Según su dicho, la noche anterior acudieron a la calle Juan N.
Álvarez de la ciudad de Iguala y ahí encontraron “tres autobuses con las
llantas ponchadas y a varios jóvenes que al parecer eran estudiantes”.
Luego añaden: “por obvias razones… procedimos a retirarnos con la
finalidad de no tener ningún altercado con los individuos que iban en el
autobús”.
Estos párrafos merecen toda la potencia de la lupa: ¿qué hacía la
Policía Ministerial, cuya cabeza era el señor Tomás Zerón de Lucio
–entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)– en el
lugar y a la hora en que ocurrió una de las escenas clave de la agresión
contra los normalistas?
¿Por qué estos agentes no actuaron, si hallaron tres camiones con
llantas ponchadas y un grupo de estudiantes desconcertados? ¿Por qué ni
Ortiz ni Dirzio reportaron la presencia de otros cuerpos de seguridad,
como la Policía Estatal, la Municipal o el Ejército?
¿Por qué, si ninguna otra autoridad estaba presente, “procedieron a
retirarse”? ¿Cuáles son esas “obvias razones” a las que hicieron
referencia en su oficio?
El informe está fechado el 27 de septiembre de 2014 y fue dirigido al
subdirector de la Policía Federal Ministerial de la subsede Iguala.
(Puede consultarse en el segundo reporte presentado por el GIEI.)
Se han barajado hipótesis referentes a distintas autoridades
involucradas de manera criminal aquella fatídica noche: han sido
señalados como posibles responsables el Ejército, la Policía Federal,
entonces dependiente del secretario de Gobernación, la Policía Estatal y
también las municipales de Iguala, Mezcala y Huitzuco.
Sin embargo, un cuerpo de seguridad que no recibió atención durante
las distintas diligencias es precisamente la Policía Federal
Ministerial. A pesar de su presencia en Iguala, aquella noche, y su
evidente despliegue al momento de la crisis, esa dependencia transitó
invisible para casi todas las partes involucradas en la investigación
posterior.
Una hipótesis plausible frente a esta omisión es que el principal
responsable de realizar las pesquisas –el director de la AIC, Tomás
Zerón– era al mismo tiempo el mando más elevado de la Policía Federal
Ministerial.
Zerón enfrentó entonces un conflicto de interés: no debió ser investigador si al mismo tiempo debía ser investigado.
Las declaraciones de Carlos Canto Salgado, alias El Pato, que
recientemente merecieron atención pública, obligan a valorar este
conflicto de interés. El profesor de primaria que regenteaba el bar la
Perinola, donde los mandos de Guerreros Unidos solían reunirse, declaró
que fueron agentes de la Policía Federal Ministerial quienes dispararon
contra el equipo de futbol Los Avispones y también quienes condujeron a
un nutrido grupo de normalistas al Tomatal, y luego con rumbo a Mezcala.
En efecto, El Pato declaró, un mes después de los hechos, que los
policías de la PGR eran responsables de los atentados y la desaparición
de los estudiantes, y también que los segundos habían sido conducidos
–lejos del basurero de Cocula– en dirección a Mezcala.
Este testimonio habría sido escuchado por el comandante Carlos Gómez
Arrieta, uno de los funcionarios de la Procuraduría General de la
República (PGR) más cercanos al entonces procurador Jesús Murillo Karam.
Se sabe que esta declaración se obtuvo mediante tortura, también que
El Pato no fue testigo directo de los hechos y que la confesión refiere a
la Policía Ministerial.
Con estos tres argumentos se ha querido desestimar el valor de sus
declaraciones. Y, sin embargo, se sostienen: en Iguala, cuando los
lugareños refieren a la Policía Estatal usan el término “estatales,” así
que El Pato señaló a la policía adscrita a la AIC de la PGR.
Por otra parte, cuando se están realizando investigaciones no pueden
desestimarse los testimonios “de oídas,” ya que en ellos suelen hallarse
las primeras pistas. No hay justificación para que Gómez Arrieta, Tomás
Zerón o Murillo Karam hayan dado la espalda a una información tan
relevante.
Por último, utilizar el argumento de la tortura para desatender un
testimonio, cuando todo el caso se montó sobre hechos evidentes y
denunciados de tortura, no sólo es cínico sino tremendamente idiota.
El testimonio de El Pato es una pista que debió conducir a investigar
a la Policía Federal Ministerial, a su jefe Tomás Zerón de Lucio y a
Carlos Gómez Arrieta, el hombre de confianza del procurador Murillo.
Cabe exponer, como hipótesis del caso Ayotzinapa, las siguientes premisas:
1. En septiembre de 2014 había una relación de complicidad entre la
organización Guerreros Unidos y la Policía Federal Ministerial,
dependiente de la PGR, la cual se hallaba bajo el mando del director de
la AIC, Tomás Zerón de Lucio.
2. Agentes de la Policía Federal Ministerial fueron autores
materiales, tanto del atentado sufrido por los futbolistas como de los
ataques y desaparición de los normalistas.
3. Tomás Zerón de Lucio recibió el encargo de investigar los hechos
ocurridos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Cuando este
funcionario tuvo información sobre el involucramiento de agentes
pertenecientes a la policía bajo su mando, habría escondido la
evidencia, desestimado los testimonios, alejado la investigación de la
geografía donde debía realizarse (Mezcala y Huitzuco) y habría también
desarrollado la falsa verdad histórica del basurero de Cocula.
4. Al actuar de esta manera habría protegido a los verdaderos
responsables, al tiempo que pudo haber obstruido la justicia que el país
entero clamaba a propósito del caso Ayotzinapa.
Si bien Zerón continúa contando con cómplices y aliados en todas
partes, hoy ha mermado el inmenso poder que un día le permitió eludir el
conflicto de interés para volverse investigador en vez de investigado.
Este análisis se publicó el 30 de junio de 2019 en la edición 2226 de la revista Proceso.
.-Texto originalmente publicado en Los Ángeles Press
