Por la “guerra” de Felipe Calderón, miles de millones de pesos se manejaron fuera del presupuesto que cada año aprueba la Cámara de Diputados. Documentos de Hacienda revelan que los recursos fueron entregados a las secretarías de Defensa y Marina para adquirir, por ejemplo, ocho estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de espionaje; aeronaves Hércules, helicópteros Cougar, equipo militar, equipos de comunicación de análisis especial, vehículos HUMVEE blindados, un sistema virtual interactivo de ambiente de confrontación. También se destinaron 633 millones a la compra de dispositivos GT-200, a pesar de que Gran Bretaña alertó sobre su ineficacia y “falsos positivos” en detección de aparatos explosivos y armas. Los operativos para combatir supuestamente al narcotráfico fueron otro de los pretextos para desviar dinero público
A la “guerra” de Felipe Calderón Hinojosa –que declaró en diciembre de 2006– nunca le faltó dinero. Al margen del Presupuesto de Egresos de la Federación que cada año aprueba la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó, por instrucciones del entonces presidente Calderón, miles de millones de pesos en el periodo de 2007 a 2012, a las secretarías de Defensa Nacional y de Marina-Armada de México con el supuesto objetivo de “combatir” al narcotráfico, revelan documentos de la Subsecretaría de Egresos. Ahora se tiene mayor certeza de que el gobierno calderonista siempre estuvo asociado con el Cártel de Sinaloa por medio de Genaro García Luna, en aquel momento secretario de Seguridad Pública y mano derecha del expresidente.
Los oficios forman parte de un amplio expediente obtenido por Contralínea mediante la Ley de Transparencia, que da cuenta del traspaso de dinero público de una partida a otra sin avisar al Congreso, así como de sobreejercicios multimillonarios por “ajustes internos” mediante “acuerdos de ministración de fondos”, autorizados por el subsecretario de Egresos en turno (Ernesto Cordero Arroyo, Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, Carlos Montaño Fernández y Carlos Alberto Treviño Medina, respectivamente). Mismos que supuestamente se hacían para atender situaciones de emergencia, urgencia y no prorrogables.
En el caso del dinero para la guerra de Calderón destacan los acuerdos de ministración autorizados por Hacienda para compra de equipo de espionaje y equipo bélico, cuando los secretarios fueron Ernesto Cordero Arroyo (9 de diciembre de 2009-9 de septiembre de 2011) y José Antonio Meade Kuribreña (9 de septiembre de 2011 a 30 de noviembre de 2012).
Por ejemplo, el oficio 801.1.-220(11), de fecha 27 de julio de 2011, en el que se revela que el general de división de Estado Mayor Augusto Moisés García Ochoa –entonces director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional– solicitó 1 mil 463 millones 271 mil 703.62 pesos para adquirir ocho estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de inteligencia, con un costo de 1 mil 68.5 millones de pesos; chalecos antibala nivel IV, por 70 millones; para finalizar dos servicios de mantenimiento para aeronaves, por 97 millones; y continuar con el mantenimiento a las pistas aéreas –por 206.7 millones– y de las instalaciones de la Sedena –por 21 millones. Los recursos le fueron aprobados por el entonces subsecretario de Egresos, Carlos Montaño Fernández.
Otro oficio destinado a ese mismo propósito fue el 801.1.-358(11), del 30 de diciembre de 2011, a través del cual se autorizó “otorgar a la Sedena un acuerdo de ministración por un monto total de 1 mil 769 millones 500 mil pesos, con el fin de llevar a cabo la adquisición de equipos de inteligencia y equipamiento militar, mediante la aportación al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, los cuales representan compromisos devengados al 31 de diciembre del presente ejercicio”.
Ese mismo año, pero el 20 de junio, Montaño Fernández firmó el oficio 801.1.-171(11), por el cual se aprobó la solicitud del general García Ochoa para que Hacienda le otorgara a la Sedena 1 mil 958 millones de pesos. Ello, con el propósito de que la dependencia encabezada por el general Guillermo Galván Galván comprara “un sistema procesador electromagnético, la adquisición de bloques balísticos, el fortalecimiento de los servicios médicos integrales de la dependencia y dotar de refacciones a diversas aeronaves”.
