Foto
de la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre el caso “Ascencio Rosario y otra vs. México”. Tomada el 30
de enero del 2025.-Ciudad
de México.– El día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH) sentenció que el Estado mexicano como responsable
internacionalmente por la tortura sexual y las graves lesiones cometidas
por integrantes del ejército mexicano, así como por la falta de
atención médica que derivó en la muerte de Ernestina Ascencio Rosario,
mujer indígena nahua originaria del estado de Veracruz.
Cabe
destacar que desde la muerte de Ernestina Ascencio han pasado tres
gobiernos y un cuarto inicia ahora con Claudia Sheinbaum; sin embargo,
pese al relevo de partidos, ha prevalecido una constante: la negativa
del Estado a asumir su responsabilidad en casos como este y la omisión
frente a la violencia ejercida por el Ejército mexicano.
Esta
sentencia llega tras 18 años de que la familia de Ernestina buscara
justicia; años de una tajante respuesta del Estado mexicano que
pretendía desligarse de responsabilidad, aún, cuando se ha documentado
su articulación local y federal, hoy es un episodio que deja huella y
que revira en un momento cumbre de nuestro país.
Ante ello, la
Corte IDH determinó que México violó los derechos a la vida, la
integridad personal, las garantías judiciales, la honra y la dignidad,
la igualdad ante la ley, la protección judicial y la salud, además
violentó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y
la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
(CIPST), en perjuicio de la señora Ernestina Ascencio Rosario.
Estas
violaciones a la ley se sentenciaron, luego de que se constató que
Ernestina Ascencio Rosario, mujer de 73 años y habitante de la comunidad
de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra de Zongolica, en el estado de
Veracruz, fue torturada sexualmente por miembros del Ejército mexicano
el 25 de febrero de 2007, luego de que un campamento militar se
instalara en las inmediaciones de su vivienda como parte de la
estrategia de combate al narcotráfico implementada por el Estado desde
2006.
Además se concluyó que la violación sexual sufrida por
Ernestina Ascencio Rosario constituyó un acto de tortura al ser
intencional y provocarle graves sufrimientos físicos y mentales con
fines de humillación y control; además determinó que el Estado violó su
derecho a la salud, ya que fue trasladada durante horas sin recibir
atención y falleció en el Hospital Regional de Río Blanco antes de ser
intervenida quirúrgicamente, situación agravada por la falta de
intérpretes de náhuatl que dificultó la comunicación con el personal
médico.
De manera adicional, la Corte sentenció que la
investigación ministerial de los hechos no incorporó perspectivas de
género, étnica ni etaria, fue cerrada de manera prematura sin agotar las
líneas de investigación necesarias y se sustentó en estereotipos
étnicos, etarios y de género que fueron replicados por altas autoridades
del gobierno mexicano, incluido el entonces Presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa.
Pese a estás múltiples pruebas
y denuncias, las autoridades veracruzanas habían cerrado el el caso,
concluyendo que Ascencio había muerto de una gastritis crónica, una
resolución avalada por la CNDH y reiterada por el entonces presidente
Calderón, un mes antes de que se diera el carpetazo a la investigación.
No es un hecho aislado
El
caso perpetrado contra Ernestina no es el único que se ha cometido a
manos del ejercito. Según Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (Endireh, 2021), revela que más de 68 mil
mujeres sufrieron violencia en su comunidad por parte de militares o
marinos. Entre las agresiones más comunes están: piropos ofensivos,
38.2%; miedo a ser atacada sexualmente, 10.1%; ataques con armas blancas
o de fuego, 3.3%; intentos de violación 1.1% y 0.2%.
Esta situación ha sido advertida por la periodista Lucía Lagunes Huerta en su columna “La militarización caerá sobre nosotras”,
en la que señala que, en materia de seguridad, a mayor violencia
generalizada y presencia de hombres armados en las calles, se
incrementan la violencia y las restricciones a las libertades de las
mujeres.
Dicha realidad ha sido constatada históricamente, ya que
en los contextos de violencia social armada las mujeres han sido
tratadas como botín de guerra, donde sus cuerpos y sus vidas se
convierten en premios a conquistar o dañar, en el marco de una
construcción patriarcal basada en la masculinidad y el uso de la
violencia.
Además, es importante subrayar que esta situación impacta con mayor fuerza a las mujeres indígenas, pues la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022
apunta el siguiente panorama de discriminación contra este sector de la
sociedad, siendo las cifras de las mujeres más elevadas que la de los
hombres indígenas, pues el 40.8% de ellas opinó que, en nuestro país,
sus derechos humanos no se respetan.
Entre los principales motivos
de discriminación a las mujeres indígenas, se encuentran: forma de
vestir (35.2%), peso o estatura (33.2%), por ser mujer (29.4%), por ser
indígena o afrodescendiente (28.9%), creencias religiosas (28.3%),
manera de hablar (27.4%), clase social (22.6%), edad (21.5%), lugar
donde viven (21.4%), opiniones políticas (21.1%), tono de piel (17.1%),
por ser huérfana o adoptada (16.8), tener alguna enfermedad (9.5%),
tener alguna discapacidad (9.5%) y por su orientación sexual (6.2%).
Medidas de Reparación
Frente
a esta serie de omisiones y violaciones cometidas por el caso de
Asencio, la Corte ordenó al Estado implementar distintas medidas de
reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la
violación sexual, tortura y muerte de Ernestina para identificar,
procesar y sancionar a los responsables; brindar tratamiento médico,
psicológico y/o psiquiátrico a las y los familiares; realizar un acto
público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
Además
se le dictó implementar programas de formación y capacitación para
funcionarios públicos; fortalecer el Centro de Atención Especializada de
Soledad Atzompa, y crear un Registro Nacional de Intérpretes y
Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
Datos de la audiencia
Asuntos
medulares que fueron cuestionados en la audiencia del 30 de enero de
este 2025, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos bajo un
lema sencillo: ¿Hasta dónde el Estado mexicano es capaz de llegar con
tal de defender al Ejército?
Ese día se celebró la histórica
audiencia de alegatos orales en donde, en representación de la presunta
víctima, abogó Carmen Herrera y Elvia Duque del Instituto Internacional
sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Patricia Torres Sandoval de la
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Angelita Baeyens de la
Fundación Robert Kennedy Human Rights.
Al día siguiente, es decir,
el 31 de enero, en el Centro Prodh, las defensoras realizaron algunos
apuntes en el caso, por ejemplo, la importancia de consultar la
audiencia, de difundir lo mencionado en la Corte, seguir de cerca el
proceso y por supuesto, cuestionar viejas prácticas.
Norma Don
Juan, de la defensoría de la familia Ascencio apuntó a una verdad
inequívoca: Los esfuerzos de todos los gobiernos en turno para contener
la violencia en contra de las mujeres no sólo ha sido escueta, sino,
además desentendida como un fallo sistémico del Estado mexicano.
La
defensora apuntó a que, si bien se han desarrollado comisiones,
fiscalías especializadas o las Alertas de Violencia de Género, las
mujeres siguen sin estar verdaderamente en el foco público y esto no es
un señalamiento sin fundamento, por el contrario, es palpable en el caso
Ernestina Ascencio; el caso es emblemático, no sólo por la verdad y la
justicia en su memoria, sino también, porque estos 18 años de impunidad
ha tenido una repercusión directa en la vida de las mujeres indígenas.
Una repercusión colectiva donde se esboza que, realmente, la
discriminación racial, la impunidad y la segregación son componentes que
se han mantenido a lo largo del tiempo.
Durante la audiencia
presentada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la
defensoría del Estado mexicano lanzó sus mejores argumentos para evitar
cargar con la responsabilidad absoluta, por lo que, si bien aceptó sus
obligaciones con la familia Ascencio y su falla al garantizar el acceso a
la salud, evitó, de manera reiterada incluir en su discurso a la
Secretaría de la Defensa Nacional y zanjó su defensoría aceptando sólo
«parcialmente» su responsabilidad.
Esto último, cuestionado por
las organizaciones civiles como el Robert Kennedy Human Rights quien
exigió en conferencia de prensa reconsiderar el hecho y, sobre todo,
dejar de omitir la responsabilidad del Ejército.
Por su parte,
Norma Don Juan realizó un férreo posicionamiento que sería clave para
poner la mira en las acciones del actual gobierno federal y cuestionar
qué tanto el sexenio de Sheinbaum dista de la época calderonista bajo 2
sencillas causales: El Ejército mexicano como brazo derecho del poder
ejecutivo en materia civil y respuestas confusas desconociendo su
responsabilidad.
«Siempre
hemos dicho que este caso es muy importante por la verdad y justicia,
pero también, tiene una repercusión en la vida de las mujeres indígenas.
El Estado dio discursos confusos como decir: No estamos de acuerdo con
Calderón, pero sí desconocieron los asuntos de fondo que les planteamos,
la narrativa [que manejaron los representantes del Estado] fue la
misma» (Norma Don Juan)
El juez Rodrigo Mudrovitsch
cuestionó a los representantes del Estado qué tanto se había hecho para
evitar las violaciones a los derechos humanos a manos del Ejército y qué
protocolos existían para que los cuerpos castrenses actuarán con debida
diligencia en las zonas rurales, indígenas y/o alejadas de áreas
conurbadas.
Asimismo, el juez mostró su preocupación ante la
llegada de la Guardia Nacional y la reforma que la unió a la Sedena, sin
embargo, la defensoría del Estado negó cualquier conexión entre la
violencia y el Ejército, atajando que, de hecho, la población mexicana
se sentía optimista con esta acción, pues la mayoría tiene plena
confianza en el Ejército por lo que no hay nada de qué temer.
Un
argumento que deviene directamente de las declaraciones hechas por la
propia hija de Ernestina, Martha Ascencio, quien durante la primera
parte de la audiencia acusó directamente al Ejército y refirió el miedo
constante que ha prevalecido entre las mujeres de su comunidad; narró
desde la experiencia del miedo cada vez que pasaba un miembro del
ejército y cómo ella, junto con otras mujeres, preferían encerrarse en
sus casas como método de supervivencia.
