El algoritmo, la mentira, su repetición y la posverdad

Juan Becerra Acosta

La política ya no sólo se disputa en las urnas, los congresos o las plazas públicas. También se libra en una pantalla donde la indignación cotiza, la mentira puede viajar más rápido que la rectificación y miles de clics pueden fabricar la falsa impresión de que todo un país piensa lo mismo.

El algoritmo no necesita convencer de tener la razón, le basta con mantener a la audiencia mirando, reaccionando y compartiendo. En esta economía de la atención, el enojo es un negocio extraordinariamente rentable que encuentra en México un mercado estratégico, víctima desde hace años de campañas de desprestigio, rumores electorales y ejércitos de cuentas que irrumpen en las conversaciones digitales.

Hoy, lo novedoso es la escala que pueden alcanzar y la posibilidad de combinar automatización, publicidad segmentada e inteligencia artificial para intervenir en la percepción pública. El debate dejó de ser teórico; la presidenta Claudia Sheinbaum denunció operaciones digitales de propaganda y desinformación contra su gobierno vinculadas públicamente con Fernando Cerimedo y La Derecha Diario. Acusaciones que deben examinarse.

Las implicaciones de este caso trascienden la simple propaganda y rozan la interferencia extranjera coordinada. Testimonios judiciales y la exhibición de pruebas en las conferencias mañaneras apuntan a que operadores de ultraderecha, coordinados por Cerimedo, diseñaron un plan explícito para intervenir en el proceso electoral intermedio en México con el objetivo de reventar la elección de 2027. La investigación académica y el monitoreo electoral documentaron fenómenos como las cuentas automatizadas, las campañas negras y la amplificación artificial de narrativas políticas.

No hace falta imaginar una conspiración omnipotente para reconocer que existen herramientas capaces de distorsionar la conversación pública. El mecanismo es sencillo: una publicación incendiaria genera reacciones, las reacciones aumentan su circulación, la circulación produce una impresión de relevancia y esa relevancia atrae nuevas interacciones. La repetición suele terminar sustituyendo a la evidencia.

Una acusación no necesita demostrarse para convertirse en tendencia, basta con que miles de personas la compartan antes de preguntarse si es cierta.

En ese escenario, la verdad compite en desventaja. Verificar exige tiempo, contrastar documentos y consultar fuentes tarda horas. En cambio, fabricar una falsedad puede tomar segundos. Cuando llega la rectificación el daño reputacional ya circuló, los prejuicios encontraron confirmación, y la conversación pública se desplazó hacia otro escándalo.

La inteligencia artificial añade una dificultad: voces clonadas, imágenes manipuladas y videos sintéticos pueden convertir la apariencia de autenticidad en un instrumento de engaño. La frontera entre información y simulación se vuelve más difícil de identificar para una ciudadanía bombardeada por contenidos que compiten por su atención.

Las plataformas no pueden presentarse como intermediarias neutrales cuando sus sistemas de recomendación influyen en qué contenidos adquieren visibilidad. Y los partidos no deberían denunciar los ejércitos digitales únicamente cuando perjudican a sus candidatos y guardar silencio cuando favorecen a los propios. La democracia necesita confrontación, discusión e indignación. Lo que no necesita es que la ciudadanía confunda popularidad con verdad, volumen con consenso o viralidad con legitimidad.

El desafío consiste en distinguir entre una denuncia documentada y una acusación sin pruebas, entre una comunidad política real y una amplificación artificial, entre el derecho a cuestionar al poder y la fabricación deliberada de hechos falsos. El algoritmo no vota, pero puede influir en aquello que millones de personas creen saber antes de hacerlo. No gobierna formalmente, pero ayuda a establecer los temas sobre los que discutimos, los adversarios que identificamos, y los miedos que compartimos.

La pregunta ya no es si la tecnología participa en la política, es quién controla las reglas de esa participación y quién responde cuando la manipulación se disfraza de opinión pública.

Si la democracia exige que la ciudadanía decida libremente, la información con la que toma sus decisiones no puede quedar sometida a una maquinaria opaca que recompensa el escándalo y convierte la atención humana en mercancía.

El peligro no es que las máquinas piensen por nosotros, sino que nosotros terminemos creyendo que lo que nos muestran representa la realidad. Porque cuando la política queda secuestrada por el algoritmo, la primera víctima no es un partido o un gobierno, es la sociedad enfrentada por posverdades hechas a la medida de sus propios resentimientos.

“Agua sucia, política turbia”

Juan Becerra Acosta

Hay crisis que se miden en litros y otras que terminan por medirse en votos. En Guadalajara, el agua contaminada se convierte en ambas cosas: un problema de salud pública que lleva meses sin resolverse, y una factura política que Movimiento Ciudadano parece empeñado en encarecer.

Jorge Álvarez Máynez llegó a la dirigencia de MC con la promesa de representar una política distinta.

La renovación generacional, el lenguaje fresco y la distancia frente a los partidos tradicionales fueron parte del discurso que pregonó durante su candidatura presidencial de 2024 y que mantiene al día de hoy. Pero en política, más que una identidad gráfica atractiva y un discurso diseñado para las redes sociales, se requiere congruencia entre lo que se promete y lo que se da.

La crisis de agua en Guadalajara pone esa promesa a prueba. Desde hace meses, habitantes de la zona metropolitana denuncian que de sus llaves sale agua turbia, con malos olores y sedimentos. El problema escaló hasta una movilización en la que quienes protestaron por agua fueron recibidos a manguerazos –así de perversa la ironía–, y terminó con enfrentamientos, personas detenidas y uso excesivo de la fuerza policial.

La exigencia ciudadana era elemental: recibir agua limpia, un derecho humano que no debería depender de la capacidad de protesta de nadie. ¿Y dónde estaba Álvarez Máynez mientras el malestar crecía? Presentó una denuncia por presuntas descargas contaminantes, sí, pero el pronunciamiento público en respaldo de los manifestantes llegó después de las críticas por su silencio. Entonces reconoció que la ciudadanía tenía razón en exigir agua limpia y pidió resolver el problema de fondo. La declaración es correcta. El problema es la oportunidad y, sobre todo, la responsabilidad que entraña su cargo.

Álvarez Máynez no es un observador externo que descubre una crisis en otro partido: encabeza la organización política que gobierna Jalisco y Guadalajara. Su obligación no se agota en presentar denuncias ni en reconocer –cuando la indignación ya estalló– que la gente tiene derecho a protestar.

La pregunta es por qué la dirigencia de MC no convirtió antes la emergencia en una exigencia pública, sistemática y verificable de resultados.

¿Qué mecanismos de rendición de cuentas impulsa Álvarez Máynez cuando las decisiones cuestionadas corresponden a un gobierno de su propio partido? ¿Qué consecuencias políticas está dispuesto a asumir si las respuestas no llegan?

El asunto se vuelve todavía más delicado con el debate sobre el nuevo acueducto Chapala-Guadalajara. El gobernador Pablo Lemus propuso un esquema de financiamiento con participación privada y ha negado que pretenda privatizar el servicio del suministro de agua. Pero las dudas sobre el alcance de ese modelo son legítimas: cuando se trata de infraestructura estratégica, deben conocerse los contratos, los plazos, las obligaciones y las garantías para los usuarios.

El agua no es una mercancía, es un derecho humano, ninguna solución puede subordinar su acceso a la rentabilidad de un negocio.

Álvarez Máynez debería explicar qué controles considera indispensables para impedir que una fórmula financiera termine trasladando riesgos y costos a la población. No basta con repetir que el agua es un derecho, hay que garantizarlo en los hechos. La crisis también exhibe una contradicción para la narrativa de MC. El partido se presenta como una alternativa a las viejas prácticas, pero esa diferencia no puede medirse por la edad de sus dirigentes, sus campañas publicitarias o la eficacia de sus mensajes digitales. Se mide por la transparencia, la respuesta ante los errores y la capacidad de escuchar a quienes reclaman servicios públicos dignos.

Álvarez Máynez tiene ante sí una disyuntiva política: ejercer la dirigencia como una oficina de comunicación para contener daños, o utilizarla para exigir cuentas, incluso dentro de casa.

La primera opción protege temporalmente la imagen partidista; la segunda implica aceptar que la rendición de cuentas no puede tener excepciones por afinidad política.

Existe un segmento del electorado que rechaza categóricamente al PRI y al PAN, que no comulga con el proyecto de Morena, y podría ver en MC una opción que termina por diluirse.

Aunque cuenta con cuadros valiosos y liderazgos locales atractivos, su dirigencia nacional se ha quedado corta frente al eslogan de la “nueva política”, algo que no se demuestra nada más pronunciando palabras correctas frente a una cámara, sino cuando esas palabras se convierten en obligaciones, plazos, resultados y responsabilidades.

En Guadalajara, miles de personas tuvieron que salir a la calle para recordar que el agua limpia no es un favor del gobierno. Álvarez Máynez reconoció su derecho, ahora falta saber qué está dispuesto a exigirle al partido que dirige para que así sea.

Regular las pantallas, recuperar el aula

Juan Becerra Acosta

Lejos estamos de aquella sentencia –lugar común– de la maestra en el salón de clases con la que separaba a los alumnos más rijosos: “ese grupito de allá atrás no me gusta nada”. Hoy las cosas han cambiado tanto, que la maestra lo que busca, en lugar de separar, es juntar a esos alumnos alejados entre sí, no por lo que sucede en la banca de al lado, sino en las pantallas de sus dispositivos.

