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de la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre el caso “Ascencio Rosario y otra vs. México”. Tomada el 30
de enero del 2025.-Ciudad
de México.– El día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH) sentenció que el Estado mexicano como responsable
internacionalmente por la tortura sexual y las graves lesiones cometidas
por integrantes del ejército mexicano, así como por la falta de
atención médica que derivó en la muerte de Ernestina Ascencio Rosario,
mujer indígena nahua originaria del estado de Veracruz.
Cabe
destacar que desde la muerte de Ernestina Ascencio han pasado tres
gobiernos y un cuarto inicia ahora con Claudia Sheinbaum; sin embargo,
pese al relevo de partidos, ha prevalecido una constante: la negativa
del Estado a asumir su responsabilidad en casos como este y la omisión
frente a la violencia ejercida por el Ejército mexicano.
Esta
sentencia llega tras 18 años de que la familia de Ernestina buscara
justicia; años de una tajante respuesta del Estado mexicano que
pretendía desligarse de responsabilidad, aún, cuando se ha documentado
su articulación local y federal, hoy es un episodio que deja huella y
que revira en un momento cumbre de nuestro país.
Ante ello, la
Corte IDH determinó que México violó los derechos a la vida, la
integridad personal, las garantías judiciales, la honra y la dignidad,
la igualdad ante la ley, la protección judicial y la salud, además
violentó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y
la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
(CIPST), en perjuicio de la señora Ernestina Ascencio Rosario.
Estas
violaciones a la ley se sentenciaron, luego de que se constató que
Ernestina Ascencio Rosario, mujer de 73 años y habitante de la comunidad
de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra de Zongolica, en el estado de
Veracruz, fue torturada sexualmente por miembros del Ejército mexicano
el 25 de febrero de 2007, luego de que un campamento militar se
instalara en las inmediaciones de su vivienda como parte de la
estrategia de combate al narcotráfico implementada por el Estado desde
2006.
Además se concluyó que la violación sexual sufrida por
Ernestina Ascencio Rosario constituyó un acto de tortura al ser
intencional y provocarle graves sufrimientos físicos y mentales con
fines de humillación y control; además determinó que el Estado violó su
derecho a la salud, ya que fue trasladada durante horas sin recibir
atención y falleció en el Hospital Regional de Río Blanco antes de ser
intervenida quirúrgicamente, situación agravada por la falta de
intérpretes de náhuatl que dificultó la comunicación con el personal
médico.
De manera adicional, la Corte sentenció que la
investigación ministerial de los hechos no incorporó perspectivas de
género, étnica ni etaria, fue cerrada de manera prematura sin agotar las
líneas de investigación necesarias y se sustentó en estereotipos
étnicos, etarios y de género que fueron replicados por altas autoridades
del gobierno mexicano, incluido el entonces Presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa.
Pese a estás múltiples pruebas
y denuncias, las autoridades veracruzanas habían cerrado el el caso,
concluyendo que Ascencio había muerto de una gastritis crónica, una
resolución avalada por la CNDH y reiterada por el entonces presidente
Calderón, un mes antes de que se diera el carpetazo a la investigación.
No es un hecho aislado
El
caso perpetrado contra Ernestina no es el único que se ha cometido a
manos del ejercito. Según Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (Endireh, 2021), revela que más de 68 mil
mujeres sufrieron violencia en su comunidad por parte de militares o
marinos. Entre las agresiones más comunes están: piropos ofensivos,
38.2%; miedo a ser atacada sexualmente, 10.1%; ataques con armas blancas
o de fuego, 3.3%; intentos de violación 1.1% y 0.2%.
Esta situación ha sido advertida por la periodista Lucía Lagunes Huerta en su columna “La militarización caerá sobre nosotras”,
en la que señala que, en materia de seguridad, a mayor violencia
generalizada y presencia de hombres armados en las calles, se
incrementan la violencia y las restricciones a las libertades de las
mujeres.
Dicha realidad ha sido constatada históricamente, ya que
en los contextos de violencia social armada las mujeres han sido
tratadas como botín de guerra, donde sus cuerpos y sus vidas se
convierten en premios a conquistar o dañar, en el marco de una
construcción patriarcal basada en la masculinidad y el uso de la
violencia.
Además, es importante subrayar que esta situación impacta con mayor fuerza a las mujeres indígenas, pues la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022
apunta el siguiente panorama de discriminación contra este sector de la
sociedad, siendo las cifras de las mujeres más elevadas que la de los
hombres indígenas, pues el 40.8% de ellas opinó que, en nuestro país,
sus derechos humanos no se respetan.
Entre los principales motivos
de discriminación a las mujeres indígenas, se encuentran: forma de
vestir (35.2%), peso o estatura (33.2%), por ser mujer (29.4%), por ser
indígena o afrodescendiente (28.9%), creencias religiosas (28.3%),
manera de hablar (27.4%), clase social (22.6%), edad (21.5%), lugar
donde viven (21.4%), opiniones políticas (21.1%), tono de piel (17.1%),
por ser huérfana o adoptada (16.8), tener alguna enfermedad (9.5%),
tener alguna discapacidad (9.5%) y por su orientación sexual (6.2%).
Medidas de Reparación
Frente
a esta serie de omisiones y violaciones cometidas por el caso de
Asencio, la Corte ordenó al Estado implementar distintas medidas de
reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la
violación sexual, tortura y muerte de Ernestina para identificar,
procesar y sancionar a los responsables; brindar tratamiento médico,
psicológico y/o psiquiátrico a las y los familiares; realizar un acto
público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
Además
se le dictó implementar programas de formación y capacitación para
funcionarios públicos; fortalecer el Centro de Atención Especializada de
Soledad Atzompa, y crear un Registro Nacional de Intérpretes y
Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
Datos de la audiencia
Asuntos
medulares que fueron cuestionados en la audiencia del 30 de enero de
este 2025, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos bajo un
lema sencillo: ¿Hasta dónde el Estado mexicano es capaz de llegar con
tal de defender al Ejército?
Ese día se celebró la histórica
audiencia de alegatos orales en donde, en representación de la presunta
víctima, abogó Carmen Herrera y Elvia Duque del Instituto Internacional
sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Patricia Torres Sandoval de la
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Angelita Baeyens de la
Fundación Robert Kennedy Human Rights.
Al día siguiente, es decir,
el 31 de enero, en el Centro Prodh, las defensoras realizaron algunos
apuntes en el caso, por ejemplo, la importancia de consultar la
audiencia, de difundir lo mencionado en la Corte, seguir de cerca el
proceso y por supuesto, cuestionar viejas prácticas.
Norma Don
Juan, de la defensoría de la familia Ascencio apuntó a una verdad
inequívoca: Los esfuerzos de todos los gobiernos en turno para contener
la violencia en contra de las mujeres no sólo ha sido escueta, sino,
además desentendida como un fallo sistémico del Estado mexicano.
La
defensora apuntó a que, si bien se han desarrollado comisiones,
fiscalías especializadas o las Alertas de Violencia de Género, las
mujeres siguen sin estar verdaderamente en el foco público y esto no es
un señalamiento sin fundamento, por el contrario, es palpable en el caso
Ernestina Ascencio; el caso es emblemático, no sólo por la verdad y la
justicia en su memoria, sino también, porque estos 18 años de impunidad
ha tenido una repercusión directa en la vida de las mujeres indígenas.
Una repercusión colectiva donde se esboza que, realmente, la
discriminación racial, la impunidad y la segregación son componentes que
se han mantenido a lo largo del tiempo.
Durante la audiencia
presentada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la
defensoría del Estado mexicano lanzó sus mejores argumentos para evitar
cargar con la responsabilidad absoluta, por lo que, si bien aceptó sus
obligaciones con la familia Ascencio y su falla al garantizar el acceso a
la salud, evitó, de manera reiterada incluir en su discurso a la
Secretaría de la Defensa Nacional y zanjó su defensoría aceptando sólo
«parcialmente» su responsabilidad.
Esto último, cuestionado por
las organizaciones civiles como el Robert Kennedy Human Rights quien
exigió en conferencia de prensa reconsiderar el hecho y, sobre todo,
dejar de omitir la responsabilidad del Ejército.
Por su parte,
Norma Don Juan realizó un férreo posicionamiento que sería clave para
poner la mira en las acciones del actual gobierno federal y cuestionar
qué tanto el sexenio de Sheinbaum dista de la época calderonista bajo 2
sencillas causales: El Ejército mexicano como brazo derecho del poder
ejecutivo en materia civil y respuestas confusas desconociendo su
responsabilidad.
«Siempre
hemos dicho que este caso es muy importante por la verdad y justicia,
pero también, tiene una repercusión en la vida de las mujeres indígenas.
El Estado dio discursos confusos como decir: No estamos de acuerdo con
Calderón, pero sí desconocieron los asuntos de fondo que les planteamos,
la narrativa [que manejaron los representantes del Estado] fue la
misma» (Norma Don Juan)
El juez Rodrigo Mudrovitsch
cuestionó a los representantes del Estado qué tanto se había hecho para
evitar las violaciones a los derechos humanos a manos del Ejército y qué
protocolos existían para que los cuerpos castrenses actuarán con debida
diligencia en las zonas rurales, indígenas y/o alejadas de áreas
conurbadas.
Asimismo, el juez mostró su preocupación ante la
llegada de la Guardia Nacional y la reforma que la unió a la Sedena, sin
embargo, la defensoría del Estado negó cualquier conexión entre la
violencia y el Ejército, atajando que, de hecho, la población mexicana
se sentía optimista con esta acción, pues la mayoría tiene plena
confianza en el Ejército por lo que no hay nada de qué temer.
Un
argumento que deviene directamente de las declaraciones hechas por la
propia hija de Ernestina, Martha Ascencio, quien durante la primera
parte de la audiencia acusó directamente al Ejército y refirió el miedo
constante que ha prevalecido entre las mujeres de su comunidad; narró
desde la experiencia del miedo cada vez que pasaba un miembro del
ejército y cómo ella, junto con otras mujeres, preferían encerrarse en
sus casas como método de supervivencia.
La agresión sexual, como
ya advertía Norma Don Juan, no sólo hirió irreparablemente a la familia
Ascencio, sino también, a toda una comunidad; trasgredió a las mujeres
de la región y dejó una marca imborrable deshilando todo el tejido
social de la comunidad, tal como apuntó la defensora Patricia Torres en
la audiencia:
«Hablar
de violencia sexual sigue siendo un tabú en muchas comunidades de
México porque implica consecuencias sociales y culturales que tienen un
efecto en la esfera personal y familiar. Si agregamos el edadismo,
existe un reconocimiento de honorabilidad a las personas mayores en las
comunidades, es decir, al atacar a una mujer indígena mayor, también se
está atacando simbólicamente a una figura de honorabilidad que
representa un daño psicoemocional para su comunidad y la región de la
Sierra de Zongolica. Esto también es sobre la importancia de recuperar
el tejido social comunitario» .
Felipe Calderón, que es un colaboracionista de la
derecha española y norteamericana contra México, maniobró para que el
Consejo de Europa descalificara al Gobierno de Claudia Sheinbaum. Muy
patriota no parece.
Han estado quemando esta Semana Santa al Judas Trump en muchos
pueblos del continente, también en México. La gente se olvida de que
Judas, aunque de diferentes pueblos, era connacional de Jesucristo.
Donald Trump necesita poner de rodillas a todos los países que pueda
para que le aporten la plata de los que le financiaron la campaña y
también la bajada de impuestos que prometió a sus electores. Los
votantes norteamericanos, salvo los más fanáticos, que existen, están
asustados y ven que algunas decisiones, como expulsar a los emigrantes,
no solventan los problemas, sino que los agravan. Trump y la derecha
global necesita recuperar la fuerza que tuvo y no sabe cómo. Y, como
hicieron los romanos contratando a Judas, necesita traidores.