La agresión sexual, como
ya advertía Norma Don Juan, no sólo hirió irreparablemente a la familia
Ascencio, sino también, a toda una comunidad; trasgredió a las mujeres
de la región y dejó una marca imborrable deshilando todo el tejido
social de la comunidad, tal como apuntó la defensora Patricia Torres en
la audiencia:
«Hablar
de violencia sexual sigue siendo un tabú en muchas comunidades de
México porque implica consecuencias sociales y culturales que tienen un
efecto en la esfera personal y familiar. Si agregamos el edadismo,
existe un reconocimiento de honorabilidad a las personas mayores en las
comunidades, es decir, al atacar a una mujer indígena mayor, también se
está atacando simbólicamente a una figura de honorabilidad que
representa un daño psicoemocional para su comunidad y la región de la
Sierra de Zongolica. Esto también es sobre la importancia de recuperar
el tejido social comunitario» .
Ciudad de México.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró que el
Estado mexicano es responsable por la “violación sexual, tortura y
muerte” de Ernestina Ascencio Rosario, perpetradas en 2007 por parte de
un grupo de soldados en la sierra de Zongolica, Veracruz.
En
su sentencia, notificada hoy, el tribunal internacional resolvió que el
Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna, por lo
que concluyó que la violación sexual y “graves lesiones” causaron la
muerte de la mujer indígena náhuatl que tenía 73 años de edad.
Asimismo,
determinó que México incumplió el deber de investigar con “debida
diligencia reforzada” estos hechos y garantizar el acceso a la justicia
en condiciones de igualdad a los hijos e hijas de la señora Ascencio
Rosario. Puntualizó que la indagatoria fue cerrada “prematuramente” sin
haber agotado las línas, no fue conducida con un un enfoque de
interseccionalidad, particularmente relevante por tratarse de una mujer
indígena mayor, ni incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria.
La
CoIDH “constató” que la señora Ernestina –una mujer indígena náhuatl
monolingüe de 73 años habitante de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada
en la Sierra Zongolica en el estado de Veracruz– “fue violada por
miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007”, durante el
sexenio Felipe Calderón y en el marco de la llamada lucha contra el
narcotráfico, indicó.
“La Corte determinó
que la violación sexual sufrida por la señora Ernestina constituyó un
acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos
sufrimientos físicos y mentales y se cometió con el propósito de
intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima”, determinó.
En
la notificación de la Corte, participaron representantes del Estado
mexicano, entre ellos Víctor Sánchez Colín, embajador en Costa Rica, y
Rosalinda Salinas, directora de casos en litigio internacional de la
Secretaría de Relaciones Exteriores; así como los representantes legales
de las víctimas.
Rodrigo Mudrovich, juez
vicepresidente de la CoIDH, señaló que como medidas de reparación por
este caso se ordenó al Estado conducir una “investigación penal
exhaustiva y seria en un plazo razonable sobre la violación sexual,
tortura y muerte de la señora Ernestina Asensio Rosario para
identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables
materiales e intelectuales de estos hechos”.
También
indicó que debe realizar un acto público de reconocimiento de
responsabilidad internacional, así como brindar el tratamiento médico,
sicológico, siquiátrico o sicosocial, cultural y lingüísticamente
adecuada y efectiva a través de instituciones de salud especializadas a
Francisco, Marta y Carmen Inés Asensio, hijos de la finada.
Asimismo,
el Estado deberá otorgar una beca en una institución pública americana
de educación básica y/o técnica a favor de los hijos y hijas de Julio,
Francisco, Marta y Carmen Inés Ascencio, consertadas entre estos y el
Estado para realizar estudios básicos, superiores técnicos o
universitarios, ya sean de pregrado o prosgrado o bien para capacitarse
en un oficio.
En su resolución, la CoIDH
resolvió que el Estado mexicano violentó los derechos –establecidos en
tratados internacionales– a la vida, la integridad y la salud; a la no
discriminación, y de acceso a la justicia, a la verdad y protección
judicial, en perjuicio de Ernestina Ascencio.
Además,
la Corte decidió aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad
internacional efectuado por el Estado, así como desestimar las
excepciones preliminares relativas a la falta de agotamiento de recursos
internos y la ausencia de litis.
También
indicó que el Estado deberá garantizar que el Hospital Regional de Río
Blanco y la Fiscalía General de Veracruz cuenten con un servicio de
intérpretes y traductores que faciliten la adecuada atención y
acompañamiento a las personas indígenas monolingües.
Además,
México deberá pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales
y por el reintegro de costas y gastos a los familiares de Ernestina
Ascencio, y los reintegrará los recursos al Fondo de Asistencia Legal de
las víctimas de la Corte Interamericana.
De
acuerdo con la sentencia, el Estado tendrá un año contado a partir de
este martes, para rendir a la Corte un informe sobre las medidas
adoptadas para cumplir con la misma.
“La
Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y el ejercicio
de sus atribuciones establecidas en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso, una vez que el
Estado haya dado tabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma”,
concluyó.
.-Ciudad
de México.- En este 2025 se estarían cumpliendo 18 años de la tortura
sexual y feminicidio de Ernestina Ascencio a manos del ejército mexicano
y este caso que ha llegado ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH), para juzgar al Estado mexicano, pondrá en evidencia si
el lema de la presidenta de México, Sheinbaum Pardo «llegamos todas»,
será una realidad y más en el año en que ella declaró como el de la
mujer indígena.
En estos 18 años la familia de Ernestina ha
sostenido una lucha por la justicia y no repetición; años de una tajante
respuesta del Estado mexicano que pretende desligarse de
responsabilidad, aún, cuando se ha documentado su articulación local y
federal, hoy es un episodio que deja huella y que revira en un momento
cumbre de nuestro país.
Desde la muerte de Ernestina Ascencio, han
transitado 3 diferentes gobiernos -el cuarto con Claudia Sheinbaum-; se
ha visto la caída del PAN, el ascenso del PRI y la victoria aplastante
de Morena con López Obrador. Un ir y venir de neoliberalismo y posturas
de izquierda que se han pasado la misma batuta a lo largo del tiempo:
Negar su responsabilidad y defender la violencia cometida a manos del
Ejército mexicano.
Asuntos medulares que fueron cuestionados en la
audiencia del 30 de enero ante la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos bajo un lema sencillo: ¿Hasta dónde el Estado mexicano es capaz
de llegar con tal de defender al Ejército?
Ese día se celebró la
histórica audiencia de alegatos orales en donde, en representación de la
presunta víctima, abogó Carmen Herrera y Elvia Duque del Instituto
Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Patricia Torres
Sandoval de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Angelita
Baeyens de la Fundación Robert Kennedy Human Rights.
Al día
siguiente, es decir, el 31 de enero, en el Centro Prodh, las defensoras
realizaron algunos apuntes en el caso, por ejemplo, la importancia de
consultar la audiencia, de difundir lo mencionado en la Corte, seguir de
cerca el proceso y por supuesto, cuestionar viejas prácticas.
Norma
Don Juan, de la defensoría de la familia Ascencio apuntó a una verdad
inequívoca: Los esfuerzos de todos los gobiernos en turno para contener
la violencia en contra de las mujeres no sólo ha sido escueta, sino,
además desentendida como un fallo sistémico del Estado mexicano.
La
defensora apuntó a que, si bien se han desarrollado comisiones,
fiscalías especializadas o las Alertas de Violencia de Género, las
mujeres siguen sin estar verdaderamente en el foco público y esto no es
un señalamiento sin fundamento, por el contrario, es palpable en el caso
Ernestina Ascencio; el caso es emblemático, no sólo por la verdad y la
justicia en su memoria, sino también, porque estos 18 años de impunidad
ha tenido una repercusión directa en la vida de las mujeres indígenas.
Una repercusión colectiva donde se esboza que, realmente, la
discriminación racial, la impunidad y la segregación son componentes que
se han mantenido a lo largo del tiempo.
Durante la audiencia
presentada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la
defensoría del Estado mexicano lanzó sus mejores argumentos para evitar
cargar con la responsabilidad absoluta, por lo que, si bien aceptó sus
obligaciones con la familia Ascencio y su falla al garantizar el acceso a
la salud, evitó, de manera reiterada incluir en su discurso a la
Secretaría de la Defensa Nacional y zanjó su defensoría aceptando sólo
«parcialmente» su responsabilidad.
Esto último, cuestionado por
las organizaciones civiles como el Robert Kennedy Human Rights quien
exigió en conferencia de prensa reconsiderar el hecho y, sobre todo,
dejar de omitir la responsabilidad del Ejército.
Por su parte,
Norma Don Juan realizó un férreo posicionamiento que sería clave para
poner la mira en las acciones del actual gobierno federal y cuestionar
qué tanto el sexenio de Sheinbaum dista de la época calderonista bajo 2
sencillas causales: El Ejército mexicano como brazo derecho del poder
ejecutivo en materia civil y respuestas confusas desconociendo su
responsabilidad.
«Siempre
hemos dicho que este caso es muy importante por la verdad y justicia,
pero también, tiene una repercusión en la vida de las mujeres indígenas.
El Estado dio discursos confusos como decir: No estamos de acuerdo con
Calderón, pero sí desconocieron los asuntos de fondo que les planteamos,
la narrativa [que manejaron los representantes del Estado] fue la
misma» (Norma Don Juan)
De
acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, se estima que de las
7 millones 364 mil 645 personas indígenas en México, el 51.4% son
mujeres. Además, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022 apunta
el siguiente panorama de discriminación contra este sector de la
sociedad, siendo las cifras de las mujeres más elevadas que la de los
hombres indígenas, pues el 40.8% de ellas opinó que, en nuestro país,
sus derechos humanos no se respetan.
Entre los principales motivos de discriminación a
las mujeres indígenas, se encuentran: forma de vestir (35.2%), peso o
estatura (33.2%), por ser mujer (29.4%), por ser indígena o
afrodescendiente (28.9%), creencias religiosas (28.3%), manera de hablar
(27.4%), clase social (22.6%), edad (21.5%), lugar donde viven (21.4%),
opiniones políticas (21.1%), tono de piel (17.1%), por ser huérfana o
adoptada (16.8), tener alguna enfermedad (9.5%), tener alguna
discapacidad (9.5%) y por su orientación sexual (6.2%).
El informe Bajo la Bota denuncia
que, entre los principales agresores de este sector se encuentran las
fuerzas armadas, siendo señaladas por cometer, con una alta incidencia,
las siguientes violencias:
Patadas, golpes y empujones
Vigilancia y seguimiento
Tocamientos y levantones de ropa
Abuso sexual e intento de abuso sexual
Estos hechos se articulan con un fenómeno sistémico que perpetúan sus quehaceres violentos: La impunidad. De acuerdo con una investigación impulsada por la Unesco y la ONEA,
de 33 mil 750 expedientes presentados a nivel federal ante el poder
judicial por tortura, homicidio, lesiones y abuso de autoridad, solo se
logró una sentencia condenatoria en 172 casos, una muestra mínima que
representa apenas el 0.5% y que deja al 99.5% en total impunidad.