La distracción que aísla a chicos –y grandes– llega en aparente silencio a velocidades de cientos de megabytes por segundo y de manera directa a los dispositivos móviles. El dejar de observar esa pantalla –que sabe más de sus dueños que ellos mismos– después de no demasiados minutos causa un estado de ansiedad resultante a la falsa percepción de que no estar pendiente de lo que sucede en redes aísla, cuando lo que realmente aparta del mundo es estar inmerso en ese estruendoso espacio virtual.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 30 por ciento de los estudiantes se distraen con dispositivos durante la mayoría o todas las clases de matemáticas. Quienes sufren esas distracciones obtienen al menos 15 puntos menos, diferencia equivalente a cerca de tres cuartas partes de un ciclo escolar. El 45 por ciento de los estudiantes dicen sentir nerviosismo o ansiedad cuando no tienen su celular cerca.

De acuerdo con datos de la Oficina del Cirujano General de Estados Unidos –principal autoridad gubernamental encargada de orientar a la población sobre asuntos de salud pública–, los adolescentes que pasan más de tres horas diarias en redes sociales presentan el doble de riesgo de sufrir síntomas de depresión y ansiedad. El 11 por ciento de los adolescentes muestran hoy signos de adicción a redes sociales; en 2018 eran 7 por ciento. El 95 por ciento de los jóvenes de 13 a 17 años utilizan alguna red social; un tercio aseguran estar conectado casi constantemente, y 46 por ciento dicen que las redes empeoran la percepción de su cuerpo.

Estudios de sicología cognitiva han demostrado que la mera presencia de un teléfono sobre el pupitre, incluso apagado, reduce la capacidad de atención sostenida. El cerebro humano no está diseñado para el multitasking real. Lo que ocurre es un cambio constante de foco que fragmenta el aprendizaje y dificulta la retención de información.

Cuando un estudiante interrumpe una explicación para revisar una notificación, no sólo pierde ese fragmento de clase, sino que necesita varios minutos para recuperar el nivel de concentración. A esto se suma el efecto sobre la salud mental. El uso intensivo de redes sociales durante la adolescencia se ha vinculado con mayores niveles de ansiedad, comparación social constante y alteraciones del sueño.

Las redes sociales y con ellas el algoritmo saben a la perfección qué queremos ver y escuchar, qué tema nos interesa ahora, cuál nos interesó hace un día y qué nos interesará mañana. Nos suministran dosis de contenido que fragmentado en breves clips termina haciéndose eterno al atraparnos en miles de publicaciones cortas, que en su totalidad representan horas de audiencia. Si un adulto es susceptible a desvelarse observando la pantalla de su celular, en una franca derrota a lo que cree que es su voluntad, un menor de edad con un dispositivo en la mano podría llegar a convertirse en Erisictón, personaje mitológico de la antigua Grecia, que mientras más comía, más vacío y hambriento se sentía.

Y no es que todas las pantallas dañen; la evidencia muestra que el problema aparece con el uso excesivo, recreativo y sin reglas. Por ello es urgente que se regule el uso de dispositivos electrónicos, lo que a diferencia del lamento agorero del chat de tías y tíos no es regresar al pasado, sino recuperar la atención, el aprendizaje y la convivencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa la construcción de una propuesta para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en las aulas. El objetivo no es rechazar la tecnología, sino evitar que se convierta en una fuente permanente de distracción y afecte el aprendizaje, la convivencia y la salud emocional de niñas, niños y adolescentes.

No se trata de prohibir ni tampoco de imponer; la regulación se construirá mediante foros regionales con especialistas, docentes y familias, para que las nuevas reglas nazcan del diálogo y no de una prohibición impuesta. Será fundamental que, como está previsto, los estudiantes sean incluidos en esta conversación, ya que las normas impuestas sin diálogo generan resistencia, mientras las construidas de manera participativa suelen respetarse con mayor naturalidad. Las juventudes deben participar en las tomas de decisiones, sobre todo en aquellas que los involucran.

La escuela no puede competir sola contra empresas que conocen las emociones de un adolescente mejor que sus maestros y, en ocasiones, que su familia. Regular no es apagar el futuro: es impedir que el algoritmo entre al salón, se siente en primera fila y termine dando la clase.

“Huelen a baúl”

Juan Becerra Acosta

Durante décadas, llegar a la vejez en México significó, para la gran mayoría, ingresar a un terreno de profunda incertidumbre, vulnerabilidad y, lamentablemente, dependencia. Trabajar toda la vida en la informalidad, en el campo o en el hogar sin derecho a una jubilación formal, condenaba a millones de adultos mayores a transformarse en una “carga” económica para sus familias, o a depender de la caridad para subsistir.

Desde el inicio de los gobiernos de la Cuarta Transformación, la política pública hacia ellos ha sido uno de los ejes que el movimiento ha emprendido con mayor fuerza para lograr la reducción de la pobreza extrema, la garantía constitucional de sus ingresos y la búsqueda de una vejez digna. Gracias a las políticas de los gobiernos de Morena, más de 13 millones de adultos mayores reciben hoy una pensión que constituye un ingreso garantizado por la Constitución.

Las diputadas morenistas en el Congreso de Puebla Nayeli Salvatori y Graciela Palomares no se han enterado. Esta semana protagonizaron un episodio que contradice, en forma y fondo, el proyecto que su propio partido ha construido durante casi una década. En un fragmento de su videopodcast Descasadas, ambas se burlaron mientras una invitada afirmaba que los hombres mayores “huelen a baúl”, incluso Palomares añadió que “ya se están pudriendo”.

El clip se viralizó, la indignación fue inmediata, y la reacción –disculpas falsas, comunicados de “descontextualización” y deslinde de la dirigencia estatal– siguió el guion ya conocido de una conducta ajena a los principios y compromisos por los que desde 2018 la mayoría de los ciudadanos ha votado: primero negar, después matizar, finalmente disculparse sin asumir del todo.

Aquí la contradicción no es sólo entre una política de dignificación y un discurso estigmatizante. Lo ocurrido no puede leerse sólo como un exabrupto aislado; es, sobre todo, el síntoma de un fenómeno que crece sin freno, el de los influencers convertidos en políticos cuya relación con el cargo público parece secundaria frente a su vocación primaria de generar contenido, audiencia y monetización.

Salvatori construyó su carrera en radio y televisión antes de saltar a la política en 2018, hoy es una de las diputadas con mayor presencia digital de Puebla gracias a un personaje propio, La señora de las Lomas. Palomares transita un camino paralelo. Ambas suman apenas nueve iniciativas aprobadas en la actual legislatura del Congreso poblano, mientras que su actividad en redes sociales y su participación en escándalos mediáticos superan por mucho su producción legislativa.

Ahí está el problema de fondo. Cuando el capital político de una legisladora se mide en seguidores, y no en leyes, la tribuna deja de ser un espacio de representación para convertirse en una extensión del set de grabación. El chiste, la ironía, el “humor negro” que funciona para generar clicks en TikTok no tiene el mismo peso cuando lo pronuncia quien ocupa una curul pagada con recursos públicos y jurada para representar, entre otros, a las personas que hoy ridiculiza.

No es la primera vez que a Salvatori se le cuestiona ese límite entre espectáculo y la función pública. De la parodia de un asalto en transporte público a comentarios sobre una víctima de mala praxis estética, su trayectoria muestra un patrón de declaraciones que primero generan controversia, y después obligan a la ya conocida “disculpa” pública.

El fenómeno no es exclusivo de Morena ni de Puebla, pero en este caso golpea de manera particular. Un movimiento que ha hecho de la dignidad de los adultos mayores una de sus políticas insignia no puede permitirse legisladoras que, así sea “en broma” o “en un espacio de entretenimiento”, conviertan a ese mismo sector en motivo de burla pública. La frase con la que intentan justificar sus insultos y burlas: “los comentarios fueron sacados de contexto”, es un cliché de manual de control de daños que rara vez convence a nadie. “Tonto es quien cree que el pueblo es tonto”.

Morena cuenta, en este episodio, con la oportunidad de decidir qué clase de representación quiere tener. Puede conformarse con el deslinde discursivo y dejar que el escándalo se diluya en el ciclo noticioso de la próxima semana. O puede aprovechar el momento para revisar con seriedad los criterios con los que incorpora a figuras mediáticas a sus filas legislativas, exigiendo no sólo popularidad y arrastre de votos, sino también un mínimo de coherencia entre el discurso social del partido y la conducta pública de quienes lo representan.

Establecer códigos de conducta claros para el uso de redes sociales por parte de legisladores y hacer que las sanciones internas dejen de ser sólo comunicados de prensa, sería un primer paso. Mientras la popularidad siga pesando más que la congruencia, episodios como éste seguirán repitiéndose.

“Ruffo, Texas y la hidra del huachicol: lo que falta del otro lado de la frontera”

Juan Becerra Acosta

La detención de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia moderna de México y figura histórica del PAN, hoy integrante de Somos Mx, manda una señal que trasciende su biografía política.

