Foto: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.- Ciudad
de México.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
informó que el día de ayer, la CNDH notificó la recomendación 201VG/2025
por violaciones graves a derechos humanos, la primera respecto a hechos
cometidos durante la actual administración, relacionados con la
ejecución arbitraria de dos niñas por parte de elementos del Ejército
mexicano, en Sinaloa, en mayo de 2025.
El Centro Pro recordó que
se trata de hechos en los que dos niñas de 7 y 11 años de edad – Leidy y
Alexa-, fueron privadas de la vida, a la vez que su prima y primo de 12
y 14 años de edad, así como dos adultos fueron heridos de gravedad;
esto, consecuencia de que elementos del Ejército abrieron fuego sin
justificación alguna en contra de la camioneta en la que circulaban en
una carretera en el estado de Sinaloa.
En un inicio, se anunció
que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni
corregida públicamente por las autoridades.
Cimacnoticias
reportó que Alexa y Leydi eran dos primas de 7 y 11 años
respectivamente. Las dos niñas viajan a junto a sus familiares Saúl de
45 años, Anabel de 40, Gael de 12 y otra menor de edad en una camioneta
GMC por Badiraguato, Sinaloa, cuando fueron interceptados por agentes
militares y posteriormente, atacados con armas de fuego.
Según
se reportó, el Ejército Mexicano estaba en medio de un enfrentamiento
contra civiles armados en una carretera que lleva a Parral, ubicado en
el estado de Chihuahua, a la altura de La Ciénaga. Por lo que, en varios
medios de comunicación abordaron el incidente como producto de fuego
cruzado que provocó la muerte de las niñas y que el resto de
acompañantes resultaran heridos.
Sin embargo, los familiares de
las niñas acusaron al Ejército Mexicano por atacar directamente a la
camioneta por medio de una publicación de Instagram y un video de TikTok:
«A
mis pequeñas le arrebataron la vida los militares, sí, nuestro propio
gobierno. Los militares confundieron el automóvil en la cual mi familia
viajaba y empezaron a disparar sin cesar hasta acabar con la vida de mis
niñas. Es un acto totalmente injusto, se supone que están para
“combatir el crimen”, pero esta vez ellos mismos le arrebataron la vida a
mis pequeñas. Les arrebataron sus sueños en un instante, esto no puede
quedar impune, por mis pequeñas, sobrina y primita. ¡Con las niñas y los
niños no!»
El informe «La violencia contra las mujeres y niñas en contextos de crimen organizado» de
la Iniciativa Spotlight explica que la violencia está arraigada con las
dinámicas de poder, género, y desigualdad estructural que son claves
cuando hablamos de mujeres víctimas directas del crimen organizado, el
cual puede ejercer violencia sexual, trata de personas e incluso
feminicidios. Se trata de una serie de estrategias de castigo o
intimidación en comunidades donde operan grupos criminales.
La recomendación
El
Centro Pro calificó la recomendación como «acertada», porque reconoce
que las niñas fueron privadas de la vida resultado del uso indebido de
la fuerza por parte de los elementos militares, que sus derechos como
niñas se vieron vulnerados; así como, se violentó el derecho a la
integridad personal de las personas sobrevivientes y el derecho a la
familia de los integrantes de esta.
Además, en esa misma
recomendación se hace una referencia importante respecto a que las
víctimas son parte de una familia que ya se había visto agraviada por
abusos militares en 2008, cuando uno de sus integrantes fue privado
arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército, lo que derivó en
que el caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), remitiendo al informe publicado por este órgano internacional.
Aunque
el equipo de defensoras y defensoras reconoció esta recomendación,
señaló que la CNDH » es omisa de hacer un análisis más profundo sobre
las implicaciones respecto a lo que representa este caso en el marco de
una política de seguridad que ha perpetuado y profundizado el despliegue
militar, aunado a la falta de medidas de no repetición ante graves
violaciones a derechos humanos documentadas en los últimos años, como
las que ya había sufrido esta familia.
La CNDH omite denunciar la
práctica de la Fiscalía General de Justicia Militar de abrir
investigaciones paralelas en casos de violaciones graves a derechos
humanos e incluso legitima las actuaciones iniciales llevadas a cabo en
el fuero militar. Adicionalmente, el organismo no hizo un análisis
urgente y necesario sobre el rezago en el acceso a la justicia que ha
provocado que las investigaciones a cargo de la FGR a la fecha no tengan
buen cause.
Con base en los patrones previos visto en casos como
el presente, preocupa que la Comisión no investigó a profundidad el
intento inicial de encubrir los hechos circulando el rumor de que se
había tratado de un fuego cruzado; versión que en eventos similares de
uso arbitrario de la fuerza por elementos castrenses ha sido utilizada
frecuentemente, como justificación para evitar la rendición de cuentas.
Finalmente,
en la integración del expediente de queja se privó de una perspectiva
victimal; sin poner al centro las exigencias de las víctimas respecto a
sus expectativas de las investigaciones –en el fuero civil y por el
propio organismo de derechos humanos– y de las medidas reparatorias que
son fundamentales para la familia.
La recomendación incluye una
serie de medidas reparatorias, entre otras, una disculpa por parte de
las Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la cual, conforme a los
estándares internacionales, debe de ser consentida en todos sus extremos
por las víctimas.
De acuerdo con el Centro Pro, el caso de Leidy y Alexa:
«Pone
rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de una política de
despliegue militar, sin controles efectivos para la rendición de
cuentas, en particular en un contexto de debilitamiento de las
instituciones que deberían de fungir como contrapesos, como lo hemos documentado respecto de la propia CNDH.
También, es un reflejo de la necesidad de que desde las más altas
autoridades se emita un mensaje claro de que este tipo de hechos,
constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, no deben
volver a repetirse».
Las familias continuarán denunciando y
exigiendo justicia para estas dos niñas y para quienes han sido objeto
de las graves violaciones a derechos humanos derivadas de estas
políticas de profundización de la militarización, que se perpetúan a lo
largo de las diversas administraciones.
Este caso nos recuerda las
advertencias que hacían expertas en Derechos Humanos cuando México
apostó por la militarización del país, es decir, cuando se aprobó en el
2022, la adhesión de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena por parte del
Senado y la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para
extender la temporalidad del Ejército en funciones de seguridad
ciudadana hasta el 2028 y no hasta el 2024, como se estableció cuando se
creó la GN.
Ciudad de México.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró que el
Estado mexicano es responsable por la “violación sexual, tortura y
muerte” de Ernestina Ascencio Rosario, perpetradas en 2007 por parte de
un grupo de soldados en la sierra de Zongolica, Veracruz.
En
su sentencia, notificada hoy, el tribunal internacional resolvió que el
Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna, por lo
que concluyó que la violación sexual y “graves lesiones” causaron la
muerte de la mujer indígena náhuatl que tenía 73 años de edad.
Asimismo,
determinó que México incumplió el deber de investigar con “debida
diligencia reforzada” estos hechos y garantizar el acceso a la justicia
en condiciones de igualdad a los hijos e hijas de la señora Ascencio
Rosario. Puntualizó que la indagatoria fue cerrada “prematuramente” sin
haber agotado las línas, no fue conducida con un un enfoque de
interseccionalidad, particularmente relevante por tratarse de una mujer
indígena mayor, ni incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria.
La
CoIDH “constató” que la señora Ernestina –una mujer indígena náhuatl
monolingüe de 73 años habitante de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada
en la Sierra Zongolica en el estado de Veracruz– “fue violada por
miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007”, durante el
sexenio Felipe Calderón y en el marco de la llamada lucha contra el
narcotráfico, indicó.
“La Corte determinó
que la violación sexual sufrida por la señora Ernestina constituyó un
acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos
sufrimientos físicos y mentales y se cometió con el propósito de
intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima”, determinó.
En
la notificación de la Corte, participaron representantes del Estado
mexicano, entre ellos Víctor Sánchez Colín, embajador en Costa Rica, y
Rosalinda Salinas, directora de casos en litigio internacional de la
Secretaría de Relaciones Exteriores; así como los representantes legales
de las víctimas.
Rodrigo Mudrovich, juez
vicepresidente de la CoIDH, señaló que como medidas de reparación por
este caso se ordenó al Estado conducir una “investigación penal
exhaustiva y seria en un plazo razonable sobre la violación sexual,
tortura y muerte de la señora Ernestina Asensio Rosario para
identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables
materiales e intelectuales de estos hechos”.
