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5/06/2024

Detrás de Rosario Robles, intacta la red criminal de desvío de recursos


Pieza clave en el descubrimiento del millonario desvío público –conocido como la Estafa Maestra--, cometido entre 2013 y 2018. Muna Dora Buchahin Abulhosn explica la existencia de pruebas para proceder contra exsecretarios de Estado, exfuncionarios federales y estatales, dueños de empresas fantasma y directivos de universidades del país que forman una “pandilla sexenal” que permanece intocada por la Fiscalía General de la República.

4/29/2022

Investigación federal liga a Herrera, candidato del PRIANRD, con la red de Aureoles


Carlos Herrera Tello fue el delfín de Silvano Aureoles para gobernar Michoacán. Aunque dijo tener intenciones de ser candidato independiente en 2021, el PRI, PAN y PRD decidieron arroparlo. Ahora, Tello, que se ha desmarcado de las acusaciones de Aureoles, también está involucrado en los malos manejos del exgobernador michoacano además de ser señalado por las autoridades hacendarias en un esquema irregular.
Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- Cuando Carlos Herrera Tello anunció que dejaría la Secretaría de Gobierno de Michoacán para buscar la gubernatura, Silvano Aureoles Conejo le dio un respaldo total. Los reportes de los medios locales de aquel entonces muestran el abrazo político del jefe perredista en la entidad. Amigos desde hace más de 20 años, compinches en elecciones y la incorporación de Tello a su Gabinete –en el puesto más importante– son algunas pruebas de esta cercanía.
En noviembre de 2020, Tello renunció a su puesto y anunció —casi de inmediato— que su objetivo era lograr ser candidato a Gobernador, ser el sucesor en Michoacán. Silvano Aureoles descartó que la renuncia de Herrera Tello fuera por algún problema y aseguró que se iba, más bien, por ser competente y por buscar un reto mayor.
A pesar de que desde 2019 había señalamientos de presunta corrupción sobre Tello —a través de diversas empresas—, contó con el respaldo del Gobierno de su entidad. Y luego, aunque en un inicio buscó ser candidato “sin colores ni marcas”, los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), hermanados en la alianza “Va por México”, auspiciada por Claudio X. González Guajardo, lo arroparon.
Ahora una investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se encuentra en manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, cuya titular es la doctora María de la Luz Mijangos Borja, da cuenta de cómo Herrera Tello supuestamente tejió una red que le permitió hacerse de propiedades, manejar dinero a nombre de diversas instituciones estatales y entregar recursos a miembros de partidos políticos en el estado.
Los investigadores de Hacienda detectaron además —al consultar información de instituciones financieras— una red de corrupción en la que están implicados Aureoles, Tello y un presunto prestanombres de éste último: J. Dolores García Arellano.
Herrera Tello buscó ser candidato independiente, pero PRI, PAN y PRD decidieron nombrarlo como abanderado por Michoacán. Foto: Twitter @CarlosHerreraSi
LAS ACUSACIONES EN LA CAMPAÑA
Durante la campaña del año pasado algo pasó entre Herrera Tello y Silvano Aureoles que su amistad comenzó a desdibujarse, al menos en apariencia. En el debate del 12 de mayo de 2021 entre candidatos a la gubernatura, al candidato aliancista se le cuestionó su relación con el Gobernador, ante las irregularidades que comenzaron a salir de su gestión. El delfín del perredista respondió que cada quien tendrá que responder por lo suyo.
Ese mismo mes, Antonio Madriz, Diputado local, dio una conferencia de prensa en la que informó que la campaña de Herrera estaba llena de mentiras. “Se muestra como empresario exitoso pero su trayectoria está ligada directamente con la de Silvano Aureoles […] es su exsecretario, socio y amigo”, consignó en aquel entonces La Jornada.
En noviembre de 2021, ya pasada la elección en la que quedó en segundo lugar con el 38.9 por ciento de los votos, Armando Linares publicó en Monitor Michoacán un reportaje sobre al menos 14 empresas relacionadas con Tello que “le dieron grandes beneficios durante el Gobierno de Silvano Aureoles, confabulado con una serie de interesados y amorales individuos que estuvieron dispuestos a todo con tal de obtener jugosas ganancias. Las relaciones entre empresas particulares y el estado, se convirtieron en un foco de privilegios […] el expresidente municipal [Herrera Tello] obtenía obras que le eran adjudicadas de manera directa o privada a través de su amistad con el exgobernador Silvano Aureoles Conejo”.
Armando Linares fue asesinado el 15 de marzo del 2022, luego de denunciar el asesinato del reportero Roberto Toledo, también de Monitor Michoacán. El medio cerró de manera definitiva tres días después.
Alejandro Moreno, Marko Cortés, Carlos Herrera y Jesús Zambrano en campaña. Foto: Twitter @CarlosHerreraSi
Carlos Herrera Tello ha negado los señalamientos en su contra. El pasado 6 de abril publicó en su cuenta de Twitter:
“Intentaron vincularme de todas las formas posibles a las acusaciones en contra de Silvano Aureoles. Lo que dije entonces lo ratifico hoy, cada quien que responda por sus actos, yo respondo por los míos. Yo soy un empresario honesto, mi patrimonio es producto de mi trabajo y no tengo nada que ocultar. Yo no sudo calenturas ajenas”.