Es un error pensar que puedes hacerte con un país sólo con la fuerza,
a no ser que extermines a todo el mundo, como hicieron los
estadounidenses con los indios americanos. Mal precedente, pero aunque
usen leyes del siglo XVIII, estamos en el siglo XXI.
EU necesita aliados internos, porque no puedes luchar contra todos al
mismo tiempo. Hasta Hernán Cortés lo vio con claridad durante la
Conquista. De hecho, la gran baza del actual imperio, los EU, siempre ha
sido contar con colaboracionistas. Y por eso EU, invariablemente, ha
apoyado los golpes de la derecha en América Latina, en África o en Asia:
para contar con colaboradores fieles que les permitan mantener el american way of life, esto es, el modo de vida norteamericano.
Con la mera fuerza no puedes mantener una ocupación, porque el pueblo
finalmente se levanta. Necesitas que los sometidos no piensen que
tienen otra alternativa. Por eso, los romanos, además de contratar a
Judas, cuando invadían a otro pueblo, nada más derrotarles y tras
ejecutar a una buena parte de los resistentes, iban al templo de los
derrotados a darle las gracias a sus dioses por haberles dado a ellos,
los romanos, la victoria. Ahora no hace falta porque ya vemos nosotros
Netflix por nuestra propia cuenta.
Cuando los nazis empezaron su expansión territorial, lo primero que
hicieron fue buscar nacionales de cada país para justificar la invasión.
Así lograron el apoyo del mariscal Petain en Francia, y montaron el
Gobierno colaboracionista de Vichy. Su única virtud fue permitirnos hoy
disfrutar de la película Casablanca. No deja de ser curiosa la
inconsistencia de esa derecha que, siendo anticomunista y conservadora,
pero también nacionalista, permiten que las botas de militares de otros
países dejen siempre pisar esa patria a la que dicen querer tanto.
Los nazis desplegaron una diplomacia colaboracionista muy relevante.
En Noruega se aliaron con Vidkun Quisling, con Mussolini en Italia, con
Franco en España. Igual con Ante Pavelic en Croacia y con Ion Antonescu, en Rumanía.
Es verdad que cuando perdieron, los colaboracionistas recibieron un
duro castigo de sus propios compatriotas y muchos de ellos terminaron
ejecutados. Cómo olvidar la imagen de Mussolini cabeza abajo en la plaza
de Loreto en Milán, después de que fuera apresado cuando intentaba huir
hacia Suiza vestido con un uniforme de soldado alemán.
Pero el colaboracionismo nunca se acaba. Siempre los invasores van a encontrar apoyo entre las gentes del país que ocupan. Y aquí entra en escena Felipe Calderón.
Ha estado recientemente en Europa Francisco Javier Ramírez Acuña. Este Senador del PAN aprovechó su intervención en el Consejo de Europa
para disparar contra la reforma del Poder Judicial, con la intención de
sembrar dudas en Europa sobre la democracia en México. Por si fuera
poco, vinculó la reforma con supuestos intereses del narcotráfico:
“En México -leyó Ramírez Acuña- el debate sobre la elección de
jueces, magistrados y ministros se ha sellado con una reforma
constitucional apresurada, cuya implementación dista mucho de ser clara y
eficiente”.
Y continuó: “La independencia judicial es clave para garantizar el
Estado de Derecho y evitar cualquier forma de subvención a grupos
interesados en que se sesgue en la justicia. Hoy dicha independencia se
ve puesta en duda en virtud de la evidente participación de intereses
ajenos a la ciudadanía ayudando de manera evidente a unas y otras
candidaturas”.
Aprovechó también, a ver si incrementada los daños, para hablar del
tema de los desaparecidos en México, y terminó pidiendo al Consejo de
Europa que “tutele” a México para que no se descarríe y se despeñe en el
acantilado de las dictaduras:
“Aquí -afirmó desde Estrasburgo- la experiencia del Consejo de Europa
en su fuerte defensa de la independencia judicial puede servir como un
referente valioso, la cooperación en este ámbito, la observación y
seguimiento de esta organización amiga nos permitiría fortalecer
nuestras instituciones y garantizar un acceso efectivo a la justicia
para todos los ciudadanos”.
Dejemos de lado la hipocresía de que sea precisamente el PAN, actual
aliado de las ruinas del PRI, el que hable de corrupción de la justicia,
cuando el Secretario de interior de Felipe Calderón, Genaro García
Luna, hoy condenado en EU, trabajaba para el Cártel de Sinaloa. Por
cierto, a su mujer, Linda Cristina Pereyra, un tribunal le hizo un enorme favor ordenando desbloquear las cuentas bancarias de undinero
que, al estar vinculado a alguien que había estado trabajando para un
cártel, provenía, entre otras razones, de la desaparición de mexicanos y
mexicanas.
Lo relevante es que la presencia en Francia, en Estrasburgo, de
Ramírez Acuña era una maniobra articulada con la derecha española y, de
paso, con la vieja geopolítica dictada desde EU. Todo con la
colaboración de Felipe Calderón. La derecha mexicana vino a Europa a
colaborar con los intereses que intentan debilitar o acabar con el
Gobierno de la 4T, en un momento en el que Donald Trump incrementa la
presión sobre el Gobierno de Morena y de la Presidenta Claudia
Sheinbaum.
Este Senador del PAN, Acuña, fue Embajador en México durante el
Gobierno de Felipe Calderón, con el que tiene amistad. Y no es gratuito
que haya sido invitado a Estrasburgo a este foro del Consejo de Europa.
El marco inicial era un documento que simplemente buscaba reforzar
las relaciones entre el Consejo de Europa y América Latina. Pero en ese
documento, la 4T salía bien parada, y la derecha no estaba dispuesta a
tolerarlo.
El Partido Popular había organizado presentar una enmienda que iba a
dejar mal internacionalmente al Gobierno de Claudia Sheinbaum. La visita
del antiguo Embajador al Consejo de Europa coincidía con una enmienda
que intentó colar el Partido Popular contra México, junto a otras
enmiendas, contra Venezuela y contra Cuba. El apoyo que no tiene la
venezolana María Corina Machado en su país suele dárselo la derecha en
el Consejo de Europa o en el Parlamento Europeo.
El Consejo de Europa no es un sitio tan importante como el Consejo
Europeo, aunque suenan casi igual, que es donde se sientan los 27 jefes
de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.
Pero cuidado, porque, como dice la Biblia, no desprecies a la
serpiente porque no tiene cuernos. El Consejo de Europa, que es donde
habló Acuña, y esto es muy importante, tiene una influencia clara en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
lo que a su vez desata todo un abanico de descalificaciones en
múltiples instituciones que debilitan a cualquier Gobierno. Aprietan una
tecla por aquí, y provocan un tsunami a 9300 kilómetros de distancia.
Felipe Calderón desde España, no para en su cruzada contra la 4T.
Amparado por la derecha extrema de Isabel Díaz Ayuso, del Partido
Popular, intenta constantemente deslegitimar internacionalmente el
Gobierno de Claudia Sheinbaum, acusándole en estos foros de ir contra la
independencia de la justicia, de vulnerar el Estado de Derecho o,
incluso, de favorecer a narcotraficantes. Lo que, como decía, no deja de
ser irónico viniendo del jefe de García Luna.
En el proyecto de resolución del Partido Popular, al final del
párrafo 8, y reforzando la crítica de Ramírez Acuña, pretendió aprobar
lo siguiente, dentro de un documento que, inicialmente, simplemente
buscaba, como digo, reforzar las relaciones entre el Consejo de Europa y
América Latina:
"La Asamblea [del Consejo de Europa], con profunda preocupación, considera las reformas judiciales implementadas en México como una amenaza para la independencia del sistema de justicia y recomienda que las autoridades mexicanas consideren el asesoramiento de la Comisión de Venecia".
Es decir, proponía al Gobierno de México que diera marcha atrás en la
reforma constitucional de la justicia y que, una vez más, se pusiera
bajo alguna tutela de un organismo internacional, que por lo general
están sometidos, cada vez más, a enormes intromisiones. Dicho más
sencillo, que México renuncie a su soberanía y a sus reformas políticas.
Poco patriótico.
Este intento del PAN y del PP de golpear con argumentos jurídicos al
Gobierno de Claudia Sheinbaum coincide prácticamente con la celebración
en Santo Domingo del World Law Congres, el Congreso Mundial de Derecho,
que tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de mayo en Santo Domingo. ¿Y a quién
le van a conceder la Medalla de Honor de la Asociación Mundial de
Juristas. Pues a Norma Piña. ¿Y a qué político invitan de México a
hablar en este relevante foro? Pues resulta que el Senador mexicano
invitado es Marko Cortés, del PAN.
Tenemos que advertir que una parte de la pelea política actual es
cultural, y se da en foros internacionales donde la derecha se mueve
como pez en el agua, conoce los trucos legales y leguleyos, tiene los
contactos y, como viene demostrando, va debilitando en estos foros a los
gobiernos progresistas que les han derrotado en las urnas. La votación
de la enmienda contra el Gobierno de México en el Consejo de Europa la
presentó el Partido Popular a última hora del jueves, cuando todos los
asambleístas tienen que irse corriendo de Estrasburgo para regresar a
sus países, y quedan pocos diputados y senadores para votar.
La voluntad del “colaboracionista” Felipe Calderón y el PAN no era
otra que debilitar a Claudia Sheinbaum, aunque con ello debilitaran
también a México. México es el país que tiene los vínculos más fuertes
con el Consejo de Europa. Desde 1999 disfruta del estatus de Estado
observador en este organismo, de la misma manera que el Congreso
mexicano es observador en la Asamblea del Consejo. La declaración que se
votaba la semana pasada buscaba, como decía, reforzar las relaciones
entre el Consejo de Europa y Latinoamérica.
El ponente, Antonio Gutiérrez Limones, Senador andaluz del PSOE, exaltaba a México en la declaración:
“La Asamblea quisiera elogiar la importante contribución realizada
por la delegación del Congreso mexicano en tanto que observador a la
labor de la Asamblea, y el papel desempeñado por México como Estado
observador en el Consejo de Europa, ambos durante más de 25 años. Por
tanto, invita a México y a su Congreso a continuar impulsando la labor y
los valores del Consejo de Europa, inspirando así a otros países de la
región y a sus asambleas nacionales interesadas en reforzar sus
relaciones con la Organización”.
No es gratuito el ataque que orquestaron previamente contra Fernández
Noroña por el viaje que hizo a Madrid, a ese mismo foro, hace unas
semanas. Porque con esos ataques y el escándalo creado, lo que buscan es
desanimar a que ningún político viaje fuera de México, de manera que se
deje a la derecha todo el terreno libre para que puedan hacer todo tipo
de tropelías, lo que a su vez se traduce, finalmente, en presión hacia los gobiernos de izquierda.
Felipe Calderón, que es un colaboracionista de la derecha española y
norteamericana contra México, maniobró para que el Consejo de Europa
descalificara al Gobierno de Claudia Sheinbaum. Muy patriota no parece.
Fueron mexicanos de a pie que viven en Madrid los que vieron la
maniobra, y defendieron a su Gobierno por compromiso. Pueblo mexicano
que ha permitido que la 4T ganara, y, por lo contrario, perdiera el
PRIAN en su intento de hacer daño a la Cuarta Transformación. Mera
voluntad de pueblo despierto y consciente que empezó a descolgar
teléfonos, hablar con diputados, secretarios, amigos, para convencer a
unos docenas de políticos de izquierda que no se marcharan antes de la
votación de Estrasburgo. Así se derrotó la enmienda del PP y del PAN.
