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el juzgador federal determinó que Gilda Margarita Austin y Solís, quien fue entregada en extradición por autoridades alemanas, deberá enfrentar su proceso en prisión domiciliaria; que la Fiscalía General de la República (FGR) será la responsable de vigilarla con elementos de la Policía Federal Ministerial tanto dentro como al exterior de su domicilio, y determinó que semanalmente se llevarán a cabo visitas de supervisión, a fin de evitar que la inculpada se sustraiga de la justicia.

Durante la audiencia –que tuvo una duración de nueve horas y media–, los agentes del Ministerio Público Federal revelaron parte del contenido de las investigaciones que han realizado desde 2017, en torno a los presuntos sobornos que representantes de la constructora Odebrecht entregaron a Emilio Lozoya Austin entre 2010 y 2012, ya que según los testimonios dados a conocer, desde 2009 el ex funcionario se vinculó con representantes de la compañía brasileña, etapa en la cual él se desempeñó como director en jefe para América Latina en el Foro Económico Mundial, y allí acordó colaborar para que la constructora fuera beneficiaria de contratos en México.

Entre 2010 y 2012 –según la FGR y la resolución del juez federal en la que sustentó la vinculación a proceso de Gilda Margarita Austin–, Emilio Lozoya contactó a representantes de Odebrecht con personas relacionadas con los candidatos a gobernadores en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz, y también les aseguró que llegaría a ocupar un importante cargo en el gobierno del entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.

Entre noviembre de 2010 y noviembre de 2012, Lozoya Austin habría recibido 4 millones de dólares por sus servicios, y en la última etapa de este periodo, cuando fungió como encargado de asuntos internacionales en la campaña del candidato priísta, habría solicitado a Odebrecht una recompensa como pago para la campaña presidencial.

En suma, según las pruebas mencionadas en la diligencia, en esa etapa Lozoya Austin recibió los 4 millones de dólares, los cuales fueron entregados por Odebrecht a través de su Departamento de Operaciones Estructurales (área que se encargaba de pagar sobornos a funcionarios de al menos 20 naciones).

El dinero se depositó inicialmente en Innovation Research, una compañía fachada de la constructora brasileña, y de allí se hicieron transferencias a cuentas de dos empresas off short (Latin America Asia Holding y Tochos Holding Limited), creadas por Emilio Lozoya y de las cuales se colocó como beneficiaria a su hermana Gilda Susana Lozoya Austin.

De esas empresas y de los recursos entregados por Odebrecht se transfirieron 185 mil dólares de los 4 millones entregados por Odebrecht a Emilio Lozoya, y en la imputación los representantes de la FGR señalaron que Gilda Margarita Austin tenía conocimiento de que su cuenta sería utilizada para ocultar y dispersar recursos ilícitos.

En la presentación de argumentos para sostener que se debía vincular a proceso a la madre del ex director de Pemex, los fiscales señalaron que su cuenta bancaria formó parte del esquema creado por Emilio Lozoya para dispersar y ocultar el origen de dinero ilícito.

En la cuenta de la imputada, además de los 185 mil dólares, se hicieron depósitos entre los años 2009 y 2012 que superaron los 10 millones de pesos, a pesar de que la apertura dijo que era para una persona dedicada a la impartición de clases particulares y sin actividad empresarial.

En ese contexto, los representantes de la FGR indicaron que entre 2011 y 2012 a la cuenta de Margarita Austin ingresaron recursos millonarios, pero en sus declaraciones hacendarias reportó cero ingresos en 2012 y únicamente 193 mil pesos en 2013.

Asimismo, se explicó que Lozoya Austin recibió otros 6 millones de dólares por parte de Odebrecht a cambio de la signación de un contrato de obra cuando ya fungía como director de Pemex; de esta cantidad 2 millones le fueron entregados presuntamente como adelanto, mientras se contrataba la asignación de obra, y el resto una vez que les fue asignado el contrato respectivo, situación que aconteció en 2013 para realizar trabajos en un terraplén en la refinería Tula I, por un monto de mil 436 millones 398 mil 637 pesos.