Deshilando estructuras: Entre las deudas históricas y un gobierno feminista
La
audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos llega en un
momento coyuntural de nuestro país: El año de la mujer indígena. Uno de
los discursos políticos más sostenidos de Sheinbaum es zanjar las deudas
históricas que el Estado mexicano tiene con las mujeres indígenas y su
reconocimiento social, cultural y político.
De hecho, el pasado
23 de diciembre durante su mañanera rememoró la celebración del
aniversario 700 de la fundación de Tenochtitlán, por ello, en aras de
celebrar este importante acontecimiento en la historia nombraría el 2025
como el Año de la Mujer Indígena donde, a lo largo de los meses se
realizarían actividades y festejos por las culturas originarias.
Además,
se eligieron a 4 representaciones que serán emblema del gobierno a lo
largo de los 12 meses; Tecuichpo de la cultura mexica, la Reina Roja de
los mayas, la Señora seis monos de los mixtecas y Flor de la tierrita de
la cultura tolteca.
Precisamente, la presidenta reviró este 31
de enero (un día después de la audiencia contra el Estado mexicano donde
negó parcialmente de sus responsabilidades por la muerte de Ernestina
Ascencio) a una periodista quien le cuestiono el porqué el 2025 sería el
Año de la Mujer Indígena, a lo que la mandataria respondió:
«¿Por
qué no? La mujer indígena es una reivindicación del origen de México y
nunca se había reconocido a las mujeres indígenas como lo estamos
reconociendo ahora (…) tenemos que reconocer a la mujer indígena que
durante años quedó olvidada en nuestra historia»
Asimismo,
el 30 de septiembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se reformó el artículo 2° de la
Constitución Mexicana, en el que se reconocieron a los pueblos indígenas
como sujetos de derecho público que les da la capacidad de tener
propias formas de gobierno, así como preservar sus lenguas.
Las
acciones discursivas están presentes en la política del sexenio, sin
embargo, bajo el plano estricto de la acción, resulta imprescindible
reconocer que no puede celebrarse el Año de la Mujer Indígena cuando la
representación del Estado mexicano brinda oídos sordos y desestima los
argumentos de la familia de Ernestina Ascencio mientras defiende el
papel intachable del Ejército, un estatuto «de confianza y aprobación»
como dijo el propio Pablo Rocha, asesor jurídico de la Secretaría de
Relaciones Exteriores frente la CoIDH.
Pero el alegato por negar
las serias violaciones a los derechos humanos a manos de miembros de las
fuerzas castrenses no sólo ha nacido desde la defensoría del Estado
mexicano, sino también, de la propia titular del poder ejecutivo.
Fue
precisamente en septiembre (mismo mes en el que publicó los derechos de
las comunidades indígenas en el DOF), que se reunió en el Heroico
Colegio Militar con los más altos jerarcas de la Secretaría de la
Defensa Nacional; ese fue su primer discurso como presidenta electa.
Durante
el discurso, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró el trabajo de las fuerzas
armadas en «las nuevas tareas» que se les había encomendado, como la
construcción de obras y el desarrollo de tecnología de la nación.
Asimismo, citó al (entonces) General de la Sedena Luis Cresencio
Sandoval, refiriendo que esta extensión de confianza debía ser vista
como una oportunidad para la que se habían preparado «por bastante
tiempo».
Del otro lado de la moneda, para la población civil,
lanzó un mensaje en un intento de calmar las especulaciones sobre la
militarización y la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena: No
tengan miedo.
«Que
la sociedad no vea a un soldado en el aire o a un soldado de tierra con
temor porque trae un arma en la mano, sino que vea un soldado que ayude
a salir de alguna necesidad, es una manera diferente de servir a
nuestro país en la que las fuerzas armadas se han preparado también
durante mucho tiempo. (…) Les da a las fuerzas armadas mexicanas una
tradición civilista. Honrosamente, nuestras fuerzas armadas siempre han
obedecido al mando civil que establece la Constitución» (Claudia
Sheinbaum).
Este argumento se repitió, como una calca
ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cuando el juez
Rodrigo Mudrovitsch cuestionó a los representantes del Estado qué tanto
se había hecho para evitar las violaciones a los derechos humanos a
manos del Ejército y qué protocolos existían para que los cuerpos
castrenses actuarán con debida diligencia en las zonas rurales,
indígenas y/o alejadas de áreas conurbadas.
Asimismo, el juez
mostró su preocupación ante la llegada de la Guardia Nacional y la
reforma que la unió a la Sedena, sin embargo, la defensoría del Estado
negó cualquier conexión entre la violencia y el Ejército, atajando que,
de hecho, la población mexicana se sentía optimista con esta acción,
pues la mayoría tiene plena confianza en el Ejército por lo que no hay
nada de qué temer.
Un
argumento que deviene directamente a las declaraciones hechas por la
propia hija de Ernestina, Martha Ascencio, quien durante la primera
parte de la audiencia acusó directamente al Ejército y refirió el miedo
constante que ha prevalecido entre las mujeres de su comunidad; narró
desde la experiencia del miedo cada vez que pasaba un miembro del
ejército y cómo ella, junto con otras mujeres, preferían encerrarse en
sus casas como método de supervivencia.
La agresión sexual, como
ya advertía Norma Don Juan, no sólo hirió irreparablemente a la familia
Ascencio, sino también, a toda una comunidad; trasgredió a las mujeres
de la región y dejó una marca imborrable deshilando todo el tejido
social de la comunidad, tal como apuntó la defensora Patricia Torres el
día de ayer durante la audiencia:
«Hablar
de violencia sexual sigue siendo un tabú en muchas comunidades de
México porque implica consecuencias sociales y culturales que tienen un
efecto en la esfera personal y familiar. Si agregamos el edadismo,
existe un reconocimiento de honorabilidad a las personas mayores en las
comunidades, es decir, al atacar a una mujer indígena mayor, también se
está atacando simbólicamente a una figura de honorabilidad que
representa un daño psicoemocional para su comunidad y la región de la
Sierra de Zongolica. Esto también es sobre la importancia de recuperar
el tejido social comunitario»
Bajo esta bandera que
defiende los quehaceres castrenses, el gobierno mexicano también se
cuelga la bandera del feminismo; un gobierno que tiene como emblema
apuntar a que «Llegamos todas» y que la República de las Mujeres está en
puerta con el segundo piso de la 4T.
En un breve recorrido, se rememora el evento «Con Claudia llegamos
todas» que se gestó en el Claustro de Sor Juana y a donde asistieron
diversas figuras de la política y activistas. En este espacio la
presidenta se reconoció como feminista; habló de del Sistema Nacional de
Cuidados, de su compromiso con las mujeres indígenas y de la maquila,
de frenar la violencia y por supuesto, aseveró, entre aplausos, que con
ella se ponía fin a «los falsos feminismos» de administraciones pasadas.
Concretamente,
su sello consta de que su feminismo no sería discursivo, sino más bien,
una verdadera política donde las mujeres irían al centro; apunte
necesario para dimensionar el alcance del compromiso bajo una agenda
feminista y el duro contrapeso que hace con el caso Ernestina Ascencio
vs México.
El tercer eje, como advirtió la defensora Norma Don
Juan en conferencia de prensa, es la manera en que aún queda un trecho
largo para ajusticiar, verdaderamente, a las mujeres indígenas y todas
las interseccionalidades que se cruzan sobre ellas.
Han pasado 18
años desde el feminicidio de Ernestina; mujer adulta mayor, monolingüe e
indígena, casi dos décadas y 4 gobiernos en las que no se han producido
las condiciones necesarias para asegurar la no repetición y tampoco, se
ha realizado la documentación y segregación informativa de otros casos
similares para atender los causales y abolir el feminicidio de mujeres
adultas mayores.
Fuente: Cimac Foto
Este
hecho quedó grabado el día de ayer, cuando el juez Diego Moreno
Rodríguez cuestionó cuál es el actuar del Gobierno Federal para contener
la violencia feminicida, además, pidió información precisa sobre el
plan de acción y también, exigió a los representantes del Estado que se
agregara en su informe final información sobre el feminicidio en mujeres
adultas mayores; datos que no están segregados, pues el feminicidio en
la vejez es uno de los fenómenos no contabilizados en nuestro país por
el encuentro de dos opresiones: El edadismo y la misoginia.
Según
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020
había ocho millones 139 mil 94 mujeres adultas mayores en el país; la
mayoría de ellas sufrió algún tipo de maltrato que se acrecentó con los
años. Esto último lo reafirma la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, la cual señala que las
mujeres de 60 años o más, en comparación con la misma encuesta realizada
en 2016, sufrieron mayor violencia física, emocional, económica o
sexual en este año.
«Toda
la defensa del Estado ha negado la violencia sexual (…) las denuncias
de violencia sexual por parte de mujeres mayores se encuentran con
incredulidad y escepticismo debido a posiciones edadistas y sexistas. A
ello se suma el componente indígena y monolingüe, en estos casos de
violencia sexual, dada la naturaleza, no se puede esperar la existencia
de pruebas gráficas o documentales, por ello, el testimonio de la mujer
sostenido en pruebas médicas es determinante» (Erick Acuña,
representante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos»
Las contradicciones esenciales: El Calderonismo y el Ejército
Resulta
necesario referir que las obligaciones del Estado se mantienen a través
del tiempo y no están relacionadas al partido en turno, es decir, la
responsabilidad por atender y reconocer el fallo sistémico en el caso de
Ernestina es una obligación de quien tenga la batuta del poder
ejecutivo; el peso es el mismo tanto para Felipe Calderón, como para
Enrique Peña Nieto, López Obrador y ahora, Claudia Sheinbaum; no se
trata de la individualización de autores o de una responsabilidad penal
individual, dice la CIDH, sino de la responsabilidad de un Estado que
debe ser cuestionado sobre qué actos cometió y qué no ha hecho para
prevenir, sancionar y erradicar todo acto de violación a los derechos
humanos,.