En este mundo acelerado donde las brújulas se han desmagnetizado,
donde la crisis del modelo neoliberal abre paso a gobiernos de
izquierda, pero también, allí donde la izquierda no hace sus deberes, le
brinda la alfombra roja a gobiernos de extrema derecha, en un mundo,
digo, donde los cambios geopolíticos amenazan los privilegios de las
élites, el ámbito internacional es otro espacio de batalla política. Ahí
está Trump pateando el tablero del orden político mundial o Noboa
quebrando el derecho internacional o haciendo fraude en las elecciones.
Todos los organismos internacionales nacieron con la guerra fría o
con su influjo. Hay que reinventarlos. Las medidas de Trump se han
convertido en una guerra financiera porque sus cañones, como el FMI o el
Banco Mundial, ya no funcionan como hace una década. Para cambiar el
mundo hay que estar en el mundo.
Por eso mismo, las embajadas no pueden ser lugares de recompensa para
retiros dorados, sino espacios de duro trabajo que defiendan los
intereses de los países en la línea que marquen los gobiernos, y que no
se conviertan, como ha pasado tantas veces, en espacios de conspiración
contra los gobiernos de cambio.
Quizás el Embajador mexicano más legendario fue Gilberto Bosques. Fue
Cónsul en Marsella durante la Segunda Guerra Mundial. Salvó a más de 40
mil personas (judíos, republicanos españoles, antifascistas) de los
nazis y del régimen de Vichy. Rentó dos castillos para usarlos como
refugios temporales. Emitió visas mexicanas que permitieron la huida de
miles hacia América. Incluso fue arrestado por los nazis junto con su
familia, pero resistió y nunca colaboró.
Igual que Felipe Calderón. Todo depende de en qué lugar de la historia quiere ponerse cada uno.
Juan Carlos Monedero
Realizó estudios de licenciatura en Economía,
Ciencias Políticas y Sociología. Es Doctor en Ciencias Políticas y
profesor titular en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid. Hizo sus estudios de posgrado en la
Universidad de Heidelberg (Alemania). Ha dado clases en diferentes
universidades de Europa y América Latina y es profesor honorario en las
universidades argentinas de Quilmes y Lanús. Ha asesorado a diferentes
gobiernos latinoamericanos. Entre otros libros, ha publicado La
transición contada a nuestros padres, El gobierno de las palabras,
Nuevos disfraces del Leviatán, Dormíamos y despertamos, Curso urgente de
política para gente decente (15 ediciones y publicado en cinco países),
La izquierda que asaltó el algoritmo, El paciente cero eras tú y
Política para tiempos de indiferencia (2024). Premio Latinoamericano y
Caribeño de Ciencias Sociales de CLACSO en 2018. Ha sido ponente central
en la conmemoración del Día Internacional de la Democracia en la
Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y en la 28 Sesión
Regular del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Tiene reconocidos
tres sexenios de investigación. Es cofundador de Podemos, colabora en
diferentes medios de comunicación y ha presentado durante cinco años el
programa En la frontera en Público, donde tiene el blog Comiendo tierra.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en
este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que
SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos
Delincuentes se
hicieron nombrar políticos y llamaron persecución política a la
persecución del delito. Intentaron resguardarse en cargos mal habidos
para, tras violar la justicia, evadirla y distraer la atención al
pretender confundir diligencias legales con revanchas políticas. El que
un delincuente sea político no lo exime de su responsabilidad legal, ni
es atenuante, incluso tendría que ser agravante.
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad en el gobierno de
Felipe Calderón al tiempo que operaba para el cártel de Sinaloa. Felipe
Calderón declaró una llamada guerra contra el narco para intentar legitimarse en un poder que democráticamente no le correspondió. No combatió al narco, sino, coludido con unos narcos,
enfrentó a otros, aquellos antagónicos del grupo criminal con el que se
alió. Provocó un baño de sangre, causando cientos de miles de muertes y
una descomposición social cuyos estragos dejaron heridas profundas y
pérdidas irreparables.
No sabía, dice el ex presidente que, haiga sido como haiga sido, fue jefe de un narcoestado y
asegura desconocer los nexos de su hombre de confianza con la
delincuencia. Resulta cínico pretender engañar a la opinión pública con
un deslinde tan absurdo; García Luna no nació con Calderón, se encumbra
durante su sexenio, pero en 2006 ya traía consigo un largo historial de
colusiones, engaños, montajes y torturas. ¿Acaso el entonces presidente
de México no acudió a los mínimos exámenes de confianza para acreditar
la viabilidad de su elegido en la estrategia de seguridad?, ¿no contaba
con asesores que le observaran aquella omisión?
El general Tomás Ángeles Dauahare, entonces subsecretario de la
Sedena, informó a Calderón sobre el oscuro historial criminal de García
Luna. Primero de manera verbal en una audiencia en que también participó
el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y, de manera posterior
por escrito –a solicitud de Calderón–, el general detalló nexos de
García Luna con el cártel de Sinaloa y movimientos sospechosos del
encargado de la seguridad del país.
Al concluir la audiencia, Mouriño se retiró del despacho quedando
solos Calderón y el general Dauahare, quien hizo saber al presidente su
opinión sobre la estrategia de trabajar de la mano con el cártel del
Pacífico, considerado el más fuerte y poderoso de todos los grupos
delincuenciales que operaban en el país. Tontísima idea, aseguró
el general, intentar acabar pronto con los cárteles de la droga uniendo
fuerzas con el cártel del Pacífico. Adelantaba entonces parte de lo que
terminó sucediendo: la fragmentación de células delictivas que se
convirtieron en grupúsculos criminales.
Dauahare fue arrestado acusado de tener nexos con el cártel de los
Beltrán Leyva. Estuvo preso 11 meses en el penal de máxima seguridad del
Altiplano. En 2013 fue liberado al no haber pruebas suficientes para
mantener las acusaciones en su contra.
Entre 2006 y 2012 no hubo una “guerra contra el narco”, sino
una guerra entre cárteles; en ella el gobierno de Calderón apoyó al
cártel de Sinaloa, también llamado del Pacífico, para debilitar a sus
rivales. El encargado de operar esa guerra fue Genaro García Luna,
narcotraficante declarado culpable y sentenciado en Estados Unidos que
vestía uniforme y ocupaba el cargo de secretario de Seguridad del
gobierno de México. Ordenó a la tropa disparar contra mexicanos y
ponerse a las órdenes de La Maña. ¿Por qué Calderón lo permitió? ¿Por qué encarceló a quien le advirtió sobre los nexos de su superpolicía con el crimen?
Calderón sabía. Señalar que no, lo coloca no sólo como un mentiroso y
cínico, también como un cobarde que, refugiado en España, tiene la
osadía de cuestionar a los gobiernos que se encargan, aún con
pendientes, de apagar el incendio que causó, mientras afirma que
volvería a encender las llamas con las que, al igual que Nerón quemó
Roma, él incendió al país mientras tocaba la lira.
Opina Calderón de todo. Presume saber de economía y finanzas, de
política migratoria, relaciones internacionales, soberanía. Se ufana de
contar con amplios conocimientos en energías limpias y renovables,
asegura saber de salud, de epidemias. Se vanagloria de tener
conocimientos en políticas públicas, en democracia. Curiosamente de lo
único que reconoce no tener conocimiento es de que su secretario de
Seguridad era narcotraficante y de que él es responsable de una serie de
crímenes que se alimentan con las muertes de su absurda y criminal
guerra. Se dice perseguido político, cuando es prófugo de la verdad.
Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela analizan lo informado hoy por el Gobierno de México sobre las investigaciones que hay abiertas contra Genaro García Luna y su esposa en México…
“El calderonismo no fue un mal bombero que no pudo contener un incendio”.
Héctor Alejandro Quintanar
Hay algo que debe decirse sin ningún ambage: el calderonismo fue un
proyecto criminal que convirtió al país en una fosa común y al discurso
público en una fosa séptica. Con un Secretario de Seguridad Pública,
García Luna, que en realidad era un narcotraficante de amplios
tentáculos como principal gestor de la estrategia, y con una jerarquía
policial que hoy está o presa, o prófuga o confesa (como son los casos
de Cárdenas Palomino, Reyes Arzate o Pequeño García), el sexenio de 2006
a 2012 fue encabezado por un grupúsculo que no sólo vio al país como un
botín personal, sino que pusideron enclaves estratégicos del Estado al
servicio de determinados cárteles criminales.
En un periodo que acrecentó como nunca la violencia en el país, y que
asimismo expandió las actividades criminales de los grupos del crimen
organizado, no se puede hablar de que el Calderón fuera sólo un mal
gobernante ejecutor de una estrategia fallida. Pensar eso de ese sexenio
sería hacerle un favor. Más bien la interpretación debe ser otra, a la
luz de la evidencia mayor, que es el hecho de que su ex mano derecha,
García Luna, pronto recibirá sentencia en Brooklyn por sus crímenes.
Y esa interpretación es que un sector del gobierno calderonista
deliberadamente puso el Estado al servicio del crimen. El calderonismo
no fue un mal bombero que no pudo contener un incendio. Fue más bien
como un pirómano criminal que deliberadamente lo provocó. El ascenso de
la ola de asesinatos que implicó ese sexenio de sangre, aumentado en un
192 por ciento, con la carga de muerte más alta de la historia, y el
aumento en un 900 por ciento en el número de grupos criminales, que
extendieron sus sangrientas redes a casi todos los rincones del país, no
fueron resultado de un simple mal diagnóstico y una errada conducción,
sino que fueron hechura de una ristra de mafiosos que, por la vía del
fraude, asaltó el gobierno en 2006.
Pero hay que mirar también el correlato que conllevó que el país se
convirtiera en una fosa común, y eso es que el discurso público, en el
calderonismo, se tornó en una fosa séptica. Ante la historia de la
propaganda sucia, Calderón quedará como un ominoso perpetrador de
inmundicias verbales, que van desde el pergeño de la inédita campaña más
mentirosa y cara de calumnias en la historia hasta ese momento, la del
“peligro para México”, hasta el cinismo para justificarla, resumido en
el brutal “haiga sido como haiga sido”, que, en proporciones guardadas,
no dista mucho del “una mentira que se repite mil veces se hace verdad”,
de los nazis.
En ese sexenio de muerte y calumnia, sobresalió sin embargo la
complicidad mediática con el mandatario espurio. No sólo con el
ignominioso pacto de autocensura que, en marzo de 2011, muchos medios
-encabezados por Loret de Mola y justificados por Enrique Krauze-,
firmaron para subsumir su línea editorial en cuanto a información sobre
la violencia, y así callar muchas cosas para quedar bien con el panista
que, en ese momento, les servía un gasto excesivo en su beneficio.
Pero además de esa sevicia, sobresale otra. Y ella es que los medios y
funcionarios del calderonismo concitaron una tesis grotesca: sugerir
sistemáticamente la noción de que los criminales se mataban entre ellos y
vanagloriar la violencia y la pena de muerte de facto al llamar
“abatimientos” a las ejecuciones extrajudiciales.
En ese grotesco proceso, en el mejor de los escenarios se deshumanizó
a las víctimas y a los muertos. En el peor, se les revictimizó y
criminalizó, como fue el caso de dos estudiantes de excelencia del Tec
de Monterrey -Jorge Mercado y Javier Arredondo-, quienes murieron
asesinados en un enfrentamiento en esa ciudad norteña y el calderonismo
los calumnió acusándolos de ser sicarios “armados hasta los dientes”.