Por un lado, la captura envía la señal de que los lazos políticos del pasado ya no garantizan inmunidad frente a delitos de delincuencia organizada y, por otro, no menos importante, presiona éticamente a las autoridades estadunidenses para que procedan y clausuren las empresas texanas que abastecen el contrabando de combustible en México.

Aquí la clave, o al menos una de ellas, es Ingemar, empresa de la que es socio el ex gobernador Ruffo, señalada en el megadecomiso de 15 millones de litros de combustible en Coahuila, y parte de una investigación con órdenes de aprehensión contra aduaneros, militares y empresarios.

La captura de Ruffo acapara los titulares por su peso político, pero mirarlo como la cabeza principal de la hidra sería un error de diagnóstico: en este engranaje de corrupción y contrabando, él es una pieza remplazable.

Para mover volúmenes de hidrocarburo ilegal de tal magnitud a través de las fronteras se requiere una maquinaria por demás sofisticada. No basta con la audacia de un viejo político casi en el retiro, o de la ambición de un puñado de empresarios en el corredor industrial de Saltillo.

Este esquema necesitó de la colusión de aduanas, de la falsificación de pedimentos para hacer pasar gasolina por simples “lubricantes”, y del suministro cómplice de empresas estadounidenses que operan bajo el cobijo de la legalidad texana. Por ello, lo relevante ahora no es sólo el arresto de Ernesto Ruffo en sí, sino lo que venga después.

El ex gobernador es sólo una pieza de muchas en este entramado criminal con tentáculos en México y Estados Unidos. En México se investiga y limpia a las estructuras portuarias y aduaneras que permitieron que este fraude fiscal operara durante años. Falta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros de ese país procedan penalmente y de forma simultánea en contra de las empresas texanas involucradas en este entramado criminal transnacional.

La composición societaria importa tanto como el delito mismo. Ernesto Ruffo Appel llegó a Ingemar como socio en 2021, incorporado por el empresario José Merino Valdés Cuervo —detenido también el pasado 16 de julio—, en sociedad con la comercializadora estadounidense Belar Fuels Company. Es decir, capital político, capital empresarial nacional y un socio extranjero, todos operando juntos para falsificar pedimentos de importación y subdeclarar volúmenes de combustible ilegal.

El caso Ruffo deja de ser un asunto exclusivamente mexicano en cuanto se examina de dónde salía el combustible ilegal,Texas. Belar Fuels Company, con sede en Corpus Christi, era el principal proveedor de Ingemar y facilitaba el ingreso del hidrocarburo; Lambrucar, con sede en Houston y sucursales en varios estados mexicanos, apareció sellada directamente en los ferrotanques decomisados por autoridades mexicanas.

El propio Departamento de Justicia estadounidense reconoció que investiga el papel de estas empresas en el transporte del combustible, y llegó a describir a Texas no como un simple productor, sino como el punto donde el crudo robado en México se lava, se legaliza y se redistribuye.

México puede detener gobernadores y confiscar ferrotanques, pero mientras el origen del fraude no se toque con el mismo rigor, la red seguirá teniendo un proveedor dispuesto del otro lado de la frontera. El ingreso ilegal de hidrocarburos a México desde Estados Unidos no podría explicarse sin la colusión y participación activa de compañías operando desde el otro lado de la frontera

La confirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum de que hay empresarios de Estados Unidos bajo investigación en la FGR es un paso importante, ahora la pregunta pendiente es si el Departamento de Justicia estadounidense actuará con la misma determinación que sus contrapartes mexicanas, o si el caso quedará, una vez más, resuelto sólo de un lado del Río Bravo, el nuestro.

“¿Quién miente?”

Juan Becerra Acosta

Hay una pregunta que hasta hoy el gobierno de México se atreve a formular en voz alta frente a Washington: ¿quién miente o quién mintió? La hizo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, y no por gusto retórico, sino porque los hechos así lo demandan.

El 25 de julio de 2024, una aeronave aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, con Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Días después, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue categórico: ninguna agencia estadunidense habría participado en el operativo. “No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente”, declaró. México, gobernado entonces por Andrés Manuel López Obrador, pidió explicaciones formales varias veces. La respuesta fue siempre la misma negativa.

Dos años después, esa versión se desmorona por sí sola. Una nota periodística revela que la avioneta utilizada en el traslado está expuesta en un museo de aviación militar en Nuevo México, donada por la propia FBI, que además la presenta como parte de “una de sus operaciones”. No es una filtración anónima ni una acusación sin sustento, es la misma agencia estadunidense exhibiendo, con orgullo institucional, lo que su embajador negó rotundamente.

Lo relevante aquí no es sólo la contradicción puntual, sino lo que revela sobre un patrón que México conoce de memoria. Desde el siglo XIX, la relación bilateral ha estado marcada por episodios en los que Washington actúa primero y explica –o no– después.

La pérdida de más de la mitad del territorio nacional en 1848 fue el resultado de una guerra de expansión disfrazada de conflicto fronterizo. La ocupación de Veracruz en 1914, ordenada por Woodrow Wilson bajo el pretexto de un incidente diplomático menor, fue en realidad una intervención militar directa para inclinar la balanza de la Revolución Mexicana a favor de los intereses petroleros estadunidenses.

Más cerca en el tiempo, la llamada Operación Cóndor contra el narcotráfico en los años 70 y las posteriores certificaciones unilaterales en los 90 –donde Estados Unidos evaluaba anualmente si México “cooperaba” lo suficiente en la guerra contra las drogas, bajo amenaza de sanciones– consolidaron una lógica: Washington se reservaba el derecho de operar en territorio mexicano, o de juzgar la soberanía mexicana, según le convenía y sin ofrecer explicaciones.

El levantón de Ismael El Mayo Zambada encaja en ese manual con precisión. Zambada, según ha declarado por conducto de su defensa legal, no se entregó voluntariamente. Asegura haber sido engañado, citado a una reunión y trasladado por la fuerza hasta una pista clandestina. Si esa versión se confirma, y si efectivamente la FBI u otra agencia estadunidense operó en suelo mexicano sin conocimiento ni autorización del gobierno de México, no se trataría de un simple malentendido diplomático, sino de una violación a la Constitución mexicana, a la Ley de Seguridad Nacional y a los tratados internacionales que rigen la cooperación entre ambos países.

La dignidad no es un eslogan. Lo que distingue a este momento de otros episodios similares en la historia bilateral es la respuesta. Durante décadas, la postura mexicana ante estos atropellos osciló entre el silencio diplomático y la protesta simbólica sin consecuencias.

Hoy el gobierno mexicano documenta cronológicamente y con fechas precisas cada contradicción, respuesta que no surge de la indignación momentánea, sino de la evidencia acumulada. La solicitud formal de información en julio de 2024, la negativa pública de Salazar en agosto de ese año y la exhibición del avión por parte la FBI en 2026, constituyen una secuencia documental que no puede ni debe ser ignorada.

La captura de El Mayo Zambada desató una ola de violencia en Sinaloa que disparó los homicidios dolosos en su momento más crítico, y aunque las cifras han mejorado sustancialmente, la fractura entre facciones del cártel de Sinaloa sigue cobrando vidas.

Si un embajador aseguró algo que resultó falso, en el marco de una relación bilateral que exige buena fe, la pregunta de la presidenta Sheinbaum no es un exabrupto: es el cuestionamiento mínimo que cualquier país soberano tiene derecho a hacer. La historia de México con su vecino del norte ha estado escrita, con demasiada frecuencia, en el idioma de la excepción.

El que hoy la pregunta, “¿quién miente, o quién mintió?” se formule abiertamente, con nombre y fecha, no es propaganda ni nacionalismo de ocasión. Es la exigencia de que la relación entre ambos países se sostenga sobre hechos verificables.

La confianza y la cooperación no pueden darse cuando hay versiones contradictorias, la relación México-Estados Unidos debe descansar en los hechos, no en el engaño.

Oposición de utilería

 Juan Becerra Acosta

Hay una palabra que la oposición en México pronuncia con devoción casi religiosa: democracia, pero no parece conocer su significado. Los hemos escuchado invocarla en tribuna, estamparla en desplegados, usarla de escudo cuando Morena avanza una reforma, siempre bajo la acusación de que esa misma democracia estaría en riesgo.

Vaya usted a saber qué entienden por democracia; tal vez sus ejemplos sean las elecciones de 1988 o de 2006. ¿Será que de tanto proferir en vano la palabra democracia, el PRI y el PAN adoptaron su significante como significado?

¿Será para ellos democracia el fraude contra Almazán en 1940?, cuando el gobierno declaró la victoria de Manuel Ávila Camacho con el 93 por ciento de los votos tras una jornada electoral marcada por la violencia y el robo de urnas. O la compra masiva de votos con Monex en 2012, o la represión a los henriquistas en 1952, o la “caída del sistema” de 1988, o el fraude de 2006 y con él la ruptura de la confianza en las instituciones democráticas. ¿O simplemente no asumen que la decisión soberana de una mayoría que los convirtió en oposición sea democracia?

Acusan falta de democracia, pero se lamentan porque son los ciudadanos quienes eligen en urnas a los representantes del Poder Judicial. “No tienen la capacidad” dicen, e intentan a como dé lugar boicotear un proceso de participación ciudadana, en lugar de proponer mejoras que le son necesarias.