También
indicó que debe realizar un acto público de reconocimiento de
responsabilidad internacional, así como brindar el tratamiento médico,
sicológico, siquiátrico o sicosocial, cultural y lingüísticamente
adecuada y efectiva a través de instituciones de salud especializadas a
Francisco, Marta y Carmen Inés Asensio, hijos de la finada.
Asimismo,
el Estado deberá otorgar una beca en una institución pública americana
de educación básica y/o técnica a favor de los hijos y hijas de Julio,
Francisco, Marta y Carmen Inés Ascencio, consertadas entre estos y el
Estado para realizar estudios básicos, superiores técnicos o
universitarios, ya sean de pregrado o prosgrado o bien para capacitarse
en un oficio.
En su resolución, la CoIDH
resolvió que el Estado mexicano violentó los derechos –establecidos en
tratados internacionales– a la vida, la integridad y la salud; a la no
discriminación, y de acceso a la justicia, a la verdad y protección
judicial, en perjuicio de Ernestina Ascencio.
Además,
la Corte decidió aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad
internacional efectuado por el Estado, así como desestimar las
excepciones preliminares relativas a la falta de agotamiento de recursos
internos y la ausencia de litis.
También
indicó que el Estado deberá garantizar que el Hospital Regional de Río
Blanco y la Fiscalía General de Veracruz cuenten con un servicio de
intérpretes y traductores que faciliten la adecuada atención y
acompañamiento a las personas indígenas monolingües.
Además,
México deberá pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales
y por el reintegro de costas y gastos a los familiares de Ernestina
Ascencio, y los reintegrará los recursos al Fondo de Asistencia Legal de
las víctimas de la Corte Interamericana.
De
acuerdo con la sentencia, el Estado tendrá un año contado a partir de
este martes, para rendir a la Corte un informe sobre las medidas
adoptadas para cumplir con la misma.
“La
Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y el ejercicio
de sus atribuciones establecidas en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso, una vez que el
Estado haya dado tabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma”,
concluyó.
Fuente: Jorge León / Cortesía Archivo Histórico del PRD para el Informe Final 2024 del Mecanismo por la Verdad
Ciudad
de México.- Luego de darse a conocer el Informe Final del Mecanismo
para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que evidencia la
violencia política y crímenes de Estado durante la Guerra Sucia en
México, también se da paso fundamental a visibilizar el papel de las
mujeres quienes también enfrentaron violaciones sistemáticas a Derechos
Humanos.
Dentro de este Informe Final del Mecanismo por la Verdad
«se profundiza en aquellas violencias y casos en contra de: movimientos
y organizaciones político-militares, comunidades campesinas y
afromexicanas, disidencias político-partidistas movimientos
urbano-populares, luchas contra el narcotráfico, así como personas y
grupos que se opusieron a proyectos de desarrollo.
En el tomo II
se documentaron las principales agresiones cometidas en contra de
mujeres e infancias bajo el lema del progresismo mexicano que, más allá
de apostar por el bienestar colectivo, ejerció un profundo ejercicio de
violencia con secuelas que, a la fecha, no han sanado.
De 1965 a
1990, el Estado mexicano cometió diferentes violaciones graves a los
derechos humanos bajo el escudo intencional de imponer mega proyectos y
combatir el sembradío de narcóticos, como resultado, se produjeron
fenómenos violentos como desplazamiento forzado, despojo de tierras,
represión, discriminación y desaparición forzada, circunstancias que se
recrudecieron con más violencia en contra de los pueblos indígenas
purhépecha, tsotsil, tseltal, chol, zoque y mixe.
El Estado
Mexicano se coordinó durante ese lapso de 30 años con diferentes cuerpos
de gobierno como la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de
la Reforma Agraria o la Secretaría de Recursos Hidráulicos para
amedrentar e imponer las obras públicas a costa de las resistencias de
las comunidades y de los movimientos ambientalistas, estudiantiles o
socioculturales de todo el país.
El músculo de la violencia era el
Ejército mexicano, que ejecutaba órdenes de control territorial,
ejecuciones extrajudiciales, intimidaciones y amenazas.
Estas
prácticas de represión sistémica se recargan en un profundo pensamiento
de colonialismo y correspondía a la orden capitalista de impulsar el
supuesto progreso y la producción que exigía la dinámica internacional.
La entrada de la guerra narcotráfico, el Ejército y criminalización
En
mayo de 1978 el Ejército mexicano se colgaba las medallas por sus
valerosas ofensivas en contra del narcotráfico, sin embargo, el panorama
terminaría por tornarse sombrío cuando dos activistas y abogados,
presentaran un informe que recapitulaba toda la violencia que habían
cometido los elementos de seguridad en su paso por las operaciones
antinarcóticos.
Los abogados, Carlos Morán, Norma Corona y Jesús
Jacobo recopilaron información sobre las detenciones arbitrarias y las
condiciones de las personas al interior del Centro de Readaptación
Social de Sinaloa; 8 de cada 10 personas que estaban ahí, eran
jornaleras y campesinas.
En el listado de tortura se encontraban
golpes en oídos para romper el tímpano, introducción de gasolina por la
nariz, toques eléctricos en órganos sexuales, introducción de la cabeza
en excusados con excremento, reclusión en espacios estrechos en
condiciones de calor y forzar al hombre a presenciar la tortura de
esposa, hijas e hijos.
En materia de mujeres, el informe
recuperaba abortos producidos por golpes, tortura sexual, traumatismos
psíquicos y ejecuciones extrajudiciales que, para el Ejército mexicano,
no eran novedosas. De hecho, 7 años antes de que los activistas
recuperaran estos datos, se presentó la Masacre de El Realito donde
asesinaron a:
Linda Contreras Villa de 17 años
Martha Rodríguez de 33 años
Bertila Coronel Payán (embarazada de 7 meses), 35 años
Hermelinda Contreras Villa de 15 años
Griselda N. de 25 años
Mujeres heridas de gravedad:
Mireya Ramos de 18 años, herida por arma de fuego en rostro
María Trinidad Páez de 23 años, herida por arma de fuego en la región dorsal
Lilia Leyva Bárez de 19 años, herida de fuego en la región dorsal
Silvia Contreras Villa (sin datos), herida por arma de fuego en la espalda
Sinaloa en los años 80s
En
el marco de la implementación de la Fuerza de Tarea Cóndor, pobladores
de las zonas rurales de Sinaloa fueron víctimas de detención arbitraria,
tortura y desaparición forzada. Manuel de Jesús Elizalde, víctima
indirecta de este proceso, reconstruyó para el Mecanismo por la Verdad
cómo sucedieron los hechos en estas comunidades sinaloenses.
La
población de Badiraguato se encontraba en situación de extrema pobreza
cuando inició la siembra de amapola; el objetivo de las familias era
obtener algo de dinero para sostenerse, por supuesto, también
continuaron sembrando maíz y frijol. La necesidad de las familias
empujaba a buscar otras vías para sostenerse, hasta que el ejército
arribó; Manuel recuerda que eran personas armadas con palos y resorteras
en contra de elementos del ejército fuertemente armados.
«Las
redes comunitarias en su totalidad, padecieron violaciones graves a sus
derechos, hombres y mujeres de todas las edades que, sin haber cometido
delito alguno, también sufrieron detenciones arbitrarias, ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y
violaciones contra niñas, niños y adolescentes, por el sólo hecho de
vivir en comunidades donde se cultivaban enervantes o tener algún
vínculo familiar o afectivo con quienes sí estaban involucrados en la
producción de enervantes»
Cuando se veían militares
en la zona, las mujeres tomaban a sus hijos y huían hacia los montes
para esconderse. Aquellas que se quedaban, eran víctimas de tortura
sexual y abuso multitudinaria entre los elementos castrenses.
Este
modus operandi en Sinaloa también se repitió en el poblado de San
Ignacio, donde las mujeres eran víctimas de abuso sexual por miembros
del Ejército y también, las obligaban a realizar trabajos forzados y
como parte de su resistencia, las adolescentes, niñas y mujeres
obedecían con la esperanza de que no hicieran daño a su familia. Les
preparaban comida y echaban tortillas; este mismo fenómeno se repitió en
Chihuahua.
Simojovel, Chiapas, mujeres ante los desplazamientos forzados
El
Estado arribó a la comunidad de Chanival y de forma violenta, inició un
proceso de desplazamiento forzado; querían despejar la comunidad y
llevar a las personas a migrar a Marqués de Comillas, pues el gobierno
construiría en esa zona la presa de Itzantún.
El Mecanismo refiere
que a las personas las llevaron por la fuerza a espacios de difícil
acceso donde era selva y no había, siquiera, caminos.