Lamentables e injustos epitafios cargaron muchas víctimas del
calderonismo. Frases como “los criminales se matan entre ellos”; “en
algo turbio andaban”; “estaban en el momento equivocado en el lugar
equivocado” fueron espetos miserables con que, con dolo, se difamó a
miles de víctimas, o fueron emitidas esas consignas por ciertos sectores
que se creen de buena conciencia, acaso para autoengañarse y de ese
modo confirmarse a sí mismos una ensoñada pureza, pensando que aquellos
que morían era necesariamente porque lo merecían.
Y es ahí donde hoy, en pleno 2024, debemos cortar de tajo con esa
inercia. En días recientes, ante el asesinato y decapitación del alcalde
de Chilpancingo, Guerrero, pareció que parte del discurso que medra con
la violencia quiso hacer escarnio injusto del gobierno que encabeza la
presidenta Claudia Sheinbaum. Pero también surgieron, indeseables, esos
resabios calderonistas de quienes opinaron que si asesinaron al alcalde
con tal saña, seguro “en algo andaba”.
Y es esa inercia discursiva la que hay que cortar de tajo. Aun si
asumimos, sin conceder, que un político asesinado fuera alguien
vinculado al crimen, la sociedad entera debemos desear para él un
castigo ejemplar con base en el estado de derecho, no restarle gravedad a
una ejecución extrajudicial ante la cual nos damos artificiosa
tranquilidad diciendo “seguro en algo andaba”.
En los años recientes, el voto ciudadano ha hecho mucho bien por la
salud de la democracia, al no permitir crecer el cáncer del calderonismo
y hacerlo fracasar en las firmas cuando buscó registro como partido
político en 2020. Hoy, con García Luna a punto de recibir sentencia, se
espera que ese grupúsculo execrable continúe en su rendición de cuentas
ante la historia.
Pero no podemos acompañar esa labor si se repite una de las prácticas
distintivas del calderonismo: asumir que a los asesinatos políticos en
este país -que son indeseables en sí mismos y que nadie debe
menospreciar y menos aún celebrar- puede restárseles importancia bajo la
premisa de que, “seguramente en algo andaban”. Sea como consigna
partidista, o como autoengaño, esa frase del calderonismo debe terminar
donde García Luna y su jefe: también en el basurero de la historia.
Héctor Alejandro Quintanar
Héctor Alejandro Quintanar es académico de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, doctorante y profesor en la Facultad de
Filosofía de la Universidad de Hradec Králové en la República Checa,
autor del libro Las Raíces del Movimiento Regeneración Naciona
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que
SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.
Las voces públicas mexicanas, más allá de ideologías, hoy deberían
tener un consenso acerca de que ese sexenio fue uno de muerte y
corrupción, y que sus actores, por negligentes o corruptos, deberían
estar en el escarnio público sin contemplaciones.
Héctor Alejandro Quintanar
En estos días el Juez Brian Cogan, de la Corte de Brooklyn, tomó una
decisión muy reveladora, al negar la posibilidad de un nuevo juicio al
exsecretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, quien
se mantiene como un delincuente juzgado cuyo ciclo final llegará cuando
reciba sentencia por sus crímenes en octubre de este año.
Parte del debate público mexicano debería en este momento centrarse
en las implicaciones que esa decisión jurídica del Juez Cogan implican,
que en buena medida son la reiteración de algo que se comprobó desde
febrero de 2023, pero de lo que había fuertes indicios y pruebas desde
2005: que García Luna es un narcotraficante y que el Gobierno donde
fungió de Secretario de Seguridad Pública, el de Felipe Calderón, fue un
grupúsculo al servicio del crimen organizado.
Sin embargo, hasta este momento no encontramos a un círculo rojo que
discuta el tema hasta el hartazgo, donde se acuse de “narcos” a Felipe
Calderón y su entorno aún activo en política, como la reciente
exdiputada Margarita Zavala, o el hijo de ambos Luis Felipe, aspirante a
ser uno más de los múltiples de ciberporros y acosadores digitales que
ensucian el discurso público en redes para ganar fama y, probablemente,
aspirar a algún cargo público.
La decisión de Cogan solidifica una tesis que ya era
incontrovertible. Mucho tendría que decirse respecto a los
narcogobiernos cuando se observa a un funcionario como García Luna,
quien se mantuvo incólume en su cargo en seguridad pública por seis
años; en un Gabinete cambiante donde hubo, por ejemplo, cinco
secretarios de Gobernación. Y con el antecedente de que voces oficiales,
como la de Ángeles Dauahare y Herrera Valles, alertaron a Calderón y a
Mouriño desde 2006 del tipo de pillo que era García Luna. Y con la
evidencia, mostrada por la prensa y reclamada en el Congreso por
legisladores como Fernández Noroña, de que la riqueza y patrimonio de
García Luna y Cristina Pereyra creció inexplicablemente de 2006 a 2012.
Y con el peso del argumento también de que parte del entorno de
García Luna en la organización que creó, la Policía Federal, hoy está
preso, procesado, confeso o prófugo, como ha sido el caso de Luis
Cárdenas Palomino, Iván Reyes Arzate o Ramón Pequeño García.
En suma, esos hechos incontestables apuntan sin duda a que las tramas
de corrupción y crimen organizado fomentadas por el Gobierno de
Calderón son quizá la punta de un iceberg de corruptelas y violencia
gestadas por el propio entorno del Poder Ejecutivo. Eso debería ser un
ejemplo de lo que es un narcogobierno. Las voces públicas mexicanas, más
allá de ideologías, hoy deberían tener un consenso acerca de que ese
sexenio fue uno de muerte y corrupción, y que sus actores, por
negligentes o corruptos, deberían estar en el escarnio público sin
contemplaciones.
Pero no es así. Lo que abunda en muchas voces públicas hoy es, de
nuevo, la especulación que satisfaga los propios deseos, aunque con ello
se omita la evidencia. Todo apunta a que seguiremos escuchando voces
sesudas que acusan que el de López Obrador es el verdadero narcosexenio
basados en la evidencia, entre comillas, de que saludó a la mamá de “El
Chapo” (aunque éste esté en la cárcel); basados en que “soltó a Ovidio
Guzmán” (aunque hoy éste esté en el sistema penitenciario
estadunidense); o ya de plano en engañifas como que “López Obrador
seguro está con el narco porque ha ido varias veces a Badiraguato” o
porque en las conferencias matutinas se refiere a capos del narco por su
nombre y no por su apodo.
Este tipo de argumentos están más cerca del esoterismo que de la
evidencia. Pero han sido suficientes para acusar a un gobernante de
narco y endilgar a su sucesora, Claudia Sheinbaum, la etiqueta de
“narcocandidata”, pregón que se hace con base en las campañas de granjas
de bots más caras en la historia de una red sociodigital como X, antes
Twitter.
¿Por qué hechos contundentes y bien documentados como la prisión a
varios capos del calderonismo no es suficiente para definir a ese grupo
político de narcos, pero un montón de paparruchas y especulaciones
irracionales sí son suficientes para acusar al de López Obrador de
narcogobierno?
Y sobre otros ámbitos, la actitud de la comentocracia amlofóbica es
la misma. Hoy, por ejemplo, el partido del Presidente, Morena, de 2018 a
2024 ha sido protagónico en lograr que en 10 entidades de la República
el aborto seguro sea no sólo despenalizado, sino un derecho. Esta
evidencia es lo de menos. A esa comentocracia le basta basarse en una
palabra desafortunada de una frase aislada que López Obrador dijo un día
sobre una marcha feminista para concluir que es un político que odia a
las mujeres y que su partido es conservador.
Aquí el problema no es que los voceros de la amlofobia tengan a la
falacia de evidencia incompleta como base de sus convicciones. El asunto
parece ser más simplista. Desde hace años parecen haber renunciado a la
realidad y haberse entregado a confundir sus deseos con el análisis
político.
Porque esa actitud no comenzó en 2018. La etiqueta hoy de
narcogobierno contra AMLO suple a la que en 2006 en su momento fue la de
que era un peligro para México porque tenía el apoyo logístico y bélico
del ejército bolivariano de Hugo Chávez. O la etiqueta en 2012, donde
cínicamente mintió la propaganda del PAN, y se le acusó de ser el
candidato peligroso porque llamaba a un levantamiento armado a jóvenes
de Tlatelolco. Todo lo cual, desde luego, era falaz.
El problema no está en equivocarse o caer en noticias falsas. El
problema está en empecinarse en ellas aunque el tiempo y los hechos las
desmientan. Tal vez de haber recurrido a esta mínima prueba ya no
digamos de autocrítica, sino de decencia, hoy habría un debate público
más sano y se revisarían las tareas de este Gobierno que sí son reales,
como el hecho de que la violencia disminuyó aunque sigue en números
alarmantes o que aún faltan 22 entidades federativas donde los derechos
de las mujeres siguen entrampados.
No se trata aquí de un dilema simplón de ver el vaso medio lleno o
medio vacío. Es una cuestión más grave: el sentido común de muchos
opositores al Presidente se ha construido con base en mentiras y odio. Y
no parece que en el cambio de sexenio, haya la voluntad política de
trocar la bilis por las neuronas.
Héctor Alejandro Quintanar
Héctor Alejandro Quintanar es académico de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, doctorante y profesor en la Facultad de
Filosofía de la Universidad de Hradec Králové en la República Checa,
autor del libro Las Raíces del Movimiento Regeneración Naciona
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que
SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.
Brenda Quevedo Cruz, una
de las supuestas involucradas en el presunto plagio y homicidio de Hugo
Alberto Wallace en julio de 2005, salió ayer de prisión al obtener el
cambio de medidas cautelares en su contra por arraigo domiciliario.
No termina con ello el infierno que Brenda ha vivido desde que Isabel
Miranda de Wallace decidió destruir las vidas de varias personas para
vengar la nunca probada muerte de su hijo: seguirá sometida a la
vigilancia de la Policía Federal Ministerial y al uso de un localizador
electrónico, además de tener prohibido salir sin autorización judicial
de la zona conurbada de la Ciudad de México. Tampoco se podrá comunicar
con o acercarse a su perseguidora.
Isabel Miranda es una empresaria con amplios contactos en círculos de
poder económico y político, quien de manera sostenida ha hecho uso de
expedientes judiciales para desacreditar causas sociales. Dirigente de
una asociación de combate al secuestro y amiga de Felipe Calderón,
durante los sexenios de éste y de Vicente Fox ejerció control ilegal
sobre el Ministerio Público y las corporaciones policiacas, hasta el
punto en que dirigía operativos sin tener cargo alguno. Con el favor de
los regímenes blanquiazules, hizo encarcelar sin pruebas a
quienes ella decidió responsabilizar por el crimen contra su hijo, pese a
que desde un principio su caso estuvo lleno de contradicciones y de que
nunca se probó que siquiera existiese un delito que investigar.
Si bien ha perdido sus conexiones dentro del gobierno, Miranda
mantiene una innegable influencia en el Poder Judicial, donde la
presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma
Lucía Piña Hernández, emprendió una cacería de brujas contra
todo integrante de la judicatura que haya intentado hacer justicia para
las víctimas de la empresaria. A sólo unas semanas de haberse convertido
en titular del Poder Judicial, Piña usó una denuncia anónima (su
recurso favorito cuando desea deshacerse de funcionarios que
obstaculizan su concentración de poder) para forzar la dimisión de
Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director general del Instituto Federal
de Defensoría Pública, y de Salvador Leyva, ex secretario técnico A de
Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la misma
dependencia. Piña Hernández tiene como secretario de estudio y cuenta a
un cuñado de Miranda.