Como parte de ese esquema de ocultamiento de recursos ilícitos, el Ministerio Público Federal obtuvo órdenes de aprehensión, también, en contra de Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, su hermana Gilda Susana, una empresaria de bienes raíces, y una persona más cuyo nombre no fue mencionado, todas ellas por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Durante la audiencia, solamente una vez Gilda Margarita Austin hizo uso de la palabra y fue para decir que fue detenida en Alemania, cuando estaba con mis nietos; estuve detenida en varias prisiones, fue una experiencia nada agradable, y su defensa señaló que no recibió asistencia consular durante su estadía en la nación europea. Entre los argumentos para otorgar la prisión domiciliaria, el juez Vázquez Rea consideró la edad de la imputada (71 años), su estado de salud y cuestiones de equidad de género, lo cual fue avalado tanto por el Ministerio Público como la defensa de la acusada.

Gilda Austin arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las cuatro de la madrugada de ayer en un vuelo comercial.

Foto Yazmín Ortega

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Los empresarios y políticos que hoy se presentan como defensores de la libertad, tienen las manos manchadas de sangre y los bolsillos llenos de dinero del pueblo: Epigmenio Ibarra

revoluciontrespuntocero.mx

En una columna para Milenio, el periodista Epigmenio Ibarra, señala que los 30 millones que en 2018 votaron por un cambio de régimen, sabían que al momento de cruzar la boleta ” no podría ser tarea fácil y menos consumarse en unos cuantos meses”.

Por lo que de forma pacífica se desplazará al poder de uno de los más logevos, corruptos y represivos, al votar por la democracia.

“Sabemos lo que hicieron y de lo que son capaces esos ex gobernantes y líderes políticos y empresariales que hoy se presentan como defensores de una libertad y una justicia que por décadas se empeñaron en negar a las mayorías. Sabemos que tienen las manos manchadas de sangre y los bolsillos llenos de dinero del pueblo, y que están detrás de las campañas para sembrar el miedo y la incertidumbre. Sabemos que operan en la oscuridad” señala.

Y sostiene que aunque hoy por primera vez en la historia, se vive un tiempo de libertades plenas, el viejo régimen hace uso de las mismas para llevarnos de nuevo al pasado autoritario. Epigmenio Ibarra sostiene que los que tienen nexos históricos con el crimen organizado comparten el mismo propósito impedir que la democracia siente en definitiva sus reales entre nosotros.

“Sabemos reconocer a columnistas y comentaristas de radio y televisión que vendieron su voz al régimen corrupto. Hoy sus intentos de presentarse como mártires de la libertad de expresión se estrellan ante el recuerdo del ominoso silencio que guardaron ante la masacre y el saqueo. No pretendemos que callen. Pero no cala en nosotros la mentira. La decisión de cambiar de régimen fue consciente y razonada.”

Finalmente sostiene que quienes votaron por el cambio conservan una memoria puntual de los crímenes del pasado y “y no estamos dispuestos a permitir que se repitan. Queremos justicia, no venganza”.

Romero Deschamps y el principio de no repetición

Ricardo Raphael

Romero Deschamps. Sinónimo de corrupción. Foto: Germán Canseco







 (Proceso).- No habrá nadie capaz de defender a Carlos Romero Deschamps de pisar la cárcel. Seguramente va a argumentar que se trata de una venganza política del actual gobierno, pero no hay poder político en México que pueda extender impunidad para este líder corrupto del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Su principal pecado ha sido traicionar a sus representantes, una y otra vez. Ambicioso sin recato, amasó una fortuna económica muy grande que no habría podido explicar sin la impunidad política que le entregaron cinco presidentes de la República.

Entre muchas, una traición documentada es el dinero que arrebató a los trabajadores del sindicato, provenientes de una cuenta en un banco de Nueva York.

Desde 1991 la revista Proceso cubrió lo que en su día se llamó El Mega Fraude del Sindicato Petrolero; una operación fraudulenta en la que esa organización gremial se comprometió a vender petróleo a un cliente en los Estados Unidos sin que jamás cumpliera.