Algunas
mujeres se encontraban embarazadas al momento de este desalojo ilegal y
con el forcejeo con elementos del Ejército, algunas de ellas, perdieron a
sus bebés, dejando serios problemas físicos, psicológicos y emocionales
tras el aborto incidental.
Aunado a esto, son las mujeres y las
infancias quienes no gozaban en aquel entonces de un reconocimiento
pleno de sus derechos lo que imposibilitó un acceso a la justicia que
reparara los daños del Estado.
El derecho a la niñez que se violó
con mayor incidencia fue el acceso a la educación; sacaban a las
infancias de sus comunidades, las trasladaban a otros lugares y
prometían que construirían escuelas nuevas.
Tardaron años en
hacerlo y durante un periodo de tiempo muy largo, las adolescencias e
infancias indígenas fueron privadas de asistir a la escuela, como
consecuencia, el analfabetismo aumentó hasta un 50%.
Además de la
educación, los sistemas de salud eran aún más escuetos y no había
personal médico en estos «nuevos poblados» de víctimas de desplazamiento
forzado.
El informe recopila la historia de Leonila, una mujer
chinanteca en Oaxaca que perdió a sus dos hijos; al no haber médicos, su
bebé murió al interior del vientre y su otro hijo, un niño de 6 años
enfermó y murió sin la posibilidad de haber recibido ninguna clase de
valoración médica.
Maribel, otra mujer, narra que cuando tenía 7
años también enfermó a causa de la picadura de un animal que, para ella y
su comunidad era desconocido, «un bicho que hay allá».
Sin acceso
a servicios de salud, su papá la montó en un caballo y juntos viajaron a
otro poblado donde sí había médico; Maribel, siendo una niña, pudo
recibir atención y su caso expone la negligencia del Estado al trasladar
a comunidades enteras a territorios que les resultan desconocidos -en
flora, fauna y clima-, y además, sin acceso a servicios médicos.
Entre
las brechas de género también se presentó el fenómeno de la injusticia
agraria, pues durante el proceso de asignación de tierra, las mujeres no
fueron contempladas como ejidatarias, es decir, muchas de ellas, madres
autónomas y trabajadoras fueron expulsadas de sus hogares por la fuerza
y posteriormente, al momento de luchar por un nuevo terreno, el Estado
les negó la posibilidad de ostentar la titularidad.
Por otro
lado, las familias que sí fueron reubicadas a nuevas casas de lámina
sufrieron estragos importantes, pues el espacio era inhóspito; el frío
se colaba entre las láminas y en días de calor, la casa alcanzaba
temperaturas extremas. Aunado a esto, se aumentó la carga de trabajo de
las mujeres quienes se encargaban exclusivamente del trabajo de
cuidados, preparación de alimentos y limpieza.
Resultaba
imposible cocinar al interior de la casa, no había fuentes de agua
potable y dedicaban más tiempo a sus actividades de cuidado –
domésticas.
Chihuahua
En
Guadalupe y Calvo, al sur de Chihuahua se vivió el desplazamiento
forzado entre 1970 y 1980. Una de las sobrevivientes, narra el
Mecanismo, es Verónica quien junto a otras mujeres de la comunidad las
obligaban a trabajar a tiempo completo como cocineras; preparaban mucha
comida y cuando algún familia de estas cocineras hacía enojar a los
elementos, las mujeres eran golpeadas: ¡Les vamos a dar una friega!, repetían.
«Les
hacíamos comida a los militares, mucha comida, hacíamos para darles. En
una ocasión el teniente nos ordenaba que les teníamos que dar comida y
hacer la comida. Yo acababa de dar a luz a una niña, estaba en
cuarentena, así les hacía comida todos los días. Eran muchos militares.
La comida la hacíamos en las casas y ahí la dábamos». (Verónica,
sobreviviente)
En este mismo poblado chihuahuense se presentó una serie de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Una
familia, conformada por Manuel, Carmen y su hija, Luz fue detenida
arbitrariamente. El hombre fue llevado por agentes federales y Carmen
junto a su hija regresaron a casa, sin embargo, poco después elementos
ingresaron a la propiedad donde las violentaron verbalmente. A causa del
shock y del temor, la señora Carmen que en ese momento se encontraba
embarazada, terminó por perder a su segunda hija.
Impacto diferenciado: Tortura y aborto incidental
A
manera de reivindicar el papel de las mujeres que no sólo fueron
acompañantes de estos fenómenos de represión, es necesario apuntar a que
las mujeres también estuvieron al frente de las familias que cultivaban
enervantes; fueron parte activa contra la lucha sistémica y la
organización por resistir.
El rol de género es palpable en este
mapeo general y el machismo de las fuerzas armadas queda expuesto en los
testimonios recopilados por el mecanismo; mientras los hombres se
escondían para no ser detenidos -y a quienes detenían les ponían ropa de
mujeres y los forzaban a besarse los unos a los otros-, muchas mujeres y
adultas mayores se quedaban en el pueblo a pesar del peligro a la
violencia sexual que ello representaba.
El objetivo era claro:
apaciguar a las fuerzas armadas. Les ofrecían tortillas recién hechas :
«se ponían en chinga a darles para que no lastimaran a sus maridos o
hermanos», dice uno de los testimonios.
Pero como el cuerpo –
territorio de la mujer también es botín de guerra para el control, se
documenta la desaparición de mujeres con el objetivo de amedrentar a las
comunidades; los elementos se las llevaban para dar mensajes
específicos sobre el control de sus tierras.
Asimismo, como se ha
advertido, la violencia obstétrica fue una constante. Carmen Buelna,
una de las mujeres sobrevivientes refiere para el Mecanismo que, a pesar
de estar embarazada de 8 meses, recibió toques eléctricos en la PJF de
Culiacán en el 78. Posteriormente, los agentes llevaron a su hija y
comenzaron a torturarla enfrente de Carmen; a causa de las lesiones y el
estado de crisis, la mujer perdió a su bebé poco después.
En
estas mismas instalaciones de la Policía Judicial Federal, una mujer
rarámuri identificada como Alejandrina también fue golpeada en el
estómago en reiteradas ocasiones a pesar de haberles pedido a los
agentes que se detuvieran, pues estaba embarazada.
El Mecanismo
sostiene que los elementos de seguridad parecieron ensañarse
particularmente con las mujeres embarazadas y practicaban modos de
tortura para forzarlas a abortar. Rita Villa López, otra de las mujeres
sobrevivientes, sostiene que fue detenida y torturada; la mujer les
explicó que estaba embarazada y que «por piedad» la liberaran, sin
embargo, un agente la acostó boca arriba, se subió en su vientre y
comenzó a saltarle encima. El aborto fue inmediato.
Pero, ¿por
qué estas mujeres eran agredidas de forma tan cruenta? El Mecanismo
refiere que muchas veces bastaba con que pertenecieran a alguna
comunidad y bajo un discriminatorio «perfilamiento racial«,
eran detenidas arbitrariamente y torturadas para que hablaran sobre la
siembra de droga; muchas de ellas, no tenían conocimiento de ello.
Paralelamente, se tiene registro de otros elementos de seguridad que
simplemente robaban pertenencias y desalojaban los hogares de las
familias; robaban lo que se encontraban a su paso.
Febronia
Acosta Pérez, una mujer de la tercera edad fue torturada por soldados
que le exigían que les diera todo lo que poseía. La adulta mayor fue
sometida a ahogamiento y sólo refería que no tenía nada de valor.
«Y
ya que no sacaron nada, entonces me metieron a un charco y con las dos
manos me aplastaban la cabeza pa ahogarme. Yo me hacía pa’cá y pa’llá
hasta. que me desbalagaba. Y decían: ‘ay, esta viejilla tan valerosa que no nos quiere dar lo que tiene ni aunque la estemos matando’ …Y me volvían a sambutir»
El
Mecanismo refiere que no sólo el Ejército cometía estos delitos, sino
también, la fuerza policiaca. Estos cometidos se lograban a través de
dos circunstancias propiciadas:
Detener a parejas en lugares
solitarios con fines de extorsión y que posteriormente, derivaban en la
violencia sexual de la mujer.
Fabricar delitos a mujeres para
detenerlas arbitrariamente y una vez en los separos, se propiciaba el
espacio de vulnerabilidad; una vez privadas de su libertad, eran
abusadas y violentadas.