El de las víctimas de Wallace no es el único caso en que los
tribunales mantienen encarceladas a personas cuya inocencia es
manifiesta o sobre cuya culpabilidad no se cuenta con ninguna prueba
real. En la actualidad, el más conocido de estos expedientes es el de
Israel Vallarta, preso sin sentencia desde hace 18 años por secuestro y
delincuencia organizada. Vallarta tuvo la mala suerte de ser usado por
Genaro García Luna (hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico) y un
seudoperiodista para escenificar una pieza propagandística en la que se
fingía combatir el delito de secuestro. Aunque desde hace casi dos
décadas se sabe que el operativo en el que se le detuvo fue un montaje,
apenas hace un mes el magistrado del primer tribunal colegiado de
apelación en materia penal en el estado de México consideró razonable que se le haya privado de la libertad todo este tiempo sin elementos que prueben su culpabilidad.
Estos casos y muchos otros igualmente agraviantes, pero que no han
alcanzado la misma resonancia mediática, exhiben cuán dañinos pueden ser
los membretes de sociedad civil usados por sectores pudientes
para erigirse en poderes fácticos, así como la urgencia de reformar al
Poder Judicial a fin de acabar su perversa simbiosis con el poder
económico.
Además de liberar de manera inmediata a todas las personas
encarceladas injustamente, es imperativo garantizar que nunca más los
jueces abusen de sus atribuciones para privar arbitrariamente de la
libertad a personas que padecen la animadversión de los juzgadores y sus
amigos.
Por la “guerra” de Felipe Calderón, miles de
millones de pesos se manejaron fuera del presupuesto que cada año
aprueba la Cámara de Diputados. Documentos de Hacienda revelan que los
recursos fueron entregados a las secretarías de Defensa y Marina para
adquirir, por ejemplo, ocho estaciones remotas móviles de radiocomunicacióny sistemas de espionaje; aeronaves Hércules, helicópteros Cougar, equipo militar, equipos de comunicación de análisis especial, vehículos HUMVEE blindados, un sistema virtual interactivo de ambiente de confrontación. También se destinaron 633 millones a la compra de dispositivosGT-200, a
pesar de que Gran Bretaña alertó sobre su ineficacia y “falsos
positivos” en detección de aparatos explosivos y armas. Los operativos
para combatir supuestamente al narcotráfico fueron otro de los pretextos
para desviar dinero público
A la “guerra” de Felipe Calderón Hinojosa –que
declaró en diciembre de 2006– nunca le faltó dinero. Al margen del
Presupuesto de Egresos de la Federación que cada año aprueba la Cámara
de Diputados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó, por
instrucciones del entonces presidente Calderón, miles de millones de
pesos en el periodo de 2007 a 2012, a las secretarías de Defensa
Nacional y de Marina-Armada de México con el supuesto objetivo de
“combatir” al narcotráfico, revelan documentos de la
Subsecretaría de Egresos. Ahora se tiene mayor certeza de que el
gobierno calderonista siempre estuvo asociado con el Cártel de Sinaloa por medio deGenaro García Luna, en aquel momento secretario de Seguridad Pública y mano derecha del expresidente.
Los oficios forman parte de un amplio expediente obtenido por Contralínea
mediante la Ley de Transparencia, que da cuenta del traspaso de dinero
público de una partida a otra sin avisar al Congreso, así como de sobreejercicios
multimillonarios por “ajustes internos” mediante “acuerdos de
ministración de fondos”, autorizados por el subsecretario de Egresos en
turno (Ernesto Cordero Arroyo, Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione,
Carlos Montaño Fernández y Carlos Alberto Treviño Medina,
respectivamente). Mismos que supuestamente se hacían para atender
situaciones de emergencia, urgencia y no prorrogables.
En el caso del dinero para la guerra de Calderón destacan los acuerdos de ministración autorizados por Hacienda para compra de equipo de espionaje
y equipo bélico, cuando los secretarios fueron Ernesto Cordero Arroyo
(9 de diciembre de 2009-9 de septiembre de 2011) y José Antonio Meade
Kuribreña (9 de septiembre de 2011 a 30 de noviembre de 2012).
Por ejemplo, el oficio 801.1.-220(11), de fecha 27 de julio de 2011,
en el que se revela que el general de división de Estado Mayor Augusto Moisés García Ochoa –entonces director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional– solicitó 1 mil 463 millones 271 mil 703.62 pesos para adquirir ocho estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de inteligencia,
con un costo de 1 mil 68.5 millones de pesos; chalecos antibala nivel
IV, por 70 millones; para finalizar dos servicios de mantenimiento para
aeronaves, por 97 millones; y continuar con el mantenimiento a las
pistas aéreas –por 206.7 millones– y de las instalaciones de la Sedena
–por 21 millones. Los recursos le fueron aprobados por el entonces
subsecretario de Egresos, Carlos Montaño Fernández.
Otro oficio destinado a ese mismo propósito fue el 801.1.-358(11),
del 30 de diciembre de 2011, a través del cual se autorizó “otorgar a la
Sedena un acuerdo de ministración por un monto total de 1 mil 769 millones 500 mil pesos, con el fin de llevar a cabo la adquisición de equipos de inteligencia y equipamiento militar, mediante la aportación al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, los cuales representan compromisos devengados al 31 de diciembre del presente ejercicio”.
Ese mismo año, pero el 20 de junio, Montaño Fernández firmó el oficio
801.1.-171(11), por el cual se aprobó la solicitud del general García
Ochoa para que Hacienda le otorgara a la Sedena 1 mil 958 millones de pesos. Ello, con el propósito de que la dependencia encabezada por el general Guillermo Galván Galván comprara “un sistema procesador electromagnético, la adquisición debloques balísticos, el fortalecimiento de los servicios médicos integrales de la dependencia y dotar de refacciones a diversas aeronaves”.
Para 2011, la crisis humanitaria en México ya se había extendido. El saldo de la campaña bélica calderonista superaba los 50 mil civiles asesinados: 29.6 ejecutados extrajudicialmente cada 24 horas; de ese total, al menos 1 mil 226 eran menores de edad
(casi dos niños o adolescentes asesinados cada tres días). Además, se
registraban 3 mil desaparecidos políticos, según cifras de la
Organización de las Naciones Unidas (cada cinco días, ocho
desapariciones); 10 mil levantados: más de
cinco personas cada día, sin que se haya pedido rescate por ellas.
Además, 230 mil personas desplazadas por violencia y 52 mil 500 niños
huérfanos.
Ello, ante el silencio cómplice de 715 medios de comunicación: el 23 de marzo de 2011, la prensa –encabezada por Televisa, Excélsior, El Universal, El Economista, La Razón; grupos: Multimedios (Milenio diario), Imagen, Radio Fórmula, Radio Centro, W Radio, ACIR, Expansión; las revistas Nexos, Etcétera;
y los medios públicos: Instituto Mexicano de la Radio, Canal 11 y Canal
22– uniformaron sus criterios editoriales para dejar de informar la
violencia. Así, de la mano del gobierno calderonista, violentaron el derecho humano a la información del pueblo de México y el derecho humano a la verdad que tiene todas las víctimas.
FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM
Compras irregulares
Del archivo de Hacienda también destacan aquellos oficios que amparan
la entrega de dinero a la Sedena para compras en las que después se
documentaron irregularidades millonarias. Por ejemplo, el acuerdo de
ministración de fondos con folio 801.1.-179(10), del 1 de julio de 2010,
en el que se hace referencia al oficio SP/C5000/878/2010 de fecha 29 de
junio de ese mismo año, mediante el cual el general García Ochoa pedía
867 millones de pesos para “adquirir equipos electrónicos de inteligencia, vehículos HUMVEE blindados y un Sistema Virtual Interactivo de Ambiente de Confrontación”.
CONSULTA AQUÍ TODOS LOS OFICIOS CITADOS
El 9 de septiembre de 2011, en Contralínea el reportero Zósimo Camacho revelóque ese sistema virtual interactivo fue comprado a la empresa Broadlink, SA de CV, y suministrado el 9 de marzo de 2011. Pero ingenieros y técnicos militares realizaron 77 observaciones por errores, omisiones y abiertas discrepancias
entre lo que adquirió la Sedena [contrato SAEYS-116/I/F/2011] y lo que
le fue entregado. A pesar de las fallas y omisiones, los militares lo
usaban para crear situaciones virtuales de enfrentamientos entre
integrantes de las Fuerzas Especiales y supuestos grupos armados.
El sistema contaba con la tecnología para recrear ambientes hostiles,
con simulación virtual de escenarios y oponentes reales en zonas de
México y de las naciones de América Central. Cualquier región rural o
campestre de todos los ecosistemas de estos países se recreaba en dicha
plataforma.
Otro oficio que sobresale es el 801.1.-178(10), del 28 de junio de
2010, que ampara la entrega de 633 millones de pesos a la Sedena, con el
propósito de que adquiriera “sistemas de detección molecular (equipos GT-200), puestos de control móviles que se componen por un vehículo de sistema de inspección no intrusiva, equipo de comunicación de análisis especial y la instrumentación de un proceso de administración y actualización del inventario general valorado”.
La compra de los dispositivos GT-200 se dio a pesar de que, en enero de 2010, el gobierno británico prohibió su comercialización y emitió una alerta internacional,
luego de que se demostrara que fue ineficaz y generó “falsos positivos”
y “falsos negativos” en detección de explosivos y armas durante su
aplicación, entre 2008 y 2009, en las guerras de Irak y Afganistán.
Como lo informó Contralínea, entre septiembre de 2010 y
finales de 2012, la Sección Segunda –inteligencia militar– y la Sección
Séptima –operaciones contra el narcotráfico– de la Sedena firmaron los
contratos para la adquisición de la plataforma Pegasus, que sigue siendo el más avanzado malware de espionaje en el mundo. En total, en esos años el gobierno calderonista gastó 8 mil millones de pesos en esas compras.
FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM
Otras entregas multimillonarias
Además, están los documentos que amparan otras entregas
multimillonarias, como el oficio 801.1.-122(11), que implicó la entrega
de otros 1 mil 753 millones 600 mil pesos. Ello, para “la construcción y
equipamiento de un cuartel fijo y tres cuarteles móviles para una unidad nivel batallón, desplegados en Tamaulipas;
la construcción de instalaciones para ocho garitas en ese mismo estado;
así como para cubrir gastos de operación de aeronaves y la adquisición
de armamento automático.
Así, el financiamiento a la “guerra” fuera del presupuesto público se
“justificó” como dinero para compra o mantenimiento de aeronaves y
equipo; apoyo a la “seguridad” de las entidades federativas; pago de
haberes, aumentos y gratificaciones a soldados y marinos, entre otros
conceptos. Por ejemplo, el acuerdo de ministración 801.1.-324(10), del 31 de diciembre de 2010, por 1 mil 443 millones de pesos para pagar “compromisos devengados en el presente ejercicio fiscal”.
Cinco meses antes, el 28 de julio de 2010, con el oficio 801.1.-210(10) la Subsecretaría de Egresos autorizó a la Sedena un presupuesto adicional por 1 mil 11 millones 390 mil pesos
para pagar el incremento autorizado de 1 mil pesos mensuales a la
compensación técnica al servicio para el personal de tropa,
correspondiente al periodo de julio a diciembre de ese año.
Otra entrega multimillonaria fue la del acuerdo 801.1.-145(09) por 874 millones de pesos –del
17 de julio de 2009 y firmado por el subsecretario Dionisio Arturo
Pérez-Jácome Friscione–, monto solicitado por el general García Ochoa
para pagar el anticipo de la compra de helicópteros Cougar, así como para saldar el servicio de mantenimiento de depósito para dos aeronaves C-130 Hércules y el IVA aplicado a las importaciones de la Sedena.