Para 2011, la crisis humanitaria en México ya se había extendido. El saldo de la campaña bélica calderonista superaba los 50 mil civiles asesinados: 29.6 ejecutados extrajudicialmente cada 24 horas; de ese total, al menos 1 mil 226 eran menores de edad (casi dos niños o adolescentes asesinados cada tres días). Además, se registraban 3 mil desaparecidos políticos, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (cada cinco días, ocho desapariciones); 10 mil levantados: más de cinco personas cada día, sin que se haya pedido rescate por ellas. Además, 230 mil personas desplazadas por violencia y 52 mil 500 niños huérfanos.
Ello, ante el silencio cómplice de 715 medios de comunicación: el 23 de marzo de 2011, la prensa –encabezada por Televisa, Excélsior, El Universal, El Economista, La Razón; grupos: Multimedios (Milenio diario), Imagen, Radio Fórmula, Radio Centro, W Radio, ACIR, Expansión; las revistas Nexos, Etcétera; y los medios públicos: Instituto Mexicano de la Radio, Canal 11 y Canal 22– uniformaron sus criterios editoriales para dejar de informar la violencia. Así, de la mano del gobierno calderonista, violentaron el derecho humano a la información del pueblo de México y el derecho humano a la verdad que tiene todas las víctimas.
Compras irregulares
Del archivo de Hacienda también destacan aquellos oficios que amparan la entrega de dinero a la Sedena para compras en las que después se documentaron irregularidades millonarias. Por ejemplo, el acuerdo de ministración de fondos con folio 801.1.-179(10), del 1 de julio de 2010, en el que se hace referencia al oficio SP/C5000/878/2010 de fecha 29 de junio de ese mismo año, mediante el cual el general García Ochoa pedía 867 millones de pesos para “adquirir equipos electrónicos de inteligencia, vehículos HUMVEE blindados y un Sistema Virtual Interactivo de Ambiente de Confrontación”.
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El 9 de septiembre de 2011, en Contralínea el reportero Zósimo Camacho reveló que ese sistema virtual interactivo fue comprado a la empresa Broadlink, SA de CV, y suministrado el 9 de marzo de 2011. Pero ingenieros y técnicos militares realizaron 77 observaciones por errores, omisiones y abiertas discrepancias entre lo que adquirió la Sedena [contrato SAEYS-116/I/F/2011] y lo que le fue entregado. A pesar de las fallas y omisiones, los militares lo usaban para crear situaciones virtuales de enfrentamientos entre integrantes de las Fuerzas Especiales y supuestos grupos armados.
El sistema contaba con la tecnología para recrear ambientes hostiles, con simulación virtual de escenarios y oponentes reales en zonas de México y de las naciones de América Central. Cualquier región rural o campestre de todos los ecosistemas de estos países se recreaba en dicha plataforma.
Otro oficio que sobresale es el 801.1.-178(10), del 28 de junio de 2010, que ampara la entrega de 633 millones de pesos a la Sedena, con el propósito de que adquiriera “sistemas de detección molecular (equipos GT-200), puestos de control móviles que se componen por un vehículo de sistema de inspección no intrusiva, equipo de comunicación de análisis especial y la instrumentación de un proceso de administración y actualización del inventario general valorado”.
La compra de los dispositivos GT-200 se dio a pesar de que, en enero de 2010, el gobierno británico prohibió su comercialización y emitió una alerta internacional, luego de que se demostrara que fue ineficaz y generó “falsos positivos” y “falsos negativos” en detección de explosivos y armas durante su aplicación, entre 2008 y 2009, en las guerras de Irak y Afganistán.
Como lo informó Contralínea, entre septiembre de 2010 y finales de 2012, la Sección Segunda –inteligencia militar– y la Sección Séptima –operaciones contra el narcotráfico– de la Sedena firmaron los contratos para la adquisición de la plataforma Pegasus, que sigue siendo el más avanzado malware de espionaje en el mundo. En total, en esos años el gobierno calderonista gastó 8 mil millones de pesos en esas compras.
Otras entregas multimillonarias
Además, están los documentos que amparan otras entregas multimillonarias, como el oficio 801.1.-122(11), que implicó la entrega de otros 1 mil 753 millones 600 mil pesos. Ello, para “la construcción y equipamiento de un cuartel fijo y tres cuarteles móviles para una unidad nivel batallón, desplegados en Tamaulipas; la construcción de instalaciones para ocho garitas en ese mismo estado; así como para cubrir gastos de operación de aeronaves y la adquisición de armamento automático.