Las elecciones de 2018 en México canalizaron el descontento social a través del voto masivo que mandató una transición pacífica, misma que –también democráticamente– se reafirmó en 2024 y consolidó la confianza ciudadana en las urnas como el único método legítimo de acceso al poder.

La reforma constitucional de 2019 consolidó la paridad de género obligatoria en los tres poderes del Estado y en los órganos autónomos, lo que abrió el camino para alcanzar, por primera vez, congresos totalmente paritarios y la elección de Claudia Sheinbaum como la primera mujer Presidenta de México.

El PRI arrastra, además de un pasado que nadie quiere resignificar, un problema no sólo electoral, sino existencial: no ha logrado definir qué representa en el México de hoy; parece haber colocado en el olvido selectivo el lugar de donde viene y las atrocidades cometidas; intenta evadir el repudio que produce el escuchar sus siglas, en una respuesta colectiva que ya es un asunto de identidad nacional; finalmente se dirige a su propia antropofagia ante la imposibilidad de encontrar el anhelado hueso que roer, teniendo que devorarse a sí mismo por su voracidad.

Por su parte, el PAN pierde cada vez más coherencia ideológica y no logra conectar con nuevas generaciones mientras desencanta con las viejas, en mucho por haber construido una alianza con el PRI, que diluyó por completo su ideología y coherencia. Sus mecanismos de afiliación exprés y digitales no han funcionado debido, dicen algunos, al bloqueo de liderazgos locales conocidos como “padroneros” que controlan el padrón para imponer candidatos y cuotas de poder.

El partido que se hace llamar joven, el de “la nueva política”, Movimiento Ciudadano, convierte la ambigüedad en estrategia y se ve a sí mismo más como una marca que como una organización política. Entre los tres partidos de oposición, ninguno ofrece lo único que importa: un proyecto de nación. Por ello la encuesta de El País-Enkoll de finales de 2025 muestra una oposición fragmentada, incapaz de disputar prioridades ni imaginar un futuro distinto.

Como el hueso cada vez está más difícil de encontrar en partidos de oposición –a lo que se suma el “cascajo” que ya ni PAN PRI o MC quieren recoger–, hay intentos de construir nuevos partidos, algo que a pesar de lo caro que salen no sería una mala noticia si en verdad se tratara de nuevas opciones.

Lamentablemente están lejos de eso; son las mismas caras de siempre con los mismos intereses de antes pero con un nuevo logo; es decir, una especie de reunión de ex alumnos donde todos se conocen las mañas pero ahora buscan cobrar con otra sigla. Y no es que no tengan convicciones, tienen tantas que les alcanzan para estrenar una diferente en cada periodo electoral. Son tan innovadores que su propuesta de cambio consiste en los mismos personajes que provocaron el problema, pero ahora con una playera de distinto color.

Si alguien opera para asfixiar la democracia en México es la oposición. Su carencia de proyecto no defiende la libertad e impide contrapesos y equilibrios. Se centran en el chantaje político y el rechazo sistemático al tiempo en el que, sin agenda propia, se desconectan de la gente para defender justo aquello que los llevó a la derrota.

“Los de afuera y los de dentro: anatomía de la traición en México”

Juan Becerra Acosta

Las intervenciones extranjeras en México, o acciones para conseguirlas, datan desde la llegada de los españoles en el siglo XVI, cuando la caída de Tenochtitlan se dio como resultado de la alianza entre pueblos prehispánicos con los invasores.

El 13 de agosto de 1521, los españoles acompañados de sus aliados, totonacas, texcocanos y tlaxcaltecas, entre otros, capturaron a Cuauhtémoc, último tlatoani gobernante mexica, quien lideró heroicamente la resistencia contra Hernán Cortés.

Aquella lucha jamás habría sido ganada por los invasores, 800 europeos aproximadamente, si no se hubiesen sumado a ellos 75 mil indígenas enemigos de Tenochtitlan.

Hasta 1836, Texas fue mexicano, su efímera independencia de menos de 10 años para terminar anexada a Estados Unidos tuvo como principales operadores a residentes locales que apoyaron al movimiento separatista, entre ellos Lorenzo de Zavala, político mexicano que se convirtió en el primer vicepresidente de la República de Texas.

Tras la Independencia, Yucatán se unió a México de forma voluntaria bajo un pacto federal que garantizaba su autonomía interna, pero más tarde, en 1841, las élites políticas y militares de la península, encabezadas por Miguel Barbachano, Santiago Méndez y Santiago Imán, se opusieron a la ley que impedía a los estados elegir a sus propios gobernantes y buscaron separarse de México. Ello en medio de la Guerra de Castas.

El entonces gobernador Santiago Méndez solicitó a Estados Unidos su ayuda militar a cambio de la soberanía de la península.

“La raza blanca –la clase civilizada de este Estado– es ahora atacada de manera atroz y bárbara por la raza aborigen que levantada simultáneamente en insurrección, con instinto de ferocidad, nos hace una guerra salvaje y de exterminio”. Escribió Méndez al entonces secretario de Estado estadunidense –y posteriormente presidente de esa nación– James Buchanan.

“Viendo, como ya he declarado con entera franqueza a vuestra excelencia, que Yucatán no tiene más esperanza de salvación que la determinación de una potencia extraña de favorecerlo con su auxilio tan pronto como sea posible”, rogó el gobernador de Yucatán por la intervención de Estados Unidos, país que en ese momento, a través de su presidente James K. Polk decidió dejar “en visto” la petición, debido a que su país estaba demasiado ocupado en su propia guerra de intervención contra México.

Durante aquella ofensiva, entre 1846 y 1848, hubo facciones y regiones que colaboraron en ciudades ocupadas como Veracruz o la Ciudad de México, donde algunos sectores comerciales y políticos cooperaron con las fuerzas invasoras para intentar mantener sus privilegios

El ejemplo más claro para referirse a los vende patrias en México es aquella tristemente celebre “Comisión de Miramar”, grupo de conservadores que, opositores a las leyes liberales de Benito Juárez, viajó a Europa para pedir a Maximiliano de Habsburgo aceptar ser emperador de México.

José María Gutiérrez de Estrada, Juan Nepomuceno Almonte –hijo de Morelos–, Antonio Suárez de Peredo, y Joaquín Velázquez de León, entre otros, convencieron a Maximiliano a aceptar el trono asegurando que el pueblo mexicano deseaba un imperio. El joven Max terminó engañado y fusilado.

En 1913, Victoriano Huerta conspiró con el embajador estadunidense Henry Lane Wilson para derrocar al presidente Francisco I. Madero, facilitando una intervención diplomática y política extranjera. La intervención de Estados Unidos durante la Decena Trágica fue decisiva para el asesinato de Madero y Pino Suárez

Wilson reunió en la sede de la embajada de Estados Unidos a los generales Victoriano Huerta y Félix Díaz, con quienes acordó el derrocamiento de Madero para que Huerta asumiera la presidencia. El embajador utilizó la amenaza de una invasión de tropas estadunidenses para presionar a políticos y militares mexicanos a aceptar el golpe de Estado.

La participación de agentes estadunidenses durante un operativo para desmantelar narcolaboratorios en Chihuahua hace apenas 10 días no es menor. Se llevó a cabo sin el conocimiento ni autorización del gobierno federal en clara violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

El reclamo y exigencia de transparencia sobre estos hechos no es un asunto de guerra sucia ni politiquería, sino de defensa de la soberanía.

La renuncia del fiscal César Jáuregui responde a un acto de autoridad política y moral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Es triunfo suyo y, por lo tanto, de su defensa a la soberanía, sobre todo ante los embates de Donald Trump. Pero el caso no queda ahí, ahora la gobernadora de Chihuahua deberá explicar porqué en su estado se actuó al margen de la Ley de Seguridad Nacional.

“Del sueño americano a la pesadilla Trump”

Juan Becerra Acosta

Al igual que el ocaso necesita de un amanecer para existir, o el declive de un ascenso, la decadencia no lo puede ser sin un pasado con esplendor. Algo viejo e inservible no es decadente si antes no fue joven y de utilidad. Un lugar feo abandonado y triste no es decadente si en el pasado no fue hermoso, concurrido y alegre; sin esto último simplemente es un lugar desolador. La decadencia es el deterioro de aquello que gozó una época de gloria, ejemplo: Estados Unidos, nación víctima de sí misma, que eligió como presidente –por segunda vez– a su enterrador.

Donald Trump no es la causa de la decadencia, sino sólo un síntoma. No era secreto para los electores en 2016, menos en 2024, que el republicano es, al menos, un chivo en cristalería.

Entre 1991 y 2009 sus casinos sufrieron múltiples bancarrotas y crisis financieras, pero el impacto en su fortuna personal no. Las empresas de sus casinos se acogieron a la protección por quiebra en al menos cuatro ocasiones, Trump logró mitigar sus pérdidas personales trasladando deudas a las empresas públicas y cobrando salarios millonarios, pero sus proveedores contratistas y accionistas perdieron gran parte de su dinero, o quebraron.

¿Quién quiebra un casino?, ¿cómo lo logra? Este tipo de negocio cuenta con estructuras diseñadas para que las probabilidades siempre jueguen a su favor a largo plazo, todos los juegos tienen un margen matemático a favor del establecimiento. Pero ,tal vez la pregunta aquí es: ¿Quién vota para presidente por alguien que logró quebrar sus casinos?