También está el oficio 801.1.-145(11), que autorizó Montaño Fernández
el 19 de mayo de 2011 para que la Defensa Nacional destinará 750 millones de pesos para “dotar a 15 puestos de control estratégicos
con equipo especializado de detección mediante Rayos X y Gamma, así
como el acondicionamiento de sus instalaciones de naturaleza altamente
móvil”.
También está el oficio 801.1.-215(09), del 28 de octubre de 2009, por
el cual se otorgan 679 millones 700 mil pesos para que la Sedena
comprara equipos de localización de voz, por 285 millones de pesos; gastos previos a los festejos del Bicentenario de la Independencia
y Centenario de la Revolución Mexicana, por 50.7 millones; incremento
en el monto del seguro colectivo de retiro, por 128 millones; y para
solventar “el incremento del costo en las adquisiciones en moneda
extranjera por el aumento en el tipo de cambio”, a lo que se destinarían
216 millones de pesos. Esto último, por la crisis económica tan grave
que vivía en aquel momento México.
Por importancia de monto le sigue el oficio 801.1.-229(11), del 9 de
agosto de 2011, que implicó la entrega de 650 millones de pesos para que
la Defensa fortaleciera los servicios médicos integrales, por 350
millones; y los servicios de mantenimiento de aeronaves, por 300
millones.
Otro oficio que sobresale es el 801.1.-364(07), del 18 de diciembre
de 2007, pues a pesar de que la solicitud de la Sedena era por 2 mil 919
millones 692 mil 672.23 pesos –para pagar la segunda parte del
aguinaldo de 2007, el pago de haberes de enero de 2008 para el personal
de agregados militares, la nómina de la primera y
segunda quincena de enero de 2008, así como las raciones alimenticias
para el personal militar del Ejército y Fuerza Aérea–, sólo se le autorizaron 446 millones 701 mil 172.23 pesos.
Años más tarde, el 19 de mayo de 2011, se autorizó el acuerdo de
ministración de fondos el 801.1.-146(11), por el cual se le entregó a la
Defensa un presupuesto adicional por 165 millones 700 mil pesos para equipamiento destinado a puestos de control desplegados en Michoacán.
Ese mismo año –oficio 801.1.-207(11), del 25 de julio–, el
subsecretario Montaño aprobó la solicitud del almirante José Máximo
Rodríguez Carreón –entonces oficial mayor de la Secretaría de
Marina– para entregar a la Semar 39 millones 79 mil 924 pesos para comprar equipos de revisión no intrusiva destinados al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Esa no fue la única entrega de recursos públicos a favor de la Marina. Además están los acuerdos:
-801.1.-374(07), del 18 de diciembre de 2007 y firmado por Ernesto
Cordero. En éste se aprobó entregar a la Secretaría –encabezada en aquel
momento por el ya fallecido almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza–
772 millones 749 mil 982 pesos para “solventar
compromisos ineludibles de pago de servicios personales 2008 (segunda
parte de la gratificación de fin de año, primera y segunda quincena de
enero) y atender gastos urgentes de operación de las diferentes unidades y establecimientos navales durante los primeros meses del año 2008”.
-801.1.-242(08), del 30 de diciembre de 2008, por 400 millones de pesos para que la Secretaría de Marina diera cumplimiento a sus programas presupuestarios autorizados en el ejercicio fiscal de 2008.
-801.1.-195(10), del 8 de julio de 2010, por 257 millones 226 mil
pesos para que la Marina cubriera el incremento autorizado de 1 mil
pesos mensuales a la compensación técnica al servicio para el personal de clases y marinería, por el periodo de julio a diciembre de 2010.
-801.1.-013(10), del 22 de diciembre de 2009, por 7 millones de pesos
destinados a “cubrir gastos urgente operación de las unidades y
establecimientos navales de la Armada de México, en el desempeño de
funciones para la preservación de la seguridad nacional”.
Finalmente, cuatro acuerdos de ministración de fondos se refieren
específicamente al financiamiento fuera de presupuesto para los operativos de la Sedena “contra” los cárteles de la droga.
Se trata de los oficios 801.1.-334(07), del 21 de diciembre de 2007;
801.1.-015(09), del 19 de diciembre de 2008; 801.1.-008(10), del 17 de
diciembre de 2009; y 801.1.-020(11), del 27 de diciembre de 2010, que en
total suman 89 millones de pesos y que se justificaron como recursos
para dar continuidad durante el mes de enero siguiente “a las
operaciones que realiza el Ejército y Fuerza Aérea en patrullajes,
aplicación del Plan DN III-E, y el combate permanente al narcotráfico, entre otros”.
Dinero para entidades federativas
Además, entre los oficios también se encuentra el 801.1.-047(07), del
25 de enero de 2007, que entregaba dinero a los estados para hacer
frente a la que sería la principal política pública del entonces
presidente Calderón: la “guerra” contra el narcotráfico que en realidad
fue la guerra que empoderó al Cártel de Sinaloa. En ese acuerdo de
ministración de fondos, Ernesto Cordero ordenó a la Tesofe entregar 500 millones de pesos a las entidades federativas “con el propósito de que se radiquen los recursos destinados al pago del mes de enero de 2007 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)”.
Según el documento, con ello se daba “cumplimiento a las fechas de
pago establecidas en el ‘Acuerdo por el que se da a conocer a los
gobiernos de las entidades federativas, la distribución y
calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2007,
de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios’, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 19 del mes y año en curso [2007]”. En total, ese año se debían
destinar 5 mil millones de pesos al FASP, asignados a criterio del
Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Expansión del crimen
El 23 de junio de 2011, ante integrantes del Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad, cínicamente, Felipe Calderón declaró: “sé que
hay quienes afirman que la violencia que hoy vive México ha sido generada por el Estado. Que todo es culpa, como usted [Javier Sicilia] ha dicho, de que el presidente decidió lanzar al Ejército a las calles a esta guerra absurda;
que se asume, en consecuencia, que la solución es detener esta guerra.
Sinceramente, Javier, pienso, en este punto, que la premisa está
equivocada, y que, por tanto, la conclusión a la que se llega también
está equivocada. ¿Será cierto que todo es culpa del gobierno? ¿Qué no
tendrán nada que ver los criminales que los levantaron, los que
los torturaron, los que los asesinaron, los que aún esconden a los
nuestros? ¿Acaso no cuenta en la violencia la realidad abrumadora del
crecimiento del crimen organizado en el país? ¿No dicen nada a los
pueblos asustados que usted encontró en su camino? ¿No le dijeron en
Zacatecas nada acerca de Los Zetas? ¿Y no le dijeron en Durango nada acerca de la gente del Chapo? ¿No le platicaron, en Torreón, las familias angustiadas de cómo secuestran a los suyos?”
En algo tenía razón el expresidente, que llegó a ese cargo mediante
el fraude electoral y que ahora está refugiado en Madrid, España, en el
marco del juicio penal en contra de su amigo y exsubirdinado García
Luna: para entonces, el terror se había apoderado de todos los pueblos y
comunidades del país. Además, el crecimiento y expansión de los
cárteles del narcotráfico era imparable.
Como Contralínea lo documentó, su sexenio de muerte heredó 89 cárteles,
células y pandillas dedicadas al narcotráfico, ocho de las cuales eran
consideradas como “grandes organizaciones del narcotráfico”: Cártel de
Sinaloa, Los Zetas, los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los
Caballeros Templarios, el Nuevo Cártel de Juárez, el Cártel de la Barbie
y el Cártel de los Beltrán Leyva.
En julio de 2010, Hacienda dio al IMSS una bolsa extraordinaria de 250 millones de pesos –fuera del Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados– para ayudar a heridos y deudos del incendio de la guardería ABC. Documentos oficiales revelan el desprecio del gobierno de FelipeCalderón
hacia las víctimas: sólo 9 millones de pesos se entregaron a unas
cuantas familias de los 104 bebés gravemente lesionados, de los 49 bebés
fallecidos y de los adultos que también se quemaron durante el
siniestro. Además, se operó para encubrir a familiares de Margarita Zavala: el entonces director del Seguro Social, Karam Toumeh,
impidió el traslado de los menores quemados a Estados Unidos para
evitar investigaciones de la prensa extranjera; y el secretario de
Gobernación, Gómez Mont, presionó al ministro Zaldívar
para impedir la indagatoria de la Corte sobre las negligencias del IMSS y
las responsabilidades de los parientes de la primera dama y ahora
diputada federal por el PAN. El juzgador denunció en 2022 una “operación
de Estado” para garantizar impunidad a la familia presidencial
Lejos de ayudar a las decenas de víctimas del incendio de la guardería ABC, el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa
aprovechó la tragedia para hacerse de recursos millonarios fuera del
Presupuesto de Egresos de la Federación, que cada año aprueba la Cámara
de Diputados. El dinero público fue manejado por el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) como supuesta respuesta a la
crisis; sin embargo, las familias de los 49 bebés fallecidos, 104 bebés
heridos de gravedad y los adultos quemados durante el siniestro –de
aquel 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora– no vieron un solo peso.
El desprecio de las autoridades por las víctimas se manifestó desde
el primer momento en el que ocurrió el grave incendio, con la falta de
atención médica oportuna a los bebés quemados –directamente se operó
desde el IMSS para impedir el traslado de los infantes a
hospitales en Estados Unidos especializados en menores quemados, para
evitar una cobertura mediática internacional–; también, con una “operación de Estado” para encubrir a la familia de Margarita Zavala Gómez del Campo,
hoy diputada federal por el PAN [Partido Acción Nacional], como lo
reveló el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo
Zaldívar.
Fue el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien presionó hasta la amenaza a Zaldívar
para que la Corte no determinara que en el siniestro hubo graves
violaciones a derechos humanos por parte del Estado, ni se manifestara
por sancionar a los familiares de Zavala. Ello, porque dos primas de la
entonces primera dama tenían relación con la tragedia: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella era una de las dueñas de la estancia infantil, y Lourdes Laborín Gómez del Campo es esposa de Eduardo Bours, en aquel momento gobernador de Sonora.
DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM
El lucro de la tragedia
La implicación de la familia presidencial en el suceso no impidió a
las autoridades federales lucrar con la tragedia: el 27 de julio de
2010, el entonces subsecretario de Egresos, de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione,
autorizó al Seguro Social la entrega de 250 millones de pesos, consta
en el oficio 801.1.-209(10). El documento se refiere al acuerdo de
ministración de fondos por el cual el subsecretario ordenaba a la
Tesorería de la Federación entregar los recursos presupuestarios de
ayuda extraordinaria, “para ser aportados por el IMSS para la
constitución de un fideicomiso, cuyo fin será cubrir diversos conceptos
de apoyo que están contemplados en el ‘Decreto por el que se otorgan
ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de
2009 en la Guardería ABC, sociedad civil, en la ciudad de Hermosillo,
Sonora’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2010”.
Dicho decreto fue firmado directamente por Calderón Hinojosa y establecía que habría una ayuda extraordinaria para la educación de los menores
que resultaron lesionados para los niveles educativos de primaria,
secundaria, media superior y superior, en cualquier institución
educativa pública o privada en la República Mexicana.
Asimismo, ayuda vitalicia por solidaridad a las madres de los menores que fallecieron;
a las madres de los menores que resultaron lesionados; a las maestras y
otros adultos que resultaron lesionados. Ayuda para el pago del consumo
de la energía eléctrica que se genere en el domicilio en el que residan
los menores y los adultos que resultaron lesionados
durante el tiempo que por prescripción médica requieran del uso de
equipos para el debido cuidado de su salud, y ayuda para la atención
médica vitalicia de los padres de los menores fallecidos y lesionados
por quemaduras, a través del Seguro de Salud para la Familia, en caso de
que dejen de ser sujetos de aseguramiento en el Régimen Obligatorio del
Seguro Social. Nada se cumplió.