El día de ayer, ante lo publicado por SinEmbargo sobre cómo figura su nombre en una presunta red de corrupción en Michoacán, encabezada por Silvano Aureoles, el excandidato aliancista atribuyó la investigación de las autoridades hacendarias a “un refrito”.
Sin embargo, lo que publicó Linares en noviembre del 2021 y lo que denunciaron diputados en mayo de ese mismo año es materia de la investigación federal, la cual se encuentra en manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
LOS DATOS DE HACIENDA
Durante su gestión como Gobernador, Silvano Aureoles celebró ocho contratos por 29 millones 831 mil 068 pesos con la empresa constructora Lumiamper SA de CV, de la que García Arellano posee el 95 por ciento de las acciones.
De acuerdo con los investigadores de Hacienda, este empresario es un posible “prestanombres de Carlos Herrera Tello” y sobre él pesan los posibles delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de los recursos públicos y delincuencia organizada, ya que habría existido un favoritismo a empresas como Lumiamper además de Instalaciones Eléctricas Iedemich, también propiedad de García Arellano. Las indagatorias encontraron que el domicilio declarado y los montos operados en su cuenta no coinciden.
Cuando Silvano Aureoles invitó a Herrera Tello a integrarse a su gabinete, ya tenía sobre sí acusaciones de presunta corrupción.
Hay un punto de acuerdo de junio de 2015 que presentó el PRI en contra de Tello y Aureoles, es decir, desde entonces el PRI tenía información de posibles malos manejos y aún así apoyó a Tello para la gubernatura en 2021.
La acusación fue por obras con sobreprecios que van desde el 100 hasta un 450 por ciento y que fueron presuntamente licitadas a diversas empresas, todas con el mismo representante legal y el mismo grupo de beneficiarios, entre ellos Herrera Tello.
Entre las empresas que operaron con prestanombres aparecen Idemich SA de CV y Lumiamper SA de CV.
Incluso, desde entonces el PRI puso en este punto de acuerdo tres contratos con empresas de García Arellano y lo identifica como “prestanombres de Carlos Herrera Tello”.
LOS MOVIMIENTOS DE HERRERA
El PRI en 2015 exhibió un punto de acuerdo con las empresas vinculadas a Silvano y Herrera. Foto: Twitter @CarlosHerreraSi
La amistad entre Aureoles Conejo y Herrera Tello data de hace más de 20 años, desde entonces se han acompañado en su andar político. En 2015, Silvano lo invita a ser candidato del PRD al municipio de Zitácuaro y ganó. Tres años después se convirtió en el primer Alcalde en ser reelecto, pero no concluyó su segundo mandato por sumarse al gabinete de Silvano.
En julio de 2018, el periódico El Financiero publicó cómo Aureoles se aseguró de que personajes cercanos a él ocuparán cargos de elección popular en la segunda parte de su administración aún cuando algunos tenían cuentas con la justicia.
Es el caso de Herrera Tello que cuando fue funcionario tejió a su vez otra red que le permitió hacerse de propiedades y manejar dinero a nombre de diversas instituciones estatales y entregarla a partidos políticos, de acuerdo con la investigación de Hacienda.
La oficina federal recibió una alerta sobre seis beneficiarios por 1 millón de pesos cada uno entre el 1 de enero de 2018 al 13 de junio de 2019 a miembros del PRI, de Morena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y al Partido del Trabajo (PT).
El dinero salió del Gobierno del Estado de Michoacán se entregó a Alejandro Oceguera Palominos (Delegado Distrital de la Red de Jóvenes por México del PRI) que a su vez hizo transferencias a otras tres personas y a su cuenta propia:
A Aneer Emilan García Espinos (militante de Morena en Zacapu, Michoacán); a Jonathan Isahib Villa Vargas dDirigente del Verde en Morelia); a Allan Israel Huerta Padilla (abogado) y a María Itzel Garibay Vázquez (integrante del Congreso estatal).
Otra rama se encontró con la empresa Phomsa Construcciones SA de CV, de la que Herrera es apoderado. Hacienda detectó una entrada de 1 millón 605 mil 962 pesos que terminaron enviándose al extranjero.
De acuerdo con el portal de compras públicas Compranet, esta empresa se dedica a la compra-venta, valuación y administración de toda clase de bienes raíces en diversas modalidades que incluyen la elaboración de proyectos y su construcción.
Tiene casi 50 contratos con oficinas federales y gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México y Michoacán.
A Herrera Tello también se le encontraron depósitos, entre 2004 y 2015, por 10 millones 546 mil 876 pesos a cuentas localizadas en en el Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo, pero con retiros de 8 millones 553 mil 123 pesos.
Sobre las propiedades se tiene conocimiento de que en conjunto con diversos familiares enajenó ocho propiedades por un monto aproximado de 2 millones 825 mil pesos y adquirió dos con un valor de 15 millones 353 mil pesos.
Daniela Barragán
Es periodista por la UNAM, con especialidad en política por la Carlos Septién. Los últimos años los ha dedicado al periodismo de datos, con énfasis en temas de pobreza, desigualdad, transparencia y género.