El cliente defraudado presentó una denuncia en los juzgados de Texas por la cantidad de 300 millones de dólares y con ello logró, entre otras garantías, que quedara congelada una cuenta del sindicato que contenía 43 millones de dólares.

Diez años más tarde el sindicato contrató al abogado Carlos Ryerson, un profesional con más de 30 años de trayectoria, para que recuperara ese patrimonio. El litigante logró, en parte, resolver la misión encomendada: obtuvo para los trabajadores del sindicato petrolero la cantidad de 21 millones de dólares. El resto fue a dar a los bolsillos de la contraparte.

Pero ahí no terminó esta historia: en cuanto Ryerson firmó el acuerdo referido –a nombre del sindicato de Pemex–, Carlos Romero Deschamps decidió destituirlo como representante legal de su organización en ese litigio.

Fue entonces que el viejo abogado texano demandó a Romero Deschamps porque, según su dicho, esa destitución tuvo un solo propósito: embolsarse personalmente los 21 millones de dólares que eran patrimonio de los trabajadores.

Los detalles de este otro presunto fraude se encuentran en el caso 3:05-cv.00092 presentado contra Carlos Romero Deschamps en la división de Galveston de distrito sur de Texas.

Ahí Ryerson acusa al líder sindical de atentar contra los intereses de su sindicato por razones políticas, pero sobre todo para beneficiarse financiera e individualmente.

“La conducta de Romero Deschamps es constitutiva del delito de fraude,” acusó el abogado en febrero de 2005.

Al final de este pleito jurídico, el líder petrolero salió ganando ya que, por un par de artimañas legales, logró que el juez dejara a Ryerson fuera del pleito entre él y los trabajadores y, en consecuencia, que el dinero recuperado no ingresara a la cuenta del sindicato de Petróleos Mexicanos.

Después de revisar la evidencia relativa al caso 3:05-cv.00092 cabe preguntarse cuántas veces Romero Deschamps operó de esta misma manera: transfiriendo recursos que eran patrimonio de los trabajadores y que terminaron en sus cuentas personales.

En julio de 2014 mi colega Carlos Puig volvió sobre la historia del megafraude cometido por los líderes del sindicato y recordó los intentos de la parte defraudada por satisfacer su derecho.

Sin embargo, para esa fecha Romero Deschamps había ya logrado esconder parte del dinero que, gracias a los esfuerzos del abogado Carlos Ryerson, volvieron a tierras mexicanas.

Carlos Puig recuerda que Romero Deschamps contó en su día con todo el apoyo del Procurador General de la República, Enrique Álvarez del Castillo, quien en el primer litigio mencionado argumentó que ni Pemex ni su sindicato debían ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales estadunidenses.

En esa defensa airada del entonces abogado de la Nación se encuentra la clave de la impunidad que, durante tantos años, avaló el comportamiento corrupto y fraudulento de Carlos Romero Deschamps.

Hasta hace unos meses fue uno de los hombres más poderosos y más ricos del régimen. Como en el caso relatado de Ryerson, su trabajo principal fue traicionar, por todos los medios posibles, a la base sindicalizada de Pemex.

Hay evidencia de que los traicionó financieramente y también políticamente. Ese señor intercambió, durante casi tres décadas, impunidad política personal a cambio de la docilidad de los trabajadores, frente al gobierno en turno.

Su adiós a la vida pública es un hito en la historia del sindicalismo mexicano, acaso sólo comparable con el defenestramiento de Elba Esther Gordillo Morales, exlíder del sindicato magisterial, o de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, predecesor de Romero Deschamps.

En esos dos casos, la biografía de los personajes incluyó un capítulo en la cárcel. No se mira posible que este tercer líder sindical se escape de un destino parecido.

La evidencia de su enriquecimiento inexplicable, la información sobre los presuntos fraudes cometidos en contra de sus agremiados y la enorme cantidad de enemigos que hizo, dentro y fuera del sindicato, son poderosas razones para predecir su futuro.