Para obtener el dinero, el director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Eduardo González Pier,
envió dos oficios con folios 099001 600 000/0356 y 099001 600 000/0405,
mediante los cuales solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público –entonces encabezada por José Antonio Meade Kuribreña– un monto de 250 millones de pesos.
El subsecretario de Egresos instruyó a la Tesofe depositar esa
cantidad a partir del 30 de julio de 2010 en la cuenta bancaria del
IMSS, en el banco Scotiabank Inverlat. También estableció que el límite
para la regularización del acuerdo de ministración sería el 26 de
noviembre de ese mismo año y se realizaría con cargo al presupuesto
autorizado del Ramo 23, “Provisiones Salariales y Económicas” para ese
ejercicio fiscal.
El fideicomiso se creó en Banamex hasta el 4 de agosto de 2010, con
el nombre de “Fondo para Ayudas Extraordinarias con motivo del incendio
de la guardería ABC”, y clave de registro 201050GYR01537. Y aunque la
administración de Daniel Karam Toumeh
obtuvo los recursos como una bolsa extraordinaria para atender las
urgentes necesidades de los infantes y adultos sobrevivientes e
indemnizar a quienes perdieron a sus pequeños, al término del gobierno
de Calderón Hinojosa –en noviembre de 2012– sólo se habían ejercido 9 millones 778 mil 567.95 pesos.
En los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública,
de la Secretaría de Hacienda, consta que 3 millones 380 mil 921.38 se
ejercieron en 2010, y 6 millones 397 mil 646.57 pesos en 2011; y nada en
2012. A la ya insultante situación de la no entrega del dinero a las
víctimas menores de edad y los adultos quemados se suma el hecho de que
no todo ese recurso fue para ayudas: al enunciar el destino de los 9
millones de pesos, Hacienda detalló que también se pagaron los gastos de administración del fideicomiso y los honorarios de las auditorías de los ejercicios 2010 y 2011.
Así, el fideicomiso sirvió sólo para la especulación financiera: al
cierre del sexenio peñista contaba con una disponibilidad de 334 millones 776 mil 499.39 pesos por
los rendimientos generados entre agosto de 2010 y diciembre de 2018.
Ello porque la administración de Enrique Peña Nieto sólo se ejerció 22 millones 762 mil 856.75 pesos, que además de las ayudas, implicaba gastos de administración y de auditorías.
El dinero para atender a las víctimas se empezó a ejercer hasta el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador,
quien se comprometió con los padres y madres de los bebés afectados a
reparar el daño de forma integral. De acuerdo con los informes de
Hacienda al Congreso de la Unión sobre los fideicomisos, en 2019 se ejercieron 64 millones 448 mil 939.67 pesos
a favor de las víctimas. Además de aplicar el decreto original de
asistencia social, se adicionaron acuerdos del Consejo Técnico del IMSS,
con los que se autorizó la actualización y ampliación de los apoyos y
ayudas otorgados por el Seguro Social a niños y niñas que resultaron
lesionados de forma permanente o que inhalaron humo o gases tóxicos; las
madres de los infantes fallecidos, así como de los niños y niñas
lesionados de forma permanente o de aquellos que inhalaron humo o
tóxicos; y de las maestras y otros adultos que resultaron afectados en
el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, en la guardería ABC.
Para 2020 se entregaron apoyos a las víctimas antes citadas por 125 millones 316 mil 594.20 pesos; en 2021, por 129 millones 746 mil 612.3,
y se le depositaron 12 millones 163 mil 204 pesos; y al tercer
trimestre de 2022 –el más reciente reporte que se tiene–, se destinaron
otros 103 millones 949 mil 72 pesos a las víctimas, y se transfirieron 107 millones 312 mil 300 pesos al fideicomiso.
DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM
El encubrimiento de la familia de Zavala
El 22 de febrero de 2022, el entonces ministro presidente de la
Suprema Corte, Arturo Zaldívar, reveló que en 2010 el presidente Felipe
Calderón –por conducto de quien fuera su secretario de Gobernación,
Fernando Gómez Mont– lo presionó para que modificara su proyecto sobre lo ocurrido en la guardería ABC, con el propósito de que su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo y su familia no se vieran involucradas.
“Puedo dar fe de una operación de Estado para
proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los
altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de
estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna
autoridad para decirlo”, señaló durante la presentación de su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, en la Escuela Federal de Formación Judicial.
El ministro Zaldívar declaró que Gómez Mont lo visitó en su oficina
para presionarlo, al exigirle que cambiara su proyecto de sentencia
sobre ese crimen, en donde señaló las responsabilidades de funcionarios
del Instituto Mexicano del Seguro Social y familiares de Margarita
Zavala. Incluso reveló que durante el encuentro hubo gritos: “el tono de
voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos, en un
momento me dice el secretario: ‘dice el presidente [Calderón] que no te apoyamos para esto’”.
El ministro Zaldívar temía por su vida. Por ello, instruyó a su
secretaria para que guardara bajo llave el proyecto, y si él
desaparecía, la secretaria debía difundirlo ante la prensa. “Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte”. Zaldívar descubrió que el expresidente Calderón operó una estrategia de ocultamiento del caso para que el crimen contra 49 bebés muertos y 104 lesionados no tuviera repercusiones internacionales.
Al respecto, dijo, hasta se bloqueó la ayuda médica a los más de cien
menores que sobrevivieron al incendio. “Me contaron los papás y las
mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento
[Estados Unidos], donde había un hospital esperándolos para poderlos
curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo”.
El papel de Karam Toumeh
Los testimonios que recabó en 2010 el ministro Zaldívar descubren el papel que jugó Daniel Karam Toumeh
en la falta de atención a los bebés sobrevivientes, lo que no sólo
constituiría una negligencia, sino sobre todo daños intencionales a la
salud de las víctimas y violaciones graves a derechos humanos. En su
investigación ministerial –que retomó la nueva denuncia penal que
interpuso en 2020 el IMSS– se da cuenta, por ejemplo, de que en su
calidad de director general del Seguro Social, Karam Toumeh obstaculizó el traslado urgente de los menores con quemaduras más graves a hospitales de Estados Unidos, especializados en este tipo de atención.
Por órdenes del amigo de Calderón Hinojosa, los infantes fueron
trasladados a nosocomios de Guadalajara y Ciudad Obregón. Eso fue
confirmado por el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours. En su
comparecencia, el político priísta, empresario y esposo de una prima de
Margarita Zavala afirmó: “en una coordinación con el Seguro Social, esto
es muy importante mencionarlo porque también hay muchas versiones sobre
qué pasó con los movimientos del Seguro Social en Sonora, siendo estado
fronterizo tiende mucho hacia la frontera norte, entonces los padres de
familia, insistentemente decían que querían mover a los niños al hospital de Sacramento, el Shriners; Hospital de Los Ángeles, y al hospital de no sé dónde; los querían mover y el Seguro Social insistía mucho en moverlos todos a Guadalajara o a Ciudad Obregón,
donde ellos tenían capacidad. Entonces, desde hacer las gestiones con
algunas organizaciones de la sociedad civil que participaron muy
activamente, por cierto, a estar al pendiente de ellos, y por eso les
decía, como yo les comenté, reiterarles que al Seguro Social, al señor
director, o sea, hay que hacer lo que los papás dicen, hombre, pues si
los señores quieren que se vayan a Sacramento pues hay que llevarlos a
Sacramento. No hay que pelear con ellos, qué necesidad tenemos todavía
de crear o abrir un espacio más de discusión en algo que ya está
suficientemente grave el asunto como para hacerlo. Y gracias a eso
abrimos, ya se había cerrado el tema de Sacramento, que algunos niños
pudieron ser movilizados”.
La propia investigación del ministro Zaldívar da cuenta de las
resistencias de la autoridad federal. “De los testimonios de los padres
entrevistados por la Comisión Investigadora se advierte la percepción de
que el traslado de los menores fue obstaculizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social,
privilegiándose los traslados a hospitales de Obregón y Guadalajara, a
pesar de que los padres deseaban su transferencia a Sacramento”. Y
agrega: “de los testimonios concatenados entre sí, se puede concluir que
esto obedeció a una decisión centralizada del IMSS, lo
que tuvo como consecuencia que, al menos, en opinión de muchos padres,
los niños no recibieran una atención médica adecuada”.
A este asunto también se refirió Zaldívar el 22 de febrero de 2022
–cuando reveló la operación de Estado que orquestó el expresidente de
México para encubrir a Margarita Zavala y a su familia–: “los padres [de
las víctimas] me contaron que el gobierno de Felipe Calderón no había
permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital
esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera
grande el escándalo y se hiciera mayor el tema. Me contaron cómo los
directivos del IMSS habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que les tenían que pagar por sus lesiones, y por la situación en que habían quedado”.
El impedimento de que los bebés quemados fueran trasladados a
hospitales de Estados Unidos y la alteración de expedientes médicos
fueron sólo algunas de las presuntas anomalías en las que habría
incurrido Karam Toumeh, maestro en administración pública por la
Universidad de Harvard y licenciado en economía por el ITAM.
Con base en el voto minoritario de los ministros Zaldívar, Olga
Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, así como en la recomendación de la
CNDH, la denuncia del IMSS interpuesta en 2020 señala que la magnitud de
las fallas del sistema de guarderías subrogadas alcanzan a Karam
Toumeh, quien fue director general entre el 3 de marzo de 2009 y el 4 de diciembre de 2012,
debido a que asumió todas las atribuciones y responsabilidades
derivadas de la dirección de dicho Instituto. Asimismo, acusa que este
exfuncionario también es responsable de la gestión de los eventos
posteriores al incendio y de la atención médica que se brindó a las víctimas.
Sobre este último punto, Manuel Montaño Estrada, tío de Danna Paola
Villarreal, expuso ante la Comisión Investigadora de la Suprema Corte
las responsabilidades del exfuncionario: “estuvo el director general, no
sé qué puesto es del Seguro Social, es Karam [Daniel Karam Toumeh], él era el que daba las órdenes:
‘vamos a llevar a niños para allá, vamos a hacer esto’. No sé en qué se
basaba, pero así era. Luego luego se vio la intervención del Seguro
Social. Algunos niños estuvieron muy bien atendidos en el Hospital del
estado, en el Hospital Infantil del estado. No sé por qué se los
llevaría para allá, estaba más cerquita. Es un hecho que me tocó a mí,
cuando estábamos en el auditorio del Hospital Infantil, llegó gente del
Shriners aquí en Hermosillo, llegó gente y dijo: ‘saben qué, nosotros
tenemos ahorita lugar para 80 niños, si se los quieren llevar, nos los
llevamos’, comentó el mismo señor, el licenciado, se me fue el nombre,
Barrera se apellida, que es el delegado de Shriners Sonora. Puso a
disposición: ‘tengo yo los medios para trasladar 80 niños. Ustedes
díganme a quién me llevo’. Pues no le permitieron”.
Otro de los testimonios recabado es el de Lorenzo Alberto Huguez
Galvez, papá de María Jimena Huguez Mendoza. “Ya como a media noche nos
dicen que si queríamos trasladarla a Sacramento y nosotros decimos que
sí. Y ya después como a las 5 de la madrugada nos dicen que siempre no
se va a trasladar a Sacramento, que por decisión de los médicos se va a
trasladar a Guadalajara, que porque hay un mejor servicio y nosotros
decidimos hacerlo y al llegar allá no era un mejor servicio, era más de lo mismo”.