El nombre de Donald Trump aparece más de mil veces en los millones de documentos del caso Epstein, detenido el 6 de julio de 2019 por tráfico sexual de menores.

La reacción de la opinión pública fue de indignación y desconfianza hacia las élites, el arresto puso el foco sobre figuras políticas vinculadas a Epstein, los primeros en la lista fueron Donald Trump y Bill Clinton. A pesar de la desconfianza de una mayoría de estadunidenses insatisfechos con el manejo del caso, Donald Trump y el Partido Republicano arrasaron en las elecciones de 2024.

¿Cómo llega Trump a la Casa Blanca por segunda ocasión? Pronunció lo que la gente quiso escuchar. A diferencia de Kamala Harris, quien en campaña evadió todos los problemas ocurridos durante su administración como vicepresidenta, Trump nombró una por una las exigencias de los ciudadanos. Simplemente las mencionó, no dijo cómo iba a resolverlas, pero prometió hacerlo.

Aprovechó la pérdida de confianza en las instituciones tradicionales para vociferar discursos populistas que cuestionaron las reglas del juego democrático, lo hizo con las palabras que las mayorías querían escuchar. No creó ninguna división, aprovechó la ya existente para profundizarla, utilizó a su favor décadas de fractura social.

Estados Unidos (que bien haría alguien en ponerle un nombre de verdad) fue un país admirado, envidado y hasta emulado, que hoy rompe con sus propias reglas para intentar mantener un control social. Lejos están las políticas trumpianas del discurso demócrata liberal y de derechos humanos que presumía una nación que se adjudicó el nombre de “tierra de las libertades”, pero que realiza cacerías humanas con la intención de eliminar a grupos considerados enemigos, o incluso inferiores, de la misma manera en la que el nazismo de Hitler llevó a cabo la persecución sistemática, captura y exterminio de millones de personas.

Países como China y Rusia, junto con el bloque de los BRIC, buscan alternativas para desvincularse del dólar estadunidense, lo que amenaza el control financiero global de Washington.

China, India y Brasil vendieron más de 180 mil millones de dólares en bonos del Tesoro estadunidense entre octubre de 2024 y octubre de 2025, lo que aceleró el uso de alternativas al dólar en el comercio y reservas, por lo tanto debilitó el dominio financiero estadunidense y su capacidad de ejercer sanciones económicas.

Donald Trump sin empacho o eufemismo interviene naciones y crea guerras cuyo rechazo –no sólo en el resto del mundo sino en su propio país– lo han llevado a cifras récord de impopularidad; la mayoría de los estadunidenses repudia el envío de tropas a Medio Oriente, y cada vez más militares se oponen a pelear una guerra a la que acusan de no ser suya sino del gobierno de Israel.

Al tiempo en el que millones de personas se manifiestan contra Trump en Estados Unidos y fuera de sus fronteras, miembros de la OTAN se deslindan y reprueban su belicismo, o el papa León XIV es víctima de sus insultos, y cristianos y católicos, de chistes blasfemos desde la Casa Blanca. Mientras Trump, como la leyenda de Nerón, toca un arpa y el imperio en decadencia arde con las llamas que encendió un pueblo al votar por él.

Del discurso a la bala: el doble rasero de Trump ante el tráfico de armas

Juan Becerra Acosta

El 24 de marzo, un adolescente asesinó a tiros a dos maestras en una escuela preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un rifle de asalto AR-15, que –me confirmó ese mismo día en entrevista el fiscal del estado, Carlos Torres Piña– fue ingresado de manera ilegal de Estados Unidos.

Al menos entre 77 y 78 por ciento de las armas aseguradas en México, desde que comenzó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, provienen de Estados Unidos.

De 2012 a la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional ha decomisado más de 137 mil cartuchos calibre .50; de ellos 47 por ciento proviene de la fábrica Lake City Army Ammunition Plant, proveedora de las fuerzas armadas estadunidenses, que se comercializan en armerías del sur de Estados Unidos.

El tráfico de armas de Estados Unidos a México ha evolucionado con la era digital hacia las plataformas digitales, entre ellas WhatsApp y Facebook, entornos en los que mediante grupos privados, que operan como distribuidores clandestinos de armamento, se comercializan armas de distintos tipos, desde los calibres pequeños hasta los rifles de asalto.

Estados Unidos es el único país del mundo que tiene más armas de fuego que habitantes, de acuerdo con Gun Violence Archive, organización que mantiene una base de datos pública sobre incidentes relacionados con violencia armada en el territorio de nuestro vecino país del norte, nación con un promedio de aproximadamente 120 armas por cada 100 residentes, es decir, 1.2 armas por persona, con lo que se estima que los civiles en Estados Unidos poseen 390 millones de armas, más de 45 por ciento del arsenal civil en el planeta.

Elizabeth Warren y Gregory Meeks, legisladores demócratas, enviaron el domingo pasado una carta al subsecretario de Comercio, Jeffrey Kessler, para exigir un informe exhaustivo de las licencias de exportación de armas de fuego semiautomáticas aprobadas desde enero de 2025, solicitud de información que incluye la lista de compradores de rifles semiautomáticos, pistolas, escopetas y accesorios relacionados.

Además, exige a la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio que informe sobre el número de licencias aprobadas, los países receptores de las exportaciones, los tipos de compradores autorizados a recibirlas y los detalles de cualquier medida de control para evitar el desvío a mercados ilegales.

Para justificar la solicitud de información, los legisladores presentaron datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que muestran que las exportaciones legales de armas de fuego de Estados Unidos representan casi 20 por ciento de las armas usadas en delitos en Centroamérica, y más de 37 por ciento fuera de Norteamérica.

Estamos hablando exclusivamente de las exportaciones legales, lo que representa una cifra considerablemente inferior a la de los delitos cometidos con armas ilegales procedentes de Estados Unidos.

Donald Trump intensifica la presión sobre México para combatir el tráfico de drogas, pero no realiza acciones dentro de su territorio para detener el flujo de armas a México a pesar de que el armamento ilegal de su país es un factor clave para la operación de los grupos delincuenciales que asegura combatir.

El destino final de la droga es Estados Unidos, ahí está el principal consumo y con ello el grave problema de salud pública.

Es donde se lleva a cabo la última transacción cuyo valor económico se multiplica mientras más al norte se lleve a cabo.

Es en el país gobernado por Trump donde el dinero del narcotráfico se blanquea, lo que requiere la participación de organizaciones financieras cuya operación es cada vez más sofisticada.

Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo se han decomisado en México más de 300 toneladas de narcóticos; 40 mil personas han sido detenidas por delitos de alto impacto; alrededor de 30 mil armas fueron confiscadas y más de mil 800 narcolaboratorios desmantelados.

Mientras, desde Estados Unidos, donde se encuentra el mercado interno masivo y constante de droga, se continúa enviando de manera ilegal a México la fuerza letal que permite al crimen organizado operar con mayor poder de fuego y extender sus actividades criminales más allá del narcotráfico; como sucedió con el asesinato de dos maestras en Michoacán con un rifle de alto poder que entró ilegalmente desde Estados Unidos y terminó en las manos de un joven que, antes de ser victimario, fue víctima del olvido histórico de gobiernos, modelos económicos que convirtieron derechos en privilegios y de una sociedad detonante de trastornos mentales.

Plan B; entre resistencia partidista y mandato ciudadano

Juan Becerra Acosta

La herramienta que históricamente ha permitido afinar la democracia está en las reformas electorales. Gracias a ellas, el sistema de representación no es obsoleto. Permiten que las reglas de los procesos democráticos se transformen junto con la sociedad, llevan las demandas ciudadanas a las instituciones, garantizan que los votos cuenten y que los resultados de las elecciones sean reflejo de la voluntad popular.

En 1953 se oficializó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas mediante una reforma en materia electoral; otra, en 1977, introdujo la figura de los legisladores de representación proporcional con la intención de dar voz a las minorías en el Congreso; una más, en 1996, convirtió al IFE en un organismo independiente del Poder Ejecutivo, con lo que el titular de la secretaría de Gobernación dejó de presidir al instituto encargado de llevar a cabo los procesos electorales.

A partir de 2018, comenzó en México el proceso de transformación de la vida pública del país que puso fin a un modelo nocivo el cual, en lugar del interés colectivo, buscó el individual –el modelo neoliberal–, y se puso en marcha un nuevo modelo económico enfocado en el bienestar.

Sustituyó las políticas privatizadoras con el “humanismo mexicano”, cuyo objetivo es priorizar el bienestar social, alcanzar la soberanía energética, impulsar el aumento al salario mínimo y fortalecer el gasto social. Se inició además una política de austeridad que eliminó privilegios de altos funcionarios. Se impulsaron iniciativas para revertir reformas del periodo neoliberal, entre ellas la educativa y la energética, con lo que se atendió el compromiso devolver a la Constitución su carácter social.

Se rompieron mitos y falacias, como aquella “teoría del derrame” que, cargada de cinismo, aseguró que los beneficios económicos otorgados a las clases altas y a las grandes empresas –entre ellos las reducciones de impuestos o la desregulación– se filtrarían al resto de la sociedad, cuando lo único que logró fue incrementar la brecha de desigualdad al incrementar los ingresos de los poderosos, mientras los de los trabajadores se estancaron.