Esto último, con mayor incidencia
en zonas conurbadas, en esta línea, se tiene el registro de una mesera
abusada por 8 elementos de la Academia de Policía o las obreras, Roberta
Moncada y Martha, quienes al salir de su jornada laboral fueron
atacadas; Martha logró escapar y pidió ayuda a dos policías, Rodrigo
Flores y Álvaro Álvarez, quienes le pidieron subir a la patrulla para
ayudar a su amiga Roberta. Una vez adentro, fue víctima de violación.
Esto
evidencia que las y los trabajadores urbanos – rurales, siempre han
sido objetos de una violencia sistémica coludida por el Estado mismo que
se articula con sus fuerzas armadas para abusar, torturar, desaparecer,
ejecutar y amedrentar desde la criminalización y el punitivismo. La
única regla en este panorama es focalizar esta violencia sobre los
cuerpos de las mujeres, las niñas, niños, personas racializadas,
migrantes y de comunidades indígenas.
Te compartimos la nota informativa del volumen 1 del Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico:
Fuente: Jorge León / Cortesía Archivo Histórico del PRD para el Informe Final 2024 del Mecanismo por la Verdad.- Ciudad
de México.- Se acaba de dar a conocer el primer volumen del Informe
Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y a
pesar de que se confirman las consignas de las manifestaciones
ciudadanas de sobrevivientes: ¡fue el Estado mexicano!, por la
violencia política y crímenes de Estado durante la Guerra Sucia, también
se da paso fundamental al visibilizar a las mujeres de esta época
quienes también enfrentaron violaciones sistemáticas a Derechos Humanos.
En la parte I del primer volumen del Informe Final 2024,
el Mecanismo dedica parte del esclarecimiento a comunidades campesinas
indígenas y afromexicanas en el marco del control territorial, la lucha
agraria y la contrainsurgencia pero solo fueron detectados 2 casos.
El
primero de ellos es de 7 mujeres víctimas de detención arbitraria,
tortura y violencia reproductiva que vivieron durante los operativos
antinarcóticos de la Operación Cóndor, en las décadas de 1970 y 1980.
Así
como dos mujeres víctimas de tortura en la masacre del Rancho «El
Mareño» en Michoacán, en 1985, en este registro documentaron que
elementos de la Policía Judicial Federal asaltaron el Rancho El Mareño,
en Michoacán, en donde presuntamente se encontraban secuestrados el
agente de la DEA Enrique Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala
Avelar.
Ahí cinco personas fueron asesinadas y cinco más fueron detenidas arbitrariamente y torturadas,
entre ellas, estas dos mujeres quienes sufrieron violencia sexual.
Hay
que señalar que esta investigación incluyó entrevistas con víctimas,
militantes de organizaciones político-militares o de partidos políticos,
profesorado, campesinos, pescadores, estudiantes, obreros, migrantes,
hombres y mujeres que de una u otra forma tuvieron participación en la
lucha popular, además de colectivas, periodistas y académicos.
Luchas agrarias: 130 personas asesinadas
En
las comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas, la lucha por los
derechos agrarios estaba creciendo de forma exponencial; fuertes grupos
comunitarios exigían el control sobre sus tierras y una mejoría en la
industria. En respuesta, el Estado inició una contención de estos
movimientos civiles haciendo uso de su principal recurso: La violencia
extrema.
El informe recopila, por ejemplo, el bombardeo aéreo que
cometió el ejército contra el movimiento Partido de los Pobres y la
cantidad de familias oriundas de Guerrero quienes tuvieron que escapar
de sus comunidades que hasta la fecha han sido borradas del mapa. En
total, el Mecanismo logró identificar a 123 mil 034 víctimas de
desplazamiento forzado.
Fuente: Cimac Foto
Asimismo,
se identificó que entre las principales instituciones que cometieron
estas violaciones se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional, que
coordinó la implementación de planes, operaciones y estrategias
dirigidas a exterminar estos movimientos. Esta institución se articuló
con la, actual extinta, Secretaría de la Reforma Agraria, Comisión
Federal de Electricidad, Secretaría de Recursos Hidráulicos y los
gobiernos de las entidades que fueron permisivos en estos actuares de
abuso, tortura y masacre.
«El
Estado hizo uso de instituciones federales y locales para diseñar,
plantear y concretar sus políticas de desarrollo económico, que
beneficiaron al estado e instituciones locales representadas por
particulares promotores de las políticas de Estado.», denuncia el
mecanismo.
A estas acciones se suman terratenientes y
otros grupos armados financiados que, en conjunto con las instituciones
estatales, se encargaban de ejecutar medidas como intimidación,
agresiones, amenazas, control territorial y supuestas órdenes de
desalojo.
Se habla de una cadena de violencia que empezó en los
sesentas y terminó por arraigarse con otro fenómeno que comenzaba a
arreciar: el narcotráfico. Una amenaza latente para el Estado que no
logro contener, pero que sí resultó en un recrudecimiento de violencia
contra las comunidades indígenas, poniendo la lupa, especialmente, en
mujeres, niñas y adolescentes que fueron víctimas de tortura y violencia
sexual por parte del ejército.
Contextos de violencia subsecuentes: Comunidades rurales e indígenas vs el narco
El
Ejército ya había hecho de su hogar las comunidades rurales por órdenes
del Estado por aplacar a toda reunión guerrillera o de probable
colusión, sin embargo, el escenario inició un proceso de turbulencia aún
mayor con la amenaza del narcotráfico; como si la fuerza ejercida en
estos poblados no fuera suficiente, parecía que esta vez, no daría
tregua, desatando así, una perpetración inhumana de violaciones contra
familias campesinas, supuestamente, ligadas al narcotráfico.
Una
criminalización sin precedentes que, según data el Mecanismo, se trataba
de personas que eran extorsionadas para cubrir cuotas, entre la
encrucijada, terminaban cultivando en sus territorios mariguana y
amapola que el crimen organizado les demandaba; fueron estas familias
las víctimas de las ejecuciones, de abuso sexual y de tortura. La
población rural, empobrecida y explotada terminó pagando el precio de
las operaciones de antinarcóticos.
Fuente: Cimac Foto
Parte
de las prácticas de tortura, el Ejército recurrió al cuerpo de las
mujeres como botín de guerra, es decir, la tortura sexual. Mujeres de
las comunidades también eran torturadas y víctimas de violencia sexual
de manera reiterada por parte de miembros del ejército. Algunas de estas
víctimas, eran niñas.
En este sentido, el Mecanismo registra
testimonios anónimos de mujeres originarias de la Sierra Tarahumara,
quienes reconocen que entre 1970 y 1980, fueron víctimas de tortura
sexual.
«Es
importante precisar, además, que hubo un patrón diferenciado en función
del género y la edad, pues en las detenciones arbitrarias, las mujeres
eran mucho más propensas a sufrir violencia sexual, mientras que los
varones eran objeto tortura”
Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento
Asimismo,
otro hallazgo es que se tiene registro de mujeres campesinas que fueron
separadas de sus hijas e hijos como resultado de la violencia estatal.
Después
de 60 años en el que la información se movió desde la opacidad y la
información sobre el actuar de las fuerzas castrenses en las comunidades
campesinas, indígenas y afromexicanas se mantuvo en resguardo, por
primera vez, se reconoce que del 65 a 1990, el Ejército no sólo se
asentó en campamentos político – militares de las áreas rurales de
nuestro país, sino que ahora, se reconoce que muchas familias que
migraron a otras entidades o zonas conurbadas en las últimas décadas,
lo hicieron a causa de violencia ejercida por las Fuerzas Armadas
quienes articularon sus 3 principales herramientas: Detenciones
arbitrarias, desaparición forzada y violencia sexual. Finalmente, se
reconoce un aproximado de 8 mil 593 víctimas de crímenes inhumanos como
ejecución extrajudicial y tortura sexual.
¿Qué es el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico?
Es
uno de los cinco mecanismos que conforman la Comisión para la Verdad,
el cual se integra de un conjunto de personas independientes, expertas y
con trayectorias relacionadas con el esclarecimiento de la verdad, la
memoria, la justicia y la lucha por los derechos humanos en nuestro
país.
¿Qué es la Comisión para la Verdad?
En
octubre de 2021 fue creada por decreto presidencial la Comisión para el
Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la
Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de
1965 a 1990.
Tras años de lucha por la justicia y reconocimiento
de las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de cientos de
personas en diversas regiones de nuestro país. La creación de esta
comisión surge del acuerdo entre la Presidencia de la República y los
colectivos de sobrevivientes, víctimas y familiares, en respuesta a años
de impunidad y el silencio de este periodo de la historia reciente de
México.
