"Hay una modalidad de Narcolawfare que se sustenta en la aplicación universal y extraterritorial de las leyes estadounidenses para desestabilizar a la Presidenta Claudia Sheinbaum".
La infamia avanza, evoluciona, tiene nuevos rostros y asume nuevas perversas estrategias en América Latina, convertida hoy en un espacio de disputa en contra de gobiernos que no le son afines a la administración de Donald Trump y para satisfacer los apetitos del imperio depredador del norte que busca siempre apoderarse, sin pudor y sin recato, de las riquezas de otros países.
El Lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos deliberadamente ocultos a la opinión pública. Parte de la conflictividad y de las tensiones políticas buscan ser dirimidas en el campo de lo jurídico. El Lawfare, inicialmente asociado a una presunta guerra contra la corrupción, se ha ampliado hasta alcanzar procesos electorales y aparatos financieros, incluyendo por momentos el libreto de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Se trata de un proceso de largo aliento que supera la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos.
En el caso de México, hay una modalidad de Narcolawfare que se sustenta en la aplicación universal y extraterritorial de las leyes estadounidenses para desestabilizar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobierno de la Cuarta Transformación, que le causan fuerte urticaria al Presidente estadounidense Donald Trump y a la derecha nativa de México y a la internacional, advierte el Observatorio Lawfare, que coordina Silvina Romano, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
El lawfare es una guerra política que incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (locales y extranjeros). Se caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial, mediante acoso y desmoralización a través de medios de comunicación.
Los especialistas del Observatorio Lawfare explican que esta estrategia desestabilizadora de gobiernos incluye manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos políticos. En años recientes, estas tácticas han sido utilizadas contra decenas de líderes o exfuncionarios y funcionarias de gobiernos y de militantes en Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, Perú y El Salvador, vinculados a gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal que defienden el Presidente de Estados Unidos, los gobiernos aliados servilmente a su causa, como el de Javier Milei en Argentina, y la derecha internacional, en la que gravita particularmente la mexicana.
El Observatorio Lawfare incluye en esta estrategia la acusación formal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 29 de abril del 2026 en contra de 10 funcionarios públicos del gobierno del estado de Sinaloa, incluyendo al Gobernador Rubén Rocha Moya y al Senador Enrique Inzunza Cázarez, ambos de Morena, a los que señala de estar involucrados con las actividades delictivas del Cártel de “Los Chapitos”.
Esa acusación está radicada en el Distrito Sur de Nueva York, en donde son juzgados el Presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa la Diputada Cilia Flores; y fueron sentenciados el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán; el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y otros narcotraficantes mexicanos. De igual forma, un caso similar se esgrime en contra del Presidente Gustavo Petro de Colombia, a quien han acusado en reiteradas ocasiones de haber recibido dinero proveniente del narcotráfico y actos de supuesta corrupción.
Singularmente, señala el Observatorio Lawfare, las acusaciones contra 10 funcionarios mexicanos de Sinaloa, entre los que se encuentra el Gobernador Rubén Rocha Moya, de Morena, son formuladas apenas días después de que se supo que agentes de la CIA participaron, clandestinamente y violando la Constitución y las leyes del país, entre el 17 y 19 de abril, en un operativo antinarcóticos en el estado fronterizo de Chihuahua, gobernado por la panista María Eugenia Campos Galván, lo que podría interpretarse como una operación mediática y de presión contra el Gobierno de México, a unas semanas de la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.
Extraterritorialidad de la ley
Las presiones contra México son parte de una estrategia de la política exterior de Estados Unidos que pretende aplicar sus leyes fuera de su territorio a gobiernos de países que considera contrarios a sus intereses. El último caso es el del secuestro del Presidente Nicolás Maduro, de Venezuela, o la liberación por indulto presidencial de Donald Trump en favor de Juan Orlando Hernández Alvarado, expresidente de Honduras, al quien el Departamento de Justicia estadounidense dejó en libertad y ahora se presume que Israel negoció con Estados Unidos su liberación con el objetivo de ponerlo nuevamente en la Presidencia.
El indulto a Orlando Hernández se dio apenas días antes de los comicios presidenciales que derivaron en la victoria de Nasry Asfura, un Político ultraderechista alineado con Donald Trump, en un evidente acto injerencista que tuvo el objetivo de atacar la estabilidad hondureña y desacreditar al gobierno progresista liderado por Xiomara Castro, del Partido Libre.
Estados Unidos e Israel, con la ayuda de Honduras, estarían colocando las piezas en el tablero geopolítico para el control de zonas de influencia en Latinoamérica. El Diario Red en América Latina y la página Hondurasgate han revelado en una investigación, a raíz de audios filtrados, la intención injerencista de líderes de la derecha global, publicó el pasado miércoles 6 de mayo del 2026 el periódico español El País, en una nota del reportero Andrés Rodríguez.
Una de las evidencias dada a conocer a finales del pasado abril afirma que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, indultado por Donald Trump de su condena de 45 años por narcotráfico, con el apoyo del propio mandatario estadounidense, de su homólogo argentino, Javier Milei, y la actual administración de Honduras, estarían confabulando para la creación de un canal de difusión de noticias falsas con la intención de desinformar y desestabilizar a los Gobiernos de Colombia y México, agrega el diario El País.
La segunda entrega del Hondurasgate, de las tres que se habían dado a conocer hasta el pasado miércoles 6 de mayo del 2026, registra una supuesta conversación entre Hernández Alvarado, convertido en un operador de Donald Trump en la región, y el actual Presidente y la Vicepresidenta de Honduras, Nasry Asfura y María Antonieta Mejía, respectivamente. El objetivo: golpear a las Administraciones de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, los dos de una ideología de izquierda, señala el diario español.