10/31/2019

El historial de corrupción de Lastiri: del desvío millonario en Sedeso, el cobro de candidaturas, la malversación del Fonden y hasta la Estafa Maestra


Diana Morales

El priista poblano, quien hoy enfrenta cargos por los delito de peculado y delincuencia organizada, cometidos en su operación de la Estafa Maestra, tiene un largo historial de corrupción, documentados a su paso por cargos como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la dirigencia del PRI y la subsecretaría de la Sedatu. A pesar de que todos ellos fueron documentos en su momento nunca se había abierto una investigación en su contra.
Hoy, el ex candidato senador Lastiri enfrenta cargos por peculado y delincuencia organizada, se encuentra detenido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, por haber participado en la Estafa Maestra, cuya principal operadora es su amiga personal y jefa política, Rosario Robles Berlanga.
Pero antes del escándalo de la Estafa Maestra, Lastiri fue evidenciado en 2009 por desviar 800 millones de pesos del programa Unidos para Progresar, de Mario Marín Torres, por vender candidaturas en 2012 como dirigente estatal del PRI y por desviar recursos para los damnificados del sismo del 19-S.
Este 30 de octubre, Juan Carlos Lastiri fue detenido por un comando armando en el municipio de Zacatlán mientras corría con otras cuatro personas. Los testigos narraron a CENTRAL que quienes los detuvieron iban encapuchados, portaban armas largas y que además les recogieron los celulares sin motivo alguno, por lo que pensaron que lo habían levantado.
CENTRAL recopiló el historial de corrupción de Juan Carlos Lastiri, desde su paso por la Sedeso en la administración de Mario Marín; su carrera como dirigente del PRI y cómo sacó provecho de la repartición de candidaturas; el desvío de recursos que aplicó en el Fonden; hasta la Estafa Maestra ejecutada como secretario de Sedatu, la que hoy lo tiene tras las rejas.
Como titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Mario Marín, Lastiri no fue solamente uno de los personajes de más confianza del entonces gobernador, sino que usó la dependencia para 800 millones de pesos del programa Unidos para Progresar.
En noviembre de 2014, el periódico Cambio, dio a conocer que el funcionario estatal operó un desfalco hormiga en la dependencia entre 2008 y 2010, a través de la falsificación de firmas y robo de identidad.
De acuerdo con el Acta de Asamblea del proyecto denominado “Lámparas de foco ahorrador” del 6 de mayo de 2009, cuando la secretaría estaba a cargo de Juan Carlos Lastiri, se destinaron 68 mil 892 pesos para la colocación de noventa luminarias en la colonia La Loma de Puebla capital. A cargo del proyecto se encontraba el vecino Samuel Ricaño Rosas”, señala el reportaje que presenta pruebas documentales.
Además, al final del sexenio marinista, Lastiri fue acusado por depositarse 80 millones de pesos con cheques a su nombre, del programa Unidos para Progresar.
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Juan Carlos Lastiri llegó al Comité Directivo Estatal del PRI en 2011, después de la gran derrota que sufrió ese partido a manos del PAN y de Rafael Moreno Valle. Y para 2012 ya encumbrado como líder del tricolor luego de ganar las impugnaciones por su designación, se abrió otro frente en su contra.
En esa ocasión, varios priistas que aspiraban a una diputación federal para el proceso electoral 2012 —cuando su partido regresó al gobierno federal— lo acusaron de vender las candidaturas y favorecer a sus amigos y colaboradores más cercanos.
De acuerdo con los priistas que hicieron las denuncias mediáticas, Lastiri Quirós vendía las candidaturas a las diputaciones federales hasta en 50 mil pesos. Además, para que salieran mejor posicionados en las encuestas que realizó el ex partidazo a fin de medir la competitividad de cada uno de ellos, cobraba entre 20 mil y 30 mil pesos.
Hizo pasar a priistas como damnificados del 19-S para entregarles recursos del Fonden
El 13 de octubre de 2018, CENTRAL publicó que el entonces subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) usó los recursos que el Fonden etiquetó para los damnificados del sismo del 19 de septiembre para beneficiar a militantes del PRI en la Mixteca poblana, entregándoles apoyos desde 15 hasta 120 mil pesos para “reconstruir sus viviendas”.
Este medio de comunicación revisó el listado de los beneficiarios del Fonden y encontró que el 90% eran militantes del PRI o fueron postulados en su momento a algún cargo de elección popular por este partido. Entre ellos destacó el coordinador de la campaña de Javier López Zavala en 2010, Artemio Tlacoxolal Nolasco, quien recibió un apoyo de 15 mil pesos.
Quienes se beneficiaron con los apoyos más altos, de 120 mil pesos, para la supuesta reconstrucción de sus viviendas son los priistas: María Eugenía Girón, exregidora de Tilapa; Pablo Pedro Aceves Hernández, exdiputado federal; la hermana del exalcalde de Izúcar, Rosario Gordillo Ramírez y la hermana de la alcaldesa de Tepexco, Angélica Candelario Peña.
Con apoyo de 45 mil pesos solo aparece la regidora priista de Chiautla, Gema Aragón Ríos.
Para los15 mil pesos el listado es mucho más amplio, aparecen los exalcaldes de Epatlán, Norberto Fuentes Gil y Andrés Clemente Lezama; los exalcaldes de Coatzingo, Hernán Cortés Vélez y Lázaro Vázquez Leyva; de Tilapa, Julio Gómez Cruz y Salomón Ruiz Álvarez.
También están los exregidores priistas de la Mixteca: Balbina Guzmán, Alberto García Burgos, Joel Razo Méndez, Amalia Rojas Cruz, Francisco Capillas López.
Ahí aparece el dirigente de productores de sorgo en Tepexco, Teobaldo Pérez Fuentes y hasta la hermana del alcalde de Izúcar, Carlos Gordillo, Alejandra Maricela Ramírez.
Incluso está el líder del PRI en Chiautla, Arnulfo Domínguez.
lasti2Juan Carlos Lastiri se encuentra en la mira de las autoridades mexicanas, y hoy detenido por los delitos peculado y delincuencia organizada, por su participación en la llamada Estafa Maestra, que tiene tras las rejas a su amiga personal y jefa política, Rosario Robles Berlanga.
Esto se debe a que en los convenios que se firmaron como parte de la Estafa Maestra entre la Sedeso y universidades públicas, existe uno con su rúbrica.
En 2013, Lastiri firmó un convenio entre la dependencia federal y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por 338 millones de pesos, pero se encontró un cúmulo de irregularidades. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación interpuso una denuncia penal en octubre de 2015, de acuerdo con lo publicado por Animal Político.