.- Ciudad
de México.- En 1975, el estudiante izquierdista Jesús Ibarra fue
detenido arbitrariamente por elementos policiales de Monterrey un 18 de
abril; jamás fue encontrado. A partir de este momento, su madre, Rosario
Ibarra de Piedra se convirtió en una de las pioneras por esclarecer las
desapariciones durante el régimen priista y fundaría el Comité Eureka
que, a principios del 2000 recibió una carta que ahora, 20 años después
ha dado fe de la violencia militar que ejerció el Estado mexicano en los
llamados «Vuelos de la muerte«.
La carta fue firmada por un tal Apresa Benjamín, militar desertor que deseaba «saldar deudas«, sin embargo, se desconoce su paradero o si el nombre con el que firmó es, siquiera, fidedigno.
Cuando
la carta llegó a manos de Rosario Ibarra de Piedra, la madre buscadora
prescindió de este documento, probablemente, dudaba del contenido y tomó
la decisión de archivarlo. Al interior de la carta, se encuentran 183
nombres de personas quienes fueron torturadas por elementos castrenses y
arrojadas al mar en la ciudad de Acapulco, 9 de ellas, son mujeres.
Rosario
Ibarra de Piedra murió en 2022 y la carta del militar desertor
permaneció en desconocimiento del ojo público y no fue hasta el día de
ayer, que la periodista Marcela Turati, investigadora de los crímenes
ejercidos durante la llamada Guerra Sucia, dio a conocer la carta,
primero, a familiares enviando un mensaje de resistencia y
posteriormente, a la población civil a través de la publicación de un
artículo.
Fuente: Centro ProDH captura de pantallavía Youtube
Mujeres en la lista de «vuelos de la muerte»
Consultando el documento oficial, Cimacnoticias
encontró que se tiene registro de 9 mujeres víctimas de esta práctica,
la mayoría, víctimas de desaparición forzada por elementos de seguridad y
asesinadas con mayor incidencia en el 74 en el estado de Guerrero, sólo
una de ellas, originaria del, entonces, Distrito Federal.
Mayormente,
estudiantes de entre 18 – 30 años, militantes de la Liga Comunista,
esposas o hermanas de militantes / fundadores de movimientos
izquierdistas.
La información recopilada, queda constituida de la siguiente manera:
Teresa Estrada Ramírez «Norma», lugar: Distrito Federal. Registrada en el viaje 8 el 1 de septiembre del 74.
Matilde Santiago Vázquez, lugar: Coyuca. Registrada en el viaje 7 el 2 de octubre del 73.
Ramona Riosque Roque,
lugar: Acapulco. Registrada en el viaje 10 el 19 de abril del 74.
Ramona era integrante de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento,
desaparecida y torturada junto a su compañera, Marina Texta quien no
aparece en el documento.
Isabel Jiménez Fernández,
lugar: San Andrés de la Cruz. Registrada en el viaje 11 el 2 de junio
del 72. Esta mujer fue detenida arbitrariamente, según documenta
Cimacnoticias, se dedicaba al trabajo doméstico cuando fue detenida en
Guerrero por militares, buscaban a su esposo militante del PDLP; no lo
encontraron y se la llevaron a ella en su lugar.
Perla Sortelo Patiño «Ilda», lugar: Santiago de la Unión. Registrada en el viaje 12 el 2 de julio del 74.
Isabel López Blanco,
lugar: Atoyac. Registrada en el viaje 20 el 18 de julio del 74, Isabel
era una estudiante guerrerense de entonces 18 años de edad.
Gloria Guerrero Gómez, lugar: Atoyac. Registrada en el viaje 22 el 20 de septiembre del 74.
Mariana de la Cruz Yáñez «Maribel», lugar: Atoyac. Registrada en el viaje 23 el 13 de octubre del 74.
Martina Reyes Ahuejote,
lugar: Kilómetro 17 (*caso extraordinario, pues es la única con este
registro). Registrada en el viaje 23 el 20 de noviembre del 74.
Es
importante señalar que aún quedan pendientes el esclarecimiento de más
casos de mujeres que, probablemente, fueron víctimas de los vuelos de la
muerte y de otras prácticas inhumanas por parte del Estado.
Como,
por ejemplo, las hermanas Ana Luz y Sara Mendoza Sosa, jóvenes que
militaban en Movimiento de Acción Revolucionaria y que fueron
desaparecidas por el Ejército al ser detenidas por un retén en
Veracruz.
Lourdes Martínez Huerta, de 23 años e integrante de la
Liga Comunista 23 de septiembre, fue detenida en junio de 1975 en
Culiacán, Sinaloa, cuando ella presentaba un embarazo de entre tres y
cuatro meses de gestación. Hasta la fecha se desconoce su destino y el
de su hija o hijo.
Marina Texta, compañera de Ramona Ríos Roque,
fue torturada por el Estado para confesar que conocía al líder
izquierdista Lucio Cabañas; no se volvió a saber de ella.
Alicia
de los Ríos Merino, era originaria de San José Bachíniva, Chihuahua;
militaba en la Liga Comunista 23 de septiembre. Fue detenida el 5 de
enero de 1978 en la colonia Nueva Vallejo, en la Ciudad de México, por
agentes de la División de Investigación para la Prevención de la
Delincuencia, al mando del coronel Francisco Sahagún Baca, y fue vista
por última vez ese mismo año en una base militar en Guerrero. Cimacnoticiasdocumentó el pasado 3 de abril cómo Ríos Merino fue una de las víctimas de los vuelos de la muerte.
Fuente: Centro ProDH captura de pantallavía Youtube
La lista sí coincide con las listas de personas desaparecidas en los 70s
A
raíz del trabajo de investigación realizado por Marcela Turati, las
organizaciones de investigación iniciaron un proceso de cotejo del
asunto. El veredicto: Sí hay elementos de verosimilitud.
El
Centro Prodh, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19,
habiendo tenido acceso al documento pudieron constatar que al menos 160
de los 183 nombres contenidos en la lista sí corresponden a personas
desaparecidas que se encuentran en los listados Femospp, Comverdad,
CNDH, en Archivos de la Represión o en el Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas.
Dentro del cotejo informativo, el
Centro Prodh refiere que las fechas y lugares de detenciones realizadas
entre el 72 y el 74 corresponden entre sí, es decir, son concordantes,
lo que esboza que, efectivamente, la carta del militar desertor empata
con los tratos inhumanos y su probable servicio activo.
Otro
apunte importante es que esta carta, aunque recién ha estallado, el
Estado mexicano ya está al tanto de lo que contiene el documento, según
infiere información disponible del Centro Prodh, que exigen se inicie
una investigación exhaustiva y den a conocer todos los documentos
relacionados con los Vuelos de la Muerte.
Fuente: Centro ProDH captura de pantallavía Youtube
Y
es que, es necesario apuntar a que desde hace años las organizaciones y
centros de investigaciones han exigido a la Secretaría de la Defensa
Nacional información sobre los asesinatos que cometieron al arrojar a
personas a mar abierto. La respuesta, siempre es la misma: No existen listas sobre dichas ocasiones.
Con
esto, se dota de mayor importancia que, por primera vez, se posea una
lista con nombres y fechas que dan fe de que las fuerzas armadas fueron
responsables de estos crímenes humanos. Asimismo, hay que apuntar a que
estos 183 nombres sólo corresponden a un par de años, lo que expone que
la cifra de homicidios cometidos es mucho mayor de lo proyectado, pues
esta práctica se ejerció, por lo menos, durante 6 años. Las víctimas
eran cargadas con piedras, amarradas a bloques de concreto – metal y
otras, heridas con bayonetas para que fuesen devoradas por animales
marinos.
«Ya va a cumplir 50 años desde que se lo llevaron y hasta
hace menos de un mes aparece una ruta de esto, pero la sensación es que
si esto le pasó nunca vamos a poder recuperar los restos, y que lo
asesinaron de esa forma, que de todas las alternativas escogieron ese
método. Siempre pensando si le rompieron los huesos, si lo torturaron
con choques eléctricos, si lo picaron y lo aventaron al mar, si los
aventaban vivos, No alcanzo a imaginar todo ese terror”, Angélica María
Ramírez, hija de Gorgonio Santiago, víctima de los vuelos de la muerte
en entrevista para Marcela Turati.
Según expuso el militar
desertor, es el capitán Javier Barquín el autor material de todos estos
crímenes cometidos en la década de los 70s. Sin embargo, no ofreció más
información al respecto, señalando que investigando al capitán se
descubriría la verdad, pero que él no podría hacer más porque su vida y
la de su familia correría un gran peligro.