En tanto que el Observatorio Lawfare de Buenos Aires explica que la extraterritorialidad de la ley aplicada por Estados Unidos incluye, entre otras medidas: sanciones económicas, financieras, políticas y diplomáticas por supuestas vulneraciones a las normas del Derecho Internacional Público y/o el incumplimiento de tratados internacionales.
Junto con la extraterritorialidad de la ley está la designación de varios cárteles del narcotráfico como Organización Terrorista Extranjera lo que habilita la narrativa del narcoterrorismo como amenaza a la seguridad nacional estadounidense y las invasiones militares bajo el argumento de la “aplicación de la ley” como sucedió en Venezuela y como se pretendería hacerlo en México y Colombia.
En América Latina hay varios casos en los que se han acusado a expresidentes o políticos de corte progresista como narcoterroristas. Destaca el caso de Evo Morales a quien tras el golpe de estado en 2019 fue acusado de narcoterrorista en 2020 por el gobierno de facto de Jeanine Añez. Actualmente está el caso de Gustavo Petro a quien vinculan con el narcotráfico.
En el caso del Presidente Nicolás Maduro el representante estadounidense en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michael Waltz, lo acusó de “narcoterrorista ilegítimo”, pese a que el Departamento de Justicia cambió la sentencia en contra del mandatario venezolano y consideró inexistente al Cartel de los Soles, una creación que además contó con apoyo de medios de comunicación hegemónicos.
El caso contra el Gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de ese estado tiene similitudes con un asunto que en Argentina se denominó “Cuadernos”, una causa judicial en la que un testigo protegido supuestamente escribió en un cuaderno lo que recordaba que había escuchado que aparentemente empresarios le pagaron sobornos a miembros del gobierno de Cristina Fernández. O la libreta de una funcionaria cercana a Rafael Correa en Ecuador, que escribió de memoria, en un viaje de una hora, todos los supuestos actos de corrupción con sumas al detalle, incluyendo centavos. Precisamente las delaciones premiadas ofrecidas por testigos protegidos o la figura del delincuente “arrepentido” son componentes de la mayor parte de los casos de Lawfare en la región, dicen los especialistas.
Resalta el Observatorio Lawfare que no es dato menor que con la presentación pública de la información por parte de la fiscalía de Estados Unidos y la publicación de la solicitud de detención provisional con fines de extradición de 10 políticos sinaloenses se quebraron tratados vigentes a nivel internacional en donde se establece “la confidencialidad de la información”. Por esa razón, el Gobierno de México envió un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos. Y además implica la violación al debido proceso, otro rasgo más de los casos de Lawfare en América Latina, por lo que este asunto, muestra un claro interés político y de máxima presión contra México.
Contra México se aplica el mismo relato que en Colombia, Bolivia, Venezuela o Ecuador: la supuesta lucha contra el narcotráfico y la corrupción que justifica intervenciones contra países que ponen por delante la soberanía y un modelo de bienestar diferente al neoliberal.
Recapitulan los investigadores argentinos: “Como hemos descrito en el Observatorio Lawfare, el narcolawfare es una etiqueta sumamente peligrosa que forma parte de una estrategia multidimensional que busca deslegitimar proyectos soberanos y aplicar la extraterritorialidad de la ley estadounidense, incluyendo las intervenciones militares u operaciones de desestabilización, combinado con un discurso securitario y un uso excepcional del poder y la violación del derecho internacional”.
Y hacen una pertinente observación: “Como en Colombia, este tipo de causas judiciales [como ocurre ahora con México] llega en momentos electorales para incidir en la percepción de la población y lograr un cambio en las futuras elecciones de 2027 y en la revisión del Tratado de Libre Comercio”.
La soberanía
Por eso es rescatable el mensaje que la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo pronunció el pasado martes 5 de mayo del 2026, en Puebla, durante la conmemoración de la batalla en esa ciudad, en la cual fueron derrotados los invasores franceses, el 5 de mayo de 1862, cuando otros mexicanos vendepatrias fueron a Europa a rogar porque se impusiera en nuestro país a un emperador austriaco: “Nunca olvidemos que la independencia de México ha sido construida con el heroísmo de un pueblo que la ha conquistado una y otra vez. Está escrita con dolor, sacrificio y con la voluntad inquebrantable de generaciones que se negaron a ceder su destino”.
“Nunca olvidemos -agregó Sheinbaum Pardo- que nuestra historia está marcada por la resistencia frente a las invasiones extranjeras y también por las traiciones internas de quienes, desde el conservadurismo, han apostado por someter al pueblo y entregar a la Patria”.
Reprochó la mandataria: “A esos que buscan la intervención extranjera en México, a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia, a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México; a ellos les decimos, con verdad y justicia: que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota. A quienes piensan que la Presidenta se arrodilla: están destinados a la derrota”.
Incluyó la Presidenta un mensaje al imperio del norte: “A cualquier gobierno extranjero somos claros y contundentes: la historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional […] ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos”.
El pasado miércoles 6 de mayo del 2026 la Presidenta dijo en su conferencia mañanera que “hay una alianza de lo que se llama ‘la derecha internacional’ con la derecha mexicana. Tienen muchos medios de comunicación digitales, sobre todo: ahí está La Derecha Diario y otros, que nos critican todo el tiempo con pura mentira, por cierto, pero su objetivo es minar a la Presidenta y al proyecto de Transformación en México”.
“Si se fijan -explicó la mandataria-, es lo mismo que lo que está ocurriendo con los comentócratas, la derecha mexicana. Fuera de tres o cuatro medios, todos están en la andanada. Quienes creen que usando el injerencismo de otros países en México les va a dar algo, están muy equivocados, están derrotados”.
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