10/25/2019

La Estafa Maestra: el agravio a los más pobres


“Atáscate, mi rey”

FRAGUA

México ha sido, durante los sexenios del neoliberalismo, un paraíso de desvío de recursos y evasión fiscal para los empresarios burgueses y para los funcionarios, que han encabezado las distintas dependencias del gobierno federal. Prueba de ello son los casos de fraudes millonarios que vieron la luz debido a las investigaciones, realizadas en 2017 por Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), acerca de las cuentas públicas de 2013 y 2014, en las que se detectaron contratos ilegales por 7 670 millones de pesos, y cuyos presuntos responsables se encuentran en proceso de juicio.
Durante el gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con Rosario Robles como titular y posteriormente encabezada por José Antonio Meade, candidato presidencial priista en 2018; el Banco Nacional de Obras (Banobras), con Alfredo del Mazo al frente, hoy gobernador del Estado de México; y Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la gestión de Emilio Lozoya, protagonizaron los principales fraudes millonarios de lo que hoy conocemos como la Estafa Maestra, al entregar los 7 670 millones de pesos a 186 empresas, mediante una triangulación de recursos, en la que el dinero fue primero entregado a ocho universidades públicas, que se encargaron de hacerlo llegar a dichas empresas, motivo por el que cada una de estas universidades recibió una comisión de mil millones de pesos.
Además, de esas 186 empresas a las que se les entregó el dinero, 128 presentan irregularidades, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Ahora, dentro de toda esta maraña de fraudes, desentrañemos el caso de Sedesol y cómo se usó el programa Cruzada Nacional contra el Hambre para desviar más de cinco mil millones de pesos del erario, destinados a combatir la pobreza extrema. Los apoyos de este programa social debían llegar a las familias con pobreza alimentaria, en las zonas más marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que sólo se entregó 7% de las despensas, que supuestamente se habían comprado, además de que no existe constancia de que los beneficios restantes hayan llegado a sus destinatarios originales. Este fraude se concretó gracias a la colusión con las Universidades Autónomas de Morelos y del Estado de México, con las que se firmaron 10 convenios, por un monto de más de 2 224 millones de pesos, y sirvieron de intermediarias para entregar el dinero a 20 empresas, de las cuales sólo una es legal.
Aunque los convenios con las universidades fueron firmados por mandos medios, tanto Rosario Robles, titular de Sedesol hasta 2015 y posteriormente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como Emilio Zebadúa, Oficial Mayor de ambas secretarías, conocían las prácticas de desvío, pues este último tiene el papel de administrar los recursos públicos, y quien avala la forma en que son usados.
El 13 de agosto se dictó prisión preventiva justificada a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público, y a quien la Fiscalía General de la República (FGR) imputa haber sido omisa para detener la firma o celebración de convenios con instituciones públicas y privadas para la contratación de obras y servicios que derivaron en un daño patrimonial por más de cinco mil millones de pesos en contra del erario federal. Hasta el momento de cierre de esta edición de FRAGUA se han sumado 11 denuncias en su contra, por parte de la ASF y la Secretaría de Hacienda.
Mientras que la fuerza mediática se encuentra concentrada en el proceso legal de Rosario Robles, lo cual no es para menos ante tal cinismo en su robo al pueblo, y pese a la complejidad de la estrategia que se usó para cometer este delito, es importante que no perdamos de vista al resto de los involucrados, pues hasta el momento Zebadúa se encuentra amparado, pese a ser quien tenía a su cargo la responsabilidad de administrar dichos recursos, además de que se presume que tiene vínculos con una empresa acusada de falsificar comprobantes y firmar los convenios que derivaron en los desvíos . Asimismo, su grupo de trabajo, conformado por los funcionarios Claudia Morones Sánchez, Enrique Prado Ordoñez y Sonia Zaragoza González, está ligado a los desvíos a través de empresas, propiedades y conexiones políticas. Las relaciones de esta alianza de corrupción surgieron desde el mandato de Robles como jefa de Gobierno capitalina, desde entonces este equipo se trasladó casi íntegro entre las dependencias, bajo las órdenes de Zebadúa, y fueron piezas clave para operar la contratación y supervisión de los convenios de la Estafa Maestra. Estos últimos se encuentran bajo investigaciones de las autoridades federales.
Por otro lado, en 2015, el excandidato presidencial priista José Antonio Meade se convirtió en el sucesor de Robles al frente de la Sedesol. La defensa de Robles argumentó que en el acta de entrega-recepción se le notificó sobre los procesos de fiscalización, y de las investigaciones en curso dentro de la dependencia. Sin embargo, hasta el momento Meade no ha sido requerido por las autoridades para declarar ante este caso, y tampoco está siendo investigado, debido a que la UIF afirma que no tiene evidencia que lo vincule al caso. En esta misma situación se encuentra el expresidente Peña Nieto, pues según Santiago Nieto, titular de la UIF, “aún no han llegado a ese momento de la investigación”, por lo que el juez ha acusado a Robles de ocultar las irregularidades al expresidente, ya que no se han presentado los oficios que demuestren que se le informó. Sin embargo, en caso de que a éste último se le hubiere informado y no se estén presentando los medios escritos, entonces se estaría hablando de encubrimiento.
Por todo lo anterior, no debemos quitar el dedo del renglón: hay que insistir en la investigación profunda de éste y todos los casos de las dependencias del Estado ligadas a la Estafa Maestra, y en que se investigue a todos los involucrados, sin importar su posición jerárquica en los gobiernos anteriores, o en éste, hasta las últimas consecuencias. No podemos hablar de “borrón y cuenta nueva”, como ha dicho el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a la supresión de los juicios en contra de los expresidentes, porque estaríamos hablando de dejar impunes estos casos de saqueo y explotación del pueblo trabajador, de agravio a la población más marginada del país. Pese a que se está investigando a algunos de los responsables, aún se desconoce el destino final del dinero. En el caso de Pemex, los hilos de esta Estafa Maestra comenzaron a conectarse desde el gobierno de Felipe Calderón, por lo que dejar estas investigaciones sin llegar a indagar a los mandatarios en turno durante su gesta sería también seguir dejando en impunidad a quienes se les ha ido la vida en la lucha contra ésta y otros robos al pueblo, con tal de seguir protegiendo a esos parásitos que han saqueado y convertido a nuestro país en una zona de guerra y violencia. Y eso ¡no podemos permitirlo más!
Nota:
Este artículo fue publicado como parte de la sección Análisis del No. 47 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Octubre, 2019.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