En el documento, el
militar desertor refiere que abandonó su misión en el 76 cuando fue
descubierto por Barquín. En la carta enviada a Rosario Ibarra de Piedra
se lee lo siguiente:
«Como
le comente en días pasados, estube en el 74 comisionado en Pie de la
Cuesta comisionado a las ordenes del entonces capitan Javier Barqin
Alonso y en ese entonces me percate de la forma en que desaparecen los
cuerpos de los guerrilleros que asesinaban y que eran metidos en el
avion Aravat 2003 para arrojarlos en el mar. Por diferencias con dicho
capitan tube que desertar en el 76ya que me amenazó de muerte si yo
desia lo que habia visto”
Independientemente de la
carta, Rosario Ibarra de Piedra fue una investigadora aguerrida que ya
le había seguido la pista al capitán Javier Barquin, segundo comandante
del grupo operativo de la Policía Militar y del temido Grupo Zorba.
Este
documento, es apenas la antesala para exponer la participación del
Estado mexicano en uno de los episodios de tortura y homicidio más
cruenta del último siglo. Hasta el momento de publicación de este
artículo, no existe un pronunciamiento oficial por parte del presidente
de la República ni de la SEDENA.
Una carta perteneciente al archivo del Comité Eureka
contiene una lista con 183 personas detenidas en México entre 1972 y
1974, cuyos cuerpos habrían sido arrojados al mar desde aviones que
salieron de la base militar de Pie de la Cuesta en Acapulco. Expertos
consideran creíble la información y señalan coincidencias con documentos
de la época, pero piden cautela hasta verificar su contenido.
Ciudad de México, 8 de agosto (A dónde van los desaparecidos).– Hace 20 años, un hombre que se presentó como militar desertor entregó a Rosario Ibarra de Piedra,
la madre buscadora y lideresa del movimiento por la liberación de los
presos políticos, una lista con 183 nombres de personas detenidas entre
abril de 1972 y diciembre de 1974, que habrían sido desaparecidas en 25 vuelos que despegaron de la base aérea militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero, desde donde fueron arrojadas al mar.
El informante le dejó una carta en la que se lee, textualmente: “Tengo
en mi poder relación de los vuelos efectuados que creo que le servirán
de mucha ayuda para que se investigue directamente a [el capitán] Javier
Barquin ya que el fue el autor material de esos crímenes. Como
comprenderá no puedo arriesgar a mi familia por eso le hago llegar estos
documentos con un propio”.
La misiva, con fecha del 26 de mayo de 2004, iba acompañada por cinco
hojas escritas con una máquina de escribir antigua, en las que se
enlistan 24 “viajes” y un “viaje especial” ocurridos en 1974, durante
los que se habrían arrojado al océano Pacífico, en grupos de hasta ocho
personas, los cadáveres de las 183 víctimas, todas identificadas con sus
nombres.
De confirmarse la información en poder del Comité Eureka, que fundó
Ibarra de Piedra, sería la primera revelación de las identidades de
personas desaparecidas en los “vuelos de la muerte” en México: 174
hombres y nueve mujeres, quienes fueron registrados con sus nombres
completos, sus “seudónimos” como militantes o guerrilleros, el lugar y
la fecha de su captura, y las unidades o dependencias que las
detuvieron.
Diez corresponden a la temida Dirección Federal de Seguridad (DFS),
cinco a la Policía Judicial de Guerrero, y las restantes a manos del
Ejército: 116 capturadas por elementos de la 27a Zona Militar —distrito
cuya sede en esa época estaba en El Fuerte de San Diego; actualmente en
Acapulco—, 32 por la Policía Militar, y 17 por el Batallón de Fusileros
Paracaidistas.
Entre los nombres figuran el fundador de la Liga Comunista 23 de
Septiembre, Ignacio Salas Obregón —registrado en el cuarto viaje con una
cruz, una clave en los registros militares de que la persona murió
cuando era torturada—. También está el músico y cantautor Rosendo
Radilla —a bordo del tercero—, por cuya desaparición forzada la Corte
Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra de
México por los crímenes de Estado del periodo conocido como la “guerra
sucia”.
La inédita información, que desde 2004 reposaba como un papel más en
los archivos del Comité Eureka, es actualmente analizada por personas
expertas en el periodo de la contrainsurgencia e investigadoras de
organizaciones de derechos humanos que representan legalmente a víctimas
de ese periodo histórico o son independientes, quienes han encontrado
similitudes con otros documentos generados por el Ejército y la DFS
durante esa época, así como coincidencias con los datos de los registros
de las personas desaparecidas esos años, y con testimonios y documentos
oficiales sobre los llamados “vuelos de la muerte”. Los especialistas
aún no han llegado a una conclusión.
Gracias a testimonios de perpetradores, de sobrevivientes de cárceles
clandestinas y de testigos, ha podido establecerse que desde 1974
hasta 1979 el Ejército mexicano utilizó los “vuelos de la muerte” para
deshacerse de quienes consideraba sus opositores. Los aviones despegaban
de la base militar número 7, ubicada en el municipio de Acapulco, y
desde el aire arrojaban personas —vivas o muertas— al océano, algunas
dentro de costales cargados con piedras, otras picoteadas por bayonetas
para que fueran devoradas por los tiburones, otras amarradas a vigas
metálicas o a bloques de concreto para asegurar que nunca aparecieran.
Por eso, esta nueva información es devastadora para muchas familias.
Hasta el momento no ha sido posible determinar si Benjamin Apresa, el
firmante, es el nombre real del supuesto delator. Su nombre no aparece
en los organigramas de quienes participaron en la contrainsurgencia en
ese periodo. Aún está por resolverse si era información falsa para
entorpecer las investigaciones de las familias o dar carpetazo a sus
búsquedas. Lo que queda claro es que su autor conocía bien la logística
de la desaparición de personas.
A pesar de eso, esta semana diversas autoridades comenzaron a
distribuir el documento a líderes de colectivos de víctimas y a familias
de las personas mencionadas en las bitácoras, que a su vez lo
compartieron con más familias de víctimas. A algunas de las ya
informadas se les contactó para ser entrevistadas para este reportaje
para no ocasionar más impactos emocionales.
“Cuando me avisaron de la lista y que aparece mi papá
sentí un vuelco en el corazón, empecé a llorar en silencio, tratando de
asimilar la información que estaba recibiendo, pensando lo que sufrió,
que lo arrojaron al día siguiente de que lo capturó el ejército”, dijo
en entrevista Angélica María Ramírez Hernández, hija de Gorgonio
Santiago Alvarado, quien es registrado en el “viaje 23” junto a otras
cinco personas, dos de ellas mujeres.
Ella habló del impacto de la noticia: “Ya va a cumplir 50 años desde
que se lo llevaron y hasta hace menos de un mes aparece una ruta de
esto, pero la sensación es que si esto le pasó nunca vamos a poder
recuperar los restos, y que lo asesinaron de esa forma, que de todas las
alternativas escogieron ese método. Siempre pensando si le rompieron
los huesos, si lo torturaron con choques eléctricos, si lo picaron y lo
aventaron al mar, si los aventaban vivos, No alcanzo a imaginar todo ese
terror”.
Ramírez Hernández pertenece al Colectivo de Esposas e Hijos de
Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del Municipio de Atoyac
de Álvarez; su padre fue capturado por el ejército el 24 de noviembre de
1974 y llevado en helicóptero a la base militar de ese municipio. Ella
aún no cumplía dos años de edad. Ha pasado su vida esperándolo.
“No he podido decirle a las familias que conozco, a las que aparecen
sus familiares. No es porque no merezcan saberlo, sino porque quiero
dejar a la autoridad que nos explique si la lista es cierta o no, que
nos expliquen lo que han investigado”, dijo entristecida luego de que un
exfuncionario de la Comisión Nacional de Búsqueda le dio la noticia.
El
nombre de Gorgonio Santiago Alvarado, desaparecido por el ejército en
1974, está registrado en el “viaje 23” consignado en el documento. Foto:
Óscar Guerrero/Cromática/ Obturador MX.
“METIDOS EN EL AVIÓN PARA ARROJARLOS AL MAR”
La mayoría de las personas mencionadas en la lista de “los viajes”
(el documento original no los registra como vuelos) fueron capturadas en
Guerrero —164 del total— durante la feroz persecución, por tierra y
aire, de militares, agrupaciones especiales y judiciales contra la
guerrilla de Lucio Cabañas Barrientos, el profesor que fundó el Partido
de los Pobres, movimiento en el que participaba Gorgonio Santiago. El
castigo fue también contra los pobladores de la costa y la sierra que
eran sospechosos de simpatizar con Cabañas o se apellidaban como él.