El actual proceso de transformación en México es democrático; llega por mandato popular expresado en las urnas ante un proyecto de nación construido por la ciudadanía. Este mandato incluye un necesario ajuste a las reglas democráticas para que los procesos electorales, la representación, y las herramientas de participación ciudadana se sumen, como ya sucedió con el Poder Judicial, a los tiempos actuales y sean acordes a la transformación que vive el país.

México no puede seguir sosteniendo modelos para que, gracias al financiamiento público, partidos políticos se conviertan en negocios disfrazados de organizaciones sociales, lo que los lleva –en el intento de supervivencia– a buscar alianzas que les permitan mantener su registro, y con ello financiamiento, no para representar los intereses ciudadanos sino los propios.

Tampoco monedas de cambio políticas, como la conformación de las listas de legisladores plurinominales, con las que se premian lealtades y se acota el voto al interés del partido y no del ciudadano, o se otorgan curules a quienes con el voto directo no las hubiesen obtenido ni en sueños, como es el caso de Alejandro Moreno, Sergio Mayer o Lilly Téllez.

Ello, y más cambios para perfeccionar la construcción de un sistema electoral dinámico con la sociedad y los tiempos, fue enviado al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien cumplió con el compromiso que adquirió para llevar la voluntad ciudadana de una reforma en materia electoral. Los votos en contra de la reforma que impidieron la evolución del sistema electoral para que sea acorde con las exigencias actuales de la ciudadanía, son muestra inequívoca de la necesidad de realizar cambios que abolan privilegios y gastos innecesarios, eviten que dirigentes partidistas se obsequien curules y escaños, y eliminen a legisladores que no hacen campaña.

Una vez más, la presidenta Sheinbaum envía al Congreso, ahora al Senado, una iniciativa de reforma en materia electoral, ahora a leyes secundarias, para reducir privilegios, poner topes presupuestales, disminuir exceso de regidores, fortalecer mecanismos de participación ciudadana, y generar ahorros para que municipios y estados –no la federación–, puedan aprovechar esos recursos en necesidades prioritarias de las comunidades.

Paso estratégico de la presidenta Sheinbaum, el plan B, para cumplir con su compromiso y conducir al sistema electoral a una necesaria transformación que responda a la actualidad del país y a la voluntad popular que la impulsa.

Bulo desestabilizador

Juan Becerra Acosta

Ninguna estrategia de comunicación funciona si no apela a por lo menos una emoción o sentimiento; por ello, cuando se manipula a la persona por medio de la culpa, su resultado suele ser el efectivo sometimiento de la voluntad de la víctima, algo de lo que ella no se entera.

La extrema derecha no sólo conoce la estrategia, la aplica desde hace al menos 2 mil años mediante la misma herramienta con que logró el sometimiento de los antiguos mexicanos después de la llegada de los cristianos españoles: la evangelización, instrumento de conquista con que se controló la conducta gracias al miedo a la condena eterna y a la permanente búsqueda por redimirse de la propia naturaleza ante lo divino.

Así como sucedió durante el periodo llamado de la Conquista, hoy el miedo continúa siendo, junto con el odio, herramienta para manipular conciencias y con ello provocar conductas como la violencia. Sembrar la percepción de pérdida de libertad puede generar síntomas patológicos adversos como enojo, tristeza o miedo, y en casos severos dificultad para pensar con claridad, alteraciones de la memoria, conductas agresivas e incluso desarrollo de creencias anormales.

Las narrativas que plantean panoramas desastrosos en México se arraigan en grupos de personas que padecen miedos construidos en prejuicios, muchos heredados de generación en generación que se valen de elementos de identificación como el color de piel o la posición socioeconómica. Lo que sea identificado como distinto es aprovechado por quienes buscan confrontar como elemento potencialmente peligroso para valerse de una percepción construida por medio de elementos de comunicación que intenta establecerse, aunque sea falsa o al menos inexacta, como realidad.

A ello se suman elementos pretenciosos dictados por una sociedad de consumo que impone como elemento de trascendencia lo que se pueda comprar. Mientras más caro y ostentoso sea el auto, el reloj o el teléfono celular, mayor es la apariencia de logro en su tenedor y, en demasiados casos también, la insatisfacción de aquellos a quienes se les implanta la idea de que la dignidad proviene de un poder adquisitivo sin importar que para alcanzarlo se traicionen principios.

El pelear en contra de nuestra naturaleza con el afán de trascenderla termina, de manera irremediable, sometiéndonos a ella con consecuencias terribles; de ahí la doble moral de quienes predican con una mano mientras con la otra pecan, los mismos que se victimizan al mismo tiempo en que son victimarios y que con un falso discurso patriota parecen desear que a México le vaya mal.

La noticia falsa es síntoma de un propósito que va más allá de engañar por engañar: busca dañar a una persona o a una causa. Mientras más creíble, más letal es la mentira; por ello se construye una operación por demás sofisticada para intentar dar credibilidad a un hecho, no importa qué tan inverosímil sea.

Es más sencillo estar rodeados de mentiras que nos gustaría creer que de verdades que no queremos escuchar; por ello, si el contenido de la mentira beneficia a los intereses de quien la lee, es altamente probable que la dé por buena. Son muchos quienes se quedan con la noticia falsa, una que conviene a los intereses de unos pocos, lo que se logra debido a la infodemia y la manipulación de consciencias que ocasiona el apelar a las filias y fobias que, como el fanatismo, nublan la razón.

Grupos de interés y la “opinología ilustrada” o los “siempre abajo firmantes” tienen un objetivo que los une: debilitar al actual gobierno. Para ello utilizan tácticas de desestabilización cuyo blanco principal es una población a la que buscan manipular mediante la desinformación, arma para intentar dar un golpe blando que ha encontrado eco en organizaciones ultraderechistas cuyo principal promotor es Donald Trump, y se sienten amenazadas por los logros del gobierno de México, lo que ha convertido a nuestro país en ejemplo de las izquierdas, no sólo en América Latina, sino en el mundo.

Esta estrategia desestabilizadora, de manual de guerra silenciosa, utiliza en su operación un hecho violento sucedido en alguna población de México para replicarlo bajo el discurso de que el suceso representa la totalidad del territorio. ¿El daño al gobierno de la presidenta Sheinbaum?

Más allá del discurso agorero, la Estrategia Nacional de Seguridad ha logrado mediante la coordinación con gobiernos estatales y municipios, incluidos los gobernados por la oposición, una disminución considerable en la comisión de delitos bajo el reconocimiento de que aún hay un largo camino que recorrer.

El gobierno actual goza de amplia aceptación y popularidad en la población, por lo que a diferencia de lo sucedido en otros países de la región ante acciones desestabilizadoras, es difícil que intenciones injerencistas, aun con participación de grupos opositores mexicanos, tengan el impacto que buscan. 

Patria con A

Juan Becerra Acosta

Se cumplieron 215 años del inicio del movimiento que culminó con la Independencia de México y 215 años tuvieron que pasar para que el grito conmemorativo de esta lucha fuera dado por una mujer.

Por decisión soberana del pueblo la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum, gritó desde el balcón central de Palacio Nacional un ¡Viva México! que nos une sin importar dónde estemos. Al momento en el que se entona, todas y todos nos trasladamos al Zócalo de la Ciudad de México, y de nuestras memorias surgen las imágenes que nos remiten a nuestra propia interpretación del amor a la patria.

Con ese grito llegaron todas, y todos. “Cada mujer de México, desde las niñas hasta las adultas somos presidentas de los Estados Unidos Mexicanos”, recalcó Claudia Sheinbaum el pasado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, al presentar 10 acciones para reivindicar la memoria histórica y los derechos de las mujeres mexicanas.

Desde el establecimiento de efemérides, la construcción de programas de apoyo, la redacción y entrega de cartillas de derechos –tanto a mujeres como a hombres–, así como la construcción de centros de cuidado infantil. El reconocimiento a mujeres indígenas y afroamericanas, el reconocimiento de derechos agrarios, hasta la entrega de programas sociales, son parte de las acciones que fueron encomendadas a la primera Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, con la convicción de que en México las mujeres, de ayer hoy y mañana, no pueden ser borradas.

Por primera ocasión, desde que AMLO instauró la guardia de honor a un prócer de la patria minutos previos al Grito de Independencia, se rindió una guardia de honor a una de las tantas mujeres que han luchado por la independencia, libertad y soberanía de México, a Leona Vicario, “Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria”, que no sólo financió la lucha independentista, sino que participó activamente en ella realizando distintas labores, como la de informante o enlace logístico. Leona Vicario entregó su vida, y hasta su libertad, por la independencia de México.

La guardia de honor a Leona Vicario, la escolta de cadetes mujeres del H. Colegio Militar, la arenga de la presidenta Sheinbaum en la que además de mencionar a Leona Vicario, a Josefa Ortiz Téllez-Girón por su nombre auténtico y no –como si de una pertenencia se tratara– con la imposición del apellido de su esposo, a Gertrudis Bocanegra y a Manuela Molina, La Capitana, incluyó a las heroínas anónimas, a las mujeres indígenas y a las migrantes. Gestos que van más allá de lo simbólico.