10/23/2019

En ríspida audiencia, juez ratifica la prisión preventiva a Robles


Determina que puede evadirse de la justicia
La defensa le recuerda parentesco con Padierna y le pide excusarse


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Nuevamente llevaron a Rosario Robles del Reclusorio Sur a Santa Martha Acatitla.
El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ratificó la prisión preventiva contra Rosario Robles Berlanga, al desechar todos los alegatos en su defensa y considerar que existe alto riesgo de que se sustraiga de la justicia, así como un comportamiento desleal.
Continuará encarcelada en Santa Martha Acatitla y así enfrentará su proceso penal por ejercicio indebido del servicio público, en el que se le acusa de daño al erario por más de 5 mil millones de pesos.
En una audiencia que se tornó ríspida, el juez acusó a los abogados de la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de mentir en la búsqueda de libertad para su cliente, mientras ellos le reprocharon que la actitud mostrada es una clara animadversión hacia la procesada.
Delgadillo Padierna consideró que la medida cautelar de prisión preventiva es la más idónea y proporcional, ya que la defensa legal mintió sobre ingresos, domicilio y viaje al extranjero de Robles, los cuales no acreditan su arraigo
Sostuvo que la imputada aseguró no tener recursos para evadir a la justicia, pero su viaje al extranjero demuestra lo contrario, tanto así que cambió su itinerario para regresar a México a comparecer en agosto pasado. Indicó a los litigantes que acudieron a la audiencia ordenada por el quinto tribunal unitario para que se analizara si se modificaban las medidas cautelares impuestas a la ex funcionaria: ustedes vinieron aquí a mentir, a expresar mentiras y perjudicar a su defendida.
Ante ello, el abogado Julio Hernández Barros lo interrumpió y le recordó su parentesco con la diputada federal Dolores Padierna, al igual que hizo la imputada. El litigante expresó: le pido que por congruencia y ética se excuse del caso. Si tiene prueba corra las diligencia ante el Ministerio Publico, pero no puede venir aquí a acusarme de mentiroso.
Robles secundó a su defensor: “jamás he mentido; quien ha venido a mentir aquí es el Ministerio Público. Quiero dejar clara mi inocencia. Considero que se actuó como una venganza política y no como justicia (…) Quiero dejar claro que se violó mi presunción de inocencia”.
Los abogados tienen tres días para impugnar de nuevo el fallo de Delgadillo Padierna. Horas antes, Hernández Barros confiaba en que la resolución del quinto tribunal unitario obligara a modificar las medidas cautelares dictadas contra la ex funcionaria federal.
Durante una entrevista en la Fiscalía General de la República, señaló que hasta el momento no se tienen indicios de que Emilio Zebadúa y Ramón Sosamontes, dos de los colaboradores más cercanos de Robles Berlanga, se hayan acogido al beneficio de oportunidad y colaboren con el Ministerio Público Federal en contra de su ex jefa.
Antes de la audiencia, Robles difundió una carta en el Twitter de su hija, Mariana Moguel, en la que dijo esperar que no se intente retenerla ilegalmente inventando otros delitos. En la misiva dirigida al fiscal Alejandro Gertz Manero, dijo una vez más que jamás ha mentido sobre su domicilio, que fue uno de los argumentos para que decretarle prisión preventiva el 16 de agosto.

Foto Jesús Villaseca
Periódico La Jornada

9/06/2019

La UIF prepara dos denuncias más contra Rosario Robles Berlanga

También se relacionan con la estafa maestra




▲ Rosario Robles, ex secretaria de Estado, podría enfrentar otras dos acusaciones relacionadas con la Estafa maestra. Una de ellas respecto de empresas fantasma.


Tras haber presentado una primera denuncia en contra de Rosario Robles por el tema de las irregularidades cometidas en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el tiempo en que ella las dirigió, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tiene pendiente la conformación de dos señalamientos más, informó el titular de ese organismo, Santiago Nieto Castillo.

“Ya presentamos una primera denuncia (por ejercicio indebido del servicio público) y hasta este momento estamos visualizando tres en total por el caso de la Estafa maestra”, indicó el funcionario luego de su participación en el lanzamiento de la versión beta de los sistemas dos y tres de la Plataforma Digital Nacional.

De acuerdo con el funcionario, la primera de las denuncias está relacionada con empresas fantasma involucradas en contratos con diversas universidades, y en los cuales hay una imputación hacia la señora Robles por omisión, comisión y encubrimiento, en razón de que, teniendo la calidad de garante respecto al cumplimiento de la ley en sus secretarías, fue omisa en acatar el marco normativo y sancionar o corregir las desviaciones que se estaban dando en los organismos a su cargo.