Del resto de las personas registradas, siete fueron detenidas en
Michoacán, cuatro en Hidalgo, dos en el Distrito Federal, dos en el
Estado de México, una en Morelos, otra en Oaxaca y una más cuyo lugar de
captura no se especifica.
Solo cuatro fueron detenidas en 1972, once en 1973, y el resto, 168,
en el mortífero año de 1974, cuando —sugiere la carta— fueron
asesinados.
“Como le comente en días pasados, estube en el 74
comisionado en Pie de la Cuesta comisionado a las ordenes del entonces
capitan Javier Barqin Alonso y en ese entonces me percate de la forma en
que desaparecen los cuerpos de los guerrilleros que asesinaban y que
eran metidos en el avion Aravat 2003 para arrojarlos en el mar. Por
diferencias con dicho capitan tube que desertar en el 76ya que me
amenazó de muerte si yo desia lo que habia visto”, escribió, textual, el informante en la carta escrita con mayúsculas y dirigida a Rosario Ibarra de Piedra.
El desertor se refiere a Javier Barquín Alonso, segundo comandante
del grupo operativo de la Policía Militar y del temido Grupo Zorba, que
trabajaba bajo el mando del coronel de infantería Francisco Quirós
Hermosillo, operador de la salvaje represión. Se sabe que Barquín era el
encargado de registrar en “un libro de pastas negras” la relación de
los “paquetes”, como en el argot militar se referían a las personas
presas en cárceles clandestinas, que serían torturadas para extraerles
información y después —en su mayoría— desaparecidas.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de
Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) acusa a estos
militares —y al general Mario Arturo Acosta Chaparro— de haber
desaparecido a 143 personas. Calcula que durante la contrainsurgencia
mil 200 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de
agentes del Estado; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
registra 532 casos.
El informante menciona el avión Aravat, aunque su nombre correcto es
Arava; se refiere a las aeronaves de fabricación israelí compradas por
el Gobierno mexicano, diseñadas para transportar carga, sobrevolar
superficies y practicar el paracaidismo, pero que fueron usadas para
desaparecer guerrilleros y disidentes políticos y, posteriormente,
traficar droga.
La carta no era conocida, hasta ahora, por las familias que desde
hace medio siglo exigen al Gobierno la presentación con vida de sus
seres queridos detenidos-desaparecidos durante el periodo de la mal
llamada “guerra sucia”, tampoco por sus representantes legales ni por
quienes han investigado de manera independiente la represión en esa
época.
El documento pasó 20 años inadvertido en los archivos del Comité
Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos
de México, como se conoce al Comité Eureka. Fundado en 1977 por doña
Rosario a raíz de la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra en
1974, aglutinó a cientos de familiares de personas desaparecidas en el
país por su militancia o afinidad con movimientos políticos, sociales o
armados que el régimen priista veía como una amenaza.
Esta reportera recibió la lista al solicitar documentos del archivo
de Eureka que el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América
(Camena), de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, digitalizó,
ordenó y clasificó por varios años, y que planea publicar en
septiembre. Dos integrantes de Eureka consultados para este reportaje
dijeron que desconocían la existencia de la carta.
Extracto
de un expediente de los juicios contra tres militares (Acosta Chaparro,
Quirós Hermosillo y Javier Barquín) en 2002, en el que se
reconstruyeron los “vuelos de la muerte” con base en las declaraciones
de miembros del Ejército. Foto: Captura de pantalla.
NUEVAS PISTAS
Tres expertos que revisaron el documento consideran la lista como
“plausible” y su contenido “coincidente” con otros documentos generados
en esa época.
“¿Quién tiene esta información reunida en esa época? ¿Quién puede
tenerlo todo? ¿Quién puede saber qué corporación y en qué fecha
detuvieron a quién y lo de los vuelos? Pues la DFS o el Ejército”, opinó
Javier Yankelevich, quien fue jefe del Equipo Especializado en la
Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzadamente durante la “Guerra
Sucia”, perteneciente a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). El
historiador obtuvo por su cuenta la relación de vuelos al solicitar todo
el acervo de Eureka vía Transparencia.
“Solo para indagar esta lista se necesitaría otra
comisión de la verdad; este es el inicio de lo que debería de ser una
gran investigación y no el fin”, consideró en entrevista, tras conocer
los papeles, el abogado César Contreras, del Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que representa a
varias víctimas de las llamadas “desapariciones del pasado”.
Otras personas expertas en el periodo de la contrainsurgencia que han
tenido acceso al contenido de la carta también lo consideran verosímil.
Notaron que coinciden fechas, lugares de detención, compañías
participantes, seudónimos, así como el estilo de redacción y la manera
de registrar de la Sedena y la DFS, que son similares a otros documentos
bajo resguardo del Archivo General de la Nación (AGN).
Sin embargo, algunos especialistas piden cautela.
“El documento en sí tiene mucha relevancia, aunque no podamos decir
que todo su contenido efectivamente trata de los ‘vuelos de la muerte’.
Es muy relevante porque nos permite hacer preguntas y abre una línea de
investigación sobre los vuelos. Si después de una investigación seria
resulta que no tiene que ver con esto, de todos modos va a estar
relacionado con otras cosas sobre las estrategias de contrainsurgencia”,
estimó el historiador Camilo Vicente Ovalle, quien coordina las
investigaciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la
Guerra Sucia, uno de los instrumentos de la Comisión para el Acceso a la
Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las
violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Consideró que se requiere un análisis más profundo del documento para
dar por válido su contenido. Al experto le llama la atención que la
relación de viajes, en sí misma, no contiene la palabra vuelos —como sí
aparece en otros archivos históricos—, solo viajes, y que carece de un
título que indique de qué es el listado y de la fecha en que se hicieron
los traslados.
Lo que llamó la atención al Centro Prodh, tras un primer análisis, es
que incluye 13 nombres que no están mencionados en fuentes abiertas o
en registros oficiales o en las listas de víctimas de la CNDH, la
Comverdad de Guerrero, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y
Políticos del Pasado (Femospp), los archivos de la represión encontrados
en el AGN, u otras investigaciones de esclarecimiento histórico.
También considera relevante que de un número elevado, 170 nombres, haya
coincidencias con distintos informes.
De las 183 personas enlistadas, 40 no están en el Registro Nacional
de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Hasta ahora no se
habían mencionado las identidades de las posibles víctimas de los
crímenes cometidos hace medio siglo, solo los tipos de aeronave —al
menos dos aviones Arava de manufactura israelí y un número no
identificado de helicópteros que despegaban de las costas de Guerrero—,
los métodos de ejecución, los nombres de los generales y capitanes que
ordenaban los operativos y de los subalternos que los llevaban a cabo, y
los modus operandi que confesaron pilotos, mecánicos y
militares de distintos rangos en el juicio que la Procuraduría General
de Justicia Militar entabló en 2002 contra los generales Acosta Chaparro
y Quirós Hermosillo y el ya retirado Barquín Alonso, por las
desapariciones forzadas de 148 personas, a la par de otro juicio por
narcotráfico. Los dos últimos murieron durante el proceso, mientras que
Acosta fue absuelto.
El
nombre de Ignacio Salas Obregón, fundador de la Liga Comunista 23 de
Septiembre, fue registrado en el cuarto viaje. Estas fotos son de los
archivos de la DFS, la corporación que se encargó de sus torturas e
interrogatorios.
SEÑALAN COINCIDENCIAS
Yankelevich, historiador que este sexenio estuvo a cargo de la unidad
que investigaba las desapariciones del pasado en la CNB, de donde fue
despedido este año, pidió por transparencia el archivo digitalizado por
Camena y comenzó sus propios cotejos. Releyó la confesión que en 1975
envió desde Petatlán, Guerrero, a su casa en Mexicali, el soldado Benito
Tafoya Barrón, en la que se refiere a los mortales vuelos en los que
participó; el AGN tiene una copia.
Tafoya formaba parte de una de las unidades que cercó y atrapó al
guerrillero Lucio Cabañas. La misiva contiene dos datos que llamaron la
atención de Yankelevich. Habla de dos mujeres que acababan de ser
arrojadas al Pacífico —en el viaje 23 se mencionan los nombres de dos
mujeres—, y cuenta que participó en la captura de Cabañas y en echar al
mar a uno de sus acompañantes. Efectivamente, en el “viaje 24” de la
lista aparece Marcelo Serafín Juárez, un menor de edad, quien fue el
único compañero del líder guerrillero del que, tras ser detenido, aún se
desconoce su paradero.