El 215 Grito de Independencia resarce una deuda histórica y con ello se repara un daño con el que se le arrebató la dignidad a millones de mujeres. El primer Grito de Independencia de la presidenta Sheinbaum dignifica a través de la justicia, la lucha, el trabajo y las aportaciones que las mexicanas –tanto las recordadas como las anónimas– han hecho a lo largo de los siglos. No puede haber soberanía mientras no exista dignidad.

Los gestos mostrados durante el Grito de Independencia pasado van más allá de lo simbólico y colocan a las mujeres en el lugar que les corresponde por méritos propios y que jamás debió arrebatárseles. Fueron tratadas por los hombres que escribieron la historia con desdén. Les despojaron su lugar de protagonistas de las gestas de nuestro pueblo y las colocaron como anécdotas en un mundo que enalteció lo masculino al tiempo en el que atropellaba a las mujeres.

El grito de Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional abre el armario donde durante siglos se escondió, con la llave del silencio y la complicidad, la deuda histórica que existe con las mujeres. Se les ponen nombres, cuerpo y voz a las millones de mujeres que fueron borradas de la historia. Se les localiza en territorio y con ello visibiliza la ruta a seguir para identificar y erradicar los orígenes de las violencias que, cuando son contra las mujeres, tienen su última expresión en el feminicidio, el último recurso del macho para reafirmar lo que identifica como su “masculinidad”.

La otra gentrificación, el Centro Histórico de la CDMX

Juan Becerra Acosta

La gentrificación en la Ciudad de México nos remite principalmente a las colonias Condesa y Roma, lugares de moda cuyas viviendas y comercios registran un aumento de habitantes y transeúntes provenientes de otras zonas de alto nivel adquisitivo, muchos de ellos extranjeros que, en respuesta a la oferta y demanda de espacios, pagan altas rentas y costosos productos, fenómeno que encarece la vida y obliga a familias asentadas durante décadas en estas colonias a desplazarse debido, principalmente, a los altos e inalcanzables costos de la vida.

Si bien el fenómeno de la gentrificación no es nuevo, durante los últimos años se ha visto acelerado debido a nuevos modelos laborales, por ejemplo el que adoptan los llamados nómadas digitales, personas cuya labor profesional no requiere de su presencia física en el lugar en el que se ubica la empresa en la que laboran, por lo que cuentan con la posibilidad de asentarse prácticamente donde les plazca, siempre y cuando cuenten con conexión a Internet.

México, por donde se vea, es un paraíso para ciudadanos de otras naciones que encuentran en la nuestra no sólo condiciones climáticas mucho más favorables que en Chicago, Denver, Berlín o Vancouver, sino también costos considerablemente menores a los que tendrían que pagar en sus lugares de origen.

Con el sueldo que percibe en Estados Unidos un gestor de comunidades en Internet, o community manager, como se les dice pochamente, difícilmente podría tener el mismo nivel de vida en Nueva York que en México. Aquí le alcanza para lo que allá no, incluyendo un mayor espacio de vivienda, la posibilidad de comer con mayor frecuencia en restaurantes y brindar en bares y centros nocturnos, o escaparse a algún destino de fin de semana. Lujos que en otros países no podría costear.

Los modelos de renta de vivienda por aplicación sin un término de tiempo forzoso entre arrendador e inquilino, la alta demanda de los mismos y con ello el encarecimiento de la vida, ha desplazado a habitantes de varias colonias. Quienes rentaban no cuentan hoy con los recursos para pagar el incremento del costo de la renta. Los dueños de departamentos o vecindades no pudieron resistir las ofertas de desarrolladores de espacios que remodelaron para rentar a través de aplicaciones como Airbnb, y se han visto desplazados.

Pero lo que sucede en las colonias Roma y Condesa es tan sólo una pequeña parte de la gentrificación en la Ciudad de México. En el Centro Histórico se padece, desde hace años, una gentrificación comercial que ha desplazado a miles de comerciantes que dejaron sus negocios ante la proliferación de locales administrados principalmente por grandes capitales provenientes de Asia.

Antiguos cafés, zapaterías, tiendas de bordados y sastrerías, dulcerías, talabarterías y cafés han sido más que desplazados aniquilados por grandes bodegas que almacenan productos chinos, muchos de ellos contrabando, que inundan las calles a precios bajos con los que los productos nacionales no pueden competir, y que al venderse de manera informal representan una competencia desleal a los comercios que operan de manera formal.

El dinero que la venta de estos productos genera no se reinvierte en México. Buena parte de las ganancias no pagan impuestos y se envían a Asia. Un alto porcentaje de los trabajadores encargados de almacenar o vender los productos que llegan por millones a nuestro país trabajan sin seguridad y al margen de derechos laborales, no cuentan con prestaciones de ley, y laboran en condiciones precarias.

Más allá de satanizar a personas u organizaciones que llegan a nuestra ciudad a cambiar el modelo urbano a través del desequilibrio que sus operaciones económicas causan en nuestras colonias, la responsabilidad para atender el fenómeno se encuentra en las autoridades que deben, por un lado aprovechar las ventajas económicas que la gentrificación puede generar a favor de la ciudad y adoptar políticas redistributivas que beneficien a los vecinos y al propio gobierno, y poner en marcha programas sociales que impulsen actividades que eviten la especulación inmobiliaria y el desarrollo económico descontrolado que erosiona al tejido social urbano.

La gentrificación no es un extranjero que desayuna en una terraza mientras trabaja en su dispositivo móvil, ni solamente un fenómeno que impacta a la vivienda, sino también al comercio. Sólo el ordenamiento y las políticas sociales pueden mitigar sus devastadoras consecuencias, y aprovechar para el bien común la derrama económica que genera.

Corrupción moral, manual de la mezquindad

Juan Becerra Acosta

Aprovechar el dolor es vileza. Lucrar con el sufrimiento representa, en cualquier contexto, un acto miserable y mezquino. En política refleja la bajeza de quienes distraen la atención ciudadana al interés particular valiéndose de la tragedia para con ella intentar, como buitres, alimentarse con la sangre de las víctimas.

Capitalizar desastres y tragedias ha formado parte de una añeja estrategia utilizada por grupos políticos que comparten, además de lejanía con las mayorías, el aprovechar eventos trágicos para influir en la opinión pública y beneficiarse de ello. Acudir a la mentira y repartir culpas donde no necesariamente las hay forma parte del manual con que se lucra con emociones como el dolor, la tristeza, la indignación y el miedo. Este último importantísimo para intereses que nunca son la justicia ni la solidaridad, sino causar daño a los rivales sin importar el derecho de las víctimas.

El sábado pasado el buque escuela velero Cuauhtémoc de la Armada de México, que desde 1982 instruye a cadetes –mujeres y hombres– que se convertirán en oficiales, y que surca los mares para llevar al mundo el mensaje de paz y buena voluntad de México, sufrió un accidente en el que la cadete América Yamilet Sánchez y el marino Adal Jair Marcos murieron, y 22 tripulantes resultaron lesionados.

Durante la maniobra de zarpe del puerto de Nueva York el buque colisionó con el puente de Brooklyn. Triste accidente que a los pocos minutos de haber sucedido ya era tendencia en redes sociales donde fueron transmitidos videos de la desgracia, y nota principal en medios de comunicación de México y el mundo.

Tan rápida como la viralización de las imágenes fue la lamentable respuesta de varios opinólogos y voceros de la oposición en México quienes se burlaron del accidente, culparon sin conocer a los marinos, a los cadetes, a la Armada de México, a la estrategia Nacional de Seguridad, a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Cuarta Transformación en general y, de paso, a la elección del Poder Judicial.

En tono de burla compararon la tragedia con una elección democrática a la que se oponen, a pesar de que nada tiene que ver el accidente con la elección del Poder Judicial en México, y ambos eventos no se relacionan; pasaron –como siempre en segundos– de ser especialistas en epidemiología, infraestructura aeroportuaria, ingeniería ferroviaria, conflictos en Medio Oriente, geopolítica en los Balcanes y aranceles, a ser expertos en navegación marítima con especialidad en maniobras de zarpe.

Para ser especialistas les faltó el conocimiento, elemental, sobre las maniobras de zarpe en Nueva York y cualquier otro puerto del mundo donde la regulación local determina el protocolo para que toda embarcación deje puerto. En el caso de Nueva York, por tanto, del buque Cuauhtémoc el pasado sábado 17 de mayo, es un piloto de puerto quien se encarga de la maniobra.

Sus burlas, falsedades, acusaciones y pontificaciones agoreras los retratan cuales son, y quedaron como tales, pero el daño ahí está, como siempre, cimentado en conductas ajenas a lo que la oposición debe ser, no sólo en México, sino en cualquier otro país. Un contrapeso serio que abone a la vida política y no un aparato de corrupción, porque aprovecharse de la tragedia es eso, corrupción.

Y siguen…

Con la misma saña de quienes fueron al lugar del accidente en el Metro de la Ciudad de México en Tláhuac en 2021 –y que siguen intentando utilizar aquella tragedia con fines politiqueros–, ayer esparcieron, una vez más, su veneno agorero gestado desde la desinformación y el oportunismo y alimentado por la intención de propagar miedo, enojo o tristeza, tras el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de Clara Brugada, y de José Muñoz, asesor de la jefa de Gobierno de la capital.