Además de preparar las dos acusaciones adicionales contra Robles Berlanga, la UIF analiza 105 convenios de la actual Secretaría de Bienestar también relacionados con la Estafa maestra, así como la venta de terrenos federales hecha por la Sedatu en el tiempo en el que la dirigía la ex jefa de gobierno capitalino, para determinar el flujo de los recursos y el posible beneficio económico para particulares en perjuicio del Estado mexicano.

El titular de la UIF confirmó que ya se investiga a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad por la contratación aparentemente desventajosa de empresas para la construcción de gasoductos.

“Se presentó una denuncia y estamos analizando la información correspondiente, en particular sobre un servidor público, y seguimos trabajando en la investigación y por tanto en este momento no puedo dar mayores datos, puntualizó Nieto.

–¿A ese servidor ya se le congelaron las cuentas? –se le preguntó.

–No. Estamos en proceso de revisión y no se ha presentado ninguna denuncia hacia la UIF.

Foto Pablo Ramos

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 6 de septiembre de 2019, p. 17

8/25/2019

Niegan amparo a Ramón Sosamontes contra cualquier orden de aprehensión

Coinvestigado en La Estafa Maestra


Lo anterior fue resuelto por el titular del juzgado 13 de distrito en materia de amparo, con sede en la Ciudad de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, quien determinó: con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 144 y 146 de la Ley de Amparo; se resuelve: único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Ramón Sosamontes Herreramoro, contra los actos reclamados de las autoridades señaladas en el considerando único de esta resolución.

El ex funcionario federal –de acuerdo con los datos presentados ante un juez con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, y con base en los cuales se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la ex secretaria de Estado, Robles Berlanga–, signó al menos dos convenios para la realización o contratación de obras y servicios con diversas entidades educativas y empresas privadas, que luego fueron desviados del objeto para los que estaban destinados, lo que provocó un daño patrimonial.

Sosamontes presentó la solicitud de amparo el pasado 8 de agosto e inicialmente se le concedió una suspensión provisional que impedía que se le ejecutara cualquier orden de aprehensión siempre y cuando no se tratara de delitos tipificados con prisión preventiva oficiosa.

Para que la suspensión tuviera efecto el ex funcionario realizó un depósito de 15 mil pesos.

Este viernes el juzgado 13 de distrito negó la suspensión definitiva, y ahora ya no cuenta con protección en contra de alguna orden de captura que pudiera existir en su contra, aunque puede apelar la decisión jurisdiccional.

Periódico La Jornada

8/21/2019

Exige Graue rescatar a universidades que enfrentan problemas financieros


La SEP gestiona recursos por $2,500 millones para apoyar a 9 casas de estudios


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▲ La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior reconoce al rector Enrique Graue por su liderazgo en la defensa de la autonomía universitaria, destacó Jaime Valls (derecha), secretario general del organismo. En la foto, a la izquierda, Emilio José Baños Ardavín, rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, exigió al gobierno federal que, de manera solidaria, se rescate a las universidades públicas que enfrentan problemas financieros, pero también reclamó que se esclarezcan los ilícitos presupuestales atribuidos a algunas de las instituciones de educación superior.
Al recibir un reconocimiento de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), en el marco de los 90 años de la autonomía de la Universidad Nacional, el rector demandó también presupuestos crecientes para la educación superior, así como a la investigación en ciencia, tecnología e innovación.
Entendemos y nos comprometemos con la responsabilidad social que implica el ejercicio transparente de los recursos del Estado y de su fiscalización por las autoridades competentes. Reclamamos, por supuesto, el esclarecimiento de ilícitos presupuestales para que la sociedad mexicana tenga la certeza de que las instituciones de educación superior usamos esos recursos con pulcritud y transparencia, dijo Graue.
Ante los miembros del Consejo Nacional de la Anuies, destacó que a las universidades públicas y privadas que la conforman las unen aspiraciones y convicciones, como la de que el desarrollo de la nación no será posible sin una juventud educada con calidad, a fin de lograr egresados competentes, capaces de adaptarse a los cambios y detonar el futuro que este país reclama y se merece.
Las nueve universidades públicas que presentan serios problemas financieros para terminar el año y cubrir sus respectivas nóminas necesitarían al menos 2 mil 500 millones de pesos, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya gestiona con autoridades hacendarias federales una bolsa especial de recursos por esa cantidad.
Sin embargo, desde la SEP se ha advertido que estos recursos, en caso de lograrse, estarían en función de que las respectivas universi-dades hayan dado muestra de haber tomado medidas de optimización, un plan de austeridad y cambios estructurales en sus finanzas, a fin de garantizar que el problema se resuelva de fondo y no se repita nuevamente este escenario, como ha sido en los recientes ejercicios presupuestales. En diciembre de 2018 les fueron entregados 2 mil 309 millones de pesos.
Carmen Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior, presente en el encuentro de la Anuies, confirmó las gestiones que realiza la SEP para la obtención de esta bolsa extraordinaria, aunque se tendrá que hacer una evaluación –aclaró– sobre el nivel de cumplimiento de dichos convenios.
Juan Eulogio Guerra, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa –una de las nueve casas de estudios con problemas financieros–, informó que su institución ha entregado toda la información requerida por la SEP y Hacienda, además de haber solventado varias auditorías y realizado un programa de austeridad y ahorro.