La carta del soldado, publicada por primera vez por el periodista Gustavo Castillo en La Jornada en
2008, dice: “Hermanos quiero que en cuanto reciban esta carta me
contesten, mándenme decir si ya les mandaron decir de la casa de la
Güera [Nicolaza] se fue con su novio y que Raquel y Paz se andan
metiendo en problemas muy serios, que se andan metiendo de guerrilleras,
digo problemas serios porque me ha tocado ver como acaban los que se
dicen guerrilleros, digo que me ha tocado ver porque yo participé cuando
rodiamos a Lucio Cabañas y su gente y murieron muchos y a los que
agarramos vivos [fueron varios] a mí me tocó subirlos a un helicóptero
amarrarlos de pies y manos y atados a unas barras de fierro e irlos a
tirar al mar y entre ellos iban dos muchachas, por eso yo temo que ellas
lleguen a caer en manos de la policía y tengan el mismo fin, de mis
compañeros del batallón mataron nada más a uno y a nosotros nos tocó
matar a Lucio Cabañas”.
Aunque cuando se descubrió la carta el militar fue interrogado por un
Ministerio Público —según consta en el AGN—, a quien dijo que era una
broma, los datos sobre su hermana son reales: Raquel fue detenida y
encarcelada en Sinaloa y fichada como miembro de la Liga Comunista 23 de
Septiembre.
Para Yankelevich, las menciones de Tafoya y las listas tienen datos
coincidentes. La información que dio el mecánico militar Margarito
Monroy Candia en los juicios de 2002 sobre el número de personas que
cabían en cada vuelo (siete u ocho) —aunque se refería a los que
partieron de 1975 en adelante y en el Arava 2005—- concuerda con el
número de personas registradas en los vuelos enlistados en la carta
“No es claro cuándo se hizo la lista, acá no hay fechas de viajes, sí
de detenciones. El estilo es consistente con lo militar, las siglas,
las puntuaciones”, señaló Yankelevich. “Menciona a personas de detención
tardía; haciendo una inferencia, el documento se elaboró en diciembre
del 74, […] [y en 1975] la carta del soldado que dice que desde el
helicóptero tiró al mar a los detenidos, y te da un cruce fuerte:
Serafín está en la lista de gente lanzada al mar”.
Con estos hallazgos, Yankelevich comenzó a hablar con algunos
familiares para explicarles, paso por paso, la información encontrada, y
los hallazgos de sus cotejos.
Lo que el informante de la carta pretende dejar claro es que todos
los detenidos desaparecidos estuvieron en 1974 en la base aérea militar
número 7 de Pie de la Cuesta, en Acapulco, lugar que fue el destino
final de un número aún indeterminado de disidentes políticos del régimen
priista, pues se sabe que los vuelos continuaron hasta 1979.
“Es un documento valioso. Pero hay que irse con cuidado, indagar y
hacer una investigación mucho más compleja para verificar el documento”,
advirtió Vicente Ovalle, autor del libro Tiempo suspendido, sobre las desapariciones forzadas.
Señala que el documento también pudo haber sido construido por el
propio Ejército para desviar la atención o engañar; o porque en 2004
entre las filas castrenses existían rencillas internas.
“Puede estar relacionado con los ‘vuelos de la muerte’,
el problema es saber cómo está relacionado. No irnos con la finta: ¿qué
tipo de traslado menciona?, ¿por qué dice la palabra viaje y no vuelo?,
¿de dónde a dónde eran esos traslados? Falta ver cómo podemos
relacionarlo con Pie de la Cuesta, con los vuelos, con las bitácoras y
cosas por revisar. Esta es una pieza de un rompecabezas pero tenemos que
saber qué nos dice”, precisó.
La carta generó esta semana que las organizaciones de derechos
humanos Fundar, el Centro Prodh y Artículo 19, integraran un grupo de
trabajo para contrastar su contenido con los datos que se tienen de ese
periodo, y para planear un posicionamiento.
Detonó también que la agrupación Fundar —representante legal de Tita
Radilla, hija de Rosendo Radilla— enviara la carta a la Fiscalía General
de la República, al área donde se investigan los llamados delitos del
pasado para que se analice, y eso mismo hizo el área de esclarecimiento
histórico de la Secretaría de Gobernación que, junto con la CNB, crearon
ya un grupo de trabajo para examinar la carta. También ha llegado a
manos de los comisionados de la verdad del Mecanismo de Esclarecimiento
Histórico que presentarán este mes su informe final.
“VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS”
¿Hubo alguna razón por la que la fundadora de Eureka descartó su
contenido? ¿Hizo Rosario Ibarra de Piedra algo con la lista? Es difícil
saberlo; la también exsenadora, quien llegó a ser la primera mujer
candidata a la Presidencia de México, murió en 2022. Su familia no
respondió a una petición de entrevista.
Este martes por la noche la información llegó a algunas de las compañeras de Rosario Ibarra, conocidas como Las Doñas.
Sara Hernández, esposa de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido en 1974
e integrante de “Las Doñas de Eureka”, respondió que dudaba que el
documento sea certero.
“Primero, Rosario hubiera buscado la forma de confirmar
esa información. Tenía muchos contactos para eso. Segundo, nunca se
buscó a los desaparecidos muertos, siempre con vida. Vivos se los
llevaron, vivos los queremos. Tercero, ella algo hubiera hecho pero
jamás archivarlo”, opinó.
Pero quienes conocieron a Ibarra de Piedra —madre de la actual
titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra— saben de su eterna renuencia a
considerar que las personas desaparecidas forzadamente pudieran estar
muertas.
“Parece que quieren darle carpetazo a las investigaciones diciendo
que fueron aventados al mar y que no hay manera de identificar a las
víctimas, cuando muchos de ellos fueron vistos con vida en el Campo
Militar Número Uno”, declaró en 2002 al periodista Gustavo Castillo,
cuando trascendió que tribunales castrenses juzgaban los “vuelos de la
muerte”. Siempre consideró sospechoso que la Procuraduría General de
Justicia Militar aceptara que 143 desaparecidos políticos en Guerrero
fueron asesinados y arrojados al mar.
Éramos radicales en nuestro lema: “Vivos se los llevaron, vivos los
queremos”, confesó una persona perteneciente a Eureka, omitían hablar de
los indicios de que algunos de los desaparecidos ya habían sido
asesinados.
En ese contexto hay que situar a Eureka. Ibarra recibió la carta
cuando acababan de terminar los juicios y se cerraba la decepcionante
investigación de los delitos del pasado de la Femospp, y recibía muchos
documentos y confesiones de todo tipo; las familias habían sido
engañados durante años por funcionarios de gobierno, que les mentían o
entregaban información falsa. Y la consigna de Eureka era que
aparecieran con vida, no dejaba que se mencionara otra posibilidad.
Sin embargo, entre familiares que reciben la lista siempre surge la pregunta: ¿Por qué Rosario no nos informó?
Han sido días difíciles para mucha gente a partir de que circuló esa
información. También han comenzado a escucharse las exigencias de
verdad.
“Si el Ejército tuvo la lista de 1974 debe existir listas de los años
posteriores, al menos hasta 1979 que se tienen documentados los vuelos
de la muerte. La mayoría de las víctimas enlistadas fueron aprehendidas
por el Ejército y su último paradero conocido fue en las instalaciones
militares. Este hallazgo es un punto de inflexión que hace vigente la
exigencia histórica de las familias de que el Estado mexicano entregue
todas las listas con los nombres de las víctimas de esta operación”,
dijo Contreras, del Centro Prodh.
“Pedimos a la Sedena que colabore y no ponga obstáculos o nos dé
información a cuentagotas. También llamamos a la cautela; aunque tiene
información verídica, Tita Radilla ya antes había recibido otra lista de
‘vuelos de la muerte’ que tenía inconsistencias; esta tiene datos
verídicos, por eso pedimos a las autoridades darle importancia”,
concluyó el abogado Humberto Guerrero Rosales, de Fundar.
La lista de los presuntos vuelos comenzó a divulgarse en grupos de
mensajería de colectivos de víctimas desde este martes por la noche. En A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab decidimos
publicarla porque ya está en los celulares de las familias de las
víctimas de manera descontextualizada y sin explicaciones certeras. Como
sabemos que está causando dolor e indignación preferimos que esté
acompañada de esta investigación.
Periodista mexicana especializada en temas de derechos humanos, que
desde el año 2000 cubre las desapariciones de personas, cofundadora de
Quinto Elemento Lab y coordinadora del proyecto “A dónde van los
desaparecidos”.