Utilizaron la tragedia, se aprovecharon de las víctimas, lucraron con el dolor de sus seres cercanos, buscaron beneficiarse con la indignación ciudadana, y no aportaron, abonaron, sugirieron ni ofrecieron nada que pueda aprovecharse para que exista justicia.

El papel de una oposición responsable es fundamental en el ejercicio democrático, debe ser una fuerza de equilibrio que abone al desarrollo, para ello debe presentar alternativas. Quien lucha por el país desde la oposición está obligado a reconocer que la derrota sufrida en elecciones anteriores, esa que precisamente la hizo oposición, es voluntad popular y respuesta a muchas cosas, entre ellas, el oportunismo político de quienes se valen de la tragedia y el dolor para, con ello, intentar esconder la ausencia de proyecto, por tanto, de vocación de servicio.

Sidral por cerveza y cerveza por sidral

Juan Becerra Acosta

En 1994, tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el dinosaurio eligió a quien lo sucedió en la candidatura priísta a la Presidencia de la República: Ernesto Zedillo, coordinador de campaña de Colosio que, a pesar de serlo, no lo acompañó a Tijuana aquel 23 de marzo a la gira en la que murió como resultado de un crimen que, a 31 años de haber sido cometido, no se ha aclarado y cuyo único beneficiario fue… Zedillo.

Lo impuso como candidato el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, en una jugada torpe no sólo la para la nación, también para él mismo, pues una vez que Zedillo rindió protesta encarceló a su hermano Raúl, y el ex presidente tuvo que exiliarse en Irlanda.

Quien operó de manera quirúrgica para, primero imponer a Zedillo como coordinador de campaña de Colosio, y luego al funcionario más gris del salinato como candidato a la Presidencia, fue José Córdoba Montoya, el Fouché de Salinas, principal operador del entonces presidente y enlace con empresas extranjeras a las que se les vendió bienes de la nación. También con gobiernos de otras naciones que veían en Córdoba –francés de nacimiento– un aliado. Córdoba es un hombre al que Zedillo le tenía profunda admiración.

Zedillo no era santo de la devoción de Colosio, quien, disciplinado, no protestó ante la imposición de tenerlo como coordinador de campaña, pero sí instruyó al equipo cercano a hacerle la vida de cuadritos. En las juntas, sus aportaciones eran cuestionadas hasta la burla y el reclamo. Le llovieron apodos, le decían El Duende Bubulín por su parecido con el cantante de música infantil. Los colosistas le aplicaron la llamada ley del hielo y la atención que de ellos Zedillo lograba atraer era exclusivamente como sujeto de mofa, como sucedió en un acto de campaña en un parque de la Ciudad de México al que llegó con pantaloncillos de ciclista.

Durante la campaña, Zedillo visitó un mercado en la Ciudad de México, el día fue caluroso por lo que un locatario le ofreció una cerveza fría. El candidato la aceptó, pero pidió que no se la dieran en la botella sino en un vaso para que en lugar de alcohol pareciera que bebía sidral. A partir de entonces él y su gobierno dieron cerveza por sidral, y sidral por cerveza, algo que fue percibido desde antes de la elección por el candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, quien lo señaló durante el primer debate entre candidatos a la Presidencia de México en el que participó también Diego Fernández de Cevallos, del PAN.

Al rendir protesta, Zedillo prometió que su gobierno negociaría con el EZLN y que no habría represión ni violencia en contra suya, ni contra de disidentes o inconformes. Dos meses y medio después en un mensaje por televisión, informó la movilización de tropas y de la Procuraduría General de la República contra el EZLN. Sidral por cerveza. Su sexenio se mancó de sangre por matanzas cono las de Acteal, Aguas Blancas y El Charco.

Así como durante su sexenio pretendió dar cerveza por sidral, hoy acusa a la presidenta Claudia Sheinbaum de atentar contra la democracia debido a la elección popular y democrática del Poder Judicial, con la que los mexicanos decidiremos quiénes serán los representantes del único de los tres Poderes de la Unión cuyos integrantes no son, hasta ahora, electos por el pueblo.

Más cerveza por sidral: no se debe olvidar que el 1º de enero de 1995, mediante la figura de jubilación inmediata, separó del cargo a los 26 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni que durante un mes el máximo tribunal de justicia estuvo detenido; tampoco que cocinó una reforma que en 25 días disminuyó a 11 la cantidad de ministros, todos a modo, en un acto de oportunismo para operar con absoluta libertad sus reformas sexenales.

Durante la campaña, Zedillo utilizó el lema Bienestar para tu familia. A 31 años sigue la duda: ¿la familia de quién? Seguramente la suya y la de sus amigos, porque para el pueblo no hubo bienestar, al contrario.

Consolidó el modelo neoliberal y con ello incrementó la desigualdad. Sometió la soberanía económica a intereses extranjeros. Generó una devaluación de casi 300 por ciento del peso frente al dólar, alta inflación, provocó escasez de capital de los bancos apenas privatizados en 1992, a los que tuvo que rescatar con la conversión de una deuda privada en pública, el Fobaproa.

Se debían originalmente 687 mil millones de pesos; hoy los mexicanos hemos pagado 2 billones en intereses, y se deben 1.1 billones de pesos, es decir, 685 mil millones más de lo que se debía originalmente.

Sidral por cerveza y cerveza por sidral.

Del fusil a la pantalla: el intervencionismo que no cesa

Juan Becerra Acosta

Voraz, agresivo, beligerante, como una infección, Estados Unidos (EU) busca –desde hace más de 200 años– dominar a otras naciones. Para lograrlo acude a acciones militares, económicas o políticas. Apoya movimientos disidentes para que hagan el trabajo sucio que obligue a EU a intervenir naciones para brindar ayuda humanitaria, eufemismo para justificar una invasión. Inventan, por ejemplo, la supuesta presencia de armas químicas para desatar un conflicto bélico, como sucedió en Irak en 2003, país al que invadieron a pesar de que no contaron con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, presidido entonces por el embajador de México ante el organismo, Adolfo Aguilar Zínser.

Desde 1776 EU ha participado en al menos 120 guerras. Su avidez expansionista le ha llevado a perfeccionar prácticas manipuladoras para hacerse de territorios codiciados. Recordemos el apoyo que brindó a Texas cuando en 1832 anunció su intención de separarse de Coahuila, por lo tanto de México, y la reconoció como nación independiente para luego intervenir en México, anexar a Texas como un estado suyo y, finalmente, adueñarse de más de la mitad del territorio mexicano.

Entonces malos mexicanos, traidores a la patria sedientos de poder, apoyaron al ejército invasor en quien vieron un instrumento para alcanzar el objeto de su ambición. El presidente José Joaquín de Herrera envió tropas para defender Texas, y con ellas una retaguardia confiada a Mariano Paredes y Arrillaga en San Luis Potosí, quien no sólo desobedeció, sino que regresó a la capital para atacar al presidente. Tras la anexión de Texas a EU, Paredes fue nombrado, a inicios de 1846, presidente de México por una junta de notables que él nombró.

Sin dejar a un lado el fusil, EU ha encontrado herramientas para combatir sus guerras, muchas silenciosas, con las que desestabiliza territorios para crear escenarios de caos que le abren las puertas para intervenir de manera directa o indirecta. Como sucedió en noviembre de 2019 en Bolivia, donde se concretó un golpe de Estado orquestado y financiado por EU contra el gobierno legítimo de Evo Morales. Evo se asiló en la embajada de México, país al que viajó salvando con ello la vida, mientras Jeanine Áñez se proclamó presidenta para, en el lapso de un año, destruir la mayor parte de los alcances socioeconómicos de los gobiernos del Movimiento al Socialismo, lo que no hubiese sucedido de no haber existido colusión entre bolivianos opositores al gobierno de Morales y las garras expansionistas estadunidenses.

Ahora Washington, que como nunca enaltece de manera frontal el discurso del odio y del racismo, transmitió espots en canales de televisión abierta mexicanos, en horario estelar, con un mensaje discriminatorio que, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, atenta contra la dignidad humana. Muestra a oficiales de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas esposar a personas, a grupos de adultos y niños que cruzan un río, mientras se escucha a la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, decir: Si estás considerando entrar a Estados Unidos ilegalmente, ni siquiera lo pienses. Si vienes a nuestro país y rompes nuestras leyes te perseguiremos. Si intentas ingresar ilegalmente serás atrapado, serás expulsado y nunca volverás.

Los concesionarios y permisionarios de radiodifusión y televisión en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, ni permitir que los medios de comunicaciones que operan en su concesión sean utilizados para fines que pueden influir en los asuntos internos del país, señalaba un artículo incluido en la Ley Federal de Telecomunicaciones, abrogada por decreto el 14 de julio de 2014, que hoy busca ser rescatado a iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Poder Ejecutivo envió al Legislativo la iniciativa para recuperar esa ley y con ello garantizar que ningún gobierno extranjero, o ninguna entidad de ningún gobierno extranjero, pueda difundir propaganda.

Se espera que sea aprobada por unanimidad. Que la indignación expresada por la oposición ante la transmisión del espot no quede sólo en ello, sino también reflejada en el tablero de votación, lo que implicaría que, a diferencia de la Comisión de Miramar o del mismo Mariano Paredes y Arrillaga que operó a favor del ejército invasor estadunidense, se antepongan los intereses soberanos sobre cualquier otro.