Foto La Jornada
Periódico La Jornada

8/19/2019

Sosamontes y Zebadúa firmaron siete convenios de la estafa maestra


En tan sólo cuatro años, ocupando altos cargos dentro de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa González y Ramón Sosamontes Herreramoro suscribieron al menos siete convenios que causaron daños al erario por mil 630 millones 616 mil 503 pesos. Así se desprende de los datos vertidos durante la audiencia judicial del pasado 12 de agosto, en donde se vinculó a proceso, por ejercicio indebido del servicio público, a quien fue titular de esa dependencia y jefa inmediata de ambos, Rosario Robles Berlanga.
En la diligencia se mencionó que Zebadúa González, en su calidad de oficial mayor de la Sedesol, era quien dirigía las acciones para elaborar los contratos con universidades y otras entidades públicas y privadas por medio de los cuales se cometió el desvío de miles de millones de pesos.
Según los datos de prueba que presentó la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2013 y 2016 ex subordinados de Robles Berlanga firmaron 25 contratos y convenios con sus respectivos anexos, entre la Sedesol y la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con universidades, así como con sistemas de radio y televisión estatales.

Resultados de auditorías
Los dictámenes técnicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor) en 2013 indican que Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Sedesol presuntamente suscribió tres convenio con el ex rector Alejandro Vera, por 675 millones 305 mil 448 pesos, para distribución de equipo y material de apoyo para la operación de promotores al interior de la Ruta Sin Hambre en 400 municipios marcados como prioritarios por la secretaría.
Asimismo, de acuerdo con las constancias que la FGR dio a conocer durante la audiencia inicial y en la que se vinculó a proceso a Robles Berlanga, Sosamontes Herreramoro, primero como jefe de la Oficina de la secretaria y luego como titular de Comunicación Social de la Sedesol, suscribió dos convenios generales, uno específico y otro de prestación de servicios, con Radio y Televisión de Hidalgo entre 2014 y 2015, para la difusión del programa Cruzada Nacional contra el Hambre, y que causaron un presunto daño al erario federal por 955 millones 311 mil 55 pesos. 
Por su parte, Robles Berlanga fue mencionada como la firmante directa de uno de esos convenios, el suscrito con la Universidad Autónoma de Chiapas, por 60 millones 952 mil 400 pesos, en mayo de 2013, y cuyo objetivo, según el contrato, era Establecer los mecanismos y acciones de colaboración entre UNACH y la Sedesol para la realización, en el ámbito de sus atribuciones, de proyectos, programas y demás trabajos conjuntos en áreas de interés común.

Ilícitos desde 2013
La FGR detalló que los contratos y presuntos actos de cohecho iniciaron en febrero de 2013, cuando se firmó el primer convenio entre la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Sedesol, por 21 millones 177 mil 406 pesos, para la implementación y puesta en marcha de ventanillas de atención por la demanda para la incorporación de los beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores. Pero en ese año y 2014 la dependencia signó otros ocho convenios diferentes con dicha casa de estudio y la UAEMor por un monto de mil 234 millones de pesos.
Los fiscales presentaron testimonios de funcionarios que señalaban haber informado a Robles Berlanga de las irregularidades que se cometían en las instituciones a su cargo, y con ello se dio sustento a la imputación de ejercicio indebido del servicio público.
Entre las pruebas prresentadas se mencionaron las declaraciones de tres ex colaboradores de la ex secretaria: el director general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol, José Antolino Orozco, quien junto con Simón Pedro de León Mojarro, ex titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones, signaron en 2014 un contrato también con la UAEMor por 77 millones 847 mil 14 pesos. Dos años más tarde, en 2016, cuando Antolino era titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sedatu, firmó otro contrato con la Universidad Politécnica de Tlaxcala por un monto de 178 millones 634 mil 588 pesos. 
Marcos Salvador Ibarra Infante también suscribió contratos. Uno fue en 2014 entre la Sedesol y la Universidad Intercultural del Estado de México, y uno más en 2015, como director general adscrito a la Unidad de Coordinación de Delegaciones, con la Universidad Autónoma de Zacatecas, por 26 millones 622 mil pesos. 
Con información de Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

8/18/2019

Nada vincula a Meade o Peña en caso Robles: Santiago Nieto

No se investiga a ninguno de los dos

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reportó el bloqueo de cuentas a 601 personas por presuntas acciones ilegales

Querétaro, Qro., El ex candidato presidencial priísta José Antonio Meade no es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el caso del desvío de miles de millones de pesos del presupuesto de las secreta-rías de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano cuando fueron encabezadas por Rosario Robles el sexe-nio pasado.
Quiero ser enfático en esto: José Antonio Meade no se encuentra investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera. No tenemos nosotros en nuestra información nada que lo vincule al caso Robles. Se trata de responsabilidades de la señora Robles durante su ejercicio como secretaria, dijo este viernes Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, instancia de la Secretaría de Hacienda encargada de investigar casos de crimen organizado.
Explicó que tampoco existe ningún proceso sobre el ex presidente Enrique Peña Nieto sobre el caso Robles. No hemos llegado a ese momento de la investigación, dijo, sin abundar en ese punto.
La fiscalía mexicana acusa a Rosario Robles de ejercicio indebido del servicio público por el desvío de más de cinco mil millones de pesos hacia obras y proyectos no realizados o pagados con sobre precio, para lo cual se triangularon recursos a través de ocho universidades estatales.
Nieto Castillo señaló que la UIF recibió 150 convenios de colaboración que realizó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) con universidades durante el periodo que Rosario Robles estuvo al frente de esta dependencia.
Esos convenios fueron utilizados para adjudicar de forma directa contratos, pero los ganadores subcontrataban a empresas fachada, cuyos documentos continúan en revisión para presentar una de-nuncia ante la Fiscalía General de la República, dijo Nieto Castillo, en declaraciones a la prensa en el contexto del Congreso Nacional de Compliance.
Indicó que como parte de esas indagatorias no tiene nada que vincule a José Antonio Meade, pues se enfoncan en las responsabilidades de la señora Robles durante su ejercicio como secretaria.
Recordó que la Auditoría Superior de la Federación ya presentó 10 denuncias por ese caso, la Fiscalía General de la República lo planteó ante los órganos jurisdiccionales y eso llevó a que Rosario Robles fuera detenida por realizar presuntas acciones indebidas cuando fue titular de la Sedeso.
Durante su participación con los abogados, Nieto Castillo informó que en lo que va de la administración, la UIF ha bloqueado 129 cuentas por 38 millones de dólares a 601 personas, cuya cifra se ha estado moviendo por los amparos que presentan los involucrados, y ha interpuesto 111 denuncias contra 492 personas, 15 de ellas ex servidores públicos.
Agregó que pudiera pensarse que el financiamiento del terrorismo no es un problema grave en México, pero lo es por el contexto geopolítico en que se encuen-tra el país, que debe llevar a la reflexión sobre cómo pueden llegar pagos de transferencias de nacio-nes consideradas de riesgo, como Turquía, Nigeria o Qatar, que envían dinero a Tapachula, Chiapas, que, aunque pudiera ser un tema de migración, también pudiera ser de combatientes extranjeros. Es algo que se tiene que visuali-zar, finalizó.