El fondo esencial es que la defensoría (compuesta por
asesores legales de diversas secretarías como la Sedena o la Secretaría
de Relaciones Exteriores) ha mantenido, por orden del Estado, la misma
narrativa que rechaza la violencia sexual -de hecho, ni siquiera fue
mencionada durante el discurso del Estado ante la CoIDH- y sólo pretende
hacerse cargo de algunas responsabilidades como el acceso a la salud y
el derecho a la vida, produciendo contradicciones y ensalzando el pobre
actuar de las autoridades judiciales que no sólo manipularon,
violentaron y amedrentaron a la familia Ascencio, sino además,
ejercieron actos de discriminación al nunca entregarles documentos de la
carpeta de investigación en náhuatl.
El caso de Ernestina
Ascencio aconteció durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón
Hinojosa (2006-2012), mismo periodo en el que su mano derecha,
secretario de Seguridad Pública, fue Genaro García Luna.
En 2007,
los responsables de la seguridad de las y los mexicanos declararon la
Guerra contra el narcotráfico, el cual ha sido descrito como de los más
violentos para las mujeres, así lo documentó ONU Mujeres en su informe,
La violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias de 2007
al 2012, 12 mil 429 mujeres fueron víctimas de homicidio.
En este
informe se detalla que con la llegada de Calderón y la guerra contra el
narcotráfico que emprendió los casos de feminicidio se incrementaron
sustancialmente en el espacio público, el caso de Ernestina aconteció en
este contexto social; uno donde se emprendía una lucha en contra de las
células del narcotráfico más violentas y donde se «soltaron» a 400 mil
miembros del Ejército mexicano para que comenzaran a ocupar el espacio
civil con el objeto de contener, prevenir y enfrentar al narco. El
resultado: Abuso sexual, tortura y desapariciones forzadas en contra de
la población vulnerable.
Fuente: Cimac Foto
Tal como lo documenta el informe de Human Rights Watch
«Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar», el
despliegue de las fuerzas armadas sólo trae consigo abusos aberrantes
que siempre quedan, sistémicamente, impunes. Recordando el caso de la
zona 21 militar, cuando cuatro mujeres indígenas menores de 18 años,
pertenecientes a Carácuaro y Huetamo, Michoacán, fueron detenidas
durante más de 20 horas.
Durante ese tiempo, fueron violentadas
sexualmente de manera reiterada por parte de los soldados. Se burlaron
de los derechos humanos diciendo que «no existían» y que, si querían,
las aventarían al mar. Asimismo, fueron víctimas de tratos crueles e
inhumanos, cuando se le arrebató, a una de ellas, una estampilla de la
virgen mientras rezaba por su vida; uno de los soldados la arrugó y
posteriormente, se la introdujo vía anal. Las cuatro menores denunciaron
haber contraído infecciones de transmisión sexual. Sobre este caso,
nunca hubo detenidos y la Sedena se desligó del hecho diciendo que ya
había investigado los actos, aún, cuando nunca llamó a declarar a las 4
víctimas.
En aquel entonces, el presidente Felipe Calderón lanzó
comentarios reiterados que buscaban desestimar los abusos, atajando que
su gobierno estaba seriamente comprometido con la defensa de los
derechos humanos y que no había manera de comprobarle «ni un sólo caso»
en el que el Ejército haya violado los derechos humanos y que, en caso
de hacerlo, no había manera que su gobierno haya investigado y castigado
a los miembros castrenses responsables de cualquier acto.
Hoy, si
bien la narrativa no es la misma, sí persigue la misma razón de
defender el despliegue de las fuerzas armadas y realizar
pronunciamientos públicos sobre la honorabilidad del Ejército mexicano
(y la reciente Guardia Nacional). Durante el discurso frente al Heroico
Colegio Militar, Sheinbaum sí reconoció que «desgraciadamente» sí habían
existido ocasiones en que el mando no había actuado de manera correcta,
sin embargo, ese fue todo su argumento relacionado al papel de las
fuerzas armadas con la violación a los derechos humanos.
«Sepan
que vamos a ser un gobierno honesto e íntegro que dará orgullo y de algo
pueden estar seguro, por el profundo respeto que tengo a nuestras
fuerzas armadas nunca emitiré una orden que vulnere los derechos humanos
de nuestro pueblo.
Es
necesario referir que la violación a los derechos de las mujeres a
manos del Ejército ha sido un fenómeno sostenido el tiempo; si bien
recrudecido por la guerra contra el narcotráfico, este episodio sólo fue
un parteaguas, pues desde entonces, las fuerzas castrenses han
desarrollado modus operandi para ejercer el secuestro de mujeres y
cometer tortura sexual en total impunidad.
Esto abona a la
narrativa para cuestionar cómo, lo sucedido con Ernestina Ascencio no
representó un acto aislado, sino un fenómeno sistémico que las fuerzas
armadas han cometido en nuestro país desde hace años sin importar el
partido que presida el poder ejecutivo. Ni el PAN calderonista, ni el
PRI de Peña Nieto, tampoco la llegada de la 4T ha garantizado políticas
públicas de no repetición y tampoco, considerado las dimensiones de lo
que representó la muerte de Ernestina Ascencio para diseñar políticas
públicas que, verdaderamente, garanticen la no repetición.
Por el
contrario, en 18 años el Estado mantiene firme su defensa y rechaza
adjudicarse la responsabilidad completa, aún cuando se presumió frente a
la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que México tenía a la
primera mujer presidenta y que existía una agenda feminista.
De
acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Centro Prodh), la organización tiene registro de 29 mujeres que, entre
2006 y 2015, enfrentaron un modus operandi; secuestro exprés, tortura
sexual y posteriormente, forzarlas a firmar un documento -a cambio de su
libertad- donde culpaban al crimen organizado de la región y juraban
nunca señalar al Ejército.
Ernestina Ascencio: Línea del tiempo a 18 años sin justicia
En
el transcurso de 18 años, Cimacnoticias ha seguido de cerca el caso de
Ernestina Ascencio y evidenciado las violencias sistémicas que la
familia ha tenido que enfrentar, desde la manipulación de pruebas
periciales, discriminación institucional, desestimación de sus
testimonios, hasta un actuar pobre de la Comisión de los Derechos
Humanos que intentó amedrentar a la familia pidiéndoles detener su
lucha. Hoy, a casi dos décadas del suceso, llegó a una audiencia oral en
la CoIDH; una victoria necesaria, que se vuelve agridulce con la
postura del Estado que pretende no ser señalado de responsable, pues
sólo aceptó sus obligaciones de manera parcial.
En 2007,
Cimacnoticias documentó que, apenas transcurridas 24 horas del deceso de
doña Ernestina, como consecuencia de las lesiones que le provocaron la
violación y maltrato que le habría infringido un grupo de militares el
25 de febrero, la promesa de apoyos materiales y económicos del
gobernador Fidel Herrera intentaba evitar la violencia de más de 3 mil
indígenas nahuas que, indignados, exigían justicia.
El propio
procurador de Justicia del Estado de Veracruz, Emeterio López Márquez,
había ordenado horas antes el descenso de la Sierra de Zongolica de
cuatro soldados escoltados por dos camiones militares. Aparentemente
eran los responsables.
Inicialmente, el examen médico practicado a
doña Ernestina y los dos peritajes de la Procuraduría veracruzana
indicaron que había fallecido de una fractura craneoencefálica y
cervical. Además, decían que su cuerpo presentaba desgarros en la parte
vaginal y anal, así como equimosis en el cuerpo producto de una
agresión, lo cual coincidía con lo que ella dijo a su hija respecto a lo
que le había sucedido.
Pero 48 horas después del suceso y sin ser
requeridos arribaron los visitadores de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) Ricardo Coronado, Raúl Neri, Francisco Plata y
Pedro Armendáriz, al tiempo que el gobierno estatal cumplió su promesa
de distribuir en Tetlacinga miles de despensas y cientos de bicicletas.
Al
inicio de las investigaciones, los cuatro soldados, a quienes bajaron
de la sierra escoltados, fueron presentados ante la Agencia
Especializada en Delitos Sexuales, aunque siete más eran investigados
por su coparticipación.
Sin embargo, en su boletín 019, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) exculpó al Ejército.
Supuestamente,
la Sedena se defendió refiriendo que el acto había sido perpetrado por
delincuentes que utilizaban uniforme militar y que pretendían generar la
rabia colectiva en la comunidad para que expulsaran al batallón que
habitaba en la Sierra y así, poder ejerciendo actividades delictivas.
En
el mismo comunicado, la Sedena aceptó la violación de la mujer, pues
informaba que se continúan realizando exámenes de investigación policial
y criminalística de campo. Peritos especialistas, llevan a cabo el
dictamen pericial en materia forense, consistente en comparar el líquido
seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre
que se tomen del personal militar.
El propio secretario de la
Defensa Nacional, Guillermo Galván, anunció que 20 días más tarde
contaría con los resultados de los exámenes y aclaró que no hay
elementos detenidos, únicamente están 93 elementos acuartelados, pues
son sometidos a interrogatorios, y se les aplica exámenes de ADN para
verificar su responsabilidad en el caso.
Todo terminó dando un
giro vertiginoso cuando, en una entrevista para La Jornada, el
-entonces- presidente, Felipe Calderón refiriera que había estado
pendiente del caso y que, accediendo extraoficialmente a la necropsia,
se encontró que Ernestina había muerto a causa de gastritis y que no
existía rastros de violación. Este sería el pináculo que desataría un
acuerdo interinstitucional, en donde todos los agentes y cuerpos del
Estado perseguirían la misma versión, amagando a la familia Inés
Ascencio para hacerles retroceder y poniendo en entredicho su versión,
aún, cuando existió documentación oficial y forense que sí reconoció
haber encontrado líquido seminal de, al menos, 3 individuos en el cuerpo
de Ernestina.
Tras la declaración de Calderón, la CNDH acudió al
hospital Regional de Río Blanco -nosocomio al que llegó Ernestina luego
de 10 horas y donde perdió la vida- a investigar un caso de negligencia
médica cometido en contra de la mujer, interrogando a la ginecóloga
María Elena Rodríguez Cabrera, el cirujano Eric Maya y el cardiólogo
Isidro Mendoza, quienes la habían atendido.
Tras la visita, la
versión médica sobre el grave estado en que llegó Ernestina, con
perforación de órganos internos producto de una agresión con un objeto
contundente, fuertes hemorragias, y fracturas, luxaciones en diversas
partes del cuerpo y la creciente inflamación del vientre por la
perforación de intestino y, en consecuencia, la infección de su cuerpo
con heces fecales fue modificada.
A partir de entonces, la causa
de muerte, según las autoridades del Hospital Regional de Río Blanco
fue: enfermedades gástricas, no había ya indicios de violación ni
fracturas.