Karam Toumeh se desempeña como presidente y director general para
México de la agencia Hill+Knowlton Strategies, Inc –consultoría en
comunicación con oficinas centrales en Nueva York– y en redes sociales
(@danielkaramt) ha compartido mensajes en contra del actual gobierno
federal. Irónicamente, en 2011 –dos años después del crimen de Estado de
la guardería ABC– Karam Toumeh fue reconocido por el ITAM con el premio
al “Mérito Profesional”, por su “calidad profesional como exalumno y su
notable contribución al desarrollo económico, político y social del
país”.
Ante la situación de vulnerabilidad de los menores usuarios de las
guarderías, la investigación ministerial de la Corte establece que tanto
Karam como su antecesor Juan Francisco Molinar Horcasitas –director del
IMSS del 1 de diciembre de 2006 al 2 de marzo de 2009, y fallecido en
2015– eran responsables del bienestar de los niños que se encontraban a su cargo.
Por ello debieron instrumentar políticas que impidieran la autorización
de operación de guarderías sin el cumplimiento previo de todos los
requisitos legales aplicables, entre los cuales destacaba la
verificación de que los inmuebles cumplieran con las condiciones idóneas
de seguridad.
Asimismo, se indica que quien ostenta el cargo de director general
del Seguro Social preside a otros dos órganos superiores: la Asamblea
General –que es la autoridad suprema del IMSS– y el Consejo Técnico –que
es el órgano de gobierno, representante legal y administrador del
Instituto–, por lo que esta triple condición lo hace responsable del
buen funcionamiento del Instituto. Entre otras funciones, el director
general debe proponer las políticas estratégicas para su conducción y
tiene a su cargo la ejecución de cualquier acto jurídico necesario para
cumplir con sus fines.
De esta manera, a Karam Toumeh –como a su antecesor– le correspondía
el control y conocimiento estricto sobre el esquema de funcionamiento
del servicio de guarderías, y estaba obligado a instrumentar las medidas
necesarias para que el servicio cumpliera con las disposiciones legales
aplicables, se prestara en las mejores condiciones posibles, y
garantizara el desarrollo y la salud de los infantes.
Nada de eso se cumplía al momento de la tragedia. De acuerdo con la
investigación del ministro Zaldívar que se retoma en la denuncia penal,
el 99.7 por ciento de las guarderías subrogadas por el IMSS incumplían
al menos uno de los requisitos necesarios para su funcionamiento.
Respecto del control administrativo, el IMSS sólo verificaba un 87 por ciento;
y acerca de la supervisión de los aspectos de protección civil, el
Seguro Social omitió vigilar que los prestadores del servicio de
guardería cumplieran con los estándares mínimos previstos en Normas
Oficiales Mexicanas y en las legislaciones federales, estatales y
municipales.
Y es que al día del incendio en la guardería ABC, del total de guarderías operadas por particulares, el 69.7 por ciento no contaba con equipo de incendios;
el 72 por ciento carecía de dictamen favorable de instalaciones
eléctricas; el 51.8 por ciento no contaba con reconocimiento de validez
oficial de la Secretaría de Educación Pública; el 49.8 por ciento no
tenía dictamen de protección civil municipal vigente; el 83.7 por ciento
no contaba con dictamen de protección civil municipal anual; el 72.2
por ciento no tenía visto bueno o dictamen de bomberos vigente; el 91.4
por ciento carecía de visto bueno o dictamen de bomberos anual; al 75.1
por ciento le faltaba la constancia de realización de simulacros; y el
73.3 por ciento no tenía constancia de capacitación de protección civil.
Asimismo, de la inspección ocular realizada a un número
representativo de guarderías subrogadas –conforme a la muestra elaborada
por peritos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y
en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México– se desprende
que, al 5 de junio de 2019, también existía incumplimiento en las
medidas de seguridad.
Ejemplo de ello es que el 41.7 por ciento carecía de salidas de
emergencia; el 57 por ciento no contaba con detectores de humo; el 5.4
por ciento carecía de extintores; el 54.7 por ciento no tenía luces de
emergencia; el 5.3 por ciento no contaba con rutas de evacuación; al
26.5 por ciento le faltaba piso antiderrapante en los baños; el 13.2 por
ciento incumplía con la distancia a la salida menor a 40 metros; el 5.3
por ciento no realizó simulacros; al 14 por ciento le faltaba que la
apertura de puertas de emergencia contara con mecanismo de empuje hacia
fuera; el 45 por ciento no tenía sistema de alarma sonora; el 2.6 por
ciento presentaba instalaciones eléctricas en descuido; y el 9.9 por
ciento no tenía protectores de tomacorrientes en la pared. Por ello, el
voto minoritario del ministro Zaldívar señaló que existía un “desorden
generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia de estas
guarderías”.
DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM
La responsabilidad de los socios
Basados en las evidencias que recabó la Comisión Ministerial que
encabezó Arturo Zaldívar, los ministros Sánchez Cordero y Silva firmaron
el voto minoritario en el que establecieron que los servidores públicos
federales, estatales y municipales –con corresponsabilidad de los dueños de la guardería ABC, entre ellos la prima de Margarita Zavala:
Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella– omitieron
obligaciones legales específicas que generaron las violaciones graves a
las garantías individuales, hoy considerados derechos humanos.
Entre éstos destacaron la violación al principio de interés superior de la niñez.
Al respecto, indicaron que “el artículo 4 de la Constitución reconoce
distintos derechos a los niños y establece el deber del Estado de
proveer lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de los mismos”.
Éste establece que “[…] los niños y las niñas tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y
custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado
proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la
niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará
facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los
derechos de la niñez […]”.
También consideraron que la interpretación de este artículo constitucional debe tomar en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos de los menores de edad,
firmados y ratificados por México. Por tanto, se agrega que “este
principio ordena que la protección de los derechos del niño se realice a
través de medidas ‘reforzadas’ o ‘agravadas’. El hecho de que haya
mayores exigencias para el Estado cuando se trata de salvaguardar los
derechos del niño también puede justificarse a la luz de las
disposiciones del derecho internacional relacionadas con los derechos
del niño”.
Al respecto, citaron –entre otras normativas– la Declaración de
Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los
Derechos del Niño y la Convención Americana, que reconocen que los
menores requieren una protección y cuidado especiales. Incluso
detallaron que este principio de interés superior ordena que las medidas de protección sean doblemente reforzadas cuando están dirigidas a niños pequeños, como eran los de la guardería ABC [de entre 10 meses y 4 años de edad].
Los ministros señalaron que “el Comité de Derechos del Niño ha
establecido que la protección a los menores tiene que ser más intensa
cuando se trata de niños que se encuentran en la primera infancia. Esta
mayor protección encuentra su justificación en la especial
vulnerabilidad de los niños a esta edad. Es evidente que las capacidades
motrices y comunicativas de los niños en la primera infancia son muy
limitadas, de tal manera que dependen por completo de sus padres y
cuidadores para poder sobrevivir”.
El segundo derecho humano violado fue el de la protección de la vida y a la integridad física.
Al respecto, observaron que “la falta de cumplimiento de distintas
disposiciones legales relacionadas con algunas medidas de seguridad
ocasionó que 49 niños que se encontraban en la ‘guardería ABC’ el día 5
de junio de 2009 perdieran la vida y otros 104 fueran afectados en su
integridad física”.
Apuntaron que “el derecho a la protección de la vida es un derecho
fundamental implícito en la Constitución, que se deriva de todos los
derechos expresamente estipulados que requieren de la vida como
condición para su ejercicio”. Adicionalmente, subrayaron que los
tratados internacionales suscritos por el país en materia de derechos
humanos lo tutelan, como el artículo 6 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
En el caso de la guardería ABC, indicaron que lo que el alto tribunal
debía determinar es si hay una relación especial entre el Estado y los
49 niños que perdieron la vida en la vida. “La respuesta a esta pregunta
es indiscutible: sí existía una relación jurídica especial entre el Estado y los niños que murieron en el incendio que imponía a aquél la obligación de emprender medidas adecuadas para la protección de sus vidas”.
Los ministros Zaldívar, Sánchez Cordero y Silva Meza consideraron de
forma contundente que “existen elementos suficientes para concluir que
si las autoridades estatales hubieran cumplido sus deberes
constitucionales de protección de la vida, interpretados de conformidad
con el estándar doblemente reforzado que impone el principio interés
superior del niño en relación con los menores que están en la primera
infancia, en ningún caso hubiera tenido lugar una tragedia de las
dimensiones como la que ocurrió el 5 de junio de 2009 en la guardería
ABC de Hermosillo, Sonora. Lo que significa que no hubieran perdido la vida los 49 niños que fallecieron el día del incendio”.
De igual forma, concluyeron “que si las autoridades hubieran cumplido
cabalmente su obligación de proteger la integridad a los menores que
eran usuarios del servicio de guarderías subrogadas, los niños que se
encontraban en la guardería ABC no habrían sufrido ninguna afectación en
su integridad física”.
En el caso del incendio, otros derechos que se violaron fueron de
acuerdo con los tres ministros que se opusieron al autoritarismo del
entonces presidente Calderón fueron: a la seguridad social y a la salud, así como el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en las relaciones laborales.
Acerca de la responsabilidad de los socios de la guardería, el voto minoritario determinó “que los socios, administradores y representante legales de la guardería ABC, tienen una responsabilidad solidaria compartida por los hechos acontecidos materia de la investigación”. Una de las socias es, precisamente, la prima de la panista Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón Hinojosa.
Los ministros establecieron “que al tratarse de un servicio público subrogado,
deben vincularse a todos y cada uno de ellos con el funcionamiento de
la guardería de acuerdo a su nivel de participación, al tener que ver de
manera directa con la toma de decisiones en relación al funcionamiento
de la sociedad y por lo tanto con la prestación del servicio, tanto en
su función de persona moral particular, como en su carácter de autoridad
material para efectos de la investigación como auxiliar del Instituto
subrogante”.
También señalaron que, “más allá de que la responsabilidad imputada
sea o no analizada conforme a su calidad de sociedad civil, debe hacerse
bajo la consideración de las responsabilidades de dichas personas
derivadas de los derechos de los menores que se han vulnerado con la
deficiente operación del servicio público prestado. Es decir, a la luz
de los derechos relativos a la primera infancia, que impone el artículo
4, párrafo octavo de la Constitución Federal”.
Determinaron que los prestadores del servicio incumplieron con lo establecido en la Constitución,
en la Ley del Seguro Social, en el Reglamento para la Prestación de los
Servicios de Guardería, la Norma que establece las Disposiciones para
la Operación del Servicio de Guardería, las Bases para la Subrogación de
Servicios de Guardería del Esquema Vecinal Comunitario, la Norma
Oficial Mexicana 167-SSA-1-1997, el contrato de prestación de servicio
de guardería en su modalidad de esquema vecinal comunitario único
–celebrado el 29 de diciembre de 2006 entre el Instituto Mexicano del
Seguro Social y la sociedad civil Guardería ABC–. Ello, “porque no
desempeñaron la obligación de prevenir el riesgo derivado de no cumplir los cuidados suficientes a los niños bajo su resguardo durante la jornada de trabajo”.
Para los ministros, los socios, administradores y representante legal “fueron omisos
en dirigir y normar las acciones suficientes de prevención relacionadas
con los estándares de protección civil a que estaban obligados para
garantizar la integridad y seguridad de los menores en la guardería
subrogada, no obstante que, conforme a los ordenamientos
constitucionales y legales antes señalados, se establece que la
prestación del servicio de guardería debe cumplirse con base en
determinados requisitos para el debido funcionamiento de la guardería,
as como con los programas de protección civil y técnicos de seguridad
expedidos por el Departamento de Bomberos de la localidad, a fin de
mantener la calidad de la operación de la guardería, pero sobre todo
para respetar en ordenamiento constitucional que hace referencia a los
derechos de los niños”.