Corresponsal
Periódico La Jornada

Defiende la Judicatura asignación del juez Delgadillo al caso Robles

El juzgador se fue de vacaciones

La defensa pondrá su queja el lunes contra la prisión preventiva

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▲ Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, recibió ayer por la noche un amparo para no dar al Ministerio Público el original del acta entrega-recepción cofirmada con su sucesor en esa dependencia, José Antonio Meade.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) defendió su sistema de asignación de casos luego de que surgieron críticas al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por haber dictado prisión preventiva justificada a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y sostiene que el sistema de justicia prevé que el juez que ahora lleva la etapa de control en el proceso de Rosario Robles Berlanga, no será el mismo en la etapa de juicio.
Además, aunque la defensa de Robles presente una solicitud de recusación para que el juez Delgadillo Padierna ya no conozca del caso y solicite que se analicen el cambio de medidas cautelares –es decir que la ex funcionaria pueda enfrentar su proceso en libertad–, estas peticiones ya no serán resueltas por el juzgador (sobrino de la diputada Dolores padierna) ya que desde el jueves inició su periodo vacacional, y corresponderá a quien lo sustituya conocer de los recursos.
Fuentes cercanas a la defensa de Robles informaron que será hasta el próximo lunes cuando los abogados de la ex titular de Sedesol acudan al CJF para presentar una queja contra Delgadillo Padierna, al considerar que su actuar resulta contrario a nuestra Carta Magna, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestro país en Materia de Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al haber dictado prisión preventiva.
En ese contexto, el juzgado décimo de distrito en materia de amparo con sede en la Ciudad de México, concedió ayer por la noche una suspensión provisional a María del Rosario Robles Berlanga , para el efecto de que no sea obligada a entregar al agente del Ministerio Público responsable copia auténtica, certificada o notariada del acta de entrega-recepción de la quejosa y José Antonio Meade Kuribreña, en carácter de titular saliente y entrante de la Secretaría de Desarrollo Social.
La resolución dictada y de la cual La Jornada posee copia, refiere que en caso de que el requerimiento lleve aparejado apercibimiento, se concede la suspensión provisional a María del Rosario Robles Berlanga, para el único efecto de que no se haga efectivo dicho apercibimiento.
En la decisión judicial en la causa 674/2019, dictado en el juzgado décimo de distrito en materia de amparo, a cargo del juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, señala que esta suspensión concedida no paraliza el procedimiento penal que se instruye a la quejosa, ni obstruye la actividad investigadora que tiene el Ministerio Público, asimismo, no tiene el alcance de impedir que el representante social pueda, por sus propios medios, obtener el documento aludido, pues se reitera que no obstaculiza la facultad constitucional de investigación.
Ayer, el CJF informó a la defensa de Rosario Robles Berlanga que en caso de que se promueva el recurso de queja será resuelto en estricto apego a derecho. En ese marco, la institución judicial señaló que a raíz de las afirmaciones sobre el parentesco del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna con la diputada Dolores Padierna Luna, informamos que hasta el momento no se ha presentado una queja o recurso formal.
Refirió que en la resolución 314/2019, el Juez invocó como fundamento para dictar la prisión preventiva el artículo 168, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Estimó actualizada la medida cautelar con motivo de haberse presentado dos domicilios distintos entre el declarado por la imputada y el que obra en poder de las autoridades. Lo anterior, señaló, constituye la presunción de riesgo de fuga con base en el CNPP.
Por lo que hace a la manera en quese asignan los turnos y/o casos que deben conocer los jueces, señaló: “se aclara que los Centros de Justicia Penal Federal se rigen por un doble filtro en el caso de la Ciudad de México: el primero confiere competencia temporal (quincenal) a cada Centro de manera rotativa; y el segundo, ya dentro de cada órgano, la asignación de asuntos a juezas y a jueces es aleatoria, automatizada y exclusiva, vía el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
Además, es importante subrayar que el diseño del sistema de justicia adversarial prevé que un juez que fungió en su calidad de control en una etapa del procedimiento no podrá conocer del propio asunto en la etapa de juicio, debiendo conocer otro juez del mismo Centro de Justicia Penal, o del Centro más cercano en caso de no ser posible.
De acuerdo con funcionarios federales consultados, si el el juez Delgadillo Padierna no estuviera de vacaciones solamente le tocaría atender la petición del cambio de medidas cautelares y en todo caso una extensión para la fecha establecida para la culminación de la investigación complementaria.
Pero como no estará cuando los recursos se presenten, ya solamente le tocaría conocer el informe de conclusión de la investigación complementaria, para lo cual fijó dos meses de plazo.

Foto Marco Peláez
Periódico La Jornada