La hipótesis de una muerte natural, no violenta, mucho
menos resultado de una violación sexual, que delineó Calderón y abonó
José Luis Soberanes, se fue colocando en los medios de comunicación.
Con
todo un escenario montado, un Calderón negando la verdad y una CNDH
solapando el hecho, la Sedena tomó ventaja y volvió a lanzar un
posicionamiento. Esta vez, desconocía todo ataque sexual, ahora, el
encargado del área de comunicación de la Secretaría, Lucio González
Cortés, contradecía lo sostenido por la dependencia antes de los dichos
de Calderón y Soberanes: La Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta
con muestra alguna de líquido seminal supuestamente encontrado en el
cuerpo de la señora Ernestina Ascencio Rosario, y jamás lo ha tenido.
Cimacnoticias documentó a través de su corresponsal, Laura Castro Medina:
«Las
y los hijos de doña Ernestina rechazaron la versión de Calderón, CNDH y
PGJE. Aseguraron que su madre era una mujer muy sana, que se alimentaba
bien y nunca acusó dolor. Además, reiteraron que su madre había sido
golpeada, torturada y agredida sexualmente.
Sin embargo, hoy las
autoridades estatales aseguran que ellos aceptan el dictamen de una
muerte natural y no culpan a nadie de la muerte de Ernestina. Es más,
según el Gobernador de Veracruz, doña Ernestina nunca habló.»
Esta
primera parte, fue sostenida por la hija de Ernestina, Martha Inés
Ascencio, 18 años después, quien por primera vez en la lucha por la
justicia declaró ante la CoIDH y pronunció las mismas palabras: Mi mamá
era una mujer muy sana.
Para que no hubiera duda de su nueva
posición ante el caso Ascencio, Fidel Herrera dijo por su parte: Junto a
la solidaridad expresa del pueblo y gobierno de Veracruz está también
la del Glorioso Ejército Mexicano, comprometido con nosotros a
investigar y aplicar todo el peso de la ley de la jurisdicción del fuero
común y de la jurisdicción castrense a quien resulte responsable de
este insensato y estúpido crimen.
El 24 de abril, Herrera se
reunió con José Luis Soberanes. Dos días más tarde afirmó: Ningún
integrante del Ejército Mexicano tiene ninguna acción que ver con lo que
ocurrió. Tengo la certeza de que esto, por el bien de las
instituciones, de la ley y de los veracruzanos y de los indígenas y de
todo lo que esto implica, tiene que concluir, y muy bien, por el bien
del país.
Así, el caso quedó zanjado y no existieron más líneas de
investigación, dando paso, a la apertura del recurso de apelación donde
se cometió uno de los actos articulados más evidentes: Alejar a la
familia de su comunidad para evitar la impugnación. Los Inés Ascencio
estuvieron fuera por 12 días y al momento de regresar a casa, se les
notificó que su plazo para apelar había terminado y con ello, el caso
fue cerrado un 23 de mayo.
El 30 de abril, Martha, Carmen, Juana,
Julio y Francisco Inés Ascencio fueron trasladados junto con sus hijos y
nietos a la ciudad de Xalapa para conocer el dictamen de las
investigaciones de la PGJE. Y, sin notificar a sus vecinos, se
trasladaron a bordo de un autobús de turismo a Tampico. Posteriormente
permanecieron durante algunos días en Ixtapan y finalmente se
trasladaron a la Ciudad de México para visitar la basílica de Guadalupe.
De
acuerdo a versiones de René Huerta, «representante» de la familia, el
viaje fue financiado por la Fundación Cordobesa del Golfo, la cual es
presidida precisamente por Vicente Montiel, colaborador personal del
gobernador Fidel Herrera Beltrán.
En mayo del 2007 (mismo mes en
el que se cerró el caso), se entregó a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) una carpeta con el informe y la valoración del
proceso de investigación que hizo la Procuraduría de Veracruz y el de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Valentina
Batres Guadarrama, integrante de la Comisión de Equidad y Género del
órgano legislativo, aseveró que la muerte de Ernestina por la presunta
violación de elementos del Ejército Mexicano no se quiso investigar a
fondo, sino más bien fue una investigación simulada, tanto por el
gobierno del estado como por la CNDH.
Para el 6 de julio, el
Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) reveló que Felipe
Calderón carecía de pruebas y elementos para dictaminar como natural la
muerte de la señora nahua Ernestina Ascencio Rosario, organizaciones
civiles de Veracruz exigen la reapertura del caso a nivel internacional,
mientras el gobierno federal, se encontraba argumentando ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de que ésta
emita un pronunciamiento al respecto.
Cimacnoticias documentó el 3
de septiembre del 2007 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) ratificó su versión de que la señora Ernestina Ascencio,
falleció a causa de una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo
secundario a úlceras gástricas pépticas agudas y exoneró a los elementos
del Ejército Mexicano involucrados en el hecho, al afirmar que la
indígena náhuatl «no fue víctima de una violación ni de un ataque».
Para
la CNDH, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) actuó
irregularmente al instalar el campamento militar en la comunidad donde
vivía la señora Ascencio Rosario, de manera contraria a la legislación
castrense; y diversos militares se negaron a colaborar con las
investigaciones del Ministerio Público, sin recibir sanción.
«El
único propósito de Soberanes era encubrir las constantes violaciones de
derechos humanos en las comunidades indígenas que el Ejército ha venido
realizando impunemente, con esa recomendación se protege a los
violadores de los derechos humanos y no a los que la padecen», se
pronunció la -entonces- la perredista Valentina Batres Guadarrama.
Durante
este proceso, se documentó una serie de acosos y hostigamientos
cometidos en contra de periodistas que habían documentado el caso, de
hecho, la Procuraduría del estado citó a comparecer a Rodrigo Vera,
reportero de Proceso, y mantiene un cerco informativo a la corresponsal
en Veracruz, Regina Martínez, que cubrieron el caso para esa revista.
De
igual forma, a Andrés Timoteo Morales, corresponsal del periódico La
Jornada y uno de los primeros en investigar la violación y el asesinato
de Ernestina, fue objeto de robos de documentos y equipo de trabajo.
La
criminalización no paró ahí, pues el Estado también se encargó de
perseguir a las y los profesionistas que habían dado fe del abuso sexual
cometido en contra de Ernestina Ascencio.
En abril del 2008,
María Catalina Rodríguez, Ignacio Gutiérrez Vázquez y Juan Pablo
Mendizábal, peritos veracruzanos, fueron suspendidos y puestos bajo
investigación tras su participación en la autopsia de Ernestina donde
determinaron abuso sexual. Esta acción se desprendió de las
aseveraciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) donde afirmó que la mujer originaria de Tetlazinga, municipio de
Soledad Atzompa, de la sierra de Zongolica, no murió por lesiones
derivadas de abuso sexual, sino por muerte natural.
De resultar
responsables, advirtió la CNDH, la médica y los dos médicos serían
sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades de los funcionarios
públicos del estado de Veracruz; Juan Pablo Mendizábal y Catalina
Rodríguez sostuvieron, hasta el último momento, su versión de haber
encontrado signos de abuso sexual en el cuerpo de Ernestina; 18 años
después, su palabra y documentos fueron clave durante la audiencia de la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
«La química
forense coincide con los datos clínicos corroborados de laboratorio,
pero la CNDH intervino y en lugar de defender los derechos de la mujer
indígena vino a dar al traste con la investigación. Estoy dispuesto a
sostener lo dicho en el dictamen pericial, Ernestina murió por violación
sexual y golpes» (Pablo Mendizábal, 2010)
El 13 de enero de 2011,
el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara Litigio Estratégico,
la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de
Zongolica, y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
presentaron el caso ante el la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos, bajo el argumento de que Ernestina fue víctima de violencia
sexual e institucional de las autoridades que no esclarecieron los
hechos, toda vez que el Estado mexicano no le brindó protección
judicial, y porque la sociedad mexicana tiene derecho a conocer la
verdad de lo ocurrido.
En conferencia de prensa, Carmen Herrera y
Julia Suárez, integrantes de Abogadas y Abogados para la Justicia y los
Derechos Humanos, dijeron que en noviembre de 2013 recibieron una
notificación de la CIDH respecto a que el caso está en etapa de admisión
y que consultará al gobierno mexicano para que dé observaciones, pero
no fue hasta febrero del 2014 que se notificó que se analizaría el caso
por presunta violación sexual cometida por militares y omisión por parte
del Estado.
Para el 2017, es decir, 10 años después de la muerte
de Ernestina Ascencio, se notificó la entrada del caso a la CIDH y tres
años después, en 2020 cuando se realizó la primera audiencia virtual
donde representantes del Estado mexicano y las organizaciones civiles
expondrían el caso. En ese encuentro, el director general de Derechos
Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Cristopher Ballinas Valdés; el Fiscal General de Veracruz, Hernán
Cortés; y el Secretario Ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información, Daniel Pereida, aseguraron que en el caso de Ernestina
el Estado no cometió violaciones a Derechos Humanos toda vez que llevó a
cabo todas las diligencias correspondientes, se actuó bajo derecho y se
protegieron en todo momento los derechos de la víctima y su familia.
Concretamente:
Luego de 13 años de la declaración hecha por Felipe Calderón donde
negaba el abuso sexual, los representantes del Estado (cuando ya
gobernaba López Obrador) sostuvieron firmemente esta versión y negaron
categóricamente que México haya violado los derechos humanos de
Ernestina Ascencio.
«Lamentando seriamente la posición que el
Estado ha venido a traer a esta audiencia. Solamente se confirma esa
verdad histórica como se acostumbra en México construir para la
impunidad, para la opacidad. No escuchamos ninguna explicación
convincente o satisfacción del derecho a la verdad. Vemos un profundo
desdén hacia este caso, las peticionarias y las víctimas», dijo Carmen
Herrera durante esa audiencia.
Días más tarde, el 10 de
diciembre, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
Alejandro Encinas declaró que la FGJ de Veracruz, bajo la coordinación
de la Segob, abriría de nuevo las indagatorias por el caso Ernestina
Ascencio, un hecho que movería a las colectividades feministas y a la
defensoría de la familia, quienes cuestionaron la opacidad de la
Fiscalía veracruzana y exigieron que las debidas diligencias fueran
llevadas por un órgano externo para evitar manipulación o
tergiversaciones en la investigación.