Ahora bien, así como en materia de derechos humanos la doctrina habla del principio de no repetición, de igual manera debería ocurrir con la corrupción.

El caso de Romero Deschamps no debe repetirse, bajo ninguna circunstancia.

No sería justo que tras su salida sobreviva la intención de colocar a otro liderazgo domesticado por el nuevo régimen.

La no repetición en este caso sólo podría garantizarse si el gobierno, en su esfera más elevada, retira el manto de impunidad que antes protegió a los peores líderes sindicales corruptos.

Este análisis se publicó el 20 de octubre de 2019 en la edición 2242 de la revista Proceso

En ríspida audiencia, juez ratifica la prisión preventiva a Robles

Determina que puede evadirse de la justicia

La defensa le recuerda parentesco con Padierna y le pide excusarse

Nuevamente llevaron a Rosario Robles del Reclusorio Sur a Santa Martha Acatitla.

El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ratificó la prisión preventiva contra Rosario Robles Berlanga, al desechar todos los alegatos en su defensa y considerar que existe alto riesgo de que se sustraiga de la justicia, así como un comportamiento desleal.

Continuará encarcelada en Santa Martha Acatitla y así enfrentará su proceso penal por ejercicio indebido del servicio público, en el que se le acusa de daño al erario por más de 5 mil millones de pesos.

En una audiencia que se tornó ríspida, el juez acusó a los abogados de la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de mentir en la búsqueda de libertad para su cliente, mientras ellos le reprocharon que la actitud mostrada es una clara animadversión hacia la procesada.

Delgadillo Padierna consideró que la medida cautelar de prisión preventiva es la más idónea y proporcional, ya que la defensa legal mintió sobre ingresos, domicilio y viaje al extranjero de Robles, los cuales no acreditan su arraigo

Sostuvo que la imputada aseguró no tener recursos para evadir a la justicia, pero su viaje al extranjero demuestra lo contrario, tanto así que cambió su itinerario para regresar a México a comparecer en agosto pasado. Indicó a los litigantes que acudieron a la audiencia ordenada por el quinto tribunal unitario para que se analizara si se modificaban las medidas cautelares impuestas a la ex funcionaria: ustedes vinieron aquí a mentir, a expresar mentiras y perjudicar a su defendida.

Ante ello, el abogado Julio Hernández Barros lo interrumpió y le recordó su parentesco con la diputada federal Dolores Padierna, al igual que hizo la imputada. El litigante expresó: le pido que por congruencia y ética se excuse del caso. Si tiene prueba corra las diligencia ante el Ministerio Publico, pero no puede venir aquí a acusarme de mentiroso.

Robles secundó a su defensor: “jamás he mentido; quien ha venido a mentir aquí es el Ministerio Público. Quiero dejar clara mi inocencia. Considero que se actuó como una venganza política y no como justicia (…) Quiero dejar claro que se violó mi presunción de inocencia”.

Los abogados tienen tres días para impugnar de nuevo el fallo de Delgadillo Padierna. Horas antes, Hernández Barros confiaba en que la resolución del quinto tribunal unitario obligara a modificar las medidas cautelares dictadas contra la ex funcionaria federal.

Durante una entrevista en la Fiscalía General de la República, señaló que hasta el momento no se tienen indicios de que Emilio Zebadúa y Ramón Sosamontes, dos de los colaboradores más cercanos de Robles Berlanga, se hayan acogido al beneficio de oportunidad y colaboren con el Ministerio Público Federal en contra de su ex jefa.

Antes de la audiencia, Robles difundió una carta en el Twitter de su hija, Mariana Moguel, en la que dijo esperar que no se intente retenerla ilegalmente inventando otros delitos. En la misiva dirigida al fiscal Alejandro Gertz Manero, dijo una vez más que jamás ha mentido sobre su domicilio, que fue uno de los argumentos para que decretarle prisión preventiva el 16 de agosto.

Foto Jesús Villaseca

César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada