11/01/2026

México: desaparición forzada ante la ONU

Magdalena Gómez

Los últimos seis meses se presentó y se mantiene un diferendo del gobierno de México con el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que preside Juan Pablo Albán Alencastro, el cual el mes de abril definió que el caso de México en materia de desaparición forzada amerita la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas para señalar que las desapariciones en México se encaminan a crímenes de lesa humanidad, por lo que debe presentarse en la Asamblea General de la ONU.

El gobierno rechazó tal interpretación y ambas partes mantuvieron sus posturas en la reunión de la tercera Comisión de la ONU realizada en Nueva York el pasado 20 de octubre, organizado en el contexto de la 81 Asamblea General (ONU).

Recordemos que en marzo pasado el gobierno federal presentó un informe exhaustivo acerca de la crisis de desaparición forzada o perpetrada por particulares en el país, las políticas puestas en marcha para abordarla y los avances obtenidos en 18 meses de la actual administración. Se dio a conocer la revisión y actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el cual los 130 mil 178 reportes levantados desde 2006 que no han dado pie a una localización se clasificaron en tres categorías: 36 por ciento (46 mil 742) no tienen datos suficientes para emprender un rastreo; 31 por ciento (40 mil 308) cuentan con referencias para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición, y 33 por ciento (43 mil 128) engloban reportes en que se dispone de datos idóneos para la búsqueda y no se detectan actividades que dejen un rastro documental posterior a la fecha de desaparición.

Son los tres escenarios que llevaron al gobierno federal al anuncio reciente de que se han localizado a 16 mil personas, (sin mayor explicación precisa), lo cual fue parte de la intervención del subsecretario Arturo Medina en la citada reunión de la Tercera Comisión y motivó que el presidente del CDF, el ecuatoriano Juan Pablo Albán Alencastro expresara: “Felicitamos por estos avances”, lo cual generó una reacción de beneplácito difundida en México por la Presidenta de la República.

El subsecretario Medina insistió en que las cifras globales son casos “de muchos años atrás”, en los que la desaparición era desde el Estado: “nosotros hemos dicho que la desaparición en México hoy no es desaparición forzada cometida desde el Estado”, destacó la relevancia de delimitar el periodo histórico en el que sucedieron. “Antes, el delito era ordenado desde la cúpula de poder político; hoy, lo cometen el crimen organizado y algunas autoridades municipales”. La búsqueda, sostuvo, “no se detiene”, y agregó: “Reconocemos el dolor de las madres y familias buscadoras. Atender este delito es una prioridad nacional”.

Más tarde, a través de redes sociales, Albán pidió que el asunto no se diluya en la ONU entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas, y precisó el alcance de sus declaraciones donde reconoció los esfuerzos reportados por las autoridades mexicanas pero insistió en que los avances no eliminan la obligación de atender la crisis de desapariciones ni de examinar la situación del país mediante los mecanismos internacionales, y agregó: “Para que no se tergiversen mis palabras hago tres precisiones sobre las cifras presentadas por el gobierno y sus implicaciones para las familias de las víctimas: aclarar si fueron reintegradas a sus familias o si éstas recibieron información.

La segunda es que aun cuando se confirmen las 16 mil localizaciones todavía quedan más de 120 mil personas desaparecidas por lo que deben seguir los esfuerzos de búsqueda.

La tercera es que “si es verdad” el avance presentado el martes pasado por el Estado mexicano sobre la localización de 16 mil personas desaparecidas en 2026, “claramente es un efecto de la constancia de las familias y de la activación del procedimiento del artículo 34” de la Convención Internacional en la materia.

Al revisar el discurso del gobierno de la llamada Cuarta Transformación en la ONU, habría que destacar que en efecto lo es del gobierno y para el gobierno, está ausente la razón de Estado que debería enfrentarse ante una problemática de tal magnitud. Señalar que fue responsabilidad de gobiernos anteriores está eludiendo la responsabilidad del Estado.

Por otra parte, aludir al crimen organizado, si también se gestó antes de 2018, en 2026 se debe enfrentar y combatir y además, señalar de paso “y por algunas autoridades municipales” ¿qué el municipio no es parte del Estado y su participación en tales crímenes “años atrás” es irrelevante? Por defender a su gobierno y por ende a su partido, la Cuarta Transformación está eludiendo que representa al Estado. Por último alude al dolor a las familias y no reconoce la actividad férrea y consistente en la búsqueda que en los hechos realizan al margen del Estado. Urge ampliar la mira.

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