En respuesta, Encinas
reviró: «La posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos no representa la posición del Estado
mexicano, las políticas en materia de protección y garantía en materia
de DH y no representa las instrucciones que nos ha dado el presidente de
la República”
Así, en 2021 con la CIDH encima y los
cuestionamientos a López Obrador, quien se comprometió a no dar
«carpetazo» al caso Ernestina, la CNDH reconoció fallas identificadas en
su actuar en el 2007 y ordenó, bajo la -aún titular- Rosario Piedra
Ibarra, iniciar una revisión bajo los estándares más altos de
perspectiva de género, etaria, étnica y multicultural.
Y aunque
esto fue una victoria importante, las organizaciones civiles
consideraron insuficiente el hecho, pues nunca establecieron contacto
con la familia Inés Ascencio y tampoco se comunicaron con ellas, quienes
estuvieron acompañando el caso desde el 2007. Además, de que este
reconocimiento se dio 14 años después de sus constantes violaciones y
solapamientos al Estado y sus fuerzas armadas.
Ese mismo año, la
CNDH reculó su postura y reconoció, por primera vez, que Ernestina había
sido agredida sexualmente por parte de elementos del 63 batallón de
infantería del ejército y que funcionarios de distintos niveles habían
sido presionados por autoridades federales para modificar la versión de
los hechos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
presentó este 4 de noviembre el Informe de la Recomendación 34/2007:
Memoria, verdad, justicia y reparación, en el que analizó las acciones y
omisiones realizadas por las dependencias y organismos que
intervinieron en la investigación del caso de la señora Ernestina
Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, que falleció en
febrero de 2007 a causa de una serie de agresiones cometidas en su
contra y por la falta de atención médica adecuada y oportuna.
“En
el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio están impresas las marcas de
una sociedad que silencia a las víctimas, de un Estado que ha sido
incapaz de hacer justicia, y de un manto de señalamiento, vergüenza y
culpa que impide que hasta el día de hoy se reconozca la verdad sobre lo
sucedido”, reconoció la CNDH.
En su Informe de Fondo
No. 400/21 la Comisión determinó que la señora Ascencio Rosario fue
víctima de violación sexual por parte de miembros de las fuerzas armadas
del ejército mexicano, la cual reúne los elementos de tortura.
Particularmente, la Comisión notó que la violación causó un maltrato
intencional, que ocasionó un sufrimiento intenso físico y mental y que
la situación resultó especialmente grave teniendo en cuenta la
pluralidad de agresores, la edad avanzada de la víctima, y el hecho que
se tratara de agentes estatales. Aunado a esto, consideró que el fin o
propósito fue el hacer daño a la víctima en un aspecto íntimo como es su
sexualidad e intimidad.
En este sentido, la Comisión concluyó que
el Estado mexicano violó los derechos a la integridad personal, honor,
dignidad y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en
perjuicio de la señora Ernestina Ascencio Rosario. Todo lo anterior, en
incumplimiento de las obligaciones que derivan de los artículos 5 y 11
de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
Asimismo, en vista de la violación sexual y tortura de la que fue
objeto la señora Ernestina Ascencio Rosario, el Estado mexicano violó el
artículo 7 de la Convención Belém Do Pará.
Dos años después, para
agosto del 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
sometió el 11 de junio de 2023 a la Corte Interamericana el Caso 13.425
sobre la violación sexual de Ernestina Ascencio Rosario por parte de
miembros del Ejército en 2007 y su subsecuente muerte por falta de
atención médica, así como por la impunidad de los hechos.
En consecuencia, la Comisión recomendó al Estado las siguientes medidas de reparación:
Reparar
integralmente las violaciones declaradas en el informe, de manera
individual y colectiva, con un enfoque de género y etnicidad.
Iniciar una investigación penal exhaustiva y rápida para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
Entregar
a Julia Marcela Suárez Cabrera (abogada de la familia) una copia simple
de la versión pública del expediente de investigación, protegiendo
datos personales.
Garantizar la seguridad de los familiares y personas que han participado en las investigaciones y el proceso.
Adoptar
medidas para prevenir en el futuro hechos similares, implementando
programas de formación en derechos humanos y previniendo la
discriminación de género y etnia en las investigaciones. También se
enfatizó la importancia de garantizar el acceso a intérpretes en los
sistemas de salud y justicia para las lenguas indígenas.
Ahora,
tras 18 años y el reconocimiento de la CIDH de que, efectivamente, el
Estado mexicano es responsable de la muerte de Ernestina,
obstaculización a la justicia y reparación integral del daño a la
familia Inés Ascencio, el caso llega a las manos de las y los jueces de
la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde, tras una lucha
tan extenuante, se esperaría una apertura más laxa por parte de los
representantes del Estado mexicano, especialmente, porque su primer
anuncio fue celebrar la llegada de una mujer presidenta, sin embargo, al
igual que hace 5 años cuando se dio la primera audiencia, la defensa
del Ejército y el evitar hablar del abuso sexual habla, no sólo de una
discordancia entre la política feminista de Sheinbaum, sino también, de
que el Estado no está garantizando la no repetición, pero sí,
perpetuando las mismas narrativas que la familia Inés Ascencio ha
combatido de manera insistente desde el sexenio calderonista.
Lee aquí, un resumen de todo lo que sucedió en la audiencia oral del 30 de enero.
El
3 de marzo del 2025 se entregará el informe final por parte del Estado
mexicano y de la defensoría de la familia, lo que implica que, con todos
estos elementos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos podrá
emitir una sentencia que, según apuntan las organizaciones civiles y
defensoras de los Ascencio, todo pinta a un fallo favorable para la
memoria de Ernestina Ascencio, sin embargo, aún se desconoce la fecha
exacta en la que la CoIDH ponga punto final a esta lucha que durante
casi dos décadas, pareció imbatible.
.-Ciudad
de México.- Durante la sesión que tuvo lugar el día de ayer ante la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, se
realizaron alegatos finales para juzgar por complicidad y omisión al
Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio, cuya piedra angular
fue la participación de su hija, Martha Ascencio, quien denunció, de
primera mano, la violencia institucional y sistémica que ha enfrentado
la familia para obtener verdad y justicia.
Este caso es
emblemático para México y la región, en especial porque este país ahora
tiene una mujer presidenta por primera vez en su historia, quien ha
declarado el 2025 «Año de la mujer indígena» y además, ha adoptado un
emblema distintivo: «Llegamos todas«, haciendo alusión a todas
las mujeres mexicanas, por tanto, este caso pone en jaque a Sheinbaum
Pardo, ya que ha dado gran poderío a las fuerzas militares del país,
mismos agresores de Ernestina y que dejaron como lección: no a la
militarización en labores de seguridad, por el núcleo patriarcal que
forma a las fuerzas castrenses.
A Ernestina la violentaron un
puñado de militares quienes cometieron tortura sexual en su contra hasta
llevarla a la muerte pero la violentó el abandono en que el Estado
mexicano mantiene a las comunidades indígenas del país; la violentó el
ex presidente Felipe Calderón, quien en ese momento estaba en funciones;
también la violentaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE), quienes
afirmaron que su muerte había sido «por una gastritis» y con ello
encubrieron al ejército mexicano.
A Ernestina la violentó la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el exprocurador veracruzano
Emeterio López Márquez quienes encubrieron a los soldados agresores; a
Ernestina la violentaron las y los peritos del caso quienes sepultaron
evidencia, así como la cadena de mando a cargo del caso quienes han
dilatado la verdad y justicia para ella y su familia.
Además, este
es un caso sistémico de violencia contra las mujeres que aconteció
durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa
(2006-2012), mismo periodo en el que su mano derecha, secretario de
Seguridad Pública, fue Genaro García Luna.
En 2007, los
responsables de la seguridad de las y los mexicanos declararon la Guerra
contra el narcotráfico, el cual ha sido descrito como de los más
violentos para las mujeres, así lo documentó ONU Mujeres en su informe, La violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias de 2007 al 2012, 12 mil 429 mujeres fueron víctimas de homicidio.
En
este informe se detalla que con la llegada de Calderón y la guerra
contra el narcotráfico que emprendió los casos de feminicidio se
incrementaron sustancialmente en el espacio público y el caso de
Ernestina aconteció en este contexto social.
Por tanto, para la
familia de Ernestina, como nahuas habitantes de la sierra de Zongolica
en Veracruz, llegar a esta audiencia tiene un peso significativo porque
trascendieron todas las circunstancias e instancias en México quienes
les impidieron alcanzar justicia por 18 años.
La audiencia
La
audiencia se gestó luego de que el juez Alberto Borea Odría presentara
una excusa para avanzar hacia la resolución en el caso Ernestina
Ascencio y otras Vs México, la cual, fue aceptada por la audiencia de la
Corte y que fue celebrada el 30 de enero del 2025. Asimismo, este fue
el primer caso en donde se aprobó el reglamento de servicio de
acompañamiento psicológico para toda persona que declaró en la corte en
beneficio de la presunta víctima.
En representación de la
Delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se
contó con la participación de Pedro Vaca Villarreal, relator especial
por la libertad de expresión; Erik Acuña, coordinador de la secretaría
ejecutiva de la CIDH y Giovanni Ferreira abogado de la secretaría
ejecutiva de la CIDH. En representación de la presunta víctima, abogó
Carmen Herrera y Elvia Duque del Instituto Internacional sobre Raza,
Igualdad y Derechos Humanos, Patricia Torres Sandoval de la Coordinadora
Nacional de Mujeres Indígenas y Angelita Baeyens de la Fundación Robert
Kennedy Human Rights.
En contraparte, la representación de los
Estados Unidos Mexicanos contó con una sólida base legal de diversas
Secretarías y 9 representantes, entre los que destacó Víctor Sánchez
Colin, embajador de México en Costa Rica; Pablo Rocha, consultor
jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Jennifer
Enríquez, directora general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE.
En
la audiencia que se postergó a lo largo del día del ayer, se rememoró a
Ernestina Ascencio, a través de la voz de su hija, quien fue la primera
persona en encontrarla viva tras el ataque y a quien compartió quiénes
fueron sus agresores.
Las
últimas palabras de Ernestina fueron: «Pinome xoxome»; una manera en la
que la población de la sierra Zongolica se refiere a los soldados que
significa «los vestidos de verde»; esta versión ha sido sostenida por la
familia Ascencio y hoy, se mantiene vigente frente a la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos.