Así, el financiamiento a la “guerra” fuera del presupuesto público se “justificó” como dinero para compra o mantenimiento de aeronaves y equipo; apoyo a la “seguridad” de las entidades federativas; pago de haberes, aumentos y gratificaciones a soldados y marinos, entre otros conceptos. Por ejemplo, el acuerdo de ministración 801.1.-324(10), del 31 de diciembre de 2010, por 1 mil 443 millones de pesos para pagar “compromisos devengados en el presente ejercicio fiscal”.
Cinco meses antes, el 28 de julio de 2010, con el oficio 801.1.-210(10) la Subsecretaría de Egresos autorizó a la Sedena un presupuesto adicional por 1 mil 11 millones 390 mil pesos para pagar el incremento autorizado de 1 mil pesos mensuales a la compensación técnica al servicio para el personal de tropa, correspondiente al periodo de julio a diciembre de ese año.
Otra entrega multimillonaria fue la del acuerdo 801.1.-145(09) por 874 millones de pesos –del 17 de julio de 2009 y firmado por el subsecretario Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione–, monto solicitado por el general García Ochoa para pagar el anticipo de la compra de helicópteros Cougar, así como para saldar el servicio de mantenimiento de depósito para dos aeronaves C-130 Hércules y el IVA aplicado a las importaciones de la Sedena.
También está el oficio 801.1.-145(11), que autorizó Montaño Fernández el 19 de mayo de 2011 para que la Defensa Nacional destinará 750 millones de pesos para “dotar a 15 puestos de control estratégicos con equipo especializado de detección mediante Rayos X y Gamma, así como el acondicionamiento de sus instalaciones de naturaleza altamente móvil”.
También está el oficio 801.1.-215(09), del 28 de octubre de 2009, por el cual se otorgan 679 millones 700 mil pesos para que la Sedena comprara equipos de localización de voz, por 285 millones de pesos; gastos previos a los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, por 50.7 millones; incremento en el monto del seguro colectivo de retiro, por 128 millones; y para solventar “el incremento del costo en las adquisiciones en moneda extranjera por el aumento en el tipo de cambio”, a lo que se destinarían 216 millones de pesos. Esto último, por la crisis económica tan grave que vivía en aquel momento México.
Por importancia de monto le sigue el oficio 801.1.-229(11), del 9 de agosto de 2011, que implicó la entrega de 650 millones de pesos para que la Defensa fortaleciera los servicios médicos integrales, por 350 millones; y los servicios de mantenimiento de aeronaves, por 300 millones.
Otro oficio que sobresale es el 801.1.-364(07), del 18 de diciembre de 2007, pues a pesar de que la solicitud de la Sedena era por 2 mil 919 millones 692 mil 672.23 pesos –para pagar la segunda parte del aguinaldo de 2007, el pago de haberes de enero de 2008 para el personal de agregados militares, la nómina de la primera y segunda quincena de enero de 2008, así como las raciones alimenticias para el personal militar del Ejército y Fuerza Aérea–, sólo se le autorizaron 446 millones 701 mil 172.23 pesos.
Años más tarde, el 19 de mayo de 2011, se autorizó el acuerdo de ministración de fondos el 801.1.-146(11), por el cual se le entregó a la Defensa un presupuesto adicional por 165 millones 700 mil pesos para equipamiento destinado a puestos de control desplegados en Michoacán.
Ese mismo año –oficio 801.1.-207(11), del 25 de julio–, el subsecretario Montaño aprobó la solicitud del almirante José Máximo Rodríguez Carreón –entonces oficial mayor de la Secretaría de Marina– para entregar a la Semar 39 millones 79 mil 924 pesos para comprar equipos de revisión no intrusiva destinados al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Esa no fue la única entrega de recursos públicos a favor de la Marina. Además están los acuerdos:
-801.1.-374(07), del 18 de diciembre de 2007 y firmado por Ernesto Cordero. En éste se aprobó entregar a la Secretaría –encabezada en aquel momento por el ya fallecido almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza– 772 millones 749 mil 982 pesos para “solventar compromisos ineludibles de pago de servicios personales 2008 (segunda parte de la gratificación de fin de año, primera y segunda quincena de enero) y atender gastos urgentes de operación de las diferentes unidades y establecimientos navales durante los primeros meses del año 2008”.