Es importante señalar que
aún no se ha dado a conocer el fallo de la Corte Interamericana, se ha
concluido el primer proceso de alegatos orales en donde se expusieron
los causales y las peticiones para las medidas de no repetición y
reparación del daño, aún se tiene pendiente la entrega de los argumentos
escritos a más tardar el próximo 3 de marzo para que la Corte pueda
ejercer el fallo según lo denunciado en la audiencia oral y el documento
final expedido por el Estado mexicano y la defensoría de Ernestina
Ascencio.
Presente durante la primera parte de la audiencia,
Martha Ascencio, hija se Ernestina, evidenció, entre otras cosas, la
misoginia, vulneración a derechos humanos por parte del Estado mexicano,
al no contemplarla en el proceso por ser mujer; así como la falta de
acceso a la salud; criminalización del gobierno de Veracruz que amenazó a
la familia Ascencio con frenar el caso, pues de no hacerlo, las fuerzas
castrenses tomarían represalias en su contra.
Pablo Saavedra. Secretario general de la CIDH
Martha
Ascencio explicó a cada jueza y juez de la Corte Interamericana, la
manera en que el, entonces, gobernador de Veracruz, Fidel Herrera amagó a
la familia ignorando por completo sus denuncias y ejerciendo, de manera
reiterada, omisiones que se articularon con otros testimonios, como el
de Felipe Calderón, la Secretaría de la Defensa Nacional y de la titular
del Instituto de las Mujeres; posicionamientos que pretendían enterrar
el caso archivándolo y negando, por toda vía, el abuso sexual a manos de
militares.
Durante el alegato, se recordó a María del Rocío
García Gaytán, quien fuese titular del ahora extinto Instituto Nacional
de las Mujeres (Inmujeres) en aquel entonces y responsable de haber
desacreditado el caso apuntando a que Ernestina estaba moribunda y
balbuceaba en náhuatl, por lo que «se le quitaba la certeza de lo que
dijo [Ernestina]».
«Fue
en náhuatl y estaba moribunda, ya no tiene uno fuerza en la voz (…) El
presidente tiene información privilegiada», dijo García Gaytán
secundando lo mencionado por Calderón.
Asimismo, el equipo de la
Delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
denunció frente al tribunal que la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) había tenido un papel activo en la revictimización de Ernestina
y tergiversación de la verdad, pues, poco después de la muerte de
Ascencio, realizó un pronunciamiento público donde reconocía la tortura
sexual en contra de la mujer de la tercera edad, esto como producto de
una serie de interrogatorios entre los miembros del cuartel.
Sin
embargo, sólo un par de días después eliminó toda huella de este hecho y
lanzó nuevamente una postura donde negaba los hechos sumándose a la
versión federal que apuntaba: Ernestina era una mujer enferma con anemia
y problemas gástricos; enfermedades que su hija, Martha Ascencio, negó
firmemente durante su intervención.
Otro eje importante durante la
audiencia fue la responsabilidad del Estado para no garantizar el
acceso a la salud de Ernestina, pues en la sierra los servicios de
atención son escasos y no todas las clínicas cuentan con los insumos
necesarios para atender emergencias, por ello, Ernestina sólo pudo ser
atendida 10 horas después de haber sido encontrada malherida por su hija
Martha; la mujer fue atendida finalmente en el hospital de Río Blanco
donde se constató la tortura sexual por 2 profesionales.
En la
sesión, Martha narró lo difícil que es recibir atención médica en su
zona y atajó que debe caminar, por lo menos, una hora y media hacia la
clínica más cercana. Asimismo, se expusieron los efectos colaterales que
trajo consigo el feminicidio y tortura sexual contra su madre; Martha y
las mujeres de su comunidad comenzaron a tener un profundo miedo a los
soldados, tanto, que permanecieron encerradas en sus casas por un largo
tiempo por temor a encontrarse con uno de ellos.
La primera parte
de la argumentación se cerró con la participación del perito mexicano
Ernesto Villanueva quien, entre otras cosas, denunció de forma reiterada
la obstaculización por parte del Estado para conceder el acceso a la
información, así como la pobre preparación del sistema judicial en
materia de interseccionalidad; se hizo un repaso sobre la desaparición
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) y las dificultad que representa el
garantizar la información, particularmente, en un caso tan complejo
como el de Ernestina:
«Esto es un fenómeno sistémico en nuestro país», apuntó Villanueva.
La
Comisión determinó que Ernestina fue víctima de violencia sexual lo que
constituyó actos de tortura y determinamos que no entregó una atención
adecuada, disponible y culturalmente apropiada, por eso, el Estado violó
sus derechos a la vida y salud.
En materia de justicia la
Comisión estableció que la investigación en el fuero ordinario no se
adelantó con la debida diligencia, ello, tomando en cuenta un enfoque
interseccional de mujer mayor, indígena y monolingüe. (Erick Acuña,
coordinador de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH).
Entre tropiezos del Estado
La audiencia pública del Caso Ascencio Rosario y otra vs. México,
se dividió en dos episodios clave; el primero, la presentación del
asunto y sus respectivos alegatos, posteriormente, la discusión y
presentación de argumentos orales entre a representación del Estado, de
la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y representantes de
la defensoría de la familia Ascencio.
En un primer espacio,
Carmen Herrera de la defensoría de la familia exhortó a la Corte a
llegar a la conclusión de que el Estado mexicano es responsable de la
tortura sexual y el encubrimiento a los miembros del Ejército;
responsables de la tortura y abuso sexual cometidos en contra de una
mujer adulta mayor e indígena. Herrera atinó a referir que lo que rodea a
este caso es producto de una discriminación racial feminicida.
En
este andar de la familia por la justicia, Carmen Herrera, en conjunto
con Patricia Torres, denunciaron que representantes de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos les realizaron una visita pidiéndoles
que dejaran de pedir información y buscar justicia; querían que frenaran
todas sus actividades y que aceptaran el carpetazo del caso, sin
embargo, las defensoras apuntaron a que fue gracias al trabajo de la
prensa y de las y los periodistas lo que permitió no dejar morir al caso
y hoy, llegar a la sala de la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos.
«En
este caso, la multidimensionalidad es evidente; el racismo, el
patriarcado, el clasismo. Incluso, hablar de violencia sexual sigue
siendo un tabú en muchas comunidades de México porque implica
consecuencias sociales y culturales que tienen un efecto en la esfera
personal y familiar.
Si agregamos el edadismo, existe un
reconocimiento de honorabilidad a las personas mayores en las
comunidades, es decir, al atacar a una mujer indígena mayor, también se
esta atacando simbólicamente a una figura de honorabilidad que
representa un daño psicoemocional para su comunidad y la región de la
Sierra de Zongolica. Esto también es sobre la importancia de recuperar
el tejido social comunitario» (Patricia Torres)
De manera concreta se exigió:
Se
lleve a cabo una investigación seria e integral; investigación que no
puede ser llevada por la Fiscalía de Veracruz, pues ha demostrado
opacidad en su actuar
Debe proveerse toda la ayuda psicoemocional a la familia y víctimas indirectas de la muerte de Ernestina
Entregar
un documento oficial que contenga toda la información del expediente;
información clara y concisa en náhuatl para que pueda ser accesible para
la familia y la comunidad
Establecimiento de un Centro de Salud
Integral en la Sierra que incluya intérpretes, personal, insumos y
medicamentos que garanticen la no repetición
Medidas de atención diferencial para las mujeres indígenas en todos los niveles de atención, desde local, hasta federal
Medidas que garanticen el acceso a la salud y justicia garantizando intérpretes y acompañamiento en todo momento
Medidas para garantizar la legitimación pública en casos graves de violación a los derechos humanos
«Necesitamos responsables individuales»
Los
representantes del Estado mexicano arrancaron su defensa apuntando que
el gobierno actual de México, que tiene a una mujer presidenta, está
seriamente comprometido con los derechos humanos y atajaron que, con el
caso de Ernestina Ascencio se habían violado, entre muchos otros, los
esquemas que pauta el Belém Do Pará, sin embargo, el reconocimiento de
su responsabilidad duró relativamente poco, y consecuentemente, inició
la batalla de alegatos para desestimar los argumentos presentados a
favor de la familia Ascencio y lograr quitarse de encima, por lo menos,
algunos de los señalamientos.
Eso sí, la primera -escasa- victoria
llegó cuando el embajador de México en Costa Rica reconoció que el
Estado había fallado en garantizar el derecho a la vida, la salud, las
garantías judiciales y la integridad personal que debieron ser atendidas
con urgencia al momento de los hechos… pero aún así, el Estado sólo era
«parcialmente» responsable del hecho y no habían elementos sustanciales
para recargarle más culpabilidad como el acceso a la información, el
encubrimiento del Ejército o la falta de responsables individuales con
nombre y apellido (este último argumento, terminaría por desencajar a
los representantes de la Comisión Interamericana, particularmente a
Pedro Vaca y Erick Acuña, quienes expusieron que era «lamentable» que algo así pronunciara en la Corte).
Pablo
Rocha, representante del Estado atajó que no era su intención minimizar
la seriedad del caso, pero que sí pretendía guiar a la Corte, pues uno
de los señalamientos principales de la discusión fue la falta de
información y la manera en que la familia nunca tuvo acceso a la carpeta
de investigación en náhuatl, además, de que cada vez que las
organizaciones civiles defensoras exigían los datos, estos eran
entregados entre manchones, borrones y tinta corrida que hacían
imposible leer, si quiera, una página completa.
Rocha
dijo que no era responsabilidad del Estado que la defensa, ni la
familia hayan agotado los recursos suficientes para acceder a la
información, pues además, el instituto veracruzano a la información
ofrece múltiples facilidades para gestionar un juicio de amparo;
concretamente, la defensa del Estado zanjó el asunto de la información
bajo el argumento de que no se hizo suficiente.
La segunda piedra
angular que terminó por enterrar los argumentos de la defensoría del
estado, despertando la queja no sólo entre las contrapartes, sino
también, entre las y los honorables miembros del juzgado, fue cuando
Rocha explicó que señalaría «respetuosamente» que no existía evidencia
directa en el expediente penal que permitiera vincular a agentes
estatales, por lo tanto, el Estado no tenía alguna correlación directa
con el hecho.
«En
el presente caso no existen indicios de documentación, ni en el proceso
penal, ni en la investigación de la CNDH se individualizó la
participación de una autoridad estatal, no obstante, el Estado refrenda
su compromiso con toda investigación que honre la memoria de Ernestina»
La
intervención de alegatos orales de los representantes del Estado se
focalizó en el asunto del viaje a la Basílica de Guadalupe; en aquellos
días, la fiscalía de Veracruz había concluido sus investigaciones y
declaró el no ejercicio de la acción penal, sin embargo, el recurso de
apelación quedó abierto para que la familia Ascencio pudiera echar hacia
abajo esta resolución. El problema medular fue que nadie le explicó a
la familia, en náhuatl, la coyuntura de este hecho y los plazos.
En
este proceso, fue René Huerta, líder campesino que fungía como enlace
entre el -entonces- gobernador veracruzano y la familia, quien le
explicó a toda la familia Ascencio que sería mejor que tomaran un
descanso y que existía la oportunidad de que viajaran a la capital
mexicana con todo pagado y que allá, celebrarían una misa en la Basílica
de Guadalupe en honor a Ernestina; se llevaron a toda la familia, no
sólo nuclear, sino también, a primos, tíos, sobrinos y todo pariente
cercano a este viaje durante 12 días, para cuando volvieron a casa, el
plazo para impugnar se había terminado.
La defensa del Estado, en
palabras de Pablo Rocha, se deslindó de toda responsabilidad relacionado
a este episodio bajo un argumento muy sencillo: Quien los invitó, fue
el señor René Huerta -líder campesino-, lo que implica que no es
funcionario público, por lo tanto, no hay manera de comprobar que,
llevarse lejos a la familia fuera una tetra del gobierno veracruzano
para sacarlos de la entidad y evitar que impugnaran.
«El
hijo refirió que se le inventó el 9 de mayo, todo esto presenta
inconsistencias sobre la duración del viaje y podría presumir que la
familia participó de manera voluntaria, estas inconsistencias persisten.
El único documento que lo sostiene proviene del informa de impactos
psicosociales que refiere que la familia Ascencio había sido trasladada a
distintos destinos sin que se les consultara, pero el documento
[también] refiere que hablaban por teléfono lo que no permiten trazar un
vínculo directo, ni verificable a la libertad de la familia, no se
prueba que el estado haya negado a la familia de Ernestina la libertad,
en conclusión, ante la falta de información, el estado mexicano no puede
ser responsable de este suceso (…) Se solicita el reconocimiento
parcial de la responsabilidad del estado mexicano, que determine que el
estado no ha incurrido en responsabilidad internacional», concluyó
Rocha.
En respuesta, la defensoría de la familia
Ascencio, apuntó a una serie de inconsistencias como por ejemplo, que
era claro que el financiamiento de esos autobuses y el viaje todo pagado
no había salido del bolsillo del líder campesino y que, por supuesto,
tampoco había persona con el poder suficiente para mover la agenda de la
Basílica de Guadalupe de un día para otro para que, justo el 10 de
mayo, nombraran a Ernestina: «Para eso se necesita ser alguien mucho poder«, dijo Carmen Herrera. Asimismo, denunciaron manipulación y tratos degradantes durante el viaje.
«La
ropa que les dieron durante esa visita, incluso, estaba usada. La
familia terminó destrozada emocionalmente, cuando llegaron, su hogar
estaba resguardado, incluso, durante su ausencia, la casa donde vivía la
señora Ernestina fue modificada» (Carmen Herrera del Instituto
Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos)
A continuación, las consideraciones que sí aceptó el Estado para garantizar la no repetición y reparación:
Primero,
considerar el monto de reparación, pues la cifra presentada dista de
los criterios de la CIDH, por lo que se pidió a la Corte ajustar los
costos
Se propone un acto público de reconocimiento de
responsabilidad y disculpa pública encabezada por el subsecretario de
derechos humanos, población y migración, como máximo representante
responsable de los derechos humanos
Se propone la publicación de la sentencia en el diario oficial de la federación, redes sociales y sitio web oficial
En cuanto a las víctimas indirectas se propone su acceso al servicio del sistema nacional de atención a víctimas
El estado continuará con la investigación pertinente de acuerdo a la jurisprudencia de la CIDH
Consecuentemente,
representantes de la Corte tomaron la palabra y durante su
intervención, echaron para abajo algunos de los argumentos de los
representantes del Estado, exigiendo a las y a los jueces de la CIDH
reconocer a México como responsable, no sólo por sus omisiones, sino
también, por sus actos de revictimización.
«En
su escrito de contestación, el Estado reconoce su responsabilidad por
la violación a los derechos a la vida, a la salud, a la protección
judicial y no discriminación por no llevar a cabo una investigación, sin
embargo, la Corte reconoce que todo esto es parcial pues no se
encuentran 2 aspectos: La violencia sexual y la violación al derecho a
la información
El Estado alegó que no se agotaron los recursos
internos al no acudir a un juicio de amparo, la comisión resalta, íue
sobre este extremo sí se agotaron los recursos internos pues se
presentaron acciones como recursos de queja
La Comisión presentó sus observaciones en 4 aspectos:
1) Violencia sexual y tortura:
Hay elementos indiciarios para determinar que Ernestina fue víctima, el
Estado ha reconocido la presencia militar el día que fue encontrada.
La
víctima estaba sólo a 300 metros de la base, pues manifestó a Martha
que la habían amarrado y abusado, hay otros puntos que sustentan esa
información, que indican que Ernestina dijo específicamente que la
habían violado, como los dos civiles que viajaban en una camioneta y
ayudaron a la familia y su hijo quien vio heridas en pies y manos de su
madre; hay informes médicos de Rodríguez Rosas y Mendizábal que
constatan la violencia sexual, así como la existencia de un boletín de
la Sedena y la propia CNDH que ha recomendado desde el 2021 una nueva
investigación. Aún así, toda la defensa del estado refiere que no es
suficiente, es más, la Comisión lamenta que en esta audiencia el Estado
haya dicho que se necesita la individualización de posibles autores; es
diferente la responsabilidad penal de individual, que de un Estado.
«No
se puede esperar la existencia de pruebas documentales, por ello, el
testimonio de la víctima es lo fundamental. Por ello, se solicita a la
corte que considere al Estado culpable del perjuicio de Ernestina»
2) Ausencia de salud y vida:
La Comisión destacó que los casos de violencia y tortura sexual en
contra de mujeres adultas mayores suelen ser devastadores, produciendo
trauma emocional grave y fallecimiento anticipado, asimismo, se resaltó
que, como indica la Convención Interamericana sobre los Derechos de las
Personas Mayores, -ratificada por México-, los Estados deben asegurar
atención médica preferencial y comprensible con la identidad cultural,
lo cual, no ocurrió en este caso. La atención en salud tardó más de 10
horas y la familia Ascencio tuvo que pasar por 5 espacios médicos sin
ningún interprete en náhuatl a pesar de ser una zona con alta población
indígena.
3) Justicia: Pedro Vaca de la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos resaltó las falencias e
irregularidades en la investigación, pues se asoció a estereotipos que
garantizaran la imparcialidad, sólo para ejemplificar, el -entonces-
presidente dijo que Ernestina murió de gastritis por «falta de
alimento», relacionado al prejuicio y estereotipo de los hábitos de vida
de las comunidades indígenas.
Asimismo, la Fiscalía, ni el Estado
recolectaron pruebas entre los soldados, el fiscal hizo afirmaciones
que los desgarres en el cuerpo de Ernestina eran a causa de la gastritis
sin prueba, ninguna acción penal fue informada en náhuatl y una
autoridad estatal les dijo «que no hicieran nada», pruebas suficientes
para imputarle la responsabilidad al Estado.
4) Acceso a la información:
Que se haya señalado que la información no se daba para evitar el
perjuicio o irrumpir la paz social fue señalado como preocupante, además
de que la información no se limita a datos personales: «Si la voz más
importante del Estado [Felipe Calderón] falsea la experiencia de las
víctimas, entonces, ¿Qué es el derecho a la información en México? Se
debe sentenciar al Estado como responsable y fije estándares par acceder
a la información» (Pedro Vaca).
Al cierre de esta última parte de
la audiencia, se inició el diálogo con los miembros del jurado donde
las y los jueces podían realizar preguntar a cada una de las partes
representantes, argumentar y exigir pruebas suficientes para facilitar
la comprensión del caso.
Entre otras cosas, se puso en aprietos a
los representantes del Estado mexicano cuando el juez Diego Moreno
Rodríguez cuestionó cuál es el actuar del Gobierno Federal para contener
la violencia feminicida, el plan de acción y pidió que agregara
información sobre el feminicidio en mujeres adultas mayores; datos que
no están segregados, pues el feminicidio en la vejez es uno de los
fenómenos menos atendidos en nuestro país por el encuentro de dos
opresiones: El edadismo y la misoginia.
Asimismo,
se realizaron algunas preguntas de contexto para entender mejor el
acceso a la salud, siendo la jueza Verónica Gómez quien cuestionó,
también al Estado, sobre qué había hecho, desde el 2007 cuando pasó el
caso de Ernestina para mejorar la atención en la Sierra de Zongolica,
pues en la primera parte de la audiencia, la propia Martha Ascencio
denunció que caminaba más de una hora y media a la clínica más cercana
que no abría en fines de semana y tampoco tenía medicamentos.
De manera atropellada, se atinó a explicar el gobierno de México ya estaba en aras de desplegar el programa Salud Casa por Casa
donde se atenderán a las personas de 65 años o más que habitan en zonas
rurales o comunidades alejadas de los servicios de salud, lo que sólo
alcanzó a dibujar una mueca en la jueza Gómez.
La respuesta del
Estado concluyó cuando el juez Rodrigo Mudrovitsch cuestionó, de nueva
cuenta, a los representantes del Estado sobre qué acciones se estaban
tomando para garantizar la no violación a los derechos humanos a manos
del Ejército mexicano.
Asimismo, cuestionó qué implicaciones tenía
la reciente reforma donde la Guardia Nacional se había adscrito a la
Secretaría de Defensa Nacional.
Esto último, respondido por Pablo
Rocha, quien rápidamente refirió que no tenía nada que ver y que por el
contrario, la población en México se muestra optimista con la decisión,
pues además, un gran porcentaje confía en el Ejército mexicano, por lo
que no había nada más de qué preocuparse.
Una respuesta que,
claramente, devino a lo mencionado en la primera parte de la audiencia,
cuando Martha Ascencio denunció la manera en que su población temía al
Ejército, tanto, que las mujeres permanecían encerrados por temor a
encontrarse con alguno de ellos.
Con esta última intervención, se
concluyó el alegato oral y continúa la presentación del argumento
escrito donde se contendrán todos los datos y testimonios suficientes
que permitan a la CoIDH concluir el caso; cada una de las partes tendrá
hasta el 3 de marzo para presentar los documentos en su favor.