-801.1.-242(08), del 30 de diciembre de 2008, por 400 millones de pesos para que la Secretaría de Marina diera cumplimiento a sus programas presupuestarios autorizados en el ejercicio fiscal de 2008.
-801.1.-195(10), del 8 de julio de 2010, por 257 millones 226 mil pesos para que la Marina cubriera el incremento autorizado de 1 mil pesos mensuales a la compensación técnica al servicio para el personal de clases y marinería, por el periodo de julio a diciembre de 2010.
-801.1.-013(10), del 22 de diciembre de 2009, por 7 millones de pesos destinados a “cubrir gastos urgente operación de las unidades y establecimientos navales de la Armada de México, en el desempeño de funciones para la preservación de la seguridad nacional”.
Finalmente, cuatro acuerdos de ministración de fondos se refieren específicamente al financiamiento fuera de presupuesto para los operativos de la Sedena “contra” los cárteles de la droga. Se trata de los oficios 801.1.-334(07), del 21 de diciembre de 2007; 801.1.-015(09), del 19 de diciembre de 2008; 801.1.-008(10), del 17 de diciembre de 2009; y 801.1.-020(11), del 27 de diciembre de 2010, que en total suman 89 millones de pesos y que se justificaron como recursos para dar continuidad durante el mes de enero siguiente “a las operaciones que realiza el Ejército y Fuerza Aérea en patrullajes, aplicación del Plan DN III-E, y el combate permanente al narcotráfico, entre otros”.
Dinero para entidades federativas
Además, entre los oficios también se encuentra el 801.1.-047(07), del 25 de enero de 2007, que entregaba dinero a los estados para hacer frente a la que sería la principal política pública del entonces presidente Calderón: la “guerra” contra el narcotráfico que en realidad fue la guerra que empoderó al Cártel de Sinaloa. En ese acuerdo de ministración de fondos, Ernesto Cordero ordenó a la Tesofe entregar 500 millones de pesos a las entidades federativas “con el propósito de que se radiquen los recursos destinados al pago del mes de enero de 2007 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)”.
Según el documento, con ello se daba “cumplimiento a las fechas de pago establecidas en el ‘Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2007, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 del mes y año en curso [2007]”. En total, ese año se debían destinar 5 mil millones de pesos al FASP, asignados a criterio del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Expansión del crimen
El 23 de junio de 2011, ante integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, cínicamente, Felipe Calderón declaró: “sé que hay quienes afirman que la violencia que hoy vive México ha sido generada por el Estado. Que todo es culpa, como usted [Javier Sicilia] ha dicho, de que el presidente decidió lanzar al Ejército a las calles a esta guerra absurda; que se asume, en consecuencia, que la solución es detener esta guerra. Sinceramente, Javier, pienso, en este punto, que la premisa está equivocada, y que, por tanto, la conclusión a la que se llega también está equivocada. ¿Será cierto que todo es culpa del gobierno? ¿Qué no tendrán nada que ver los criminales que los levantaron, los que los torturaron, los que los asesinaron, los que aún esconden a los nuestros? ¿Acaso no cuenta en la violencia la realidad abrumadora del crecimiento del crimen organizado en el país? ¿No dicen nada a los pueblos asustados que usted encontró en su camino? ¿No le dijeron en Zacatecas nada acerca de Los Zetas? ¿Y no le dijeron en Durango nada acerca de la gente del Chapo? ¿No le platicaron, en Torreón, las familias angustiadas de cómo secuestran a los suyos?”
En algo tenía razón el expresidente, que llegó a ese cargo mediante el fraude electoral y que ahora está refugiado en Madrid, España, en el marco del juicio penal en contra de su amigo y exsubirdinado García Luna: para entonces, el terror se había apoderado de todos los pueblos y comunidades del país. Además, el crecimiento y expansión de los cárteles del narcotráfico era imparable.
Como Contralínea lo documentó, su sexenio de muerte heredó 89 cárteles, células y pandillas dedicadas al narcotráfico, ocho de las cuales eran consideradas como “grandes organizaciones del narcotráfico”: Cártel de Sinaloa, Los Zetas, los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Nuevo Cártel de Juárez, el Cártel de la Barbie y el Cártel de los Beltrán Leyva.
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